001_CONVOCATORIA_SESION_084-AN-2025-2029_06-04-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció, analizó y resolvió sobre los informes anuales de labores correspondientes al período 2025 de varias autoridades de las funciones del Estado, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización y control político. En primer lugar, se conocieron los informes de la Procuraduría General del Estado y de la Defensoría Pública, relacionados con la defensa jurídica de los intereses del Estado, el patrocinio judicial, el asesoramiento legal a las instituciones públicas y el acceso a la justicia de las personas que requieren asistencia jurídica gratuita, con la intervención del asambleísta Edwin Jarrín, quien presentó las mociones para aprobar los informes no vinculantes elaborados por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, las cuales fueron aprobadas por el Pleno; posteriormente, intervino César Palacios, quien solicitó la rectificación de la votación correspondiente al informe de la Defensoría Pública, ratificándose su aprobación. A continuación, se conoció el informe anual de labores del fiscal general del Estado encargado, relacionado con la investigación de delitos, el ejercicio de la acción penal pública, la gestión de los procesos judiciales y el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General del Estado, con la intervención de Inés Alarcón, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante y exhortar a la institución a cumplir las recomendaciones formuladas, resolución que fue aprobada con 78 votos afirmativos. Seguidamente, se conoció el informe de labores del expresidente de la Función de Transparencia y Control Social, relacionado con la coordinación institucional, la promoción de la transparencia, la participación ciudadana y el control social, con la intervención de Lucía Pozo, cuya moción para aprobar el informe no vinculante fue aprobada con 78 votos afirmativos. Posteriormente, se analizó el informe anual de labores del contralor general del Estado, relacionado con el control de la utilización de los recursos públicos, la ejecución de auditorías, la determinación de responsabilidades y el fortalecimiento de los mecanismos de control gubernamental, con la intervención de Nathaly Farinango, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante, la cual obtuvo 80 votos afirmativos. A continuación, se conocieron los informes anuales de labores de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, relacionados con la organización y administración de los procesos electorales, la garantía de los derechos de participación política, la resolución de controversias electorales y el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de ambos organismos, con la intervención de Diana Jácome, quien presentó las respectivas mociones; el informe del Consejo Nacional Electoral fue aprobado con 77 votos afirmativos, mientras que el informe del Tribunal Contencioso Electoral fue aprobado con 79 votos afirmativos, con excepción de su numeral 6.2, disponiéndose además la implementación de recomendaciones institucionales y el seguimiento a las observaciones formuladas por la Asamblea Nacional. Finalmente, el Pleno conoció el informe anual de labores del expresidente del Consejo de la Judicatura, relacionado con la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, la gestión institucional, los procesos disciplinarios, la evaluación del desempeño y la eficiencia en la administración de justicia, con la intervención de Keevin Gallardo, quien presentó la moción para no aprobar el informe de labores correspondiente al período 2025, conforme a lo establecido en el informe no vinculante de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, resolución que fue aprobada con 139 votos afirmativos. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y posteriormente por Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional; actuaron en la Secretaría Giovanny Bravo, secretario general, y Jorge López, prosecretario general.
