ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_129-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron las solicitudes para incorporar al orden del día el reconocimiento de Manuel Inocencio Parrales y Guale como precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, así como la propuesta para declarar el 12 de octubre como Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, Montubios, Afros y Sectores Populares, aunque esta última no llegó a resolverse antes de la clausura; en cambio, fue negado el pedido de declarar la emergencia sanitaria en Pastaza ante la presencia de casos de sarampión en territorio huaorani. El tema central fue el primer debate de la reforma sobre la jubilación especial para las mujeres, que proponía permitirles jubilarse voluntariamente, sin límite de edad, después de veinticinco años de aportaciones, calculando la pensión con base en el promedio de sus cinco mejores remuneraciones. La mayoría de las intervenciones respaldó la iniciativa como una medida de justicia social y reconocimiento al doble o triple trabajo que realizan las mujeres en el ámbito laboral, doméstico, familiar y comunitario, así como a la discriminación histórica, el desgaste físico y mental, las dificultades de inserción laboral y la responsabilidad de cuidar a hijos, nietos, personas enfermas y adultos mayores. También se planteó ampliar la seguridad social a amas de casa, trabajadoras informales, campesinas, indígenas y mujeres sin relación de dependencia; considerar los períodos de maternidad y enfermedad; garantizar que la jubilación sea opcional; revisar el coeficiente utilizado para calcular las pensiones; y asegurar una prestación digna. No obstante, varios legisladores advirtieron que era indispensable contar con estudios actuariales, precisar el número de posibles beneficiarias, establecer una fuente de financiamiento sostenible, analizar la participación económica del Estado y del IESS, corregir aspectos de técnica legislativa y evitar que la reforma reforzara la idea de que las tareas domésticas son responsabilidad exclusiva de las mujeres. Fernando Cordero sostuvo que la iniciativa podía enfrentar impedimentos constitucionales por comprometer recursos estatales y pidió coordinar una propuesta viable con el Ejecutivo y el IESS; tras la respuesta de Nívea Vélez, quien defendió el carácter optativo y la legitimidad de utilizar los recursos de los afiliados para esta prestación, se cerró el primer debate sin votación y se remitieron las observaciones a la comisión. Finalmente, se aprobó la resolución que declaró a Manuel Inocencio Parrales y Guale precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, reconociendo su lucha contra los abusos coloniales y a favor de las tierras comunitarias. Intervinieron Soraya Viteri, Francisco Cisneros, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Clara Salazar, Mariana Pallasco, Edwin Vaca, Kléver García, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Diana Atamaint, Mery Zamora, Marisol Peñafiel, Andrés Páez, Vicente Taiano, Rocío Valarezo, Mercedes Villacrés, César Gracia, María Soledad Vela, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Scheznarda Fernández, Fernando Bustamante, Consuelo Flores, Richard Guillén, Línder Altafuya, Rolando Panchana, Betty Amores, Silvia Kon, Paola Pabón, María Molina, Betty Carrillo, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Susana González, César Rodríguez, Luis Morales, Luis Almeida, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos, Guido Vargas y Fernando Cordero.

ACTA_137-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se analizó la proforma del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2012 y la programación presupuestaria para los años 2012-2015, instrumentos que contemplaban ingresos y egresos superiores a veintiséis mil millones de dólares y priorizaban la inversión en educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura vial, energía, programas sociales, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y subsidios. Quienes respaldaron la propuesta destacaron el incremento de recursos para la incorporación y mejora salarial de docentes, la ampliación del personal médico y policial, la designación de nuevos jueces, la construcción de carreteras y proyectos hidroeléctricos, el fortalecimiento de los servicios públicos, la reducción de la pobreza y el mantenimiento del endeudamiento dentro de niveles considerados sostenibles; en contraste, otros legisladores cuestionaron el déficit presupuestario y la falta de claridad sobre sus fuentes de financiamiento, el crecimiento del gasto corriente y de la burocracia, la dependencia de créditos y ventas anticipadas de petróleo, la carga tributaria, el elevado monto destinado a publicidad, consultorías, viáticos y contratos ocasionales, así como las asignaciones previstas para la compra obligatoria de renuncias. También se debatió el cumplimiento de los incrementos constitucionales para educación y salud, la reducción o insuficiencia de recursos para universidades, agricultura, vivienda, ambiente, turismo, cultura y economía popular y solidaria; la distribución de fondos entre el Gobierno central y los gobiernos locales; la atención a las zonas rurales, amazónicas y fronterizas; la inversión destinada a pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; la educación intercultural bilingüe, la seguridad social campesina, la soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la territorialización del gasto y la necesidad de transparentar la ejecución presupuestaria. Finalmente, se aprobó el informe de mayoría y la programación cuatrianual con recomendaciones para garantizar recursos al pueblo montubio y a la Universidad Amazónica, controlar el gasto estatal en publicidad, respetar el límite del endeudamiento público, identificar territorialmente las inversiones, transparentar los recursos dirigidos a la participación ciudadana, agricultura, fondo de tierras y economía popular y solidaria, informar sobre los ingresos provenientes de la normativa ambiental y remitir el presupuesto global asignado a cada universidad; la propuesta obtuvo sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y cinco negativos, uno blanco y una abstención, resultado que se mantuvo en la rectificación, mientras que la reconsideración fue negada. Intervinieron Fernando Vélez, Francisco Ulloa, Richard Guillén, Juan Carlos Cassinelli, Paco Moncayo, Leonardo Viteri, Luis Morales, Rafael Dávila, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Salomón Fadul, Viviana Bonilla, Gerónimo Yantalema, Francisco Velasco, Marco Murillo, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Lídice Larrea, César Gracia, Jimmy Pinoargote, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Mao Moreno, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Tomás Zevallos, Francisco Cevallos, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Tito Nilton Mendoza, Lenín Chica, Fernando Cordero, Xavier Tomalá y Vanesa Fajardo.

ACTA_122-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó la resolución que dispuso a la Unidad de Técnica Legislativa elaborar el proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y asignó su posterior trámite a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, con ochenta y ocho votos afirmativos, siete blancos y diecisiete abstenciones. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, centrado en garantizar la autonomía administrativa, laboral y presupuestaria de la Función Legislativa frente al Ministerio de Relaciones Laborales; durante el análisis se propuso precisar la aplicación de la normativa para asambleístas y servidores legislativos, ampliar la autonomía a otras funciones del Estado y considerar los regímenes especiales del sistema educativo y de educación superior, tras lo cual se cerró el debate sin votación. También se aprobó la resolución que exhortó al Ministerio de Educación a reconstruir, mediante contratación de emergencia, la escuela Belisario Quevedo de Ambato, afectada por un incendio, y al Municipio de Ambato y demás gobiernos seccionales a legalizar los terrenos donde funcionan instituciones educativas; en la rectificación se registraron ochenta y tres votos afirmativos y siete blancos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y un votos afirmativos y dos blancos, una resolución sobre la crisis bananera que exhortó al Ministerio de Agricultura a aplicar efectivamente la normativa vigente, establecer políticas claras de precios y comercialización, combatir los monopolios y la intermediación injusta, fortalecer las compras públicas de producción nacional, atender prioritariamente a los pequeños y medianos productores, promover la diversificación de cultivos y estudiar la conformación de una exportadora de economía mixta. Intervinieron Gioconda Saltos, Gerónimo Yantalema, Viviana Bonilla, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Rolando Panchana, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Andrés Roche, Luis Morales, Línder Altafuya, Kléver García, Tito Nilton Mendoza, Andrés Páez, Edwin Vaca, Fernando Cordero, Nívea Vélez, César Gracia, María Alejandra Vicuña, Katty Vélez, Dalton Burgos, Rocío Barriga y Víctor Quirola.

ACTA_136-E-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se retomó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación y se presentaron varias modificaciones destinadas a incorporar la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias en el organismo de regulación; priorizar al sector comunitario en la distribución de frecuencias hasta alcanzar una asignación equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios; regular la suspensión de publicidad engañosa; precisar los derechos de rectificación y réplica; establecer requisitos de profesionalización para las actividades periodísticas permanentes; fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes; promover la educomunicación; definir normas deontológicas; y disponer la reversión, previo debido proceso, de las frecuencias obtenidas ilegalmente, incluyendo la reparación de los daños ocasionados al Estado. Posteriormente, se negó la propuesta de César Montúfar para archivar el proyecto y reiniciar la elaboración de una nueva normativa, decisión que se mantuvo tras la rectificación; en cambio, se aprobó la moción de Tomás Zevallos para que el texto fuera votado artículo por artículo, también ratificada en la rectificación. Esta decisión generó cuestionamientos sobre el procedimiento y Abdalá Bucaram apeló la actuación de la Presidencia, argumentando que se había alterado el orden de las mociones; Fernando Cordero defendió que las propuestas fueron tramitadas conforme al momento de su presentación, y la apelación fue negada, manteniéndose el resultado luego de la rectificación. Finalmente, se suspendió la sesión para que Mauro Andino identificara los artículos sobre los cuales pudiera alcanzarse consenso antes de continuar las votaciones, por lo que no se inició el tratamiento de la propuesta relacionada con el reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos. Intervinieron Mauro Andino, Abdalá Bucaram y Fernando Cordero; asimismo, César Montúfar y Tomás Zevallos presentaron las mociones sometidas a votación, y Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión durante la apelación

ACTA_135-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Marco Murillo para incorporar al orden del día una resolución que exigiera al Ministerio de Educación cumplir con el pago completo de las compensaciones correspondientes a la jubilación de los docentes del sector público, señalándose que miles de maestros jubilados habrían recibido valores inferiores a los establecidos. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma destinada a garantizar la atención de las personas que padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, reconociéndolas como un asunto de interés nacional y estableciendo la obligación del Estado de brindar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, medicamentos e insumos de manera oportuna, permanente y gratuita. Durante el debate se planteó elaborar protocolos médicos, fortalecer la formación del personal de salud, crear un registro nacional de pacientes, promover investigaciones y convenios con instituciones nacionales e internacionales, agilizar la importación de medicamentos, regular el cumplimiento de las coberturas de seguros y medicina prepagada, apoyar psicológica y socialmente a las familias, atender los casos que no pudieran diagnosticarse en el país y extender la protección a los ecuatorianos residentes en el exterior. También se propuso precisar las definiciones y diferencias entre las enfermedades catastróficas y las raras o huérfanas, garantizar la doble vulnerabilidad de los pacientes, actualizar periódicamente el listado de enfermedades, incorporar el autismo, crear institutos especializados de investigación y asegurar los recursos presupuestarios necesarios para que la normativa pudiera aplicarse efectivamente. Luego de un receso se incorporaron varias observaciones y el proyecto fue aprobado inicialmente con noventa y nueve votos afirmativos y, tras la rectificación, por unanimidad con ciento un votos afirmativos y dos blancos. Intervinieron Marco Murillo, Víctor Quirola, Scheznarda Fernández, Carlos Velasco, Fausto Cobo, María Soledad Vela, María Molina, Fernando Flores, Gioconda Saltos, César Gracia y Tomás Zevallos.

ACTA_119-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se eligieron y posesionaron las dos vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Para la primera Vicepresidencia se presentaron las candidaturas de Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores y Abdalá Bucaram Pulley, en medio de planteamientos sobre el fortalecimiento institucional, la transparencia de las votaciones, la representación de las distintas fuerzas políticas, la equidad y la necesidad de reformar la normativa legislativa; finalmente, Juan Carlos Cassinelli fue elegido, ratificado tras la rectificación y la negativa de la reconsideración, y asumió el compromiso de impulsar la inclusión, la participación y la reducción de las desigualdades. Para la segunda Vicepresidencia se postularon Rocío Valarezo y Leandro Cadena, destacándose la participación de las mujeres, la equidad de género y las diferencias entre el oficialismo y la oposición; Rocío Valarezo resultó elegida, su designación fue confirmada mediante rectificación y se negó la reconsideración, tras lo cual se comprometió a ejercer sus funciones con transparencia, honestidad y equidad, promoviendo la unidad y el trabajo legislativo en beneficio de los sectores más pobres. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Andrés Segovia Salcedo, María Alejandra Vicuña, Vicente Taiano, Paco Moncayo, César Gracia, Juan Carlos Cassinelli, Lídice Larrea, Galo Lara y Rocío Valarezo; además, Juan Carlos López y Raúl Abad solicitaron actuaciones relacionadas con la rectificación y reconsideración de las votaciones.

ACTA_115-G-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se continuó con el segundo debate y la votación individual del proyecto de reforma a la normativa que regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional, concentrándose en los procedimientos de fiscalización y juicio político. Se aprobaron disposiciones para impedir que la comisión encargada de la fiscalización archive directamente los procesos, trasladando al Pleno la decisión de archivarlos o continuarlos; se estableció la presentación de informes motivados de mayoría y minoría, con las pruebas de cargo y descargo; y se reguló la difusión de dichos informes, su inclusión en el orden del día, la designación de ponentes, la votación nominativa y los plazos para efectuar el juicio político. También se intentó someter nuevamente a votación la posibilidad de que cada asambleísta contara con un analista legislativo para apoyar el manejo de sistemas electrónicos, pero se determinó que esta propuesta ya había sido votada y negada, por lo que no correspondía reconsiderarla. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, quien dirigió la sesión; Andrés Segovia Salcedo, secretario general; Vicente Taiano Álvarez, quien presentó y explicó la propuesta; María Augusta Calle, quien cuestionó que se intentara votar nuevamente un asunto ya resuelto; y Virgilio Hernández, quien sostuvo que repetir esa votación vulneraría el procedimiento legislativo y generaría mayor gasto público.

ACTA_147-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para analizar la declaratoria de emergencia sanitaria en Manabí por el aumento de casos de dengue y para solicitar medidas excepcionales frente a los daños ocasionados por el invierno en Carchi y en el eje vial Palanda-Chinchipe, asuntos que finalmente quedaron pendientes; en cambio, se negaron las propuestas para debatir la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible incorporación a la iniciativa de conservación Yasuní-ITT, así como para rechazar editoriales publicados por periódicos estadounidenses que fueron considerados atentatorios contra la soberanía nacional. En comisión general, representantes de los municipios, gobiernos provinciales y parroquias rurales expusieron sus criterios sobre la futura regulación de los límites territoriales, destacando la necesidad de respetar la tradición histórica, el sentido de pertenencia, la autonomía de los gobiernos locales y la decisión de las poblaciones involucradas. Posteriormente, se aprobó el reconocimiento de las festividades del Carnaval de Guamote como patrimonio cultural intangible, resaltándose su origen ancestral, la convivencia intercultural entre los pueblos indígenas y mestizos, sus personajes, música, gastronomía, rituales y prácticas comunitarias; además, se solicitó a las instituciones competentes proceder con su declaración y registro, incorporarlo al calendario nacional y destinar recursos para su promoción, preservación y salvaguarda. El tema central fue el primer debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para fijar límites y solucionar los conflictos territoriales existentes entre parroquias, cantones y provincias, originados por la falta de delimitaciones jurídicas, la contradicción entre normas, los cambios geográficos, las decisiones políticas y las diferencias sobre la pertenencia e identidad de las comunidades. La propuesta planteó que, en lugar de definir directamente cada límite, se establecieran mecanismos amistosos como la negociación y la mediación territorial, y mecanismos institucionales como el arbitraje, la consulta popular y la resolución de las autoridades competentes; también contempló sustituir al organismo anterior por una nueva entidad nacional encargada de los límites internos. Durante la discusión se insistió en garantizar la participación ciudadana, definir quiénes podrían votar en las consultas y acreditar su residencia, respetar los acuerdos y delimitaciones legalmente consolidados, proteger la integridad de las comunidades indígenas y evitar que fueran divididas entre distintas jurisdicciones, establecer plazos obligatorios para resolver los conflictos y reconocer factores históricos, culturales, sociales, ambientales, geográficos, étnicos e hidrográficos. Asimismo, se cuestionó la actuación del organismo técnico que anteriormente manejaba los límites, la validez de mapas elaborados sin una ley definitiva, la posibilidad de que el Ejecutivo resolviera determinadas controversias, la centralización y politización de las decisiones y la falta de representación directa de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales en la nueva entidad; se propuso incorporar al Instituto Geográfico Militar como apoyo técnico y otorgar un papel más activo a la Asamblea y a los gobiernos autónomos descentralizados. También se aprobó reconsiderar una resolución adoptada previamente sobre Ernesto “Che” Guevara, después de señalarse errores históricos y de redacción que afectaban la imagen institucional. El debate sobre los límites territoriales quedó interrumpido y la sesión concluyó por falta de quórum, por lo que las observaciones debían ser remitidas a la comisión y varios asuntos incorporados al orden del día no llegaron a resolverse. Intervinieron Scheznarda Fernández, María Paula Romo, Marco Murillo, Stalin Subía, Edwin Vaca, Zobeida Gudiño, Paúl Granda, Jorge Olmedo, Néstor Chapa, Juan de Dios Roldán Arellano, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Kléver García, Mauro Andino, Luis Morales, Pedro de la Cruz, Carlos Velasco, Paco Fierro, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Francisco Velasco, Línder Altafuya, Lenín Chica, Mary Verduga, Betty Amores, Tomás Zevallos, Enrique Herrería, César Gracia, Galo Vaca, Hugo Quevedo, María Molina, Betty Carrillo, Rosana Alvarado y Francisco Ulloa.

ACTA_157-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día un exhorto dirigido a las autoridades competentes con el fin de convocar concursos para cargos directivos del sistema educativo y regular sus remuneraciones; la fijación de un precio especial para el gas de uso doméstico destinado a pequeños prestadores de servicios turísticos de la Amazonía; y la comparecencia de varias autoridades para informar sobre el financiamiento, los estudios, la ejecución y la transparencia del proyecto Refinería del Pacífico. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger los derechos de las personas usuarias y consumidoras, abordándose la necesidad de reemplazar la normativa vigente por un sistema más ágil y eficaz de prevención, control, reparación, restitución, indemnización y sanción frente a bienes o servicios deficientes; se analizaron la publicidad engañosa, los contratos de adhesión y sus cláusulas abusivas, los servicios bancarios y financieros, la clonación de tarjetas y delitos informáticos, la medicina prepagada, la vivienda, la educación, el transporte, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, los servicios públicos y profesionales, la protección de datos personales, la calidad de los alimentos, la intermediación comercial, la responsabilidad de proveedores e instituciones estatales, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, la participación de las organizaciones ciudadanas y de los gobiernos autónomos descentralizados, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad, interculturalidad, plurinacionalidad y atención a comunidades, pueblos y nacionalidades. Finalmente, se debatió el proyecto sobre el servicio cívico militar voluntario y las reservas de las Fuerzas Armadas, analizando su concordancia con la Constitución, la objeción de conciencia, las atribuciones del Ejecutivo, la organización militar y la necesidad de contar con una normativa para regular el servicio voluntario; aunque la comisión recomendó archivarlo por considerarlo improcedente y contrario a competencias presidenciales, se defendió su devolución para un análisis más profundo y la moción de archivo no fue aprobada. Intervinieron Gioconda Saltos, Francisco Cisneros, Leonardo Viteri, Fernando Vélez, Betty Amores, María Soledad Vela, Gerónimo Yantalema, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Marco Murillo, Edwin Vaca, Fernando Bustamante y Henry Cuji.

ACTA_144-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Ramiro Terán para incorporar un homenaje a Eloy Alfaro con motivo del centenario de su asesinato y solicitar que se reabrieran las investigaciones correspondientes; asimismo, Rafael Dávila planteó obtener una certificación sobre el estado de las votaciones de las reformas a la normativa de la Función Legislativa, especialmente en materia de fiscalización y juicios políticos, pero retiró su solicitud después de que se dispusiera la entrega del informe respectivo. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma a la normativa de salud relacionada con el control del tabaco, cuyo archivo fue aprobado por unanimidad debido a que pretendía modificar y derogar disposiciones que ya habían sido eliminadas por una ley posterior; durante este punto también se cuestionaron las demoras en la calificación de proyectos legislativos y la situación de los hospitales, la atención sanitaria, la formación de especialistas y la administración del sistema de salud. A continuación, se realizó el primer debate de la reforma sobre las empresas públicas, orientada a aclarar el régimen jurídico y laboral de sus servidores y obreros, precisar que los funcionarios de libre nombramiento y remoción mantienen una relación laboral, aunque no pertenezcan a la carrera administrativa, regular las remuneraciones variables por eficiencia y diferenciar las autoridades competentes para resolver controversias: la jurisdicción contencioso-administrativa para los servidores públicos y la laboral para los obreros. Mientras algunos legisladores defendieron la propuesta por considerar que corregía vacíos, evitaba interpretaciones contradictorias y protegía los recursos del Estado, otros advirtieron que someter al personal técnico de las empresas públicas al régimen general del servicio público podría reducir sus remuneraciones, provocar la salida de profesionales especializados y afectar la competitividad y calidad de los servicios; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Finalmente, se negó y se ratificó mediante rectificación la reconsideración solicitada por Abdalá Bucaram respecto de la decisión de aceptar varias observaciones presidenciales a las reformas electorales, por lo que se mantuvo firme el allanamiento relacionado con determinados aspectos del Código de la Democracia. Intervinieron Ramiro Terán, Rafael Dávila, Víctor Quirola, Francisco Ulloa, Fernando Vélez, Abdalá Bucaram, Irina Cabezas, Andrés Páez, Rolando Panchana y Alfredo Ortiz.

