ACTA_089-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf n la continuación del primer debate de la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana sobre revocatoria del mandato, se discutieron medidas para evitar que este mecanismo sea utilizado como instrumento de revancha política o desestabilización institucional, sin restringir el derecho ciudadano de controlar a las autoridades electas. Alfredo Ortiz y José Picoita respaldaron el aumento de porcentajes y plazos para recolectar firmas, especialmente en circunscripciones pequeñas, y propusieron que los promotores de una revocatoria hayan votado en la elección correspondiente, que se realicen debates públicos entre proponentes y autoridades cuestionadas, y que se precise el procedimiento aplicable a concejales urbanos y rurales. Andrés Roche señaló que varios procesos estaban siendo impulsados por candidatos derrotados o intereses particulares, por lo que defendió la exigencia de motivaciones claras y causas justificadas para iniciar una revocatoria. Tomás Zevallos objetó la reforma por considerar que imponía restricciones incompatibles con los artículos constitucionales que garantizan el derecho a revocar el mandato y advirtió un posible conflicto de interés de los propios legisladores al regular este mecanismo. Gabriel Rivera cuestionó la prohibición de que autoridades electas promuevan revocatorias, al sostener que también conservan su calidad de ciudadanos; solicitó que los trámites se realicen en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral y pidió aclarar el tratamiento de los procesos ya iniciados o en fase de recolección de firmas para evitar que queden sin efecto. El debate fue suspendido sin votación final, a fin de continuarlo en una sesión posterior.