003_MEMORANDO_AN-CRET-2026-0122-M_ALCANCE_AL_MEMORANDO_AN-CRET-2026-0121-M_22-04-26.pdf En la sesión se conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, orientado a reducir las demoras en los procesos judiciales y administrativos, establecer plazos, evitar duplicidad de trámites, sancionar incumplimientos, garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes, fortalecer la declaratoria de adoptabilidad y facilitar el acceso a becas para quienes egresan de las casas de acogida al cumplir la mayoría de edad; intervinieron Diana Angélica Jácome Silva, Blasco Remigio Luna Arévalo, Jorge Enrique Chamba Cabanilla, Isaac Vladimir Solano Calle, Edmundo Jorge Cerda Tapuy, Otto Santiago Vera Palacios, Luis Fernando Molina Oñofa, Anelisse Josebeth Jaramillo Rodríguez, Christopher Manuel Jaramillo Gómez, Cristian Andrés Benavides Fuentes, Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán, Pamela Alejandra Aguirre Zambonino, Ricardo Armando Patiño Aroca y Andrés Felipe Castillo Maldonado, quienes también plantearon observaciones sobre el fortalecimiento presupuestario, institucional y técnico de las casas de acogida y de las entidades encargadas de estos procesos. Asimismo, se conoció el informe que recomendó el archivo del proyecto para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, por considerar que podía generar duplicidad de competencias, cargas administrativas y dificultades en la contratación pública; intervino Nathaly Estefanía Farinango Delgado y se aprobó la moción de archivo. Finalmente, se trató el informe relativo a la propuesta de declarar feriado nacional el 18 de noviembre de cada año, respecto de la cual intervino Eckenner Reader Recalde Álava y se aprobó también su archivo.

004_MOCION_NATHALY ESTEFANIA FARINANGO DELGADO_05-05-26.eml En la sesión se conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, orientado a reducir las demoras en los procesos judiciales y administrativos, establecer plazos, evitar duplicidad de trámites, sancionar incumplimientos, garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes, fortalecer la declaratoria de adoptabilidad y facilitar el acceso a becas para quienes egresan de las casas de acogida al cumplir la mayoría de edad; intervinieron Diana Angélica Jácome Silva, Blasco Remigio Luna Arévalo, Jorge Enrique Chamba Cabanilla, Isaac Vladimir Solano Calle, Edmundo Jorge Cerda Tapuy, Otto Santiago Vera Palacios, Luis Fernando Molina Oñofa, Anelisse Josebeth Jaramillo Rodríguez, Christopher Manuel Jaramillo Gómez, Cristian Andrés Benavides Fuentes, Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán, Pamela Alejandra Aguirre Zambonino, Ricardo Armando Patiño Aroca y Andrés Felipe Castillo Maldonado, quienes también plantearon observaciones sobre el fortalecimiento presupuestario, institucional y técnico de las casas de acogida y de las entidades encargadas de estos procesos. Asimismo, se conoció el informe que recomendó el archivo del proyecto para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, por considerar que podía generar duplicidad de competencias, cargas administrativas y dificultades en la contratación pública; intervino Nathaly Estefanía Farinango Delgado y se aprobó la moción de archivo. Finalmente, se trató el informe relativo a la propuesta de declarar feriado nacional el 18 de noviembre de cada año, respecto de la cual intervino Eckenner Reader Recalde Álava y se aprobó también su archivo.

010_AUDIO_SESION_091-AN-2025-2029_05-05-26.m4a En la sesión se conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, orientado a reducir las demoras en los procesos judiciales y administrativos, establecer plazos, evitar duplicidad de trámites, sancionar incumplimientos, garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes, fortalecer la declaratoria de adoptabilidad y facilitar el acceso a becas para quienes egresan de las casas de acogida al cumplir la mayoría de edad; intervinieron Diana Angélica Jácome Silva, Blasco Remigio Luna Arévalo, Jorge Enrique Chamba Cabanilla, Isaac Vladimir Solano Calle, Edmundo Jorge Cerda Tapuy, Otto Santiago Vera Palacios, Luis Fernando Molina Oñofa, Anelisse Josebeth Jaramillo Rodríguez, Christopher Manuel Jaramillo Gómez, Cristian Andrés Benavides Fuentes, Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán, Pamela Alejandra Aguirre Zambonino, Ricardo Armando Patiño Aroca y Andrés Felipe Castillo Maldonado, quienes también plantearon observaciones sobre el fortalecimiento presupuestario, institucional y técnico de las casas de acogida y de las entidades encargadas de estos procesos. Asimismo, se conoció el informe que recomendó el archivo del proyecto para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, por considerar que podía generar duplicidad de competencias, cargas administrativas y dificultades en la contratación pública; intervino Nathaly Estefanía Farinango Delgado y se aprobó la moción de archivo. Finalmente, se trató el informe relativo a la propuesta de declarar feriado nacional el 18 de noviembre de cada año, respecto de la cual intervino Eckenner Reader Recalde Álava y se aprobó también su archivo.

012_ACTA_091-AN-2025-2029_PLENO_05-05-2026.pdf En la sesión se conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, orientado a reducir las demoras en los procesos judiciales y administrativos, establecer plazos, evitar duplicidad de trámites, sancionar incumplimientos, garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes, fortalecer la declaratoria de adoptabilidad y facilitar el acceso a becas para quienes egresan de las casas de acogida al cumplir la mayoría de edad; intervinieron Diana Angélica Jácome Silva, Blasco Remigio Luna Arévalo, Jorge Enrique Chamba Cabanilla, Isaac Vladimir Solano Calle, Edmundo Jorge Cerda Tapuy, Otto Santiago Vera Palacios, Luis Fernando Molina Oñofa, Anelisse Josebeth Jaramillo Rodríguez, Christopher Manuel Jaramillo Gómez, Cristian Andrés Benavides Fuentes, Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán, Pamela Alejandra Aguirre Zambonino, Ricardo Armando Patiño Aroca y Andrés Felipe Castillo Maldonado, quienes también plantearon observaciones sobre el fortalecimiento presupuestario, institucional y técnico de las casas de acogida y de las entidades encargadas de estos procesos. Asimismo, se conoció el informe que recomendó el archivo del proyecto para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos, por considerar que podía generar duplicidad de competencias, cargas administrativas y dificultades en la contratación pública; intervino Nathaly Estefanía Farinango Delgado y se aprobó la moción de archivo. Finalmente, se trató el informe relativo a la propuesta de declarar feriado nacional el 18 de noviembre de cada año, respecto de la cual intervino Eckenner Reader Recalde Álava y se aprobó también su archivo.

006_VIDEO_SESION_092-AN-2025-2029_07-05-26.mp4 En la sesión se conoció y debatió el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, orientado a prevenir el uso indebido de las garantías jurisdiccionales, definir reglas de competencia, regular el abuso del derecho, establecer mecanismos de control frente a actuaciones judiciales irregulares, delimitar la modulación de medidas de reparación, precisar los procedimientos de acción de protección y hábeas corpus, regular la suspensión excepcional de decisiones impugnadas, fortalecer la revisión de reparaciones económicas y establecer requisitos y plazos para las consultas de norma ante la Corte Constitucional; intervinieron Diana Angélica Jácome Silva, Jorge Enrique Chamba Cabanilla, Saadin Alfredo Serrano Valladares, Isaac Vladimir Solano Calle, Luis Fernando Molina Oñofa, Luis Esteban Torres Cobo, Janeth Paola Cabezas Castillo, Keevin Fernando Gallardo Ruiz, Franklin Omar Samaniego Maigua, Adrián Ernesto Castro Piedra, Mariana Yumbay Yallico, Andrés Felipe Castillo Maldonado, Otto Santiago Vera Palacios, Sergio Jesús Peña Yeloz y Juan Marco Gonzaga Salazar, quienes expusieron posiciones y observaciones relacionadas con la necesidad de combatir el abuso procesal y la impunidad, así como con la protección de la tutela judicial efectiva, la independencia judicial, la reparación integral, el acceso a la justicia y las atribuciones de la Corte Constitucional. Asimismo, en comisión general se entregaron reconocimientos al cantante Nelson Fernando Proaño Guerra, conocido artísticamente como Damiano, por su trayectoria y aporte a la cultura ecuatoriana, y a los programas Entre Pasillos y Alegrías, La Radio Mix Fiesta Express, Más Allá del Telón, Déjame Contarte, Ecuador 360 Latitud Cero y Discapacidad en Acción, en reconocimiento a su contribución a la difusión cultural, patrimonial e inclusiva desde la Radio de la Asamblea Nacional.

006_AUDIO_SESION_093-AN-2025-2029_12-05-26.m4a En la sesión se realizó un reconocimiento a la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedexpor, por sus cincuenta años de trayectoria y su aporte al comercio exterior, la generación de empleo y el desarrollo económico del país, representada por Xavier Rosero y Carla Barbotó. Asimismo, se conoció y debatió el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, orientado a proteger las zonas de rompiente y sus áreas adyacentes, regular los usos del mar, promover actividades sostenibles como la pesca artesanal, el turismo y los deportes acuáticos, fortalecer la coordinación institucional mediante el Consejo Interinstitucional del Mar y crear el Registro Nacional de Zonas de Rompientes. Intervinieron Roberto Fernando Jaramillo Martínez, Lizardo Manuel Casanova Montesino, Franklin Omar Samaniego Maigua, Milton Javier Aguas Flores, Saadin Alfredo Serrano Valladares, Inés Margarita Alarcón Bueno, Esperanza del Cisne Rogel, Sergio Jesús Peña Veloz, Naila Victoria Quintana Tapia y Nuria Susana Butiñá Martínez; durante el debate se plantearon observaciones relacionadas con la protección efectiva de ecosistemas y especies marinas, la participación de comunidades costeras, pescadores y academia, el régimen sancionatorio, la prohibición de minería submarina, la claridad sobre concesiones en trámite, el respeto al régimen especial de Galápagos, la integración y operatividad del Consejo Interinstitucional del Mar y las condiciones del registro de zonas de rompientes. Finalmente, a petición del ponente, se suspendió el tratamiento del proyecto para que la Comisión incorpore y analice las observaciones formuladas antes de continuar con su resolución.

007_AUDIO_SESION_093-AN-2025-2029_12-05-26.mp4 En la sesión se realizó un reconocimiento a la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedexpor, por sus cincuenta años de trayectoria y su aporte al comercio exterior, la generación de empleo y el desarrollo económico del país, representada por Xavier Rosero y Carla Barbotó. Asimismo, se conoció y debatió el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, orientado a proteger las zonas de rompiente y sus áreas adyacentes, regular los usos del mar, promover actividades sostenibles como la pesca artesanal, el turismo y los deportes acuáticos, fortalecer la coordinación institucional mediante el Consejo Interinstitucional del Mar y crear el Registro Nacional de Zonas de Rompientes. Intervinieron Roberto Fernando Jaramillo Martínez, Lizardo Manuel Casanova Montesino, Franklin Omar Samaniego Maigua, Milton Javier Aguas Flores, Saadin Alfredo Serrano Valladares, Inés Margarita Alarcón Bueno, Esperanza del Cisne Rogel, Sergio Jesús Peña Veloz, Naila Victoria Quintana Tapia y Nuria Susana Butiñá Martínez; durante el debate se plantearon observaciones relacionadas con la protección efectiva de ecosistemas y especies marinas, la participación de comunidades costeras, pescadores y academia, el régimen sancionatorio, la prohibición de minería submarina, la claridad sobre concesiones en trámite, el respeto al régimen especial de Galápagos, la integración y operatividad del Consejo Interinstitucional del Mar y las condiciones del registro de zonas de rompientes. Finalmente, a petición del ponente, se suspendió el tratamiento del proyecto para que la Comisión incorpore y analice las observaciones formuladas antes de continuar con su resolución.

004_MEMORANDO_AN-ZVMA-2026-0108-M_NOTIFICACION_DE_PONENCIA.pdf En la sesión se aprobó el texto final del Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, orientado a fortalecer la preservación, protección y gestión integral de los ecosistemas marino-costeros, regular los usos del mar, consolidar el Consejo Interinstitucional del Mar con resoluciones vinculantes, crear el Registro Nacional de Zonas de Rompientes, incorporar el principio precautorio, garantizar la participación ciudadana y científica, proteger los ecosistemas sensibles, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, el sistema portuario y el régimen especial de Galápagos; intervino Roberto Fernando Jaramillo Martínez, quien expuso las observaciones acogidas y los principales cambios incorporados al texto final. Previamente, en comisión general, se reconoció al campeón mundial de bodyboard Joe Scott Jericco Rosero Parra por su destacada trayectoria deportiva y representación internacional del país, y participaron Cecilia Torres, directora de la Fundación Mingas por el Mar; Beatriz Aguirre, fundadora de Corriente a Favor; Andrea María Castillo Higgins y Anna Carina Borges Ceccovilli, cofundadoras de Conservación Marina Ecuador; y Manuel Humberto Gómez Proaño, hidrógrafo, quienes destacaron la importancia ambiental, económica, social, turística y estratégica de proteger las olas, las zonas de rompiente y los ecosistemas marino-costeros. Asimismo, se aprobó el informe de admisibilidad de la Iniciativa Popular Normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica, presentada por Wilson Eduardo Merino Rivadeneira, al verificarse el cumplimiento de los requisitos legales para continuar su trámite; intervino Mario Amado Zambrano Vera, quien sustentó que la propuesta ciudadana cumple las condiciones de admisibilidad y busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante la creación y consolidación del Cuerpo de Protección Ciudadana en coordinación con la Policía Nacional.

012_ACTA_093-A-AN-2025-2029_PLENO_21-05-2026.pdf En la sesión se aprobó el texto final del Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, orientado a fortalecer la preservación, protección y gestión integral de los ecosistemas marino-costeros, regular los usos del mar, consolidar el Consejo Interinstitucional del Mar con resoluciones vinculantes, crear el Registro Nacional de Zonas de Rompientes, incorporar el principio precautorio, garantizar la participación ciudadana y científica, proteger los ecosistemas sensibles, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, el sistema portuario y el régimen especial de Galápagos; intervino Roberto Fernando Jaramillo Martínez, quien expuso las observaciones acogidas y los principales cambios incorporados al texto final. Previamente, en comisión general, se reconoció al campeón mundial de bodyboard Joe Scott Jericco Rosero Parra por su destacada trayectoria deportiva y representación internacional del país, y participaron Cecilia Torres, directora de la Fundación Mingas por el Mar; Beatriz Aguirre, fundadora de Corriente a Favor; Andrea María Castillo Higgins y Anna Carina Borges Ceccovilli, cofundadoras de Conservación Marina Ecuador; y Manuel Humberto Gómez Proaño, hidrógrafo, quienes destacaron la importancia ambiental, económica, social, turística y estratégica de proteger las olas, las zonas de rompiente y los ecosistemas marino-costeros. Asimismo, se aprobó el informe de admisibilidad de la Iniciativa Popular Normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica, presentada por Wilson Eduardo Merino Rivadeneira, al verificarse el cumplimiento de los requisitos legales para continuar su trámite; intervino Mario Amado Zambrano Vera, quien sustentó que la propuesta ciudadana cumple las condiciones de admisibilidad y busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante la creación y consolidación del Cuerpo de Protección Ciudadana en coordinación con la Policía Nacional.

003_SOLICITUD_CAMBIO_ORDEN DEL DIA_JOHNNY LAVAYEN_18-05-26.pdf En la sesión se aprobaron tres cambios al orden del día para incorporar el respaldo al programa Educa Empleo y a la incorporación de nuevos docentes al sistema público; a las acciones del Gobierno nacional contra el crimen organizado y a la cooperación internacional en el marco de la Declaratoria Conjunta de Seguridad de la Conferencia Anticárteles de las Américas; y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante la entrega de equipamiento y el fortalecimiento operativo de la Policía Nacional, propuestas sustentadas por Milton Javier Aguas Flores, Johnny Alfredo Lavayen Tamayo y Jorge Fabricio Tamayo Triviño, respectivamente. Asimismo, se conoció el informe para primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, orientada a fortalecer la lucha contra la corrupción, la transparencia, el control patrimonial y las pruebas de confianza para operadores de justicia, mejorar las medidas cautelares, regular los concursos de méritos y oposición, reorganizar el Consejo de la Judicatura, actualizar el régimen disciplinario, implementar el expediente electrónico, transformar la Escuela Judicial y fortalecer la justicia de paz. Intervinieron Keevin Fernando Gallardo Ruiz, Alejandro César Gustavo Palacios, María Gabriela Molina Menéndez, Christopher Manuel Jaramillo Gómez, Saadin Alfredo Serrano Valladares, Rebeca Viviana Veloz Ramírez, María Paula Villacreses Herrera, Henry Saúl Bósquez Villena, Edwin Estuardo Jarrín Rivadeneira, Sergio Jesús Peña Yeloz, Carmen Yolanda Tiupul Urquizo, Liliana Elizabeth Durán Aguilar, Luis Esteban Torres Cobo, Jorge Enrique Chamba Cabanilla, Álex Steven Morán Galarza y Marcelo Andrés Guschmer Tamariz, quienes coincidieron en la necesidad de depurar y modernizar el sistema judicial, sancionar a los funcionarios corruptos y proteger a jueces y fiscales probos; además, se plantearon observaciones sobre la independencia judicial en la selección de integrantes del Comité Académico, el respeto al debido proceso en los procedimientos disciplinarios, la inclusión de la justicia indígena, la ampliación de controles y pruebas de confianza, la regulación de notarías y la necesidad de establecer plazos y sanciones para cubrir vacantes y ejecutar las reformas. Finalmente, la sesión fue suspendida para continuar el debate en una fecha posterior, por lo que no se adoptó una resolución sobre el proyecto.

011_VIDEO_SESION_094-AN-2025-2029_20-05-26.m4a En la sesión se aprobaron tres cambios al orden del día para incorporar el respaldo al programa Educa Empleo y a la incorporación de nuevos docentes al sistema público; a las acciones del Gobierno nacional contra el crimen organizado y a la cooperación internacional en el marco de la Declaratoria Conjunta de Seguridad de la Conferencia Anticárteles de las Américas; y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante la entrega de equipamiento y el fortalecimiento operativo de la Policía Nacional, propuestas sustentadas por Milton Javier Aguas Flores, Johnny Alfredo Lavayen Tamayo y Jorge Fabricio Tamayo Triviño, respectivamente. Asimismo, se conoció el informe para primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, orientada a fortalecer la lucha contra la corrupción, la transparencia, el control patrimonial y las pruebas de confianza para operadores de justicia, mejorar las medidas cautelares, regular los concursos de méritos y oposición, reorganizar el Consejo de la Judicatura, actualizar el régimen disciplinario, implementar el expediente electrónico, transformar la Escuela Judicial y fortalecer la justicia de paz. Intervinieron Keevin Fernando Gallardo Ruiz, Alejandro César Gustavo Palacios, María Gabriela Molina Menéndez, Christopher Manuel Jaramillo Gómez, Saadin Alfredo Serrano Valladares, Rebeca Viviana Veloz Ramírez, María Paula Villacreses Herrera, Henry Saúl Bósquez Villena, Edwin Estuardo Jarrín Rivadeneira, Sergio Jesús Peña Yeloz, Carmen Yolanda Tiupul Urquizo, Liliana Elizabeth Durán Aguilar, Luis Esteban Torres Cobo, Jorge Enrique Chamba Cabanilla, Álex Steven Morán Galarza y Marcelo Andrés Guschmer Tamariz, quienes coincidieron en la necesidad de depurar y modernizar el sistema judicial, sancionar a los funcionarios corruptos y proteger a jueces y fiscales probos; además, se plantearon observaciones sobre la independencia judicial en la selección de integrantes del Comité Académico, el respeto al debido proceso en los procedimientos disciplinarios, la inclusión de la justicia indígena, la ampliación de controles y pruebas de confianza, la regulación de notarías y la necesidad de establecer plazos y sanciones para cubrir vacantes y ejecutar las reformas. Finalmente, la sesión fue suspendida para continuar el debate en una fecha posterior, por lo que no se adoptó una resolución sobre el proyecto.

Sesion de Pleno No. 044, Conocimiento del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés; y conocimiento y resolución respecto de la objeción total al Proyecto de Ley Orgánica de Defensa contra Incendios.

Sesion de Pleno No. 061, Presentación del Informe Anual de Labores, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por parte de la Fiscal General del Estado, el Procurador General del Estado, el Defensor Público y el Presidente del Consejo de la Judicatura.

