002_VOTACIONES_SESION_100-AN-2025-2029_10-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre la designación de la primera vicepresidenta o primer vicepresidente de la Función Legislativa, con el propósito de cubrir la vacante existente y completar el período de administración legislativa 2025-2027. Durante el debate intervino el asambleísta Pablo Jurado, quien presentó la candidatura de Esteban Torres para ocupar la primera Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, destacando su formación académica, experiencia legislativa y trayectoria en la gestión pública. Concluido el debate, el Pleno aprobó la moción presentada por Pablo Jurado con 84 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención, designando a Esteban Torres como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional; posteriormente, se negó la solicitud de reconsideración de la votación. A continuación, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, tomó juramento y posesionó legalmente a Esteban Torres, quien intervino para agradecer a los asambleístas por su designación y expresar su compromiso de contribuir al trabajo legislativo, la institucionalidad democrática y los desafíos del país. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_100-AN-2025-2029_PLENO_10-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre la designación de la primera vicepresidenta o primer vicepresidente de la Función Legislativa, con el propósito de cubrir la vacante existente y completar el período de administración legislativa 2025-2027. Durante el debate intervino el asambleísta Pablo Jurado, quien presentó la candidatura de Esteban Torres para ocupar la primera Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, destacando su formación académica, experiencia legislativa y trayectoria en la gestión pública. Concluido el debate, el Pleno aprobó la moción presentada por Pablo Jurado con 84 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención, designando a Esteban Torres como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional; posteriormente, se negó la solicitud de reconsideración de la votación. A continuación, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, tomó juramento y posesionó legalmente a Esteban Torres, quien intervino para agradecer a los asambleístas por su designación y expresar su compromiso de contribuir al trabajo legislativo, la institucionalidad democrática y los desafíos del país. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_RESUMEN EJECUTIVO_SESION_101-A-AN-2025-2029_09-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, orientado a establecer un marco normativo para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento de esta enfermedad, mediante la promoción de hábitos alimentarios saludables, actividad física, educación nutricional, atención médica integral, protección contra la discriminación y coordinación entre las instituciones del Estado. Durante el debate intervinieron los asambleístas Juan Reyes, Liliana Durán, Camila Cueva, Eliana Correa, Ana Guim, Sergio Peña, Gustavo Mateus, Diego Matovelle, Cristina Acuña, Keevin Gallardo, Hermel Campos, Fabiola Sanmartín, Inés Alarcón, Boris Andrade, Rosa Torres, Cristina Jácome, Álex Morán y María Molina, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reconocer la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial, fortalecer la atención integral y multidisciplinaria, garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud, incorporar a los profesionales de nutrición en los equipos médicos, promover la educación alimentaria desde la infancia, mejorar el etiquetado nutricional de los productos procesados y ultraprocesados, regular la publicidad de alimentos dirigida a niñas, niños y adolescentes, prevenir la discriminación y establecer mecanismos claros de financiamiento, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Asimismo, se planteó la importancia de garantizar atención especializada a las mujeres embarazadas, fortalecer la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, promover entornos escolares saludables y asegurar que la normativa contemple obligaciones institucionales concretas y mecanismos efectivos para garantizar los derechos de las personas con obesidad. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_INFORME_PRIMER_DEBATE_LEY_ISSFA_14-04-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), regular las aportaciones estatales y de los afiliados, proteger las prestaciones de los militares en servicio activo y pasivo y sus familias, y cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Marcos Alvarado, Naila Quintana, Ricardo Patiño, Christopher Jaramillo, Patricia Núñez, Pablo Jurado, Rubén Barberán y Jhajaira Urresta, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, los derechos adquiridos de los afiliados, el régimen de jubilaciones y pensiones, la responsabilidad del Estado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del ISSFA sin afectar los derechos de sus beneficiarios; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento Artesanal, con la intervención del asambleísta Alejandro Lara, quien explicó las observaciones identificadas durante el tratamiento de los proyectos unificados, relacionadas con la necesidad de actualizar el marco normativo del sector artesanal, garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los artesanos y fortalecer su desarrollo económico y productivo; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la moción presentada por Alejandro Lara para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a diversas personas naturales y jurídicas, en el marco de los procesos de contratación para la generación eléctrica y las investigaciones relacionadas con el destino de los recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Ana Tapia, Mireya Pazmiño, Juan Reyes, Blasco Luna, Esteban Torres, Pamela Aguirre, Adrián Castro, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Ana Yela, María Villacreses, César Palacios, Álex Morán, Mariana Yumbay, Christopher Jaramillo, Keevin Gallardo, Juan González, Mauricio Ordóñez, Ricardo Patiño y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre la trazabilidad de las transferencias financieras, la identificación de los beneficiarios, las actuaciones de las instituciones competentes, las posibles responsabilidades derivadas de los contratos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y recuperación de los recursos públicos; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Ana Tapia, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de fiscalización sobre la ruta de los fondos entregados por Progen y presente un informe con sus conclusiones y recomendaciones en el plazo de 30 días, además de remitir la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervinieron Mauricio Ordóñez, Ana Tapia y Jhajaira Urresta, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el respaldo institucional a los servidores policiales que enfrentan procesos o sanciones derivados de procedimientos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones, la investigación de la ruta de los fondos de Progen y el análisis de los proyectos paralizados o con avance deficiente en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la asignación de recursos públicos para el subsidio del transporte, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general intervino Martha Chaves, representante de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Chaves, institución que recibió una condecoración y reconocimientos para sus estudiantes y un docente. Se registró la principalización de Nery Merizalde, alterno del asambleísta Johnny Terán. La sesión fue presidida por Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_104-AN-2025-2029_PLENO_30-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad e inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, orientado a fortalecer la planificación territorial, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión del suelo y los mecanismos de control y regulación urbanística. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Julio Lasso, Cristian Benavides, Patricia Núñez, Nuria Butiñá y Juan Reyes, quienes expusieron sus criterios sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo, el dictamen de la Corte Constitucional, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la adecuada planificación territorial; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la primera parte de la moción presentada por Lucía Pozo para acoger los textos adecuados conforme al dictamen de la Corte Constitucional y, con 82 votos afirmativos, la segunda parte correspondiente al allanamiento a la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Ejecutivo. Posteriormente, se conoció en segundo debate el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Lizardo Casanova, Karolina Dueñas, Janeth Cabezas, John Polanco, Cristian Benavides, Julio Lasso, Pablo Jurado, José Nango y Samuel Celleri, quienes abordaron la importancia de la autonomía territorial, la descentralización administrativa, el acceso a los servicios públicos, la delimitación territorial, la distribución de recursos económicos y la necesidad de garantizar una transición institucional, financiera y administrativa que permita el funcionamiento del nuevo cantón sin afectar la continuidad de los servicios en el cantón Eloy Alfaro; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la moción presentada por Samuel Celleri para aprobar el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la presunta participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) en la operación de los sistemas de videovigilancia del Distrito Metropolitano de Quito, con las intervenciones de los asambleístas Inés Alarcón, Franklin Samaniego, Adrián Castro, Juan González, Christopher Jaramillo, Fernando Cedeño y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los posibles riesgos para la seguridad ciudadana, la privacidad de las personas y la protección de información estratégica, así como la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la resolución presentada por Inés Alarcón, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inicie un proceso de fiscalización y presente, en el plazo máximo de 90 días, un informe con sus conclusiones, observaciones y recomendaciones. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de la presunta participación de exfuncionarios de la SENAIN en los sistemas de videovigilancia de Quito, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos. Además, en comisión general intervino Klever Vaca, representante del Distrito 4400 de Rotary Internacional, organización que recibió un acuerdo legislativo en reconocimiento a su trayectoria y aportes al servicio humanitario en el Ecuador. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 105, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, orientado a fortalecer la protección de los usuarios del sistema financiero nacional mediante la regulación de los intereses de mora, el establecimiento de facilidades de pago y mecanismos de refinanciamiento de créditos, la protección de los ahorros de los depositantes y socios de cooperativas, la restitución de recursos en procesos de liquidación forzosa de entidades financieras, el fortalecimiento de la transparencia y supervisión del sistema financiero y la modernización de los mecanismos de compensación y liquidación del mercado de valores. Durante el debate intervinieron los asambleístas Nathaly Farinango, Steve Villacrés, José Vallejo, Saadin Serrano, Juan Reyes, Mónica Alemán, Carmen Tiupul, Mireya Pazmiño, Hernán Zapata, Adrián Castro, Sergio Peña, Juan Gonzaga, Marco Olmedo, Naomi Valladares, Wilson Lozano, Katherine Pacheco, Mario Zambrano y Mariana Yumbay, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de garantizar la devolución de los ahorros de las personas afectadas por el cierre de cooperativas y entidades financieras, establecer procedimientos claros y transparentes para la liquidación de instituciones financieras, regular el cálculo y cobro de intereses de mora, prevenir el sobreendeudamiento, facilitar el acceso al crédito, proteger los derechos de los depositantes y deudores, fortalecer los mecanismos de control y supervisión y garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema financiero. Asimismo, se plantearon observaciones sobre la prelación de pagos a los acreedores, la responsabilidad de los organismos de control, la sostenibilidad financiera de las entidades y la pertinencia de determinadas disposiciones incorporadas al proyecto, así como la necesidad de profundizar el análisis técnico de las reformas para evitar contradicciones normativas y garantizar su aplicación. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

002_INFORME_PRIMER_DEBATE_REFORMAS_COMYF_26-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, orientado a fortalecer la protección de los usuarios del sistema financiero nacional mediante la regulación de los intereses de mora, el establecimiento de facilidades de pago y mecanismos de refinanciamiento de créditos, la protección de los ahorros de los depositantes y socios de cooperativas, la restitución de recursos en procesos de liquidación forzosa de entidades financieras, el fortalecimiento de la transparencia y supervisión del sistema financiero y la modernización de los mecanismos de compensación y liquidación del mercado de valores. Durante el debate intervinieron los asambleístas Nathaly Farinango, Steve Villacrés, José Vallejo, Saadin Serrano, Juan Reyes, Mónica Alemán, Carmen Tiupul, Mireya Pazmiño, Hernán Zapata, Adrián Castro, Sergio Peña, Juan Gonzaga, Marco Olmedo, Naomi Valladares, Wilson Lozano, Katherine Pacheco, Mario Zambrano y Mariana Yumbay, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de garantizar la devolución de los ahorros de las personas afectadas por el cierre de cooperativas y entidades financieras, establecer procedimientos claros y transparentes para la liquidación de instituciones financieras, regular el cálculo y cobro de intereses de mora, prevenir el sobreendeudamiento, facilitar el acceso al crédito, proteger los derechos de los depositantes y deudores, fortalecer los mecanismos de control y supervisión y garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema financiero. Asimismo, se plantearon observaciones sobre la prelación de pagos a los acreedores, la responsabilidad de los organismos de control, la sostenibilidad financiera de las entidades y la pertinencia de determinadas disposiciones incorporadas al proyecto, así como la necesidad de profundizar el análisis técnico de las reformas para evitar contradicciones normativas y garantizar su aplicación. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

001_CONVOCATORIA_SESION_107-A-AN-2025-2029_14-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para una Caracterización Acuícola Pesquera a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, orientado a establecer una clasificación diferenciada de las actividades acuícolas y pesqueras, fortalecer la protección de los pequeños y medianos productores, promover el acceso al crédito, la asistencia técnica y los incentivos productivos, así como garantizar la sostenibilidad ambiental y la conservación de los recursos naturales. Durante el debate intervinieron las asambleístas Ana Raffo, Nuvia Vega, Verónica Iñiguez, Arisdely Parrales y Milton Aguas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la diferenciación entre la pesca artesanal e industrial, la protección del suelo agrícola y las fuentes de agua dulce, la conservación de los manglares y los ecosistemas de Galápagos, la regulación de las actividades camaroneras, el fortalecimiento de los controles sanitarios y ambientales, la protección de los pescadores artesanales y la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento y asistencia técnica adaptados a las particularidades de cada territorio; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la declaratoria del 13 de julio de cada año como el Día del Rotario Ecuatoriano, con la intervención de la asambleísta Janina Rizzo, quien destacó la trayectoria de Rotary en el Ecuador y sus aportes en materia de salud, educación, acceso al agua potable, cooperación comunitaria y desarrollo social; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la resolución presentada para reconocer la labor de esta organización. A continuación, se conoció y debatió la propuesta para declarar de interés nacional y expresar el respaldo institucional de la Asamblea Nacional a la implementación del Polo de Desarrollo de Tulcán, en la provincia del Carchi, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Cristian Benavides, José Vallejo, Samuel Celleri, Juan Gonzaga, Comps Córdova y Pablo Jurado, quienes expusieron sus criterios sobre la importancia de promover la inversión pública y privada, la generación de empleo, la industrialización de productos agrícolas y lácteos, el fortalecimiento del comercio fronterizo, la conectividad vial, la cooperación internacional y la articulación entre las instituciones públicas, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector productivo para impulsar el desarrollo económico de la región norte del país; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la resolución presentada por Lucía Pozo, mediante la cual se declaró de interés nacional la implementación del Polo de Desarrollo de Tulcán, se expresó el respaldo institucional de la Asamblea Nacional y se exhortó a las entidades competentes a coordinar las acciones necesarias para su ejecución. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_RESUMEN EJECUTIVO_SESION_108-A-AN-2025-2029_28-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y aprobó la resolución para declarar el 10 de junio de cada año como el Día Nacional del Tenis Ecuatoriano, en reconocimiento a la trayectoria de esta disciplina deportiva y al triunfo de Andrés Gómez en el torneo de Roland Garros de 1990, con las intervenciones de los asambleístas Andrés Guschmer, Alejandro Vanegas, Marco Olmedo, Cristina Jácome y Jorge Chamba, quienes destacaron los logros del tenis ecuatoriano y la importancia de fortalecer la formación deportiva, el acceso a infraestructura y las oportunidades para niñas, niños y jóvenes; previamente, en comisión general, intervinieron Patricio Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, y Andrés Gómez, extenista ecuatoriano, quienes agradecieron el reconocimiento a esta disciplina; concluido el debate, la resolución presentada por Andrés Guschmer fue aprobada por unanimidad. Posteriormente, se conoció en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en Materia Aduanera, orientado a modernizar y agilizar los procedimientos aduaneros, regular la gestión de mercancías y contenedores abandonados, establecer mecanismos para su decomiso, adjudicación, subasta o disposición final, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad del comercio exterior; durante este debate intervinieron los asambleístas Sergio Peña, Diego Salas, Nuria Butiñá y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la simplificación de los trámites, los plazos para la recuperación de mercancías, las competencias de la autoridad aduanera, la protección de los derechos de los propietarios y la necesidad de garantizar transparencia y seguridad jurídica en los procedimientos; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Sergio Peña para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley. A continuación, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), unificado, orientado a actualizar el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía territorial, precisar las competencias de las autoridades locales, regular las atribuciones de los concejales y vocales de las juntas parroquiales, establecer mecanismos de control sobre la ejecución de obras públicas y mejorar la coordinación institucional y la prestación de servicios a la ciudadanía; durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Patricia Núñez, Cristian Benavides, Eckenner Recalde, Pablo Jurado, Carmen Tiupul y Samuel Celleri, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la distribución de competencias entre municipios y prefecturas, la vialidad rural, la continuidad de las obras públicas, los procedimientos de remoción de autoridades, la autonomía administrativa y financiera de los gobiernos locales, la participación de los concejales en la gestión municipal y la necesidad de garantizar que las reformas no afecten los derechos de los ciudadanos ni la capacidad de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados; debido a que existían intervenciones pendientes, se suspendió el tratamiento del proyecto para continuar su debate posteriormente. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 108, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), unificado, orientado a actualizar el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía política, administrativa y financiera, precisar las competencias de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, garantizar la continuidad de las obras públicas, fortalecer las atribuciones de fiscalización de los concejales y establecer mecanismos de control y responsabilidad de las autoridades locales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Adrián Castro, Saadin Serrano, Gustavo Mateus, Dina Farinango, Fabiola Sanmartín, Nathaly Orellana, Luis Molina, Milton Aguas, Julio Lasso, Henry Bósquez, Franklin Samaniego, Jorge Guevara, Pamela Aguirre y Alejandro Vanegas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la distribución de competencias entre municipios y prefecturas, la planificación territorial y la vialidad rural, la autonomía de los gobiernos locales frente a las competencias del Gobierno central, la asignación de recursos económicos, los procedimientos para la autorización de infraestructura de telecomunicaciones, las causales de remoción de alcaldes y prefectos por la paralización injustificada de obras públicas, la protección del debido proceso y la seguridad jurídica de las autoridades electas, las atribuciones de los concejales, el fuero de corte y los procedimientos de enajenación de bienes públicos, así como la necesidad de garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales de autonomía y descentralización y permitan mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. Previamente, en comisión general, intervino Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, quien fue recibido por el Pleno como parte de las actividades de relacionamiento interparlamentario. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_108-AN-2025-2029_14-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), unificado, orientado a actualizar el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía política, administrativa y financiera, precisar las competencias de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, garantizar la continuidad de las obras públicas, fortalecer las atribuciones de fiscalización de los concejales y establecer mecanismos de control y responsabilidad de las autoridades locales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Adrián Castro, Saadin Serrano, Gustavo Mateus, Dina Farinango, Fabiola Sanmartín, Nathaly Orellana, Luis Molina, Milton Aguas, Julio Lasso, Henry Bósquez, Franklin Samaniego, Jorge Guevara, Pamela Aguirre y Alejandro Vanegas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la distribución de competencias entre municipios y prefecturas, la planificación territorial y la vialidad rural, la autonomía de los gobiernos locales frente a las competencias del Gobierno central, la asignación de recursos económicos, los procedimientos para la autorización de infraestructura de telecomunicaciones, las causales de remoción de alcaldes y prefectos por la paralización injustificada de obras públicas, la protección del debido proceso y la seguridad jurídica de las autoridades electas, las atribuciones de los concejales, el fuero de corte y los procedimientos de enajenación de bienes públicos, así como la necesidad de garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales de autonomía y descentralización y permitan mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. Previamente, en comisión general, intervino Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, quien fue recibido por el Pleno como parte de las actividades de relacionamiento interparlamentario. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION SOLEMNE_EN_LA_CIUDAD_DE_GUAYAQUIL_21-07-26 En sesión solemne realizada en la Universidad Tecnológica Ecotec, Campus Guayaquil, el Pleno de la Asamblea Nacional conmemoró los 491 años de Fundación de la ciudad de Santiago de Guayaquil. Tras el ingreso del Estandarte Patrio y la entonación del Himno Nacional, se realizó la exaltación a la ciudad a cargo de la señorita Alejandra Recalde Monar, egresada de la Universidad Tecnológica Ecotec con distinción Summa Cum Laude, seguida de la proyección de un video conmemorativo. A continuación, la Asamblea Nacional entregó reconocimientos y condecoraciones a diversas personalidades e instituciones de Guayaquil por sus méritos empresarial, educativo, deportivo, laboral y de servicio comunitario, entre ellas Martha González Triviño, la Unidad Educativa Letras y Vida, Carmen Patricia Delgado Cedeño, PICA Plásticos Industriales, la Banda Blanca de la Armada del Ecuador y la Clínica Alborada. En representación de los homenajeados intervinieron María Leticia Ortega de Moral, quien solicitó incorporar un retrato de la doctora Matilde Hidalgo de Procel en el recinto legislativo, y Gerardo España Larreta, quien agradeció el reconocimiento en nombre de todos los condecorados. Posteriormente, el Coro de Niños de la Unidad Educativa Lemas ofreció una presentación cultural. Cerrando el acto protocolar, el presidente de la Asamblea Nacional encargado, Esteban Torres Cobo, pronunció un discurso de homenaje a la ciudad en el marco de las fiestas julianas, tras lo cual se entonó el Himno a la ciudad de Santiago de Guayaquil y se procedió a la salida del Estandarte Patrio y de las autoridades. La sesión fue presidida por Esteban Torres Cobo, presidente de la Asamblea Nacional encargado, y actuó como secretario Jorge Enrique López Terán, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 109, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el análisis del informe anual de labores presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, en el que se examinaron los resultados de la gestión gubernamental en materia económica, seguridad, empleo, inversión, educación, salud, infraestructura, finanzas públicas y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, con las intervenciones de los asambleístas Hernán Zapata, Ricardo Patiño, Adrián Castro, José Vallejo, Sergio Peña, Mónica Alemán, Janina Rizzo, Liliana Durán, Jorge Chamba, Héctor Rodríguez y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre los indicadores económicos y sociales, la ejecución presupuestaria, las políticas de seguridad, la generación de empleo, la inversión pública y privada, el acceso a los servicios básicos y los resultados de la gestión del Ejecutivo, planteando diferentes posiciones respecto del cumplimiento de los objetivos gubernamentales y la información presentada; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Hernán Zapata para aprobar el contenido del análisis del informe de labores y notificar la resolución a la Presidencia de la República. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, orientado a establecer un marco jurídico que garantice la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), regular las aportaciones, fortalecer la autonomía institucional, proteger los fondos de seguridad social y garantizar las prestaciones de salud, jubilación, cesantía y demás beneficios de los servidores policiales en servicio activo y pasivo y sus familias, en cumplimiento de los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Naila Quintana, Christopher Jaramillo, Marcos Alvarado, Sergio Peña y John Polanco, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, la sostenibilidad de las pensiones, la protección de los recursos institucionales, la representación de los servidores policiales en los órganos de administración, la transparencia en la gestión del ISSPOL y la necesidad de garantizar una atención médica oportuna y prestaciones adecuadas para sus afiliados; concluido el primer debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Al inicio de la sesión intervinieron Esperanza Rogel, Christopher Jaramillo y Marco Olmedo, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con la solidaridad hacia las víctimas del aluvión ocurrido en Zamora Chinchipe y el reconocimiento a los organismos de rescate, la inversión en infraestructura hídrica y saneamiento en Santo Domingo de los Tsáchilas, y el análisis de la gestión de la banca pública para impulsar el desarrollo económico y productivo del país, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

Sesion 110, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción, orientado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar mediante la reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales y administrativos, la eliminación de trámites duplicados, el establecimiento de plazos máximos para la investigación familiar, la declaratoria de adoptabilidad, la evaluación de idoneidad de los adoptantes, el emparentamiento y la inscripción de las sentencias de adopción, así como la incorporación de sanciones por el incumplimiento injustificado de los plazos, el fortalecimiento del seguimiento posadoptivo, la protección del interés superior del niño y el acceso a oportunidades educativas para adolescentes que egresan de las instituciones de acogida. Previamente, en comisión general, intervinieron John Vargas y Jenny Fernández, padres adoptivos, quienes compartieron su experiencia familiar y expusieron las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes debido a la prolongación de los procesos de adopción y la permanencia en las casas de acogida. Durante el debate intervinieron los asambleístas Diana Jácome, Edmundo Cerda, Isaac Solano, Blasco Luna, Jorge Chamba, Juan Reyes, Paola Jaramillo, Diana Blacio, Josebeth Jaramillo, Naila Quintana, Carmen Tiupul, Mauricio Ordóñez, Luciana Zapata, Bruno Pino, Diego Rosero, Rebeca Veloz, Jorge Guevara y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de adopción, garantizar la protección integral de los menores de edad, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, establecer controles y mecanismos de seguimiento a las casas de acogida, asegurar la disponibilidad de recursos económicos y personal especializado, garantizar el debido proceso y los derechos de las familias biológicas y adoptantes, así como prevenir la discriminación y asegurar que la reducción de los tiempos procesales no afecte la seguridad ni el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Concluido el debate, se aprobó con 118 votos afirmativos, cero negativos y 25 abstenciones la moción presentada por Diana Jácome para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