ACTA_158-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día una resolución destinada a garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos afectados por el cierre de varias universidades y otras iniciativas que exigían respeto a la autonomía, independencia y facultades de la Función Legislativa frente a las observaciones formuladas por el Ejecutivo. Posteriormente, Carlos Ramón Pólit Faggioni fue posesionado como Contralor General del Estado. También se desarrolló el primer debate del proyecto orientado a proteger la intimidad y los datos personales frente al uso indebido de archivos, registros y bases de datos; se analizaron los mecanismos de rectificación, reparación civil, sanción penal y hábeas data, así como la propuesta de crear una entidad administrativa especializada, pero la comisión consideró que estas materias ya estaban reguladas en la Constitución y en distintas normas vigentes, y recomendó su archivo; aunque el proponente respaldó esa decisión para evitar la dispersión normativa, la moción de archivo no fue aprobada. Finalmente, se debatieron las reformas a la normativa de inquilinato, centradas en garantizar viviendas dignas y cánones justos, equilibrar los derechos y obligaciones de arrendadores e inquilinos, actualizar disposiciones desfasadas, exigir condiciones adecuadas de habitabilidad y servicios básicos, regular la inscripción de inmuebles y contratos, la fijación de precios, las garantías y su devolución, las reparaciones, el pago de servicios, el abandono y restitución de los inmuebles, el desahucio, el traspaso de dominio y la solución ágil de controversias; además, se planteó evitar la discriminación contra familias con niños, controlar los abusos contractuales, fortalecer la intervención municipal y judicial, proteger especialmente a los sectores de menores ingresos y asegurar procedimientos proporcionales que respeten el debido proceso. Intervinieron Lourdes Tibán, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Carlos Ramón Pólit Faggioni, Mauro Andino, Vethowen Chica, Línder Altafuya, Nívea Vélez, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Bolívar Subía, Marco Murillo, Gioconda Saltos y María Molina.

ACTA_141-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron el momento de las elecciones presidenciales y legislativas, la separación de los comicios locales, la fórmula para asignar escaños, la representación de las minorías, la gobernabilidad y el riesgo de modificar las reglas electorales en función de intereses políticos. También se debatieron la licencia de las autoridades que busquen la reelección, la igualdad de condiciones entre los candidatos, la prohibición de utilizar recursos e infraestructura estatal y propaganda gubernamental durante la campaña, el silencio electoral, la publicación de resultados y actas, el conteo manual de votos y los procedimientos de impugnación y apelación. Se incorporaron disposiciones sobre paridad, alternancia y secuencialidad entre hombres y mujeres, así como sanciones económicas por actos de presión, hostigamiento o amenazas destinados a impedir que una mujer acceda a un cargo de elección popular o ejerza sus funciones. El texto aprobado estableció que las elecciones presidenciales, legislativas y del Parlamento Andino se realicen el mismo día; adoptó para la asignación de escaños una fórmula basada en divisores impares; reguló las juntas electorales, los plazos de la justicia electoral, la publicidad pública autorizada excepcionalmente por el Consejo Nacional Electoral y las obligaciones de los movimientos políticos. La reforma fue aprobada, la rectificación confirmó el resultado y la reconsideración fue negada. Intervinieron Jorge Escala, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Fernando González, María Romo, Andrés Roche, Marisol Peñafiel, Fernando Flores, Xavier Tomalá, Silvia Salgado, Elvis Maldonado, Virgilio Hernández, César Montúfar, Andrés Páez, Galo Lara, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Magaly Orellana, Tito Mendoza, Bolívar Subía, Betty Amores, Mariángel Muñoz, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, María Calle, Lenin Chica, Betty Carrillo y Mauro Andino.

ACTA_151-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó una propuesta para reconocer la trayectoria histórica y el aporte del coronel Luis Vargas Torres a la Revolución Liberal; posteriormente, se rindió homenaje y se otorgó una condecoración a Luis Alfonso Chango Pacha, fundador y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, destacando su historia de superación, su lucha contra la discriminación, el impulso al cooperativismo indígena, la inclusión financiera, la educación, el emprendimiento, la identidad cultural y el deporte. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, centrado en la regulación del transporte comunitario e intercultural en las zonas rurales y de difícil acceso, el uso de camionetas, camiones, mototaxis y otros medios alternativos, las condiciones técnicas y de seguridad para el traslado de personas y productos, la legalización de los servicios diferenciados, la capacitación y entrega de licencias de conducir, el funcionamiento y control de las escuelas de conducción, las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito y de los gobiernos autónomos descentralizados, la revisión de rutas y frecuencias, la prevención de accidentes, el SOAT, el sistema de puntos de las licencias, el uso de taxímetros en la Amazonía y la necesidad de evitar privilegios, monopolios, actos de corrupción y discrecionalidad en la administración del transporte. Intervinieron Línder Altafuya, Pedro de la Cruz, Luis Alfonso Chango Pacha, Fernando Vélez, Mauro Andino, Galo Vaca, María Molina, Virgilio Hernández, Consuelo Flores, Guido Vargas, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Nívea Vélez, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, María Soledad Vela, Tomás Zevallos, Carlos Velasco, Luis Almeida, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Mao Moreno, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_142-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el segundo debate y se aprobó la reforma destinada a establecer un marco jurídico para las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, permitiéndoles constituir un capital social variable e ilimitado mediante certificados de aportación, reconocer a sus socios derechos económicos, de propiedad, voz y un voto independientemente del número de aportaciones, limitar la participación individual para evitar la concentración del capital y autorizar inversiones relacionadas con proyectos de vivienda, construcción y servicios auxiliares del sistema financiero. El texto consensuado también dispuso que cada institución financiera pública y privada contara con una defensora o defensor del cliente, principal y suplente, elegido democráticamente entre sus propios clientes mediante un proceso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin vínculos con accionistas, socios o administradores y con la función de proteger los derechos e intereses de los usuarios. Asimismo, se otorgó a la Superintendencia de Bancos y Seguros la facultad de cobrar por vía coactiva las pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas, dirigiendo los procesos contra los accionistas que poseían una participación significativa, el principal administrador y representante legal, así como contra administradores temporales y liquidadores cuya responsabilidad fuera determinada por los organismos de control; además, se establecieron plazos para expedir los reglamentos, adecuar el capital de las mutualistas y realizar la elección de los defensores del cliente. El proyecto fue aprobado con noventa votos afirmativos, resultado que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Henry Cuji, mientras que la reconsideración fue negada, quedando firme la decisión. Intervino Francisco Velasco, quien presentó y explicó el texto definitivo

ACTA_138-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el tratamiento de la objeción parcial formulada al proyecto relacionado con la gestión de las aguas de la cuenca del Paute y la reorganización de las entidades encargadas de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en varios cantones. Durante la sesión se votaron por separado las propuestas de ratificación y allanamiento presentadas por Mauro Andino: la Asamblea ratificó el texto previamente aprobado sobre las atribuciones del organismo encargado de la gestión hídrica y otro artículo del proyecto; sin embargo, no alcanzó los votos necesarios para mantener la disposición que facultaba a los municipios de Esmeraldas, Atacames y Río Verde a conformar una mancomunidad y que cuestionaba la obligación de crear una empresa pública, ni para excluir la exigencia de constituir un fideicomiso destinado a garantizar proporcionalmente el pago de las obligaciones crediticias de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo. Asimismo, el Pleno aceptó la observación presidencial para eliminar una expresión del texto, decisión que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Fausto Cobo; en cambio, no aprobó la propuesta de establecer el plazo de un año para que los municipios señalados asumieran las competencias de dicha empresa, resultado que tampoco cambió tras la rectificación solicitada por Vicente Taiano y Fernando Flores. No se desarrollaron nuevas intervenciones de fondo, pues la sesión se concentró exclusivamente en las votaciones; participaron Mauro Andino, como proponente de los textos sometidos a decisión; Fernando Cordero, quien dirigió la sesión; Andrés Segovia, quien dio lectura a las propuestas y proclamó los resultados; y Fausto Cobo, Vicente Taiano y Fernando Flores, quienes solicitaron las respectivas rectificaciones.

ACTA_151-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron los resultados de una encuesta nacional sobre la violencia de género contra las mujeres, en la que se evidenció la elevada incidencia de agresiones psicológicas, físicas, patrimoniales y sexuales, principalmente dentro del entorno familiar y por parte de la pareja, así como su presencia en todos los niveles educativos, económicos, territoriales y grupos sociales; se destacó la necesidad de tratar este fenómeno como un problema de seguridad ciudadana, salud pública, igualdad y transformación cultural, mediante leyes, políticas públicas, fiscalización institucional y acciones contra el machismo y la discriminación. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de la Contraloría General del Estado, centrado en la eliminación de la asignación presupuestaria proveniente de los ingresos de las instituciones sujetas a control, por considerarse contraria al régimen constitucional de preasignaciones; la protección de la autonomía e independencia del organismo de control; la desconcentración de sus funciones; la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales; la publicidad y valor probatorio de los informes de auditoría; los plazos de los procedimientos y recursos; y la posibilidad de que la Fiscalía investigue y adopte medidas cautelares en casos de presuntos delitos contra la administración pública sin depender exclusivamente de un informe previo de la Contraloría, con el propósito de fortalecer la lucha contra la corrupción. Intervinieron Byron Villacís, Ana Lucía Herrera, Mauro Andino, Luis Almeida, Fausto Cobo y Paco Fierro.

ACTA_173-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Edwin Vaca propuso incorporar al orden del día una resolución para revisar el sistema de “tarjeta inteligente” utilizado en la distribución de gas licuado de petróleo en la provincia del Carchi y restituir los cupos anteriores de cilindros, al considerar que el mecanismo ocasionaba largos períodos de espera y afectaba a la población fronteriza; sin embargo, su propuesta fue negada. Posteriormente se debatió la objeción parcial al proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, principalmente sobre la eliminación del porcentaje fijo que las instituciones financieras debían destinar a operaciones hipotecarias, la facultad del organismo regulador para determinarlo anualmente y la protección de los deudores mediante la extinción de la deuda con la entrega o ejecución del bien dado en garantía; Francisco Velasco respaldó el allanamiento a la objeción, Ramiro Terán cuestionó que el porcentaje quedara sujeto a una autoridad gubernamental, Dora Aguirre defendió la protección de las familias y migrantes afectados por deudas hipotecarias, Fernando Flores sostuvo que debía mantenerse la obligación para ampliar el acceso al crédito, César Rodríguez criticó tanto la ley como la política económica gubernamental y Rafael Dávila consideró inadecuado imponer el mismo porcentaje a todas las entidades, aunque reconoció deficiencias en la objeción; finalmente, el allanamiento fue aprobado y la reconsideración solicitada fue negada. Además, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades: Ximena Cabrera y Vinicio Baquero expusieron las necesidades de las personas sordas y solicitaron fortalecer la lengua de señas, la educación bilingüe y bicultural, la formación de docentes, la disponibilidad de intérpretes y la accesibilidad a la comunicación; María Cristina Kronfle explicó que la propuesta buscaba prevenir y detectar oportunamente las discapacidades, garantizar la salud, educación, rehabilitación, inclusión y eliminación de la discriminación, establecer un sistema de calificación y registro, y organizar la protección integral mediante el Consejo Nacional de Igualdad, la Defensoría del Pueblo y las instituciones ejecutoras; Fernando Aguirre destacó la igualdad de oportunidades y la responsabilidad de las entidades públicas y privadas; María Molina abordó la calificación voluntaria, gratuita y personalizada, el registro en la cédula, la aplicación directa de los derechos y la cooperación internacional; Víctor Quirola analizó la atención sanitaria, prevención, rehabilitación, rebajas tributarias y la inclusión de entidades semipúblicas; Scheznarda Fernández se refirió a la estabilidad e inclusión laboral, los permisos para tratamiento y cuidado, la capacitación de servidores públicos y el acceso preferente a créditos; y Carlos Velasco defendió la educación inclusiva, la cobertura de seguros de salud, la protección laboral de quienes cuidan a personas con discapacidad, la ampliación de la licencia de maternidad en determinados casos y el tamizaje neonatal, tras lo cual el debate quedó suspendido para continuar en una nueva convocatoria debido a la posible pérdida del quórum.

ACTA_186-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se intentó continuar con la votación de la resolución que rechazaba la medida del Gobierno del Reino de España que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a la salud pública; Fausto Cobo observó que el texto debía precisar que la afectación recaía específicamente sobre los migrantes en situación irregular y corregir definitivamente la denominación de España, pero la votación no pudo efectuarse porque Jorge Escala, como proponente, no se encontraba presente y era el único autorizado para modificar formalmente el documento, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente se debatió y aprobó el Protocolo internacional contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, destinado a fortalecer la cooperación entre los Estados para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional mediante la penalización de estas actividades, el decomiso de armas, el mantenimiento de registros, su marcación y desactivación, la regulación de las importaciones, exportaciones y tránsito, el intercambio de información, la asistencia técnica y la actualización de la legislación nacional. Durante el debate se destacó que el acceso y comercio ilegal de armas incrementaban los homicidios, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y otras formas de violencia; se defendió la necesidad de controles más rigurosos, políticas preventivas, reformas al sistema de justicia y rehabilitación social, atención a las víctimas, oportunidades educativas y laborales y un plan integral de seguridad ciudadana que no se limitara a medidas represivas. También se analizaron la especial vulnerabilidad de las zonas fronterizas, el tráfico de armamento hacia grupos irregulares de Colombia, la situación de Carchi, los secuestros y desplazamientos, las deficiencias en el control portuario y fronterizo y la necesidad de acompañar los compromisos internacionales con recursos, infraestructura y políticas nacionales efectivas. El Protocolo fue aprobado por unanimidad con noventa y siete votos afirmativos. Finalmente se debatió y aprobó el convenio entre Ecuador y Uruguay para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, el cual regula, entre otros aspectos, los impuestos aplicables a personas y empresas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, pensiones, patrimonio, intercambio de información y asistencia en la recaudación; se sostuvo que facilitaría el comercio y la inversión, evitaría que una misma renta fuera gravada en el país donde se generó y en el país de residencia, fortalecería la cooperación tributaria y favorecería sectores como la investigación farmacéutica, la producción eléctrica y el calzado. El convenio fue aprobado con ciento dos votos afirmativos y dos abstenciones, tras lo cual la sesión fue clausurada. Intervinieron Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Silvia Salgado, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Linda Machuca, Edwin Vaca, María Soledad Vela, Luis Morales, Grace Almeida, Gabriel Rivera y Eduardo Zambrano.

ACTA_174-D-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, con énfasis en el procedimiento penal y en la búsqueda de un equilibrio entre seguridad ciudadana, protección de las víctimas, garantías constitucionales, eficacia judicial y rehabilitación de las personas procesadas. En comisión general, Blanca Argüello y Augusto Barrera expusieron las demandas ciudadanas frente a la delincuencia y plantearon procedimientos judiciales más ágiles, una regulación efectiva de la receptación de bienes robados, el incumplimiento de clausuras, el vandalismo, el microtráfico, la prisión preventiva y la defensa pública de las víctimas; Ramiro Rivadeneira destacó los avances sobre femicidio y discriminación, solicitó corregir la tipificación de la desaparición forzada y ampliar la mala práctica médica a los casos de lesiones, y defendió un debate basado en la realidad nacional sobre el aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación; Alberto Narváez pidió diferenciar la mala práctica, el error médico y los efectos adversos, considerar la responsabilidad de las instituciones sanitarias y contar con fiscales, jueces y peritos especializados; Mario Monteverde, Flavio Arosemena y Amparo Medina defendieron la vida desde la concepción y rechazaron el aborto incluso en casos de violación; José Cruz solicitó incorporar adecuadamente la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales para atender a las víctimas de la ex Base de Manta; una representante de las Organizaciones de Mujeres de El Oro defendió el carácter laico del Estado, la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, la atención diferenciada a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar y la continuidad inmediata de las medidas de protección; y Vicente Arias abordó las lesiones ocasionadas por mala práctica médica, la protección de las víctimas, la titularidad de la acción penal y la prescripción. Posteriormente, Cynthia Viteri, María Romo, Rosana Alvarado, Tito Mendoza, César Gracia, Fernando González, Guillermina Cruz, Soledad Vela, Andrés Roche, Paco Moncayo, Enrique Herrería, Marisol Peñafiel y Luis Morales analizaron la participación y reparación integral de las víctimas, las atribuciones de la Fiscalía, los métodos especiales de investigación, la cadena de custodia, la suspensión condicional y los procedimientos abreviados, simplificados y expeditos, la caducidad y sustitución de la prisión preventiva, la política sobre drogas, la responsabilidad de adolescentes, la proporcionalidad y acumulación de las penas, el riesgo del populismo penal, la necesidad de procedimientos especiales para la violencia contra la mujer y la familia, y la improcedencia de convertir la acción penal cuando el delito haya causado la muerte de la víctima; finalmente, el debate quedó pendiente y la sesión fue suspendida para continuar con las intervenciones restantes.

ACTA_177-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrollaron dos primeros debates. En el primero se analizó la reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientada a que la retención del cuarenta por ciento del aporte estatal a la pensión militar se aplicara únicamente cuando el pensionista volviera a trabajar en el sector público y no en el privado, a actualizar anualmente el valor de la canasta básica y a excluir del descuento las décimas tercera y cuarta pensiones; Roberto Freire y Fausto Cobo defendieron la reforma al considerar que facilitaría la reinserción laboral de los militares retirados, María Paula Romo pidió incorporar protección social para las esposas de militares que quedaban desamparadas después del divorcio, Betty Carrillo cuestionó que el beneficio se limitara al trabajo privado y sostuvo que los principios de solidaridad debían aplicarse de manera general, Hugo Quevedo respaldó la propuesta y Fernando Flores planteó emitir un saludo al pueblo venezolano por el natalicio de Simón Bolívar, tras lo cual el debate fue cerrado y el proyecto regresó a la Comisión correspondiente. Posteriormente se debatió la reforma al régimen especial de Galápagos, destinada a fortalecer la conservación y el desarrollo sustentable mediante una nueva organización y mayores competencias del Consejo de Gobierno, regulación de la migración y la residencia, auditorías a las residencias y permisos turísticos, sanciones ambientales y migratorias, control de embarcaciones y especies invasoras, regulación de la pesca artesanal, creación de una agencia de bioseguridad, establecimiento de un servicio de ambulancia aérea, redistribución de los ingresos turísticos y recuperación estatal de las concesiones para democratizar la actividad turística y favorecer a residentes y organizaciones de la economía popular y solidaria. Ángel Placencia solicitó reconocer la residencia permanente de las personas que habían establecido su proyecto de vida en las islas antes de septiembre de 2007; Marcela Aguiñaga expuso el crecimiento poblacional, la falta de servicios básicos, los problemas de migración, bioseguridad y concentración de permisos turísticos; Virgilio Hernández explicó el contenido consensuado de la reforma y los asuntos aún pendientes; y Ángel Vilema, Grace Almeida, Alfredo Ortiz, Gerónimo Yantalema, Betty Carrillo, Francisco Ulloa, Fernando González y María Paula Romo presentaron observaciones sobre la participación ciudadana y de los pueblos y nacionalidades, la representación científica, las competencias del Consejo de Gobierno, la democratización del turismo, la protección de los residentes, el control poblacional, la preservación ambiental, las urbanizaciones, las concesiones y los posibles incentivos contrarios a los objetivos de conservación; finalmente, la sesión fue clausurada ante la posibilidad de perder el quórum, quedando pendientes varias intervenciones y la continuación del tratamiento.