Sesion de Pleno No. 062, Presentación del Informe Anual de Labores, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por parte del Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, la Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, el Contralor General del Estado y la Presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Sesion de Pleno No. 066, Conocimiento y resolución respecto del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer; y conocimiento y resolución respecto de la objeción total al Proyecto de Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna y al Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Sesion de Pleno No. 070, Conocer el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, calificado como urgente en materia económica.

Sesion de Pleno No. 071, Juicio Político en contra del abogado Mario Fabricio Godoy Naranjo, Presidente del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el numeral 3 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Sesion de Pleno No. 076, Conocer el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica de Extradición.

Sesion de Pleno No. 081, Segundo debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional calificado como urgente en materia económica, el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior y el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación y Ejercicio de los Agentes de Aduana. En el tratamiento del punto de vivienda, tras las intervenciones de los asambleístas y con el pedido de ajustes al texto, el presidente suspendió ese punto del orden del día a fin de que la comisión incorporara los cambios sugeridos, continuando luego con los demás temas.

Sesion de Pleno No. 086, El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Interpretativa a la Disposición General Undécima de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, orientado a acoger a los militares retirados en los años 2019, 2020, 2021 y 2022, moción que fue aprobada luego de las intervenciones de las asambleístas Inés Alarcón, Silvia Núñez y Jhaiaira Urresta; también se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Ambiente, con intervención de los asambleístas Roberto Jaramillo, María Verónica Íñiguez y Mariana Yumbay, entre otros; finalmente, se inició el tratamiento del Memorando AN-FASE-2026-0044-M relativo a la renuncia de la asambleísta Sandra Figueroa Aguilar a la Comisión de Calificación de la Iniciativa Popular Normativa de Seguridad Ciudadana, punto que no pudo resolverse y motivó la suspensión de la sesión para continuarla en una fecha posterior.

Sesion de Pleno No. 088, El Pleno de la Asamblea Nacional se desarrolló en modalidad virtual bajo la dirección de la primera vicepresidenta Mishel Mancheno Dávila, y aprobó tres cambios al orden del día: el primero para conocer y respaldar el Programa Becas Futuro Femenino Ecuador, orientado a facilitar el acceso de mujeres a estudios técnicos y tecnológicos para reducir brechas de género, presentado por la asambleísta Camila Cueva y aprobado con 83 votos a favor; el segundo para respaldar la ratificación del Acuerdo de Cooperación entre Ecuador y la Unión Europea para el intercambio de datos con Europol como herramienta contra el crimen organizado transnacional, presentado por la asambleísta Doménica Escobar y aprobado con 84 votos; y el tercero para respaldar el incremento del 25% en las transferencias a organismos deportivos del país, presentado por el asambleísta Marcelo Guschmer y aprobado con 81 votos. El punto central del orden del día fue el tratamiento del oficio de la Corte Nacional de Justicia que solicitaba al Pleno autorización para el inicio del enjuiciamiento penal contra la asambleísta Diana Angélica Jácome Silva, en virtud de una querella por presunto delito de calumnias interpuesta por el asambleísta Juan Andrés González Alvear; la moción presentada por el asambleísta Isaac Solano para aprobar dicha autorización fue rechazada con 55 votos a favor y 87 en contra, corriendo la misma suerte tanto la solicitud de rectificación del asambleísta Eustaquio Tuala como la posterior reconsideración planteada por el propio Solano, tras lo cual la sesión fue suspendida sin agotar los puntos del orden del día relacionados con los respaldos institucionales aprobados.

Sesion de Pleno No. 090, La sesión tuvo como único punto sustantivo la posesión de los vocales principal y suplente del Consejo de la Judicatura, designados mediante Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-015-E-2026-0128 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en concordancia con el artículo 179 de la Constitución de la República. Previo a la ceremonia, el Pleno conoció la Resolución Nro. 068-2026 del propio Consejo de la Judicatura, mediante la cual se aceptó la renuncia de la doctora Mercedes Johanna Caicedo Aldaz al cargo de conjueza de la Corte Nacional de Justicia, a fin de habilitar su posesión como vocal principal; en tanto que el doctor Ramón Antonio Echaiz Lavayen fue posesionado como vocal suplente. Ambos funcionarios rindieron juramento ante el Pleno, suscribieron las respectivas actas de posesión y ejercerán sus funciones por el resto del período 2025-2031. Tras la ceremonia, la nueva vocal principal intervino ante el Pleno exponiendo los cinco ejes que orientarán su gestión: independencia judicial, meritocracia y fortalecimiento de la carrera judicial, lucha frontal contra la corrupción y consolidación de la transparencia, modernización tecnológica y transformación digital, y fortalecimiento del servicio judicial con seguridad institucional; comprometiéndose a impulsar una renovación profunda del Consejo orientada a recuperar la confianza ciudadana en la justicia.

ACTA_012-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó modificar el orden del día para incorporar el tratamiento de la investigación de los hechos ocurridos en Macas el 30 de septiembre de 2009, a propuesta de Rolando Panchana, mientras que no prosperaron las solicitudes de Fernando Aguirre para exhortar al Parlamento colombiano a contribuir al restablecimiento de las relaciones bilaterales ni de Fernando Vélez para declarar como día de descanso obligatorio la conmemoración de la provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, se aprobaron por unanimidad la Convención sobre Municiones en Racimo y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; en el primer tema intervinieron Gabriel Rivera, Scheznarda Fernández, Francisco Cisneros, Abdalá Bucaram, Humberto Alvarado y Mary Verduga, destacándose la vocación de paz del Ecuador, la prohibición de estas armas y la protección de la población civil, mientras que en el segundo intervinieron Linda Machuca, Eduardo Zambrano, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, María Augusta Calle, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Luis Morales, Jorge Escala, Zobeida Gudiño y Marisol Peñafiel, quienes debatieron sobre la prevención de la tortura, la protección de las personas privadas de libertad, la creación de mecanismos de visitas y control, y la necesidad de adecuar la legislación nacional. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma tributaria, presentada por Juan Carlos Cassinelli, que proponía cambios al impuesto a la renta, IVA, impuestos a consumos especiales e impuesto a la salida de divisas, con el propósito de reducir la evasión, mejorar la equidad y fortalecer la recaudación; María Cristina Kronfle, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Patricio Quevedo, Luis Noboa, Rafael Dávila, Andrés Páez, Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Luis Almeida y otros legisladores cuestionaron el incremento de impuestos durante una crisis económica, sus posibles efectos sobre la producción, el empleo, las pequeñas empresas, los consumidores y la seguridad jurídica, mientras Rosana Alvarado, Carlos Velasco, Vanessa Fajardo, Juan Carlos López, Lenín Chica, Susana González, Jorge Escala, Edwin Vaca, José Picoita y Grace Almeida formularon observaciones sobre la redistribución, la evasión fiscal, la inversión social y la necesidad de mejorar el texto. El debate quedó sin resolución, debido a la falta de quórum al final de la jornada, y se dispuso que las intervenciones pendientes fueran presentadas por escrito.

ACTA_005-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó el cambio del orden del día para incorporar el debate y resolución sobre la instalación de siete bases estadounidenses en Colombia, propuesta impulsada por Fernando Bustamante y Francisco Ulloa, con el respaldo de varios asambleístas. Posteriormente, se trató la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto de aspectos relacionados con las atribuciones del organismo, los procesos de investigación y control, la selección e impugnación de postulantes, la integración de las comisiones ciudadanas y las designaciones de autoridades; intervinieron Luis Morales, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Gina Godoy, Cléver Jiménez, César Montúfar, Eduardo Encalada, Richard Guillén, María Soledad Vela, Andrés Páez y Guillermina Cruz. Tras el debate, se aprobó el allanamiento a la objeción parcial. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, orientada a adecuar la integración y funcionamiento de los consejos provinciales a la Constitución, regular las funciones de prefectos y viceprefectos, fortalecer la gobernabilidad, la paridad de género, la interculturalidad y la autonomía provincial; intervinieron Virgilio Hernández, Gilmar Gutiérrez, Diana Atamaint, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Yolanda Martínez, Ángel Vilema, Zobeida Gudiño, Kléver García, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, César Gracia, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Edwin Vaca, Fernando Vélez y José Picoita. La reconsideración planteada por Kléver García fue negada, incluso después de la rectificación solicitada por Eduardo Encalada. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó la instalación y uso de siete bases militares colombianas por fuerzas estadounidenses, al considerarse que podía afectar la soberanía, la seguridad regional, la paz y la estabilidad de América del Sur; en este debate participaron Francisco Ulloa, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Cynthia Viteri, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Galo Lara, María Augusta Calle, Mao Moreno, Cléver Jiménez, Fausto Cobo, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, César Montúfar, Dora Aguirre, Marco Murillo y Fernando Bustamante.

000_ACTA_INSTALACION-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se efectuó la instalación formal de la Asamblea Nacional, mediante la revisión de las credenciales e identidad de los asambleístas, la constatación del quórum y el cumplimiento de los actos protocolarios; posteriormente, el debate se concentró en la designación de las autoridades legislativas, la forma de votación que debía aplicarse, la necesidad de garantizar la representación de las distintas bancadas, la participación de las minorías y de la oposición, la inclusión de las mujeres, la independencia de la Función Legislativa frente al Ejecutivo, la fiscalización, el respeto a los derechos de trabajadores, maestros, jóvenes, campesinos y pueblos indígenas, así como la construcción de una Asamblea democrática, plural y orientada a los intereses nacionales. Como resultado de las votaciones, fueron elegidos y posesionados Fernando Cordero Cueva como presidente, Irina Cabezas Rodríguez como primera vicepresidenta, Rolando Panchana Farra como segundo vicepresidente y Pedro de la Cruz como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa; además, Francisco Vergara Ortiz y Andrés Segovia Salcedo fueron designados secretario general y prosecretario general, respectivamente. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Fernando Bustamante Ponce, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Virgilio Hernández, Raúl Abad, Luis Almeida, Andrés Páez, César Rodríguez, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, María Augusta Calle, Lenín Chica, Juan Carlos López, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Lourdes Tibán, Abdalá Bucaram, Edwin Vaca, Francisco Cisneros, Irina Cabezas, Leandro Cadena, Gastón Gagliardo, Fernando Aguirre, Ramiro Terán, Gido Vargas, Marco Murillo, Rolando Panchana, Silvia Salgado, Gilmar Gutiérrez, Tomás Zevallos, Luis Morales, Rafael Dávila, César Montúfar y Ángel Vilema.

ACTA_007-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se trataron varias solicitudes de modificación del orden del día: se negaron las propuestas de Fernando Aguirre sobre libertad de expresión, de Edwin Vaca sobre la normalización del comercio fronterizo con Colombia y de Luis Morales respecto del alcance de las facultades de fiscalización de las comisiones; se aprobó incorporar la propuesta de crear e integrar comisiones especializadas ocasionales de Educación, Cultura, Deporte y Comunicación, presentada por Fausto Cobo, y Abdalá Bucaram retiró su pedido relacionado con el pago a asesores legislativos, mientras que María Molina solicitó la reconsideración de una votación anterior. Posteriormente, se aprobó la objeción parcial al proyecto de reforma del régimen provincial, mediante la cual se modificó la integración provisional del Consejo de Gobierno de Galápagos para incluir a las autoridades rectoras de ambiente, turismo y planificación; en el debate intervinieron Ángel Vilema, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán, Alfredo Ortiz, Tito Nilton Mendoza, Juan López, Luis Almeida y María Soledad Vela. Asimismo, se debatió la objeción al proyecto de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, especialmente sobre la procedencia de medidas cautelares y acciones de protección en asuntos patrimoniales o contractuales, la capacidad de la Corte Constitucional para reparar vulneraciones derivadas de decisiones judiciales y la aplicación directa de la Constitución por los jueces; intervinieron Marisol Peñafiel, Abdalá Bucaram, Sylvia Kon, Andrés Roche, Francisco Ulloa, Juan Carlos Cassinelli, Gilmar Gutiérrez y Paco Moncayo, resolviéndose mantener el texto original en los aspectos vinculados con la protección de derechos y aceptar las demás observaciones presidenciales. Finalmente, se trató la objeción parcial al proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado, que abordó la estructura institucional de seguridad, gestión de riesgos, inteligencia, estados de excepción, participación ciudadana y la intervención de las Fuerzas Armadas; participaron Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Enrique Herrería, Ramiro Terán, Rodolfo Baquerizo, Eduardo Zambrano, Fausto Cobo, Galo Vaca, Diana Atamaint, César Montúfar, Rosana Alvarado, Fernando Aguirre, Betty Carrillo, Luis Morales, Rafael Dávila y Luis Almeida. Se mantuvo el texto original que limitaba la intervención militar a la protección de sectores estratégicos, mientras se aprobó el allanamiento a las demás objeciones planteadas.

003_AUDIO_SESION_SN_SOLEMNE_24-05-26.m4a En la sesión solemne con ocasión del Informe a la Nación se rindió homenaje a los héroes de la gesta libertaria del 24 de Mayo de 1822, con el ingreso del Estandarte Patrio, la entonación del Himno Nacional y un toque de silencio; intervino Niels Anthonez Olsen Peet, presidente de la Asamblea Nacional, quien destacó la importancia de la rendición de cuentas, la separación y coordinación responsable entre las Funciones del Estado, así como el deber de legislar, fiscalizar y acompañar las decisiones que contribuyan a la seguridad, el empleo, la justicia y la lucha contra la corrupción. Posteriormente, Daniel Noboa Azín, presidente constitucional de la República, presentó su informe a la nación, en el que expuso las acciones de su Gobierno en materia de seguridad y combate al crimen organizado, generación de empleo, educación, programas sociales y de vivienda, apoyo a mujeres emprendedoras, infraestructura vial y conectividad, recuperación y ampliación de la capacidad energética, protección ambiental, fortalecimiento económico, reducción de la pobreza, financiamiento internacional e inversión pública; además, anunció la continuidad de obras estratégicas como el Quinto Puente, el corredor Nobol–Progreso, la ampliación del Metro de Quito, el abastecimiento de medicamentos mediante cooperación internacional y el impulso de proyectos de desarrollo para consolidar la seguridad, el crecimiento económico y el bienestar social.

ACTA_002-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se posesionó a las y los representantes de la República del Ecuador ante el Parlamento Andino, en cumplimiento de la disposición constitucional que establece su juramento ante la Asamblea Nacional. El presidente Fernando Cordero Cueva destacó que el Parlamento Andino tiene como objetivos impulsar la integración de los países de la Comunidad Andina y de América Latina, promover la armonización legislativa, fortalecer la cooperación parlamentaria y proyectar una voz regional democrática, pacífica, soberana e integracionista. Posteriormente, prestaron juramento y fueron legalmente posesionados María Isabel Salvador Crespo, Patricio Zambrano Restrepo, Fausto Lupera Martínez, Valeska Saab y Cecilia Castro García, como parlamentarios andinos principales; así como María José Saavedra, Raúl Patiño, César Frixone y Xavier Buitrón, como parlamentarios andinos alternos.

ACTA_025-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la incorporación al orden del día de la propuesta presentada por Tomás Zevallos para tratar la revocatoria del encargo del Superintendente de Telecomunicaciones y la situación de Radio La Voz de Arútam, mientras que se aprobó incluir el proyecto de resolución sobre la iniciativa Yasuní-ITT planteado por Jorge Escala. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, orientado a regular la participación individual y colectiva en la gestión pública, la democracia directa, la iniciativa popular normativa, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las organizaciones sociales, el voluntariado, la participación en los distintos niveles de gobierno, la planificación y los presupuestos participativos, la silla vacía, las veedurías, el control social, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. El principal debate se centró en la inclusión efectiva de comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; el carácter vinculante de la consulta previa; la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados; la representación en los consejos de planificación; la participación de las personas ecuatorianas en el exterior; y la posibilidad de que la silla vacía intervenga con voz y voto, aspecto respaldado por Luis Morales, Pedro de la Cruz, Paola Pabón, Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli, pero cuestionado por Leandro Cadena, Juan Carlos López, Fernando Bustamante y otros legisladores por considerar que podía afectar la representatividad o generar conflictos en los gobiernos locales. María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Eduardo Zambrano, Virgilio Hernández y Hólger Chávez insistieron en fortalecer el enfoque intercultural, plurinacional y colectivo de la norma, así como en garantizar mecanismos propios de representación para pueblos y nacionalidades; mientras Paco Moncayo, César Montúfar, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Rodolfo Baquerizo, Mercedes Diminich, Ramiro Terán, José Picoita, Armando Aguilar, Lenín Chica, María Augusta Calle, Gioconda Saltos, Dora Aguirre y otros asambleístas formularon observaciones sobre la aplicación práctica de los mecanismos de participación, los porcentajes requeridos para consultas y revocatorias, la rendición de cuentas, el control constitucional y la necesidad de evitar la politización o cooptación de la participación ciudadana. Al finalizar este punto, Fernando Cordero cerró el debate y dispuso que no se votara el proyecto en esa sesión, a fin de que la Comisión procese las observaciones presentadas. Asimismo, se aprobó la resolución propuesta por Scheznarda Fernández para exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Manabí, incrementar los efectivos policiales y movilizar recursos y personal de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad, los robos, el sicariato y la presunta presencia de actividades vinculadas con grupos irregulares; en este tema intervinieron, entre otros, Saruka Rodríguez, Leandro Cadena, Gabriel Rivera, Leonardo Viteri, Gido Vargas, Sylvia Kon, Lenín Chica, María Soledad Vela, Richard Guillén, Fernando Bustamante y Andrés Roche. Finalmente, se aprobó una resolución de respaldo a la iniciativa Yasuní-ITT, mediante la cual se ratificó la defensa de mantener bajo tierra las reservas del campo ITT y se exhortó al Gobierno Nacional a continuar una negociación soberana que permita proteger la naturaleza y la biodiversidad; participaron Jorge Escala, Tomás Zevallos, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Rosana Alvarado, Francisco Cisneros, Ramiro Terán y María Paula Romo.

ACTA_027-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se guardó un minuto de silencio en homenaje a los héroes del Cenepa, a propuesta de Paco Moncayo, y se recibió a la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyo representante Juan Ruales solicitó que se preserve su autonomía institucional dentro del proyecto de Ley de Culturas. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión de la Verdad, destinada a proteger a sus integrantes, colaboradores y testigos frente a acciones civiles o penales derivadas de sus labores investigativas, garantizar la reserva de información y facilitar medidas de protección para quienes participaran en el esclarecimiento de posibles violaciones de derechos humanos; María Paula Romo, Fernando Bustamante, Jorge Escala, César Montúfar y Tomás Zevallos defendieron la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y evitar represalias, mientras Vicente Taiano, Enrique Herrería, Kléver García, Jorge Fadul, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram y Leonardo Viteri cuestionaron la constitucionalidad de otorgar inmunidad, la imparcialidad de la Comisión y la falta de información sobre el contenido de su informe. También se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que regula la organización, interconexión, publicidad, protección y administración de la información contenida en registros públicos, incluidos los de propiedad y mercantiles; Francisco Velasco, Betty Amores, Yandri Brunner, Andrés Roche, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, Andrés Páez y Rodolfo Baquerizo debatieron principalmente sobre el régimen de transición, la infraestructura de las nuevas oficinas, la situación laboral de las y los trabajadores y las responsabilidades de los registradores salientes. Asimismo, se aprobó una resolución que rechazó el fallo de los conjueces en el caso Filanbanco, por considerar que podía favorecer la impunidad respecto de los presuntos responsables del perjuicio ocasionado al Estado, y se exhortó a las autoridades competentes a investigar las actuaciones judiciales y continuar el seguimiento del caso; intervinieron Línder Altafuya, Rolando Panchana, Jorge Escala, Rodolfo Baquerizo, María Paula Romo y Gioconda Saltos. De igual manera, se debatieron las actuaciones del fiscal general Washington Pesántez en relación con las presuntas irregularidades surgidas tras el accidente de tránsito en el que falleció Natalia Emme Bedoya; Silvia Salgado, Guillermina Cruz, Cynthia Viteri, Francisco Velasco, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Marco Murillo, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Paola Pabón, Enrique Herrería, Marisol Peñafiel, Luis Almeida, César Rodríguez, César Montúfar, Linda Machuca, Luis Morales, César Gracia y María Paula Romo expusieron posiciones sobre la imparcialidad de la Fiscalía, el respeto a los derechos de la víctima y la posible responsabilidad de sus funcionarios. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó las actuaciones de la Fiscalía, solicitó la destitución de los funcionarios que respaldaron un comunicado público sobre el caso, dispuso mantener vigilancia legislativa y consideró necesaria la renuncia inmediata del Fiscal General; la reconsideración solicitada por Francisco Velasco fue negada. También se aprobó por unanimidad un homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, propuesto por Marisol Peñafiel, en reconocimiento a su defensa de los pueblos indígenas, campesinos y sectores excluidos, su aporte a la educación y alfabetización, y la difusión de sus valores de justicia, solidaridad y paz.