001_CONVOCATORIA_SESION_110-AN-2025-2029_16-07-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción, orientado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar mediante la reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales y administrativos, la eliminación de trámites duplicados, el establecimiento de plazos máximos para la investigación familiar, la declaratoria de adoptabilidad, la evaluación de idoneidad de los adoptantes, el emparentamiento y la inscripción de las sentencias de adopción, así como la incorporación de sanciones por el incumplimiento injustificado de los plazos, el fortalecimiento del seguimiento posadoptivo, la protección del interés superior del niño y el acceso a oportunidades educativas para adolescentes que egresan de las instituciones de acogida. Previamente, en comisión general, intervinieron John Vargas y Jenny Fernández, padres adoptivos, quienes compartieron su experiencia familiar y expusieron las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes debido a la prolongación de los procesos de adopción y la permanencia en las casas de acogida. Durante el debate intervinieron los asambleístas Diana Jácome, Edmundo Cerda, Isaac Solano, Blasco Luna, Jorge Chamba, Juan Reyes, Paola Jaramillo, Diana Blacio, Josebeth Jaramillo, Naila Quintana, Carmen Tiupul, Mauricio Ordóñez, Luciana Zapata, Bruno Pino, Diego Rosero, Rebeca Veloz, Jorge Guevara y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de adopción, garantizar la protección integral de los menores de edad, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, establecer controles y mecanismos de seguimiento a las casas de acogida, asegurar la disponibilidad de recursos económicos y personal especializado, garantizar el debido proceso y los derechos de las familias biológicas y adoptantes, así como prevenir la discriminación y asegurar que la reducción de los tiempos procesales no afecte la seguridad ni el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Concluido el debate, se aprobó con 118 votos afirmativos, cero negativos y 25 abstenciones la moción presentada por Diana Jácome para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

Sesion 111, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, orientado a establecer un marco jurídico para regular el acceso a los tratamientos de fertilidad, garantizar los derechos de las personas que recurren a estos procedimientos y proteger el interés superior de las niñas y niños concebidos mediante estas técnicas, mediante disposiciones sobre la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la donación y crioconservación de gametos y embriones, el consentimiento informado, la filiación, la protección de la identidad genética, la prohibición de la gestación por sustitución y la comercialización de material reproductivo, así como la creación de mecanismos de control sanitario y supervisión de los establecimientos especializados. Previamente, en comisión general, intervinieron Martha Villafuerte, directora de Familia Ecuador, y Víctor Valle, presidente de la Fundación Dignidad y Derecho, quienes presentaron observaciones sobre la protección de la vida desde la concepción, el derecho a la identidad biológica, la objeción de conciencia, la medicina restaurativa de la fertilidad y la necesidad de establecer disposiciones claras sobre la protección de los embriones y el acceso a los tratamientos. Durante el debate intervinieron los asambleístas Juan Reyes, Victoria Desintonio, Jorge Tamayo, Janeth Cabezas, Fabiola Sanmartín, Saadin Serrano, Alejandro Vanegas, Bertha Vélez y Ana Herrera, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional, el acceso equitativo a los servicios de reproducción humana asistida, la protección de los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía de las personas, el reconocimiento de los diversos tipos de familia, la regulación de los establecimientos médicos, la protección de los datos genéticos, el destino de los embriones, la filiación de los hijos nacidos mediante estas técnicas, los posibles riesgos médicos, la objeción de conciencia y la necesidad de garantizar el financiamiento y la participación del sistema público de salud en la prestación de estos servicios. Durante las intervenciones se plantearon diferentes posiciones respecto de la protección de los embriones, los requisitos de acceso a los procedimientos, los derechos de las personas nacidas mediante reproducción asistida y la necesidad de precisar determinadas disposiciones del proyecto para garantizar su aplicación y evitar vacíos normativos. Debido a que el tratamiento del proyecto requería continuar con su análisis, se suspendió el debate sin que se sometiera a votación la aprobación del texto legislativo. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer y resolver sobre las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para fortalecer el crecimiento productivo, la inversión y la generación de empleo en el Ecuador, solicitud que fue aprobada con 78 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

003_ACTA_111-AN-2025-2029_PLENO_29-07-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, orientado a establecer un marco jurídico para regular el acceso a los tratamientos de fertilidad, garantizar los derechos de las personas que recurren a estos procedimientos y proteger el interés superior de las niñas y niños concebidos mediante estas técnicas, mediante disposiciones sobre la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la donación y crioconservación de gametos y embriones, el consentimiento informado, la filiación, la protección de la identidad genética, la prohibición de la gestación por sustitución y la comercialización de material reproductivo, así como la creación de mecanismos de control sanitario y supervisión de los establecimientos especializados. Previamente, en comisión general, intervinieron Martha Villafuerte, directora de Familia Ecuador, y Víctor Valle, presidente de la Fundación Dignidad y Derecho, quienes presentaron observaciones sobre la protección de la vida desde la concepción, el derecho a la identidad biológica, la objeción de conciencia, la medicina restaurativa de la fertilidad y la necesidad de establecer disposiciones claras sobre la protección de los embriones y el acceso a los tratamientos. Durante el debate intervinieron los asambleístas Juan Reyes, Victoria Desintonio, Jorge Tamayo, Janeth Cabezas, Fabiola Sanmartín, Saadin Serrano, Alejandro Vanegas, Bertha Vélez y Ana Herrera, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional, el acceso equitativo a los servicios de reproducción humana asistida, la protección de los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía de las personas, el reconocimiento de los diversos tipos de familia, la regulación de los establecimientos médicos, la protección de los datos genéticos, el destino de los embriones, la filiación de los hijos nacidos mediante estas técnicas, los posibles riesgos médicos, la objeción de conciencia y la necesidad de garantizar el financiamiento y la participación del sistema público de salud en la prestación de estos servicios. Durante las intervenciones se plantearon diferentes posiciones respecto de la protección de los embriones, los requisitos de acceso a los procedimientos, los derechos de las personas nacidas mediante reproducción asistida y la necesidad de precisar determinadas disposiciones del proyecto para garantizar su aplicación y evitar vacíos normativos. Debido a que el tratamiento del proyecto requería continuar con su análisis, se suspendió el debate sin que se sometiera a votación la aprobación del texto legislativo. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer y resolver sobre las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para fortalecer el crecimiento productivo, la inversión y la generación de empleo en el Ecuador, solicitud que fue aprobada con 78 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

002_INFORME_DE_SUSTANCIACION_DE_JUCIO_POLITICO_24-07-26.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

003_ACTA_112-AN-2025-2029_PLENO_31-07-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

Sesion 113, 2025-2029. El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente, orientado a fortalecer la política pública frente al cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la implementación de mecanismos de mitigación y adaptación, la regulación de los mercados de carbono, el acceso al financiamiento climático internacional, la protección de los derechos de la naturaleza, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la atención de las pérdidas y daños ocasionados por fenómenos climáticos extremos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Katherine Pacheco, Lizardo Casanova, José Nantipia, Milton Aguas, Franklin Samaniego, Sergio Peña, Verónica Iñiguez, Keevin Gallardo, Comps Córdova y Nuvia Vega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la conservación de la biodiversidad, la protección de la Amazonía y los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la regulación de los mecanismos de compensación de emisiones, las salvaguardas ambientales y la necesidad de garantizar transparencia y seguridad jurídica en el financiamiento climático; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos, 60 negativos y tres abstenciones la moción presentada por Katherine Pacheco para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley. Posteriormente, el Pleno conoció en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Libros I, II y III, orientado a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, actualizar las disposiciones relacionadas con sus derechos, la responsabilidad parental, la tenencia compartida, las pensiones alimenticias, la adopción, la educación inclusiva, la protección frente a la violencia y los delitos cometidos mediante medios digitales, así como la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad y el fortalecimiento de los mecanismos de atención durante la primera infancia. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rebeca Veloz, Nathaly Farinango, Ricardo Patiño, Pablo Jurado, Arisdely Parrales, Diana Jácome, Roñal González, Janeth Cabezas, Mireya Pazmiño, Pamela Aguirre, Blasco Luna, Esteban Torres, Alejandro Vanegas y Nuria Butiñá, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la protección del interés superior del niño, el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, la vigencia de las boletas de apremio, la responsabilidad económica de los progenitores y sus familiares, los criterios para establecer la tenencia compartida, la prevención de la violencia familiar y digital, la protección de los menores de edad frente a intervenciones médicas para la modificación del sexo biológico, el acceso a la educación y la salud, la regulación del trabajo adolescente y la necesidad de armonizar las reformas con la normativa vigente en materia de adopciones y derechos laborales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la ampliación de las licencias parentales, su financiamiento, la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia y la necesidad de incorporar disposiciones claras que garanticen la aplicación efectiva de la normativa. Debido a que existían observaciones pendientes y aspectos que requerían un análisis adicional, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

002_RESUMEN EJECUTIVO_SESION_113-A-AN-2025-2029_18-08-26.pdf continuó con el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Libros I, II y III, orientado a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y actualizar las disposiciones relacionadas con la responsabilidad parental, la tenencia compartida, las pensiones alimenticias, la adopción, la educación, la salud, la identidad cultural y la prevención de la violencia y los delitos cometidos mediante medios digitales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Milton Aguas, Isaac Solano, Anthony Becerra, Maite Levi, Andrés Castillo, Doménica Escobar, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Sergio Peña, Pablo Jurado y Rebeca Veloz, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de armonizar las reformas con la normativa vigente, establecer mecanismos efectivos de protección frente al ciberacoso, la explotación sexual infantil y el reclutamiento de menores de edad por organizaciones delictivas, garantizar el acceso a la educación inclusiva, fortalecer la responsabilidad de los progenitores, regular la tenencia compartida conforme al interés superior del niño y establecer mecanismos adecuados para el cumplimiento de las pensiones alimenticias, evitando que la responsabilidad económica recaiga injustificadamente sobre los familiares de los obligados principales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la vigencia de las boletas de apremio por incumplimiento de obligaciones alimenticias, la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad, la protección de la identidad de género, la regulación de las intervenciones médicas, quirúrgicas y farmacológicas en menores de edad, el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos y nacionalidades y la necesidad de garantizar recursos económicos suficientes para la aplicación de las reformas. Durante las intervenciones se destacó la importancia de precisar las competencias institucionales, evitar contradicciones entre cuerpos legales y garantizar que las disposiciones propuestas sean aplicables y respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes. Concluido el tratamiento de las intervenciones, Rebeca Veloz solicitó que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar las observaciones y aportes presentados por los legisladores, por lo que se suspendió el debate sin someter el proyecto a votación, a fin de que la Comisión continúe con su análisis y realice las modificaciones correspondientes. Al inicio de la sesión se registró la principalización y posesión legal de los asambleístas Ángel Guerrero, Glenda Quezada, Erick Zambrano y Noelia Guillén. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_113-A-AN-2025-2029_PLENO_18-08-2026.pdf continuó con el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Libros I, II y III, orientado a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y actualizar las disposiciones relacionadas con la responsabilidad parental, la tenencia compartida, las pensiones alimenticias, la adopción, la educación, la salud, la identidad cultural y la prevención de la violencia y los delitos cometidos mediante medios digitales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Milton Aguas, Isaac Solano, Anthony Becerra, Maite Levi, Andrés Castillo, Doménica Escobar, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Sergio Peña, Pablo Jurado y Rebeca Veloz, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de armonizar las reformas con la normativa vigente, establecer mecanismos efectivos de protección frente al ciberacoso, la explotación sexual infantil y el reclutamiento de menores de edad por organizaciones delictivas, garantizar el acceso a la educación inclusiva, fortalecer la responsabilidad de los progenitores, regular la tenencia compartida conforme al interés superior del niño y establecer mecanismos adecuados para el cumplimiento de las pensiones alimenticias, evitando que la responsabilidad económica recaiga injustificadamente sobre los familiares de los obligados principales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la vigencia de las boletas de apremio por incumplimiento de obligaciones alimenticias, la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad, la protección de la identidad de género, la regulación de las intervenciones médicas, quirúrgicas y farmacológicas en menores de edad, el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos y nacionalidades y la necesidad de garantizar recursos económicos suficientes para la aplicación de las reformas. Durante las intervenciones se destacó la importancia de precisar las competencias institucionales, evitar contradicciones entre cuerpos legales y garantizar que las disposiciones propuestas sean aplicables y respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes. Concluido el tratamiento de las intervenciones, Rebeca Veloz solicitó que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar las observaciones y aportes presentados por los legisladores, por lo que se suspendió el debate sin someter el proyecto a votación, a fin de que la Comisión continúe con su análisis y realice las modificaciones correspondientes. Al inicio de la sesión se registró la principalización y posesión legal de los asambleístas Ángel Guerrero, Glenda Quezada, Erick Zambrano y Noelia Guillén. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_17-08-26 Al inicio de la sesión, la presidenta Mishel Mancheno Dávila expresó las condolencias del Pleno por el fallecimiento, en un accidente aéreo en Kenia, de Michele Sensi-Contugi, titular del Centro Nacional de Inteligencia, y de su esposa Stephany Hollihan, guardándose un toque de silencio en su memoria. El Pleno conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar la Igualdad en el Acceso a la Licencia por Calamidad Doméstica, con las intervenciones de Naila Quintana, Sergio Peña, Nuria Butiñá, María Cristina Acuña, Roberto Cuero, Christopher Jaramillo, Carmen Tiupul y Nathaly Farinango, concluyendo con la disposición de que el proyecto retorne a Comisión para el informe de segundo debate; asimismo conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas a Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley Nro. 047), con las intervenciones de la ponente Nathaly Farinango, Gerardo Machado, Hernán Zapata, Mónica Alemán, Segundo Tuala, Jossue Barragán, Anthony Becerra, Edwin Jarrín, Adrián Castro, Liliana Durán, Andrés Castillo y Fabiola Sanmartín, con igual disposición de retorno a Comisión; y finalmente conoció el Oficio Nro. CNE-SG-2026-000813-OF, mediante el cual el Consejo Nacional Electoral determinó que la iniciativa popular para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador no alcanzó el respaldo ciudadano mínimo exigido, aprobándose con 89 votos afirmativos, tras la intervención de Milton Aguas, la moción que determinó la imposibilidad de continuar con dicho trámite. La sesión fue presidida por Mishel Andrea Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge Enrique López Terán, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

004_VOTACIONES_SESION_123-AN-2025-2029_15-09-26 El Pleno de la Asamblea Nacional designó, con 84 votos afirmativos, a la asambleísta Diana Patricia Blacio Carrión como integrante del Comité de Ética, a partir de la moción presentada por Marco Olmedo; conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de Inteligencia Artificial en el Ecuador, con las intervenciones de Rosa Cecilia Baltazar, Julio Lasso, Pablo Jurado y Ana Belén Yela, aprobándose con 88 votos afirmativos la moción de Rosa Cecilia Baltazar para archivar el proyecto; y conoció y resolvió respecto del informe de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en Guayaquil, con las intervenciones de Inés Alarcón, Saadin Serrano, Luigi García, Rebeca Veloz, Sergio Peña, Álex Morán, Isaac Solano, Juan Andrés González, Andrés Castillo, Jhajaira Urresta, Jorge Chamba y Mauricio Ordóñez, aprobándose con 85 votos afirmativos la moción de Inés Alarcón que dispuso remitir el informe a la Fiscalía General del Estado, solicitar exámenes a la Contraloría y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, y exhortar a ECU 911 y a Segura EP a fortalecer sus controles y mecanismos de trazabilidad. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional (con la dirección temporal de Luis Esteban Torres Cobo, primer vicepresidente, durante el tercer punto), y actuaron en la Secretaría Jorge Enrique López Terán y Laura Vanessa Flores Arias, secretario general y prosecretaria general, respectivamente.

ACTA_017-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate del proyecto de reforma penal para tipificar y juzgar los delitos cometidos en el servicio militar y policial, orientado a integrar la justicia militar y policial en la jurisdicción ordinaria, delimitar los delitos de función, diferenciar las conductas disciplinarias de las penales, establecer reglas de juzgamiento especializado y adecuar la normativa a los principios de igualdad, debido proceso y derechos humanos. María Paula Romo presentó el informe y defendió la unificación normativa; Paco Moncayo, Luis Almeida y Carlos Poveda plantearon observaciones sobre las particularidades de la actividad militar y policial, la obediencia debida, el tratamiento de conflictos armados, las minas, la proporcionalidad de las sanciones y el juzgamiento de violaciones de derechos humanos; mientras Tito Nilton Mendoza, Mauro Andino, Abdalá Bucaram, César Gracia, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Rodríguez, Carlos Samaniego y Mary Verduga respaldaron la eliminación de privilegios y el fortalecimiento de la unidad jurisdiccional. También intervinieron Yorinson Tenorio y Fernando Bustamante, quienes solicitaron incorporar medidas contra la discriminación, el racismo, el abuso de autoridad y las prácticas de espionaje ilegal; Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli formularon observaciones sobre el alcance del fuero, la participación de civiles en delitos de función y la precisión de las normas procesales. Posteriormente, se inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Abdalá Bucaram y Celso Maldonado, que planteaba fortalecer la rectoría estatal, organizar el sistema deportivo, promover la actividad física, la recreación, la educación física y el deporte de alto rendimiento, garantizar apoyo integral a las y los deportistas, regular la distribución de recursos públicos y exigir rendición de cuentas a las organizaciones deportivas. Durante el debate, Fernando Romo, Gabriel Rivera, Línder Altafuya, María Soledad Vela, Saruka Rodríguez, Xavier Tomalá, Eduardo Encalada, Zobeida Gudiño, María Cristina Kronfle, Luis Morales y Ramiro Terán formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de las ligas barriales, parroquiales, estudiantiles y universitarias, la distribución equitativa de recursos, el control de las federaciones, la inclusión de personas con discapacidad, el fortalecimiento de la educación física y la necesidad de diferenciar el deporte formativo, competitivo y recreativo; Marco Murillo intervino sobre el desarrollo del trámite. Finalmente, al quedar varias intervenciones pendientes, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto de ley en una próxima reunión.

ACTA_022-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció la respuesta del Ejecutivo a las observaciones formuladas a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual, ratificándose la Asamblea en que los fondos especiales destinados a determinados gobiernos autónomos descentralizados debían mantenerse vigentes y pagarse sin descontarlos de las asignaciones generales, así como en la redistribución de ochenta millones de dólares para modernizar la Función Judicial, financiar nuevos jueces y fortalecer los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia; intervinieron Betty Amores, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, Rafael Dávila y Armando Aguilar, quienes debatieron también sobre el endeudamiento, las proyecciones económicas, las asignaciones para educación, salud, jubilación docente y gobiernos locales. La resolución fue aprobada luego de la rectificación de la votación y se negó la reconsideración solicitada. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe fue presentado por Betty Carrillo y planteaba garantizar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, la regulación de contenidos, la protección de niñas, niños y adolescentes, la producción nacional, los derechos de periodistas y comunicadores, la desconcentración de la propiedad de medios, la transparencia de sus propietarios, el funcionamiento de medios públicos, privados y comunitarios, y la creación de mecanismos de regulación, vigilancia y participación ciudadana. Antes del debate se dio lectura al acuerdo suscrito por Fernando Cordero, Luis Morales, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Cynthia Viteri, César Montúfar y Abdalá Bucaram, orientado a garantizar la libertad de expresión sin censura previa, establecer responsabilidad ulterior, impedir la clausura o suspensión administrativa de medios y crear un Consejo de Comunicación autónomo e independiente. Durante el debate intervinieron Betty Carrillo, Paco Moncayo, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, César Rodríguez y Luis Morales; mientras Carrillo y Rodríguez defendieron la necesidad de una ley para democratizar el acceso a la comunicación, evitar monopolios y garantizar derechos ciudadanos, Moncayo, Cobo, Viteri y Morales expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, las facultades sancionadoras del Consejo y la suspensión de medios de comunicación. Finalmente, ante la falta de condiciones para continuar el debate, se suspendió el tratamiento del proyecto para retomarlo en una próxima sesión.

ACTA_031-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para incorporar un homenaje a la mujer ecuatoriana y a Tránsito Amaguaña, así como una propuesta para promover la igualdad real entre mujeres y hombres en los organismos públicos, iniciativas sustentadas por Henry Cuji y Nívea Vélez. También se realizó la presentación oficial de la Constitución de la República en kichwa, como instrumento de difusión de derechos y fortalecimiento de la interculturalidad, con la participación de Bernardo Chango Jerez, Pedro de la Cruz, José Caiza y César Guanolema. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, orientado a reorganizar los gobiernos autónomos descentralizados, definir competencias, fortalecer la descentralización, la participación ciudadana, los regímenes especiales, las circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y montubias, y establecer un modelo de distribución de recursos basado en la equidad territorial. Virgilio Hernández defendió la propuesta como un mecanismo para superar desigualdades históricas y garantizar recursos y competencias para todos los niveles de gobierno; Paco Moncayo respaldó el fortalecimiento del Estado y de los gobiernos locales; mientras Andrés Roche cuestionó posibles limitaciones a la autonomía y una excesiva vinculación de los planes locales con la planificación nacional. Jorge Escala, Cléver Jiménez, Luis Morales y Tomás Zevallos expresaron preocupaciones sobre la creación de tributos, la privatización de servicios públicos, la eliminación o congelamiento de recursos destinados a la Amazonía y los efectos de las disposiciones relacionadas con las Leyes 010, 047 y 122. Aminta Buenaño y María Soledad Vela propusieron incorporar normas de gestión de riesgos, prevención ante desastres, protección de grupos de atención prioritaria, niñez y adolescencia, y fortalecimiento de los mecanismos de igualdad. Rocío Valarezo, Juan Carlos Cassinelli, Kléver García y Alfredo Ortiz plantearon ajustes sobre competencias, fiscalización, transporte, expropiaciones, funciones de autoridades locales, financiamiento, Galápagos y recursos para juntas parroquiales. Guillermina Cruz solicitó aclarar la vigencia de los recursos amazónicos y revisar la distribución territorial; Carlos Velasco destacó la necesidad de combatir la pobreza y garantizar la gratuidad de salud y educación; y Eduardo Encalada respaldó una redistribución más equitativa de recursos y propuso ampliar beneficios tributarios para adquisición de vivienda. Finalmente, al no concluir el debate ni producirse una votación definitiva del proyecto, se suspendió la sesión para continuar su tratamiento en una próxima convocatoria.

ACTA_031-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, centrado en la definición de competencias, autonomía, planificación, participación ciudadana y distribución equitativa de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Edwin Vaca propuso una atención preferencial para las provincias fronterizas por la presencia de población refugiada y planteó impulsar una norma específica de desarrollo fronterizo; Paola Pabón, César Rodríguez, José Picoita, Mary Verduga, Gina Godoy y Armando Aguilar defendieron el Código como una herramienta para superar el centralismo, fortalecer las juntas parroquiales, ordenar competencias y establecer una distribución más justa de recursos. Gilmar Gutiérrez, Francisco Cisneros, Andrés Páez, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Francisco Ulloa y Nivea Vélez expresaron reparos sobre posibles limitaciones a la autonomía, la fórmula de redistribución, la creación de tributos, la delegación de servicios públicos y las disposiciones sobre expropiación de inmuebles para vivienda de interés social. Ángel Vilema solicitó reconocer los costos de insularidad de Galápagos; Xavier Tomalá y Jimmy Pinoargote plantearon mayores recursos y competencias para Santa Elena, particularmente por la explotación petrolera y el turismo; Rafael Dávila y Nivea Vélez defendieron la permanencia de recursos destinados a Loja; Magali Orellana, Guillermina Cruz, Francisco Cisneros y otros representantes amazónicos solicitaron garantizar los fondos de compensación para esa región; mientras Paco Fierro, Mauro Andino, María Molina y Jaime Abril debatieron la distribución de beneficios vinculados con la generación hidroeléctrica y las provincias afectadas. Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Lourdes Tibán formularon observaciones sobre las circunscripciones territoriales indígenas, el reconocimiento de comunas, pueblos y nacionalidades, la consulta conforme a sus procedimientos propios y el respeto a la libre determinación. Pedro de la Cruz y Jaime Abril solicitaron proteger la gestión pública y comunitaria del agua y del riego; Silvia Salgado planteó evitar que la educación y la salud sean tratadas como servicios sujetos a delegación; Línder Altafuya cuestionó que la regionalización pudiera imponerse sin consulta popular; y Richard Guillén, Marllely Vásconez, Fausto Cobo, Galo Vaca, Cynthia Viteri, Luis Morales y Gabriel Rivera también presentaron observaciones sobre financiamiento, competencias, participación y autonomía local. Finalmente, al permanecer pendientes varias intervenciones y temas adicionales incorporados al orden del día, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto en una próxima convocatoria.