ACTA_163-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se posesionó a Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo como primera autoridad de la Defensoría Pública, luego de haber sido designado mediante concurso público de méritos y oposición. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó el proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, orientado a proteger a las familias y evitar que, ante la imposibilidad de pagar un préstamo, las instituciones financieras pudieran perseguir otros bienes del deudor, de su cónyuge, herederos, fiadores o garantes, una vez entregado, embargado o rematado el inmueble o vehículo que garantizaba la obligación. Se analizaron la extinción de la deuda con la entrega del bien, la prohibición de garantías y pagarés adicionales, el cese del cálculo de intereses desde el embargo, el traslado de créditos hacia instituciones que ofrecieran mejores condiciones, el levantamiento del patrimonio familiar para financiar la construcción de la vivienda y la prohibición de ejecutar en Ecuador sentencias extranjeras derivadas de créditos hipotecarios que contravinieran el ordenamiento nacional, especialmente para proteger a migrantes afectados por la crisis inmobiliaria en España. También se debatieron los límites económicos y el carácter no retroactivo de la normativa, la valoración y depreciación de viviendas y automotores, la inclusión o exclusión de motocicletas y tricimotos, la protección de los depositantes, los posibles efectos sobre las tasas, los plazos y el acceso futuro al crédito, la situación de la industria automotriz, la contaminación, la balanza de pagos, el riesgo de incentivar el incumplimiento de obligaciones y la constitucionalidad de la propuesta; finalmente, se incorporaron varias reformas y disposiciones derogatorias, el proyecto fue aprobado y la solicitud para reconsiderar esa decisión fue negada. Intervinieron Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Andrés Roche, Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Luis Morales, Virgilio Hernández, Eduardo Encalada, Galo Vaca, Enrique Herrería, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Fernando González, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Rosana Alvarado, Marco Murillo, Cristian Viteri, Fernando Flores, Dora Aguirre, María Paula Romo y Silvia Salgado.

ACTA_174-G-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó y cerró el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, centrado principalmente en la ejecución de las penas y la transformación del sistema de rehabilitación social, analizando la creación de jueces de garantías penitenciarias, la protección de los derechos de las víctimas y de las personas privadas de libertad, la separación y clasificación de los internos según su situación jurídica, edad, sexo, peligrosidad y tipo de infracción, los regímenes cerrado, semiabierto y abierto, las sanciones alternativas y el uso de dispositivos de localización. También se debatieron las condiciones precarias y el hacinamiento de las cárceles, la atención diferenciada para mujeres con hijos, personas adultas mayores, con discapacidad o enfermedades graves, la capacitación y situación laboral de los guías penitenciarios, y la implementación de programas obligatorios de educación, trabajo remunerado, salud, cultura, deporte, seguridad social, fortalecimiento familiar, ahorro y emprendimientos productivos que permitan la reinserción y reduzcan la reincidencia. Se examinó además la coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria, su carácter restaurativo, sus competencias territoriales y los límites derivados de la Constitución y los derechos humanos; la protección especializada de adolescentes en conflicto con la ley y de niños en situaciones de explotación o calle; las sanciones por usura, narcotráfico y delitos graves; los delitos cometidos mediante redes sociales; las causas económicas y sociales de la delincuencia; y la necesidad de que una reforma penal integral no se limite a endurecer las penas. En comisión general, Soledad Realpe solicitó que la Ley 103 no fuera eliminada, sino reformada y ampliada para proteger a las mujeres frente a la violencia y discriminación tanto familiar como social; al inicio también se guardaron minutos de silencio en memoria de Jaime Orlando Quiñónez Rodríguez, Wagner Castillo, Lenín Chiriboga Delgado y Doris Eneida Souza Moreira. Intervinieron Gabriel Rivera, Soledad Realpe, César Gracia, Marco Murillo, Soledad Vela, Vicente Taiano, Betty Carrillo, Paco Moncayo, Silvia Salgado, Gerónimo Yantalema, Ángel Vilema, Guillermina Cruz, Mercedes Diminich, Zobeida Gudiño y Mauro Andino; finalmente, se solicitaron nuevas observaciones para preparar el informe de segundo debate y se cerró la discusión después de haberse registrado ciento cuarenta y dos intervenciones acumuladas.

ACTA_172-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a los científicos Ignacio Amable Ramírez Aguirre y Donald Silberberg, en reconocimiento a sus aportes a la medicina, la neurología, la salud pública y la investigación; Guillermina Cruz destacó sus trayectorias, mientras Ignacio Ramírez agradeció el homenaje y expuso los avances alcanzados en la prevención del bocio y la deficiencia de yodo, la yodización de la sal, la salud dental y el desarrollo del sistema nacional de trasplantes. También fueron posesionados como miembros principales del Tribunal Contencioso Electoral Guillermo González Orquera, María Catalina Castro Llerena, Lenin Patricio Baca Mancheno, Patricia Adelina del Carmen Zambrano Villacrés y Miguel Ángel Pérez Astudillo, y como suplentes Angelina del Carmen Veloz Bonilla, Arturo Fabián Cabrera Peñaherrera, Sandra Elizabeth Maldonado Puente, Oscar Williams Altamirano y Mérida Elena Nájera Moreira. Posteriormente se trató la objeción parcial al proyecto relacionado con la administración de bienes incautados en procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y sustancias sujetas a fiscalización; Francisco Velasco explicó que las observaciones aclaraban la devolución de los bienes, sus rentas o productos, así como el tratamiento de bienes perecibles, y propuso aceptar la objeción, moción que fue aprobada. Finalmente, se debatió y aprobó la Convención para Reducir los Casos de Apatridia; Eduardo Zambrano, Soledad Vela, Edwin Vaca, Betty Carrillo, Fausto Cobo, Fernando Bustamante y Silvia Salgado resaltaron el derecho de toda persona a una nacionalidad, la protección de niños, migrantes y refugiados, los problemas de inscripción y pérdida de identidad existentes especialmente en las zonas fronterizas, la necesidad de eliminar vacíos legales y garantizar el acceso a derechos como educación, salud, trabajo e identidad, aprobándose el instrumento internacional con noventa y cuatro votos afirmativos.

ACTA_161-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó incorporar al orden del día una propuesta para exigir un plan de contingencia especial que permitiera continuar sus estudios a los alumnos de universidades cerradas ubicadas en la Región Amazónica, considerando sus dificultades económicas, familiares, laborales y de movilidad territorial. El primer debate del proyecto orientado a rehabilitar a productores agropecuarios, artesanos y pescadores artesanales fue diferido por la ausencia de la ponente, aunque el informe recomendaba archivarlo porque la condonación de obligaciones con una institución financiera pública podría afectar el gasto estatal y correspondía a una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Posteriormente, se debatió el proyecto destinado a prevenir el discrimen, el acoso y la violencia política por razones de género, analizándose las agresiones, amenazas, hostigamientos, exclusiones y obstáculos que enfrentan las mujeres en partidos, organizaciones y cargos públicos, especialmente en gobiernos locales y comunidades indígenas; se discutió la necesidad de contar con una normativa específica, preventiva y reparadora que hiciera efectiva la igualdad real, frente a la posición de quienes consideraban que estos derechos y conductas ya estaban regulados en la Constitución, el Código de la Democracia, las garantías jurisdiccionales y la futura legislación penal, y que el proyecto contenía definiciones demasiado amplias y carecía de sanciones precisas. También se planteó ampliar la protección a otros grupos afectados por discriminación política, perfeccionar el texto y unificarlo con otras propuestas sobre igualdad. Finalmente, la moción para archivar el proyecto no obtuvo los votos necesarios y fue nuevamente negada luego de la rectificación, por lo que la propuesta continuó su trámite legislativo. Intervinieron Jorge Escala, Mauro Andino, Rosa Ponce, Lourdes Tibán, Margarita Carranco, Gina Godoy, Luis Almeida, Mariángel Muñoz y Gerónimo Yantalema.

ACTA_169-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el tratamiento del indulto solicitado a favor de Víctor Manuel Díaz Almeida, ciudadano de ochenta y cuatro años condenado a dos años de prisión por falsedad ideológica relacionada con un contrato de arrendamiento celebrado entre padre e hijo. Se analizaron su avanzada edad, los problemas de salud que padecía, las dificultades que el arresto domiciliario le ocasionaba para acceder a atención médica, el tiempo ya cumplido de la condena, la ausencia de peligrosidad social y las vulneraciones de derechos previamente reconocidas por la Corte Constitucional, que había dispuesto medidas sustitutivas y reparación integral. También se reflexionó sobre el uso proporcional del poder punitivo del Estado, las limitaciones del sistema de rehabilitación social para atender a personas adultas mayores y la necesidad de que, en futuros casos de indulto sustentados en condiciones médicas, exista coordinación entre las comisiones de Justicia y de Salud. Finalmente, el indulto fue concedido por unanimidad con ciento seis votos favorables. Intervinieron Rosana Alvarado y Leonardo Viteri.

ACTA_192-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Línder Altafuya solicitó modificar el orden del día para debatir una resolución que condenara las expresiones y representaciones consideradas racistas atribuidas a la autoridad municipal de La Concordia, denunciando tanto declaraciones contra la población afrodescendiente como la instalación de un monumento en el que tres mujeres negras sostenían sobre sus cabezas a una mujer blanca; la propuesta obtuvo inicialmente sesenta y un votos afirmativos y, en la rectificación, cincuenta y ocho, sin alcanzar la mayoría necesaria, por lo que fue negada. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Inquilinato, cuyo propósito era equilibrar los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos, exigir el registro de los inmuebles y contratos ante las oficinas municipales de arrendamiento, regular la fijación de los cánones, disponer que las garantías económicas fueran depositadas en cuentas administradas por los municipios, establecer inspecciones para determinar posibles daños, simplificar la devolución de las cauciones, sustituir los procesos verbales sumarios por procedimientos más ágiles y orales, facilitar el desahucio y actualizar la terminología judicial. Durante el debate se planteó conceder plazos diferenciados para que los municipios crearan las oficinas y trasladaran los registros existentes; devolver las garantías con los intereses generados; precisar las condiciones mínimas de habitabilidad, los avalúos y la distinción entre zonas urbanas y rurales; conservar la figura del subarrendamiento; mantener una sanción por la falta de registro para evitar la nulidad de los contratos; aceptar facturas o declaraciones juramentadas como prueba de los acuerdos verbales; prohibir la discriminación contra familias con hijos y el corte de servicios básicos como mecanismo de presión; ampliar los plazos para desalojar inmuebles vendidos; regular los arrendamientos temporales; y establecer que los recursos depositados fueran utilizados únicamente para cubrir daños comprobados. También se discutió si la garantía debía equivaler a uno o dos meses, permanecer en poder del propietario, depositarse ante el municipio o ser administrada judicialmente; se advirtió que la regulación debía proteger a los arrendatarios de bajos recursos, mujeres jefas de hogar, estudiantes y familias jóvenes, pero también a propietarios —incluidas personas adultas mayores— frente al impago de pensiones, daños y deudas de servicios; además, se propuso que las oficinas municipales actuaran como instancias de mediación antes de recurrir a los jueces y que el procedimiento sumarísimo se aplicara a todas las controversias de inquilinato. Mauro Andino solicitó aplazar la votación para incorporar las numerosas observaciones, por lo que el proyecto quedó pendiente. Finalmente se trató el segundo debate de la Ley de Protección a la Intimidad y a los Datos Personales; la Comisión recomendó archivarla porque consideró que regulaba materias ya contempladas en la Constitución y en las normas sobre garantías jurisdiccionales, transparencia, registros públicos, comercio electrónico y responsabilidad civil y penal, además de crear innecesariamente una nueva entidad burocrática, repetir la acción de hábeas data e incluir disposiciones penales contrarias al principio de unidad de materia. La moción de archivo fue aprobada por unanimidad con setenta y seis votos afirmativos; la reconsideración solicitada por Kléver García fue negada con setenta y cinco votos negativos y su rectificación volvió a ser rechazada con setenta y siete votos negativos, tras lo cual la sesión fue suspendida debido a que permanecía pendiente la votación de la reforma a la Ley de Inquilinato. Intervinieron Línder Altafuya, Mauro Andino, Paco Moncayo, Christian Viteri, Francisco Ulloa, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Francisco Cevallos, Alfredo Ortiz, Luis Morales, Virgilio Hernández y Kléver García.

ACTA_199-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Francisco Cisneros propuso exigir que la comisión encargada de analizar el informe presidencial sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo se reuniera y presentara sus conclusiones, mientras Gilmar Gutiérrez pidió conformar una comisión multipartidista para vigilar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta las elecciones de febrero de 2013; las propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse la primera votación. Posteriormente se posesionó constitucional y legalmente a las juezas y jueces principales y suplentes que conformarían la primera Corte Constitucional, luego de conocer los resultados del proceso de selección y de que prestaran el juramento correspondiente. El tema central fue el segundo debate de la reforma destinada a incorporar al cantón La Concordia a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cumplimiento de la consulta popular en la que el 64,92 % de los votantes respaldó esa pertenencia; el proyecto también regulaba la transferencia de recursos, instituciones, servidores públicos y servicios, sin reducir las asignaciones de Esmeraldas. En comisión general, Lucía Sosa y Rosaura Bastidas defendieron la pertenencia histórica y jurídica de La Concordia a Esmeraldas y denunciaron abandono, discriminación y posibles irregularidades administrativas; Geovanny Benítez y Walter Ocampo sostuvieron que debía respetarse la decisión mayoritaria de los concordenses y afirmaron que el cambio permitiría superar décadas de indefinición y falta de servicios. Durante el debate legislativo, unos defendieron el carácter obligatorio y vinculante de la consulta y pidieron aprobar inmediatamente la reforma; otros cuestionaron la constitucionalidad del proceso, la ausencia de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, presuntos cambios irregulares de domicilio electoral y el riesgo de profundizar el enfrentamiento entre provincias hermanas. Ante las dudas jurídicas y las mociones para postergar la votación o consultar sus consecuencias, el tratamiento fue suspendido y se dispuso solicitar un informe jurídico, por lo que la ley no fue votada. Finalmente se aprobó por unanimidad, con ochenta y tres votos afirmativos, una resolución que declaró al general Julio Andrade Prócer e Insigne Luchador, reconoció su aporte al alfarismo y a la vida republicana, solicitó incluir el estudio de su vida en la educación y saludó a la parroquia que lleva su nombre por su aniversario; la denominación inicial de Héroe Nacional fue modificada debido a las observaciones sobre el procedimiento establecido en la ley vigente. Intervinieron Francisco Cisneros, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Lucía Sosa, Rosaura Bastidas, Geovanny Benítez, Walter Ocampo, Virgilio Hernández, Línder Altafuya, Carlos Samaniego, Luis Morales, César Gracia, María Augusta Calle, Mary Verduga, Lenín Chica, Gabriel Rivera, Fernando Vélez, Tito Nilton Mendoza, Fausto Cobo y Carlos Velasco; Fernando Flores participó solicitando la rectificación de una votación.

ACTA_207-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje a San Francisco de Quito por su aniversario de fundación, mediante la presentación de un video histórico, la intervención de Karina Panamá Quishpe —quien destacó la identidad, cultura, memoria y espíritu libertario de la ciudad— y la lectura de un acuerdo de saludo y reconocimiento a sus autoridades y habitantes. Posteriormente se aceptó la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que reemplazó la referencia directa al MIES por la del ministerio rector y precisó que en las zonas fronterizas y amazónicas se priorizaría el Bono de Desarrollo Humano para adultos mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza o vulnerabilidad; aunque se cuestionaron expresiones consideradas ambiguas, la falta de una garantía expresa para esos territorios, el uso electoral del bono y el cobro de servicios bancarios a las remesas, el allanamiento fue aprobado inicialmente con ochenta y un votos afirmativos y ratificado en la rectificación con ochenta y un votos afirmativos, tres negativos y veinte abstenciones. También se aprobó el Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Guatemala, dirigido a conceder preferencias arancelarias, eliminar obstáculos al comercio, ampliar las exportaciones, favorecer a las pequeñas y medianas unidades productivas y fortalecer la integración latinoamericana; debido al dictamen condicionado de la Corte Constitucional, se incorporó una declaración interpretativa para asegurar su aplicación conforme a la soberanía alimentaria y a la protección de la producción nacional. El acuerdo obtuvo noventa votos afirmativos y un blanco, mientras su reconsideración y la rectificación posterior fueron negadas. Finalmente se debatió el proyecto de rehabilitación de productores agropecuarios, artesanos y pescadores artesanales, que proponía reestructurar créditos y reducir o condonar intereses de deudas mantenidas con el Banco Nacional de Fomento; la Comisión recomendó archivarlo por considerar que implicaba recursos públicos reservados a la iniciativa del Ejecutivo, podía afectar la liquidez de la banca pública y contenía contradicciones técnicas, mientras sus defensores afirmaron que no se perdonaba el capital, sino que se buscaba recuperar una cartera castigada y permitir que pequeños productores afectados por fenómenos climáticos y exclusión crediticia volvieran a producir y acceder a financiamiento. La moción de archivo fue negada con treinta y un votos afirmativos, treinta y siete negativos y cinco abstenciones, resultado ratificado en la rectificación, por lo que el proyecto continuó su trámite y la sesión fue clausurada. Intervinieron Karina Panamá Quishpe, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Luis Almeida, Nívea Vélez, Edwin Vaca, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Irina Cabezas, Silvia Salgado, Kléver García, Alfredo Ortiz, María Augusta Calle y Rider Proaño.

ACTA_191-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto reformatorio de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y se intentó elegir a las autoridades de la comisión encargada de analizar el informe anual del Presidente de la República. En el debate legislativo existió un respaldo general a la incorporación de los gobiernos parroquiales rurales como accionistas y miembros del Directorio y de la Comisión Ejecutiva del Banco del Estado, al considerarse que constituían el nivel de gobierno más cercano a las comunidades y necesitaban participar directamente en las decisiones relacionadas con el financiamiento de obras, servicios básicos, vialidad, agua potable, alcantarillado, producción y desarrollo rural; sin embargo, se advirtió que la sola representación no garantizaba el acceso efectivo a los recursos, por lo que se propuso reservar porcentajes de crédito para las parroquias, brindarles asistencia técnica para preparar estudios y proyectos, distribuir equitativamente los recursos petroleros, priorizar las zonas fronterizas y amazónicas, evitar que una misma persona representara a varios niveles de gobierno y asegurar que todos los integrantes del Directorio contaran con alternos. También se planteó incluir en el Directorio a los gobiernos regionales, distritos metropolitanos y regímenes especiales, equilibrar la representación de los gobiernos autónomos frente al Gobierno central, mantener o justificar adecuadamente la exclusión del representante de los trabajadores, corregir la denominación del Ministerio de Finanzas y establecer que los préstamos se destinaran prioritariamente a infraestructura y servicios esenciales, evitando inversiones que no respondieran a las necesidades urgentes de la población; concluido el primer debate, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones presentadas. Posteriormente, Mary Verduga propuso a Hólger Chávez como presidente y a Xavier Tomalá como vicepresidente de la comisión que debía examinar el informe presidencial, pero la moción fue negada con cincuenta votos afirmativos, treinta y ocho negativos y seis abstenciones; Marco Murillo presentó otra fórmula integrada por Magaly Orellana y Francisco Cisneros, que tampoco fue aprobada, al obtener cuarenta y ocho votos afirmativos, cuarenta y siete negativos, un blanco y tres abstenciones. Richard Guillén propuso después a Mary Verduga y Francisco Cisneros, pero Verduga no aceptó la candidatura; Eduardo Encalada planteó finalmente a Hólger Chávez y Francisco Cisneros, fórmula que tampoco llegó a votarse porque Chávez rechazó participar junto al representante de Sociedad Patriótica y desistió de presidir la comisión, por lo que las autoridades no fueron elegidas y la sesión fue clausurada, quedando los integrantes obligados a preparar el informe correspondiente. Intervinieron Marisol Peñafiel, Jimmy Pinoargote, Luis Morales, Edwin Vaca, Xavier Tomalá, Paco Moncayo, José Picoita, Guillermina Cruz, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, Carlos Samaniego, Hólger Chávez, Mary Verduga, Marco Murillo y Richard Guillén.

ACTA_198-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Gilmar Gutiérrez retiró su solicitud para conformar una comisión multipartidista que vigilara las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta la proclamación de los resultados de las siguientes elecciones, debido a la ausencia de varios legisladores. Posteriormente se trató la selección de la terna que la Asamblea debía remitir para la designación de su representante ante el Consejo de la Judicatura. Ángel Vilema propuso a Ana Karina Peralta Velásquez, Carlos Teodoro Delgado Alonso y Zaida Patricia Romero Flores, destacando su formación y experiencia jurídica; María Paula Romo cuestionó que la integración del organismo dependiera nuevamente de delegados de las funciones políticas, advirtió sobre una posible designación previamente acordada y pidió que se entregaran las hojas de vida antes de votar. La terna fue aprobada con cincuenta y seis votos afirmativos, treinta y cinco negativos y cinco abstenciones. Finalmente se desarrolló el primer debate de la reforma al Código de la Policía Marítima. La Comisión recomendó archivarla porque, aunque reconoció la urgente necesidad de actualizar la normativa vigente desde 1960, consideró que el proyecto era incompleto, mantenía disposiciones contrarias a los derechos constitucionales y no incorporaba los cambios derivados de la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que propuso elaborar un Código de Legislación Marítima integral. Vethowen Chica respaldó el archivo por considerar necesaria una reforma estructural; en cambio, Paco Moncayo y Alfredo Ortiz sostuvieron que la Asamblea debía corregir y ampliar el proyecto, no desecharlo, debido a que la normativa todavía permitía detener personas por supuesta vagancia, imponer prisión y cauciones desde las capitanías, aplicar multas establecidas en sucres y mantener conflictos de competencias con los municipios. Línder Altafuya coincidió en la necesidad de actualizar el Código, pero centró su intervención en rechazar la adhesión a la Convención por considerar que afectaba la soberanía marítima y perjudicaba a los pescadores. La moción de archivo obtuvo cincuenta y dos votos afirmativos, veintiún negativos y veintitrés abstenciones, por lo que no fue aprobada y el proyecto regresó a la Comisión para continuar su trámite. Intervinieron Gilmar Gutiérrez, Ángel Vilema, María Paula Romo, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz y Línder Altafuya.