ACTA_022-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció la respuesta del Ejecutivo a las observaciones formuladas a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual, ratificándose la Asamblea en que los fondos especiales destinados a determinados gobiernos autónomos descentralizados debían mantenerse vigentes y pagarse sin descontarlos de las asignaciones generales, así como en la redistribución de ochenta millones de dólares para modernizar la Función Judicial, financiar nuevos jueces y fortalecer los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia; intervinieron Betty Amores, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, Rafael Dávila y Armando Aguilar, quienes debatieron también sobre el endeudamiento, las proyecciones económicas, las asignaciones para educación, salud, jubilación docente y gobiernos locales. La resolución fue aprobada luego de la rectificación de la votación y se negó la reconsideración solicitada. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe fue presentado por Betty Carrillo y planteaba garantizar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, la regulación de contenidos, la protección de niñas, niños y adolescentes, la producción nacional, los derechos de periodistas y comunicadores, la desconcentración de la propiedad de medios, la transparencia de sus propietarios, el funcionamiento de medios públicos, privados y comunitarios, y la creación de mecanismos de regulación, vigilancia y participación ciudadana. Antes del debate se dio lectura al acuerdo suscrito por Fernando Cordero, Luis Morales, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Cynthia Viteri, César Montúfar y Abdalá Bucaram, orientado a garantizar la libertad de expresión sin censura previa, establecer responsabilidad ulterior, impedir la clausura o suspensión administrativa de medios y crear un Consejo de Comunicación autónomo e independiente. Durante el debate intervinieron Betty Carrillo, Paco Moncayo, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, César Rodríguez y Luis Morales; mientras Carrillo y Rodríguez defendieron la necesidad de una ley para democratizar el acceso a la comunicación, evitar monopolios y garantizar derechos ciudadanos, Moncayo, Cobo, Viteri y Morales expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, las facultades sancionadoras del Consejo y la suspensión de medios de comunicación. Finalmente, ante la falta de condiciones para continuar el debate, se suspendió el tratamiento del proyecto para retomarlo en una próxima sesión.

ACTA_013-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la solicitud de Cynthia Viteri para incorporar una resolución sobre presuntas vulneraciones a la libertad de expresión relacionadas con la detención de ciudadanos en Guayaquil, mientras que se aprobó incluir el tratamiento de un proyecto de resolución para rechazar el Acuerdo Complementario de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad suscrito entre Colombia y Estados Unidos, planteado por Línder Altafuya, María Molina, Cléver Jiménez, Jorge Escala, Francisco Ulloa, Magali Orellana y Ramiro Terán, y defendido por Francisco Ulloa. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público, presentado por Nivea Vélez, orientado a regular el ingreso por méritos y oposición, la carrera administrativa, la capacitación, evaluación, remuneraciones, estabilidad, derechos y obligaciones de las servidoras y servidores públicos. Durante el debate se plantearon observaciones sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, el alcance de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales, la protección de los trabajadores de empresas públicas, la estabilidad laboral, los procesos disciplinarios, la jubilación, la inclusión de personas con discapacidad y la necesidad de que el Magisterio conserve su régimen especial de carrera y escalafón. Intervinieron Fernando Cordero, Francisco Cisneros, César Rodríguez, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Armando Aguilar, Paco Moncayo, Henry Cuji, Consuelo Flores, Dora Aguirre, Kléver García, María Augusta Calle, Rocío Valarezo, Irina Cabezas, Ramiro Terán, Edwin Vaca, María Cristina Kronfle, Silvia Kon, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Linda Machuca, Aminta Buenaño, María Molina, Geovanny Veintimilla, Gina Godoy, Gioconda Saltos, Betty Amores, Eduardo Encalada, Carlos Velasco, Guillermina Cruz, Carlos Samaniego y Hólger Chávez, quien destacó que el texto debía revisarse integralmente antes del siguiente debate. Finalmente, se conoció la propuesta de resolución contra el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, pero, luego de la intervención de Francisco Ulloa y de negarse la moción para trasladar su tratamiento a una próxima sesión, no se pudo adoptar una resolución debido a la falta de quórum, por lo que se clausuró la sesión.

ACTA_045-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Ramiro Terán para incorporar una resolución sobre presuntos actos discriminatorios y xenófobos contra pueblos y nacionalidades, y de Richard Guillén para tratar el manejo de los recursos del IESS y sus inversiones en bonos estatales; posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Servicio Público, presentada por Nívea Vélez, orientada a profesionalizar la administración pública, regular el ingreso mediante concursos de méritos y oposición, homologar remuneraciones, fortalecer la estabilidad, capacitación, evaluación, régimen disciplinario, licencias, jubilación, protección frente al nepotismo y contratos ocasionales, así como garantizar servicios de calidad para la ciudadanía. Línder Altafuya, Eduardo Encalada, Francisco Cisneros, Henry Cuji, Ramiro Terán, Ángel Vilema, Galo Vaca, Edwin Vaca y Alfredo Ortiz solicitaron proteger los derechos de docentes, servidores de la Amazonía, Galápagos y zonas de difícil acceso, reforzar la estabilidad laboral, reconocer beneficios geográficos y limitar las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales; mientras Paco Moncayo, Betty Amores y Fernando Bustamante insistieron en que la norma debía priorizar también los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos y evitar evaluaciones o sanciones arbitrarias. María Alejandra Vicuña, Silvia Salgado, Armando Aguilar y Tito Nilton Mendoza respaldaron el proyecto y pidieron incorporar las observaciones para alcanzar un texto consensuado; Mauro Andino, Andrés Páez, César Rodríguez y Paco Fierro plantearon reparos sobre inhabilidades, indemnizaciones, régimen disciplinario, períodos de prueba, atribuciones institucionales y criterios de remuneración. Gerónimo Yantalema propuso incluir interculturalidad, saberes ancestrales y participación de pueblos y nacionalidades; Leonardo Viteri solicitó incorporar la carrera sanitaria; Guillermina Cruz pidió garantizar la independencia de los organismos de control y beneficios para servidores de sectores rurales; y Linda Machuca, Virgilio Hernández y Fernando Bustamante defendieron la no discriminación de personas extranjeras residentes en el acceso al trabajo público. Además, Enrique Herrería realizó una aclaración personal sobre su mención en el informe de la Comisión de la Verdad. Finalmente, debido a que quedaron intervenciones y observaciones pendientes, la sesión fue suspendida sin votar el proyecto, para reinstalarse posteriormente.

ACTA_015-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se debatió y aprobó una resolución que rechazó el Acuerdo Complementario de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad suscrito entre Colombia y Estados Unidos, al considerarse que la utilización de instalaciones militares estadounidenses en territorio colombiano podía afectar la soberanía, la paz, la estabilidad regional y el restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y Colombia; la resolución también exhortó a los organismos internacionales a examinar el acuerdo, solicitó transparencia sobre su contenido y rechazó la presencia de tropas o bases militares extranjeras en la región. En este punto intervinieron Francisco Ulloa, Edwin Vaca, Gabriel Rivera, Gido Vargas, Eduardo Zambrano, Abdalá Bucaram y César Montúfar, quienes abordaron, entre otros aspectos, la situación de inseguridad, desplazamiento y afectaciones económicas en la zona fronteriza. Asimismo, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, cuyo informe fue presentado por Raúl Abad y contemplaba disposiciones sobre autonomía responsable, cogobierno, gratuidad, igualdad de oportunidades, calidad, acreditación, financiamiento, pertinencia, régimen académico, derechos estudiantiles, creación y control de instituciones, así como la organización de los organismos del sistema de educación superior. Durante una comisión general intervinieron Gustavo Vega, Carlos Cedeño, Santiago Guarderas, David Almeida, Marcelo Rivera, Yolanda Albán, Ernesto Álvarez y Édgar Samaniego, quienes formularon observaciones sobre la autonomía universitaria, la participación de estudiantes, docentes y trabajadores, la representación de los institutos técnicos y tecnológicos, el financiamiento, los derechos laborales y la necesidad de evitar una injerencia excesiva del Ejecutivo. En el posterior debate participaron Raúl Abad, María Paula Romo, Gioconda Saltos, Paco Moncayo, Mao Moreno, Galo Vaca, César Rodríguez, Jorge Escala y Linda Machuca, quienes expusieron posiciones sobre la necesidad de transformar y evaluar el sistema universitario, garantizar la calidad, respetar la autonomía, fortalecer el cogobierno, asegurar la gratuidad y ampliar el acceso de las personas migrantes a la educación superior; finalmente, el debate del proyecto de ley quedó suspendido para continuar en una próxima sesión.

ACTA_019-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se analizaron la proforma presupuestaria correspondiente a los años 2009 y 2010, así como la programación presupuestaria cuatrianual 2010-2013, con un amplio debate sobre los supuestos de crecimiento económico, el precio previsto del petróleo, los ingresos tributarios, el déficit fiscal, el endeudamiento y la prioridad del gasto público. Francisco Velasco presentó el informe y sostuvo que el presupuesto debía orientarse al bienestar social, fortalecer la recaudación progresiva, reducir la carga de la deuda e incorporar mecanismos de seguimiento y control legislativo; Christian Viteri, Betty Amores, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, José Picoita, Armando Aguilar, Juan Carlos López, Enrique Herrería y Fernando Cordero defendieron la necesidad de tramitar las proformas dentro del plazo previsto, formular observaciones sectoriales y priorizar la inversión social, la descentralización, el fortalecimiento de la justicia y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, Sylvia Kon, Gilmar Gutiérrez, Rodolfo Baquerizo, Edwin Vaca, Andrés Roche, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Galo Vaca, Patricio Quevedo, Alfredo Ortiz, Luis Almeida, Luis Morales, Fernando Aguirre, Vicente Taiano y Nivea Vélez cuestionaron la suficiencia y realismo de las proyecciones macroeconómicas, el financiamiento del déficit, la incorporación de ingresos derivados de reformas tributarias aún no aprobadas, el incremento de recursos para la Presidencia, la falta de claridad en las transferencias a municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, así como el incumplimiento de las metas de inversión en educación, salud, vivienda, producción, artesanía, universidades y justicia. Gerónimo Yantalema propuso una distribución más equitativa de los recursos entre provincias y una mayor inversión en sectores agropecuarios, ambientales, comunitarios y de participación ciudadana; mientras Andrés Páez y Betty Amores insistieron en incrementar los recursos para la Función Judicial. Finalmente, luego de recesos y conversaciones entre las bancadas, se informó que existía un acuerdo de fondo, pero persistían aspectos de forma para la votación, por lo que se suspendió la sesión para continuar las negociaciones y procurar una decisión consensuada sobre el Presupuesto General del Estado.

ACTA_042-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 042 documenta la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional realizada el 20 de mayo de 2010, instalada por el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra (en reemplazo del presidente Fernando Cordero, ausente por un duelo familiar) y con Francisco Vergara Ortiz como Secretario General; tras constatar el quórum y leer el Orden del Día, se rechazó una moción de cambio presentada por Ramiro Terán sobre reestructuración de la Comisión de Fiscalización, se retiró una moción de Henry Cuji sobre jubilados del Ingenio San Carlos, y se tomó nota de un pedido de Gilmar Gutiérrez. Tras el Himno Nacional, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado (ponente María Paula Romo) con intervenciones de Vicente Taiano y Luis Almeida, ley que fue finalmente aprobada por amplia mayoría tras rectificación de la votación. A continuación se trató el conocimiento de la solicitud del Consejo de Administración Legislativa para encargar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la elaboración de un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que incorpore el procedimiento normativo de consulta prelegislativa (numeral 17 del artículo 57 de la Constitución), punto que generó un extenso debate con las intervenciones de Virgilio Hernández, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Paula Romo y Jorge Escala. La sesión se interrumpió para una Comisión General en homenaje a la recepción de los restos simbólicos de la Generala Manuela Sáenz, con un acto conmemorativo, proyección audiovisual e intervención de María Augusta Calle; reinstalada la sesión, continuó el debate sobre la reforma legislativa con las participaciones de Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema (parte de su intervención en kichwa), Cynthia Viteri, Betty Carrillo y Silvia Salgado. Finalmente, sin llegar a una votación formal sobre el proyecto de resolución, el Presidente encargado, recogiendo el consenso expresado por los asambleístas, dispuso que el Consejo de Administración Legislativa reciba todos los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionados con la consulta prelegislativa, y clausuró la sesión.

ACTA_018-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el tratamiento de las proformas presupuestarias de 2009 y 2010, así como de la programación cuatrianual 2010-2013, alcanzándose acuerdos entre las distintas bancadas para formular observaciones al Ejecutivo. Francisco Velasco presentó las propuestas, que incluyeron reasignar recursos para garantizar las transferencias pendientes a los gobiernos autónomos descentralizados, establecer una partida única para su financiamiento, fortalecer la asignación presupuestaria de la Asamblea Nacional, fijar el límite de endeudamiento público, redistribuir recursos para la modernización de la Función Judicial y la creación de nuevos juzgados, implementar una oficina técnica legislativa de seguimiento presupuestario y vigilar el cumplimiento de los incrementos constitucionales para educación y salud, incluyendo la provisión de fondos para la jubilación de docentes. Alfredo Ortiz intervino respecto de la correcta identificación de las partidas y la distribución de recursos; Richard Guillén y Gilmar Gutiérrez cuestionaron la oportunidad y constitucionalidad del trámite, así como las proyecciones y fuentes de financiamiento; Jorge Escala y Edwin Vaca solicitaron garantizar recursos para cumplir las obligaciones estatales con el magisterio; César Montúfar y Rodolfo Baquerizo plantearon reducir el incremento del sector administrativo y destinar mayores recursos a educación, salud y justicia; Andrés Roche precisó el carácter constitucional de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados; y Cléver Jiménez solicitó fortalecer la inversión en el sector agropecuario y productivo. Finalmente, se aprobaron las observaciones a la proforma de 2009, orientadas a transferir recursos pendientes a los consejos provinciales; se aprobaron las observaciones a la proforma de 2010, con las reasignaciones y disposiciones de control señaladas; y se resolvió devolver la programación cuatrianual al Ejecutivo para que sea ajustada conforme a las modificaciones realizadas a la proforma de 2010.

ACTA_048-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo de Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum con setenta y ocho asambleístas y se instaló la sesión, guardándose previamente un minuto de silencio a pedido de Vicente Taiano por el fallecimiento del padre del asambleísta Luis Morales; tras el Himno Nacional, se conoció el oficio de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia que solicitaba autorización para iniciar causa penal contra el Presidente Rafael Correa Delgado por una querella de injurias presentada por Gil Leonardo López Monsalve, petición que fue negada en votación (once afirmativos, cincuenta y nueve negativos). A continuación se trató el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, con el informe de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, e intervinieron Paco Moncayo, Enrique Herrería, Juan Carlos Cassinelli, Francisco Ulloa, Rafael Dávila, Rosana Alvarado, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco y Nivea Vélez debatiendo principalmente el porcentaje (10%, 25% o 50%) que el Banco Central podría invertir con cargo al Sistema del Resto de Operaciones y Cuentas Patrimoniales excluyendo los depósitos del IESS, ISSFA, ISSPOL, gobiernos autónomos y universidades; el tema quedó suspendido para redacción final sin llegar a votarse. Posteriormente, la Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, expuso extensas denuncias documentadas contra el Consejo de la Judicatura (nombramientos a dedo de notarios y jueces, homologación salarial irregular, falta de sanción a jueces por caducidad de prisión preventiva, un incidente de agresión física entre un vocal y un juez, y casos de presunta intervención judicial indebida), generando un amplio debate con intervenciones de Línder Altafuya, Mauro Andino, Luis Almeida, Andrés Páez, Marisol Peñafiel, Lourdes Tibán, Jorge Escala, César Rodríguez y Marco Murillo; durante una comisión general el Rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo Romero, expuso sobre la judicialización excesiva de los concursos de oposición y méritos universitarios, tras lo cual la sesión se suspendió hasta las 15h30. Al reanudarse, mientras presidía Irina Cabezas Rodríguez y luego Lourdes Tibán, continuaron las intervenciones sobre el Consejo de la Judicatura, incluyendo la propuesta del propio Presidente Cordero de recoger firmas para un eventual juicio político a sus vocales, iniciativa respaldada por Marco Murillo, quien planteó extenderla también a la Corte Constitucional; el tema se cerró sin votación, acordándose convocar a una reunión de jefes de bloque. Finalmente, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de resolución presentado por Saruka Rodríguez para exhortar al cumplimiento del Acuerdo Interministerial sobre el cacao nacional fino de aroma, y se aprobó la resolución que declara el 20 de octubre como Día de la Estadística Nacional y el 2010 como Año de los Censos Nacionales, con intervención de Marcelo García; la sesión se suspendió a las diecisiete horas veinticuatro minutos, pendiente de continuar en otra sesión que sería oportunamente convocada, ante la falta de acuerdo sobre el porcentaje de inversión del Banco Central.

ACTA_069-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, orientado a actualizar la normativa vigente, promover la donación, fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, regular la obtención, conservación, transporte y utilización clínica de órganos, tejidos y células, garantizar la gratuidad, confidencialidad, calidad y acceso equitativo a los procedimientos, y prevenir el tráfico y turismo de órganos. Carlos Velasco explicó que la propuesta incorpora el consentimiento presuntivo —por el cual toda persona sería potencial donante salvo manifestación contraria—, la inclusión de esta decisión en la cédula de identidad, una lista nacional única de espera basada en criterios médicos y de vulnerabilidad, y el fortalecimiento de la autoridad sanitaria; Leonardo Viteri, Pamela Falconí, Paco Fierro, María Alejandra Vicuña, Martha Bazurto, Jorge Fadul y Celso Maldonado respaldaron la iniciativa, destacando la necesidad de crear una cultura de donación, ampliar el número de donantes, asegurar la intervención de instituciones y profesionales autorizados, proteger a donantes y receptores, y establecer sanciones severas contra la comercialización y las redes de tráfico. Henry Cuji, María Molina, Jaime Abril y Fernando Flores propusieron precisiones sobre las atribuciones de la autoridad sanitaria, la conservación de órganos, el tratamiento preferente y postrasplante de donantes y receptores, la incorporación del Registro Civil, la protección de menores y personas con discapacidad, la cooperación internacional y la inclusión de ecuatorianos residentes en el exterior en la lista de espera; mientras Rolando Panchana solicitó garantizar recursos permanentes para campañas de difusión, Kléver García pidió eliminar disposiciones que pudieran facilitar cualquier forma de comercio de órganos, Mauro Andino planteó revisar el procedimiento administrativo y la proporcionalidad de las sanciones, Luis Almeida insistió en tipificar con mayor fuerza los delitos de secuestro, robo y asesinato vinculados a la extracción de órganos, y Rafael Dávila, Luis Morales y Lídice Larrea expresaron reparos sobre el consentimiento presuntivo, defendiendo que la donación debe respetar la voluntad individual, las creencias y la decisión expresa de cada persona. Fernando Bustamante cuestionó que donantes y receptores sean considerados automáticamente como personas con discapacidad y propuso revisar los criterios de prioridad en favor de padres o madres responsables de menores, mientras Bolívar Subía alertó sobre el riesgo de lucro de clínicas, laboratorios, transportistas y otros actores vinculados con la actividad trasplantológica. Además, se negó la propuesta de César Montúfar para modificar el orden de tratamiento de la designación de delegados legislativos a comisiones ciudadanas de selección, y se aprobó un acuerdo de condolencia por el fallecimiento de Néstor Kirchner, con una observación de Fausto Cobo para mantener un texto sobrio y centrado en el reconocimiento de su legado democrático, ético y político

ACTA_063-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se analizó ampliamente lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, con posiciones contrapuestas: Paco Moncayo, Cynthia Viteri, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Leonardo Viteri, Gilmar Gutiérrez, Andrés Páez, César Montúfar, Línder Altafuya, Jimmy Pinoargote y Luis Almeida condenaron la violencia e insubordinación, pero cuestionaron el manejo de la crisis, la suspensión de actividades legislativas, el veto a la Ley de Servicio Público, el operativo en el Hospital de la Policía y solicitaron una investigación independiente, internacional o multipartidista, así como medidas de diálogo y reconciliación nacional; mientras Francisco Velasco, César Rodríguez, Marisol Peñafiel, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Irina Cabezas, María Alejandra Vicuña, Eduardo Encalada, Guillermina Cruz, Eduardo Zambrano, Hólger Chávez, Juan Carlos López, Lenin Chica y Aminta Buenaño sostuvieron que existió una tentativa de golpe de Estado, secuestro y acciones de desestabilización, demandando sanciones para los responsables y la defensa del orden constitucional. Abdalá Bucaram planteó que se investigue a todos los responsables y se promueva una política de paz. El tratamiento concluyó con un proyecto de resolución consensuado presentado por César Rodríguez, pero la votación quedó pendiente. Además, se recibió a Wladimir Paspuel, Juan Carlos Piedra, Rosana Sanabria, Bernarda Jiménez y Carlos Jiménez, representantes de organizaciones migrantes, quienes expusieron sobre los derechos de las personas en movilidad humana; a propuesta de Dora Aguirre se aprobó una resolución de bienvenida, reconocimiento y felicitación a los participantes del IV Foro Social Mundial de las Migraciones. Finalmente, Fernando Bustamante, Linda Machuca, Guillermina Cruz, Víctor Quirola y Eduardo Zambrano intervinieron en el análisis del Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano, destinado a regularizar y proteger la situación de trabajadores migrantes de ambos países, facilitar su permanencia y evitar condiciones de explotación, instrumento que fue aprobado con ciento seis votos afirmativos.