ACTA_031-C-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se sometió a votación el proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, luego de que Jorge Escala, con el respaldo de Kléver Jiménez, Diana Atamaint, Línder Altafuya, Ramiro Terán, Gerónimo Yantalema y Marlene Castro, propusiera que el texto se vote por capítulos, argumentando que respaldaban disposiciones relacionadas con las circunscripciones territoriales indígenas, el fortalecimiento presupuestario de las juntas parroquiales y la vigencia de recursos para determinadas provincias, pero cuestionaban normas que, a su criterio, podían permitir nuevos tributos, incrementos en combustibles, impuesto al rodaje y cobros por obras públicas. Virgilio Hernández defendió el texto final, señalando que incorporaba aportes de asambleístas, gobiernos locales y organizaciones territoriales, precisaba las competencias exclusivas, concurrentes y privativas de cada nivel de gobierno, fortalecía la autonomía política, administrativa y financiera, reconocía las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, garantizaba recursos para los gobiernos autónomos descentralizados mediante una fórmula de distribución equitativa y asignaba por primera vez un porcentaje específico para las juntas parroquiales rurales; además, aclaró que se incluyó una fe de erratas para corregir aspectos técnicos y asegurar que las asignaciones consideren los recursos que legalmente correspondían a cada gobierno local. La moción de votar por capítulos fue negada con cuarenta y seis votos afirmativos, sesenta y siete negativos, cuatro blancos y cuatro abstenciones. Posteriormente, se aprobó el Código con ochenta votos afirmativos, diez negativos, dos blancos y treinta abstenciones; finalmente, César Rodríguez solicitó reconsiderar la votación, pero su moción fue negada con treinta y cuatro votos afirmativos, setenta y ocho negativos, tres blancos y siete abstenciones, quedando aprobada de manera definitiva la normativa.

ACTA_033-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Fernando Aguirre para suspender la posesión de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e investigar las denuncias sobre su proceso de designación; posteriormente, fueron posesionados como consejeros principales Patricia Ordeñana, David Rosero, Juana Miranda, Luis Pachala, Mónica Vanegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera, y como suplentes William Arias, Evans Herrera, Óscar Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera, Linda Vidal y Franklin Moreno. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la reforma penal y procesal penal, respecto de la cual María Paula Romo propuso acogerse a las correcciones relacionadas con penas, contravenciones, procedimientos de archivo y garantías para los denunciantes, pero mantener el texto aprobado sobre la restitución de determinados delitos como de acción pública y la protección de los procesos previamente archivados; la propuesta fue aprobada. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, luego de que Betty Amores defendiera las precisiones sobre rectoría, interconexión, financiamiento y plazos de implementación; Paco Moncayo cuestionó errores de forma y redacción en los proyectos legislativos, mientras Alfredo Ortiz planteó mantener ciertos plazos y garantizar que la información de entidades como la Superintendencia de Compañías se integre al sistema. De igual manera, se aprobó la reforma penal para regular los delitos cometidos en el servicio militar y policial, impulsada por María Paula Romo, orientada a consolidar la unidad jurisdiccional, eliminar los fueros especiales, establecer delitos de función, incorporar garantías del debido proceso y normas de Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, se aprobó la resolución para declarar el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y exhortar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía a desarrollar acciones permanentes contra el racismo; Fernando Bustamante destacó la necesidad de combatir toda forma de exclusión, Rodolfo Baquerizo solicitó la votación inmediata, María Cristina Kronfle propuso reforzar el carácter progresivo de las medidas, Viviana Bonilla planteó ajustes de redacción institucional, Pedro de la Cruz resaltó la persistencia de prácticas discriminatorias, Gabriel Rivera defendió la interculturalidad y Fausto Cobo expresó su respaldo a la resolución, que incorporó las observaciones presentadas.

ACTA_035-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate de la propuesta orientada a incorporar al ordenamiento jurídico nacional los derechos colectivos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de fortalecer el carácter plurinacional e intercultural del Estado, proteger la identidad, territorios, formas de organización, educación intercultural bilingüe, justicia propia, consulta previa y participación de los pueblos y nacionalidades. Edwin Vaca, Lourdes Tibán, Francisco Ulloa, Kléver García, Marco Murillo, Diana Atamaint, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Cléver Jiménez y otros legisladores defendieron la necesidad de reconocer y hacer efectivos estos derechos; mientras César Rodríguez, Nivea Vélez, Hólger Chávez, Betty Amores, Armando Aguilar, Gioconda Saltos, Carlos Velasco, María Augusta Calle, Aminta Buenaño y Betty Carrillo señalaron que el texto debía ser reformulado para convertir los principios internacionales en una normativa aplicable, con mecanismos de exigibilidad e inclusión expresa de pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y demás colectivos. También intervinieron Luis Morales, Zobeida Gudiño, Enrique Herrería y Vicente Taiano. Finalmente, Lourdes Tibán retiró la propuesta original, se negó el pedido de archivo planteado por Enrique Herrería y se dispuso que el tema vuelva a ser trabajado para elaborar una normativa integral sobre derechos colectivos. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, mediante la cual se otorgó inmunidad civil y penal limitada a las actuaciones, conclusiones, análisis y recomendaciones incorporadas en el informe final, así como medidas de reserva y protección para testigos y colaboradores. Washington Cruz, Línder Altafuya y Mao Moreno defendieron la norma como una garantía para esclarecer los hechos, proteger a los investigadores y resguardar la soberanía nacional; María Augusta Calle cuestionó la falta de protección a las fuentes y el posible alcance permanente de la inmunidad; y Fausto Cobo, Alfredo Ortiz, Kléver García, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo expresaron reparos sobre su constitucionalidad, la transparencia del informe, la posible persecución política y la necesidad de conocer plenamente la verdad. La ley fue aprobada luego de una rectificación de la votación.

ACTA_037-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un reconocimiento a las maestras y maestros del país, propuesto por Jorge Escala, mientras Guillermina Cruz retiró su pedido de homenaje a la ajedrecista Martha Fierro tras el compromiso institucional de otorgarle una condecoración y apoyo técnico; en cambio, se negó la propuesta de Fernando Aguirre para tratar una resolución sobre las afectaciones a las familias perjudicadas por el robo en el Monte de Piedad del IESS de Cuenca. Además, se permitió la participación de Jorge Calderón, representante de los taxistas, en el tratamiento de la reforma de transporte. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orientada a corregir vacíos en la aplicación de la norma, reorganizar las competencias de los organismos de tránsito, fortalecer la seguridad vial, mejorar el sistema de licencias y puntos, regular las contravenciones, el transporte informal, las rutas y frecuencias, los permisos de operación, la capacitación de conductores, el SOAT, las sanciones, la atención a víctimas de accidentes y la coordinación con los municipios. El debate se centró principalmente en la necesidad de respetar las competencias constitucionales de los gobiernos municipales, evitar la excesiva discrecionalidad de los organismos nacionales, mejorar el control a conductores extranjeros e informales, establecer mecanismos eficaces de cobro y juzgamiento, proteger a peatones, pasajeros, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, regular el transporte escolar, revisar las condiciones laborales de los conductores y garantizar tarifas, seguros y sistemas de reparación justos. Intervinieron Saruka Rodríguez, Juan Carlos Cassinelli, Silvia Salgado, Consuelo Flores, Richard Guillén, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Gido Vargas, Luis Morales, Paco Moncayo, María Soledad Vela, María Paula Romo, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Grace Almeida, Vanessa Fajardo, Rafael Dávila, Nivea Vélez, Eduardo Zambrano, María Alejandra Vicuña, Enrique Herrería, Mauro Andino, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Carlos Samaniego, Betty Amores, Guillermina Cruz, Gioconda Saltos y Rodolfo Baquerizo, quienes presentaron observaciones para que sean incorporadas en el informe de segundo debate. Finalmente, se aprobó la resolución de reconocimiento a las maestras y maestros del país, que destacó su aporte a la educación y comprometió a la Asamblea a impulsar normas que garanticen estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, formación, remuneraciones y jubilación digna; en este punto intervinieron Ramiro Terán y Jorge Escala.

ACTA_039-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Francisco Ulloa para incorporar una resolución de rechazo al fallo arbitral favorable a Chevron y Texaco, y de Gilmar Gutiérrez para tratar la situación del enjuiciamiento político al Fiscal General del Estado; en cambio, se aprobaron las inclusiones de las resoluciones propuestas por Lídice Larrea y Armando Aguilar. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Celso Maldonado, orientado a fortalecer la actividad física, la recreación, el deporte formativo y de alto rendimiento, regular la estructura y funcionamiento de las organizaciones deportivas, establecer una distribución más equitativa de recursos, impulsar la planificación, garantizar becas, seguros, pensiones, atención médica y apoyo a deportistas, así como promover la democratización, transparencia y rendición de cuentas en las federaciones y demás entidades deportivas. Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Ramiro Terán, Kléver García, Mercedes Diminich, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Leonardo Viteri, María Soledad Vela, Luis Morales, Linda Machuca, Luis Almeida, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Luis Noboa, Jimmy Pinoargote, Marllely Vásconez, Yorinson Tenorio, Lídice Larrea, Francisco Ulloa, Paola Pabón, José Picoita, Fernando Cáceres, César Rodríguez, Gido Vargas, María Alejandra Vicuña, Marisol Peñafiel y Ángel Vilema presentaron observaciones sobre la categoría de la ley, la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de ligas barriales, cantonales y parroquiales, la integración de directorios, las funciones del Ministerio del Deporte, el financiamiento, las exoneraciones de servicios básicos, la protección de deportistas, la inclusión de ecuatorianos en el exterior y las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; por lo que se dispuso recoger los aportes y diferir la votación para una sesión posterior. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Lídice Larrea para declarar el 5 de mayo como fecha cívica nacional en conmemoración de la Primera Proclama de la Revolución Alfarista en Chone, y la resolución promovida por Armando Aguilar, con intervenciones de Nívea Vélez, Fausto Cobo, César Montúfar, Línder Altafuya, Luis Morales, Gido Vargas y Washington Quiñónez, mediante la cual se reconoció a las trabajadoras y trabajadores del país, se reafirmó el compromiso de legislar en favor de sus derechos y se exhortó al Gobierno a vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y promover la generación de empleo productivo.

ACTA_039-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó y concluyó el segundo debate del proyecto de Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, orientado a garantizar el acceso universal, inclusivo y no discriminatorio a la práctica deportiva, la educación física y la recreación; fortalecer los derechos, seguros, becas, incentivos y pensiones para deportistas; regular la organización y funcionamiento de clubes, ligas, federaciones, comités olímpico y paralímpico, así como el deporte profesional, estudiantil, militar, policial, barrial, ancestral y adaptado para personas con discapacidad. La normativa también estableció atribuciones para el Ministerio Sectorial en materia de planificación, control, financiamiento, infraestructura, prevención del dopaje y de la violencia en escenarios deportivos, además de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, democratización de las organizaciones deportivas, sanciones a dirigentes y protección de los bienes deportivos financiados con recursos públicos. Celso Maldonado, como ponente, informó que se incorporaron observaciones presentadas por las distintas bancadas y solicitó la votación del texto consensuado. Finalmente, luego de una rectificación de la votación solicitada por Juan Fernández, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación fue aprobada con noventa y un votos afirmativos, ocho negativos y doce abstenciones; la sesión fue clausurada por Fernando Cordero.

ACTA_040-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, en medio de un amplio debate sobre la gestión pública y comunitaria del recurso, la participación social, la desprivatización, la redistribución, la protección de fuentes hídricas, los servicios de agua potable y riego, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la regulación de actividades productivas como la minería, el envasado de agua, el turismo termal, la acuacultura y la actividad camaronera. Andrés Roche, José Picoita, María Alejandra Vicuña, Rodolfo Baquerizo, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Cordero, Consuelo Flores y otros legisladores defendieron el proyecto como un avance para reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer prioridades de uso, regular autorizaciones y tarifas, recuperar concesiones irregulares y mantener las concesiones vigentes sujetas a auditorías y procesos de revisión, especialmente en el caso de INTERAGUA; mientras Gido Vargas, Silvia Salgado, Hólger Chávez, Cléver Jiménez, Nívea Vélez, Carlos Velasco, Línder Altafuya, Gioconda Saltos, Franklin Purcachi, Andrés Páez, Juan Carlos López, Tito Nilton Mendoza, Lourdes Tibán, Jorge Escala, Enrique Herrería, Francisco Cisneros y Pedro de la Cruz cuestionaron el carácter centralista de la autoridad única del agua, la posibilidad de que la Secretaría Nacional del Agua concentre decisiones, las disposiciones sobre tarifas, autorizaciones, concesiones, participación de empresas privadas y la falta de garantías suficientes para comunidades, pueblos y nacionalidades, pequeños productores, sistemas comunitarios y gobiernos locales. Varios asambleístas solicitaron que el texto sea revisado para alcanzar consensos sobre la autoridad del agua, la desprivatización, el aprovechamiento económico, la protección ambiental y las competencias territoriales; Nívea Vélez propuso que las observaciones sean analizadas con participación de organizaciones sociales en un plazo de quince días, mientras Tito Nilton Mendoza planteó archivar el proyecto y elaborar uno nuevo. Asimismo, se debatieron las movilizaciones indígenas y las actuaciones policiales ocurridas alrededor de la Asamblea, con denuncias de represión y restricciones a la participación ciudadana, frente a llamados a preservar el diálogo y evitar que las decisiones legislativas se adopten bajo presión. Finalmente, en comisión general, Rodrigo Collahuazo, Manuel Chucchilán y José Agualsaca solicitaron que no se vote apresuradamente, que se recojan las propuestas de las organizaciones campesinas e indígenas, se fortalezca el carácter decisorio del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, se revise la concesión de INTERAGUA y se establezcan controles sobre actividades que afecten manglares, fuentes y ecosistemas; al no concluir el tratamiento ni efectuarse una votación, la sesión fue suspendida.

ACTA_044-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron varias resoluciones de carácter nacional e internacional. Se unificaron y aprobaron las propuestas de Línder Altafuya y María Alejandra Vicuña para condenar el ataque del Ejército israelí contra la flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, expresar solidaridad con las víctimas y activistas, solicitar una investigación y sanción internacional, respaldar el llamado a consultas del embajador ecuatoriano y demandar el cese del bloqueo a la Franja de Gaza; en este debate intervinieron Fernando Bustamante, Línder Altafuya, María Alejandra Vicuña y María Augusta Calle. También se aprobó la resolución impulsada por Fausto Cobo para exhortar al Servicio Social de la Fuerza Terrestre y al Ministerio de Relaciones Laborales a garantizar el pago de indemnizaciones a las exservidoras y exservidores del Comisariato del Ejército que fueron cesados, con aportes de Luis Morales, Armando Aguilar, Hólger Chávez, María Augusta Calle y Línder Altafuya. De igual manera, se aprobó la resolución propuesta por Rosana Alvarado con motivo del Día Mundial del Ambiente, mediante la cual la Asamblea reafirmó su compromiso con el desarrollo sustentable, los derechos de la naturaleza y el uso responsable de los recursos naturales. Posteriormente, se debatió la propuesta de Magali Orellana para declarar de interés nacional la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y la preservación de la biodiversidad del Yasuní y la zona intangible; Magali Orellana, Francisco Cisneros, Rosendo Nurinkias, Alfredo Ortiz y Paco Moncayo defendieron la necesidad de proteger estos territorios y pueblos, mientras César Rodríguez cuestionó la pertinencia jurídica de la propuesta, por lo que la resolución fue negada. Finalmente, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Mercedes Diminich para expresar condolencias a Carlos Zambrano y su familia por el fallecimiento de su esposa, Jéssica Núquez, y se planteó la necesidad de fortalecer las acciones frente a la inseguridad y el sicariato, con intervención de Gido Vargas; además, Gilmar Gutiérrez advirtió que la votación de la Ley del Deporte debía realizarse al continuar la sesión en que se desarrolló su segundo debate, por lo que se clausuró la sesión sin tratar dicha votación.

ACTA_045-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida inicialmente por Fernando Cordero Cueva y luego por el segundo vicepresidente Rolando Panchana Farra, se constató el quórum, se reinstaló la sesión y se continuó con el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en el que intervinieron sucesivamente diecinueve asambleístas presentando observaciones puntuales al articulado: entre los temas más recurrentes estuvieron el ámbito de aplicación de la ley y la rectoría del Ministerio de Relaciones Laborales frente a la autonomía de los GAD, la Función Judicial y la propia Función Legislativa (con planteamientos para excluir a estas últimas del ámbito de la norma y remitir su organización al CAL y al Código Orgánico de la Función Judicial); el régimen de ingreso al servicio público mediante concurso de méritos y oposición frente al acceso de extranjeros (con un intenso debate sobre xenofobia y reciprocidad); la disposición transitoria séptima sobre regularización de contratos de servicios ocasionales (con propuestas de extender el plazo de dos a tres o cuatro años); la exclusión del Magisterio Nacional bajo su propia Ley de Carrera Docente y Escalafón; jornadas especiales para personal de salud; licencia de maternidad; beneficios de jubilación y la controversia sobre la doble pensión de expresidentes militares; topes remunerativos, nepotismo, debido proceso en sumarios administrativos y estabilidad laboral; además se recogieron observaciones del CONASEP y la AME, y se incorporaron correcciones técnicas y de redacción a diversos artículos; finalmente, ante la magnitud de las observaciones planteadas —incluida una extensa intervención de Fernando Cordero sobre el riesgo de inconstitucionalidad por centralismo excesivo—, se resolvió suspender el tratamiento del proyecto para que la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social sistematice las propuestas antes de fijar fecha para la votación.

ACTA_046-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión, reinstalada por el presidente Fernando Cordero Cueva con quórum verificado y la actuación en Secretaría del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se continuó durante todo el día el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) con la intervención sucesiva de numerosos asambleístas —entre ellos César Rodríguez, Gido Vargas, José Picoita, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel, Tito Nilton Mendoza, Paola Pabón, Nivea Vélez, María Paula Romo, Fernando Vélez, Alex Remache, Richard Guillén, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Eduardo Sánchez, Lenin Chica, Eduardo Zambrano, Betty Amores, Francisco Cisneros, Carlos Velasco, Milton Altamirano, Rosana Alvarado, Fernando González, Kléver García, César Gracia, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Luis Morales, Ángel Vilema, Celso Maldonado, Pamela Falconi, Dora Aguirre, Hólger Chávez, Fernando Cordero, Francisco Ulloa, Jorge Escala, Xavier Tomalá, Gioconda Saltos, Juan Fernández, Mary Verduga y Raúl Abad—, con la dirección de la sesión alternándose entre el Presidente Cordero Cueva, la Primera Vicepresidenta Irina Cabezas Rodríguez y el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, e incluyó una Comisión General para recibir al rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, Dr. José Barbosa, quien defendió el reconocimiento del "Modus Vivendi" para las universidades católicas y la valoración de la educación a distancia, así como una suspensión y reinstalación de la sesión entre las doce horas con cincuenta y dos minutos y las quince horas con cuarenta y cinco minutos; posteriormente se trató el punto IV, el proyecto de Resolución presentado por Gerónimo Yantalema de reconocimiento a la contribución histórica de las comunidades, pueblos y nacionalidades en su lucha de liberación de la opresión, la colonización y el neoliberalismo hacia la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural del Sumak Kawsay, que conmemora los veinte años del levantamiento indígena de 1990 y declara el 21 de junio como "Inty Raymy", día de conmemoración nacional, el cual fue debatido con observaciones de Marco Murillo, Marisol Peñafiel y María Augusta Calle, y aprobado con 78 votos afirmativos, 4 en blanco y 7 abstenciones, tras lo cual el Presidente suspendió la sesión.

ACTA_046-E-AN-2009-2011_PLENO.pdf Aquí tienes el resumen:
En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva, se reinstaló la sesión número 46 con el objeto de proceder a la votación del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), tras lo cual el Secretario dio lectura a una moción previa presentada por el asambleísta Jorge Escala, sustentada por el asambleísta Gerónimo Yantalema, para incorporar la consulta prelegislativa a comunidades, pueblos y nacionalidades como requisito previo a la votación, la cual fue sometida a votación y rectificación sin alcanzar los votos necesarios para su aprobación; a continuación se retomó la moción previa planteada en sesión anterior por el asambleísta Andrés Páez para que la LOES se votara artículo por artículo y de forma nominal, la cual también fue rechazada tanto en su primera votación como en su rectificación. Posteriormente, el asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, intervino para destacar el trabajo de consenso alcanzado con la Academia y diversas bancadas, mencionando ajustes como la integración del Consejo de Educación Superior (CES) y el plazo de evaluación para universidades que no alcanzaron el umbral requerido en los informes del CONEA y CONESUP, tras lo cual se procedió a la lectura y transcripción completa del articulado del proyecto de ley con sus disposiciones transitorias y finales. Al concluir dicha transcripción, se sometió a votación el proyecto de LOES con las observaciones del ponente, obteniéndose sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y siete negativos y trece abstenciones, resultado que se mantuvo en la rectificación solicitada por el asambleísta Páez (sesenta y tres afirmativos, cuarenta y siete negativos, doce abstenciones y un blanco); finalmente, ante el pedido de reconsideración formulado por el asambleísta César Rodríguez, el Pleno votó nuevamente y mantuvo su decisión con cincuenta y un votos afirmativos, sesenta y dos negativos, tres blancos y siete abstenciones, no siendo aceptada la moción de reconsideración.

ACTA_048-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum y se reinstaló la sesión, dando lectura a la convocatoria y al orden del día centrado en la continuación del segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. El asambleísta ponente, Francisco Velasco, presidente de la Comisión, expuso los cambios incorporados al articulado a partir de las observaciones recogidas en el debate previo, fundamentados en el art. 286 de la Constitución, ratificando la prohibición de que el Banco Central (BC) adquiera o invierta en bonos del Estado para financiar gasto corriente, eliminando la posibilidad de que el BC capte títulos del sistema financiero privado, restringiendo las operaciones de reporto exclusivamente a instituciones del sistema financiero público con títulos avalados por el Estado, y corrigiendo la coordinación para la transferencia de bienes culturales del BC al Sistema Nacional de Cultura, que pasa a realizarse con el Instituto Nacional de Patrimonio en lugar del Fondo de Salvamento. Tras un breve incidente con el asambleísta Herrería que el Presidente debió moderar, se sometió a votación el informe para segundo debate, obteniéndose en una primera ronda 59 votos afirmativos, 52 negativos, 2 en blanco y 8 abstenciones; a pedido de la asambleísta Magaly Orellana se rectificó la votación, surgiendo un inconveniente con la tarjeta electrónica del asambleísta Washington Cruz, quien manifestó no poder votar por habérsele retirado la tarjeta al ingresar. En la votación definitiva se registraron 59 votos afirmativos, 59 negativos, cero en blanco y 3 abstenciones, resultado con el cual el informe no fue aprobado.