ACTA_189-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se reinstaló el segundo debate del proyecto de Ley de Estadística únicamente para conocer el texto definitivo y someterlo a votación. Virgilio Hernández explicó que la Comisión incorporó las observaciones formuladas durante el debate, entre ellas la obligación de recopilar información relevante sobre los ecuatorianos residentes en el exterior, la integración del sistema estadístico y geográfico como subsistema del Sistema Nacional de Información, la inclusión de los principios de objetividad e independencia, la precisión de que el Sistema Estadístico Nacional estaría compuesto por instituciones públicas y no regularía a las empresas encuestadoras privadas, el fortalecimiento de las funciones y estructura del INEC, la organización de los comités técnicos, el reconocimiento del Consejo de Gobierno de Galápagos como generador de estadísticas y una regulación más clara del secreto estadístico. La ley aprobada modernizó la normativa vigente desde 1976 y estableció que la producción de información pública debía ser pertinente, veraz, oportuna, coordinada, participativa, accesible, inclusiva, intercultural y técnicamente comparable; organizó el Sistema Estadístico Nacional alrededor del Consejo Nacional de Estadística, el INEC, el Banco Central y las demás instituciones públicas competentes; reguló el Plan Nacional de Estadísticas, los censos, encuestas y registros administrativos; dispuso la certificación de las estadísticas oficiales, el acceso libre y gratuito a la información, su difusión en lenguas de relación intercultural y en formatos apropiados para personas con discapacidad, la protección de los datos individuales mediante la confidencialidad y el secreto estadístico, la obligación de suministrar información veraz y las sanciones por incumplimiento o utilización indebida de datos. El proyecto fue aprobado inicialmente con setenta y un votos afirmativos y veintiuna abstenciones; después de la rectificación solicitada por Fernando Aguirre y Juan Fernández, quedó ratificado con setenta y tres votos afirmativos, uno negativo y dieciocho abstenciones, tras lo cual la sesión fue clausurada. Intervino Virgilio Hernández, mientras Fernando Aguirre y Juan Fernández participaron mediante la solicitud de rectificación de la votación.

ACTA_209-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Antes de abordar el proyecto, se expresó solidaridad con las poblaciones afectadas por la erupción del volcán Tungurahua y se exhortó a las instituciones estatales a coordinar la atención de la emergencia. En el debate se propuso ampliar las competencias de los municipios para atender la vialidad rural, garantizar que las competencias transferidas a los gobiernos autónomos estén acompañadas de recursos, agilizar la legalización de asentamientos sin beneficiar a traficantes de tierras y respetar la exención tributaria de los territorios indígenas y comunitarios. También se respaldó la eliminación del ganado y otros semovientes del cálculo del impuesto predial rural, pero se solicitaron precisiones sobre la maquinaria agrícola, los trámites de escrituración, las diferencias de superficie de los predios, las áreas verdes y la protección de terrenos destinados a la producción y la soberanía alimentaria. Se planteó fortalecer la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos locales, controlar el incremento de tasas e impuestos, asegurar la participación ciudadana en la planificación y elaboración de presupuestos, mejorar el procedimiento de remoción y reemplazo de autoridades, establecer reglas especiales para la creación de cantones y parroquias en la Amazonía, zonas fronterizas y Galápagos, y evitar que se creen circunscripciones sin cumplir los requisitos legales. Finalmente, se cerró el primer debate sin votación, las observaciones quedaron para conocimiento de la Comisión y la sesión fue clausurada. Intervinieron Marco Murillo, Luis Morales, Rolando Panchana, Cecilia Jaramillo, Cléver Jiménez, Alfredo Ortiz, Guido Vargas y Stalin Subía.

ACTA_205-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Nívea Vélez propuso detener el cobro y embargo de supuestas deudas atribuidas a exservidores públicos de Loja, mientras Edwin Vaca pidió priorizar proyectos relacionados con la hora pedagógica, la jubilación docente y otras reformas educativas; las propuestas obtuvieron cuarenta y cinco y cincuenta votos afirmativos, respectivamente. Posteriormente se condecoró al pintor Jorge Perugachy por su trayectoria artística, educativa y su aporte a la cultura andina y ecuatoriana. También se debatió y aprobó una resolución sobre la Franja de Gaza, mediante la cual se condenó el uso de la fuerza y los ataques contra civiles, se respaldó el alto al fuego, se exigió la apertura de los pasos fronterizos y se defendió una solución basada en la existencia de los Estados de Israel y Palestina; tras varias observaciones para equilibrar y corregir el texto, fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, dieciséis negativos y seis abstenciones. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y cinco votos, el Convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades y trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, destinado a evitar la discriminación laboral y facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar; la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del convenio de servicios aéreos entre Ecuador y Singapur. Intervinieron Nívea Vélez, Edwin Vaca, Celso Maldonado, Jorge Perugachy, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Luis Almeida, Gabriel Rivera, César Rodríguez, María Paula Romo, César Montúfar, Betty Carrillo, Luis Morales y Silvia Salgado.

ACTA_204-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto para crear una unidad gratuita de defensa pública destinada a las víctimas de la delincuencia. Sus defensores sostuvieron que las personas de escasos recursos quedaban desprotegidas frente a los procesos penales y necesitaban asesoría jurídica inmediata, por lo que propusieron que el proyecto regresara a la Comisión para definir si la atención debía prestarse mediante la Fiscalía o la Defensoría Pública; quienes respaldaron el archivo señalaron que la iniciativa confundía las competencias constitucionales de ambas instituciones, creaba una estructura paralela y que la protección, reparación y asistencia a víctimas y testigos ya estaban contempladas en la normativa vigente y en el proyecto del Código Integral Penal. También se realizaron varias intervenciones de despedida por tratarse de la última jornada del período legislativo. La moción de archivo fue negada inicialmente con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos, un blanco y dieciséis abstenciones, y la rectificación solicitada por Nívea Vélez volvió a negarla con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos y diecisiete abstenciones, por lo que el proyecto no fue archivado y la sesión fue clausurada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Jimmy Pinoargote, Luis Almeida, Betty Carrillo, Luis Morales, Silvia Salgado, Xavier Tomalá, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Marisol Peñafiel, Vicente Taiano, César Rodríguez, Andrés Páez y Nívea Vélez.

ACTA_217-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el segundo debate de la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, centrado en fortalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes y corregir problemas relacionados con las pensiones alimenticias, el régimen de visitas, la filiación y la responsabilidad familiar. Se propuso que las visitas fueran determinadas según las condiciones particulares de cada familia, mediante evaluaciones sociales y psicológicas, escuchando la opinión de los menores y estableciendo visitas supervisadas cuando existieran antecedentes de violencia; además, se pidió mejorar la coordinación para cobrar alimentos a progenitores residentes en el exterior. El debate también abordó la protección de los abuelos y otros obligados subsidiarios, existiendo posiciones divididas entre quienes solicitaron eliminar su apremio personal —especialmente para mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas o escasos recursos— y quienes advirtieron que una eliminación general podía debilitar la protección alimentaria, por lo que propusieron estudios socioeconómicos individuales. Asimismo, se discutió la posibilidad de mantener las pensiones para estudiantes hasta los veinticuatro años, la aplicación de las tablas según la realidad económica familiar, la devolución de valores pagados por personas cuya paternidad fuera descartada mediante ADN, la realización de pruebas prenatales, las inhabilidades impuestas a los deudores y la necesidad de armonizar las reformas con el Código Civil y las competencias de los jueces de Familia. Concluidas las intervenciones, no se realizó votación y el proyecto regresó a la Comisión para que se reelaborara un texto consensuado. Posteriormente se aprobó, con setenta y cinco votos afirmativos y ocho abstenciones, una resolución para que la Unidad de Técnica Legislativa elaborara la codificación de la Ley de Hidrocarburos y la remitiera a la Comisión de Régimen Económico y Tributario; la sesión fue suspendida debido a que la reforma sobre niñez y adolescencia permanecía pendiente. Intervinieron Soledad Vela, Fernando Vélez, Gabriel Rivera, Galo Vaca, Fernando Bustamante, Luis Almeida, Dora Aguirre, Paco Moncayo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Rosana Alvarado, Paola Pabón, Enriqueta Pulla, Damasio Santos, Francisco Velasco, Blanca Ortiz, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich y Armando Aguilar.

ACTA_211-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló y cerró el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Turismo, orientado a declarar esta actividad como política prioritaria del Estado, crear el Sistema Nacional de Turismo, coordinar a las instituciones públicas y privadas, promover nuevas modalidades turísticas, generar empleo, proteger la naturaleza y establecer derechos, obligaciones, incentivos y sanciones para turistas y prestadores de servicios. Aunque existió respaldo general al proyecto, se propuso mantener y revisar los incentivos económicos, definir con mayor claridad la integración del sistema y las infracciones, descentralizar la protección al turista, fortalecer la participación de los gobiernos autónomos, simplificar los permisos mediante un registro único, promover créditos e inversión, mejorar la seguridad y difusión turística —especialmente en zonas fronterizas— y garantizar accesibilidad universal para las personas con discapacidad. También se pidió reconocer al turismo comunitario como parte de la economía popular y solidaria, incluir a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios en la toma de decisiones, proteger sus saberes y patrimonio, regular adecuadamente a los guías y compensar a los territorios turísticos afectados por proyectos que causen daños ambientales. Concluido el debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones. Posteriormente se leyó el informe del proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, destinado a regular la consulta previa antes de aprobar medidas legislativas o administrativas que afecten derechos colectivos, estableciendo principios, fases, órganos responsables y veedurías, con fundamento en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales; la Comisión recomendó que, luego del primer debate y antes del segundo, el texto fuera sometido a consulta prelegislativa. Este debate no llegó a iniciarse porque se esperaba recibir en comisión general a las organizaciones interesadas, por lo que la sesión fue suspendida y quedó pendiente su continuación. Intervinieron Fernando Vélez, Paco Moncayo, Gerónimo Yantalema, María Cristina Kronfle, Francisco Ulloa, Marco Murillo, Jimmy Pinoargote, Blanca Ortiz, Edwin Vaca, César Rodríguez y Luis Morales.

ACTA_213-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se informó sobre la remodelación del salón plenario para ampliar su capacidad, mejorar la tecnología, facilitar la evacuación y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad ante el incremento del número de asambleístas. Posteriormente continuó el primer debate de las reformas al Código del Trabajo y del proyecto de Ley Orgánica de Igualdad Laboral, cuyo tratamiento se había dificultado porque el informe de la Comisión contenía varias resoluciones sobre iniciativas diferentes. Ramiro Terán sostuvo que las propuestas no debían archivarse, sino regresar a la Comisión para ser corregidas y mejoradas, mientras Scheznarda Fernández explicó que los informes recomendaban su archivo por contener disposiciones repetitivas o improcedentes y porque se preparaba un nuevo Código del Trabajo; sin embargo, propuso devolver el informe y las observaciones a la Comisión para cumplir la resolución del Consejo de Administración Legislativa y continuar el trámite. La moción fue aprobada con setenta y siete votos afirmativos y una abstención, por lo que los proyectos regresaron a la Comisión y la sesión fue clausurada. Intervinieron Ramiro Terán y Scheznarda Fernández.

ACTA_221-2011-2013_PLENO.pdf Se debatieron en primer debate el proyecto de Ley General de Cambio Climático, centrado en la gestión de riesgos, la mitigación y adaptación ambiental, cuyo texto regresó a comisión tras no aprobarse la moción planteada; y el proyecto de Código de Ética de la Función Legislativa, relativo a la conducta y sanciones de los asambleístas, que fue archivado y cuya reconsideración fue rechazada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, María Molina, Paco Moncayo, Luis Almeida, María Paula Romo, Betty Amores, Fausto Cobo, César Rodríguez, Mauro Andino, Cynthia Viteri, Xavier Tomalá, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Nívea Vélez, Marisol Peñafiel, Gabriel Rivera y Eduardo Encalada.

ACTA_SOLEMNE-10 DE AGOSTO-2011-2013_PLENO.pdf Se presentó el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y las metas gubernamentales para el siguiente año, destacando avances y desafíos en reducción de la pobreza y desigualdad, inversión social, salud, educación, vivienda, inclusión de personas con discapacidad, seguridad, talento humano, patrimonio, política exterior, sectores estratégicos, participación política, producción, empleo y economía. Intervinieron Rafael Correa, Richard Espinosa, Homero Arellano, Augusto Espinosa, María Fernanda Espinosa, Ricardo Patiño, Lenín Moreno, Jorge Glas, Betty Tola, Santiago León y Jeannette Sánchez; al tratarse de una sesión solemne de rendición de cuentas, no hubo debate ni votación.

ACTA_229-2011-2013_PLENO.pdf Se rechazaron las propuestas de pronunciarse sobre los actos de violencia en la Asamblea de Venezuela y de retomar la reforma a la Ley de la Función Legislativa; posteriormente, se debatieron las reformas al régimen de los gobiernos autónomos, relacionadas con la creación de circunscripciones, regularización de asentamientos, distribución de competencias, remoción de autoridades, tributación rural y administración territorial, pero la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Fernando Flores, César Montúfar, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Xavier Tomalá, Lourdes Tibán, Alfredo Ortiz, Kléver García, Línder Altafuya, Paco Fierro, Lenín Chica, Rolando Panchana y Gerónimo Yantalema.

ACTA_230-2011-2013_PLENO.pdf Se rechazaron las propuestas de pronunciarse sobre los actos de violencia en la Asamblea de Venezuela y de retomar la reforma a la Ley de la Función Legislativa; posteriormente, se debatieron las reformas al régimen de los gobiernos autónomos, relacionadas con la creación de circunscripciones, regularización de asentamientos, distribución de competencias, remoción de autoridades, tributación rural y administración territorial, pero la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Fernando Flores, César Montúfar, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Xavier Tomalá, Lourdes Tibán, Alfredo Ortiz, Kléver García, Línder Altafuya, Paco Fierro, Lenín Chica, Rolando Panchana y Gerónimo Yantalema.

ACTA_231-2011-2013_PLENO.pdf Se presentó la rendición de cuentas del período legislativo 2009-2013, destacando los resultados en legislación, fiscalización, participación ciudadana, modernización tecnológica y fortalecimiento institucional, y se entregaron reconocimientos a los asambleístas por la culminación de sus funciones. Previamente, no fue aprobada, ni tras rectificarse la votación, la propuesta de tratar una resolución de apoyo e investigación por el incendio que afectó a comerciantes de Guaranda. Intervino Kléver García.

Sesion de Pleno No. 063 A, Conocimiento y resolución sobre los oficios Nos. 00120-SSPPMPPTCNJ-2026-CM y 00122-SSPPMPPTCNJ-2026-CM, suscritos por la abogada Andrea Rosas Juma, Secretaria Relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia.

Sesion de Pleno No. 064, Conocimiento del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario; y conocimiento del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes para garantizar el derecho a la protección prioritaria de la mujer en el periodo de maternidad.

Sesion de Pleno No. 064 B, Conocimiento del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes para garantizar el derecho a la protección prioritaria de la mujer en el periodo de maternidad; y resolución para respaldar la gestión del Gobierno Nacional en el reposicionamiento estratégico del Ecuador ante la comunidad internacional y en las negociaciones para la exención del visado Schengen, así como para reconocer el esfuerzo del sector comercial y exportador del Ecuador por el aumento de las ventas alcanzado durante el año 2025.

Sesion de Pleno No. 066 A, Una vez reinstalada la sesión, el Pleno conoció y resolvió respecto de la objeción total al Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. La asambleísta Mónica Salazar Hidalgo presentó la ponencia y una moción para ratificar el proyecto objetado por el Ejecutivo, la cual fue negada con 52 votos afirmativos, 69 negativos y 4 abstenciones. Posteriormente, el Pleno trató la objeción total al Proyecto de Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna. El asambleísta Juan José Reyes Baquerizo presentó la ponencia y la moción de ratificación del proyecto, que también fue negada con 52 votos afirmativos, 70 negativos y 4 abstenciones. Agotado el orden del día, se clausuró la sesión.

Sesion de Pleno No. 074, Conocer y resolver respecto del Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica.

Sesion de Pleno No. 078, Aprobaron solicitudes de cambio del orden del día para tratar temas relacionados con el cobro de tasas municipales a través de planillas de servicios básicos, la situación laboral de los trabajadores conocidos como “hormiguitas chúa” de la ciudad de Cuenca y los informes de la Contraloría General del Estado sobre indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados. Posteriormente, se entonó el Himno Nacional, se instaló una comisión general para la entrega de reconocimientos ciudadanos y, una vez reinstalada la sesión, se conoció, debatió y aprobó el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Finalmente, el Pleno conoció y aprobó el informe no vinculante respecto a los hechos y razones que conllevaron al cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., luego de lo cual se suspendió la sesión.

Sesion de Pleno No. 082, El Pleno trató cuatro asuntos sustantivos: primero, el informe no vinculante sobre la objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, cuya moción de resolución fue aprobada; segundo, la conformación de la Comisión Calificadora de la propuesta de iniciativa popular normativa para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica, aprobada mediante moción; tercero, la declaratoria de prioridad nacional en la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, propuesta por el presidente Daniel Noboa con el fin de realizar operaciones conjuntas con aliados estratégicos regionales, aprobada igualmente por el Pleno; y cuarto, el respaldo institucional a los colectivos ciudadanos que impulsan la fiscalización del manejo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable "La Estancilla", que abastece a los cantones de Tosagua, San Vicente, Sucre, Bolívar y Junín, moción que también fue aprobada. Antes del tratamiento de los puntos sustantivos, la sesión incluyó la entrega de reconocimientos y condecoraciones a ciudadanos e instituciones destacadas.

Sesion de Pleno No. 083 A, La Asamblea Nacional del Ecuador debatió y aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera, impulsado originalmente por el asambleísta Juan José Reyes y presentado por la Comisión de Educación bajo la presidencia de Cecilia Baltazar. La ley busca incorporar la educación financiera de manera transversal en todos los niveles del sistema educativo desde la educación inicial hasta la universidad, incluyendo también la educación no formal, con énfasis en grupos de atención prioritaria como adultos mayores, mujeres y población rural. Entre los aspectos destacados del texto aprobado se incluyeron contenidos sobre prevención de fraudes electrónicos, uso seguro de plataformas digitales y protección de datos personales. El debate estuvo marcado por posiciones encontradas entre bancadas: los proponentes argumentaron que la ley es técnicamente viable, constitucional y financieramente sostenible para el Estado, mientras que la oposición principalmente la bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra, argumentando que la prioridad debería ser mejorar las condiciones económicas de la población. La moción de aprobación fue finalmente respaldada con 88 votos a favor, 54 en contra y una abstención, mientras que una posterior solicitud de reconsideración fue negada por el Pleno.

Sesion de Pleno No. 085, La sesión del Pleno de la Asamblea Nacional trató una agenda variada que incluyó cuatro temas principales. Primero, se aprobaron mociones de cambio del orden del día para respaldar institucionalmente: la inversión extranjera directa captada durante 2025 y las políticas de seguridad jurídica para inversionistas; las acciones gubernamentales orientadas al desarrollo territorial y mejora de la calidad de vida; y los resultados de la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial de la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. Segundo, se conoció y aprobó el informe sobre el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y la República de Corea, con la participación del embajador coreano Jae Hyun Shim, aunque la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Lucía Jaramillo fue posteriormente negada. Tercero, se sometió a votación la ratificación del Proyecto de Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria y Pesca objetado totalmente por el Ejecutivo sin alcanzar la mayoría calificada requerida, con 54 votos a favor y 73 en contra, por lo que no fue ratificado. Cuarto, corrió la misma suerte la moción para ratificar el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público referente a los jóvenes, que obtuvo 62 votos afirmativos frente a 75 negativos, quedando igualmente sin aprobación.

