ACTA_088-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general se debatieron las preguntas remitidas por el Presidente de la República a la Corte Constitucional para su calificación, en el marco de una eventual consulta popular y referéndum. Vicente Taiano, Paco Moncayo, Luis Almeida, Enrique Herrería, César Montúfar, Línder Altafuya, Gerónimo Yantalema, Silvia Kon, Andrés Páez, Luis Morales y otros legisladores cuestionaron principalmente que las preguntas sobre prisión preventiva, medidas sustitutivas y reestructuración del Consejo de la Judicatura pudieran restringir derechos constitucionales, alterar la estructura del Estado, debilitar la independencia judicial o trasladar atribuciones legislativas al Ejecutivo mediante un mecanismo plebiscitario; además, advirtieron que la seguridad ciudadana no se resuelve únicamente con reformas penales y solicitaron respetar los procedimientos constitucionales para enmiendas, reformas o convocatoria a una Asamblea Constituyente. Desde distintas perspectivas, también plantearon que la consulta debió abordar problemas estructurales como la desigualdad, la redistribución de la riqueza, la corrupción, la situación de los pueblos indígenas, la protección de la naturaleza y la transformación integral de la justicia. En respaldo a la consulta, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Virgilio Hernández, Abdalá Bucaram y Mauro Andino sostuvieron que el pueblo tiene derecho a pronunciarse directamente sobre asuntos de interés nacional y que la crisis de la administración de justicia, las caducidades de prisión preventiva, la falta de sanción a operadores judiciales y la ineficacia del Consejo de la Judicatura justificaban una reforma profunda; Hernández y Andino reconocieron, no obstante, que los problemas de seguridad requieren políticas integrales y no solamente modificaciones normativas. María Paula Romo y Silvia Salgado manifestaron reparos frente al contenido de varias preguntas, especialmente aquellas que podrían afectar derechos o reproducir enfoques punitivos, pero defendieron que el debate debía centrarse en los límites constitucionales de la consulta y en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana. La Comisión General fue suspendida sin adoptar resoluciones, y posteriormente la sesión terminó por falta de quórum