ACTA_051-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf La sesión continuó con el tratamiento del primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que numerosos asambleístas presentaron observaciones a los informes de mayoría y minoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado: Alfredo Ortiz insistió en fortalecer la fiscalización y la iniciativa legislativa frente al CAL y cuestionó el artículo sobre objeción parcial presidencial; Tito Nilton Mendoza calificó a la ley vigente de ineficaz y pidió la figura de la autoconvocatoria y la eliminación de filtros a la fiscalización; Juan Carlos Cassinelli propuso reformas sobre subrogación de funciones, tiempos de comparecencia y voto dirimente en comisiones; Leonardo Viteri planteó normar la destitución de autoridades del CAL, ampliar la Unidad de Control de Ejecución Presupuestaria y eliminar el voto en blanco electrónico; Aminta Buenaño defendió los avances de la ley frente al antiguo Congreso y sugirió uniformar la terminología sobre pueblos y nacionalidades y revisar el rol del ponente en segundo debate; Richard Guillén propuso reformas sobre sesiones ordinarias y extraordinarias, sanciones por inasistencia, integración equitativa de comisiones, votación por artículos y sanciones al Secretario por distorsionar resultados; César Rodríguez detalló un procedimiento ágil para la consulta prelegislativa y cuestionó la disposición transitoria sobre la Comisión de Fiscalización; Nivea Vélez criticó el rol del CAL como elemento de demora y la concentración de decisiones en presidentes de comisión; Juan Carlos López denunció la falta de independencia entre funciones del Estado y los juicios políticos archivados; Paola Pabón valoró el trabajo de la Comisión y propuso precisar las etapas de la consulta prelegislativa y el mecanismo de decisión sobre juicios políticos; Luis Morales cuestionó la proliferación de debates y pidió mayor apego a la ley; César Montúfar exigió una reforma integral orientada al fortalecimiento del Pleno frente a los "nueve filtros" que, según dijo, obstaculizan la fiscalización, y criticó la conducción del presidente Cordero; Jaime Abril desarrolló una propuesta detallada sobre las etapas de la consulta prelegislativa, la inclusión de las comunas y la participación de CODENPE, CODAE y CODEPMOC; María Cristina Kronfle aclaró su propuesta sobre el cambio del Orden del Día en sesiones ordinarias con mayoría simple; Marco Murillo insistió en que la consulta prelegislativa debe buscar consensos reales mediante asambleas comunitarias y no limitarse a un trámite; Línder Altafuya cuestionó la inacción de la Comisión de Fiscalización citando casos concretos y propuso que el Pleno decida con debate sobre el inicio de juicios políticos; Xavier Tomalá pidió precisar el quórum, los plazos para cambios de Orden del Día y la reconsideración de votaciones; Galo Lara citó casos de obras públicas cuestionadas y presentó reformas puntuales a los artículos sobre fiscalización y enjuiciamiento político; Enrique Herrería denunció que el proyecto carece de una reforma integral y señaló presuntas inconstitucionalidades, además de referirse a un incidente previo con Gilmar Gutiérrez sobre entrega de información; Saruka Rodríguez presentó seis observaciones puntuales sobre terminología y comisiones ocasionales; Fernando Bustamante advirtió contra la nostalgia de las prácticas del antiguo Congreso y defendió que la fiscalización no se agota en el juicio político; Fernando Aguirre cuestionó el servilismo de la Asamblea frente al Ejecutivo y pidió recuperar su independencia; y finalmente el presidente Fernando Cordero expuso su posición sobre el momento y alcance de la consulta prelegislativa y presentó cifras sobre solicitudes de información y resultados de fiscalización durante el año legislativo.

ACTA_054-AN-2009-2011_PLENO.pdf primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Reprime el Lavado de Activos, iniciando con la lectura del informe de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, que recogió los antecedentes del trámite, el proceso de socialización con instituciones públicas y la ciudadanía, y los criterios recabados de invitados como el Procurador General del Estado, el Gerente General de la CAE, el Superintendente de Compañías, el Director General del SRI, el Comandante General de la Policía Nacional y el Fiscal General, entre otros, sobre ejes como la ampliación de sujetos obligados, la tipificación del financiamiento de actividades ilícitas, el endurecimiento de penas, el comiso especial de activos, el cambio de denominación de la Unidad de Inteligencia Financiera a Unidad de Análisis Financiero y el fortalecimiento del control fronterizo y bancario; posteriormente intervinieron en el debate los asambleístas Velasco Francisco, Moncayo Paco, Cassinelli Juan Carlos, Kon Sylvia, Tapia Vicente, Romo María Paula, Altafuya Línder, Bustamante Fernando, Morales Luis, Cabezas Irina, Saltos Gioconda, Andino Mauro, Alvarado Rosana, González Susana, Carrillo Betty, Zambrano Eduardo, Vaca Edwin, Amores Betty, Verduga Mary, García Kléver y Fajardo Vanesa, quienes plantearon observaciones y sugerencias sobre distintos artículos del proyecto —como plazos de conservación de información bancaria, montos de referencia para reportes, requisitos de los directivos de la nueva unidad y aspectos penales y de procedimiento—, quedando dichas intervenciones remitidas a la Comisión respectiva para su análisis, con la posibilidad de que los demás asambleístas presenten sus observaciones en los siguientes tres días laborables.

ACTA_057-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Paco Moncayo para exhortar a que el Código Orgánico de la Producción sea tramitado por la vía ordinaria y no como ley económica urgente, debido a la necesidad de garantizar consulta prelegislativa y participación ciudadana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a definir la estructura, integración y atribuciones del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional, crear una Secretaría Coordinadora Técnica y convertir la Conferencia Nacional en una instancia permanente, plurinacional e intercultural de deliberación, veeduría y formulación de propuestas. María Molina, Gido Vargas y Rosana Alvarado respaldaron la reforma para viabilizar el funcionamiento de estos organismos; Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Silvia Salgado, Marco Murillo y Carlos Velasco cuestionaron la adscripción de la Conferencia y de la Secretaría Técnica al Ministerio de Agricultura, solicitaron mayor autonomía, representación territorial y social, plazos más breves y menos trámites para presentar propuestas legislativas; Jaime Abril propuso precisiones sobre tecnificación, representación de los gobiernos autónomos, rectoría de políticas públicas y selección de la Secretaría Técnica. Al existir numerosas observaciones, se difirió la votación para incorporar los aportes. También se trató la objeción parcial al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Virgilio Hernández propuso allanarse a la mayoría de observaciones de forma y ratificarse en artículos considerados esenciales para la autonomía y financiamiento de los gobiernos autónomos. Andrés Roche, Diana Atamaint, Paco Moncayo, Paco Fierro, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Jorge Escala, Edwin Vaca, Guillermina Cruz, Vicente Taiano, Paola Pabón, Luis Almeida y Marco Murillo debatieron sobre la fórmula de distribución de recursos, las competencias de los gobiernos locales, la representación de las circunscripciones territoriales indígenas, los límites para la conformación de regiones, la situación de Santo Domingo de los Tsáchilas, la designación del Secretario del Consejo Nacional de Competencias y el riesgo de recentralización. Finalmente, se aprobaron los allanamientos a las observaciones planteadas, incluidos los artículos relacionados con regiones y circunscripciones territoriales indígenas; además, se ratificaron los textos originales sobre sectores estratégicos, planificación, amnistías tributarias, normativa propia de los gobiernos autónomos, comodatos y ponderación para cantones fronterizos, mientras no prosperó la ratificación de otros artículos y disposiciones transitorias

ACTA_057-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN) y la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. María Molina explicó que se incorporaron observaciones de Washington Cruz, Paco Moncayo, Omar Juez, Fernando Bustamante, Jaime Abril, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Carlos Velasco, Raúl Abad, el bloque del MPD y los integrantes de la Conferencia, con el fin de mejorar la redacción y alcanzar consensos. Entre los cambios principales se eliminó la creación de una nueva Secretaría Técnica para el SISAN, asignando la coordinación a la Secretaría Técnica ya existente de la Conferencia; se definieron las funciones, composición y mecanismos de articulación del SISAN; se consolidó a la Conferencia como instancia de debate, deliberación, veeduría y generación de propuestas desde la sociedad civil, con autonomía técnica, administrativa y financiera; se reguló su integración mediante concurso público, incorporando representantes de sectores académicos, consumidores, pequeños y medianos productores, agricultores, ganaderos, pescadores, campesinos, regantes, pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; y se establecieron plazos para que las propuestas ciudadanas sean remitidas al Ejecutivo y posteriormente a la Asamblea, incluyendo informes sobre consensos, discrepancias y las razones para acoger o descartar propuestas. El proyecto fue aprobado inicialmente con ciento cuatro votos afirmativos y, tras una rectificación, con ciento cinco votos afirmativos; la reconsideración solicitada posteriormente fue negada.

ACTA_058-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de César Montúfar para incorporar una resolución de rechazo a las presuntas amenazas de la entonces Ministra de Transporte y Obras Públicas contra periodistas vinculadas con la circulación del libro “El gran hermano”, al considerar que podían afectar la libertad de expresión. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, que planteaba eliminar 150 decretos supremos, decretos legislativos y una resolución legislativa que habían perdido vigencia, cumplido su finalidad o sido sustituidos por normas posteriores; María Paula Romo explicó que la Comisión de Justicia había revisado individualmente las normas y solicitó observaciones para el segundo debate, Vicente Taiano propuso crear una institución dependiente de la Función Legislativa que mantenga un registro actualizado de la normativa vigente, y Luis Morales pidió preservar las disposiciones relacionadas con la Escuela Normal de Agricultura Luis A. Martínez de Ambato y considerar su proyección como institución de educación superior. Además, se conoció el informe favorable para aprobar el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y España, destinado a garantizar la acumulación de aportes, acceso a jubilaciones, prestaciones de salud y protección social para trabajadores migrantes y sus familias; Linda Machuca destacó que el instrumento beneficiaría especialmente a los ecuatorianos residentes en España, permitiría recibir pensiones en el país de residencia y fortalecería la protección de las personas en movilidad humana. Finalmente, el tratamiento fue suspendido y luego clausurado debido al ingreso abrupto de integrantes de la UNE a la sala, por lo que no se concluyó el análisis del convenio ni se trató el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

ACTA_060-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la incorporación de una resolución propuesta por Magali Orellana para respaldar la declaratoria del cantón Loreto, en Orellana, como espacio ecológico y proteger sus fuentes de agua, bosques y biodiversidad frente a actividades extractivas. También se discutieron los efectos de la pérdida de quórum de la jornada anterior, especialmente respecto del tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior y la continuación del debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas; Enrique Herrería, Armando Aguilar, Luis Almeida, Vicente Taiano y Abdalá Bucaram expusieron posiciones distintas sobre la posibilidad de retomar dichos temas. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que proponía eliminar la obligación de conformar comisiones ciudadanas de selección para los procesos de veeduría, escrutinio e impugnación de las ternas enviadas por el Ejecutivo para designar al Procurador General del Estado y a los superintendentes. Raúl Abad defendió la reforma por considerar que buscaba ajustar la ley al texto constitucional; mientras Paco Moncayo, Luis Morales, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Vicente Taiano, Marco Murillo, Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, Gioconda Saltos, Alfredo Ortiz, Kléver García y Carlos Samaniego advirtieron que la propuesta podía debilitar la participación ciudadana y facilitar una designación indirecta de autoridades de control por parte del Ejecutivo, por lo que plantearon mantener y desarrollar expresamente los mecanismos de impugnación y veeduría. Rolando Panchana apoyó la necesidad de reformar la norma para agilizar la designación de autoridades titulares, Fernando Cordero propuso eliminar únicamente la referencia al escrutinio pero conservar la impugnación y veeduría ciudadana, Hólger Chávez sostuvo que la Constitución podía suplir cualquier vacío legal y Rosa Santos pidió revisar la aplicación de los principios de paridad y alternabilidad en las ternas. Finalmente, se aprobó por unanimidad el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y España, destinado a permitir la acumulación de aportes realizados en ambos países y garantizar prestaciones de salud, maternidad, invalidez, jubilación, supervivencia y otros beneficios para trabajadores migrantes y sus familias; Linda Machuca, Gabriel Rivera, Dora Aguirre, Luis Morales y Fernando Aguirre destacaron su importancia para los ecuatorianos residentes en España, mientras Fausto Cobo expresó su respaldo y Enrique Herrería y Luis Almeida solicitaron mayor acceso al texto original y claridad sobre su aplicación y financiamiento

ACTA_062-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, orientado a integrar la planificación nacional, territorial y sectorial con la programación presupuestaria, la inversión pública, el endeudamiento, la liquidez y la transparencia fiscal. Silvia Salgado respaldó la necesidad de articular planificación y finanzas para garantizar derechos y el buen vivir, pero pidió revisar la naturaleza jurídica del Código, la facultad del Ministerio de Finanzas para modificar hasta el 15 % del presupuesto, el uso de reservas y encajes bancarios, el fideicomiso “No Más Impunidad” y las reestructuraciones institucionales. Rodolfo Baquerizo, Marco Murillo, Richard Guillén, Tomás Zevallos, Luis Morales, Andrés Roche, Kléver García, Rocío Valarezo y Vicente Taiano cuestionaron la urgencia económica del trámite, la concentración de facultades en el Ejecutivo y en el Ministro de Finanzas, la posible afectación a la autonomía del IESS, la banca pública y los gobiernos autónomos descentralizados, los límites de endeudamiento estatal y local, la Cuenta Única del Tesoro, la contratación asociada a créditos externos, la posibilidad de arbitrajes en otras jurisdicciones y la inversión del encaje bancario en instrumentos del Banco Central. Fernando Cordero propuso corregir la confusión entre planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, evitar otorgar nuevas competencias al Gobierno Central y ajustar las disposiciones sobre los consejos de planificación; Christian Viteri, Ángel Vilema, Guillermina Cruz, Vanesa Fajardo y Gioconda Saltos defendieron la necesidad de unificar normas dispersas, mejorar la eficiencia y transparencia del manejo de recursos públicos y mantener la articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo y las planificaciones de los distintos niveles de gobierno, aunque plantearon ajustes sobre autonomía local, emergencias, transparencia, endeudamiento, participación ciudadana, Galápagos y delimitación de competencias. Vicente Taiano retiró finalmente su moción de archivar el proyecto y devolverlo al Ejecutivo para trámite ordinario, a fin de que la Comisión incorpore las observaciones presentadas; Francisco Velasco invitó a los legisladores a participar en la elaboración del informe para segundo debate.

ACTA_068-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Línder Altafuya para investigar los hechos relacionados con el fallecimiento de la maestra Jenny Nazareno Solano en Esmeraldas, y de Paco Moncayo para conformar una comisión multipartidista que esclarezca los acontecimientos del 30 de septiembre y garantice la presunción de inocencia; en cambio, se aprobó el pedido de César Rodríguez para diferir la designación de delegados legislativos a las comisiones ciudadanas de selección del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía. En segundo debate se aprobaron las Leyes Derogatorias No. 3 y No. 4 para la depuración de la normativa legal: la primera eliminó 195 leyes, decretos supremos, legislativos y acuerdos que habían perdido vigencia o cumplido su finalidad, con intervenciones de César Gracia, Kléver García, Luis Morales y María Paula Romo; la segunda derogó 150 decretos y una resolución legislativa sobre reorganizaciones institucionales, ferrocarriles, indultos, tributos y otras materias obsoletas, siendo defendida por Mariángel Muñoz, Kléver García y María Paula Romo, y excluyendo la norma relativa a la Escuela Normal de Agronomía de Ambato a pedido de Luis Morales. También se trató el informe para segundo debate de la Ley de Defensa y Desarrollo del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, que propuso excluir a los microempresarios de su ámbito, reconocer derechos al trabajo autónomo, seguridad social, crédito público, participación ciudadana y espacios adecuados, así como establecer deberes vinculados al ordenamiento del espacio público y prohibiciones sobre productos ilícitos; Carlos Samaniego presentó las reformas, mientras Carlos Castellanos, Mónica Tenem y Edmundo Narváez solicitaron una norma que proteja a los comerciantes de la precariedad, la falta de afiliación, el acceso limitado a crédito y los decomisos. Paco Moncayo, Kléver García, Línder Altafuya, Dora Aguirre, Nívea Vélez, Juan Narea, María Augusta Calle, Luis Morales, Armando Aguilar, Francisco Cisneros, Silvia Salgado, Gioconda Saltos, Virgilio Hernández, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, Juan Carlos López y Edwin Vaca coincidieron en la necesidad de proteger al sector, aunque plantearon ajustes sobre trabajo infantil, seguridad social, regulación municipal, productos peligrosos, competencias de los gobiernos autónomos y mecanismos de crédito, por lo que se suspendió la votación para incorporar observaciones. Finalmente, se aprobó la resolución de apoyo al levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, impulsada por Silvia Salgado y respaldada en el debate por Betty Carrillo y María Alejandra Vicuña, que exhortó al Gobierno de Estados Unidos a eliminar el bloqueo y solicitó al Estado ecuatoriano ratificar esta posición ante las Naciones Unidas

ACTA_071-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, orientado a reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías y militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz, mediante un procedimiento con veeduría e impugnación ciudadana, pensiones, becas, compensaciones económicas, beneficios para familiares y medidas de inclusión laboral; Linda Machuca, Fausto Cobo, Guillermina Cruz, Washington Quiñónez, Luis Morales, Enrique Herrería, Rosana Alvarado, Kléver García, José Portugal, Fernando Aguirre, Zobeida Gudiño y Wladimir Vargas respaldaron la iniciativa, aunque plantearon ampliar la definición de heroísmo a bomberos, rescatistas, reservistas y ciudadanos civiles, incorporar una mayor protección para familiares, precisar los criterios de calificación, fortalecer el reconocimiento a las mujeres y elevar la pensión prevista. También se aprobó por unanimidad la resolución que declaró héroe nacional a Fernando Daquilema y heroína nacional a Manuela León, en reconocimiento a su lucha por la justicia, la libertad y los derechos de los pueblos originarios. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, cuya denominación pasó a ser Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; la norma fortaleció las facultades de la Unidad de Análisis Financiero, amplió los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales —incluidos instituciones financieras, aseguradoras, casas de valores, cooperativas, fundaciones, inmobiliarias, casinos, notarios y registradores—, reguló el control de ingreso y salida de efectivo, la cooperación en zonas fronterizas, la administración temporal de bienes incautados y el decomiso de activos ilícitos, procurando respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Francisco Velasco, Leonardo Viteri, Sylvia Kon, Ramiro Terán, Juan Carlos Cassinelli, Rodolfo Baquerizo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Enrique Herrería, Edwin Vaca, Rosana Alvarado y María Augusta Calle intervinieron con observaciones sobre casinos, control de transacciones, financiamiento de delitos, derechos constitucionales, gestión de bienes incautados, seguridad fronteriza y precisión institucional; luego de incorporar ajustes sobre la Secretaría Nacional de Inteligencia, cooperación territorial y designación de autoridades, la reforma fue aprobada con ciento un votos afirmativos, sin votos negativos, cuatro abstenciones y ningún voto en blanco

ACTA_077-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate y se sometió a votación el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Rafael Dávila cuestionó que el texto final incorporara disposiciones que, según sostuvo, no fueron planteadas durante el debate en el Pleno, por lo que solicitó que el proyecto regresara a la Comisión de Desarrollo Económico para una nueva revisión; Saruka Rodríguez defendió el trámite, señalando que la Comisión trabajó durante nueve meses, que el informe contó con respaldo de integrantes de distintas bancadas y que las observaciones formuladas durante el debate fueron incorporadas en los textos difundidos previamente. La reforma aprobada reestructuró la institucionalidad del transporte mediante la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; precisó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Guayas; reguló la formación y recuperación de puntos de conductores, el canje de licencias para migrantes y extranjeros, la seguridad social de trabajadores del transporte, el control técnico vehicular, la protección de grupos prioritarios, el SOAT y el FONSAT, las sanciones por infracciones, conducción en estado de embriaguez, informalidad, exceso de pasajeros, fallas mecánicas, uso indebido de vías y otras contravenciones, además de disposiciones sobre control de tránsito, capacitación de agentes civiles y transferencia progresiva de competencias. El proyecto fue aprobado inicialmente con setenta y nueve votos afirmativos, veintidós negativos, cuatro blancos y doce abstenciones; tras la rectificación obtuvo ochenta votos afirmativos, veintiún negativos, tres blancos y doce abstenciones, y la reconsideración posterior fue negada.

ACTA_078-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la resolución propuesta por Gabriel Rivera que condena el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por fuerzas regulares o irregulares, nacionales o extranjeras, para conflictos, delitos, explotación sexual u otras formas degradantes, y exhorta a Ecuador y Colombia a reforzar la protección de la niñez en la frontera; intervinieron María Soledad Vela, Fernando Flores, Carlos Cassinelli, Edwin Vaca, Gido Vargas, Jaime Abril y Kléver García, quienes plantearon reforzar el sustento jurídico internacional, las políticas de prevención y la atención social en las zonas fronterizas. También se aprobó la resolución impulsada por Jorge Escala para incorporar en la Ley Orgánica de Educación Intercultural una disposición que otorgue nombramientos a docentes contratados que constaban como elegibles, cree las partidas necesarias en sesenta días y garantice igualdad salarial respecto de docentes con nombramiento; Escala y Nívea Vélez defendieron la estabilidad laboral de los maestros elegibles, mientras Armando Aguilar y Guillermina Cruz sostuvieron que los nombramientos debían sujetarse a concursos de méritos y oposición y a la disponibilidad institucional. El tema central fue la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, presentada por César Rodríguez, que estableció principios de gratuidad, laicidad, interculturalidad, inclusión, participación, evaluación integral y calidad educativa; fortaleció los derechos de estudiantes, docentes y familias; reguló la carrera docente, estabilidad, capacitación, remuneración, educación sexual integral, protección frente a la violencia, atención a personas con discapacidad y adolescentes embarazadas, así como el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la rectoría nacional de la política educativa. La ley fue aprobada inicialmente con noventa y ocho votos afirmativos y ratificada, tras rectificación, con ciento ocho votos afirmativos; la reconsideración fue negada. Finalmente, se aprobó la resolución de Gioconda Saltos para exhortar la declaratoria de estado de excepción en Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Los Ríos por la actividad del volcán Tungurahua, incluyendo reactivación productiva, apoyo a ganaderos y agricultores, protección social, ejecución de proyectos de los gobiernos autónomos y fortalecimiento técnico del Instituto Geofísico; Francisco Cisneros, Fernando González, Marco Murillo, Elvis Maldonado, Luis Morales, Mauro Andino, Juan Carlos López, Kléver García y Hólger Chávez solicitaron ampliar la cobertura territorial y asegurar la entrega efectiva de recursos

ACTA_080-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general, Gerardo Morán, el padre Robert García y un representante del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle expusieron la situación de niñas, niños y adolescentes en condición de calle, solicitaron respaldo solidario y destacaron la necesidad de atender las causas estructurales de pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Posteriormente, se aprobó el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela, orientado a la cooperación en capacitación, investigación, intercambio académico, tecnología, inteligencia, operaciones de paz, apoyo logístico y gestión de riesgos; María Augusta Calle, Francisco Velasco, Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Armando Aguilar, Virgilio Hernández, Hólger Chávez, Carlos Velasco y Guillermina Cruz defendieron el instrumento como una expresión de integración latinoamericana, cooperación horizontal, fortalecimiento de la soberanía y diversificación de las relaciones internacionales, mientras Paco Moncayo aclaró su oposición histórica al convenio de la Base de Manta, y Fernando Aguirre, Línder Altafuya, Luis Almeida, Edwin Vaca, Enrique Herrería, Wladimir Vargas y Paco Fierro cuestionaron los posibles efectos del acuerdo sobre la profesionalización e independencia de las Fuerzas Armadas, la cooperación en inteligencia, el contexto político venezolano, la oportunidad diplomática frente al restablecimiento de relaciones con Colombia y la conveniencia de canalizar estos asuntos mediante el marco regional de UNASUR. El acuerdo fue aprobado, tras rectificación, con sesenta y tres votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y once abstenciones. Finalmente, se aprobó el Acuerdo entre Ecuador y Brasil sobre Cooperación en el Dominio de la Defensa, destinado a promover investigación, desarrollo, capacitación, entrenamiento, apoyo logístico, transferencia tecnológica y adquisición de productos y servicios de defensa; Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca resaltaron la capacidad tecnológica, industrial y estratégica de Brasil, la relación histórica entre ambos países, la transparencia en el gasto de defensa y los beneficios de una cooperación ordenada en igualdad de condiciones. La aprobación obtuvo setenta y nueve votos afirmativos, uno negativo, tres blancos y diecinueve abstenciones.