Sesion de Pleno No. 086 A, En la continuación de la sesión suspendida, el único punto del orden del día fue resolver el Memorando AN-FASE-2026-0044-M, para lo cual el asambleísta Álex Morán Galarza presentó una moción que fue aprobada con 80 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, mediante la cual se aceptó formalmente la renuncia de la asambleísta Sandra Elizabeth Figueroa Aguilar a la Comisión de Calificación de la Iniciativa Popular Normativa de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica, y se designó en su reemplazo al asambleísta Jesús David Arias Montalvo, representante de la provincia de Galápagos.

Sesion de Pleno S/N Solemne Informe a la Nación, En la sesión solemne con ocasión del Informe a la Nación se rindió homenaje a los héroes de la gesta libertaria del 24 de Mayo de 1822, con el ingreso del Estandarte Patrio, la entonación del Himno Nacional y un toque de silencio; intervino Niels Anthonez Olsen Peet, presidente de la Asamblea Nacional, quien destacó la importancia de la rendición de cuentas, la separación y coordinación responsable entre las Funciones del Estado, así como el deber de legislar, fiscalizar y acompañar las decisiones que contribuyan a la seguridad, el empleo, la justicia y la lucha contra la corrupción. Posteriormente, Daniel Noboa Azín, presidente constitucional de la República, presentó su informe a la nación, en el que expuso las acciones de su Gobierno en materia de seguridad y combate al crimen organizado, generación de empleo, educación, programas sociales y de vivienda, apoyo a mujeres emprendedoras, infraestructura vial y conectividad, recuperación y ampliación de la capacidad energética, protección ambiental, fortalecimiento económico, reducción de la pobreza, financiamiento internacional e inversión pública; además, anunció la continuidad de obras estratégicas como el Quinto Puente, el corredor Nobol–Progreso, la ampliación del Metro de Quito, el abastecimiento de medicamentos mediante cooperación internacional y el impulso de proyectos de desarrollo para consolidar la seguridad, el crecimiento económico y el bienestar social.

Sesion 097, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante de la objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera, presentado por el Ejecutivo, con el propósito de fortalecer la formación financiera de la ciudadanía desde la educación inicial hasta la educación superior, incluir modalidades de educación formal y no formal, promover el ahorro, la inversión, la administración responsable de los recursos económicos y prevenir el sobreendeudamiento. En este debate intervinieron los asambleístas John Polanco, Juan Reyes y Cecilia Baltazar, quienes expusieron los alcances de la normativa y las observaciones del Ejecutivo, tras lo cual se aprobó con 89 votos afirmativos la moción de allanamiento a la objeción parcial de los considerandos sexto, octavo, noveno y decimoséptimo, así como de los artículos 1, 2 y 3 del proyecto de ley; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. A continuación, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, orientado a agilizar los procedimientos aduaneros para la gestión de mercancías y contenedores en estado de abandono, descongestionar los terminales portuarios, establecer plazos y responsabilidades para su inventario, avalúo, adjudicación, subasta, destrucción o disposición final, reducir los costos logísticos, fortalecer el control aduanero y garantizar la transparencia en el destino de los bienes. Durante este debate intervinieron los asambleístas Diego Franco, Alejandro Lara, Sergio Peña, Luis Molina, Adrián Castro, Janina Rizzo y Marcelo Guschmer, quienes expusieron sus criterios sobre la modernización de los procedimientos aduaneros, la competitividad del comercio exterior, la entrega de mercancías abandonadas a instituciones y sectores vulnerables, la necesidad de garantizar mecanismos de control y trazabilidad de los bienes, así como la implementación de herramientas tecnológicas para transparentar los procesos de adjudicación y subasta; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa para la elaboración del informe para segundo debate. Al inicio de la sesión intervinieron Luigi García, Carolina Escobar y Mario Zambrano, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el reconocimiento de la importancia estratégica de la construcción de la sede del Museo Nacional del Ecuador, los resultados económicos alcanzados por el país y las acciones para fortalecer las oportunidades de desarrollo, y el conocimiento de la Operación Victoria contra una red transnacional de tráfico de armas y explosivos, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. La sesión fue presidida por Niels Olsen, con la participación de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien asumió temporalmente la dirección de la sesión; actuó como secretario general Giovanny Bravo.

Sesion 097A, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional, en modalidad virtual, conoció y debatió sobre los resultados económicos alcanzados por el Ecuador durante el año 2025 y las acciones impulsadas para fortalecer las oportunidades de desarrollo y progreso de la ciudadanía, con la intervención de la asambleísta Doménica Escobar, quien expuso indicadores relacionados con el crecimiento económico, las reservas internacionales, la inflación, las ventas locales y los depósitos bancarios, y presentó una moción para reconocer los resultados económicos del país y exhortar a las instituciones del Estado a continuar implementando políticas públicas orientadas al desarrollo productivo, la generación de empleo, la reducción de brechas sociales y el fomento del emprendimiento, moción que fue aprobada con 80 votos afirmativos. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la Operación Victoria, relacionada con la desarticulación de una red criminal transnacional dedicada al tráfico de armas, municiones y explosivos que, según lo expuesto en el debate, abastecía a disidencias de las FARC, mediante operativos coordinados entre las autoridades de Ecuador y Perú. Durante este punto intervinieron los asambleístas Mario Zambrano, quien expuso los resultados de la operación y presentó una moción de reconocimiento al trabajo de las instituciones de seguridad y justicia; José Vallejo, quien aclaró que su solicitud de palabra correspondía al punto anterior; María Molina, quien destacó la coordinación interinstitucional y el trabajo investigativo desarrollado para combatir el crimen organizado; y Katherine Pacheco, quien resaltó los resultados de los operativos ejecutados en la zona fronteriza de la provincia de El Oro y la importancia de fortalecer la seguridad nacional. Concluido el debate, se aprobó con 84 votos afirmativos la resolución presentada por Mario Zambrano, mediante la cual se reconoció el trabajo de las instituciones participantes, se exhortó a fortalecer las acciones de prevención, investigación y control del tráfico ilícito de armas y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral del Estado dé seguimiento a las acciones institucionales derivadas de la operación. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general

Sesion 098, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció las solicitudes de cambio del orden del día presentadas por los asambleístas Besibell Mendoza, quien planteó reconocer las inversiones públicas en educación superior, infraestructura educativa y programas de empleo y emprendimiento en la provincia de Manabí; Keevin Gallardo, quien propuso respaldar la reestructuración del Estado para optimizar los recursos públicos y modernizar la gestión institucional; y Jadira Bayas, quien solicitó reconocer los avances en la recuperación de la infraestructura vial del país, especialmente del corredor Santo Domingo-Las Mercedes-Los Bancos, siendo aprobadas las solicitudes de Besibell Mendoza y Jadira Bayas, mientras que la propuesta de Keevin Gallardo no obtuvo los votos necesarios. Posteriormente, en comisión general, intervino Niels Olsen, quien presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia de la Asamblea Nacional; en aplicación de las disposiciones constitucionales y legales sobre la sucesión de autoridades legislativas, Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, tomó juramento y posesionó a Mishel Mancheno como presidenta de la Asamblea Nacional, quien intervino para expresar su compromiso de dar continuidad a la gestión institucional. A continuación, el Pleno conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización del caso Sucre-Foglocons, relacionado con presuntas irregularidades en operaciones comerciales y financieras efectuadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), con las intervenciones de los asambleístas Ana Tapia, Héctor Rodríguez y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre las investigaciones realizadas, las actuaciones de las instituciones de control, las posibles responsabilidades de los involucrados y la necesidad de actualizar el informe de fiscalización; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la resolución que dispone a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político actualizar y ampliar el informe en un plazo máximo de 60 días, incorporando nueva información y verificando el cumplimiento de sus recomendaciones. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, orientado a actualizar la normativa penal mediante la incorporación de nuevos tipos penales, la revisión de sanciones y el fortalecimiento de las disposiciones relacionadas con la extorsión, el crimen organizado, la corrupción, los delitos contra la propiedad, la violencia sexual, los delitos informáticos, la protección de datos y la seguridad del Estado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, Cristian Benavides, Juan Reyes, Saadin Serrano, Sergio Peña, Liliana Durán, Mariana Yumbay, Keevin Gallardo, Marco Olmedo, Inés Alarcón, Edwin Jarrín, Mireya Pazmiño, Adrián Castro y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el endurecimiento de las penas, la tipificación de nuevas conductas delictivas, la independencia judicial, la protección de las víctimas, la seguridad jurídica, las garantías constitucionales y la necesidad de complementar las reformas penales con medidas de prevención y fortalecimiento institucional; finalizado el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, en calidad de primera vicepresidenta y posteriormente como presidenta de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul en la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

Sesion 099, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe de aprobación de la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), mediante el cual se analizó la participación del Ecuador en este mecanismo de compensación comercial, su funcionamiento, las operaciones financieras realizadas, los recursos públicos comprometidos y los aspectos jurídicos y económicos relacionados con la salida del país del tratado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Jaramillo, Bertha Vélez, Saadin Serrano, Johnny Lavayen, Arisdely Parrales, Keevin Gallardo, Doménica Escobar y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre la continuidad del mecanismo de integración regional, la protección de los recursos públicos, las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras y las consecuencias de la denuncia del tratado; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por Lucía Jaramillo para aprobar la denuncia del tratado y disponer las notificaciones correspondientes al Ejecutivo, mientras que la reconsideración solicitada fue negada. Posteriormente, se conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, orientado a prevenir y sancionar la utilización indebida de uniformes, insignias y distintivos de las instituciones de seguridad por parte de personas vinculadas a actividades delictivas, así como fortalecer los mecanismos de control y protección de la identidad institucional. En este debate intervinieron los asambleístas Jhajaira Urresta, Camila León, Juan Gonzaga, Gerardo Machado, John Polanco, Marcos Alvarado, Inés Alarcón, Andrés Castillo y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir la suplantación de identidad de los miembros de la fuerza pública, establecer sanciones para el uso delictivo de uniformes y garantizar el respeto a los derechos constitucionales y la transparencia institucional; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Jhajaira Urresta para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley, mientras que su reconsideración fue negada. A continuación, se conoció el informe no vinculante sobre la objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, con la intervención de Evelyn Zambrano, quien explicó las observaciones presentadas por el Ejecutivo y destacó la importancia de fortalecer la prevención, detección temprana y atención de los problemas de salud mental de niñas, niños y adolescentes, mediante la coordinación entre las instituciones de salud, educación y protección integral; concluido el debate, se aprobó por unanimidad el allanamiento total a la objeción parcial presentada por el Ejecutivo. Al inicio de la sesión intervinieron Andrés Castillo, Adrián Castro y Marcelo Guschmer, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con los resultados de los operativos contra el crimen organizado durante el toque de queda, el reconocimiento de la iniciativa Business Future of the Americas para promover la inversión y el desarrollo económico, y el programa de becas nacionales Jóvenes del Nuevo Ecuador, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general se entregaron condecoraciones a la deportista Karla Jaramillo y al entrenador Miguel Delgado por sus aportes al deporte ecuatoriano. Se registró la principalización de Rebeca Ríos, alterna del asambleísta Jorge Guevara, y consta la participación de Evelyn Zambrano en calidad de asambleísta principalizada. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Samuel Celleri, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa, y Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quienes asumieron la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 106, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre la posesión de los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomando juramento y posesionando legalmente a Johnny Escobar, Andrés Mendoza y Roger Vallejo, quienes suscribieron las respectivas actas de posesión. Posteriormente, se conoció la solicitud del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar una nueva delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso público de méritos y oposición para la designación del fiscal general del Estado, debido a la renuncia de la comisionada principal Silvana Ramírez; durante este punto intervino el asambleísta Álex Morán, quien presentó la moción para designar a María Mogrovejo como nueva delegada de la Función Legislativa, la cual fue aprobada con 80 votos afirmativos. A continuación, el Pleno conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica de Extradición, orientado a establecer un marco jurídico actualizado para regular los procedimientos de extradición activa y pasiva, definir las competencias de las autoridades nacionales, fortalecer la cooperación judicial internacional, establecer requisitos y procedimientos para la entrega de personas requeridas por la justicia de otros países y garantizar el respeto al debido proceso, los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano, en concordancia con la reforma constitucional aprobada mediante consulta popular. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, Keevin Gallardo, César Palacios, Marco Olmedo, Edwin Jarrín, Juan Reyes, Lucía Jaramillo, Rebeca Veloz, Diana Jácome, Luigi García, Carmen Tiupul, Christopher Jaramillo, Adrián Castro, Andrés Castillo y Janeth Cabezas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la aplicación de la extradición como mecanismo de cooperación internacional frente al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos, la necesidad de garantizar procedimientos claros y transparentes, la protección de los derechos fundamentales de las personas requeridas, las condiciones para conceder o denegar solicitudes de extradición, el tratamiento de personas menores de edad y la coordinación entre las autoridades judiciales y administrativas competentes; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Rosa Torres para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica de Extradición. Al inicio de la sesión intervino Jhajaira Urresta, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer y resolver sobre las amenazas, actos de violencia y presuntos atentados contra la vida e integridad personal de los asambleístas en el ejercicio de sus funciones legislativas y de fiscalización, así como disponer el respaldo institucional del Pleno a sus integrantes, solicitud que fue aprobada con 142 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

Sesion 112, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

001_CONVOCATORIA_SESION_078-A-AN-2025-2029_15-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_084-AN-2025-2029_PLENO_08-04-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció, analizó y resolvió sobre los informes anuales de labores correspondientes al período 2025 de varias autoridades de las funciones del Estado, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización y control político. En primer lugar, se conocieron los informes de la Procuraduría General del Estado y de la Defensoría Pública, relacionados con la defensa jurídica de los intereses del Estado, el patrocinio judicial, el asesoramiento legal a las instituciones públicas y el acceso a la justicia de las personas que requieren asistencia jurídica gratuita, con la intervención del asambleísta Edwin Jarrín, quien presentó las mociones para aprobar los informes no vinculantes elaborados por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, las cuales fueron aprobadas por el Pleno; posteriormente, intervino César Palacios, quien solicitó la rectificación de la votación correspondiente al informe de la Defensoría Pública, ratificándose su aprobación. A continuación, se conoció el informe anual de labores del fiscal general del Estado encargado, relacionado con la investigación de delitos, el ejercicio de la acción penal pública, la gestión de los procesos judiciales y el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General del Estado, con la intervención de Inés Alarcón, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante y exhortar a la institución a cumplir las recomendaciones formuladas, resolución que fue aprobada con 78 votos afirmativos. Seguidamente, se conoció el informe de labores del expresidente de la Función de Transparencia y Control Social, relacionado con la coordinación institucional, la promoción de la transparencia, la participación ciudadana y el control social, con la intervención de Lucía Pozo, cuya moción para aprobar el informe no vinculante fue aprobada con 78 votos afirmativos. Posteriormente, se analizó el informe anual de labores del contralor general del Estado, relacionado con el control de la utilización de los recursos públicos, la ejecución de auditorías, la determinación de responsabilidades y el fortalecimiento de los mecanismos de control gubernamental, con la intervención de Nathaly Farinango, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante, la cual obtuvo 80 votos afirmativos. A continuación, se conocieron los informes anuales de labores de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, relacionados con la organización y administración de los procesos electorales, la garantía de los derechos de participación política, la resolución de controversias electorales y el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de ambos organismos, con la intervención de Diana Jácome, quien presentó las respectivas mociones; el informe del Consejo Nacional Electoral fue aprobado con 77 votos afirmativos, mientras que el informe del Tribunal Contencioso Electoral fue aprobado con 79 votos afirmativos, con excepción de su numeral 6.2, disponiéndose además la implementación de recomendaciones institucionales y el seguimiento a las observaciones formuladas por la Asamblea Nacional. Finalmente, el Pleno conoció el informe anual de labores del expresidente del Consejo de la Judicatura, relacionado con la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, la gestión institucional, los procesos disciplinarios, la evaluación del desempeño y la eficiencia en la administración de justicia, con la intervención de Keevin Gallardo, quien presentó la moción para no aprobar el informe de labores correspondiente al período 2025, conforme a lo establecido en el informe no vinculante de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, resolución que fue aprobada con 139 votos afirmativos. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y posteriormente por Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional; actuaron en la Secretaría Giovanny Bravo, secretario general, y Jorge López, prosecretario general.

002_ACTA_094-A-AN-2025-2029_PLENO_27-05-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientado a fortalecer el sistema de administración de justicia mediante mecanismos de prevención y control de la corrupción judicial, pruebas de confianza y vigilancia patrimonial a los operadores de justicia, transparencia en las audiencias, regulación de los concursos de selección de jueces, fortalecimiento del régimen disciplinario, modernización tecnológica, implementación del expediente electrónico y ampliación del acceso a la justicia mediante los juzgados de paz. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, quien expuso los principales ejes de la reforma y destacó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y recuperar la confianza ciudadana; Juan Reyes, quien respaldó la propuesta y enfatizó la importancia de contar con reglas claras, concursos meritocráticos y una justicia transparente; Steven Ordóñez, quien abordó los problemas de inseguridad y las deficiencias del sistema judicial en la provincia de El Oro, planteando ampliar las pruebas de confianza, fortalecer la protección de jueces y fiscales y establecer controles patrimoniales; Nathaly Farinango, quien destacó la necesidad de combatir la corrupción judicial, garantizar la publicidad de las audiencias y fortalecer los juzgados de paz; Roque Ordóñez, quien expresó observaciones sobre el tratamiento de los proyectos unificados, la falta de presupuesto, el déficit de operadores judiciales y los posibles riesgos para la independencia judicial; y Paola Jaramillo, quien respaldó la aplicación permanente de pruebas de confianza y el control del incremento patrimonial de jueces y fiscales. Finalizadas las intervenciones, se cerró el debate y se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue instalada bajo la presidencia de Niels Olsen y posteriormente fue dirigida por Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, con la actuación de Giovanny Bravo como secretario general.

003_ACTA_095-AN-2025-2029_PLENO_27-05-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es fortalecer la protección integral de los menores de edad frente a su captación por organizaciones criminales, mediante el establecimiento de mecanismos de prevención, detección temprana, protección de víctimas, endurecimiento de sanciones contra los responsables, reserva de identidad, acompañamiento psicológico, reinserción social y educativa, fortalecimiento de la seguridad en entornos escolares y digitales, así como la coordinación entre las instituciones del Estado. Previamente, en comisión general, se recibió a Luis Fernández-Salvador, presidente de la Fundación Identidad Nacional Casa Ecuador, quien fue condecorado por su trayectoria y aportes al desarrollo cultural, económico y a la proyección internacional del país. Durante el debate intervinieron los asambleístas Diana Jácome, Julio Lasso, Otto Vera, Sergio Peña, Andrés Castillo, Verónica Iñiguez, Luigi García, Juan Reyes, Annabella Azín, Pamela Aguirre, Rebeca Veloz, Janeth Cabezas, Ana Tapia, Isaac Solano, Esperanza Rogel, Jhajaira Urresta, Gerardo Machado, Milton Aguas, Camila León, Ricardo Patiño, Álex Morán, Keevin Gallardo, Fricson George, Marcelo Guschmer, Pablo Jurado y Katherine Pacheco, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de proteger a la niñez y adolescencia frente al crimen organizado, fortalecer la educación, la salud mental, el deporte y las oportunidades de desarrollo, así como garantizar recursos económicos, personal especializado y mecanismos efectivos de prevención y atención a las víctimas. Durante las intervenciones se plantearon diferentes posiciones sobre las causas del reclutamiento, la responsabilidad del Estado, la efectividad de las medidas de seguridad y la necesidad de complementar las sanciones penales con políticas sociales y educativas. Concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue presidida por Niels Olsen, con la participación de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quienes asumieron temporalmente la dirección de la sesión; actuó como secretario general Giovanny Bravo.