ACTA_065-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas, destinado a articular la planificación nacional y territorial con el presupuesto, la inversión pública, la programación fiscal plurianual, la gestión de liquidez, el endeudamiento, la transparencia y el control de los recursos públicos, además de derogar varias normas financieras dispersas. Francisco Velasco presentó los cambios incorporados luego del diálogo con gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones territoriales, destacando el respeto a sus planes de desarrollo, la separación entre planificación y ordenamiento territorial, la protección de recursos de la seguridad social y la reducción del límite de endeudamiento al 40 % del PIB; Viviana Bonilla, Virgilio Hernández, Betty Amores y Fernando Cordero defendieron el texto por considerar que fortalecía la planificación participativa, la articulación entre niveles de gobierno y el control fiscal. En contraste, Sylvia Kon, Andrés Roche, Rafael Dávila, Francisco Ulloa, Andrés Páez, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Vicente Taiano, César Montúfar, Paco Fierro, Edwin Vaca, Luis Almeida, Ramiro Terán, Nivea Vélez, Jorge Escala y Juan Carlos López cuestionaron el trámite urgente, el posible centralismo de la planificación, las facultades para modificar el presupuesto, el endeudamiento, el uso de la Cuenta Única del Tesoro, los recursos del IESS y de los gobiernos locales, el encaje bancario en instrumentos estatales, el arbitraje internacional, la participación de pueblos y nacionalidades y la prioridad de inversión para zonas fronterizas, amazónicas y Galápagos. Tras incorporar varias observaciones, el Código fue aprobado con setenta y tres votos afirmativos, treinta y uno negativos, un voto en blanco y once abstenciones, manteniéndose la decisión luego de la reconsideración. También se aprobó una resolución presentada por Luis Morales, con aportes de Fernando Bustamante y César Rodríguez, para expresar beneplácito por el rescate de los 33 mineros chilenos, reconocer al Gobierno de Chile, al equipo técnico y de salvamento, y resaltar los valores de solidaridad, protección de la vida y seguridad laboral; se eliminó del texto la propuesta inicial de postular a Sebastián Piñera al Premio Nobel de la Paz

ACTA_069-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se designó a Libia Rivas y Andrés Segovia como delegados de la Función Legislativa para integrar la comisión ciudadana de selección de los miembros del Consejo de la Judicatura, y a Lorena Cáceres y Juan Pablo Pozo para la comisión encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Aminta Buenaño presentó y defendió estas nominaciones, destacando la experiencia y trayectoria profesional de los postulados; Mauro Andino sostuvo que la designación debía resolverse por mayoría simple y respaldó a los candidatos por su perfil técnico y su calidad de funcionarios legislativos. Alfredo Ortiz propuso como alternativa a Cristóbal Napoleón Balanzategui, Gisela Torres, Luz María Otavalo y Abel Zarango, argumentando que los delegados debían ser independientes de la Función Legislativa e incorporar representación indígena; esta postura fue respaldada por Jorge Escala y Francisco Cisneros, quienes solicitaron transparencia, revisión de hojas de vida y garantías de autonomía de las entidades de justicia. Cynthia Viteri cuestionó la falta de verificación pública de los requisitos y documentos de respaldo de los candidatos, mientras Andrés Páez, Magaly Orellana y Luis Almeida plantearon observaciones sobre las excusas y reemplazos de legisladores ausentes. La designación propuesta por Buenaño fue aprobada y la reconsideración solicitada posteriormente fue negada. También se debatió una resolución presentada por Alfredo Ortiz para garantizar los derechos humanos y el debido proceso de las personas en situación migratoria irregular en Galápagos, promover la participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y exhortar a la Defensoría del Pueblo a establecer una estructura institucional en la provincia; Ortiz defendió que la regulación migratoria no podía derivar en expulsiones arbitrarias, mientras Ángel Vilema sostuvo que el control y la regularización eran necesarios para proteger el ecosistema de Galápagos y cuestionó que existieran vulneraciones de derechos, y Luis Almeida defendió la libertad de circulación de los ecuatorianos dentro del territorio nacional. La resolución no obtuvo los votos necesarios, incluso después de su rectificación.

ACTA_067-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a las normas de legalización de la tenencia de tierras en los cantones Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Huaquillas. Marllely Vásconez explicó que, aunque estas materias son competencia municipal conforme a la Constitución y el COOTAD, las leyes vigentes debían ser reformadas por la Asamblea al no haber sido derogadas; planteó mantener como requisito una posesión ininterrumpida de más de tres años para la adjudicación de predios, regular los efectos de las demandas de reivindicación y permitir al Municipio de Huaquillas cancelar patrimonios familiares y levantar prohibiciones de enajenar únicamente cuando no existan obligaciones pendientes. Rocío Valarezo destacó que el COOTAD ya había eliminado las limitaciones de patrimonio familiar y prohibición de enajenar establecidas para predios de Huaquillas, mientras Carlos Zambrano defendió la necesidad de complementar esta derogatoria para facilitar el acceso de los posesionarios a créditos y prevenir la concentración o tráfico de terrenos; el debate quedó pendiente para el siguiente trámite legislativo. Además, se aprobó la resolución propuesta por Lourdes Tibán para exhortar al Gobierno Nacional, al INEC y a los medios públicos, privados y comunitarios a ejecutar una campaña de sensibilización sobre la autoidentificación étnica en el Censo Nacional, garantizando la participación de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; Gerónimo Yantalema respaldó la iniciativa como un mecanismo de visibilización de la diversidad cultural y fortalecimiento del Estado intercultural y plurinacional, y Carlos Velasco destacó la importancia de obtener información étnica útil para las políticas públicas, productivas, sociales e interculturales. La resolución fue aprobada, tras rectificación, con ochenta y tres votos afirmativos.

ACTA_046-C-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva, se constató el quórum reglamentario y se reinstaló la sesión para continuar con el segundo debate y votación del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), conforme a la convocatoria leída por el Secretario General. En el desarrollo de la sesión intervino el asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, quien expuso de manera detallada los principales cambios incorporados en el Adendum al proyecto, entre ellos: la designación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (SENESCYT) como ente coordinador entre la Función Ejecutiva y el Sistema de Educación Superior; la integración del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación (CEAACES); el financiamiento universitario a través del FOPEDEUPO con la meta de alcanzar al menos el 5% del Presupuesto General del Estado; las exenciones tributarias y aduaneras para universidades públicas y particulares; el porcentaje de voto estudiantil en la elección de autoridades académicas; la moratoria de cinco años para la creación de nuevas universidades, con excepciones para la UNAE, la Regional Amazónica, la de los Andes, la Regional de Santo Domingo de los Tsáchilas y los trámites de las universidades Federico Santa María de Chile y Nueva Jerusalén; la posibilidad de que la Universidad Intercultural AMAUTA HUASI se convierta en universidad pública; y el reconocimiento de una jubilación complementaria para docentes e investigadores del sistema. Tras esta exposición, el asambleísta Abad solicitó un receso para dialogar con los jefes de bloque y consensuar las observaciones pendientes, lo cual fue concedido por el Presidente; al reinstalarse la sesión, este informó que las bancadas habían llegado a un acuerdo para posponer la votación de la ley hacia los siguientes días, sugiriendo que mientras tanto se entreguen las observaciones finales a la Comisión, y dispuso además la suspensión de la sesión paralela que debía tratar otra ley, indicando que sería convocada nuevamente por la Secretaría.

ACTA_055-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el informe sobre la denuncia del Convenio de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo principal punto de debate fue la incompatibilidad de sus cláusulas de arbitraje internacional con la Constitución, particularmente por permitir que controversias entre el Estado e inversionistas privados se sometan a instancias externas a la jurisdicción ecuatoriana. Fernando Bustamante, Betty Amores, Soledad Buendía, Gabriel Rivera, Eduardo Zambrano, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca respaldaron la denuncia, al considerar que el convenio vulneraba la soberanía nacional, respondía a un modelo de protección privilegiada para inversionistas extranjeros, no había generado un impacto significativo en la inversión y debía sustituirse por un marco jurídico nacional que otorgue seguridad equitativa a inversionistas nacionales y extranjeros. En contraste, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Paco Moncayo, Luis Almeida, Enrique Herrería, Rafael Dávila y Luis Morales cuestionaron la denuncia total por los posibles efectos negativos sobre la seguridad jurídica, la inversión extranjera, el empleo, las relaciones comerciales y la imagen internacional del país, por lo que plantearon renegociar las disposiciones incompatibles con la Constitución, especialmente las relacionadas con el arbitraje. Wladimir Vargas presentó formalmente una moción para recomendar la renegociación del convenio, apoyada por varios legisladores; sin embargo, no se realizó la votación ni se adoptó una resolución final, quedando el tratamiento pendiente.

ACTA_063-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la resolución presentada por César Rodríguez sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, mediante la cual se condenó el intento de ruptura del orden constitucional, los actos de conspiración, insubordinación, violencia y abuso de armas atribuidos a determinados elementos de la fuerza pública; se expresó solidaridad con el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y con las demás víctimas de agresiones, se reconoció el respaldo de la comunidad internacional y de organismos como UNASUR y la OEA, se manifestó apoyo a los familiares de las personas fallecidas y afectadas, y se felicitó a la ciudadanía, a las Fuerzas Armadas y a los miembros de la Policía Nacional que actuaron en defensa del orden democrático. La resolución también exhortó a la Fiscalía a realizar una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades penales, garantizando el debido proceso, y formuló un llamado al diálogo y la concertación nacional entre las instituciones y sectores sociales. Dora Aguirre intervino con un punto de información relacionado con la verificación de presencia, mientras la resolución obtuvo sesenta y dos votos afirmativos y uno negativo; posteriormente, las solicitudes de reconsideración fueron negadas.

ACTA_078-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural, centrado en la transformación del sistema educativo, la revalorización docente, la interculturalidad, la inclusión y la garantía del derecho a una educación pública de calidad. Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Eduardo Encalada, Kléver García, Jimmy Pinoargote, Ramiro Terán, Juan Fernández, Enma Palacios, Vicente Iza, Jorge Escala y otros legisladores defendieron la estabilidad laboral de docentes contratados, supervisores, técnicos docentes, educadores comunitarios y personal de instituciones municipales, así como la vigencia o fortalecimiento de la carrera docente, el escalafón, los permisos gremiales, una evaluación integral de todo el sistema y una remuneración que no reduzca los ingresos existentes; además, solicitaron que los incrementos salariales sean retroactivos, que se reconozcan bonos para zonas fronterizas, amazónicas, insulares y de difícil acceso, y que la jubilación se ajuste expresamente a los beneficios de la Ley Orgánica de Servicio Público, con una compensación de hasta ciento cincuenta salarios básicos unificados. César Rodríguez señaló que la Comisión acogería el criterio de homologar la jubilación docente con dicha ley. Gerónimo Yantalema, Lourdes Tibán, Rosendo Nurinkias, Rodrigo Collahuazo y otros representantes de pueblos y nacionalidades insistieron en preservar la autonomía administrativa, técnica y financiera, la jurisdicción y el modelo propio del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, cuestionando que se lo convierta en una dependencia subordinada; mientras Pedro de la Cruz planteó una Subsecretaría desconcentrada bajo rectoría del Ministerio de Educación, con asignación preferente de recursos y participación de organizaciones representativas. María Soledad Vela, Betty Amores, Gina Godoy, María Augusta Calle y Dora Aguirre propusieron incorporar educación sexual integral, protección de estudiantes embarazadas, inclusión efectiva de personas con discapacidad, prevención y sanción de la violencia y abuso sexual en establecimientos educativos, coordinación con las juntas de protección de derechos y mecanismos especiales para estudiantes migrantes y ecuatorianos residentes en el exterior. También se debatió el reconocimiento de la educación municipal, la participación de gobiernos locales en el Consejo Nacional de Educación, la educación fiscomisional, militar y policial, el carácter laico de la enseñanza, la necesidad de currículos flexibles y pertinentes, la enseñanza de lenguas ancestrales y extranjeras, y el fortalecimiento de la infraestructura, la formación docente y la inversión pública. Silvia Salgado, Francisco Cisneros, María Paula Romo, César Montúfar, Raúl Abad, José Picoita, Salomón Fadul, Zobeida Gudiño, Paco Fierro, Hólger Chávez, Juan Carlos López, Marco Murillo y otros asambleístas presentaron observaciones sobre estos temas, con posiciones diversas respecto de la autonomía de la educación bilingüe, el rol de la UNE, la descentralización y el alcance de las competencias municipales. La Comisión anunció que incorporaría los consensos y observaciones en un texto revisado antes de la votación; por tanto, el debate concluyó sin aprobación final y quedó suspendido para continuar posteriormente

ACTA_082-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, que reguló el orden de reemplazo de alternos de asambleístas, concejales y vocales de juntas parroquiales cuando estos no puedan asistir; sustituyó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas” para efectos del Fondo Partidario Permanente; permitió, de manera transitoria y hasta el siguiente proceso electoral pluripersonal, distribuir dicho fondo con base en la participación y resultados electorales de 2009 mientras las organizaciones culminaban su inscripción o reinscripción; y precisó el período de vicealcaldes y de integrantes de comisiones legislativas municipales y parroquiales. María Paula Romo, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Vicente Taiano y Fernando Cordero defendieron la reforma como un mecanismo para viabilizar un mandato constitucional, fortalecer las organizaciones políticas y evitar su dependencia de aportes privados, mientras César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo cuestionaron su constitucionalidad, un posible conflicto de intereses y que se convierta en una distribución de recursos públicos a agrupaciones no inscritas; Jorge Escala apoyó la entrega únicamente a organizaciones que cumplieran los requisitos constitucionales, Rocío Valarezo solicitó incluir a movimientos provinciales y regionales, y Magaly Orellana objetó la incorporación de reformas adicionales al texto inicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con setenta y nueve votos afirmativos, seis negativos, cinco blancos y dieciocho abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, en primer debate se trató la Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 sobre asignaciones provenientes de la venta de energía de las hidroeléctricas Paute, Pisayambo y Agoyán, que planteó mantener las rentas destinadas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, reasignar los recursos antes administrados por el extinto CREA a los gobiernos provinciales, en coordinación con municipios y juntas parroquiales, y destinarlos principalmente a protección de cuencas, páramos, reforestación y gestión ambiental. Virgilio Hernández defendió el informe; Gioconda Saltos solicitó que el cálculo se realice sobre la venta efectiva de energía, ampliar los usos a vialidad y obra social y cancelar valores pendientes; Luis Morales, Betty Carrillo y Juan Carlos López defendieron los recursos para Tungurahua como compensación por los impactos ambientales y turísticos de las centrales; Paco Fierro, Mauro Andino, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Armando Aguilar pidieron incorporar a Chimborazo y a otras provincias aportantes de recursos hídricos; María Molina planteó ajustes por la supresión del CREA y cuestionó considerar al agua como recurso no renovable; Guillermina Cruz solicitó una ley general que incluya a todas las provincias con proyectos hidroeléctricos, y Fernando Cordero propuso avanzar directamente hacia una norma nacional que distribuya recursos sin disminuir los ya existentes. El debate quedó cerrado para que la Comisión recoja las observaciones antes del segundo debate.

ACTA_073-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate y se aprobó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, orientado a impulsar la transformación productiva, la diversificación económica, la innovación, las exportaciones, las MIPYMES, las zonas especiales de desarrollo, el acceso a financiamiento, la modernización aduanera y los incentivos tributarios para nuevas inversiones, incluyendo la reducción progresiva del impuesto a la renta, beneficios para zonas deprimidas y fronterizas, exoneraciones para determinados sectores, mecanismos de salario digno y disposiciones sobre tierras rurales. Francisco Velasco defendió el texto y sus incentivos; Silvia Salgado, Betty Amores, Armando Aguilar, Pedro de la Cruz, Gioconda Saltos, Diana Atamaint, Gido Vargas, Mauro Andino, Juan Carlos Cassinelli, Irina Cabezas, Viviana Bonilla, Marllely Vásconez, Marco Murillo, Salomón Fadul y Henry Cuji plantearon aportes para fortalecer la economía popular y solidaria, la agricultura familiar, el comercio justo, la producción amazónica, la protección ambiental, el acceso a tierra, crédito y tecnología, así como la exoneración del impuesto a tierras rurales para campesinos y productores de la Amazonía. Enrique Herrería, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Ramiro Terán, Hugo Quevedo, Nicolás Lapentti, César Montúfar, Sylvia Kon y Luis Morales cuestionaron el trámite urgente, la seguridad jurídica, la amplitud de facultades reglamentarias del Ejecutivo, el anticipo al impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, la fórmula del salario digno, los mecanismos de contratación laboral y aspectos aduaneros; Jaime Abril propuso mejoras de técnica legislativa y proporcionalidad de sanciones, mientras Patricio Rodríguez solicitó incentivos y financiamiento para migrantes retornados. En comisión general, Orlando Grefa, Jofre Poma y Carlos Pinzón solicitaron la condonación del impuesto, multas e intereses de 2010 para agricultores amazónicos y del noroccidente de Pichincha, así como catastros técnicos que consideren productividad, topografía, conservación de fuentes de agua y condiciones ambientales. La moción de Luis Morales para votar el Código capítulo por capítulo fue negada; posteriormente, el Código fue aprobado con sesenta y ocho votos afirmativos, treinta y ocho negativos y tres abstenciones, y la reconsideración fue rechazada. Además, se aprobó la resolución propuesta por Edwin Vaca para exhortar al Gobierno a mantener la ayuda humanitaria y asignar recursos para Tulcán, afectada por lluvias y granizo que inundaron gran parte de la ciudad, destruyeron viviendas y centros educativos y dejaron numerosas familias damnificadas; la resolución obtuvo ciento cinco votos afirmativos

ACTA_072-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó por unanimidad el Acuerdo entre Ecuador y Perú para crear la Comisión Binacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, destinada a impulsar la integración fronteriza, el manejo sostenible del agua, el control de inundaciones, el riego y el desarrollo agrícola en zonas de El Oro y Tumbes; Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Zobeida Gudiño, Linda Machuca, Fausto Cobo, Vethowen Chica, Luis Morales, Eduardo Zambrano, Luis Almeida, Carlos Zambrano, Mao Moreno, Mauro Andino, Rafael Dávila, Rosa Santos, Pedro de la Cruz y Víctor Quirola respaldaron la iniciativa, mientras Gerónimo Yantalema solicitó incorporar de forma efectiva a campesinos, montubios, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como medidas de protección de zonas de recarga hídrica, biodiversidad y soberanía alimentaria. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Servicio Público; Nívea Vélez propuso ratificar artículos relacionados con la autonomía de las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados, derechos de trabajadores, jornada especial de salud, maternidad y lactancia, evaluación, estabilidad, jubilación y debido proceso. En comisión general, Héctor Terán, Eduardo Valdez, Miguel García Falconí y Noemí Marcillo, en representación de organizaciones de servidores públicos y trabajadores, cuestionaron la renuncia obligatoria, los pagos mediante bonos, la afectación a la estabilidad, la evaluación como causal de desvinculación, la reducción de derechos laborales y la concentración de atribuciones en el Ministerio de Relaciones Laborales. Francisco Cisneros, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Tito Nilton Mendoza, Galo Lara, Galo Vaca y Dora Aguirre intervinieron en el debate con posiciones sobre la defensa de derechos laborales, la autonomía institucional, el control de la corrupción, la jubilación y la aplicación del veto. En las votaciones se ratificaron algunos textos originales, entre ellos el artículo 25 y los artículos 130, 134 y 135, además de la disposición general vigésima primera; no prosperaron varias ratificaciones vinculadas con autonomía, evaluación, estabilidad, jubilación y disposiciones transitorias, y se aprobó el allanamiento a un amplio grupo de observaciones del Ejecutivo. Finalmente, quedaron solicitadas reconsideraciones de varias mociones para una sesión posterior.