ACTA_083-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se posesionó a Suad Raquel Manssur Villagrán como Superintendenta de Compañías. En el tratamiento del orden del día no prosperó la propuesta de Jorge Escala para incorporar una resolución sobre programas de vivienda popular y reubicación de familias afectadas por desalojos, ni la iniciativa de Sylvia Kon relacionada con la sanción a la Cooperativa de Transporte Reina del Camino, aunque esta última destacó la necesidad de investigar a los responsables del accidente y evitar una medida que afectara a trabajadores y usuarios. Se aprobó la resolución propuesta por Omar Juez para respaldar el planteamiento de los alcaldes ecuatorianos de regular la revocatoria del mandato, con el fin de impedir usos arbitrarios o desestabilizadores de este mecanismo, preservar la gobernabilidad local y tramitar reformas al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana; la resolución obtuvo noventa y cuatro votos afirmativos. El tema principal fue la aprobación unánime de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, que establece un procedimiento de calificación con veeduría e impugnación ciudadana para reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías o militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz. Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Luis Morales, Linda Machuca, Francisco Ulloa, Mary Verduga, Fausto Cobo, Diana Atamaint, Gabriel Rivera y Nívea Vélez intervinieron para respaldar la norma y plantear precisiones sobre la inclusión de convivientes en unión de hecho, excombatientes de 1981 y 1995, personal civil de apoyo, pueblo Shuar, personas afectadas por desminado o explosivos y sanciones a autoridades que incumplan los beneficios. La ley reconoce pensión mensual, becas completas, puntaje adicional en concursos públicos, vivienda gratuita, atención médica preferente, medicamentos, prótesis, indemnizaciones y protección para familiares, excombatientes y personas con discapacidad derivada de actos heroicos; fue aprobada con ciento diecisiete votos afirmativos y la reconsideración posterior fue negada. Nelson Castillo, en representación de los veteranos de guerra, agradeció la aprobación de la norma y solicitó la publicación oficial de la nómina de héroes y heroínas de los conflictos de 1981 y 1995

ACTA_085-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del enjuiciamiento político a Gloria Sabando García, exsuperintendenta de Bancos y Seguros, se debatió su presunto incumplimiento de las funciones de control y vigilancia durante la liquidación de instituciones financieras cerradas, especialmente por no exigir a los liquidadores la aplicación efectiva de los artículos 127 y 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, no determinar responsables de los déficits patrimoniales, no sancionar irregularidades y permitir que los procedimientos de cobro quedaran debilitados. Silvia Salgado presentó las conclusiones de la Comisión de Fiscalización; Rolando Panchana defendió la moción de censura e incorporó recomendaciones para ampliar las investigaciones; César Rodríguez, Mauro Andino, Gastón Gagliardo, Betty Carrillo y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la censura, señalando que la responsabilidad política del juicio recaía en la máxima autoridad de la Superintendencia. Marco Murillo, Ramiro Terán, Galo Lara, Enrique Herrería, Paco Moncayo, Línder Altafuya, Jorge Escala, Andrés Páez, Alfredo Ortiz, Nívea Vélez, Vicente Taiano, Grace Almeida y otros legisladores cuestionaron que la responsabilidad se concentrara únicamente en Sabando y solicitaron investigar también a liquidadores, miembros de la Junta Bancaria, funcionarios de la AGD, Banco Central, Ministerio de Finanzas y demás entidades relacionadas con la crisis bancaria; María Augusta Calle planteó ajustes al texto final, que fueron acogidos. La apelación procesal presentada por Andrés Páez fue negada. Finalmente, se aprobó la censura contra Gloria Sabando con ochenta y seis votos afirmativos, cero negativos, cuatro blancos y veintisiete abstenciones, tras rectificación; además, se dispuso solicitar a la Junta Bancaria una evaluación técnica de las liquidaciones, requerir a la Contraloría exámenes especiales para establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales, pedir al Banco Central informes sobre recuperación de cartera y pago a acreedores, y solicitar a Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y al fideicomiso AGD-CFN investigaciones e informes sobre las actuaciones vinculadas con la crisis bancaria; la reconsideración fue negada. También se aprobó la resolución propuesta por Kléver García para exhortar la declaratoria de estado de excepción en San José de Chimbo, a fin de atender al barrio Tambán afectado por lluvias y movimientos telúricos, con setenta y nueve votos afirmativos tras rectificación; se aprobó la resolución planteada por Diana Atamaint para expresar pesar por las víctimas del accidente del avión Twin Otter FAE 449, reconocer la labor de la Fuerza Aérea y fortalecer el programa de transporte aéreo para comunidades amazónicas aisladas, con ochenta y cuatro votos afirmativos; y se aprobó la resolución de Lídice Larrea que declaró a la vía Chone-Quito como Ruta de los Raidistas, en homenaje a Carlos Aray, Juan de Dios Zambrano, Emilio Hidalgo, Plutarco Moreira y Artemio Aray, con setenta y ocho votos afirmativos.

ACTA_089-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar proyectos de resolución orientados a exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice el trabajo de las veedurías ciudadanas, exhortar al Ejecutivo a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en la emergencia sanitaria y requerir la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas; en cambio, fue negada la propuesta de Galo Lara para solicitar la renuncia inmediata de los integrantes de la Corte Constitucional. En primer debate se trató la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que buscaba habilitar el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas, sin descuidar la defensa externa, en circunstancias de evidente necesidad o inminente alteración del orden público, mediante planificación previa, coordinación institucional y asesoría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Fernando Bustamante, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Eduardo Zambrano, Víctor Quirola y Marllely Vásconez defendieron la propuesta como una herramienta excepcional para apoyar a la Policía Nacional frente a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad ciudadana; mientras Fausto Cobo, Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Galo Vaca, María Augusta Calle, Nívea Vélez, Tomás Zevallos, César Montúfar, Cléver Jiménez y Jorge Escala cuestionaron su constitucionalidad, advirtieron sobre el riesgo de militarización, uso represivo de la fuerza y desnaturalización de las funciones de defensa nacional, y solicitaron construir una política integral de seguridad que priorice prevención, empleo, desarrollo, profesionalización policial, justicia y atención a las zonas fronterizas. El debate quedó cerrado para que la Comisión incorpore las observaciones, sin votación definitiva. Posteriormente, en primer debate se analizó la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana para regular la revocatoria del mandato, estableciendo requisitos de identificación y motivación de la solicitud, causales relacionadas con incumplimiento injustificado del plan de trabajo, obligaciones legales y normas de participación ciudadana; porcentajes y plazos diferenciados para recolectar firmas según el tamaño de la circunscripción; reglas para la verificación de respaldos; límites de gasto electoral y prohibición de utilizar recursos públicos en campañas. Virgilio Hernández defendió la propuesta como una forma de garantizar la participación directa sin convertir la revocatoria en un instrumento de presión política; Rocío Valarezo pidió reforzar el debido proceso y añadir actos de corrupción comprobados como causal; María Soledad Vela, Luis Morales y Guillermina Cruz plantearon precisiones sobre el lenguaje, respaldos, residencia de los electores y protección del derecho ciudadano a controlar a sus autoridades. La sesión fue suspendida sin resolución final sobre esta reforma

ACTA_089-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del primer debate de la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana sobre revocatoria del mandato, se analizaron los requisitos, porcentajes, plazos y límites necesarios para evitar que este mecanismo de democracia directa sea utilizado con fines de revancha política, sin desnaturalizar el derecho ciudadano a retirar la confianza a las autoridades electas. Armando Aguilar, Rafael Dávila, Henry Cuji, Luis Almeida, Leandro Cadena y Juan Carlos López coincidieron en la necesidad de motivar las solicitudes, elevar porcentajes de respaldo, impedir la intervención de personas ajenas a la circunscripción y evitar que candidatos derrotados, alternos o autoridades con conflicto de intereses promuevan procesos revocatorios; Dávila advirtió que existían seiscientas sesenta y tres solicitudes de revocatoria y propuso porcentajes más altos según el tamaño de la jurisdicción. Paola Pabón defendió que la reforma debía equilibrar el derecho de participación con garantías para las autoridades cuestionadas, aclaró el rol del Consejo Nacional Electoral y planteó revisar el tratamiento de procesos ya iniciados; mientras Ramiro Terán, Mercedes Diminich y Mauro Andino cuestionaron que el proyecto pudiera restringir derechos constitucionales, elevar indebidamente los porcentajes previstos en la Constitución o transformar la revocatoria en un trámite excesivamente condicionado. Fernando Bustamante advirtió problemas en la obligación impuesta a medios privados y comunitarios para realizar debates y propuso precisar el procedimiento de calificación de causales por parte del Consejo Nacional Electoral. El debate fue cerrado para que las observaciones se remitan por escrito a la Comisión. Posteriormente, se trató el proyecto de resolución para exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice las veedurías ciudadanas y proteja a los veedores; Marco Murillo defendió la importancia del control social y César Rodríguez solicitó revisar el texto, por lo que el punto quedó suspendido. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con setenta votos afirmativos, la resolución propuesta por Víctor Quirola para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en el decreto de estado de excepción sanitaria, a fin de intervenir su infraestructura, equipamiento, administración, gestión técnica, medicamentos e insumos ante el riesgo de colapso por alta demanda de atención. El proyecto sobre publicación de declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas no llegó a tratarse por falta de quórum.

ACTA_094-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó al orden del día la intervención de Irina Cabezas con motivo del 8 de marzo, en la que reivindicó la lucha histórica de las mujeres, la equidad de género, la participación femenina en la vida pública y la necesidad de enfrentar la violencia contra las mujeres. También se entregó el Acuerdo Legislativo y la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito profesional” a Francisco Xavier Vergara Ortiz, exsecretario general de la Asamblea, en reconocimiento a su labor en la Asamblea Constituyente, la Comisión Legislativa y de Fiscalización y la Asamblea Nacional. En materia legislativa, se aprobaron por unanimidad la Ley Derogatoria No. 6, con noventa y tres votos afirmativos tras rectificación, y la Ley Derogatoria No. 7, con noventa y dos votos afirmativos, ambas orientadas a depurar el ordenamiento jurídico mediante la eliminación de decretos supremos, decretos legislativos y acuerdos legislativos obsoletos o ya cumplidos, especialmente relacionados con reorganizaciones de concejos cantonales, cortes, nombramientos y disposiciones administrativas antiguas. Posteriormente se debatió la denuncia del Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y el Reino de los Países Bajos: Vethowen Chica, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca defendieron la denuncia por considerar que el tratado cedía jurisdicción soberana a arbitrajes internacionales, contrariaba la Constitución y debía ser reemplazado por mecanismos regionales y normas internas de protección de inversiones; mientras Fausto Cobo, Gioconda Saltos y Luis Morales cuestionaron la denuncia total, advirtiendo riesgos para la seguridad jurídica, la confianza internacional y la inversión extranjera, y plantearon la posibilidad de enmienda o renegociación. Aunque la denuncia fue aprobada inicialmente, tras rectificación no alcanzó los votos necesarios, con sesenta y dos afirmativos, treinta y seis negativos, cero blancos y cinco abstenciones, por lo que quedó negada. Además, se designó como delegados de la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral a Diana Lucía Espinoza Valdez y Fausto Javier Holguín Ochoa, con cincuenta y seis votos afirmativos; para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública a Carlos Germán Vega Castellanos y María Angélica Campoverde Ortiz, con cincuenta y cinco votos afirmativos; y para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo a Norman Raúl Gaona Salinas y María Gabriela López Sánchez, con cincuenta y siete votos afirmativos. Finalmente, se aprobó con noventa y nueve votos afirmativos la resolución propuesta por Enrique Herrería para exigir a la Contraloría General del Estado la derogatoria del artículo 8 del Acuerdo No. 011-CG y la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de todos los integrantes de la Asamblea Nacional y demás servidores públicos, bajo el principio de transparencia y control ciudadano.

ACTA_099-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto reformatorio a la Ley de Gestión Ambiental, orientado a fortalecer las facultades de la autoridad ambiental para retener, decomisar, inutilizar o, excepcionalmente, destruir las maquinarias e instrumentos empleados en infracciones ambientales. Durante el análisis se destacó la necesidad de proteger los derechos de la naturaleza y actuar oportunamente frente a la contaminación, pero también se formularon observaciones sobre la proporcionalidad de las medidas, el respeto al debido proceso y al derecho de propiedad, la prohibición de confiscaciones, la determinación de la gravedad de la infracción, el destino de los bienes decomisados y de la flora y fauna recuperadas, así como la protección de los pequeños mineros y la aplicación de controles similares a las grandes empresas. Intervinieron Rosana Alvarado, Fernando González, Guillermina Cruz, José Portugal, Ángel Vilema, Galo Vaca, Alfredo Ortiz, Luis Morales, Gioconda Saltos, César Gracia, Betty Carrillo, Cléver Jiménez y Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, dirigido a enfrentar el abandono histórico de las zonas limítrofes mediante políticas diferenciadas, planificación, inversión pública, incentivos tributarios y productivos, fortalecimiento institucional y coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Se planteó mejorar la infraestructura vial, educativa, sanitaria, turística, comercial, de telecomunicaciones y servicios básicos; garantizar seguridad, empleo y atención a las comunidades; impulsar la integración con los países vecinos y asegurar recursos permanentes para evitar la migración y las desigualdades territoriales. Intervinieron Virgilio Hernández, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Víctor Quirola, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Línder Altafuya y Gabriel Rivera. Las observaciones formuladas en ambos debates fueron remitidas a las respectivas comisiones para su análisis y preparación de los informes para segundo debate

ACTA_100-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración al Mérito Cultural a Jesús Fichamba, en reconocimiento a su trayectoria artística, la difusión internacional de la música ecuatoriana y su aporte al fortalecimiento de la identidad plurinacional e intercultural; el homenajeado agradeció la distinción, recordó aspectos de su carrera e interpretó una de sus canciones. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, destinado a reconocer, organizar, promover y controlar las actividades de cooperativas, asociaciones, comunidades, unidades económicas familiares, artesanos, comerciantes minoristas, bancos comunales, cajas de ahorro y otros emprendimientos solidarios. Se analizaron la creación de una superintendencia, un instituto especializado, una corporación de finanzas populares y un comité interinstitucional; la autonomía y representación de las organizaciones; la diferenciación respecto del sistema financiero tradicional; las tasas de interés, el acceso al crédito, los incentivos tributarios, la contratación pública, la capacitación y el control estatal. También se plantearon observaciones sobre una posible regulación excesiva, la inclusión de mutualistas, la protección de los pequeños productores, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, la participación de pueblos y nacionalidades indígenas y la necesidad de evitar que las nuevas instituciones burocraticen al sector. En comisión general intervinieron Ángel Medina y Carlos Castellanos, quienes expusieron propuestas de las organizaciones indígenas y de los comerciantes minoristas. En el debate participaron Francisco Velasco, Edwin Vaca, Juan Cassinelli, Gerónimo Yantalema, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Soledad Vela, Consuelo Flores, Mary Verduga, Sylvia Kon, Alfredo Ortiz, Gioconda Saltos, Paola Pabón, Alfredo Bautista, Rocío Valarezo, Marisol Peñafiel, Eduardo Encalada, Ángel Vilema, Luis Almeida, Betty Carrillo, Galo Vaca, Silvia Salgado, Fernando González, Rosana Alvarado, Fausto Cobo, Fernando Cordero, Vanesa Fajardo y César Rodríguez. Finalmente, se cerró el primer debate y se dispuso remitir las observaciones escritas a la comisión encargada de preparar el informe para segundo debate.

ACTA_101-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Henry Cuji para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las provincias amazónicas afectadas por el aislamiento, la falta de servicios básicos y la destrucción de vías, y de María Vicuña para respaldar la decisión gubernamental de declarar persona no grata a la embajadora de Estados Unidos, por considerar que existió injerencia en asuntos internos del país. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Control y Regulación del Tabaco y sus Efectos Nocivos, orientado a proteger el derecho a la salud, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo; se analizaron la declaración de espacios públicos y privados completamente libres de humo, la prohibición de fumar en centros educativos, establecimientos sanitarios, lugares de trabajo, transporte público y escenarios deportivos, así como las restricciones a la venta a menores, de cigarrillos sueltos y de paquetes pequeños. También se debatieron la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, el uso de advertencias sanitarias y pictogramas en los empaques, las campañas educativas, el tratamiento de las adicciones, el control del contrabando, las sanciones, la responsabilidad de las autoridades y los posibles efectos económicos y laborales sobre productores, comerciantes y trabajadores de la industria tabacalera. Intervinieron Carlos Velasco, Fernando Vélez, Rocío Valarezo, Celso Maldonado, Andrés Páez, Fernando Bustamante, Rafael Dávila, Luis Almeida, Leonardo Viteri, Linda Machuca, Fausto Cobo, Betty Carrillo, César Montúfar, Víctor Quirola, Alfredo Ortiz y María Vicuña. La sesión fue suspendida para continuar el tratamiento de los asuntos pendientes.

ACTA_102-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura con las intervenciones de Marco Cordero, Oswaldo Domínguez y Mauro Andino. Marco Cordero presentó documentos notarizados para rechazar las acusaciones en su contra y sostuvo que los videos utilizados omitían información relevante; afirmó que no participó en determinadas decisiones disciplinarias, que salvó su voto en procesos contra un notario y un registrador, que respaldó la permanencia de una jueza y que tramitó las denuncias recibidas ante las instancias correspondientes. Oswaldo Domínguez defendió la gestión de la Comisión de Recursos Humanos, los concursos de méritos y oposición y la conformación del banco de elegibles, negó que se hubieran demostrado actos de corrupción y sostuvo que varias acusaciones eran generales o se referían a decisiones que no dependían exclusivamente de él; además, reconoció que Jimmy Moreno fue asesor de la Comisión, pero manifestó desconocer la denuncia presentada por Omar Santi por supuestas presiones judiciales. Mauro Andino cuestionó las explicaciones de ambos vocales y, mediante documentos, testimonios y videos, insistió en la existencia de irregularidades en concursos y nombramientos, falta de investigación de denuncias, presiones sobre funcionarios judiciales, decisiones disciplinarias insuficientes y contradicciones en las defensas. La sesión fue suspendida sin concluir la interpelación de Oswaldo Domínguez ni adoptar una decisión sobre la censura y destitución.

ACTA_102-C-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura con la interpelación de Mauro Andino a Oswaldo Domínguez y Herman Jaramillo. Respecto de Oswaldo Domínguez, se cuestionó su actuación frente a denuncias contra otros vocales, presuntas irregularidades en concursos y nombramientos, la permanencia de funcionarios que no cumplirían los requisitos legales, la designación de jueces temporales sin recurrir al banco de elegibles, la falta de trámite de denuncias por posibles presiones judiciales y las aparentes represalias contra funcionarios que comparecieron ante la Comisión de Fiscalización. Oswaldo Domínguez rechazó los señalamientos, sostuvo que las acusaciones se sustentaban en testimonios de personas sancionadas o separadas de sus cargos, defendió las decisiones adoptadas por la Comisión de Recursos Humanos y afirmó que los documentos y hechos fueron presentados de forma parcial y descontextualizada. Posteriormente, Herman Jaramillo cuestionó la validez del procedimiento de juicio político, alegó la existencia de irregularidades formales en la solicitud, defendió el cumplimiento de sus funciones y explicó que la falta de políticas, juzgados, infraestructura y modernización judicial se debía a restricciones legales y presupuestarias. Mauro Andino replicó que existieron contradicciones, deficiente ejecución presupuestaria, delegación indebida de atribuciones a funcionarios de segundo nivel, sanciones insuficientes contra notarios y servidores judiciales, falta de control sobre audiencias fallidas y omisiones frente a jueces responsables de reiteradas caducidades de prisión preventiva. Herman Jaramillo sostuvo que varias decisiones requerían una mayoría que no se alcanzó, defendió la posibilidad de impugnar las resoluciones administrativas y solicitó la absolución y el archivo del proceso. Intervinieron Mauro Andino, Oswaldo Domínguez y Herman Jaramillo; la sesión fue suspendida sin que se adoptara una decisión sobre la censura y destitución.

ACTA_103-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó una resolución para exhortar al Ministerio de Cultura a establecer academias de música y artes destinadas a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, inicialmente en Peguche y en homenaje a Jesús Fichamba; también se solicitó al Municipio de Otavalo asignar un terreno y crear un plan nacional para fomentar el arte y la música. Posteriormente, se aprobó declarar a San Pedro de Riobamba como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica del Ecuador, en reconocimiento a su oferta educativa, instituciones de educación superior, ubicación estratégica y contribución académica, social y económica. Asimismo, se aprobó por unanimidad expresar solidaridad con la provincia de Imbabura por las afectaciones provocadas por las lluvias y el aluvión, y solicitar la atención de los damnificados, la rehabilitación de la infraestructura, los servicios básicos y la producción agrícola. Finalmente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que planteaba permitir el apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para la protección interna y el mantenimiento del orden público. Quienes respaldaron la propuesta sostuvieron que era constitucional y necesaria para enfrentar la inseguridad, mientras que sus opositores advirtieron sobre el riesgo de militarizar la sociedad, afectar los derechos humanos, emplear a los militares contra protestas sociales y conceder excesiva discrecionalidad al Ejecutivo, por lo que propusieron fortalecer a la Policía y utilizar el estado de excepción únicamente en situaciones extraordinarias. Intervinieron Gioconda Saltos, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Paco Fierro, Luis Morales, Paco Moncayo, Gerónimo Yantalema, Celso Maldonado, Silvia Salgado, Marisol Peñafiel, Ramiro Terán, Raúl Abad, César Montúfar, Lourdes Tibán, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Magaly Orellana, Línder Altafuya y María Calle; la sesión fue suspendida sin que se votara el proyecto reformatorio.

ACTA_105-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se posesionó y tomó juramento a Galo Chiriboga como Fiscal General del Estado. Posteriormente, continuó el primer debate del proyecto relacionado con la derogación de las leyes de creación de empresas de agua potable y alcantarillado, del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute y de la Junta de Recursos Hídricos de Jipijapa, Paján y Puerto López, así como con la extinción de concesiones. Durante el análisis se propuso reemplazar la iniciativa derogatoria por una reforma que permita crear consejos de cuenca con participación de los gobiernos autónomos descentralizados, universidades, juntas de regantes y usuarios; además, se planteó conformar una mancomunidad municipal que asuma los servicios y recursos de la Junta Hídrica de Manabí, sin afectar las competencias constitucionales de los municipios. Paco Moncayo retiró su moción de archivo al considerar que las nuevas alternativas preservaban los derechos e intereses de las poblaciones involucradas. También se aclaró que la Asamblea puede derogar las normas que crearon entidades públicas, pero no revocar directamente concesiones, pues esa atribución corresponde a la autoridad administrativa competente; por ello, se solicitó evitar la aplicación de figuras jurídicas inapropiadas y respetar las disposiciones constitucionales y territoriales. Intervinieron Galo Chiriboga, Mariangel Muñoz, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Tito Mendoza, Andrés Roche y María Romo. Finalmente, se cerró el primer debate y se otorgó un plazo para que las observaciones fueran remitidas por escrito a la comisión encargada de preparar el informe para segundo debate.