001_CONVOCATORIA_SESION_096-AN-2025-2029_31-05-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, con el propósito de fortalecer la autonomía territorial, la descentralización administrativa y el acceso a los servicios públicos, considerando la voluntad expresada por la ciudadanía en consulta popular, así como la necesidad de garantizar una transición institucional, financiera y administrativa que no afecte al cantón Eloy Alfaro. En este debate intervinieron los asambleístas Samuel Celleri, John Polanco, Pablo Jurado, Lizardo Casanova, Lucía Pozo, Milton Aguas, Janeth Cabezas y Karolina Dueñas, quienes expusieron sus criterios sobre la creación del nuevo cantón, la distribución de recursos económicos, activos y pasivos, la delimitación territorial y la continuidad de los servicios públicos; concluido el debate, el proyecto retornó a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Industria Audiovisual, con las intervenciones de Carlos Dávila y Sergio Peña, quienes explicaron las razones para archivar la iniciativa, considerando que las disposiciones reglamentarias vigentes y sus reformas permitirían atender las necesidades del sector audiovisual, facilitar la inversión y evitar la duplicidad normativa; la moción de archivo fue aprobada con 89 votos afirmativos. Asimismo, se conoció el informe anual de labores del presidente de la República y, mediante moción presentada por Juan Reyes, se aprobó por unanimidad designar a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control para su análisis y elaboración del informe correspondiente. Al inicio de la sesión intervinieron Ana Tapia, Nuria Butiñá e Inés Alarcón, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el respaldo al Botón Violeta del ECU 911 para la protección de las mujeres frente a la violencia, la revisión de las disposiciones sobre la apertura del catastro minero y la protección de Cerro Azul, y el reconocimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general se entregó una condecoración al artista chino Bao Lingxing, con la intervención del embajador Sun Xiangyang, quien destacó el intercambio cultural entre Ecuador y China. La sesión fue presidida por Niels Olsen, con la participación de Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien asumió temporalmente la dirección de la sesión; actuó como secretario general Giovanny Bravo. Se identificó la participación del asambleísta principalizado Carlos Dávila, sin que el acta registre otras principalizaciones durante la sesión

002_INFORME_DEL_PARA_PRIMER_DEBATE_DEL_COPCI_28-05-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante de la objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera, presentado por el Ejecutivo, con el propósito de fortalecer la formación financiera de la ciudadanía desde la educación inicial hasta la educación superior, incluir modalidades de educación formal y no formal, promover el ahorro, la inversión, la administración responsable de los recursos económicos y prevenir el sobreendeudamiento. En este debate intervinieron los asambleístas John Polanco, Juan Reyes y Cecilia Baltazar, quienes expusieron los alcances de la normativa y las observaciones del Ejecutivo, tras lo cual se aprobó con 89 votos afirmativos la moción de allanamiento a la objeción parcial de los considerandos sexto, octavo, noveno y decimoséptimo, así como de los artículos 1, 2 y 3 del proyecto de ley; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. A continuación, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, orientado a agilizar los procedimientos aduaneros para la gestión de mercancías y contenedores en estado de abandono, descongestionar los terminales portuarios, establecer plazos y responsabilidades para su inventario, avalúo, adjudicación, subasta, destrucción o disposición final, reducir los costos logísticos, fortalecer el control aduanero y garantizar la transparencia en el destino de los bienes. Durante este debate intervinieron los asambleístas Diego Franco, Alejandro Lara, Sergio Peña, Luis Molina, Adrián Castro, Janina Rizzo y Marcelo Guschmer, quienes expusieron sus criterios sobre la modernización de los procedimientos aduaneros, la competitividad del comercio exterior, la entrega de mercancías abandonadas a instituciones y sectores vulnerables, la necesidad de garantizar mecanismos de control y trazabilidad de los bienes, así como la implementación de herramientas tecnológicas para transparentar los procesos de adjudicación y subasta; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa para la elaboración del informe para segundo debate. Al inicio de la sesión intervinieron Luigi García, Carolina Escobar y Mario Zambrano, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el reconocimiento de la importancia estratégica de la construcción de la sede del Museo Nacional del Ecuador, los resultados económicos alcanzados por el país y las acciones para fortalecer las oportunidades de desarrollo, y el conocimiento de la Operación Victoria contra una red transnacional de tráfico de armas y explosivos, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. La sesión fue presidida por Niels Olsen, con la participación de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien asumió temporalmente la dirección de la sesión; actuó como secretario general Giovanny Bravo.

003_ACTA_098-AN-2025-2029_PLENO_08-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció las solicitudes de cambio del orden del día presentadas por los asambleístas Besibell Mendoza, quien planteó reconocer las inversiones públicas en educación superior, infraestructura educativa y programas de empleo y emprendimiento en la provincia de Manabí; Keevin Gallardo, quien propuso respaldar la reestructuración del Estado para optimizar los recursos públicos y modernizar la gestión institucional; y Jadira Bayas, quien solicitó reconocer los avances en la recuperación de la infraestructura vial del país, especialmente del corredor Santo Domingo-Las Mercedes-Los Bancos, siendo aprobadas las solicitudes de Besibell Mendoza y Jadira Bayas, mientras que la propuesta de Keevin Gallardo no obtuvo los votos necesarios. Posteriormente, en comisión general, intervino Niels Olsen, quien presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia de la Asamblea Nacional; en aplicación de las disposiciones constitucionales y legales sobre la sucesión de autoridades legislativas, Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, tomó juramento y posesionó a Mishel Mancheno como presidenta de la Asamblea Nacional, quien intervino para expresar su compromiso de dar continuidad a la gestión institucional. A continuación, el Pleno conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización del caso Sucre-Foglocons, relacionado con presuntas irregularidades en operaciones comerciales y financieras efectuadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), con las intervenciones de los asambleístas Ana Tapia, Héctor Rodríguez y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre las investigaciones realizadas, las actuaciones de las instituciones de control, las posibles responsabilidades de los involucrados y la necesidad de actualizar el informe de fiscalización; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la resolución que dispone a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político actualizar y ampliar el informe en un plazo máximo de 60 días, incorporando nueva información y verificando el cumplimiento de sus recomendaciones. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, orientado a actualizar la normativa penal mediante la incorporación de nuevos tipos penales, la revisión de sanciones y el fortalecimiento de las disposiciones relacionadas con la extorsión, el crimen organizado, la corrupción, los delitos contra la propiedad, la violencia sexual, los delitos informáticos, la protección de datos y la seguridad del Estado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, Cristian Benavides, Juan Reyes, Saadin Serrano, Sergio Peña, Liliana Durán, Mariana Yumbay, Keevin Gallardo, Marco Olmedo, Inés Alarcón, Edwin Jarrín, Mireya Pazmiño, Adrián Castro y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el endurecimiento de las penas, la tipificación de nuevas conductas delictivas, la independencia judicial, la protección de las víctimas, la seguridad jurídica, las garantías constitucionales y la necesidad de complementar las reformas penales con medidas de prevención y fortalecimiento institucional; finalizado el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, en calidad de primera vicepresidenta y posteriormente como presidenta de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul en la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_REMISION_INFORME_SOBRE_DE_LA_DENUNCIA_DEL_TRATADO_CONSTITUTIVO_DEL_SUCRE_03-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe de aprobación de la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), mediante el cual se analizó la participación del Ecuador en este mecanismo de compensación comercial, su funcionamiento, las operaciones financieras realizadas, los recursos públicos comprometidos y los aspectos jurídicos y económicos relacionados con la salida del país del tratado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Jaramillo, Bertha Vélez, Saadin Serrano, Johnny Lavayen, Arisdely Parrales, Keevin Gallardo, Doménica Escobar y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre la continuidad del mecanismo de integración regional, la protección de los recursos públicos, las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras y las consecuencias de la denuncia del tratado; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por Lucía Jaramillo para aprobar la denuncia del tratado y disponer las notificaciones correspondientes al Ejecutivo, mientras que la reconsideración solicitada fue negada. Posteriormente, se conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, orientado a prevenir y sancionar la utilización indebida de uniformes, insignias y distintivos de las instituciones de seguridad por parte de personas vinculadas a actividades delictivas, así como fortalecer los mecanismos de control y protección de la identidad institucional. En este debate intervinieron los asambleístas Jhajaira Urresta, Camila León, Juan Gonzaga, Gerardo Machado, John Polanco, Marcos Alvarado, Inés Alarcón, Andrés Castillo y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir la suplantación de identidad de los miembros de la fuerza pública, establecer sanciones para el uso delictivo de uniformes y garantizar el respeto a los derechos constitucionales y la transparencia institucional; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Jhajaira Urresta para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley, mientras que su reconsideración fue negada. A continuación, se conoció el informe no vinculante sobre la objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, con la intervención de Evelyn Zambrano, quien explicó las observaciones presentadas por el Ejecutivo y destacó la importancia de fortalecer la prevención, detección temprana y atención de los problemas de salud mental de niñas, niños y adolescentes, mediante la coordinación entre las instituciones de salud, educación y protección integral; concluido el debate, se aprobó por unanimidad el allanamiento total a la objeción parcial presentada por el Ejecutivo. Al inicio de la sesión intervinieron Andrés Castillo, Adrián Castro y Marcelo Guschmer, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con los resultados de los operativos contra el crimen organizado durante el toque de queda, el reconocimiento de la iniciativa Business Future of the Americas para promover la inversión y el desarrollo económico, y el programa de becas nacionales Jóvenes del Nuevo Ecuador, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general se entregaron condecoraciones a la deportista Karla Jaramillo y al entrenador Miguel Delgado por sus aportes al deporte ecuatoriano. Se registró la principalización de Rebeca Ríos, alterna del asambleísta Jorge Guevara, y consta la participación de Evelyn Zambrano en calidad de asambleísta principalizada. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Samuel Celleri, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa, y Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quienes asumieron la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_101-A-AN-2025-2029_07-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, orientado a establecer un marco normativo para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento de esta enfermedad, mediante la promoción de hábitos alimentarios saludables, actividad física, educación nutricional, atención médica integral, protección contra la discriminación y coordinación entre las instituciones del Estado. Durante el debate intervinieron los asambleístas Juan Reyes, Liliana Durán, Camila Cueva, Eliana Correa, Ana Guim, Sergio Peña, Gustavo Mateus, Diego Matovelle, Cristina Acuña, Keevin Gallardo, Hermel Campos, Fabiola Sanmartín, Inés Alarcón, Boris Andrade, Rosa Torres, Cristina Jácome, Álex Morán y María Molina, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reconocer la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial, fortalecer la atención integral y multidisciplinaria, garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud, incorporar a los profesionales de nutrición en los equipos médicos, promover la educación alimentaria desde la infancia, mejorar el etiquetado nutricional de los productos procesados y ultraprocesados, regular la publicidad de alimentos dirigida a niñas, niños y adolescentes, prevenir la discriminación y establecer mecanismos claros de financiamiento, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Asimismo, se planteó la importancia de garantizar atención especializada a las mujeres embarazadas, fortalecer la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, promover entornos escolares saludables y asegurar que la normativa contemple obligaciones institucionales concretas y mecanismos efectivos para garantizar los derechos de las personas con obesidad. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

003_ACTA_102-AN-2025-2029_PLENO_23-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_103-AN-2025-2029_22-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), regular las aportaciones estatales y de los afiliados, proteger las prestaciones de los militares en servicio activo y pasivo y sus familias, y cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Marcos Alvarado, Naila Quintana, Ricardo Patiño, Christopher Jaramillo, Patricia Núñez, Pablo Jurado, Rubén Barberán y Jhajaira Urresta, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, los derechos adquiridos de los afiliados, el régimen de jubilaciones y pensiones, la responsabilidad del Estado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del ISSFA sin afectar los derechos de sus beneficiarios; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento Artesanal, con la intervención del asambleísta Alejandro Lara, quien explicó las observaciones identificadas durante el tratamiento de los proyectos unificados, relacionadas con la necesidad de actualizar el marco normativo del sector artesanal, garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los artesanos y fortalecer su desarrollo económico y productivo; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la moción presentada por Alejandro Lara para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a diversas personas naturales y jurídicas, en el marco de los procesos de contratación para la generación eléctrica y las investigaciones relacionadas con el destino de los recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Ana Tapia, Mireya Pazmiño, Juan Reyes, Blasco Luna, Esteban Torres, Pamela Aguirre, Adrián Castro, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Ana Yela, María Villacreses, César Palacios, Álex Morán, Mariana Yumbay, Christopher Jaramillo, Keevin Gallardo, Juan González, Mauricio Ordóñez, Ricardo Patiño y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre la trazabilidad de las transferencias financieras, la identificación de los beneficiarios, las actuaciones de las instituciones competentes, las posibles responsabilidades derivadas de los contratos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y recuperación de los recursos públicos; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Ana Tapia, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de fiscalización sobre la ruta de los fondos entregados por Progen y presente un informe con sus conclusiones y recomendaciones en el plazo de 30 días, además de remitir la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervinieron Mauricio Ordóñez, Ana Tapia y Jhajaira Urresta, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el respaldo institucional a los servidores policiales que enfrentan procesos o sanciones derivados de procedimientos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones, la investigación de la ruta de los fondos de Progen y el análisis de los proyectos paralizados o con avance deficiente en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la asignación de recursos públicos para el subsidio del transporte, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general intervino Martha Chaves, representante de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Chaves, institución que recibió una condecoración y reconocimientos para sus estudiantes y un docente. Se registró la principalización de Nery Merizalde, alterno del asambleísta Johnny Terán. La sesión fue presidida por Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_105-AN-2025-2029_PLENO_02-07-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, orientado a fortalecer la protección de los usuarios del sistema financiero nacional mediante la regulación de los intereses de mora, el establecimiento de facilidades de pago y mecanismos de refinanciamiento de créditos, la protección de los ahorros de los depositantes y socios de cooperativas, la restitución de recursos en procesos de liquidación forzosa de entidades financieras, el fortalecimiento de la transparencia y supervisión del sistema financiero y la modernización de los mecanismos de compensación y liquidación del mercado de valores. Durante el debate intervinieron los asambleístas Nathaly Farinango, Steve Villacrés, José Vallejo, Saadin Serrano, Juan Reyes, Mónica Alemán, Carmen Tiupul, Mireya Pazmiño, Hernán Zapata, Adrián Castro, Sergio Peña, Juan Gonzaga, Marco Olmedo, Naomi Valladares, Wilson Lozano, Katherine Pacheco, Mario Zambrano y Mariana Yumbay, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de garantizar la devolución de los ahorros de las personas afectadas por el cierre de cooperativas y entidades financieras, establecer procedimientos claros y transparentes para la liquidación de instituciones financieras, regular el cálculo y cobro de intereses de mora, prevenir el sobreendeudamiento, facilitar el acceso al crédito, proteger los derechos de los depositantes y deudores, fortalecer los mecanismos de control y supervisión y garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema financiero. Asimismo, se plantearon observaciones sobre la prelación de pagos a los acreedores, la responsabilidad de los organismos de control, la sostenibilidad financiera de las entidades y la pertinencia de determinadas disposiciones incorporadas al proyecto, así como la necesidad de profundizar el análisis técnico de las reformas para evitar contradicciones normativas y garantizar su aplicación. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_10-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, orientado a fortalecer la protección de los ecosistemas marinos y costeros, regular el uso sostenible de los recursos naturales, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y garantizar la conservación de las zonas de rompientes y la biodiversidad marina. Durante este debate intervinieron los asambleístas Camila León, Verónica Iñiguez, Franklin Samaniego y Ana Tapia, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, la protección de los derechos de la naturaleza, el principio precautorio, las competencias institucionales, la regulación de las actividades productivas en el espacio marino-costero y la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de conservación ambiental; concluido el debate, se aprobaron con 84 votos afirmativos cada una de las dos partes de la moción presentada por Camila León, mediante las cuales el Pleno resolvió allanarse parcialmente a las objeciones formuladas por el Ejecutivo y ratificarse en el texto originalmente aprobado por la Asamblea Nacional respecto del artículo 14. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para una Caracterización Acuícola Pesquera a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, orientado a establecer una clasificación diferenciada de las actividades acuícolas y pesqueras según su escala, características productivas y ubicación territorial, con el propósito de facilitar la formulación de políticas públicas, el acceso a incentivos económicos, financiamiento y asistencia técnica, fortalecer los controles sanitarios, mejorar los sistemas de información y promover el desarrollo sostenible del sector. Previamente, en comisión general, intervino Roberto Saltos, productor piscícola de la provincia de Sucumbíos, quien expuso las necesidades de los pequeños y medianos productores y la importancia de reconocer las particularidades de la piscicultura continental. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janina Rizzo, Bertha Vélez, Juan Gonzaga, Saadin Serrano, Sara Cabrera, Mario Zambrano, Guillermo Báez, Besibell Mendoza, Nuria Butiñá y Sergio Peña, quienes presentaron sus criterios y observaciones sobre la diferenciación entre la pesca artesanal e industrial, el reconocimiento de la acuicultura familiar y de pequeña escala, la protección de los manglares y recursos hidrobiológicos, la conservación de los ecosistemas de Galápagos, el fortalecimiento del control sanitario, la regulación de las actividades productivas, la seguridad jurídica, el acceso al crédito y la necesidad de establecer mecanismos de control ambiental que permitan el desarrollo del sector sin afectar los derechos de la naturaleza ni la soberanía alimentaria; debido a que el debate continuaba pendiente, se suspendió el tratamiento del proyecto para su posterior continuación. Al inicio de la sesión intervino Lucía Pozo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para declarar de interés nacional y expresar el respaldo institucional de la Asamblea Nacional a la implementación del Polo de Desarrollo de Tulcán, en la provincia del Carchi, como iniciativa destinada a promover la inversión, la productividad, el comercio, la generación de empleo y el desarrollo económico de la frontera norte, solicitud que fue aprobada por unanimidad e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_RESUMEN EJECUTIVO_SESION_107-A-AN-2025-2029_16-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para una Caracterización Acuícola Pesquera a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, orientado a establecer una clasificación diferenciada de las actividades acuícolas y pesqueras, fortalecer la protección de los pequeños y medianos productores, promover el acceso al crédito, la asistencia técnica y los incentivos productivos, así como garantizar la sostenibilidad ambiental y la conservación de los recursos naturales. Durante el debate intervinieron las asambleístas Ana Raffo, Nuvia Vega, Verónica Iñiguez, Arisdely Parrales y Milton Aguas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la diferenciación entre la pesca artesanal e industrial, la protección del suelo agrícola y las fuentes de agua dulce, la conservación de los manglares y los ecosistemas de Galápagos, la regulación de las actividades camaroneras, el fortalecimiento de los controles sanitarios y ambientales, la protección de los pescadores artesanales y la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento y asistencia técnica adaptados a las particularidades de cada territorio; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la declaratoria del 13 de julio de cada año como el Día del Rotario Ecuatoriano, con la intervención de la asambleísta Janina Rizzo, quien destacó la trayectoria de Rotary en el Ecuador y sus aportes en materia de salud, educación, acceso al agua potable, cooperación comunitaria y desarrollo social; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la resolución presentada para reconocer la labor de esta organización. A continuación, se conoció y debatió la propuesta para declarar de interés nacional y expresar el respaldo institucional de la Asamblea Nacional a la implementación del Polo de Desarrollo de Tulcán, en la provincia del Carchi, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Cristian Benavides, José Vallejo, Samuel Celleri, Juan Gonzaga, Comps Córdova y Pablo Jurado, quienes expusieron sus criterios sobre la importancia de promover la inversión pública y privada, la generación de empleo, la industrialización de productos agrícolas y lácteos, el fortalecimiento del comercio fronterizo, la conectividad vial, la cooperación internacional y la articulación entre las instituciones públicas, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector productivo para impulsar el desarrollo económico de la región norte del país; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la resolución presentada por Lucía Pozo, mediante la cual se declaró de interés nacional la implementación del Polo de Desarrollo de Tulcán, se expresó el respaldo institucional de la Asamblea Nacional y se exhortó a las entidades competentes a coordinar las acciones necesarias para su ejecución. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

