ACTA_184-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se concluyó el segundo debate del proyecto destinado a derogar la normativa sobre los burós de información crediticia y reformar las disposiciones relacionadas con los registros públicos, el sistema financiero, la economía popular y solidaria y las compañías. La propuesta eliminó la Central de Riesgos y dispuso la creación de un único Registro de Datos Crediticios administrado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, al cual debían reportar directamente las instituciones financieras públicas y privadas, las casas comerciales y las entidades de la economía popular y solidaria, bajo las políticas establecidas por sus respectivos organismos de control. Se estableció que los reportes solo podían comprender las operaciones de los tres años anteriores, que el titular tendría acceso gratuito e irrestricto a su información y podría autorizar a terceros, conocer quién consultó su historial, solicitar la rectificación de datos ilegales, inexactos o erróneos y exigir responsabilidades por los daños ocasionados; además, se prohibió comercializar o divulgar las bases de datos y se fijaron sanciones por su uso indebido. También se concedió un plazo máximo de trescientos sesenta y cinco días para implementar el nuevo sistema, durante el cual los burós privados continuarían funcionando hasta completar la migración; se dispuso condonar las obligaciones vencidas e impagas de hasta cinco mil dólares correspondientes a la banca cerrada, archivar las acciones de cobro y eliminar esos registros; y se determinó que, cuando una obligación llevara más de seis meses vencida, los pagos se imputaran primero al capital y no a los intereses. Luis Almeida respaldó la eliminación de la Central de Riesgos por considerar que perjudicaba principalmente a campesinos, trabajadores y personas de menores recursos; Francisco Velasco explicó las modificaciones incorporadas y presentó la moción de aprobación; y Fernando Vélez, como proponente, destacó que la reforma buscaba reactivar la economía de las familias afectadas por los abusos del sistema crediticio. Finalmente, el proyecto fue aprobado inicialmente con noventa y nueve votos afirmativos y, tras la rectificación solicitada por Kléver García y Luis Almeida, quedó ratificado con cien votos afirmativos; la reconsideración planteada por Francisco Velasco fue negada con noventa y seis votos negativos.