ACTA_108-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Línder Altafuya para incorporar al orden del día una resolución que exigiera medidas urgentes frente a la escasez de agua potable en Esmeraldas, Río Verde y Atacames. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones al pabellón, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-17, en reconocimiento a su desempeño en el campeonato sudamericano y a su clasificación para la Copa Mundial y los Juegos Panamericanos; también fueron reconocidos José Rodríguez, Amílcar Mantilla y Luis Chiriboga, mientras que Galo Sánchez agradeció el homenaje en representación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Finalmente, se analizó el informe que recomendaba denunciar el convenio entre Ecuador y Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones, debido a que sus disposiciones sobre arbitraje internacional fueron consideradas contrarias a la Constitución y a la jurisdicción nacional. Quienes respaldaron la denuncia defendieron la soberanía del Estado y la aplicación de la legislación ecuatoriana, mientras que sus opositores advirtieron que la medida podía generar inseguridad jurídica, afectar las inversiones ecuatorianas y chilenas y deteriorar las relaciones económicas bilaterales, por lo que plantearon renegociar el acuerdo en lugar de eliminarlo. Intervinieron Línder Altafuya, Galo Sánchez, Fernando Bustamante, Wladimir Vargas, José Portugal y Luis Morales. La propuesta de denunciar el convenio fue negada y la rectificación de la votación confirmó esa decisión.

ACTA_109-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Marco Murillo para exhortar a las funciones del Estado a aplicar los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y paridad de género en la designación de sus delegados al Consejo de la Judicatura de Transición, mientras que se aprobó incorporar al orden del día la creación de una comisión especializada ocasional encargada de tratar los derechos de los grupos de atención prioritaria, especialmente de las personas con discapacidad, propuesta por Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco, orientado a proteger la salud pública, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo mediante espacios completamente libres de tabaco, restricciones a la venta a menores y por unidades, prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, advertencias gráficas en los empaques, campañas educativas, tratamiento de las adicciones y sanciones para quienes incumplieran la normativa. Plutarco Naranjo expuso los daños sanitarios y sociales ocasionados por el consumo de tabaco. Durante el debate también se analizaron las libertades individuales, la proporcionalidad de las sanciones, la responsabilidad de los propietarios de establecimientos, el control del contrabando y los posibles efectos sobre productores, trabajadores, comerciantes y la industria tabacalera. Intervinieron Marco Murillo, Rolando Panchana, Plutarco Naranjo, Carlos Velasco, Margarita Carranco, Andrés Páez, María Vicuña, Fernando Aguirre, César Rodríguez, Gioconda Saltos, Juan Cassinelli, Alfredo Ortiz, Juan López, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, Kléver García, Celso Maldonado, Fernando Flores, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Calle, Luis Almeida, Rafael Dávila y Marllely Vásconez. La sesión fue suspendida sin que se sometiera el proyecto a votación.

ACTA_110-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporaron al orden del día dos propuestas relacionadas con la protección de los migrantes ecuatorianos y el reconocimiento cultural de San Antonio de Ibarra. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización con Fines de Exportación del Banano y Afines, en el que se analizaron la protección de los pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial, la investigación técnica, la regulación de exportadores, la creación de una corporación bananera y la necesidad de incluir productos alternativos; también se señaló que varias disposiciones ya estaban contempladas en el Código de la Producción y que el proyecto requería mayor socialización. Finalmente, se aprobó su archivo y se negó la reconsideración. Se aprobó el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y Venezuela, destinado a proteger a los trabajadores migrantes y sus familias, permitir la acumulación y portabilidad de los periodos de aportación y facilitar el acceso a prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, aunque se debatió sobre el alcance exacto de sus beneficios. También se aprobó una resolución que rechazó la ley antimigrante HB-87 del estado de Georgia por considerarla discriminatoria y contraria a los derechos humanos, solicitando a las autoridades estadounidenses impulsar una reforma migratoria integral. Finalmente, se declaró a San Antonio de Ibarra como Patrimonio Cultural y Artístico del Ecuador y se exhortó a las instituciones nacionales y locales a proteger su memoria histórica, promover su producción artística y artesanal y asignar los recursos correspondientes. Intervinieron Francisco Hagó, Marisol Peñafiel, Jaime Abril, Ramiro Terán, Omar Juez, Gerónimo Yantalema, Víctor Quirola, José Portugal, Eduardo Zambrano, Emilia Jaramillo, Juan López, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Linda Machuca y Wladimir Vargas.

ACTA_112-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, destinado a eliminar ciento cincuenta y una normas obsoletas y sin aplicación práctica, entre decretos, acuerdos, resoluciones legislativas y leyes, con lo que se completaría la revisión de aproximadamente mil cuatrocientas disposiciones antiguas; el debate fue cerrado y se dispuso remitir las observaciones a la comisión para preparar el informe de segundo debate. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Propiedad Horizontal, orientada a sustituir la exigencia de unanimidad por la aprobación de los dos tercios de las alícuotas para determinadas decisiones, evitar que un solo copropietario paralice mejoras, regular las expensas en conjuntos conformados por varios bloques o torres y facilitar el cobro judicial de las alícuotas vencidas mediante títulos ejecutivos. También se analizaron la administración de los condominios, la adecuación de sus reglamentos internos, la seguridad de las edificaciones, las competencias municipales, la accesibilidad, el uso y mantenimiento de los bienes comunes y la conveniencia de efectuar una reforma integral que considere las distintas realidades urbanas, habitacionales y sociales. Intervinieron María Romo, Francisco Ulloa, Rolando Panchana, Juan López, Silvia Salgado, Paco Moncayo, Jaime Abril, Vicente Taiano, Mauro Andino, Luis Almeida, Mercedes Diminich, Andrés Roche, Gioconda Saltos, Luis Morales y Fernando Cordero. La sesión fue suspendida sin que el proyecto reformatorio fuera sometido a votación.

ACTA_SOLEMNE PRIMER GRITO INDEPENDENCIA-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se conmemoró el Primer Grito de Independencia y se rindió homenaje a los próceres y mártires que lucharon contra la dominación colonial. Posteriormente, se presentó el informe a la nación, en el que se expusieron los avances y desafíos del Gobierno en la reorganización institucional del Ejecutivo, la planificación pública y la aplicación de una política económica orientada a priorizar al ser humano sobre el capital. Se destacaron el incremento de la inversión pública y social, la reducción del peso de la deuda, el fortalecimiento de la banca pública, la recaudación tributaria y el financiamiento de carreteras, hospitales, escuelas, viviendas y proyectos hidroeléctricos. También se informó sobre la administración soberana de los sectores estratégicos, especialmente petróleo, minería, electricidad, telecomunicaciones y agua, así como sobre la iniciativa Yasuní-ITT y la necesidad de aprovechar responsablemente los recursos naturales. En materia productiva se plantearon la sustitución selectiva de importaciones, el impulso a la infraestructura, el crédito, el emprendimiento, la innovación, la ciencia, la tecnología y la expedición del Código de la Producción para establecer nuevas reglas de inversión y fomentar el trabajo digno. En el ámbito social se resaltaron las políticas de educación, salud, vivienda, seguridad social, atención a migrantes y reducción de la desnutrición infantil. Lenín Moreno presentó los resultados de Ecuador Sin Barreras, la Misión Manuela Espejo y la Misión Joaquín Gallegos Lara, destinadas a identificar y atender integralmente a las personas con discapacidad, entregar ayudas técnicas y viviendas, apoyar económicamente a quienes requieren cuidados permanentes y promover su inclusión laboral. Finalmente, se abordaron la seguridad ciudadana, la reforma del sistema judicial, la solución de conflictos territoriales, la aprobación de leyes pendientes, la inclusión de personas con enfermedades catastróficas y familiares de personas con discapacidad en el ámbito laboral, y la solicitud de amnistía para Alberto Dahik como parte de un llamado a la reconciliación nacional. Intervinieron Rafael Correa y Lenín Moreno.

ACTA_115-G-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se continuó con el segundo debate y la votación individual del proyecto de reforma a la normativa que regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional, concentrándose en los procedimientos de fiscalización y juicio político. Se aprobaron disposiciones para impedir que la comisión encargada de la fiscalización archive directamente los procesos, trasladando al Pleno la decisión de archivarlos o continuarlos; se estableció la presentación de informes motivados de mayoría y minoría, con las pruebas de cargo y descargo; y se reguló la difusión de dichos informes, su inclusión en el orden del día, la designación de ponentes, la votación nominativa y los plazos para efectuar el juicio político. También se intentó someter nuevamente a votación la posibilidad de que cada asambleísta contara con un analista legislativo para apoyar el manejo de sistemas electrónicos, pero se determinó que esta propuesta ya había sido votada y negada, por lo que no correspondía reconsiderarla. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, quien dirigió la sesión; Andrés Segovia Salcedo, secretario general; Vicente Taiano Álvarez, quien presentó y explicó la propuesta; María Augusta Calle, quien cuestionó que se intentara votar nuevamente un asunto ya resuelto; y Virgilio Hernández, quien sostuvo que repetir esa votación vulneraría el procedimiento legislativo y generaría mayor gasto público.

ACTA_119-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se eligieron y posesionaron las dos vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Para la primera Vicepresidencia se presentaron las candidaturas de Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores y Abdalá Bucaram Pulley, en medio de planteamientos sobre el fortalecimiento institucional, la transparencia de las votaciones, la representación de las distintas fuerzas políticas, la equidad y la necesidad de reformar la normativa legislativa; finalmente, Juan Carlos Cassinelli fue elegido, ratificado tras la rectificación y la negativa de la reconsideración, y asumió el compromiso de impulsar la inclusión, la participación y la reducción de las desigualdades. Para la segunda Vicepresidencia se postularon Rocío Valarezo y Leandro Cadena, destacándose la participación de las mujeres, la equidad de género y las diferencias entre el oficialismo y la oposición; Rocío Valarezo resultó elegida, su designación fue confirmada mediante rectificación y se negó la reconsideración, tras lo cual se comprometió a ejercer sus funciones con transparencia, honestidad y equidad, promoviendo la unidad y el trabajo legislativo en beneficio de los sectores más pobres. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Andrés Segovia Salcedo, María Alejandra Vicuña, Vicente Taiano, Paco Moncayo, César Gracia, Juan Carlos Cassinelli, Lídice Larrea, Galo Lara y Rocío Valarezo; además, Juan Carlos López y Raúl Abad solicitaron actuaciones relacionadas con la rectificación y reconsideración de las votaciones.

ACTA_122-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó la resolución que dispuso a la Unidad de Técnica Legislativa elaborar el proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y asignó su posterior trámite a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, con ochenta y ocho votos afirmativos, siete blancos y diecisiete abstenciones. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, centrado en garantizar la autonomía administrativa, laboral y presupuestaria de la Función Legislativa frente al Ministerio de Relaciones Laborales; durante el análisis se propuso precisar la aplicación de la normativa para asambleístas y servidores legislativos, ampliar la autonomía a otras funciones del Estado y considerar los regímenes especiales del sistema educativo y de educación superior, tras lo cual se cerró el debate sin votación. También se aprobó la resolución que exhortó al Ministerio de Educación a reconstruir, mediante contratación de emergencia, la escuela Belisario Quevedo de Ambato, afectada por un incendio, y al Municipio de Ambato y demás gobiernos seccionales a legalizar los terrenos donde funcionan instituciones educativas; en la rectificación se registraron ochenta y tres votos afirmativos y siete blancos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y un votos afirmativos y dos blancos, una resolución sobre la crisis bananera que exhortó al Ministerio de Agricultura a aplicar efectivamente la normativa vigente, establecer políticas claras de precios y comercialización, combatir los monopolios y la intermediación injusta, fortalecer las compras públicas de producción nacional, atender prioritariamente a los pequeños y medianos productores, promover la diversificación de cultivos y estudiar la conformación de una exportadora de economía mixta. Intervinieron Gioconda Saltos, Gerónimo Yantalema, Viviana Bonilla, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Rolando Panchana, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Andrés Roche, Luis Morales, Línder Altafuya, Kléver García, Tito Nilton Mendoza, Andrés Páez, Edwin Vaca, Fernando Cordero, Nívea Vélez, César Gracia, María Alejandra Vicuña, Katty Vélez, Dalton Burgos, Rocío Barriga y Víctor Quirola.

ACTA_129-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron las solicitudes para incorporar al orden del día el reconocimiento de Manuel Inocencio Parrales y Guale como precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, así como la propuesta para declarar el 12 de octubre como Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, Montubios, Afros y Sectores Populares, aunque esta última no llegó a resolverse antes de la clausura; en cambio, fue negado el pedido de declarar la emergencia sanitaria en Pastaza ante la presencia de casos de sarampión en territorio huaorani. El tema central fue el primer debate de la reforma sobre la jubilación especial para las mujeres, que proponía permitirles jubilarse voluntariamente, sin límite de edad, después de veinticinco años de aportaciones, calculando la pensión con base en el promedio de sus cinco mejores remuneraciones. La mayoría de las intervenciones respaldó la iniciativa como una medida de justicia social y reconocimiento al doble o triple trabajo que realizan las mujeres en el ámbito laboral, doméstico, familiar y comunitario, así como a la discriminación histórica, el desgaste físico y mental, las dificultades de inserción laboral y la responsabilidad de cuidar a hijos, nietos, personas enfermas y adultos mayores. También se planteó ampliar la seguridad social a amas de casa, trabajadoras informales, campesinas, indígenas y mujeres sin relación de dependencia; considerar los períodos de maternidad y enfermedad; garantizar que la jubilación sea opcional; revisar el coeficiente utilizado para calcular las pensiones; y asegurar una prestación digna. No obstante, varios legisladores advirtieron que era indispensable contar con estudios actuariales, precisar el número de posibles beneficiarias, establecer una fuente de financiamiento sostenible, analizar la participación económica del Estado y del IESS, corregir aspectos de técnica legislativa y evitar que la reforma reforzara la idea de que las tareas domésticas son responsabilidad exclusiva de las mujeres. Fernando Cordero sostuvo que la iniciativa podía enfrentar impedimentos constitucionales por comprometer recursos estatales y pidió coordinar una propuesta viable con el Ejecutivo y el IESS; tras la respuesta de Nívea Vélez, quien defendió el carácter optativo y la legitimidad de utilizar los recursos de los afiliados para esta prestación, se cerró el primer debate sin votación y se remitieron las observaciones a la comisión. Finalmente, se aprobó la resolución que declaró a Manuel Inocencio Parrales y Guale precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, reconociendo su lucha contra los abusos coloniales y a favor de las tierras comunitarias. Intervinieron Soraya Viteri, Francisco Cisneros, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Clara Salazar, Mariana Pallasco, Edwin Vaca, Kléver García, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Diana Atamaint, Mery Zamora, Marisol Peñafiel, Andrés Páez, Vicente Taiano, Rocío Valarezo, Mercedes Villacrés, César Gracia, María Soledad Vela, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Scheznarda Fernández, Fernando Bustamante, Consuelo Flores, Richard Guillén, Línder Altafuya, Rolando Panchana, Betty Amores, Silvia Kon, Paola Pabón, María Molina, Betty Carrillo, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Susana González, César Rodríguez, Luis Morales, Luis Almeida, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos, Guido Vargas y Fernando Cordero.

ACTA_135-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Marco Murillo para incorporar al orden del día una resolución que exigiera al Ministerio de Educación cumplir con el pago completo de las compensaciones correspondientes a la jubilación de los docentes del sector público, señalándose que miles de maestros jubilados habrían recibido valores inferiores a los establecidos. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma destinada a garantizar la atención de las personas que padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, reconociéndolas como un asunto de interés nacional y estableciendo la obligación del Estado de brindar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, medicamentos e insumos de manera oportuna, permanente y gratuita. Durante el debate se planteó elaborar protocolos médicos, fortalecer la formación del personal de salud, crear un registro nacional de pacientes, promover investigaciones y convenios con instituciones nacionales e internacionales, agilizar la importación de medicamentos, regular el cumplimiento de las coberturas de seguros y medicina prepagada, apoyar psicológica y socialmente a las familias, atender los casos que no pudieran diagnosticarse en el país y extender la protección a los ecuatorianos residentes en el exterior. También se propuso precisar las definiciones y diferencias entre las enfermedades catastróficas y las raras o huérfanas, garantizar la doble vulnerabilidad de los pacientes, actualizar periódicamente el listado de enfermedades, incorporar el autismo, crear institutos especializados de investigación y asegurar los recursos presupuestarios necesarios para que la normativa pudiera aplicarse efectivamente. Luego de un receso se incorporaron varias observaciones y el proyecto fue aprobado inicialmente con noventa y nueve votos afirmativos y, tras la rectificación, por unanimidad con ciento un votos afirmativos y dos blancos. Intervinieron Marco Murillo, Víctor Quirola, Scheznarda Fernández, Carlos Velasco, Fausto Cobo, María Soledad Vela, María Molina, Fernando Flores, Gioconda Saltos, César Gracia y Tomás Zevallos.

ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_136-E-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se retomó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación y se presentaron varias modificaciones destinadas a incorporar la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias en el organismo de regulación; priorizar al sector comunitario en la distribución de frecuencias hasta alcanzar una asignación equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios; regular la suspensión de publicidad engañosa; precisar los derechos de rectificación y réplica; establecer requisitos de profesionalización para las actividades periodísticas permanentes; fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes; promover la educomunicación; definir normas deontológicas; y disponer la reversión, previo debido proceso, de las frecuencias obtenidas ilegalmente, incluyendo la reparación de los daños ocasionados al Estado. Posteriormente, se negó la propuesta de César Montúfar para archivar el proyecto y reiniciar la elaboración de una nueva normativa, decisión que se mantuvo tras la rectificación; en cambio, se aprobó la moción de Tomás Zevallos para que el texto fuera votado artículo por artículo, también ratificada en la rectificación. Esta decisión generó cuestionamientos sobre el procedimiento y Abdalá Bucaram apeló la actuación de la Presidencia, argumentando que se había alterado el orden de las mociones; Fernando Cordero defendió que las propuestas fueron tramitadas conforme al momento de su presentación, y la apelación fue negada, manteniéndose el resultado luego de la rectificación. Finalmente, se suspendió la sesión para que Mauro Andino identificara los artículos sobre los cuales pudiera alcanzarse consenso antes de continuar las votaciones, por lo que no se inició el tratamiento de la propuesta relacionada con el reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos. Intervinieron Mauro Andino, Abdalá Bucaram y Fernando Cordero; asimismo, César Montúfar y Tomás Zevallos presentaron las mociones sometidas a votación, y Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión durante la apelación

ACTA_137-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se analizó la proforma del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2012 y la programación presupuestaria para los años 2012-2015, instrumentos que contemplaban ingresos y egresos superiores a veintiséis mil millones de dólares y priorizaban la inversión en educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura vial, energía, programas sociales, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y subsidios. Quienes respaldaron la propuesta destacaron el incremento de recursos para la incorporación y mejora salarial de docentes, la ampliación del personal médico y policial, la designación de nuevos jueces, la construcción de carreteras y proyectos hidroeléctricos, el fortalecimiento de los servicios públicos, la reducción de la pobreza y el mantenimiento del endeudamiento dentro de niveles considerados sostenibles; en contraste, otros legisladores cuestionaron el déficit presupuestario y la falta de claridad sobre sus fuentes de financiamiento, el crecimiento del gasto corriente y de la burocracia, la dependencia de créditos y ventas anticipadas de petróleo, la carga tributaria, el elevado monto destinado a publicidad, consultorías, viáticos y contratos ocasionales, así como las asignaciones previstas para la compra obligatoria de renuncias. También se debatió el cumplimiento de los incrementos constitucionales para educación y salud, la reducción o insuficiencia de recursos para universidades, agricultura, vivienda, ambiente, turismo, cultura y economía popular y solidaria; la distribución de fondos entre el Gobierno central y los gobiernos locales; la atención a las zonas rurales, amazónicas y fronterizas; la inversión destinada a pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; la educación intercultural bilingüe, la seguridad social campesina, la soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la territorialización del gasto y la necesidad de transparentar la ejecución presupuestaria. Finalmente, se aprobó el informe de mayoría y la programación cuatrianual con recomendaciones para garantizar recursos al pueblo montubio y a la Universidad Amazónica, controlar el gasto estatal en publicidad, respetar el límite del endeudamiento público, identificar territorialmente las inversiones, transparentar los recursos dirigidos a la participación ciudadana, agricultura, fondo de tierras y economía popular y solidaria, informar sobre los ingresos provenientes de la normativa ambiental y remitir el presupuesto global asignado a cada universidad; la propuesta obtuvo sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y cinco negativos, uno blanco y una abstención, resultado que se mantuvo en la rectificación, mientras que la reconsideración fue negada. Intervinieron Fernando Vélez, Francisco Ulloa, Richard Guillén, Juan Carlos Cassinelli, Paco Moncayo, Leonardo Viteri, Luis Morales, Rafael Dávila, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Salomón Fadul, Viviana Bonilla, Gerónimo Yantalema, Francisco Velasco, Marco Murillo, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Lídice Larrea, César Gracia, Jimmy Pinoargote, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Mao Moreno, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Tomás Zevallos, Francisco Cevallos, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Tito Nilton Mendoza, Lenín Chica, Fernando Cordero, Xavier Tomalá y Vanesa Fajardo.

ACTA_138-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el tratamiento de la objeción parcial formulada al proyecto relacionado con la gestión de las aguas de la cuenca del Paute y la reorganización de las entidades encargadas de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en varios cantones. Durante la sesión se votaron por separado las propuestas de ratificación y allanamiento presentadas por Mauro Andino: la Asamblea ratificó el texto previamente aprobado sobre las atribuciones del organismo encargado de la gestión hídrica y otro artículo del proyecto; sin embargo, no alcanzó los votos necesarios para mantener la disposición que facultaba a los municipios de Esmeraldas, Atacames y Río Verde a conformar una mancomunidad y que cuestionaba la obligación de crear una empresa pública, ni para excluir la exigencia de constituir un fideicomiso destinado a garantizar proporcionalmente el pago de las obligaciones crediticias de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo. Asimismo, el Pleno aceptó la observación presidencial para eliminar una expresión del texto, decisión que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Fausto Cobo; en cambio, no aprobó la propuesta de establecer el plazo de un año para que los municipios señalados asumieran las competencias de dicha empresa, resultado que tampoco cambió tras la rectificación solicitada por Vicente Taiano y Fernando Flores. No se desarrollaron nuevas intervenciones de fondo, pues la sesión se concentró exclusivamente en las votaciones; participaron Mauro Andino, como proponente de los textos sometidos a decisión; Fernando Cordero, quien dirigió la sesión; Andrés Segovia, quien dio lectura a las propuestas y proclamó los resultados; y Fausto Cobo, Vicente Taiano y Fernando Flores, quienes solicitaron las respectivas rectificaciones.