ACTA_086-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje y se otorgó la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural e investigativo” a Jaime Galarza Zavala, en reconocimiento a su trayectoria como escritor, investigador, docente, activista y servidor público; Aminta Buenaño destacó su aporte intelectual y compromiso con las transformaciones sociales, mientras Galarza agradeció la distinción y reafirmó su vocación por la justicia, la poesía y la defensa de los sectores populares. En primer debate se trató el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal, que plantea reemplazar el requisito de unanimidad por la aprobación de dos tercios de los copropietarios para realizar aumentos en las edificaciones, modificaciones de fachadas, mejoras voluntarias, gravámenes extraordinarios y alteraciones en el uso de bienes comunes. María Paula Romo y Vicente Taiano defendieron la reforma como una solución para evitar que la oposición de un solo propietario impida decisiones colectivas; Juan Carlos Cassinelli propuso revisar disposiciones sobre alícuotas y uso de los inmuebles; Enrique Herrería advirtió que la medida podría afectar la armonía arquitectónica y generar conflictos; Guillermina Cruz solicitó incorporar la autorización del arquitecto diseñador para cambios relevantes; Silvia Salgado planteó sustituir los dos tercios por mayoría absoluta; y Aminta Buenaño y Jaime Abril coincidieron en que debe impulsarse una reforma integral que incorpore aspectos de vivienda, seguridad, calidad de construcción, administración y protección de los copropietarios. Finalmente, se aprobó con noventa y siete votos afirmativos y uno en blanco la resolución propuesta por Jimmy Pinoargote, mediante la cual se reconoció el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, se destacó la fortaleza de las personas con enfermedades catastróficas y se exhortó al Ejecutivo a fortalecer los programas de prevención, detección temprana y atención gratuita, oportuna y especializada para pacientes con cáncer y otras enfermedades de alta complejidad.

ACTA_070-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Fernando Flores para incorporar la creación de una comisión multipartidista que investigue los hechos del 30 de septiembre de 2010 y garantice la presunción de inocencia. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que planteaba transformar el modelo primario exportador mediante incentivos tributarios para nuevas inversiones, reducción progresiva del impuesto a la renta, apoyo a las MIPYMES, economía popular y solidaria, innovación, producción limpia, zonas especiales de desarrollo, crédito, comercio exterior, modernización aduanera y la regulación del salario digno; Francisco Velasco defendió el informe y señaló la necesidad de complementarlo con una Ley de Economía Popular y Solidaria y una Ley de Competencia. Guillermina Cruz, Gido Vargas, Vethowen Chica, Omar Juez, Galo Vaca, Gerónimo Yantalema y Edwin Vaca solicitaron mayor atención a la agricultura, la Amazonía, las provincias pobres, las zonas fronterizas, la producción bananera, los pequeños productores y los incentivos territoriales; Betty Amores, Christian Viteri y Virgilio Hernández respaldaron el enfoque de transformación productiva, pero propusieron fortalecer la economía solidaria, el control de monopolios, la equidad fiscal, la protección ambiental y la participación de los gobiernos locales. Francisco Ulloa, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Vicente Taiano, Nívea Vélez, Andrés Páez, Marco Murillo, Mauro Andino, Kléver García, Enrique Herrería y Luis Almeida cuestionaron el trámite como ley económica urgente, la amplitud y constitucionalidad del Código, la falta de seguridad jurídica, el impuesto a la salida de divisas, el anticipo al impuesto a la renta, la fórmula del salario digno, las cargas sobre contratos laborales, la falta de apoyo efectivo al sector agrícola y la discrecionalidad en materia aduanera y sancionatoria. El debate concluyó sin votación, quedando las observaciones pendientes para la elaboración del informe de segundo debate.

ACTA_091-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el proyecto de Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y del Comerciante Minorista, orientado a regular, fomentar, incentivar y garantizar las actividades productivas, de comercio y de servicios de quienes trabajan por cuenta propia o realizan comercio minorista, como parte del sistema económico popular y solidario. Carlos Samaniego, como ponente, destacó que la norma busca proteger a más de dos millones de comerciantes y a sus familias, reconociendo derechos como el trabajo en espacios adecuados conforme a la regulación de los gobiernos autónomos descentralizados, la capacitación gratuita, el acceso a la seguridad social mediante un régimen especial, líneas preferenciales de crédito, financiamiento para vivienda y participación en la silla vacía cuando se traten asuntos que afecten al sector. La ley dispone que el Estado y los gobiernos autónomos descentralizados impulsen políticas públicas, programas de capacitación, asistencia técnica, centros de acopio, mercados, recintos feriales, centros de desarrollo infantil, comedores populares, centros médicos y espacios de capacitación; además, prohíbe la confiscación, requisa, decomiso o incautación de productos, materiales o herramientas de trabajo cuando las actividades se realicen en espacios autorizados y bajo la normativa correspondiente. También establece obligaciones para los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas, como registrarse en el Sistema Nacional de Información y Registro, respetar normas de calidad, pesos, medidas y precios, y no comercializar bienes prohibidos o de dudosa procedencia; asimismo, prevé sanciones para servidores públicos que vulneren sus derechos y para quienes incumplan la ley. El proyecto fue aprobado inicialmente con ciento un votos afirmativos, cero negativos, dos blancos y dos abstenciones; tras rectificación, quedó aprobado con cien votos afirmativos, cero negativos, tres blancos y dos abstenciones, y la reconsideración fue negada.

ACTA_090-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, aprobado previamente por el Pleno. La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud recomendó el allanamiento a las observaciones del Ejecutivo, al considerar pertinentes los ajustes propuestos sobre la sanción de destitución al funcionario que divulgue información confidencial de donantes o receptores; la acreditación no solo de médicos sino de profesionales de la salud que intervengan en el proceso trasplantológico; la incorporación de la muerte a corazón parado o asistolia como supuesto para la donación; la aclaración de que, en casos de muerte violenta, debe existir notificación previa al fiscal de turno antes de la ablación; la regulación de bancos de tejidos, progenitores hematopoyéticos y células no embrionarias ni fetales; la prohibición expresa del uso de embriones humanos y células madre embrionarias o fetales; y la precisión de responsabilidades administrativas, civiles y penales para aseguradoras, empresas de medicina prepagada y sus representantes legales. Carlos Velasco defendió el allanamiento como un paso final para consolidar una política pública de salud basada en la solidaridad, la bioética, la confidencialidad, la gratuidad y la posibilidad de salvar vidas mediante la donación y el trasplante. El Pleno aprobó por unanimidad el allanamiento a la objeción parcial, con noventa y ocho votos afirmativos, cero negativos, seis blancos y cero abstenciones; posteriormente se transcribió el texto final de la ley, que regula el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, la donación presunta con posibilidad de negativa expresa, la Lista de Espera Única Nacional, la donación en vida y cadavérica, los bancos de tejidos y células, las campañas de educación, el control administrativo y las sanciones contra la comercialización, tráfico, turismo de trasplantes y procedimientos no autorizados

ACTA_072-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la denuncia del Convenio entre Ecuador y Finlandia sobre Promoción y Protección de Inversiones, luego de que la Corte Constitucional declarara inconstitucionales las disposiciones de su artículo 10. La resolución fue aprobada inicialmente con sesenta y seis votos afirmativos, treinta y tres negativos, cuatro votos en blanco y nueve abstenciones; tras una rectificación, se confirmó con sesenta y siete votos afirmativos, treinta y tres negativos y diez abstenciones. Posteriormente, Gabriel Rivera solicitó la reconsideración de lo resuelto, pero esta fue negada con sesenta y dos votos negativos frente a cuarenta y dos afirmativos, por lo que se mantuvo la aprobación de la denuncia del convenio.

ACTA_096-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron dos modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la contaminación ocasionada por la Refinería de Esmeraldas y las medidas de prevención frente a los efectos del tsu-nami en el litoral y Galápagos. Línder Altafuya expuso la problemática ambiental y sanitaria de Es-meraldas, mientras que Xavier Tomalá planteó la necesidad de fortalecer la preparación de las zonas costeras. Gabriel Rivera propuso reconocer la actuación de las autoridades nacionales durante la emergencia provocada por el tsunami, pero su solicitud no fue aprobada. El Pleno recibió en comi-sión general al embajador Osamu Imai y le entregó un acuerdo legislativo de solidaridad con el Go-bierno y el pueblo de Japón por las consecuencias del terremoto y tsunami. Fernando Cordero expre-só el respaldo del pueblo ecuatoriano y Osamu Imai agradeció el pronunciamiento y la ayuda ofreci-da. Se analizó la objeción parcial a la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El debate abordó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la transformación de la Comisión de Tránsito del Guayas en una entidad nacional, la posible concen-tración de atribuciones en el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, la estabilidad laboral de los servidores, las sanciones al transporte, la entrega de rutas y frecuencias y varias incon-sistencias jurídicas del proyecto. La propuesta de devolver el texto a la comisión fue negada. Final-mente, la Asamblea ratificó su texto original respecto de determinadas atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y se allanó a las demás objeciones presidenciales. Intervinieron Fer-nando Cordero, Silvia Salgado, Enrique Herrería, Gido Vargas, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Ra-fael Dávila y Saruka Rodríguez.Respecto de la sequía, se expusieron las pérdidas de cultivos, afec-taciones al ganado, falta de agua y riesgo de migración de las familias campesinas. Se aprobó exhor-tar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en los cantones Celica, Puyango, Pindal, Macará, Sozoranga, Zapotillo, Paltas, Espíndola y Saraguro, así como en otras provincias afectadas, entre ellas Manabí. También se solicitó la asignación de recursos y la actuación coordina-da de las instituciones públicas y los gobiernos locales. Intervinieron José Picoita, Patricio Rodrí-guez, Sylvia Kon, Rafael Dávila, Mao Moreno y Nívea Vélez.En relación con Esmeraldas, se aprobó exhortar a las autoridades competentes y a Petroecuador a proteger la salud de la población afectada por los derrames y gases contaminantes, ejecutar la remediación ambiental de los ríos Teaone y Es-meraldas y brindar atención médica y medidas preventivas a los trabajadores de la Refinería. Inter-vinieron Línder Altafuya y Marco Murillo.Finalmente, se aprobó exhortar al Presidente de la Repú-blica a declarar el estado de excepción en el cordón costanero de Esmeraldas, Manabí, Guayas, San-ta Elena y El Oro, así como en Galápagos. La resolución buscó disponer de recursos para atender a los damnificados, reparar las afectaciones a propiedades y embarcaciones y ejecutar planes de pre-vención y mitigación frente a futuros desastres. Intervino Xavier Tomala

ACTA_105-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Tomás Zevallos para convocar a la delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana encargada de seleccionar al Fiscal General, con el fin de explicar las presuntas irregularidades en la calificación de los postulantes. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y a la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, en reconocimiento a su trabajo conjunto en investigación aeroespacial, desarrollo científico, formación tecnológica y construcción del primer satélite ecuatoriano; Leonardo Barreiro y Ronnie Nader agradecieron las distinciones y destacaron la importancia de fortalecer la capacidad aeroespacial y reducir la dependencia tecnológica del país. Se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, orientado a eliminar ciento cincuenta decretos, acuerdos, resoluciones y otras normas obsoletas que, aunque carecían de aplicación práctica, continuaban formalmente vigentes; las observaciones fueron remitidas a la comisión para preparar el informe correspondiente. También se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a derogar las leyes de creación de varias empresas de agua potable y alcantarillado, fusionar organismos hídricos con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría Nacional del Agua, y extinguir determinadas concesiones. El análisis abordó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la transferencia directa de los servicios de agua y alcantarillado a los municipios, la administración de las cuencas hidrográficas, la posible centralización de atribuciones, el destino de los bienes, trabajadores, contratos y obligaciones de las entidades, el respeto al debido proceso para revisar concesiones y la conveniencia de archivar o reformular íntegramente el proyecto; el debate quedó pendiente. Intervinieron María Romo, Ramiro Terán, Paco Moncayo, Luis Morales, Andrés Roche, César Rodríguez, Fernando Cordero, Tito Mendoza, Lídice Larrea, Richard Guillén, Luis Almeida, Roberto Rodríguez, Fernando Aguirre, Eduardo Encalada, José Portugal, Víctor Quirola y Vicente Taiano. Finalmente, con las intervenciones de Gioconda Saltos, Elvis Maldonado, Luis Morales y Mauro Andino, se aprobó exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Tungurahua, Chimborazo y las demás zonas afectadas por la actividad del volcán Tungurahua, asignar espacios y alimento para los animales, otorgar créditos a los damnificados, reactivar el bono de emergencia e impulsar la recuperación económica y productiva.

ACTA_092-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el cambio del orden del día para tratar una resolución sobre la inclusión del Hospital Docente Ambato en el estado de excepción sanitaria, mientras fue negada la propuesta de Alfredo Ortiz para incorporar una resolución sobre el precio del diésel dos para el sector turístico de Galápagos. Se rindió homenaje al tenista Nicolás Lapentti Gómez y se le otorgó la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al Mérito Deportivo”, en reconocimiento a su trayectoria nacional e internacional, sus logros en torneos ATP y Copa Davis, y su aporte a la promoción del tenis ecuatoriano. Luego, el Pleno aprobó por unanimidad, con ciento ocho votos afirmativos y un voto blanco, el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela; Eduardo Zambrano, Emilia Jaramillo, Luis Almeida, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca respaldaron el instrumento por facilitar la regularización migratoria, la reunificación familiar, la residencia temporal y permanente, la libre movilidad y el acceso a derechos de ecuatorianos residentes en Venezuela y venezolanos en Ecuador, mientras Andrés Páez dejó constancia de sus reparos sobre la legitimidad del dictamen de la Corte Constitucional que sirvió de base al trámite. En el tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, César Rodríguez propuso ratificar varios textos aprobados originalmente por la Asamblea y allanarse en los demás; se ratificaron los artículos 6, 12, 13 y 68, así como la disposición transitoria quinta, relacionados con obligaciones del Estado, derechos y obligaciones de madres, padres y estudiantes, autonomía del sistema nacional de evaluación y escala salarial docente. Luis Almeida, Ramiro Terán, María Paula Romo, Gerónimo Yantalema, Paco Moncayo, Galo Vaca, Juan Fernández y Jorge Escala debatieron sobre la defensa del Estado laico, la educación religiosa, la autonomía de evaluación, la educación intercultural bilingüe, la jornada laboral docente, la representación paritaria, las acciones afirmativas, las juntas distritales, el régimen disciplinario estudiantil y la situación de educadores populares y madres comunitarias; sin embargo, el allanamiento global a los artículos no ratificados no prosperó tras rectificación, y las posteriores mociones de Jorge Escala para ratificar otros artículos y disposiciones tampoco alcanzaron los votos necesarios. Finalmente, se aprobó con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos, seis blancos y dieciocho abstenciones la resolución propuesta por Juan Carlos López para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Docente Ambato en el Decreto Ejecutivo 618 de estado de excepción sanitaria, a fin de atender urgentemente sus necesidades de infraestructura, equipamiento, personal médico, administrativo, medicinas e insumos para la atención de pacientes de Tungurahua y la zona central del país

ACTA_093-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para tratar resoluciones sobre la emergencia del sector lechero, la ampliación del estado de excepción sanitaria a unidades de salud del país y los derechos de los extrabajadores del Ingenio AZTRA; en cambio, fueron negadas las propuestas de Lourdes Tibán sobre el traslado de policías investigados por los hechos del 30 de septiembre y de Fernando Aguirre sobre la declaratoria de estado de excepción en Cuenca por inseguridad. En el tratamiento de la objeción parcial a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, la Comisión de Soberanía recomendó el allanamiento al veto presidencial, al considerar que complementaba las disposiciones sobre excombatientes, beneficios, becas, reformas a la seguridad social militar y derechos derivados del reconocimiento; Paco Moncayo, Alfredo Ortiz y Luis Morales cuestionaron aspectos de fondo y forma del texto, especialmente la redacción, los criterios de cupos y la diferenciación socioeconómica, mientras Fausto Cobo y Fernando Bustamante defendieron el allanamiento por razones prácticas y por la necesidad de que la ley entre en vigencia a favor de los beneficiarios. El Pleno aprobó el allanamiento con sesenta y un votos afirmativos, once negativos, diez blancos y dieciséis abstenciones. También se aprobó, tras rectificación, con cincuenta y un votos afirmativos, la resolución para solicitar a la Corte Constitucional una interpretación del artículo 131 de la Constitución, a fin de determinar si la expresión “ministras o ministros” incluye a secretarios nacionales y autoridades con rango ministerial para efectos de juicio político; Vicente Taiano sostuvo que la interpretación era innecesaria, mientras Jorge Escala cuestionó que la consulta pudiera limitar la fiscalización legislativa. Posteriormente, se aprobó con ochenta y ocho votos afirmativos la resolución que exhorta al Gobierno Nacional a declarar en emergencia al sector lechero, restringir importaciones de suero, leche en polvo, queso, yogurt, mantequilla y derivados, fortalecer controles sanitarios y aduaneros, implementar políticas agrarias y proteger a pequeños productores campesinos e indígenas. Asimismo, se aprobó con ochenta y siete votos afirmativos la resolución que exhorta al Presidente de la República a incluir a todas las unidades de salud del país en el Decreto Ejecutivo 618 de estado de excepción sanitaria, para atender necesidades de infraestructura, equipamiento, personal, medicinas e insumos. Finalmente, se aprobó con ochenta y cinco votos afirmativos la resolución sobre los extrabajadores del Ingenio AZTRA, mediante la cual se exhortó a la Corte Constitucional a atender el recurso extraordinario de protección, se pidió al Consejo de la Judicatura investigar la actuación de jueces que conocieron sus demandas, se requirió a la Comisión de Derechos de los Trabajadores emitir un informe y, de ser procedente, presentar un amicus curiae, y se solicitó a la Secretaría de Transparencia investigar el proceso de liquidación de la compañía INGSA Ingenio La Troncal S.A.

ACTA_097-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó incorporar al orden del día una resolución sobre la necesidad de invertir urgentemente en infraestructura hídrica, mientras que fue negada la propuesta de Enrique Herrería para exhortar al Presidente de la República a respetar y garantizar la libertad de expresión y comunicación. Se entregaron acuerdos y condecoraciones a la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-20, a su director técnico Sixto Vizuete, al pabellón de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a los jugadores, en reconocimiento a su participación en el torneo sudamericano y su clasificación al campeonato mundial de la categoría. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a que el Estado recupere las indemnizaciones pagadas por daños ocasionados por servidores, exservidores públicos o personas que ejercen potestades públicas y que hayan actuado con dolo o culpa grave; durante el análisis se formularon observaciones sobre la identificación de los responsables, el respeto al debido proceso, los plazos de prescripción, las medidas cautelares, las competencias de la Procuraduría y la Contraloría, la recuperación efectiva de los recursos públicos y la protección de los funcionarios que actúan de buena fe. Intervinieron Mauro Andino, César Gracia, Vicente Taiano, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Zobeida Gudiño, Betty Amores, Luis Morales, Fernando Bustamante, Alfredo Ortiz, Soledad Vela, Andrés Roche, Línder Altafuya, Virgilio Hernández y Tito Mendoza. Finalmente, con las intervenciones de Rocío Valarezo y Ramón Cedeño, se aprobó una resolución que exige la protección de las fuentes de agua, la prevención de la contaminación y la deforestación, el traspaso de competencias y recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para agua potable, riego y saneamiento, la declaratoria de emergencia por sequía en El Oro, Manabí y las demás provincias afectadas, la movilización de recursos para atender a la población y una moratoria en el pago de préstamos concedidos por la banca pública al sector productivo.

