ACTA_190-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, orientado a garantizar la soberanía alimentaria, proteger las semillas nativas y los conocimientos ancestrales, conservar la diversidad genética, fomentar la producción agroecológica y orgánica, establecer bancos vivos de semillas y un Banco Nacional de Germoplasma, y fortalecer a los pequeños y medianos agricultores mediante asistencia técnica, investigación, capacitación, créditos, seguros, precios de sustentación, compras públicas y sistemas de comercialización más justos. Aunque existió un respaldo general a la necesidad de proteger el campo y mejorar las condiciones de vida de los productores, se formularon observaciones sobre la falta de políticas para sustituir los agroquímicos por controles naturales de plagas, la posible utilización de cultivos alimentarios para producir biocombustibles, la obligatoriedad de registrar a las comunidades y organizaciones productoras, la necesidad de reducir o eliminar la intermediación, facilitar la venta directa entre productores y consumidores, otorgar créditos oportunos y seguros agrícolas, incorporar a los colegios técnicos agropecuarios, coordinar con los gobiernos locales, precisar el funcionamiento del Banco de Germoplasma, fortalecer las sanciones y evitar que la futura aprobación de un Código Agrario eliminara los avances alcanzados por esta normativa. El principal punto de controversia fue el tratamiento de las semillas y cultivos transgénicos: una parte de los legisladores defendió una prohibición estricta por los posibles riesgos para la salud, la contaminación de las semillas tradicionales, la pérdida de soberanía frente a las empresas transnacionales y los daños ambientales relacionados con el uso intensivo de herbicidas, por lo que se propuso incorporar principios de no contaminación, mecanismos de denuncia, responsabilidades civiles, administrativas y penales, y mayores garantías para impedir su ingreso no autorizado; otros señalaron que no debía enfrentarse de manera absoluta el conocimiento ancestral con la ciencia moderna, que era necesario diferenciar las semillas híbridas de las transgénicas, valorar los incrementos de productividad obtenidos mediante la investigación genética y sustentar cualquier prohibición en estudios científicos rigurosos, considerando además que la Constitución contempla una excepción por razones de interés nacional. También se planteó realizar una investigación nacional o establecer una moratoria antes de adoptar una decisión definitiva, tomando en consideración las experiencias contradictorias de países que permiten o prohíben estos cultivos y evitando que el debate se resolviera únicamente por criterios políticos o emocionales. Asimismo, se insistió en que el proyecto debía someterse a consulta prelegislativa por su posible afectación a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; Marisol Peñafiel elevó nuevamente este planteamiento a moción, mientras Lourdes Tibán y Luis Morales sostuvieron que la consulta constituía un mandato constitucional que no debía depender de una mayoría circunstancial del Pleno, y Susana González pidió escuchar directamente a las organizaciones agropecuarias y permitir que los productores expresaran qué semillas deseaban utilizar. Intervinieron Betty Carrillo, Ramón Vicente Cedeño, Mercedes Diminich, Kléver García, César Rodríguez, Fernando Bustamante, Jorge Escala, Marisol Peñafiel, Rafael Dávila, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, Luis Morales, Rocío Valarezo, Henry Cuji, Francisco Velasco, Luis Almeida y Susana González; finalmente, no se votó la consulta prelegislativa ni se cerró el primer debate, pues la sesión fue suspendida mientras todavía existían nuevas solicitudes de intervención, quedando pendiente su posterior reinstalación.