ACTA_141-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron el momento de las elecciones presidenciales y legislativas, la separación de los comicios locales, la fórmula para asignar escaños, la representación de las minorías, la gobernabilidad y el riesgo de modificar las reglas electorales en función de intereses políticos. También se debatieron la licencia de las autoridades que busquen la reelección, la igualdad de condiciones entre los candidatos, la prohibición de utilizar recursos e infraestructura estatal y propaganda gubernamental durante la campaña, el silencio electoral, la publicación de resultados y actas, el conteo manual de votos y los procedimientos de impugnación y apelación. Se incorporaron disposiciones sobre paridad, alternancia y secuencialidad entre hombres y mujeres, así como sanciones económicas por actos de presión, hostigamiento o amenazas destinados a impedir que una mujer acceda a un cargo de elección popular o ejerza sus funciones. El texto aprobado estableció que las elecciones presidenciales, legislativas y del Parlamento Andino se realicen el mismo día; adoptó para la asignación de escaños una fórmula basada en divisores impares; reguló las juntas electorales, los plazos de la justicia electoral, la publicidad pública autorizada excepcionalmente por el Consejo Nacional Electoral y las obligaciones de los movimientos políticos. La reforma fue aprobada, la rectificación confirmó el resultado y la reconsideración fue negada. Intervinieron Jorge Escala, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Fernando González, María Romo, Andrés Roche, Marisol Peñafiel, Fernando Flores, Xavier Tomalá, Silvia Salgado, Elvis Maldonado, Virgilio Hernández, César Montúfar, Andrés Páez, Galo Lara, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Magaly Orellana, Tito Mendoza, Bolívar Subía, Betty Amores, Mariángel Muñoz, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, María Calle, Lenin Chica, Betty Carrillo y Mauro Andino.

ACTA_142-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el segundo debate y se aprobó la reforma destinada a establecer un marco jurídico para las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, permitiéndoles constituir un capital social variable e ilimitado mediante certificados de aportación, reconocer a sus socios derechos económicos, de propiedad, voz y un voto independientemente del número de aportaciones, limitar la participación individual para evitar la concentración del capital y autorizar inversiones relacionadas con proyectos de vivienda, construcción y servicios auxiliares del sistema financiero. El texto consensuado también dispuso que cada institución financiera pública y privada contara con una defensora o defensor del cliente, principal y suplente, elegido democráticamente entre sus propios clientes mediante un proceso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin vínculos con accionistas, socios o administradores y con la función de proteger los derechos e intereses de los usuarios. Asimismo, se otorgó a la Superintendencia de Bancos y Seguros la facultad de cobrar por vía coactiva las pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas, dirigiendo los procesos contra los accionistas que poseían una participación significativa, el principal administrador y representante legal, así como contra administradores temporales y liquidadores cuya responsabilidad fuera determinada por los organismos de control; además, se establecieron plazos para expedir los reglamentos, adecuar el capital de las mutualistas y realizar la elección de los defensores del cliente. El proyecto fue aprobado con noventa votos afirmativos, resultado que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Henry Cuji, mientras que la reconsideración fue negada, quedando firme la decisión. Intervino Francisco Velasco, quien presentó y explicó el texto definitivo

ACTA_144-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Ramiro Terán para incorporar un homenaje a Eloy Alfaro con motivo del centenario de su asesinato y solicitar que se reabrieran las investigaciones correspondientes; asimismo, Rafael Dávila planteó obtener una certificación sobre el estado de las votaciones de las reformas a la normativa de la Función Legislativa, especialmente en materia de fiscalización y juicios políticos, pero retiró su solicitud después de que se dispusiera la entrega del informe respectivo. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma a la normativa de salud relacionada con el control del tabaco, cuyo archivo fue aprobado por unanimidad debido a que pretendía modificar y derogar disposiciones que ya habían sido eliminadas por una ley posterior; durante este punto también se cuestionaron las demoras en la calificación de proyectos legislativos y la situación de los hospitales, la atención sanitaria, la formación de especialistas y la administración del sistema de salud. A continuación, se realizó el primer debate de la reforma sobre las empresas públicas, orientada a aclarar el régimen jurídico y laboral de sus servidores y obreros, precisar que los funcionarios de libre nombramiento y remoción mantienen una relación laboral, aunque no pertenezcan a la carrera administrativa, regular las remuneraciones variables por eficiencia y diferenciar las autoridades competentes para resolver controversias: la jurisdicción contencioso-administrativa para los servidores públicos y la laboral para los obreros. Mientras algunos legisladores defendieron la propuesta por considerar que corregía vacíos, evitaba interpretaciones contradictorias y protegía los recursos del Estado, otros advirtieron que someter al personal técnico de las empresas públicas al régimen general del servicio público podría reducir sus remuneraciones, provocar la salida de profesionales especializados y afectar la competitividad y calidad de los servicios; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Finalmente, se negó y se ratificó mediante rectificación la reconsideración solicitada por Abdalá Bucaram respecto de la decisión de aceptar varias observaciones presidenciales a las reformas electorales, por lo que se mantuvo firme el allanamiento relacionado con determinados aspectos del Código de la Democracia. Intervinieron Ramiro Terán, Rafael Dávila, Víctor Quirola, Francisco Ulloa, Fernando Vélez, Abdalá Bucaram, Irina Cabezas, Andrés Páez, Rolando Panchana y Alfredo Ortiz.

ACTA_147-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para analizar la declaratoria de emergencia sanitaria en Manabí por el aumento de casos de dengue y para solicitar medidas excepcionales frente a los daños ocasionados por el invierno en Carchi y en el eje vial Palanda-Chinchipe, asuntos que finalmente quedaron pendientes; en cambio, se negaron las propuestas para debatir la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible incorporación a la iniciativa de conservación Yasuní-ITT, así como para rechazar editoriales publicados por periódicos estadounidenses que fueron considerados atentatorios contra la soberanía nacional. En comisión general, representantes de los municipios, gobiernos provinciales y parroquias rurales expusieron sus criterios sobre la futura regulación de los límites territoriales, destacando la necesidad de respetar la tradición histórica, el sentido de pertenencia, la autonomía de los gobiernos locales y la decisión de las poblaciones involucradas. Posteriormente, se aprobó el reconocimiento de las festividades del Carnaval de Guamote como patrimonio cultural intangible, resaltándose su origen ancestral, la convivencia intercultural entre los pueblos indígenas y mestizos, sus personajes, música, gastronomía, rituales y prácticas comunitarias; además, se solicitó a las instituciones competentes proceder con su declaración y registro, incorporarlo al calendario nacional y destinar recursos para su promoción, preservación y salvaguarda. El tema central fue el primer debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para fijar límites y solucionar los conflictos territoriales existentes entre parroquias, cantones y provincias, originados por la falta de delimitaciones jurídicas, la contradicción entre normas, los cambios geográficos, las decisiones políticas y las diferencias sobre la pertenencia e identidad de las comunidades. La propuesta planteó que, en lugar de definir directamente cada límite, se establecieran mecanismos amistosos como la negociación y la mediación territorial, y mecanismos institucionales como el arbitraje, la consulta popular y la resolución de las autoridades competentes; también contempló sustituir al organismo anterior por una nueva entidad nacional encargada de los límites internos. Durante la discusión se insistió en garantizar la participación ciudadana, definir quiénes podrían votar en las consultas y acreditar su residencia, respetar los acuerdos y delimitaciones legalmente consolidados, proteger la integridad de las comunidades indígenas y evitar que fueran divididas entre distintas jurisdicciones, establecer plazos obligatorios para resolver los conflictos y reconocer factores históricos, culturales, sociales, ambientales, geográficos, étnicos e hidrográficos. Asimismo, se cuestionó la actuación del organismo técnico que anteriormente manejaba los límites, la validez de mapas elaborados sin una ley definitiva, la posibilidad de que el Ejecutivo resolviera determinadas controversias, la centralización y politización de las decisiones y la falta de representación directa de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales en la nueva entidad; se propuso incorporar al Instituto Geográfico Militar como apoyo técnico y otorgar un papel más activo a la Asamblea y a los gobiernos autónomos descentralizados. También se aprobó reconsiderar una resolución adoptada previamente sobre Ernesto “Che” Guevara, después de señalarse errores históricos y de redacción que afectaban la imagen institucional. El debate sobre los límites territoriales quedó interrumpido y la sesión concluyó por falta de quórum, por lo que las observaciones debían ser remitidas a la comisión y varios asuntos incorporados al orden del día no llegaron a resolverse. Intervinieron Scheznarda Fernández, María Paula Romo, Marco Murillo, Stalin Subía, Edwin Vaca, Zobeida Gudiño, Paúl Granda, Jorge Olmedo, Néstor Chapa, Juan de Dios Roldán Arellano, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Kléver García, Mauro Andino, Luis Morales, Pedro de la Cruz, Carlos Velasco, Paco Fierro, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Francisco Velasco, Línder Altafuya, Lenín Chica, Mary Verduga, Betty Amores, Tomás Zevallos, Enrique Herrería, César Gracia, Galo Vaca, Hugo Quevedo, María Molina, Betty Carrillo, Rosana Alvarado y Francisco Ulloa.

ACTA_151-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó una propuesta para reconocer la trayectoria histórica y el aporte del coronel Luis Vargas Torres a la Revolución Liberal; posteriormente, se rindió homenaje y se otorgó una condecoración a Luis Alfonso Chango Pacha, fundador y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, destacando su historia de superación, su lucha contra la discriminación, el impulso al cooperativismo indígena, la inclusión financiera, la educación, el emprendimiento, la identidad cultural y el deporte. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, centrado en la regulación del transporte comunitario e intercultural en las zonas rurales y de difícil acceso, el uso de camionetas, camiones, mototaxis y otros medios alternativos, las condiciones técnicas y de seguridad para el traslado de personas y productos, la legalización de los servicios diferenciados, la capacitación y entrega de licencias de conducir, el funcionamiento y control de las escuelas de conducción, las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito y de los gobiernos autónomos descentralizados, la revisión de rutas y frecuencias, la prevención de accidentes, el SOAT, el sistema de puntos de las licencias, el uso de taxímetros en la Amazonía y la necesidad de evitar privilegios, monopolios, actos de corrupción y discrecionalidad en la administración del transporte. Intervinieron Línder Altafuya, Pedro de la Cruz, Luis Alfonso Chango Pacha, Fernando Vélez, Mauro Andino, Galo Vaca, María Molina, Virgilio Hernández, Consuelo Flores, Guido Vargas, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Nívea Vélez, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, María Soledad Vela, Tomás Zevallos, Carlos Velasco, Luis Almeida, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Mao Moreno, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_151-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron los resultados de una encuesta nacional sobre la violencia de género contra las mujeres, en la que se evidenció la elevada incidencia de agresiones psicológicas, físicas, patrimoniales y sexuales, principalmente dentro del entorno familiar y por parte de la pareja, así como su presencia en todos los niveles educativos, económicos, territoriales y grupos sociales; se destacó la necesidad de tratar este fenómeno como un problema de seguridad ciudadana, salud pública, igualdad y transformación cultural, mediante leyes, políticas públicas, fiscalización institucional y acciones contra el machismo y la discriminación. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de la Contraloría General del Estado, centrado en la eliminación de la asignación presupuestaria proveniente de los ingresos de las instituciones sujetas a control, por considerarse contraria al régimen constitucional de preasignaciones; la protección de la autonomía e independencia del organismo de control; la desconcentración de sus funciones; la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales; la publicidad y valor probatorio de los informes de auditoría; los plazos de los procedimientos y recursos; y la posibilidad de que la Fiscalía investigue y adopte medidas cautelares en casos de presuntos delitos contra la administración pública sin depender exclusivamente de un informe previo de la Contraloría, con el propósito de fortalecer la lucha contra la corrupción. Intervinieron Byron Villacís, Ana Lucía Herrera, Mauro Andino, Luis Almeida, Fausto Cobo y Paco Fierro.

ACTA_157-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día un exhorto dirigido a las autoridades competentes con el fin de convocar concursos para cargos directivos del sistema educativo y regular sus remuneraciones; la fijación de un precio especial para el gas de uso doméstico destinado a pequeños prestadores de servicios turísticos de la Amazonía; y la comparecencia de varias autoridades para informar sobre el financiamiento, los estudios, la ejecución y la transparencia del proyecto Refinería del Pacífico. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger los derechos de las personas usuarias y consumidoras, abordándose la necesidad de reemplazar la normativa vigente por un sistema más ágil y eficaz de prevención, control, reparación, restitución, indemnización y sanción frente a bienes o servicios deficientes; se analizaron la publicidad engañosa, los contratos de adhesión y sus cláusulas abusivas, los servicios bancarios y financieros, la clonación de tarjetas y delitos informáticos, la medicina prepagada, la vivienda, la educación, el transporte, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, los servicios públicos y profesionales, la protección de datos personales, la calidad de los alimentos, la intermediación comercial, la responsabilidad de proveedores e instituciones estatales, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, la participación de las organizaciones ciudadanas y de los gobiernos autónomos descentralizados, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad, interculturalidad, plurinacionalidad y atención a comunidades, pueblos y nacionalidades. Finalmente, se debatió el proyecto sobre el servicio cívico militar voluntario y las reservas de las Fuerzas Armadas, analizando su concordancia con la Constitución, la objeción de conciencia, las atribuciones del Ejecutivo, la organización militar y la necesidad de contar con una normativa para regular el servicio voluntario; aunque la comisión recomendó archivarlo por considerarlo improcedente y contrario a competencias presidenciales, se defendió su devolución para un análisis más profundo y la moción de archivo no fue aprobada. Intervinieron Gioconda Saltos, Francisco Cisneros, Leonardo Viteri, Fernando Vélez, Betty Amores, María Soledad Vela, Gerónimo Yantalema, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Marco Murillo, Edwin Vaca, Fernando Bustamante y Henry Cuji.

ACTA_158-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día una resolución destinada a garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos afectados por el cierre de varias universidades y otras iniciativas que exigían respeto a la autonomía, independencia y facultades de la Función Legislativa frente a las observaciones formuladas por el Ejecutivo. Posteriormente, Carlos Ramón Pólit Faggioni fue posesionado como Contralor General del Estado. También se desarrolló el primer debate del proyecto orientado a proteger la intimidad y los datos personales frente al uso indebido de archivos, registros y bases de datos; se analizaron los mecanismos de rectificación, reparación civil, sanción penal y hábeas data, así como la propuesta de crear una entidad administrativa especializada, pero la comisión consideró que estas materias ya estaban reguladas en la Constitución y en distintas normas vigentes, y recomendó su archivo; aunque el proponente respaldó esa decisión para evitar la dispersión normativa, la moción de archivo no fue aprobada. Finalmente, se debatieron las reformas a la normativa de inquilinato, centradas en garantizar viviendas dignas y cánones justos, equilibrar los derechos y obligaciones de arrendadores e inquilinos, actualizar disposiciones desfasadas, exigir condiciones adecuadas de habitabilidad y servicios básicos, regular la inscripción de inmuebles y contratos, la fijación de precios, las garantías y su devolución, las reparaciones, el pago de servicios, el abandono y restitución de los inmuebles, el desahucio, el traspaso de dominio y la solución ágil de controversias; además, se planteó evitar la discriminación contra familias con niños, controlar los abusos contractuales, fortalecer la intervención municipal y judicial, proteger especialmente a los sectores de menores ingresos y asegurar procedimientos proporcionales que respeten el debido proceso. Intervinieron Lourdes Tibán, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Carlos Ramón Pólit Faggioni, Mauro Andino, Vethowen Chica, Línder Altafuya, Nívea Vélez, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Bolívar Subía, Marco Murillo, Gioconda Saltos y María Molina.

ACTA_161-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó incorporar al orden del día una propuesta para exigir un plan de contingencia especial que permitiera continuar sus estudios a los alumnos de universidades cerradas ubicadas en la Región Amazónica, considerando sus dificultades económicas, familiares, laborales y de movilidad territorial. El primer debate del proyecto orientado a rehabilitar a productores agropecuarios, artesanos y pescadores artesanales fue diferido por la ausencia de la ponente, aunque el informe recomendaba archivarlo porque la condonación de obligaciones con una institución financiera pública podría afectar el gasto estatal y correspondía a una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Posteriormente, se debatió el proyecto destinado a prevenir el discrimen, el acoso y la violencia política por razones de género, analizándose las agresiones, amenazas, hostigamientos, exclusiones y obstáculos que enfrentan las mujeres en partidos, organizaciones y cargos públicos, especialmente en gobiernos locales y comunidades indígenas; se discutió la necesidad de contar con una normativa específica, preventiva y reparadora que hiciera efectiva la igualdad real, frente a la posición de quienes consideraban que estos derechos y conductas ya estaban regulados en la Constitución, el Código de la Democracia, las garantías jurisdiccionales y la futura legislación penal, y que el proyecto contenía definiciones demasiado amplias y carecía de sanciones precisas. También se planteó ampliar la protección a otros grupos afectados por discriminación política, perfeccionar el texto y unificarlo con otras propuestas sobre igualdad. Finalmente, la moción para archivar el proyecto no obtuvo los votos necesarios y fue nuevamente negada luego de la rectificación, por lo que la propuesta continuó su trámite legislativo. Intervinieron Jorge Escala, Mauro Andino, Rosa Ponce, Lourdes Tibán, Margarita Carranco, Gina Godoy, Luis Almeida, Mariángel Muñoz y Gerónimo Yantalema.

ACTA_163-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se posesionó a Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo como primera autoridad de la Defensoría Pública, luego de haber sido designado mediante concurso público de méritos y oposición. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó el proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, orientado a proteger a las familias y evitar que, ante la imposibilidad de pagar un préstamo, las instituciones financieras pudieran perseguir otros bienes del deudor, de su cónyuge, herederos, fiadores o garantes, una vez entregado, embargado o rematado el inmueble o vehículo que garantizaba la obligación. Se analizaron la extinción de la deuda con la entrega del bien, la prohibición de garantías y pagarés adicionales, el cese del cálculo de intereses desde el embargo, el traslado de créditos hacia instituciones que ofrecieran mejores condiciones, el levantamiento del patrimonio familiar para financiar la construcción de la vivienda y la prohibición de ejecutar en Ecuador sentencias extranjeras derivadas de créditos hipotecarios que contravinieran el ordenamiento nacional, especialmente para proteger a migrantes afectados por la crisis inmobiliaria en España. También se debatieron los límites económicos y el carácter no retroactivo de la normativa, la valoración y depreciación de viviendas y automotores, la inclusión o exclusión de motocicletas y tricimotos, la protección de los depositantes, los posibles efectos sobre las tasas, los plazos y el acceso futuro al crédito, la situación de la industria automotriz, la contaminación, la balanza de pagos, el riesgo de incentivar el incumplimiento de obligaciones y la constitucionalidad de la propuesta; finalmente, se incorporaron varias reformas y disposiciones derogatorias, el proyecto fue aprobado y la solicitud para reconsiderar esa decisión fue negada. Intervinieron Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Andrés Roche, Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Luis Morales, Virgilio Hernández, Eduardo Encalada, Galo Vaca, Enrique Herrería, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Fernando González, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Rosana Alvarado, Marco Murillo, Cristian Viteri, Fernando Flores, Dora Aguirre, María Paula Romo y Silvia Salgado.

ACTA_169-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el tratamiento del indulto solicitado a favor de Víctor Manuel Díaz Almeida, ciudadano de ochenta y cuatro años condenado a dos años de prisión por falsedad ideológica relacionada con un contrato de arrendamiento celebrado entre padre e hijo. Se analizaron su avanzada edad, los problemas de salud que padecía, las dificultades que el arresto domiciliario le ocasionaba para acceder a atención médica, el tiempo ya cumplido de la condena, la ausencia de peligrosidad social y las vulneraciones de derechos previamente reconocidas por la Corte Constitucional, que había dispuesto medidas sustitutivas y reparación integral. También se reflexionó sobre el uso proporcional del poder punitivo del Estado, las limitaciones del sistema de rehabilitación social para atender a personas adultas mayores y la necesidad de que, en futuros casos de indulto sustentados en condiciones médicas, exista coordinación entre las comisiones de Justicia y de Salud. Finalmente, el indulto fue concedido por unanimidad con ciento seis votos favorables. Intervinieron Rosana Alvarado y Leonardo Viteri.

ACTA_172-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a los científicos Ignacio Amable Ramírez Aguirre y Donald Silberberg, en reconocimiento a sus aportes a la medicina, la neurología, la salud pública y la investigación; Guillermina Cruz destacó sus trayectorias, mientras Ignacio Ramírez agradeció el homenaje y expuso los avances alcanzados en la prevención del bocio y la deficiencia de yodo, la yodización de la sal, la salud dental y el desarrollo del sistema nacional de trasplantes. También fueron posesionados como miembros principales del Tribunal Contencioso Electoral Guillermo González Orquera, María Catalina Castro Llerena, Lenin Patricio Baca Mancheno, Patricia Adelina del Carmen Zambrano Villacrés y Miguel Ángel Pérez Astudillo, y como suplentes Angelina del Carmen Veloz Bonilla, Arturo Fabián Cabrera Peñaherrera, Sandra Elizabeth Maldonado Puente, Oscar Williams Altamirano y Mérida Elena Nájera Moreira. Posteriormente se trató la objeción parcial al proyecto relacionado con la administración de bienes incautados en procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y sustancias sujetas a fiscalización; Francisco Velasco explicó que las observaciones aclaraban la devolución de los bienes, sus rentas o productos, así como el tratamiento de bienes perecibles, y propuso aceptar la objeción, moción que fue aprobada. Finalmente, se debatió y aprobó la Convención para Reducir los Casos de Apatridia; Eduardo Zambrano, Soledad Vela, Edwin Vaca, Betty Carrillo, Fausto Cobo, Fernando Bustamante y Silvia Salgado resaltaron el derecho de toda persona a una nacionalidad, la protección de niños, migrantes y refugiados, los problemas de inscripción y pérdida de identidad existentes especialmente en las zonas fronterizas, la necesidad de eliminar vacíos legales y garantizar el acceso a derechos como educación, salud, trabajo e identidad, aprobándose el instrumento internacional con noventa y cuatro votos afirmativos.

ACTA_173-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Edwin Vaca propuso incorporar al orden del día una resolución para revisar el sistema de “tarjeta inteligente” utilizado en la distribución de gas licuado de petróleo en la provincia del Carchi y restituir los cupos anteriores de cilindros, al considerar que el mecanismo ocasionaba largos períodos de espera y afectaba a la población fronteriza; sin embargo, su propuesta fue negada. Posteriormente se debatió la objeción parcial al proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, principalmente sobre la eliminación del porcentaje fijo que las instituciones financieras debían destinar a operaciones hipotecarias, la facultad del organismo regulador para determinarlo anualmente y la protección de los deudores mediante la extinción de la deuda con la entrega o ejecución del bien dado en garantía; Francisco Velasco respaldó el allanamiento a la objeción, Ramiro Terán cuestionó que el porcentaje quedara sujeto a una autoridad gubernamental, Dora Aguirre defendió la protección de las familias y migrantes afectados por deudas hipotecarias, Fernando Flores sostuvo que debía mantenerse la obligación para ampliar el acceso al crédito, César Rodríguez criticó tanto la ley como la política económica gubernamental y Rafael Dávila consideró inadecuado imponer el mismo porcentaje a todas las entidades, aunque reconoció deficiencias en la objeción; finalmente, el allanamiento fue aprobado y la reconsideración solicitada fue negada. Además, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades: Ximena Cabrera y Vinicio Baquero expusieron las necesidades de las personas sordas y solicitaron fortalecer la lengua de señas, la educación bilingüe y bicultural, la formación de docentes, la disponibilidad de intérpretes y la accesibilidad a la comunicación; María Cristina Kronfle explicó que la propuesta buscaba prevenir y detectar oportunamente las discapacidades, garantizar la salud, educación, rehabilitación, inclusión y eliminación de la discriminación, establecer un sistema de calificación y registro, y organizar la protección integral mediante el Consejo Nacional de Igualdad, la Defensoría del Pueblo y las instituciones ejecutoras; Fernando Aguirre destacó la igualdad de oportunidades y la responsabilidad de las entidades públicas y privadas; María Molina abordó la calificación voluntaria, gratuita y personalizada, el registro en la cédula, la aplicación directa de los derechos y la cooperación internacional; Víctor Quirola analizó la atención sanitaria, prevención, rehabilitación, rebajas tributarias y la inclusión de entidades semipúblicas; Scheznarda Fernández se refirió a la estabilidad e inclusión laboral, los permisos para tratamiento y cuidado, la capacitación de servidores públicos y el acceso preferente a créditos; y Carlos Velasco defendió la educación inclusiva, la cobertura de seguros de salud, la protección laboral de quienes cuidan a personas con discapacidad, la ampliación de la licencia de maternidad en determinados casos y el tamizaje neonatal, tras lo cual el debate quedó suspendido para continuar en una nueva convocatoria debido a la posible pérdida del quórum.

