ACTA_196-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Jorge Escala solicitó modificar el orden del día para exhortar al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a solucionar la falta de pago de la jubilación adicional de miles de docentes retirados después de abril de 2011, argumentando que esos valores provenían de aportes realizados durante su vida laboral y constituían derechos adquiridos que no podían ser retenidos; sin embargo, la propuesta fue negada con cuarenta y nueve votos afirmativos y cincuenta abstenciones, y su rectificación volvió a ser rechazada con cuarenta y seis votos afirmativos y cincuenta y una abstenciones. Posteriormente se trató el reconocimiento a la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito como un evento académico que aporta al desarrollo arquitectónico, urbanístico y cultural del país, valorándose su contribución al intercambio profesional, la planificación urbana, el disfrute de los espacios públicos y la participación cultural; Francisco Ulloa propuso incorporar también el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, Celso Maldonado destacó la proyección nacional e internacional de los arquitectos ecuatorianos y Mercedes Diminich señaló la necesidad de que las construcciones respeten el entorno natural, histórico y urbano; con estas observaciones, la resolución fue aprobada por unanimidad con noventa votos afirmativos. El tema central fue el debate sobre el laudo arbitral del CIADI favorable a la empresa Occidental, respecto del cual existió un respaldo general a la defensa de los intereses del Estado y al pedido de nulidad, al sostenerse que la petrolera había incumplido la Ley de Hidrocarburos y el contrato al transferir derechos sin autorización, que el CIADI carecía de competencia para conocer la caducidad y que una eventual obligación de pagar entre dos mil doscientos y dos mil cuatrocientos millones de dólares afectaría gravemente los presupuestos destinados a salud, educación, seguridad, gobiernos locales, infraestructura y atención de las provincias amazónicas. Virgilio Hernández planteó que el caso fuera asumido como un asunto de Estado y cuestionó la actuación del CIADI, el origen de los convenios de arbitraje y la falta de consentimiento escrito para someter la controversia a ese organismo; María Augusta Calle denunció posibles conflictos de intereses entre el presidente del tribunal arbitral y las empresas involucradas; Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, María Alejandra Vicuña, Guillermina Cruz y Paola Pabón respaldaron la resolución, defendieron la movilización social que condujo a la salida de OXY, cuestionaron el carácter favorable a las transnacionales del sistema internacional de arbitraje y pidieron una posición conjunta de las funciones del Estado y de la ciudadanía en defensa de la soberanía y los recursos públicos. Aunque Cléver Jiménez coincidió en condenar el fallo, propuso que comparecieran Rafael Correa, Alfredo Palacio, José María Borja y el Procurador General del Estado para explicar las actuaciones y omisiones que habrían llevado al resultado adverso; Andrés Páez y Fernando González apoyaron la impugnación y defensa del país, pero reclamaron información detallada sobre la estrategia jurídica, el resto de las demandas internacionales y las responsabilidades de las autoridades, además de cuestionar el procedimiento utilizado para incluir el asunto en el orden del día después de que una solicitud anterior no alcanzara los votos necesarios. Jorge Escala propuso modificar la resolución para solicitar la denuncia del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones con Estados Unidos y censurar las declaraciones y actuaciones de las autoridades que, a su criterio, aceptaron la jurisdicción del CIADI; Fausto Cobo y Tito Nilton Mendoza condicionaron su apoyo a que se investigara todo el proceso, se determinaran responsabilidades de presidentes, ministros, procuradores, negociadores y legisladores, y se contemplara el ejercicio del derecho de repetición contra quienes hubieran causado perjuicios al Estado. Debido a la existencia de varias propuestas y a que aún permanecían once legisladores inscritos para intervenir, no se realizó la votación de la resolución; la sesión fue suspendida para buscar un texto consensuado que incorporara la defensa de la soberanía, el apoyo a la nulidad del laudo y la investigación de las responsabilidades, quedando pendiente su continuación y votación. Intervinieron Jorge Escala, Francisco Ulloa, Celso Maldonado, Mercedes Diminich, Virgilio Hernández, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Eduardo Encalada, Andrés Páez, Pedro de la Cruz, Fernando González, Silvia Salgado, María Alejandra Vicuña, Guillermina Cruz, Paola Pabón, Fausto Cobo y Tito Nilton Mendoza.