003_ACTA_107-A-AN-2025-2029_PLENO_16-07-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para una Caracterización Acuícola Pesquera a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, orientado a establecer una clasificación diferenciada de las actividades acuícolas y pesqueras, fortalecer la protección de los pequeños y medianos productores, promover el acceso al crédito, la asistencia técnica y los incentivos productivos, así como garantizar la sostenibilidad ambiental y la conservación de los recursos naturales. Durante el debate intervinieron las asambleístas Ana Raffo, Nuvia Vega, Verónica Iñiguez, Arisdely Parrales y Milton Aguas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la diferenciación entre la pesca artesanal e industrial, la protección del suelo agrícola y las fuentes de agua dulce, la conservación de los manglares y los ecosistemas de Galápagos, la regulación de las actividades camaroneras, el fortalecimiento de los controles sanitarios y ambientales, la protección de los pescadores artesanales y la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento y asistencia técnica adaptados a las particularidades de cada territorio; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la declaratoria del 13 de julio de cada año como el Día del Rotario Ecuatoriano, con la intervención de la asambleísta Janina Rizzo, quien destacó la trayectoria de Rotary en el Ecuador y sus aportes en materia de salud, educación, acceso al agua potable, cooperación comunitaria y desarrollo social; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la resolución presentada para reconocer la labor de esta organización. A continuación, se conoció y debatió la propuesta para declarar de interés nacional y expresar el respaldo institucional de la Asamblea Nacional a la implementación del Polo de Desarrollo de Tulcán, en la provincia del Carchi, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Cristian Benavides, José Vallejo, Samuel Celleri, Juan Gonzaga, Comps Córdova y Pablo Jurado, quienes expusieron sus criterios sobre la importancia de promover la inversión pública y privada, la generación de empleo, la industrialización de productos agrícolas y lácteos, el fortalecimiento del comercio fronterizo, la conectividad vial, la cooperación internacional y la articulación entre las instituciones públicas, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector productivo para impulsar el desarrollo económico de la región norte del país; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la resolución presentada por Lucía Pozo, mediante la cual se declaró de interés nacional la implementación del Polo de Desarrollo de Tulcán, se expresó el respaldo institucional de la Asamblea Nacional y se exhortó a las entidades competentes a coordinar las acciones necesarias para su ejecución. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_109-AN-2025-2029_19-07-2026.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el análisis del informe anual de labores presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, en el que se examinaron los resultados de la gestión gubernamental en materia económica, seguridad, empleo, inversión, educación, salud, infraestructura, finanzas públicas y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, con las intervenciones de los asambleístas Hernán Zapata, Ricardo Patiño, Adrián Castro, José Vallejo, Sergio Peña, Mónica Alemán, Janina Rizzo, Liliana Durán, Jorge Chamba, Héctor Rodríguez y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre los indicadores económicos y sociales, la ejecución presupuestaria, las políticas de seguridad, la generación de empleo, la inversión pública y privada, el acceso a los servicios básicos y los resultados de la gestión del Ejecutivo, planteando diferentes posiciones respecto del cumplimiento de los objetivos gubernamentales y la información presentada; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Hernán Zapata para aprobar el contenido del análisis del informe de labores y notificar la resolución a la Presidencia de la República. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, orientado a establecer un marco jurídico que garantice la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), regular las aportaciones, fortalecer la autonomía institucional, proteger los fondos de seguridad social y garantizar las prestaciones de salud, jubilación, cesantía y demás beneficios de los servidores policiales en servicio activo y pasivo y sus familias, en cumplimiento de los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Naila Quintana, Christopher Jaramillo, Marcos Alvarado, Sergio Peña y John Polanco, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, la sostenibilidad de las pensiones, la protección de los recursos institucionales, la representación de los servidores policiales en los órganos de administración, la transparencia en la gestión del ISSPOL y la necesidad de garantizar una atención médica oportuna y prestaciones adecuadas para sus afiliados; concluido el primer debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Al inicio de la sesión intervinieron Esperanza Rogel, Christopher Jaramillo y Marco Olmedo, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con la solidaridad hacia las víctimas del aluvión ocurrido en Zamora Chinchipe y el reconocimiento a los organismos de rescate, la inversión en infraestructura hídrica y saneamiento en Santo Domingo de los Tsáchilas, y el análisis de la gestión de la banca pública para impulsar el desarrollo económico y productivo del país, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_LEY_ISSPOL_07-07-26.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el análisis del informe anual de labores presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, en el que se examinaron los resultados de la gestión gubernamental en materia económica, seguridad, empleo, inversión, educación, salud, infraestructura, finanzas públicas y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, con las intervenciones de los asambleístas Hernán Zapata, Ricardo Patiño, Adrián Castro, José Vallejo, Sergio Peña, Mónica Alemán, Janina Rizzo, Liliana Durán, Jorge Chamba, Héctor Rodríguez y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre los indicadores económicos y sociales, la ejecución presupuestaria, las políticas de seguridad, la generación de empleo, la inversión pública y privada, el acceso a los servicios básicos y los resultados de la gestión del Ejecutivo, planteando diferentes posiciones respecto del cumplimiento de los objetivos gubernamentales y la información presentada; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Hernán Zapata para aprobar el contenido del análisis del informe de labores y notificar la resolución a la Presidencia de la República. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, orientado a establecer un marco jurídico que garantice la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), regular las aportaciones, fortalecer la autonomía institucional, proteger los fondos de seguridad social y garantizar las prestaciones de salud, jubilación, cesantía y demás beneficios de los servidores policiales en servicio activo y pasivo y sus familias, en cumplimiento de los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Naila Quintana, Christopher Jaramillo, Marcos Alvarado, Sergio Peña y John Polanco, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, la sostenibilidad de las pensiones, la protección de los recursos institucionales, la representación de los servidores policiales en los órganos de administración, la transparencia en la gestión del ISSPOL y la necesidad de garantizar una atención médica oportuna y prestaciones adecuadas para sus afiliados; concluido el primer debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Al inicio de la sesión intervinieron Esperanza Rogel, Christopher Jaramillo y Marco Olmedo, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con la solidaridad hacia las víctimas del aluvión ocurrido en Zamora Chinchipe y el reconocimiento a los organismos de rescate, la inversión en infraestructura hídrica y saneamiento en Santo Domingo de los Tsáchilas, y el análisis de la gestión de la banca pública para impulsar el desarrollo económico y productivo del país, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

001_CONVOCATORIA_SESION_111-AN-2025-2029_27-06-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, orientado a establecer un marco jurídico para regular el acceso a los tratamientos de fertilidad, garantizar los derechos de las personas que recurren a estos procedimientos y proteger el interés superior de las niñas y niños concebidos mediante estas técnicas, mediante disposiciones sobre la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la donación y crioconservación de gametos y embriones, el consentimiento informado, la filiación, la protección de la identidad genética, la prohibición de la gestación por sustitución y la comercialización de material reproductivo, así como la creación de mecanismos de control sanitario y supervisión de los establecimientos especializados. Previamente, en comisión general, intervinieron Martha Villafuerte, directora de Familia Ecuador, y Víctor Valle, presidente de la Fundación Dignidad y Derecho, quienes presentaron observaciones sobre la protección de la vida desde la concepción, el derecho a la identidad biológica, la objeción de conciencia, la medicina restaurativa de la fertilidad y la necesidad de establecer disposiciones claras sobre la protección de los embriones y el acceso a los tratamientos. Durante el debate intervinieron los asambleístas Juan Reyes, Victoria Desintonio, Jorge Tamayo, Janeth Cabezas, Fabiola Sanmartín, Saadin Serrano, Alejandro Vanegas, Bertha Vélez y Ana Herrera, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional, el acceso equitativo a los servicios de reproducción humana asistida, la protección de los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía de las personas, el reconocimiento de los diversos tipos de familia, la regulación de los establecimientos médicos, la protección de los datos genéticos, el destino de los embriones, la filiación de los hijos nacidos mediante estas técnicas, los posibles riesgos médicos, la objeción de conciencia y la necesidad de garantizar el financiamiento y la participación del sistema público de salud en la prestación de estos servicios. Durante las intervenciones se plantearon diferentes posiciones respecto de la protección de los embriones, los requisitos de acceso a los procedimientos, los derechos de las personas nacidas mediante reproducción asistida y la necesidad de precisar determinadas disposiciones del proyecto para garantizar su aplicación y evitar vacíos normativos. Debido a que el tratamiento del proyecto requería continuar con su análisis, se suspendió el debate sin que se sometiera a votación la aprobación del texto legislativo. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer y resolver sobre las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para fortalecer el crecimiento productivo, la inversión y la generación de empleo en el Ecuador, solicitud que fue aprobada con 78 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

002_RESUMEN EJECUTIVO_SESION_111-AN-2025-2029_29-07-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, orientado a establecer un marco jurídico para regular el acceso a los tratamientos de fertilidad, garantizar los derechos de las personas que recurren a estos procedimientos y proteger el interés superior de las niñas y niños concebidos mediante estas técnicas, mediante disposiciones sobre la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la donación y crioconservación de gametos y embriones, el consentimiento informado, la filiación, la protección de la identidad genética, la prohibición de la gestación por sustitución y la comercialización de material reproductivo, así como la creación de mecanismos de control sanitario y supervisión de los establecimientos especializados. Previamente, en comisión general, intervinieron Martha Villafuerte, directora de Familia Ecuador, y Víctor Valle, presidente de la Fundación Dignidad y Derecho, quienes presentaron observaciones sobre la protección de la vida desde la concepción, el derecho a la identidad biológica, la objeción de conciencia, la medicina restaurativa de la fertilidad y la necesidad de establecer disposiciones claras sobre la protección de los embriones y el acceso a los tratamientos. Durante el debate intervinieron los asambleístas Juan Reyes, Victoria Desintonio, Jorge Tamayo, Janeth Cabezas, Fabiola Sanmartín, Saadin Serrano, Alejandro Vanegas, Bertha Vélez y Ana Herrera, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional, el acceso equitativo a los servicios de reproducción humana asistida, la protección de los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía de las personas, el reconocimiento de los diversos tipos de familia, la regulación de los establecimientos médicos, la protección de los datos genéticos, el destino de los embriones, la filiación de los hijos nacidos mediante estas técnicas, los posibles riesgos médicos, la objeción de conciencia y la necesidad de garantizar el financiamiento y la participación del sistema público de salud en la prestación de estos servicios. Durante las intervenciones se plantearon diferentes posiciones respecto de la protección de los embriones, los requisitos de acceso a los procedimientos, los derechos de las personas nacidas mediante reproducción asistida y la necesidad de precisar determinadas disposiciones del proyecto para garantizar su aplicación y evitar vacíos normativos. Debido a que el tratamiento del proyecto requería continuar con su análisis, se suspendió el debate sin que se sometiera a votación la aprobación del texto legislativo. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer y resolver sobre las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para fortalecer el crecimiento productivo, la inversión y la generación de empleo en el Ecuador, solicitud que fue aprobada con 78 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

001_CONVOCATORIA_SESION_112-AN-2025-2029_31-07-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

001_CONVOCATORIA_SESION_113-AN-2025-2029_02-08-26.eml conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente, orientado a fortalecer la política pública frente al cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la implementación de mecanismos de mitigación y adaptación, la regulación de los mercados de carbono, el acceso al financiamiento climático internacional, la protección de los derechos de la naturaleza, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la atención de las pérdidas y daños ocasionados por fenómenos climáticos extremos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Katherine Pacheco, Lizardo Casanova, José Nantipia, Milton Aguas, Franklin Samaniego, Sergio Peña, Verónica Iñiguez, Keevin Gallardo, Comps Córdova y Nuvia Vega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la conservación de la biodiversidad, la protección de la Amazonía y los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la regulación de los mecanismos de compensación de emisiones, las salvaguardas ambientales y la necesidad de garantizar transparencia y seguridad jurídica en el financiamiento climático; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos, 60 negativos y tres abstenciones la moción presentada por Katherine Pacheco para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley. Posteriormente, el Pleno conoció en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Libros I, II y III, orientado a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, actualizar las disposiciones relacionadas con sus derechos, la responsabilidad parental, la tenencia compartida, las pensiones alimenticias, la adopción, la educación inclusiva, la protección frente a la violencia y los delitos cometidos mediante medios digitales, así como la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad y el fortalecimiento de los mecanismos de atención durante la primera infancia. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rebeca Veloz, Nathaly Farinango, Ricardo Patiño, Pablo Jurado, Arisdely Parrales, Diana Jácome, Roñal González, Janeth Cabezas, Mireya Pazmiño, Pamela Aguirre, Blasco Luna, Esteban Torres, Alejandro Vanegas y Nuria Butiñá, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la protección del interés superior del niño, el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, la vigencia de las boletas de apremio, la responsabilidad económica de los progenitores y sus familiares, los criterios para establecer la tenencia compartida, la prevención de la violencia familiar y digital, la protección de los menores de edad frente a intervenciones médicas para la modificación del sexo biológico, el acceso a la educación y la salud, la regulación del trabajo adolescente y la necesidad de armonizar las reformas con la normativa vigente en materia de adopciones y derechos laborales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la ampliación de las licencias parentales, su financiamiento, la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia y la necesidad de incorporar disposiciones claras que garanticen la aplicación efectiva de la normativa. Debido a que existían observaciones pendientes y aspectos que requerían un análisis adicional, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

002_INFORME_DE_SEGUNDO_DEBATE_LORCOA_31-07-26.pdf conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente, orientado a fortalecer la política pública frente al cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la implementación de mecanismos de mitigación y adaptación, la regulación de los mercados de carbono, el acceso al financiamiento climático internacional, la protección de los derechos de la naturaleza, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la atención de las pérdidas y daños ocasionados por fenómenos climáticos extremos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Katherine Pacheco, Lizardo Casanova, José Nantipia, Milton Aguas, Franklin Samaniego, Sergio Peña, Verónica Iñiguez, Keevin Gallardo, Comps Córdova y Nuvia Vega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la conservación de la biodiversidad, la protección de la Amazonía y los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la regulación de los mecanismos de compensación de emisiones, las salvaguardas ambientales y la necesidad de garantizar transparencia y seguridad jurídica en el financiamiento climático; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos, 60 negativos y tres abstenciones la moción presentada por Katherine Pacheco para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley. Posteriormente, el Pleno conoció en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Libros I, II y III, orientado a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, actualizar las disposiciones relacionadas con sus derechos, la responsabilidad parental, la tenencia compartida, las pensiones alimenticias, la adopción, la educación inclusiva, la protección frente a la violencia y los delitos cometidos mediante medios digitales, así como la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad y el fortalecimiento de los mecanismos de atención durante la primera infancia. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rebeca Veloz, Nathaly Farinango, Ricardo Patiño, Pablo Jurado, Arisdely Parrales, Diana Jácome, Roñal González, Janeth Cabezas, Mireya Pazmiño, Pamela Aguirre, Blasco Luna, Esteban Torres, Alejandro Vanegas y Nuria Butiñá, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la protección del interés superior del niño, el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, la vigencia de las boletas de apremio, la responsabilidad económica de los progenitores y sus familiares, los criterios para establecer la tenencia compartida, la prevención de la violencia familiar y digital, la protección de los menores de edad frente a intervenciones médicas para la modificación del sexo biológico, el acceso a la educación y la salud, la regulación del trabajo adolescente y la necesidad de armonizar las reformas con la normativa vigente en materia de adopciones y derechos laborales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la ampliación de las licencias parentales, su financiamiento, la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia y la necesidad de incorporar disposiciones claras que garanticen la aplicación efectiva de la normativa. Debido a que existían observaciones pendientes y aspectos que requerían un análisis adicional, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

003_ACTA_114-AN-2025-2029_PLENO_12-08-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_115-AN-2025-2029_11-08-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_119-AN-2025-2029_28-08-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió respecto del informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP con las compañías Progen Industries LLC y Austral Technical Management SAS, con las intervenciones de Diana Jácome, Guido Mendoza, Jorge Chamba, Josefina Romero y Sergio Peña, quienes debatieron sobre las irregularidades identificadas en dichos contratos y la determinación de responsabilidades; concluido el debate, se aprobó con 80 votos afirmativos la moción presentada por Diana Jácome, mediante la cual se acogió el informe de fiscalización con sus conclusiones y recomendaciones y se dispuso su remisión a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para las acciones que correspondan. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge Enrique López Terán, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_DE_FISCALIZACION_PROGEN - AMT_19-12-25 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió respecto del informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP con las compañías Progen Industries LLC y Austral Technical Management SAS, con las intervenciones de Diana Jácome, Guido Mendoza, Jorge Chamba, Josefina Romero y Sergio Peña, quienes debatieron sobre las irregularidades identificadas en dichos contratos y la determinación de responsabilidades; concluido el debate, se aprobó con 80 votos afirmativos la moción presentada por Diana Jácome, mediante la cual se acogió el informe de fiscalización con sus conclusiones y recomendaciones y se dispuso su remisión a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para las acciones que correspondan. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge Enrique López Terán, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_VOTACION_SESION_119-AN-2025-2029_30-08-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió respecto del informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP con las compañías Progen Industries LLC y Austral Technical Management SAS, con las intervenciones de Diana Jácome, Guido Mendoza, Jorge Chamba, Josefina Romero y Sergio Peña, quienes debatieron sobre las irregularidades identificadas en dichos contratos y la determinación de responsabilidades; concluido el debate, se aprobó con 80 votos afirmativos la moción presentada por Diana Jácome, mediante la cual se acogió el informe de fiscalización con sus conclusiones y recomendaciones y se dispuso su remisión a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para las acciones que correspondan. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge Enrique López Terán, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

004_ACTA_119-AN-2025-2029_PLENO_30-08-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió respecto del informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP con las compañías Progen Industries LLC y Austral Technical Management SAS, con las intervenciones de Diana Jácome, Guido Mendoza, Jorge Chamba, Josefina Romero y Sergio Peña, quienes debatieron sobre las irregularidades identificadas en dichos contratos y la determinación de responsabilidades; concluido el debate, se aprobó con 80 votos afirmativos la moción presentada por Diana Jácome, mediante la cual se acogió el informe de fiscalización con sus conclusiones y recomendaciones y se dispuso su remisión a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para las acciones que correspondan. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge Enrique López Terán, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

ACTA_017-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate del proyecto de reforma penal para tipificar y juzgar los delitos cometidos en el servicio militar y policial, orientado a integrar la justicia militar y policial en la jurisdicción ordinaria, delimitar los delitos de función, diferenciar las conductas disciplinarias de las penales, establecer reglas de juzgamiento especializado y adecuar la normativa a los principios de igualdad, debido proceso y derechos humanos. María Paula Romo presentó el informe y defendió la unificación normativa; Paco Moncayo, Luis Almeida y Carlos Poveda plantearon observaciones sobre las particularidades de la actividad militar y policial, la obediencia debida, el tratamiento de conflictos armados, las minas, la proporcionalidad de las sanciones y el juzgamiento de violaciones de derechos humanos; mientras Tito Nilton Mendoza, Mauro Andino, Abdalá Bucaram, César Gracia, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Rodríguez, Carlos Samaniego y Mary Verduga respaldaron la eliminación de privilegios y el fortalecimiento de la unidad jurisdiccional. También intervinieron Yorinson Tenorio y Fernando Bustamante, quienes solicitaron incorporar medidas contra la discriminación, el racismo, el abuso de autoridad y las prácticas de espionaje ilegal; Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli formularon observaciones sobre el alcance del fuero, la participación de civiles en delitos de función y la precisión de las normas procesales. Posteriormente, se inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Abdalá Bucaram y Celso Maldonado, que planteaba fortalecer la rectoría estatal, organizar el sistema deportivo, promover la actividad física, la recreación, la educación física y el deporte de alto rendimiento, garantizar apoyo integral a las y los deportistas, regular la distribución de recursos públicos y exigir rendición de cuentas a las organizaciones deportivas. Durante el debate, Fernando Romo, Gabriel Rivera, Línder Altafuya, María Soledad Vela, Saruka Rodríguez, Xavier Tomalá, Eduardo Encalada, Zobeida Gudiño, María Cristina Kronfle, Luis Morales y Ramiro Terán formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de las ligas barriales, parroquiales, estudiantiles y universitarias, la distribución equitativa de recursos, el control de las federaciones, la inclusión de personas con discapacidad, el fortalecimiento de la educación física y la necesidad de diferenciar el deporte formativo, competitivo y recreativo; Marco Murillo intervino sobre el desarrollo del trámite. Finalmente, al quedar varias intervenciones pendientes, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto de ley en una próxima reunión.

ACTA_022-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció la respuesta del Ejecutivo a las observaciones formuladas a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual, ratificándose la Asamblea en que los fondos especiales destinados a determinados gobiernos autónomos descentralizados debían mantenerse vigentes y pagarse sin descontarlos de las asignaciones generales, así como en la redistribución de ochenta millones de dólares para modernizar la Función Judicial, financiar nuevos jueces y fortalecer los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia; intervinieron Betty Amores, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, Rafael Dávila y Armando Aguilar, quienes debatieron también sobre el endeudamiento, las proyecciones económicas, las asignaciones para educación, salud, jubilación docente y gobiernos locales. La resolución fue aprobada luego de la rectificación de la votación y se negó la reconsideración solicitada. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe fue presentado por Betty Carrillo y planteaba garantizar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, la regulación de contenidos, la protección de niñas, niños y adolescentes, la producción nacional, los derechos de periodistas y comunicadores, la desconcentración de la propiedad de medios, la transparencia de sus propietarios, el funcionamiento de medios públicos, privados y comunitarios, y la creación de mecanismos de regulación, vigilancia y participación ciudadana. Antes del debate se dio lectura al acuerdo suscrito por Fernando Cordero, Luis Morales, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Cynthia Viteri, César Montúfar y Abdalá Bucaram, orientado a garantizar la libertad de expresión sin censura previa, establecer responsabilidad ulterior, impedir la clausura o suspensión administrativa de medios y crear un Consejo de Comunicación autónomo e independiente. Durante el debate intervinieron Betty Carrillo, Paco Moncayo, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, César Rodríguez y Luis Morales; mientras Carrillo y Rodríguez defendieron la necesidad de una ley para democratizar el acceso a la comunicación, evitar monopolios y garantizar derechos ciudadanos, Moncayo, Cobo, Viteri y Morales expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, las facultades sancionadoras del Consejo y la suspensión de medios de comunicación. Finalmente, ante la falta de condiciones para continuar el debate, se suspendió el tratamiento del proyecto para retomarlo en una próxima sesión.