ACTA_174-D-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, con énfasis en el procedimiento penal y en la búsqueda de un equilibrio entre seguridad ciudadana, protección de las víctimas, garantías constitucionales, eficacia judicial y rehabilitación de las personas procesadas. En comisión general, Blanca Argüello y Augusto Barrera expusieron las demandas ciudadanas frente a la delincuencia y plantearon procedimientos judiciales más ágiles, una regulación efectiva de la receptación de bienes robados, el incumplimiento de clausuras, el vandalismo, el microtráfico, la prisión preventiva y la defensa pública de las víctimas; Ramiro Rivadeneira destacó los avances sobre femicidio y discriminación, solicitó corregir la tipificación de la desaparición forzada y ampliar la mala práctica médica a los casos de lesiones, y defendió un debate basado en la realidad nacional sobre el aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación; Alberto Narváez pidió diferenciar la mala práctica, el error médico y los efectos adversos, considerar la responsabilidad de las instituciones sanitarias y contar con fiscales, jueces y peritos especializados; Mario Monteverde, Flavio Arosemena y Amparo Medina defendieron la vida desde la concepción y rechazaron el aborto incluso en casos de violación; José Cruz solicitó incorporar adecuadamente la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales para atender a las víctimas de la ex Base de Manta; una representante de las Organizaciones de Mujeres de El Oro defendió el carácter laico del Estado, la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, la atención diferenciada a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar y la continuidad inmediata de las medidas de protección; y Vicente Arias abordó las lesiones ocasionadas por mala práctica médica, la protección de las víctimas, la titularidad de la acción penal y la prescripción. Posteriormente, Cynthia Viteri, María Romo, Rosana Alvarado, Tito Mendoza, César Gracia, Fernando González, Guillermina Cruz, Soledad Vela, Andrés Roche, Paco Moncayo, Enrique Herrería, Marisol Peñafiel y Luis Morales analizaron la participación y reparación integral de las víctimas, las atribuciones de la Fiscalía, los métodos especiales de investigación, la cadena de custodia, la suspensión condicional y los procedimientos abreviados, simplificados y expeditos, la caducidad y sustitución de la prisión preventiva, la política sobre drogas, la responsabilidad de adolescentes, la proporcionalidad y acumulación de las penas, el riesgo del populismo penal, la necesidad de procedimientos especiales para la violencia contra la mujer y la familia, y la improcedencia de convertir la acción penal cuando el delito haya causado la muerte de la víctima; finalmente, el debate quedó pendiente y la sesión fue suspendida para continuar con las intervenciones restantes.

ACTA_174-G-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó y cerró el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, centrado principalmente en la ejecución de las penas y la transformación del sistema de rehabilitación social, analizando la creación de jueces de garantías penitenciarias, la protección de los derechos de las víctimas y de las personas privadas de libertad, la separación y clasificación de los internos según su situación jurídica, edad, sexo, peligrosidad y tipo de infracción, los regímenes cerrado, semiabierto y abierto, las sanciones alternativas y el uso de dispositivos de localización. También se debatieron las condiciones precarias y el hacinamiento de las cárceles, la atención diferenciada para mujeres con hijos, personas adultas mayores, con discapacidad o enfermedades graves, la capacitación y situación laboral de los guías penitenciarios, y la implementación de programas obligatorios de educación, trabajo remunerado, salud, cultura, deporte, seguridad social, fortalecimiento familiar, ahorro y emprendimientos productivos que permitan la reinserción y reduzcan la reincidencia. Se examinó además la coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria, su carácter restaurativo, sus competencias territoriales y los límites derivados de la Constitución y los derechos humanos; la protección especializada de adolescentes en conflicto con la ley y de niños en situaciones de explotación o calle; las sanciones por usura, narcotráfico y delitos graves; los delitos cometidos mediante redes sociales; las causas económicas y sociales de la delincuencia; y la necesidad de que una reforma penal integral no se limite a endurecer las penas. En comisión general, Soledad Realpe solicitó que la Ley 103 no fuera eliminada, sino reformada y ampliada para proteger a las mujeres frente a la violencia y discriminación tanto familiar como social; al inicio también se guardaron minutos de silencio en memoria de Jaime Orlando Quiñónez Rodríguez, Wagner Castillo, Lenín Chiriboga Delgado y Doris Eneida Souza Moreira. Intervinieron Gabriel Rivera, Soledad Realpe, César Gracia, Marco Murillo, Soledad Vela, Vicente Taiano, Betty Carrillo, Paco Moncayo, Silvia Salgado, Gerónimo Yantalema, Ángel Vilema, Guillermina Cruz, Mercedes Diminich, Zobeida Gudiño y Mauro Andino; finalmente, se solicitaron nuevas observaciones para preparar el informe de segundo debate y se cerró la discusión después de haberse registrado ciento cuarenta y dos intervenciones acumuladas.

ACTA_177-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrollaron dos primeros debates. En el primero se analizó la reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientada a que la retención del cuarenta por ciento del aporte estatal a la pensión militar se aplicara únicamente cuando el pensionista volviera a trabajar en el sector público y no en el privado, a actualizar anualmente el valor de la canasta básica y a excluir del descuento las décimas tercera y cuarta pensiones; Roberto Freire y Fausto Cobo defendieron la reforma al considerar que facilitaría la reinserción laboral de los militares retirados, María Paula Romo pidió incorporar protección social para las esposas de militares que quedaban desamparadas después del divorcio, Betty Carrillo cuestionó que el beneficio se limitara al trabajo privado y sostuvo que los principios de solidaridad debían aplicarse de manera general, Hugo Quevedo respaldó la propuesta y Fernando Flores planteó emitir un saludo al pueblo venezolano por el natalicio de Simón Bolívar, tras lo cual el debate fue cerrado y el proyecto regresó a la Comisión correspondiente. Posteriormente se debatió la reforma al régimen especial de Galápagos, destinada a fortalecer la conservación y el desarrollo sustentable mediante una nueva organización y mayores competencias del Consejo de Gobierno, regulación de la migración y la residencia, auditorías a las residencias y permisos turísticos, sanciones ambientales y migratorias, control de embarcaciones y especies invasoras, regulación de la pesca artesanal, creación de una agencia de bioseguridad, establecimiento de un servicio de ambulancia aérea, redistribución de los ingresos turísticos y recuperación estatal de las concesiones para democratizar la actividad turística y favorecer a residentes y organizaciones de la economía popular y solidaria. Ángel Placencia solicitó reconocer la residencia permanente de las personas que habían establecido su proyecto de vida en las islas antes de septiembre de 2007; Marcela Aguiñaga expuso el crecimiento poblacional, la falta de servicios básicos, los problemas de migración, bioseguridad y concentración de permisos turísticos; Virgilio Hernández explicó el contenido consensuado de la reforma y los asuntos aún pendientes; y Ángel Vilema, Grace Almeida, Alfredo Ortiz, Gerónimo Yantalema, Betty Carrillo, Francisco Ulloa, Fernando González y María Paula Romo presentaron observaciones sobre la participación ciudadana y de los pueblos y nacionalidades, la representación científica, las competencias del Consejo de Gobierno, la democratización del turismo, la protección de los residentes, el control poblacional, la preservación ambiental, las urbanizaciones, las concesiones y los posibles incentivos contrarios a los objetivos de conservación; finalmente, la sesión fue clausurada ante la posibilidad de perder el quórum, quedando pendientes varias intervenciones y la continuación del tratamiento.

ACTA_186-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se intentó continuar con la votación de la resolución que rechazaba la medida del Gobierno del Reino de España que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a la salud pública; Fausto Cobo observó que el texto debía precisar que la afectación recaía específicamente sobre los migrantes en situación irregular y corregir definitivamente la denominación de España, pero la votación no pudo efectuarse porque Jorge Escala, como proponente, no se encontraba presente y era el único autorizado para modificar formalmente el documento, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente se debatió y aprobó el Protocolo internacional contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, destinado a fortalecer la cooperación entre los Estados para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional mediante la penalización de estas actividades, el decomiso de armas, el mantenimiento de registros, su marcación y desactivación, la regulación de las importaciones, exportaciones y tránsito, el intercambio de información, la asistencia técnica y la actualización de la legislación nacional. Durante el debate se destacó que el acceso y comercio ilegal de armas incrementaban los homicidios, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y otras formas de violencia; se defendió la necesidad de controles más rigurosos, políticas preventivas, reformas al sistema de justicia y rehabilitación social, atención a las víctimas, oportunidades educativas y laborales y un plan integral de seguridad ciudadana que no se limitara a medidas represivas. También se analizaron la especial vulnerabilidad de las zonas fronterizas, el tráfico de armamento hacia grupos irregulares de Colombia, la situación de Carchi, los secuestros y desplazamientos, las deficiencias en el control portuario y fronterizo y la necesidad de acompañar los compromisos internacionales con recursos, infraestructura y políticas nacionales efectivas. El Protocolo fue aprobado por unanimidad con noventa y siete votos afirmativos. Finalmente se debatió y aprobó el convenio entre Ecuador y Uruguay para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, el cual regula, entre otros aspectos, los impuestos aplicables a personas y empresas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, pensiones, patrimonio, intercambio de información y asistencia en la recaudación; se sostuvo que facilitaría el comercio y la inversión, evitaría que una misma renta fuera gravada en el país donde se generó y en el país de residencia, fortalecería la cooperación tributaria y favorecería sectores como la investigación farmacéutica, la producción eléctrica y el calzado. El convenio fue aprobado con ciento dos votos afirmativos y dos abstenciones, tras lo cual la sesión fue clausurada. Intervinieron Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Silvia Salgado, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Linda Machuca, Edwin Vaca, María Soledad Vela, Luis Morales, Grace Almeida, Gabriel Rivera y Eduardo Zambrano.

ACTA_189-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se reinstaló el segundo debate del proyecto de Ley de Estadística únicamente para conocer el texto definitivo y someterlo a votación. Virgilio Hernández explicó que la Comisión incorporó las observaciones formuladas durante el debate, entre ellas la obligación de recopilar información relevante sobre los ecuatorianos residentes en el exterior, la integración del sistema estadístico y geográfico como subsistema del Sistema Nacional de Información, la inclusión de los principios de objetividad e independencia, la precisión de que el Sistema Estadístico Nacional estaría compuesto por instituciones públicas y no regularía a las empresas encuestadoras privadas, el fortalecimiento de las funciones y estructura del INEC, la organización de los comités técnicos, el reconocimiento del Consejo de Gobierno de Galápagos como generador de estadísticas y una regulación más clara del secreto estadístico. La ley aprobada modernizó la normativa vigente desde 1976 y estableció que la producción de información pública debía ser pertinente, veraz, oportuna, coordinada, participativa, accesible, inclusiva, intercultural y técnicamente comparable; organizó el Sistema Estadístico Nacional alrededor del Consejo Nacional de Estadística, el INEC, el Banco Central y las demás instituciones públicas competentes; reguló el Plan Nacional de Estadísticas, los censos, encuestas y registros administrativos; dispuso la certificación de las estadísticas oficiales, el acceso libre y gratuito a la información, su difusión en lenguas de relación intercultural y en formatos apropiados para personas con discapacidad, la protección de los datos individuales mediante la confidencialidad y el secreto estadístico, la obligación de suministrar información veraz y las sanciones por incumplimiento o utilización indebida de datos. El proyecto fue aprobado inicialmente con setenta y un votos afirmativos y veintiuna abstenciones; después de la rectificación solicitada por Fernando Aguirre y Juan Fernández, quedó ratificado con setenta y tres votos afirmativos, uno negativo y dieciocho abstenciones, tras lo cual la sesión fue clausurada. Intervino Virgilio Hernández, mientras Fernando Aguirre y Juan Fernández participaron mediante la solicitud de rectificación de la votación.

ACTA_191-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto reformatorio de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y se intentó elegir a las autoridades de la comisión encargada de analizar el informe anual del Presidente de la República. En el debate legislativo existió un respaldo general a la incorporación de los gobiernos parroquiales rurales como accionistas y miembros del Directorio y de la Comisión Ejecutiva del Banco del Estado, al considerarse que constituían el nivel de gobierno más cercano a las comunidades y necesitaban participar directamente en las decisiones relacionadas con el financiamiento de obras, servicios básicos, vialidad, agua potable, alcantarillado, producción y desarrollo rural; sin embargo, se advirtió que la sola representación no garantizaba el acceso efectivo a los recursos, por lo que se propuso reservar porcentajes de crédito para las parroquias, brindarles asistencia técnica para preparar estudios y proyectos, distribuir equitativamente los recursos petroleros, priorizar las zonas fronterizas y amazónicas, evitar que una misma persona representara a varios niveles de gobierno y asegurar que todos los integrantes del Directorio contaran con alternos. También se planteó incluir en el Directorio a los gobiernos regionales, distritos metropolitanos y regímenes especiales, equilibrar la representación de los gobiernos autónomos frente al Gobierno central, mantener o justificar adecuadamente la exclusión del representante de los trabajadores, corregir la denominación del Ministerio de Finanzas y establecer que los préstamos se destinaran prioritariamente a infraestructura y servicios esenciales, evitando inversiones que no respondieran a las necesidades urgentes de la población; concluido el primer debate, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones presentadas. Posteriormente, Mary Verduga propuso a Hólger Chávez como presidente y a Xavier Tomalá como vicepresidente de la comisión que debía examinar el informe presidencial, pero la moción fue negada con cincuenta votos afirmativos, treinta y ocho negativos y seis abstenciones; Marco Murillo presentó otra fórmula integrada por Magaly Orellana y Francisco Cisneros, que tampoco fue aprobada, al obtener cuarenta y ocho votos afirmativos, cuarenta y siete negativos, un blanco y tres abstenciones. Richard Guillén propuso después a Mary Verduga y Francisco Cisneros, pero Verduga no aceptó la candidatura; Eduardo Encalada planteó finalmente a Hólger Chávez y Francisco Cisneros, fórmula que tampoco llegó a votarse porque Chávez rechazó participar junto al representante de Sociedad Patriótica y desistió de presidir la comisión, por lo que las autoridades no fueron elegidas y la sesión fue clausurada, quedando los integrantes obligados a preparar el informe correspondiente. Intervinieron Marisol Peñafiel, Jimmy Pinoargote, Luis Morales, Edwin Vaca, Xavier Tomalá, Paco Moncayo, José Picoita, Guillermina Cruz, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, Carlos Samaniego, Hólger Chávez, Mary Verduga, Marco Murillo y Richard Guillén.

ACTA_192-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Línder Altafuya solicitó modificar el orden del día para debatir una resolución que condenara las expresiones y representaciones consideradas racistas atribuidas a la autoridad municipal de La Concordia, denunciando tanto declaraciones contra la población afrodescendiente como la instalación de un monumento en el que tres mujeres negras sostenían sobre sus cabezas a una mujer blanca; la propuesta obtuvo inicialmente sesenta y un votos afirmativos y, en la rectificación, cincuenta y ocho, sin alcanzar la mayoría necesaria, por lo que fue negada. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Inquilinato, cuyo propósito era equilibrar los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos, exigir el registro de los inmuebles y contratos ante las oficinas municipales de arrendamiento, regular la fijación de los cánones, disponer que las garantías económicas fueran depositadas en cuentas administradas por los municipios, establecer inspecciones para determinar posibles daños, simplificar la devolución de las cauciones, sustituir los procesos verbales sumarios por procedimientos más ágiles y orales, facilitar el desahucio y actualizar la terminología judicial. Durante el debate se planteó conceder plazos diferenciados para que los municipios crearan las oficinas y trasladaran los registros existentes; devolver las garantías con los intereses generados; precisar las condiciones mínimas de habitabilidad, los avalúos y la distinción entre zonas urbanas y rurales; conservar la figura del subarrendamiento; mantener una sanción por la falta de registro para evitar la nulidad de los contratos; aceptar facturas o declaraciones juramentadas como prueba de los acuerdos verbales; prohibir la discriminación contra familias con hijos y el corte de servicios básicos como mecanismo de presión; ampliar los plazos para desalojar inmuebles vendidos; regular los arrendamientos temporales; y establecer que los recursos depositados fueran utilizados únicamente para cubrir daños comprobados. También se discutió si la garantía debía equivaler a uno o dos meses, permanecer en poder del propietario, depositarse ante el municipio o ser administrada judicialmente; se advirtió que la regulación debía proteger a los arrendatarios de bajos recursos, mujeres jefas de hogar, estudiantes y familias jóvenes, pero también a propietarios —incluidas personas adultas mayores— frente al impago de pensiones, daños y deudas de servicios; además, se propuso que las oficinas municipales actuaran como instancias de mediación antes de recurrir a los jueces y que el procedimiento sumarísimo se aplicara a todas las controversias de inquilinato. Mauro Andino solicitó aplazar la votación para incorporar las numerosas observaciones, por lo que el proyecto quedó pendiente. Finalmente se trató el segundo debate de la Ley de Protección a la Intimidad y a los Datos Personales; la Comisión recomendó archivarla porque consideró que regulaba materias ya contempladas en la Constitución y en las normas sobre garantías jurisdiccionales, transparencia, registros públicos, comercio electrónico y responsabilidad civil y penal, además de crear innecesariamente una nueva entidad burocrática, repetir la acción de hábeas data e incluir disposiciones penales contrarias al principio de unidad de materia. La moción de archivo fue aprobada por unanimidad con setenta y seis votos afirmativos; la reconsideración solicitada por Kléver García fue negada con setenta y cinco votos negativos y su rectificación volvió a ser rechazada con setenta y siete votos negativos, tras lo cual la sesión fue suspendida debido a que permanecía pendiente la votación de la reforma a la Ley de Inquilinato. Intervinieron Línder Altafuya, Mauro Andino, Paco Moncayo, Christian Viteri, Francisco Ulloa, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Francisco Cevallos, Alfredo Ortiz, Luis Morales, Virgilio Hernández y Kléver García.

ACTA_198-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Gilmar Gutiérrez retiró su solicitud para conformar una comisión multipartidista que vigilara las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta la proclamación de los resultados de las siguientes elecciones, debido a la ausencia de varios legisladores. Posteriormente se trató la selección de la terna que la Asamblea debía remitir para la designación de su representante ante el Consejo de la Judicatura. Ángel Vilema propuso a Ana Karina Peralta Velásquez, Carlos Teodoro Delgado Alonso y Zaida Patricia Romero Flores, destacando su formación y experiencia jurídica; María Paula Romo cuestionó que la integración del organismo dependiera nuevamente de delegados de las funciones políticas, advirtió sobre una posible designación previamente acordada y pidió que se entregaran las hojas de vida antes de votar. La terna fue aprobada con cincuenta y seis votos afirmativos, treinta y cinco negativos y cinco abstenciones. Finalmente se desarrolló el primer debate de la reforma al Código de la Policía Marítima. La Comisión recomendó archivarla porque, aunque reconoció la urgente necesidad de actualizar la normativa vigente desde 1960, consideró que el proyecto era incompleto, mantenía disposiciones contrarias a los derechos constitucionales y no incorporaba los cambios derivados de la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que propuso elaborar un Código de Legislación Marítima integral. Vethowen Chica respaldó el archivo por considerar necesaria una reforma estructural; en cambio, Paco Moncayo y Alfredo Ortiz sostuvieron que la Asamblea debía corregir y ampliar el proyecto, no desecharlo, debido a que la normativa todavía permitía detener personas por supuesta vagancia, imponer prisión y cauciones desde las capitanías, aplicar multas establecidas en sucres y mantener conflictos de competencias con los municipios. Línder Altafuya coincidió en la necesidad de actualizar el Código, pero centró su intervención en rechazar la adhesión a la Convención por considerar que afectaba la soberanía marítima y perjudicaba a los pescadores. La moción de archivo obtuvo cincuenta y dos votos afirmativos, veintiún negativos y veintitrés abstenciones, por lo que no fue aprobada y el proyecto regresó a la Comisión para continuar su trámite. Intervinieron Gilmar Gutiérrez, Ángel Vilema, María Paula Romo, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz y Línder Altafuya.

ACTA_199-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Francisco Cisneros propuso exigir que la comisión encargada de analizar el informe presidencial sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo se reuniera y presentara sus conclusiones, mientras Gilmar Gutiérrez pidió conformar una comisión multipartidista para vigilar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta las elecciones de febrero de 2013; las propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse la primera votación. Posteriormente se posesionó constitucional y legalmente a las juezas y jueces principales y suplentes que conformarían la primera Corte Constitucional, luego de conocer los resultados del proceso de selección y de que prestaran el juramento correspondiente. El tema central fue el segundo debate de la reforma destinada a incorporar al cantón La Concordia a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cumplimiento de la consulta popular en la que el 64,92 % de los votantes respaldó esa pertenencia; el proyecto también regulaba la transferencia de recursos, instituciones, servidores públicos y servicios, sin reducir las asignaciones de Esmeraldas. En comisión general, Lucía Sosa y Rosaura Bastidas defendieron la pertenencia histórica y jurídica de La Concordia a Esmeraldas y denunciaron abandono, discriminación y posibles irregularidades administrativas; Geovanny Benítez y Walter Ocampo sostuvieron que debía respetarse la decisión mayoritaria de los concordenses y afirmaron que el cambio permitiría superar décadas de indefinición y falta de servicios. Durante el debate legislativo, unos defendieron el carácter obligatorio y vinculante de la consulta y pidieron aprobar inmediatamente la reforma; otros cuestionaron la constitucionalidad del proceso, la ausencia de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, presuntos cambios irregulares de domicilio electoral y el riesgo de profundizar el enfrentamiento entre provincias hermanas. Ante las dudas jurídicas y las mociones para postergar la votación o consultar sus consecuencias, el tratamiento fue suspendido y se dispuso solicitar un informe jurídico, por lo que la ley no fue votada. Finalmente se aprobó por unanimidad, con ochenta y tres votos afirmativos, una resolución que declaró al general Julio Andrade Prócer e Insigne Luchador, reconoció su aporte al alfarismo y a la vida republicana, solicitó incluir el estudio de su vida en la educación y saludó a la parroquia que lleva su nombre por su aniversario; la denominación inicial de Héroe Nacional fue modificada debido a las observaciones sobre el procedimiento establecido en la ley vigente. Intervinieron Francisco Cisneros, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Lucía Sosa, Rosaura Bastidas, Geovanny Benítez, Walter Ocampo, Virgilio Hernández, Línder Altafuya, Carlos Samaniego, Luis Morales, César Gracia, María Augusta Calle, Mary Verduga, Lenín Chica, Gabriel Rivera, Fernando Vélez, Tito Nilton Mendoza, Fausto Cobo y Carlos Velasco; Fernando Flores participó solicitando la rectificación de una votación.