ACTA_102-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Control y Regulación del Tabaco y sus Efectos Nocivos, en el que se destacó la necesidad de priorizar la salud pública, prevenir el consumo desde edades tempranas, regular la publicidad engañosa, establecer espacios libres de humo, informar sobre los riesgos del tabaco y garantizar tratamiento para las adicciones; también se analizó el equilibrio entre las libertades individuales y los derechos colectivos, así como la protección de productores, trabajadores y pequeños comerciantes frente a los posibles efectos económicos de la normativa. Intervinieron Pamela Falconí, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Calle, Fernando Aguirre y Carlos Velasco. Posteriormente, se realizó el primer debate de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código Civil relacionadas con el derecho de alimentos, orientadas a garantizar el interés superior de niños y adolescentes, mejorar la aplicación de las pensiones y corregir los problemas generados por interpretaciones inadecuadas de la reforma anterior; se propuso que las pensiones sean determinadas mediante tablas técnicas, establecer excepciones al apremio personal para adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, definir la responsabilidad de los obligados subsidiarios según sus condiciones económicas, separar las obligaciones de las ramas paterna y materna, citar conjuntamente a los responsables, tramitar por separado los asuntos de alimentos y divorcio y promover la corresponsabilidad de ambos progenitores. También se planteó fortalecer la infraestructura, el presupuesto y el número de jueces especializados para agilizar los procesos. Intervinieron María Calle, Nívea Vélez, Margarita Carranco, Juan Cassinelli y Vicente Taiano; las observaciones quedaron destinadas al análisis de las comisiones encargadas de preparar los respectivos informes para segundo debate

ACTA_102-G-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se abrió el debate del enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura y se recordó que su censura y destitución requerían el voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea. Las intervenciones se centraron en la validez del procedimiento, el respeto al debido proceso, la responsabilidad individual o colectiva de los vocales y la naturaleza política del juicio. Quienes respaldaron la censura señalaron deficiencias en la administración de justicia, falta de planificación y ejecución presupuestaria, escasa creación de juzgados, acumulación de causas, caducidades de prisión preventiva, sanciones insuficientes, irregularidades en concursos y nombramientos, falta de control disciplinario y posibles actos de corrupción y tráfico de influencias; además, sostuvieron que la crisis judicial justificaba retirar la confianza a los funcionarios. Otros asambleístas cuestionaron la ausencia de una adecuada individualización de responsabilidades, la aplicación de criterios diferentes frente a otros procesos de fiscalización y la cercanía del debate con la consulta popular, al considerar que podía utilizarse con fines electorales; también propusieron analizar cada caso por separado y aplazar la votación. Intervinieron Silvia Salgado, Andrés Páez, Enrique Herrería, César Rodríguez, Paco Moncayo, Luis Morales, Richard Guillén, María Calle, Betty Amores, Marco Murillo, Línder Altafuya, Fernando Romo, Nívea Vélez, César Montúfar, Mauro Andino, Juan López, Virgilio Hernández, Edwin Vaca, Fausto Cobo, Rosana Alvarado y Leandro Cadena. La sesión fue suspendida antes de concluir el debate y sin realizarse la votación sobre la censura y destitución.

ACTA_102-E-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura con las intervenciones de Jorge Vaca, Mauro Andino y Luis Vázquez. Jorge Vaca rechazó las acusaciones de incapacidad y corrupción, defendió su gestión y sostuvo que la prolongada transición institucional, la falta de facultad reglamentaria y las limitaciones presupuestarias impidieron realizar concursos, ejecutar proyectos y mejorar con mayor rapidez la infraestructura judicial; también justificó los nombramientos provisionales como una medida necesaria para evitar la paralización del servicio y destacó la adquisición y adecuación de casas judiciales. Mauro Andino cuestionó su actuación como integrante de la Comisión de Recursos Humanos, señalando falta de control, incumplimientos en concursos y nombramientos, deficiente evaluación de funcionarios, sanciones insuficientes y omisiones frente a irregularidades denunciadas. Posteriormente, Luis Vázquez rechazó las acusaciones relacionadas con una supuesta declaración patrimonial falsa, conflicto de intereses, ejercicio simultáneo como procurador del Banco Pichincha, tráfico de influencias, usura y mecanismos ilegales de cobro; presentó documentos para demostrar que renunció a la procuración, que las cuentas señaladas no le pertenecían o no constituían activos omitidos y que existían decisiones judiciales favorables y sobreseimientos definitivos que descartaban las imputaciones. También cuestionó la validez y objetividad de las pruebas presentadas por Mauro Andino y solicitó que las acusaciones fueran rechazadas. La sesión fue suspendida sin que se adoptara una decisión sobre la censura y destitución.

ACTA_112-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal. María Romo explicó que el texto incorporó las observaciones formuladas previamente para respetar las competencias regulatorias de los municipios, evitar alteraciones que afectaran la seguridad estructural de las edificaciones, facilitar la adopción de decisiones colectivas y mejorar el cobro de las expensas pendientes. Enrique Herrería cuestionó el procedimiento utilizado para distribuir el texto reformado y manifestó su desacuerdo con el contenido del proyecto, por lo que la votación fue suspendida brevemente para revisar nuevas observaciones. Finalmente, se mantuvo la unanimidad para modificar estructuras resistentes o realizar ampliaciones, se estableció la aprobación de las tres cuartas partes de los copropietarios para cambiar fachadas sin afectar la estructura, se regularon los bienes comunes y las expensas en inmuebles con varios bloques o torres, se reconoció al administrador como representante legal del condominio y se otorgó carácter de título ejecutivo a las liquidaciones de alícuotas vencidas aprobadas por la asamblea de copropietarios. Intervinieron María Romo y Enrique Herrería. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

ACTA_123-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión del Pleno se retiró la solicitud de Marco Murillo para incorporar al orden del día la reinstalación de la sesión 115, luego del compromiso de convocar a los jefes de bancada para acordar la continuación del segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; mientras que la propuesta de Nívea Vélez para debatir el estado de excepción decretado en la Función Judicial fue negada, registrándose en la rectificación cincuenta y un votos afirmativos, ocho negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente, la Asamblea rindió homenaje a la delegación ecuatoriana de Olimpiadas Especiales que participó en los Juegos Mundiales de Verano de Atenas 2011, donde obtuvo veinticinco medallas de oro, veintiséis de plata y catorce de bronce; se otorgó la condecoración “Doctor Vicente Rocafuerte” al Pabellón de Olimpiadas Especiales Ecuador, se reconoció la labor de su presidente Héctor Cueva Jiménez, del equipo técnico y de los deportistas, y se destacó su ejemplo de inclusión, perseverancia y superación. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, orientado a prevenir, corregir y sancionar los abusos de posición dominante, las prácticas anticompetitivas y la concentración perjudicial para consumidores y pequeños productores; aunque existió coincidencia sobre la necesidad de contar con una normativa contra los monopolios y oligopolios, se formularon numerosas observaciones respecto de la concentración de facultades en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la independencia de los organismos de control, la amplitud y discrecionalidad de sus atribuciones, el respeto al debido proceso, la intimidad y la acción de protección, la proporcionalidad de las multas, la definición del mercado relevante, la relación con los sectores financiero, público y estratégico, y la protección de consumidores, pequeñas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria. El debate concluyó sin votación, para que la Comisión incorporara las observaciones antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Silvia Kon, Rolando Panchana, Rafael Dávila, Fernando Bustamante, César Montúfar, Viviana Bonilla, Juan Carlos López, Betty Amores, Fernando González, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Eduardo Encalada, Rosana Alvarado, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Jaime Abril, Marco Murillo, Andrés Roche, María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Luis Morales, Paola Pabón, María Augusta Calle, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Kléver García, Celso Maldonado, Jorge Fadúl, María Alejandra Vicuña, Mauro Andino, Francisco Cevallos y Francisco Ulloa.

ACTA_126-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la recategorización y capacitación de los docentes, la declaratoria de emergencia sanitaria en Quisapincha ante el incremento de casos de sarampión y la atención urgente a las familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Napo; posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, respecto del cual existió consenso sobre la necesidad de prevenir y sancionar los monopolios, los acuerdos colusorios, la competencia desleal y los abusos contra consumidores, pequeños productores y empresas, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre la concentración de atribuciones en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la intervención del Ejecutivo, la independencia de los organismos de control, las facultades de investigación e inspección, la protección de la privacidad y el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones, la regulación de las empresas públicas y privadas, la protección de las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria, la inversión, el empleo y las disposiciones aplicables a los sectores financiero y de comunicación. Durante una comisión general, Pablo Dávila Jaramillo, representante de las cámaras de industrias, respaldó la existencia de una normativa de competencia, pero solicitó limitar la discrecionalidad de las autoridades, establecer controles colegiados y otorgar un período de transición. Finalmente, se negó la propuesta de Rafael Dávila para archivar el proyecto y sustituirlo por otra iniciativa antimonopolio, con cuarenta y cuatro votos afirmativos, sesenta negativos, dos blancos y diez abstenciones; sin embargo, no se efectuó la votación definitiva de la ley, pues el debate fue suspendido para incorporar las observaciones formuladas y buscar un texto de mayor consenso, quedando pendientes los demás puntos incorporados al orden del día. Intervinieron Gioconda Saltos, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Francisco Velasco, Pablo Dávila Jaramillo, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Zobeida Gudiño, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Patricio Quevedo, Silvia Salgado, Nicolás Lapentti, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Fernando González, Alfredo Bautista, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Betty Amores, Rafael Dávila, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Luis Morales, Francisco Cevallos, Jorge Fadul, Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Lenín Chica, Richard Guillén, Jorge Escala, Rosana Alvarado y Fernando Flores.

ACTA_115-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientado a fortalecer la autonomía institucional, las atribuciones del Pleno y las capacidades de legislación, fiscalización y control político. Las intervenciones analizaron la regulación de la consulta prelegislativa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, su convocatoria, representatividad, duración, financiamiento y mecanismos de participación; también se propuso garantizar la comparecencia de funcionarios públicos, exigir respuestas respaldadas documentalmente, revisar el procedimiento de los juicios políticos y evitar que una minoría de la Comisión de Fiscalización pudiera archivarlos. Se debatieron además las facultades del Consejo de Administración Legislativa, la Presidencia, las comisiones y los ponentes, la presentación de textos alternativos, la inmunidad parlamentaria, los plazos para tramitar proyectos, el número de comisiones y asesores y el riesgo de aumentar la burocracia y el gasto público. Existieron posiciones contrapuestas sobre si la reforma fortalecería la fiscalización o permitiría recuperar prácticas políticas del antiguo Congreso, aunque hubo coincidencias en la necesidad de equilibrar las atribuciones internas y mejorar el funcionamiento de la Asamblea. Intervinieron Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Gastón Gagliardo, Tito Mendoza, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, César Gracia, Silvia Salgado, María Vela, Leonardo Viteri, Enrique Herrería, Rolando Panchana, Edwin Vaca, Rosendo Nurinkias, Mauro Andino, Marco Murillo, Armando Aguilar, Abdalá Bucaram, Eduardo Paredes, Jorge Escala, Marisol Peñafiel, Betty Amores, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Galo Vaca, Marllely Vásconez, Jimmy Pinoargote, Nívea Vélez, Vethowen Chica, Richard Guillén, Fernando Cordero, Guillermina Cruz, Fernando González, Mary Verduga, Andrés Páez, Tomás Zevallos, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Bustamante, Ramiro Terán y Vicente Taiano. Debido a la cantidad de observaciones, el proyecto no fue sometido a votación y se dispuso preparar y distribuir un nuevo texto antes de continuar su tratamiento.

ACTA_126-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó una resolución de solidaridad con cinco ciudadanos cubanos procesados y condenados en Estados Unidos, mediante la cual se solicitó al presidente Barack Obama disponer su liberación y conceder visas humanitarias a sus familiares; durante el debate se confrontaron criterios sobre las garantías del proceso, los derechos humanos, las acusaciones de espionaje, el respeto a la soberanía estadounidense y la necesidad de extender la solidaridad a ciudadanos ecuatorianos detenidos o perseguidos. Posteriormente, se aprobó definitivamente la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, destinada a prevenir, corregir y sancionar el abuso de posición dominante, los acuerdos colusorios, las concentraciones económicas y las prácticas desleales, luego de incorporar cambios para proteger el debido proceso, la privacidad, el derecho a la defensa, la proporcionalidad de las medidas preventivas y la delimitación de las facultades de los organismos reguladores; la aprobación se mantuvo después de la rectificación y de que fuera negada su reconsideración. También se aprobó exhortar al Ministerio de Educación a iniciar inmediatamente la recategorización de los docentes, de acuerdo con su experiencia y profesionalización, concluir el proceso en un plazo máximo de un año y ampliar los cursos de capacitación necesarios para acceder a este beneficio. Asimismo, ante el aumento de casos de sarampión, se resolvió solicitar la declaratoria del estado de excepción sanitaria en la provincia de Tungurahua, con atención prioritaria a Quisapincha, Pasa y Atahualpa, así como el fortalecimiento de la infraestructura, el personal, los medicamentos y los insumos de salud. Finalmente, se expresó solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones en Napo y se exhortó al Gobierno Nacional a atender oportunamente a los damnificados, reparar los daños y coordinar las acciones de asistencia y reconstrucción. Intervinieron Línder Altafuya, Paco Moncayo, María Alejandra Vicuña, Luis Almeida, Fernando Flores, Silvia Salgado, Francisco Velasco, Gioconda Saltos, Kléver García, Ramiro Terán, Hólger Chávez, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Galo Vaca, Jorge Escala, Mao Moreno, Betty Carrillo, Leonardo Viteri, César Gracia, Juan Carlos López, Marco Murillo, Luis Morales, Franklin Purcachi, Víctor Quirola y Guillermina Cruz.

ACTA_113-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó y concluyó el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Salud sobre enfermedades raras o huérfanas. Las intervenciones destacaron la necesidad de definir claramente estas patologías, reconocerlas como enfermedades de alta complejidad y atención prioritaria, garantizar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y medicamentos, crear protocolos y registros de pacientes, promover la investigación genética y científica, capacitar al personal sanitario, apoyar a las familias y fomentar la cooperación internacional. También se aclaró que no todas estas enfermedades son de origen genético y se propuso incorporar un capítulo específico que establezca las responsabilidades del Estado y del Ministerio de Salud; las observaciones fueron remitidas a la comisión para elaborar el informe de segundo debate. Posteriormente, se analizó la situación de los maestros contratados, con posiciones que coincidieron en la obligación de pagar las remuneraciones adeudadas, aunque existieron diferencias sobre la entrega directa de nombramientos o la necesidad de respetar los concursos de méritos y oposición. Finalmente, se aprobó por unanimidad solicitar el pago inmediato de los haberes pendientes a los maestros contratados de Esmeraldas y de otras provincias, cancelar las horas extras de quienes trabajan en jornada nocturna, exigir el cumplimiento de la disposición transitoria correspondiente de la Ley Orgánica del Servicio Público, entregar nombramientos a quienes ganaron concursos anteriores y cubrir las nuevas plazas mediante el banco de elegibles. Intervinieron Paco Moncayo, María Vela, Luis Almeida, Lídice Larrea, Marco Murillo, Eduardo Encalada, María Kronfle, Leonardo Viteri, Víctor Quirola, Nívea Vélez, Silvia Salgado, Fernando Flores, Guillermina Cruz, Scheznarda Fernández, Línder Altafuya, Edwin Vaca y Raúl Abad.

ACTA_117-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizaron las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional para el nuevo período legislativo, en medio de un debate sobre la independencia de las funciones del Estado, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la conformación de mayorías, la fiscalización, la representación de las fuerzas políticas y la alternabilidad de género. Fernando Cordero fue reelegido y posesionado como presidente de la Asamblea; en cambio, las candidaturas de Juan Cassinelli y Betty Amores para la Primera Vicepresidencia, así como las de Rocío Valarezo y Leandro Cadena para la Segunda Vicepresidencia, no alcanzaron los votos requeridos, por lo que ambas dignidades quedaron sin definirse. Posteriormente, fueron elegidos y posesionados como vocales del Consejo de Administración Legislativa Pedro de la Cruz, Fausto Cobo, Francisco Ulloa y Marco Murillo, quienes representaron a diferentes bancadas y sectores políticos. Finalmente, se ratificó a Andrés Segovia como secretario general y se eligió a Libia Rivas como prosecretaria general, quienes prestaron juramento para ejercer sus funciones. Intervinieron Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Jorge Escala, Andrés Páez, Abdalá Bucaram, César Rodríguez, Fernando Cordero, María Vicuña, Lourdes Tibán, Lídice Larrea, Galo Lara, Rafael Dávila, Silvia Salgado, Pedro de la Cruz, Juan López, Fausto Cobo, Nívea Vélez, Raúl Abad, Francisco Ulloa, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Rolando Panchana y Tomás Zevallos

ACTA_115-D-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó la votación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo texto general, correspondiente a los asuntos consensuados entre las bancadas, fue aprobado con excepción de varios artículos y secciones reservados para votación individual. Vicente Taiano explicó que la reforma buscaba fortalecer la autonomía e independencia de la Asamblea, ampliar los plazos para el tratamiento de proyectos, crear la Comisión de Asuntos Migratorios y regular de mejor manera la legislación y la fiscalización. María Calle informó que se había consensuado un texto sobre la consulta prelegislativa con representantes de varios sectores políticos, aunque esta sección no pudo incorporarse a la votación general por haber sido previamente separada para su tratamiento individual. Se aprobaron disposiciones relacionadas con el ámbito de aplicación de la ley, la posibilidad de sesionar fuera de Quito, las mayorías necesarias para adoptar decisiones, las atribuciones de la Presidencia, la conformación de la Comisión de Fiscalización, la calificación de proyectos de ley, el trámite de proyectos económicos urgentes, la modificación de informes por las comisiones y la revisión individual de artículos; en cambio, se negaron propuestas sobre determinadas facultades de las comisiones, la creación de una comisión ocasional multipartidista y criterios vinculados con el padrón electoral. La sesión fue suspendida antes de votar todos los artículos y secciones pendientes, por lo que no concluyó la aprobación integral del proyecto. Intervinieron Vicente Taiano y María Calle.

ACTA_115-E-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó la votación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se negó, incluso después de la rectificación, el artículo que permitía remitir a la Corte Constitucional una objeción parcial del Ejecutivo cuando un asambleísta fundamentara la posible inconstitucionalidad del proyecto. Posteriormente, se inició el tratamiento del artículo destinado a regular la comparecencia de autoridades y funcionarios públicos ante el Pleno y las comisiones especializadas, estableciendo requisitos para solicitarla, formular preguntas y repreguntas, apelar las decisiones del Consejo de Administración Legislativa, exigir la presencia personal de los convocados y aplicar sanciones o iniciar un juicio político en caso de inasistencia injustificada. Vicente Taiano defendió esta disposición como un mecanismo para fortalecer la fiscalización y solicitó aplazar la votación debido a la ausencia de varios legisladores y a la existencia de una medida cautelar relacionada con la publicación de la ley. Fernando Cordero acogió el pedido, manifestó que se defenderían las atribuciones de la Asamblea y suspendió la sesión sin someter el artículo a votación. Intervinieron Vicente Taiano y Fernando Cordero.

ACTA_115-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó modificar el orden del día para incorporar el segundo debate y la votación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientado a fortalecer las facultades de legislación y fiscalización del Pleno y evitar que una minoría de la Comisión de Fiscalización pudiera archivar juicios políticos. La propuesta presentada por Vicente Taiano fue inicialmente negada, pero una rectificación de la votación permitió su aprobación. Posteriormente, surgió una controversia sobre el orden en que debían tratarse los puntos, pues la Presidencia dispuso continuar primero con la designación del delegado de la Función Legislativa al Consejo de la Judicatura de Transición, mientras varios legisladores sostuvieron que debía respetarse el orden aprobado por el Pleno. Gilmar Gutiérrez afirmó que el Pleno era la máxima autoridad de la Asamblea y Abdalá Bucaram solicitó que continuara la sesión. Ante los desacuerdos y las protestas, la sesión fue suspendida sin debatir la reforma legislativa ni designar al delegado para el Consejo de la Judicatura de Transición. Intervinieron Vicente Taiano, Abdalá Bucaram y Gilmar Gutiérrez.