ACTA_031-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para incorporar un homenaje a la mujer ecuatoriana y a Tránsito Amaguaña, así como una propuesta para promover la igualdad real entre mujeres y hombres en los organismos públicos, iniciativas sustentadas por Henry Cuji y Nívea Vélez. También se realizó la presentación oficial de la Constitución de la República en kichwa, como instrumento de difusión de derechos y fortalecimiento de la interculturalidad, con la participación de Bernardo Chango Jerez, Pedro de la Cruz, José Caiza y César Guanolema. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, orientado a reorganizar los gobiernos autónomos descentralizados, definir competencias, fortalecer la descentralización, la participación ciudadana, los regímenes especiales, las circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y montubias, y establecer un modelo de distribución de recursos basado en la equidad territorial. Virgilio Hernández defendió la propuesta como un mecanismo para superar desigualdades históricas y garantizar recursos y competencias para todos los niveles de gobierno; Paco Moncayo respaldó el fortalecimiento del Estado y de los gobiernos locales; mientras Andrés Roche cuestionó posibles limitaciones a la autonomía y una excesiva vinculación de los planes locales con la planificación nacional. Jorge Escala, Cléver Jiménez, Luis Morales y Tomás Zevallos expresaron preocupaciones sobre la creación de tributos, la privatización de servicios públicos, la eliminación o congelamiento de recursos destinados a la Amazonía y los efectos de las disposiciones relacionadas con las Leyes 010, 047 y 122. Aminta Buenaño y María Soledad Vela propusieron incorporar normas de gestión de riesgos, prevención ante desastres, protección de grupos de atención prioritaria, niñez y adolescencia, y fortalecimiento de los mecanismos de igualdad. Rocío Valarezo, Juan Carlos Cassinelli, Kléver García y Alfredo Ortiz plantearon ajustes sobre competencias, fiscalización, transporte, expropiaciones, funciones de autoridades locales, financiamiento, Galápagos y recursos para juntas parroquiales. Guillermina Cruz solicitó aclarar la vigencia de los recursos amazónicos y revisar la distribución territorial; Carlos Velasco destacó la necesidad de combatir la pobreza y garantizar la gratuidad de salud y educación; y Eduardo Encalada respaldó una redistribución más equitativa de recursos y propuso ampliar beneficios tributarios para adquisición de vivienda. Finalmente, al no concluir el debate ni producirse una votación definitiva del proyecto, se suspendió la sesión para continuar su tratamiento en una próxima convocatoria.

ACTA_031-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, centrado en la definición de competencias, autonomía, planificación, participación ciudadana y distribución equitativa de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Edwin Vaca propuso una atención preferencial para las provincias fronterizas por la presencia de población refugiada y planteó impulsar una norma específica de desarrollo fronterizo; Paola Pabón, César Rodríguez, José Picoita, Mary Verduga, Gina Godoy y Armando Aguilar defendieron el Código como una herramienta para superar el centralismo, fortalecer las juntas parroquiales, ordenar competencias y establecer una distribución más justa de recursos. Gilmar Gutiérrez, Francisco Cisneros, Andrés Páez, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Francisco Ulloa y Nivea Vélez expresaron reparos sobre posibles limitaciones a la autonomía, la fórmula de redistribución, la creación de tributos, la delegación de servicios públicos y las disposiciones sobre expropiación de inmuebles para vivienda de interés social. Ángel Vilema solicitó reconocer los costos de insularidad de Galápagos; Xavier Tomalá y Jimmy Pinoargote plantearon mayores recursos y competencias para Santa Elena, particularmente por la explotación petrolera y el turismo; Rafael Dávila y Nivea Vélez defendieron la permanencia de recursos destinados a Loja; Magali Orellana, Guillermina Cruz, Francisco Cisneros y otros representantes amazónicos solicitaron garantizar los fondos de compensación para esa región; mientras Paco Fierro, Mauro Andino, María Molina y Jaime Abril debatieron la distribución de beneficios vinculados con la generación hidroeléctrica y las provincias afectadas. Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Lourdes Tibán formularon observaciones sobre las circunscripciones territoriales indígenas, el reconocimiento de comunas, pueblos y nacionalidades, la consulta conforme a sus procedimientos propios y el respeto a la libre determinación. Pedro de la Cruz y Jaime Abril solicitaron proteger la gestión pública y comunitaria del agua y del riego; Silvia Salgado planteó evitar que la educación y la salud sean tratadas como servicios sujetos a delegación; Línder Altafuya cuestionó que la regionalización pudiera imponerse sin consulta popular; y Richard Guillén, Marllely Vásconez, Fausto Cobo, Galo Vaca, Cynthia Viteri, Luis Morales y Gabriel Rivera también presentaron observaciones sobre financiamiento, competencias, participación y autonomía local. Finalmente, al permanecer pendientes varias intervenciones y temas adicionales incorporados al orden del día, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto en una próxima convocatoria.

ACTA_031-C-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se sometió a votación el proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, luego de que Jorge Escala, con el respaldo de Kléver Jiménez, Diana Atamaint, Línder Altafuya, Ramiro Terán, Gerónimo Yantalema y Marlene Castro, propusiera que el texto se vote por capítulos, argumentando que respaldaban disposiciones relacionadas con las circunscripciones territoriales indígenas, el fortalecimiento presupuestario de las juntas parroquiales y la vigencia de recursos para determinadas provincias, pero cuestionaban normas que, a su criterio, podían permitir nuevos tributos, incrementos en combustibles, impuesto al rodaje y cobros por obras públicas. Virgilio Hernández defendió el texto final, señalando que incorporaba aportes de asambleístas, gobiernos locales y organizaciones territoriales, precisaba las competencias exclusivas, concurrentes y privativas de cada nivel de gobierno, fortalecía la autonomía política, administrativa y financiera, reconocía las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, garantizaba recursos para los gobiernos autónomos descentralizados mediante una fórmula de distribución equitativa y asignaba por primera vez un porcentaje específico para las juntas parroquiales rurales; además, aclaró que se incluyó una fe de erratas para corregir aspectos técnicos y asegurar que las asignaciones consideren los recursos que legalmente correspondían a cada gobierno local. La moción de votar por capítulos fue negada con cuarenta y seis votos afirmativos, sesenta y siete negativos, cuatro blancos y cuatro abstenciones. Posteriormente, se aprobó el Código con ochenta votos afirmativos, diez negativos, dos blancos y treinta abstenciones; finalmente, César Rodríguez solicitó reconsiderar la votación, pero su moción fue negada con treinta y cuatro votos afirmativos, setenta y ocho negativos, tres blancos y siete abstenciones, quedando aprobada de manera definitiva la normativa.

ACTA_033-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Fernando Aguirre para suspender la posesión de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e investigar las denuncias sobre su proceso de designación; posteriormente, fueron posesionados como consejeros principales Patricia Ordeñana, David Rosero, Juana Miranda, Luis Pachala, Mónica Vanegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera, y como suplentes William Arias, Evans Herrera, Óscar Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera, Linda Vidal y Franklin Moreno. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la reforma penal y procesal penal, respecto de la cual María Paula Romo propuso acogerse a las correcciones relacionadas con penas, contravenciones, procedimientos de archivo y garantías para los denunciantes, pero mantener el texto aprobado sobre la restitución de determinados delitos como de acción pública y la protección de los procesos previamente archivados; la propuesta fue aprobada. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, luego de que Betty Amores defendiera las precisiones sobre rectoría, interconexión, financiamiento y plazos de implementación; Paco Moncayo cuestionó errores de forma y redacción en los proyectos legislativos, mientras Alfredo Ortiz planteó mantener ciertos plazos y garantizar que la información de entidades como la Superintendencia de Compañías se integre al sistema. De igual manera, se aprobó la reforma penal para regular los delitos cometidos en el servicio militar y policial, impulsada por María Paula Romo, orientada a consolidar la unidad jurisdiccional, eliminar los fueros especiales, establecer delitos de función, incorporar garantías del debido proceso y normas de Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, se aprobó la resolución para declarar el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y exhortar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía a desarrollar acciones permanentes contra el racismo; Fernando Bustamante destacó la necesidad de combatir toda forma de exclusión, Rodolfo Baquerizo solicitó la votación inmediata, María Cristina Kronfle propuso reforzar el carácter progresivo de las medidas, Viviana Bonilla planteó ajustes de redacción institucional, Pedro de la Cruz resaltó la persistencia de prácticas discriminatorias, Gabriel Rivera defendió la interculturalidad y Fausto Cobo expresó su respaldo a la resolución, que incorporó las observaciones presentadas.

ACTA_035-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate de la propuesta orientada a incorporar al ordenamiento jurídico nacional los derechos colectivos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de fortalecer el carácter plurinacional e intercultural del Estado, proteger la identidad, territorios, formas de organización, educación intercultural bilingüe, justicia propia, consulta previa y participación de los pueblos y nacionalidades. Edwin Vaca, Lourdes Tibán, Francisco Ulloa, Kléver García, Marco Murillo, Diana Atamaint, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Cléver Jiménez y otros legisladores defendieron la necesidad de reconocer y hacer efectivos estos derechos; mientras César Rodríguez, Nivea Vélez, Hólger Chávez, Betty Amores, Armando Aguilar, Gioconda Saltos, Carlos Velasco, María Augusta Calle, Aminta Buenaño y Betty Carrillo señalaron que el texto debía ser reformulado para convertir los principios internacionales en una normativa aplicable, con mecanismos de exigibilidad e inclusión expresa de pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y demás colectivos. También intervinieron Luis Morales, Zobeida Gudiño, Enrique Herrería y Vicente Taiano. Finalmente, Lourdes Tibán retiró la propuesta original, se negó el pedido de archivo planteado por Enrique Herrería y se dispuso que el tema vuelva a ser trabajado para elaborar una normativa integral sobre derechos colectivos. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, mediante la cual se otorgó inmunidad civil y penal limitada a las actuaciones, conclusiones, análisis y recomendaciones incorporadas en el informe final, así como medidas de reserva y protección para testigos y colaboradores. Washington Cruz, Línder Altafuya y Mao Moreno defendieron la norma como una garantía para esclarecer los hechos, proteger a los investigadores y resguardar la soberanía nacional; María Augusta Calle cuestionó la falta de protección a las fuentes y el posible alcance permanente de la inmunidad; y Fausto Cobo, Alfredo Ortiz, Kléver García, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo expresaron reparos sobre su constitucionalidad, la transparencia del informe, la posible persecución política y la necesidad de conocer plenamente la verdad. La ley fue aprobada luego de una rectificación de la votación.

ACTA_037-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un reconocimiento a las maestras y maestros del país, propuesto por Jorge Escala, mientras Guillermina Cruz retiró su pedido de homenaje a la ajedrecista Martha Fierro tras el compromiso institucional de otorgarle una condecoración y apoyo técnico; en cambio, se negó la propuesta de Fernando Aguirre para tratar una resolución sobre las afectaciones a las familias perjudicadas por el robo en el Monte de Piedad del IESS de Cuenca. Además, se permitió la participación de Jorge Calderón, representante de los taxistas, en el tratamiento de la reforma de transporte. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orientada a corregir vacíos en la aplicación de la norma, reorganizar las competencias de los organismos de tránsito, fortalecer la seguridad vial, mejorar el sistema de licencias y puntos, regular las contravenciones, el transporte informal, las rutas y frecuencias, los permisos de operación, la capacitación de conductores, el SOAT, las sanciones, la atención a víctimas de accidentes y la coordinación con los municipios. El debate se centró principalmente en la necesidad de respetar las competencias constitucionales de los gobiernos municipales, evitar la excesiva discrecionalidad de los organismos nacionales, mejorar el control a conductores extranjeros e informales, establecer mecanismos eficaces de cobro y juzgamiento, proteger a peatones, pasajeros, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, regular el transporte escolar, revisar las condiciones laborales de los conductores y garantizar tarifas, seguros y sistemas de reparación justos. Intervinieron Saruka Rodríguez, Juan Carlos Cassinelli, Silvia Salgado, Consuelo Flores, Richard Guillén, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Gido Vargas, Luis Morales, Paco Moncayo, María Soledad Vela, María Paula Romo, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Grace Almeida, Vanessa Fajardo, Rafael Dávila, Nivea Vélez, Eduardo Zambrano, María Alejandra Vicuña, Enrique Herrería, Mauro Andino, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Carlos Samaniego, Betty Amores, Guillermina Cruz, Gioconda Saltos y Rodolfo Baquerizo, quienes presentaron observaciones para que sean incorporadas en el informe de segundo debate. Finalmente, se aprobó la resolución de reconocimiento a las maestras y maestros del país, que destacó su aporte a la educación y comprometió a la Asamblea a impulsar normas que garanticen estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, formación, remuneraciones y jubilación digna; en este punto intervinieron Ramiro Terán y Jorge Escala.

ACTA_039-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Francisco Ulloa para incorporar una resolución de rechazo al fallo arbitral favorable a Chevron y Texaco, y de Gilmar Gutiérrez para tratar la situación del enjuiciamiento político al Fiscal General del Estado; en cambio, se aprobaron las inclusiones de las resoluciones propuestas por Lídice Larrea y Armando Aguilar. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Celso Maldonado, orientado a fortalecer la actividad física, la recreación, el deporte formativo y de alto rendimiento, regular la estructura y funcionamiento de las organizaciones deportivas, establecer una distribución más equitativa de recursos, impulsar la planificación, garantizar becas, seguros, pensiones, atención médica y apoyo a deportistas, así como promover la democratización, transparencia y rendición de cuentas en las federaciones y demás entidades deportivas. Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Ramiro Terán, Kléver García, Mercedes Diminich, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Leonardo Viteri, María Soledad Vela, Luis Morales, Linda Machuca, Luis Almeida, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Luis Noboa, Jimmy Pinoargote, Marllely Vásconez, Yorinson Tenorio, Lídice Larrea, Francisco Ulloa, Paola Pabón, José Picoita, Fernando Cáceres, César Rodríguez, Gido Vargas, María Alejandra Vicuña, Marisol Peñafiel y Ángel Vilema presentaron observaciones sobre la categoría de la ley, la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de ligas barriales, cantonales y parroquiales, la integración de directorios, las funciones del Ministerio del Deporte, el financiamiento, las exoneraciones de servicios básicos, la protección de deportistas, la inclusión de ecuatorianos en el exterior y las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; por lo que se dispuso recoger los aportes y diferir la votación para una sesión posterior. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Lídice Larrea para declarar el 5 de mayo como fecha cívica nacional en conmemoración de la Primera Proclama de la Revolución Alfarista en Chone, y la resolución promovida por Armando Aguilar, con intervenciones de Nívea Vélez, Fausto Cobo, César Montúfar, Línder Altafuya, Luis Morales, Gido Vargas y Washington Quiñónez, mediante la cual se reconoció a las trabajadoras y trabajadores del país, se reafirmó el compromiso de legislar en favor de sus derechos y se exhortó al Gobierno a vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y promover la generación de empleo productivo.

ACTA_039-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó y concluyó el segundo debate del proyecto de Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, orientado a garantizar el acceso universal, inclusivo y no discriminatorio a la práctica deportiva, la educación física y la recreación; fortalecer los derechos, seguros, becas, incentivos y pensiones para deportistas; regular la organización y funcionamiento de clubes, ligas, federaciones, comités olímpico y paralímpico, así como el deporte profesional, estudiantil, militar, policial, barrial, ancestral y adaptado para personas con discapacidad. La normativa también estableció atribuciones para el Ministerio Sectorial en materia de planificación, control, financiamiento, infraestructura, prevención del dopaje y de la violencia en escenarios deportivos, además de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, democratización de las organizaciones deportivas, sanciones a dirigentes y protección de los bienes deportivos financiados con recursos públicos. Celso Maldonado, como ponente, informó que se incorporaron observaciones presentadas por las distintas bancadas y solicitó la votación del texto consensuado. Finalmente, luego de una rectificación de la votación solicitada por Juan Fernández, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación fue aprobada con noventa y un votos afirmativos, ocho negativos y doce abstenciones; la sesión fue clausurada por Fernando Cordero.

ACTA_040-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, en medio de un amplio debate sobre la gestión pública y comunitaria del recurso, la participación social, la desprivatización, la redistribución, la protección de fuentes hídricas, los servicios de agua potable y riego, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la regulación de actividades productivas como la minería, el envasado de agua, el turismo termal, la acuacultura y la actividad camaronera. Andrés Roche, José Picoita, María Alejandra Vicuña, Rodolfo Baquerizo, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Cordero, Consuelo Flores y otros legisladores defendieron el proyecto como un avance para reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer prioridades de uso, regular autorizaciones y tarifas, recuperar concesiones irregulares y mantener las concesiones vigentes sujetas a auditorías y procesos de revisión, especialmente en el caso de INTERAGUA; mientras Gido Vargas, Silvia Salgado, Hólger Chávez, Cléver Jiménez, Nívea Vélez, Carlos Velasco, Línder Altafuya, Gioconda Saltos, Franklin Purcachi, Andrés Páez, Juan Carlos López, Tito Nilton Mendoza, Lourdes Tibán, Jorge Escala, Enrique Herrería, Francisco Cisneros y Pedro de la Cruz cuestionaron el carácter centralista de la autoridad única del agua, la posibilidad de que la Secretaría Nacional del Agua concentre decisiones, las disposiciones sobre tarifas, autorizaciones, concesiones, participación de empresas privadas y la falta de garantías suficientes para comunidades, pueblos y nacionalidades, pequeños productores, sistemas comunitarios y gobiernos locales. Varios asambleístas solicitaron que el texto sea revisado para alcanzar consensos sobre la autoridad del agua, la desprivatización, el aprovechamiento económico, la protección ambiental y las competencias territoriales; Nívea Vélez propuso que las observaciones sean analizadas con participación de organizaciones sociales en un plazo de quince días, mientras Tito Nilton Mendoza planteó archivar el proyecto y elaborar uno nuevo. Asimismo, se debatieron las movilizaciones indígenas y las actuaciones policiales ocurridas alrededor de la Asamblea, con denuncias de represión y restricciones a la participación ciudadana, frente a llamados a preservar el diálogo y evitar que las decisiones legislativas se adopten bajo presión. Finalmente, en comisión general, Rodrigo Collahuazo, Manuel Chucchilán y José Agualsaca solicitaron que no se vote apresuradamente, que se recojan las propuestas de las organizaciones campesinas e indígenas, se fortalezca el carácter decisorio del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, se revise la concesión de INTERAGUA y se establezcan controles sobre actividades que afecten manglares, fuentes y ecosistemas; al no concluir el tratamiento ni efectuarse una votación, la sesión fue suspendida.

ACTA_044-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron varias resoluciones de carácter nacional e internacional. Se unificaron y aprobaron las propuestas de Línder Altafuya y María Alejandra Vicuña para condenar el ataque del Ejército israelí contra la flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, expresar solidaridad con las víctimas y activistas, solicitar una investigación y sanción internacional, respaldar el llamado a consultas del embajador ecuatoriano y demandar el cese del bloqueo a la Franja de Gaza; en este debate intervinieron Fernando Bustamante, Línder Altafuya, María Alejandra Vicuña y María Augusta Calle. También se aprobó la resolución impulsada por Fausto Cobo para exhortar al Servicio Social de la Fuerza Terrestre y al Ministerio de Relaciones Laborales a garantizar el pago de indemnizaciones a las exservidoras y exservidores del Comisariato del Ejército que fueron cesados, con aportes de Luis Morales, Armando Aguilar, Hólger Chávez, María Augusta Calle y Línder Altafuya. De igual manera, se aprobó la resolución propuesta por Rosana Alvarado con motivo del Día Mundial del Ambiente, mediante la cual la Asamblea reafirmó su compromiso con el desarrollo sustentable, los derechos de la naturaleza y el uso responsable de los recursos naturales. Posteriormente, se debatió la propuesta de Magali Orellana para declarar de interés nacional la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y la preservación de la biodiversidad del Yasuní y la zona intangible; Magali Orellana, Francisco Cisneros, Rosendo Nurinkias, Alfredo Ortiz y Paco Moncayo defendieron la necesidad de proteger estos territorios y pueblos, mientras César Rodríguez cuestionó la pertinencia jurídica de la propuesta, por lo que la resolución fue negada. Finalmente, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Mercedes Diminich para expresar condolencias a Carlos Zambrano y su familia por el fallecimiento de su esposa, Jéssica Núquez, y se planteó la necesidad de fortalecer las acciones frente a la inseguridad y el sicariato, con intervención de Gido Vargas; además, Gilmar Gutiérrez advirtió que la votación de la Ley del Deporte debía realizarse al continuar la sesión en que se desarrolló su segundo debate, por lo que se clausuró la sesión sin tratar dicha votación.