ACTA_145-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Francisco Cisneros para exhortar a la ejecución urgente de la rehabilitación y construcción de un nuevo bloque para el Hospital del IESS de Puyo, pese a que señaló que existían recursos asignados y que su cancelación afectaba a miles de afiliados de Pastaza; en cambio, se incorporaron al orden del día las propuestas de Gioconda Saltos para solicitar el reconocimiento de los doctorados en Ciencias de la Educación obtenidos bajo el régimen anterior como títulos de cuarto nivel, con el fin de facilitar la recategorización de los docentes, y de María Augusta Calle para pronunciarse sobre los proyectos estadounidenses SOPA y PIPA, cuestionados por sus posibles efectos extraterritoriales sobre la privacidad, el acceso a la información y la libertad de expresión en Internet, aunque ambos asuntos quedaron pendientes. Posteriormente, se debatió y aprobó la resolución para promover el conocimiento y estudio de la Gesta Alfarista, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción del Estado laico, la educación pública, la integración nacional, la soberanía, la libertad, la igualdad, los derechos de las mujeres y la transformación política y social del país; durante la discusión se propuso esclarecer las responsabilidades históricas de su asesinato, reconocer a otros protagonistas de la Revolución Liberal, visibilizar la participación de las mujeres, revisar los compromisos estatales incompatibles con el laicismo, evitar la utilización política de su figura y mejorar la redacción del documento. El texto aprobado dispuso incorporar el estudio de la Gesta Alfarista en los distintos niveles educativos, promover contenidos curriculares sobre este proceso histórico, declarar el 28 de enero como Día de la Reparación Nacional, realizar actividades públicas de memoria y condena de su asesinato e incluir los estudios alfaristas en la formación de docentes. También se inició el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, dirigida a actualizar una normativa antigua conforme al carácter intercultural y plurinacional del Estado, reconocer los derechos colectivos, la autonomía y los gobiernos comunitarios, proteger las tierras y territorios ancestrales, fortalecer la participación en los gobiernos locales, la jurisdicción indígena y la consulta prelegislativa. La discusión se concentró especialmente en la posibilidad de que las comunas se transformaran voluntariamente en cooperativas de producción: algunos legisladores sostuvieron que esta opción respondía a la libre determinación y a las distintas realidades comunitarias, mientras otros advirtieron que podía facilitar la parcelación y pérdida del carácter indivisible, inembargable e imprescriptible de las tierras comunales. Asimismo, se propuso que la normativa tuviera carácter orgánico, reforzara los derechos de los comuneros, reconociera las particularidades de los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y comuneros de la Costa, regulara cuidadosamente la creación de nuevas comunas y garantizara beneficios tributarios, seguros agrícolas y coordinación con los gobiernos descentralizados. El debate quedó suspendido sin votación y con intervenciones pendientes, por lo que tampoco se trató el proyecto relacionado con la libertad e igualdad religiosa. Intervinieron Francisco Cisneros, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Gabriela Cuadros Alcívar y los integrantes del grupo musical Ariel; además de Lídice Larrea, Mery Zamora, Paco Moncayo, Luis Almeida, Scheznarda Fernández, Silvia Salgado, María Paula Romo, Luis Morales, Richard Guillén, Hólger Chávez, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, César Montúfar, Fausto Cobo, Lourdes Tibán, Ramón Vicente Cedeño, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Kléver García, María Soledad Vela y Ramiro Terán.

ACTA_143-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron las propuestas para condenar la decisión judicial que favoreció a Alberto Dahik y expresar solidaridad con dirigentes sociales procesados, así como para rechazar la visita al Ecuador del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a Denisse Delgado, Fernando Unda, Rodney Chiluiza y Danny Mero, en reconocimiento a su talento artístico, espíritu de superación y aporte a la inclusión de las personas con discapacidad. Se desarrolló el primer debate de la reforma orientada a garantizar el principio de interculturalidad en los procesos de designación de autoridades públicas, proponiéndose que las ternas incluyeran representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con paridad de género y reconocimiento de los idiomas castellano, kichwa y shuar; durante la discusión se destacó la necesidad de aplicar acciones afirmativas reales, evitar que la inclusión quedara como una simple formalidad, adaptar los concursos a las diferentes realidades culturales, fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar que las personas seleccionadas cumplieran los perfiles profesionales sin sufrir discriminación. También se analizó el proyecto para promover las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo archivo fue recomendado por considerar que gran parte de sus disposiciones ya estaban contempladas en la normativa de producción; sin embargo, la moción de archivo no fue aceptada y el proyecto regresó a la comisión, mientras Leonardo Viteri cuestionó la demora en tramitar su iniciativa y denunció un trato desigual hacia los proyectos presentados por legisladores de oposición. En cambio, se aprobó el archivo de la reforma relacionada con el sector cafetalero, al estimarse que su propuesta de incorporar representantes privados en organismos públicos contradecía normas constitucionales y duplicaba entidades y competencias ya existentes. Finalmente, se examinó la objeción parcial a las reformas electorales, debatiéndose la reducción de los plazos de la justicia electoral, los métodos para distribuir escaños, la proporcionalidad y representación de las minorías, las restricciones a la publicidad gubernamental y privada durante las campañas, el uso de recursos públicos, el silencio electoral, la libertad de expresión y el acceso de candidatos a los medios de comunicación, las sanciones por infracciones electorales, la regulación del acoso político contra las mujeres y la contratación temporal de personal por parte de los organismos electorales. El Pleno aceptó las observaciones relacionadas con la celeridad de los procesos, la adjudicación de escaños, el período de prohibición de propaganda, determinadas sanciones y la contratación de personal electoral; no obstante, no alcanzó los votos necesarios para ratificar los textos previamente aprobados sobre propaganda durante las campañas y acoso político. Intervinieron Jorge Escala, Leonardo Viteri, Cynthia Viteri, Enrique Herrería, María Cristina Kronfle, Danny Mero, Rodney Chiluiza, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Lourdes Tibán, María Augusta Calle, Juan Carlos López, María Pilar Almeida, Rolando Panchana, Luis Morales, Omar Juez, Mauro Andino, Paco Moncayo, Luis Almeida, Línder Altafuya, María Paula Romo, Francisco Velasco, Betty Amores, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Xavier Tomalá, Galo Vaca, Nívea Vélez, Marco Murillo, César Rodríguez, Fernando González, Fernando Aguirre, César Gracia y Susana González.

ACTA_139-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a las demás especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción, mediante la conservación de sus hábitats, la prohibición de la caza, captura, recolección, tenencia, transporte y comercialización, la elaboración de inventarios, la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos locales, la creación de una instancia nacional de protección y la aplicación de sanciones administrativas. Aunque existió respaldo general a la iniciativa, se propuso ampliar su enfoque y modificar su denominación para que comprendiera integralmente a todas las especies; avanzar hacia un código ambiental; actualizar los registros de especies amenazadas; promover centros de rescate, reproducción y estaciones científicas; regular la introducción de especies exóticas, la caza deportiva, la pesca destructiva, el tráfico de vida silvestre y el aprovechamiento científico de los recursos genéticos; proteger los ecosistemas, páramos, bosques y áreas naturales; y establecer excepciones controladas para la investigación, rehabilitación y reproducción. También se planteó incorporar la participación, los conocimientos y la jurisdicción de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; diferenciar sus prácticas tradicionales de las actividades depredadoras; precisar las competencias institucionales; evitar márgenes excesivos de discrecionalidad, contradicciones entre sanciones administrativas y penales y duplicaciones normativas; y garantizar recursos económicos para que la ley pudiera aplicarse. Varios legisladores cuestionaron además la contradicción entre la protección ambiental y las actividades mineras, petroleras, madereras y agrícolas que destruyen los hábitats; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Posteriormente, se analizó y aprobó una resolución que exhortó al Ejecutivo a mantener el subsidio al combustible utilizado en el transporte aéreo hacia Galápagos, conservar el descuento del cincuenta por ciento en los pasajes de sus residentes, aplicar el mismo porcentaje al transporte de alimentos perecibles y medicinas y considerar el subsidio vigente para los habitantes de las zonas fronterizas y amazónicas, debido a las dificultades de acceso, las distancias, las necesidades de salud y movilidad, la dependencia del turismo y el posible incremento del costo de vida; la propuesta obtuvo ciento nueve votos afirmativos, cuatro blancos y seis abstenciones, y su reconsideración fue negada. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Consuelo Flores, Francisco Ulloa, Fernando Bustamante, Luis Morales, Guido Vargas, Leonardo Viteri, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, María Augusta Calle, María Paula Romo, Zobeida Gudiño, María Molina, Cléver Jiménez, María Soledad Vela, Magaly Orellana, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Francisco Cisneros, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_136-D-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, en el que hubo acuerdo general sobre la necesidad de contar con una normativa, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre si el texto garantizaba la libertad de expresión o podía convertirse en un instrumento de censura y control político. La discusión abordó la responsabilidad ulterior y la conveniencia de que esta se tramite administrativa, civil o judicialmente; la composición, independencia, competencias y límites del Consejo de Regulación; la necesidad de tipificar claramente las infracciones para evitar decisiones discrecionales; los derechos de rectificación y réplica; la diferenciación entre información y opinión; la veracidad, contextualización y pluralidad de los contenidos; y la protección de la honra, la intimidad y la presunción de inocencia. También se analizaron la reversión de frecuencias otorgadas irregularmente, su distribución equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios, el aprovechamiento de la digitalización, el destino de los medios incautados, la transparencia de la publicidad oficial, la producción nacional y audiovisual, el acceso a nuevas tecnologías, los derechos comunicacionales de migrantes, pueblos y nacionalidades, y la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos. Asimismo, se planteó fortalecer los derechos laborales, la estabilidad, seguridad, capacitación y profesionalización de periodistas y trabajadores de la comunicación, considerando excepciones para zonas rurales y amazónicas donde no existen centros de formación; incorporar la comunicación en salud, educación y desarrollo; votar el proyecto artículo por artículo; construir un texto consensuado o, en oposición, archivarlo y reiniciar su elaboración. En comisión general, Marco Pérez y Hólger Guerrero expusieron las demandas de colectivos de periodistas, denunciaron la precariedad y censura empresarial que afectaba a los comunicadores y respaldaron la democratización de los medios y el reconocimiento efectivo de sus derechos laborales. El debate concluyó sin votación y la sesión fue suspendida para continuar posteriormente con el análisis y la incorporación de observaciones. Intervinieron Dora Aguirre, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, César Montúfar, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, Richard Guillén, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Fernando Cordero, Susana González, Vethowen Chica, Galo Vaca, Carlos Samaniego, Blanca Ortiz, Mao Moreno, Raúl Abad, Edwin Vaca, Mary Verduga, Jimmy Pinoargote, Betty Carrillo, César Rodríguez, Tomás Zevallos, Cynthia Viteri, Fernando González, Mauro Andino, Marco Pérez y Hólger Guerrero.

ACTA_130-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron varias modificaciones del orden del día para incorporar posteriormente el análisis de la situación de los migrantes ecuatorianos afectados por fraudes hipotecarios en España, una resolución relacionada con la muerte de Ernesto “Che” Guevara y dos propuestas de reconocimiento a San José de Ancón por su importancia histórica, cultural, industrial y petrolera. A continuación, se rindió homenaje al músico y compositor Segundo Bautista Vasco, destacándose su trayectoria, talento, aporte a la música nacional y ejemplo de superación, por lo que recibió la condecoración al mérito cultural y agradeció el reconocimiento mediante una interpretación musical. Posteriormente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, orientado a garantizar atención preferente a las poblaciones ubicadas en las fronteras, fortalecer la inversión pública, los servicios básicos, la educación, la salud, la conectividad, el turismo, la producción, el comercio, el transporte, el empleo local, la seguridad y la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, además de promover una cultura de paz, buena vecindad e integración con los países limítrofes; durante la discusión se expusieron los problemas de pobreza, migración, abandono institucional, falta de infraestructura, inseguridad, narcotráfico, contrabando, presencia de grupos irregulares, desplazamiento de refugiados, deterioro de destacamentos militares y explotación de recursos naturales, así como la necesidad de establecer mecanismos efectivos de financiamiento, incentivos tributarios y productivos, protección ambiental y criterios claros para distribuir los recursos, aunque también se advirtió que la Asamblea no podía crear directamente nuevas asignaciones presupuestarias. El debate quedó suspendido sin votación para continuar recogiendo observaciones. Asimismo, se aprobó una resolución que exhortó al Ministerio de Defensa a cancelar los valores retroactivos adeudados por los años 2008 y 2009 a militares activos y pasivos de las jerarquías de mayor, capitán, suboficial mayor y suboficial primero, solicitó al Ministerio de Finanzas entregar los recursos correspondientes y demandó al ISSFA realizar los pagos inmediatamente; la aprobación se mantuvo luego de negarse su reconsideración. Intervinieron Gerónimo Yantalema, Tomás Zevallos, Vanesa Fajardo, Fernando Aguirre, Jimmy Pinoargote, Gerardo Morán, Francisco Ulloa, Segundo Bautista Vasco, Julio Robles, Luis Nacevilla, Virgilio Hernández, Zobeida Gudiño, Magali Orellana, Línder Altafuya, Fausto Cobo, Edwin Vaca, Nicolás Lapentti, Carlos Velasco, Leandro Cadena, Guido Vargas, Diana Atamaint, Vethowen Chica y César Gracia.

ACTA_140-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron tres solicitudes para modificar el orden del día y retomar inmediatamente la votación de la reforma a la normativa de la Función Legislativa; durante estas intervenciones se discutieron la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar el procedimiento de elaboración de las leyes, regular la consulta prelegislativa, definir las mayorías para levantar la inmunidad y destituir autoridades legislativas, eliminar la posibilidad de fiscalizar a alcaldes y prefectos y retirar la propuesta de crear una veeduría electoral, señalándose que debía elaborarse un texto adicional que recogiera los acuerdos alcanzados antes de someter la reforma a votación. Posteriormente, Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva fue posesionado como Defensor del Pueblo. En comisión general, la Fundación Brass Band del Ecuador realizó una presentación musical y recibió un reconocimiento por su trabajo social, cultural y educativo en favor de niñas, niños y jóvenes, destacándose la música como herramienta de formación, disciplina e integración social. A continuación, se aprobó el indulto de Blanca Marina Villegas Paredes, adulta mayor sentenciada a ocho años de prisión por la tenencia de una pequeña cantidad de marihuana y cocaína, tomando en consideración su avanzada edad, sus problemas de salud, su conducta ejemplar durante la reclusión, el tiempo cumplido de la condena y la falta de proporcionalidad entre la cantidad incautada y la sanción impuesta; en consecuencia, su pena fue reducida al tiempo ya cumplido y la reconsideración de esta decisión fue negada. Finalmente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados para reparar daños ocasionados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, proteger el patrimonio estatal y evitar que este mecanismo se convierta en un instrumento de persecución; durante la lectura del informe se explicó que la acción debía proceder después de que el Estado realizara el pago, garantizar el debido proceso, aplicarse a funcionarios de cualquier jerarquía y complementar las normas existentes sobre responsabilidad estatal, pero la sesión fue suspendida antes de concluir la lectura y sin realizarse el debate ni la votación. Intervinieron Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Ramiro Alfredo Rivadeneira, Linda Machuca, Jorge Pachacama, Gabriel Rivera, Mauro Andino, Fernando Cordero y Andrés Segovia; además, Gilmar Gutiérrez y Juan Fernández solicitaron la rectificación y reconsideración de determinadas votaciones.

ACTA_132-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de ley destinado a garantizar la igualdad, inclusión y defensa integral de las personas con discapacidad. Durante una comisión general, el vicepresidente Lenín Moreno presentó los avances alcanzados mediante las misiones Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara y destacó la necesidad de convertir estas políticas en garantías permanentes, orientadas a la inclusión social, educativa, laboral y cultural. El debate abordó la definición y calificación de la discapacidad y de las condiciones discapacitantes; la prevención, detección temprana, genética humana, atención médica, rehabilitación y entrega de medicamentos y ayudas técnicas; la eliminación de restricciones en seguros de vida y salud; el acceso inclusivo a la educación, becas, lenguaje de señas, sistema Braille y formación superior; la inserción laboral, los porcentajes de contratación, los permisos para tratamientos y la protección de familiares cuidadores; los créditos preferenciales, la vivienda, la seguridad social y la jubilación; la accesibilidad universal en edificios, transporte, espacios públicos, tecnologías, información y señalética; las tarifas preferenciales, exenciones tributarias y facilidades para importar vehículos y equipos; la creación de centros de acogida y de un organismo nacional encargado de formular políticas, proteger derechos, investigar infracciones y aplicar sanciones. Los legisladores coincidieron en la importancia de superar la discriminación y garantizar derechos efectivos, aunque plantearon fortalecer la prevención, precisar las competencias de las instituciones, incorporar a los gobiernos autónomos descentralizados, asegurar la participación ciudadana, proteger especialmente a mujeres, niños y adolescentes, apoyar el deporte y la recreación, ampliar la cobertura a ecuatorianos residentes en el exterior, regular los animales de asistencia, reforzar las sanciones y garantizar que los beneficios lleguen también a organizaciones sin fines de lucro. El debate quedó suspendido sin votación para que la comisión analizara e incorporara las observaciones antes de continuar el trámite. Intervinieron Lenín Moreno Garcés, María Cristina Kronfle, María Alejandra Vicuña, Fausto Cobo, Rocío Valarezo, Francisco Ulloa, Luis Morales, Celso Maldonado, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Juan Carlos López, Mary Verduga, Nívea Vélez, Irina Cabezas y Elvis Maldonado.

ACTA_131-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Jorge Escala para incorporar al orden del día una resolución que rechazara el anuncio de una posible amnistía para la agrupación denominada “Los Choneros” y exigiera garantías para quienes realizaban tareas de fiscalización. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de reforma sobre la gestión de la cuenca hidrográfica del río Paute y la reorganización de las entidades encargadas de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en varios cantones de Manabí y Esmeraldas. El debate se centró en adecuar las competencias institucionales, transformar el Consejo de Gestión de Aguas del Paute en un organismo adscrito a la Autoridad Única del Agua, transferir determinadas funciones, bienes y recursos, y entregar a los gobiernos municipales o a sus mancomunidades la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. También se analizaron la continuidad de los servicios durante la transición, la distribución de bienes y obligaciones, la estabilidad y evaluación de los servidores públicos, la participación de usuarios y organizaciones comunitarias, la consulta a pueblos y nacionalidades, la protección del derecho humano al agua y las diferencias existentes entre la realidad de la cuenca del Paute y la situación de las instituciones hídricas de Manabí. Mientras algunos legisladores respaldaron la propuesta por considerarla una medida de descentralización y ordenamiento institucional, otros advirtieron sobre una posible concentración de atribuciones en el Gobierno central, afectaciones laborales, insuficiente representación comunitaria y la necesidad de tramitar una normativa integral sobre los recursos hídricos. Tras incorporarse varias observaciones técnicas y disposiciones para garantizar la continuidad del servicio, el proyecto fue aprobado mediante rectificación y posteriormente se negó su reconsideración. Intervinieron Jorge Escala, Mauro Andino, Luis Almeida, María Soledad Vela, María Paula Romo, Pedro de la Cruz, Richard Guillén, Rocío Valarezo, Lídice Larrea, Gerónimo Yantalema, Fernando Aguirre, Ramiro Terán, Luis Morales, Mariángel Muñoz, Eduardo Encalada, Fernando Romo, Betty Amores, Marllely Vásconez y Paco Moncayo.

ACTA_130-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, destinado a garantizar atención preferente a los cantones y parroquias ubicados en las zonas limítrofes mediante políticas de desarrollo económico y social, inversión pública, servicios básicos, salud, educación, conectividad, transporte, seguridad, empleo local, protección ambiental, interculturalidad, participación ciudadana, integración binacional y construcción de una cultura de paz y buena vecindad; asimismo, se establecieron incentivos productivos, crediticios y tributarios, mecanismos de coordinación entre las instituciones estatales y los gobiernos locales, protección frente a actividades ilícitas y medidas especiales para las comunidades amazónicas, pueblos ancestrales, migrantes y refugiados. Posteriormente, se debatió la situación de los migrantes ecuatorianos afectados por las deudas hipotecarias en España, abordándose la sobrevaloración de viviendas, la falta de información al contratar créditos, los desalojos, la pérdida de los inmuebles, las deudas pendientes después de las subastas y la posible participación de entidades bancarias vinculadas con Ecuador; como resultado, se aprobó una resolución para ampliar las investigaciones individuales, esclarecer las posibles vulneraciones de derechos, fortalecer la asistencia jurídica a las familias afectadas y encargar a la comisión competente la presentación de un informe con recomendaciones. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó las circunstancias en las que fue detenido y asesinado Ernesto “Che” Guevara, exhortó a la comunidad internacional a respetar las libertades de pensamiento y opinión y reconoció la vigencia de su pensamiento revolucionario. Intervinieron Virgilio Hernández, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre, Luis Morales, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Andrés Páez, Fernando Flores, Silvia Salgado y Tomás Zevallos.

ACTA_146-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para solicitar la expedición urgente del reglamento que permitiera aplicar la normativa sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células; exigir medidas frente a la insuficiencia del transporte marítimo de carga hacia Galápagos, donde la reducción del número de embarcaciones autorizadas amenazaba el abastecimiento de alimentos, materiales y productos esenciales; y convocar a Tania Arias y Carlos Delgado para que explicaran el procedimiento aplicado en la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, aunque estos asuntos no llegaron a tratarse posteriormente. También se debatió y aprobó una resolución para solicitar la declaratoria del estado de excepción en Loja y otras provincias del sur afectadas por el invierno, debido a los fallecimientos, deslizamientos, fallas geológicas, destrucción de viviendas, vías, canales de riego y sistemas de agua potable; el texto definitivo incluyó a Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe, pidió recursos extraordinarios, estudios geológicos para prevenir futuros riesgos y la rehabilitación urgente de varias carreteras, y fue ratificado con noventa y dos votos afirmativos. A continuación, se realizó el primer debate de una reforma relacionada con la participación ciudadana, la revocatoria del mandato y las normas electorales, cuyo archivo fue recomendado porque sus propuestas ya habían sido incorporadas en una reforma anterior y porque no podían efectuarse cambios electorales dentro del período previo a las elecciones; la discusión se concentró en la interpretación de dicha prohibición, la validez de otras reformas electorales tramitadas recientemente, la actuación futura del Consejo Nacional Electoral y el riesgo de modificar el calendario o las reglas en beneficio de determinados sectores políticos, tras lo cual el proyecto fue archivado con noventa y seis votos afirmativos. Asimismo, se archivó la propuesta de reforma al régimen de soberanía alimentaria, al determinarse que sus planteamientos sobre el sistema de soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la conformación y atribuciones de la conferencia correspondiente y la tramitación de propuestas ya habían sido recogidos en una normativa anterior; esta decisión fue ratificada con ochenta y dos votos afirmativos. Posteriormente, se designó a Francisco Vergara Ortiz e Ivet Zapata Rodríguez como representantes de la Asamblea ante la comisión encargada de seleccionar a los integrantes de la primera Corte Constitucional, luego de que sus candidaturas fueran aprobadas en las respectivas rectificaciones. Finalmente, se inició el segundo debate de la reforma al sistema nacional de contratación pública, orientada a fortalecer la transparencia y el control, aclarar los regímenes especiales, sustituir al anterior instituto rector por el Servicio Nacional de Contratación Pública, facultarlo para emitir alertas y suspender procedimientos irregulares, exigir la publicación de información y documentos precontractuales, verificar la participación nacional y local, regular las ferias inclusivas, favorecer a pequeños productores y actores de la economía popular y solidaria, excluir ofertas sustentadas en información falsa y determinar responsabilidades en los estudios y contratos. Durante el debate se cuestionaron la posible duplicación de competencias con el Instituto de Contratación de Obras, la centralización de proyectos que podían ejecutar los gobiernos locales, los contratos complementarios, la falta de preferencia efectiva para proveedores de la localidad, los montos de ínfima cuantía aplicables en Galápagos y el alcance de las prohibiciones para contratar con familiares de autoridades; el tratamiento quedó suspendido sin votación. Intervinieron Leonardo Viteri, Ángel Vilema, José Picoita, Nivea Vélez, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Zobeida Gudiño, Mao Moreno, Stalin Subía, Mariángel Muñoz, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Línder Altafuya, Tito Nilton Mendoza, Dora Aguirre, Vicente Taiano, César Rodríguez, Marllely Vásconez, Fernando Flores, Luis Morales, Armando Aguilar, Irina Cabezas, Marco Murillo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Gina Godoy, Roberto Rodríguez, Eduardo Encalada, Ramiro Terán y Alfredo Ortiz.

ACTA_156-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la propuesta de incorporar al orden del día el análisis de la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado mayoritariamente dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible inclusión en la iniciativa Yasuní-ITT; posteriormente, se aprobó el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Argentina en materia de actividades espaciales, orientado al desarrollo tecnológico, la investigación científica, la teleobservación terrestre, el seguimiento de satélites, el intercambio de información, la capacitación técnica y la aplicación de tecnología espacial en la prevención de desastres, agricultura, salud, comunicaciones, cartografía, seguridad y protección ambiental. También se aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador y Uruguay, destinado al intercambio de conocimientos y experiencias militares, la formación y capacitación, el desarrollo científico y tecnológico, los ejercicios conjuntos, el control marítimo y la participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, debatiéndose sus alcances respecto de la soberanía, la responsabilidad civil, los gastos, la integración regional y la protección de los derechos humanos. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, con la comparecencia del defensor del Pueblo, abordándose los casos investigados por la Comisión de la Verdad, las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas; el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; la responsabilidad estatal, la imprescriptibilidad de estos delitos, la apertura de archivos, la investigación y sanción de los responsables, la protección de víctimas y testigos, las reparaciones materiales e inmateriales, la atención médica y psicológica, la restitución de derechos, la recuperación de restos, las disculpas públicas y la preservación de la memoria histórica, así como la necesidad de evitar que la ley sea utilizada con fines de persecución política o excluya a víctimas de otros periodos. Intervinieron María Paula Romo, Wladimir Vargas, Luis Morales, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Linda Machuca, Rolando Panchana, Eduardo Encalada, Ramiro Rivadeneira Silva, Mauro Andino, Luis Almeida, Silvia Salgado, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Línder Altafuya, Andrés Páez, Gabriel Rivera, Betty Carrillo, Galo Vaca, José Portugal, Juan Fernández, María Augusta Calle, Guido Vargas, Jorge Escala, Gina Godoy, Denny Cevallos, Raúl Abad y Julio César Ruiz.

ACTA_155-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje a la Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador por sus cincuenta años de labor en favor de las comunidades indígenas, campesinas y sectores históricamente excluidos, resaltando su aporte a la alfabetización, la educación a distancia, la comunicación comunitaria, la salud, la agricultura orgánica, la recuperación de cultivos andinos y la democratización de la palabra, por lo que recibió una condecoración al mérito educativo, cultural y social. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud, con la participación de representantes de organizaciones juveniles, quienes solicitaron una normativa que no se limite a declarar derechos, sino que establezca oportunidades y mecanismos efectivos en materia de educación, salud, empleo, primer trabajo, pasantías remuneradas, seguridad social, emprendimiento, vivienda, cultura, recreación, libertad de asociación, uso del espacio público y participación política; también se analizaron el rango de edad aplicable, el reconocimiento de la diversidad de las juventudes, la prevención de su criminalización, la institucionalidad encargada de ejecutar las políticas públicas, la representación juvenil en los organismos de decisión, la articulación con los gobiernos locales, el financiamiento de programas, la necesidad de evitar estructuras burocráticas y la creación de mecanismos de exigibilidad y control. Asimismo, se aprobó una resolución para solicitar atención urgente frente al fuerte temporal invernal en la provincia del Azuay, abordándose los riesgos de deslizamientos, inundaciones, aislamiento vial y posibles afectaciones a poblaciones e infraestructura hidroeléctrica, así como la necesidad de ejecutar obras preventivas, estudios técnicos, atención a los damnificados y coordinación entre las instituciones estatales. Intervinieron Eduardo Encalada, Mauro Andino, Juan Pérez, Darío Masaquiza, Camila Martínez, Jorge Almeida, César Rodríguez, Ember Horna, Johana Rojas, Paco Moncayo, Luis Morales, María Soledad Vela, Vicente Taiano, María Alejandra Vicuña, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, María Augusta Calle, Fernando Aguirre, Mariángel Muñoz, Jaime Abril, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Mary Verduga, Kléver García, Silvia Salgado, Jorge Escala, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel y Marco Murillo

ACTA_149-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el primer debate de la reforma destinada a garantizar y hacer efectivos los derechos de las personas adultas mayores, luego de recibir en comisión general a representantes de los jubilados, quienes denunciaron el abandono institucional, las dificultades para obtener atención médica y hacer respetar sus beneficios, y solicitaron la creación de una entidad claramente responsable de planificar, ejecutar y vigilar las políticas públicas de este sector. Durante el debate se planteó reemplazar la visión asistencialista y paternalista por un enfoque integral de derechos, dignidad, autonomía, participación y aprovechamiento de la experiencia y los conocimientos de las personas mayores; garantizar atención prioritaria, gratuita y especializada en salud, servicios geriátricos y gerontológicos, medicamentos, seguridad social y jubilación universal; facilitar el acceso a vivienda, trabajo remunerado según sus capacidades, alimentación, transporte, exenciones tributarias y notariales, actividades culturales y espacios de integración; prevenir la violencia, el abandono, la discriminación y la explotación laboral; y establecer sanciones efectivas para las instituciones y autoridades que incumplieran sus obligaciones. También se discutió si debía crearse un organismo autónomo exclusivo para las personas adultas mayores o utilizar los Consejos de Igualdad y mantener al Ministerio de Inclusión Económica y Social como rector de las políticas, así como la necesidad de asegurar presupuesto, participación de organizaciones sociales, fundaciones y entidades privadas, mecanismos administrativos y judiciales para restituir derechos y alternativas de atención domiciliaria o comunitaria que evitaran el aislamiento innecesario en asilos. Se propuso diferenciar los servicios según el nivel de dependencia de cada persona, extender la atención a sectores rurales y garantizar políticas interculturales y plurinacionales para que los adultos mayores de pueblos y nacionalidades permanecieran en sus comunidades y transmitieran sus saberes a las nuevas generaciones. Asimismo, se abordaron los reclamos de docentes y otros servidores jubilados que afirmaban haber recibido compensaciones inferiores a las correspondientes, el incumplimiento de sentencias favorables y la necesidad de reliquidar indemnizaciones y devolver aportes; varios legisladores sostuvieron que la propuesta debía transformarse en una nueva ley integral, en lugar de limitarse a reformas parciales, por lo que el debate concluyó sin votación y las observaciones quedaron para el análisis de la comisión. Intervinieron Édison Lima, Teresa Villavicencio, Jorge Escala, Luis Morales, Silvia Salgado, Edwin Vaca, Mauro Andino, Lourdes Tibán, Nívea Vélez, Fernando Bustamante, Kléver García, Guillermina Cruz, Mercedes Diminich, Marisol Peñafiel, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre y María Augusta Calle.

ACTA_160-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger y garantizar la igualdad de derechos de los ecuatorianos residentes en el exterior y de sus familias, abordándose la asistencia jurídica y consular, la protección frente a la discriminación, la xenofobia y los abusos laborales, la repatriación de personas privadas de libertad y de restos mortales, la reunificación familiar, la seguridad social, la educación a distancia, el acceso a vivienda, crédito y empleo, la reducción de los costos de envío de remesas y el acompañamiento a quienes retornan voluntaria o forzosamente al país. También se analizó la necesidad de precisar las instituciones responsables y establecer mecanismos de rendición de cuentas, limitar el grado de parentesco de los familiares beneficiarios, evitar privilegios o discriminación frente a quienes residen en el Ecuador, garantizar el financiamiento de las medidas propuestas y armonizar la normativa con las disposiciones sobre educación, tránsito, gasto público y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; asimismo, varios participantes propusieron ampliar el proyecto hacia una ley integral de movilidad humana que incluyera migración, retorno, refugio, asilo y ciudadanía universal. Patricia Jaramillo Vítore expuso el caso de su hija Karina Chávez, quien sufrió un grave accidente laboral en Suiza y permanecía sin indemnización ni patrocinio jurídico adecuado, como ejemplo de la desprotección que enfrentan algunos migrantes. Posteriormente, se inició el segundo debate de la propuesta para depurar la normativa relacionada con casinos, salas de juego y negocios de azar, en cumplimiento de la decisión popular que dispuso su prohibición; se analizaron la eliminación de estas actividades de la legislación turística, la derogación de la antigua normativa sobre juegos de azar, las indemnizaciones de los trabajadores afectados y la necesidad de sancionar a quienes mantuvieran o reabrieran estos establecimientos, pero la sesión fue suspendida antes de concluir el tratamiento. Intervinieron Washington Cruz, Patricia Jaramillo Vítore, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Fernando Flores, Blanca Ortiz, Ramiro Terán, Luis Almeida, Xavier Tomalá, Juan Carlos López, Fernando Bustamante, Luis Morales, María Augusta Calle, Sonia Mejía, Silvia Salgado, Washington Quiñonez, Mauro Andino y Scheznarda Fernández.

ACTA_155-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud, en el que se cuestionó que la propuesta repitiera derechos ya reconocidos constitucionalmente sin establecer políticas públicas, procedimientos, responsabilidades ni mecanismos efectivos para su cumplimiento; se analizaron la definición del rango de edad de la juventud, la necesidad de diferenciar a jóvenes y adolescentes, la simplificación de la institucionalidad propuesta, la determinación de una entidad rectora y la participación de los gobiernos autónomos descentralizados y de las organizaciones juveniles. También se plantearon medidas concretas para garantizar el acceso a la educación media y superior, el primer empleo, las pasantías remuneradas, la seguridad social, la vivienda y las residencias estudiantiles, el emprendimiento y el crédito, la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia, el alcoholismo y la drogadicción, la alimentación saludable, la libertad de expresión, asociación, protesta y participación política, la protección frente a la criminalización y la explotación laboral, el reconocimiento de la justicia indígena, la inclusión de jóvenes migrantes y el respeto a la diversidad cultural, territorial, étnica y sexual. Posteriormente, se inició el primer debate del proyecto de Ley Notarial, abordándose la modernización y organización del servicio notarial, su carácter público, la selección y control de los notarios, la fijación de tarifas, el uso de medios tecnológicos, la conservación de archivos, la seguridad jurídica de los actos y contratos, las atribuciones notariales y la necesidad de evitar duplicidad de trámites, discrecionalidad y prácticas que afecten a los usuarios. Intervinieron Rosana Alvarado, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Fernando González, Marllely Vásconez, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Xavier Tomalá, Mao Moreno, Rolando Panchana, Mariángel Muñoz, Eduardo Encalada, Lourdes Tibán, Blanca Ortiz, Jorge Escala, Edwin Vaca, Mauro Andino, Fausto Cobo y María Paula Romo.

ACTA_154-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentó el informe sobre el proceso de registro y acreditación relacionado con el reconocimiento de héroes y heroínas nacionales, explicándose las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la elaboración de los listados por parte del Ministerio de Defensa, la conformación de la comisión verificadora y las dificultades surgidas por la inclusión y exclusión de participantes en los conflictos armados. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una propuesta reformatoria, en el que se discutió la diferencia entre héroes y excombatientes, señalándose que el heroísmo exige un acto individual, extraordinario y superior al cumplimiento del deber, mientras que la participación en una guerra constituye un esfuerzo colectivo que merece reconocimiento y beneficios propios; también se cuestionaron la confiabilidad de los listados, la utilización de los partes de guerra, los encomios y condecoraciones como criterios de calificación, la posible discriminación de conscriptos, reservistas, civiles y miembros de comunidades indígenas, el incremento del gasto público y la necesidad de revisar tanto la ley como su reglamento. Ante las discrepancias entre archivar la propuesta o corregirla, se retiró la moción de archivo y el proyecto regresó a la comisión para profundizar su análisis. Asimismo, se inició el primer debate del proyecto destinado a garantizar la repatriación de los restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior, abordándose el derecho de las familias migrantes a recibir apoyo estatal, los procedimientos y estudios socioeconómicos aplicados para determinar la vulnerabilidad, los costos de traslado desde América y Europa, la coordinación entre las instituciones diplomáticas y migratorias, la cobertura de gastos funerarios y ayudas para los familiares, así como la conveniencia de expedir una ley o mantener el procedimiento administrativo vigente, considerando que la propuesta podía incrementar el gasto público. Intervinieron Marcela Miranda, Luis Almeida, Fausto Cobo, Paco Moncayo, María Paula Romo, Cléver Jiménez, Edwin Vaca, Kléver García, Vethowen Chica, Jorge Escala, Eduardo Zambrano, Fernando Vélez, Nívea Vélez, Betty Carrillo y Francisco Ulloa.

ACTA_148-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el segundo debate y se aprobó la interpretación de la normativa de servicio público aplicable al personal de la Función Legislativa, con el propósito de eliminar la existencia de dos regímenes laborales distintos dentro de la Asamblea y garantizar su independencia administrativa frente a la Función Ejecutiva. El texto estableció que las y los asambleístas y todos los servidores legislativos, tanto de nombramiento como de contrato, debían regirse por la normativa propia de la Función Legislativa y por los reglamentos y resoluciones expedidos por su órgano de administración, aunque las remuneraciones no podrían superar los límites máximos fijados para el sector público. Quienes respaldaron la propuesta señalaron que permitiría fortalecer la autonomía administrativa y financiera de la Asamblea, unificar las reglas para la gestión del personal y solucionar los problemas surgidos desde la entrada en vigencia de la normativa general de servicio público; también se destacó que la iniciativa había nacido de un acuerdo multipartidista. Por otra parte, se cuestionaron los errores existentes en dicha normativa, la excesiva intervención del Ministerio de Relaciones Laborales sobre instituciones autónomas y gobiernos descentralizados y la conveniencia de realizar una revisión integral, en lugar de aplicar únicamente reformas parciales. El proyecto fue aprobado inicialmente con ciento tres votos afirmativos y, en la rectificación, con ciento cinco votos afirmativos y tres abstenciones; la reconsideración fue negada, por lo que la decisión quedó firme. Debido a problemas técnicos en el sistema electrónico de votación, se suspendió la sesión y no se inició el primer debate del proyecto relacionado con la actividad estadística; antes de la suspensión se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Nicolás Lapentti. Intervinieron Mauro Andino, Fausto Cobo, Andrés Roche, Rolando Panchana y Nicolás Lapentti

ACTA_152-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión concluyó el primer debate del proyecto orientado a proteger ambientalmente el ecosistema manglar, destacándose su importancia para la biodiversidad, la reproducción de peces, moluscos y crustáceos, la protección de las costas frente a la erosión y fenómenos naturales, la soberanía alimentaria y el sustento económico y cultural de las comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y pescadoras. Se analizó la reducción histórica de las áreas de manglar, atribuida principalmente a la expansión camaronera, las ocupaciones irregulares y la falta de control estatal, así como la necesidad de detener nuevas talas, recuperar y reforestar las zonas degradadas, revertir al Estado las concesiones u ocupaciones ilegales y garantizar la participación de las comunidades en su conservación. También se discutió la eliminación de disposiciones relativas a las zonas de transición y amortiguamiento, los derechos de la naturaleza, las competencias del Ministerio del Ambiente y de los gobiernos autónomos descentralizados, las responsabilidades civiles, administrativas y penales por daños ambientales, la investigación científica y la educación ambiental. Paralelamente, se resaltó la importancia económica y laboral de la actividad camaronera, especialmente para pequeños y medianos productores, por lo que se propuso evitar una confrontación entre protección ambiental y producción, establecer reglas claras, sanciones proporcionales, procesos de regularización y un equilibrio entre la conservación del manglar y una acuacultura sustentable. Intervinieron María Molina, Stalin Subía, Susana González, Pedro de la Cruz, Leonardo Viteri, César Montúfar, Rolando Panchana y Línder Altafuya.

ACTA_180-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Leonardo Viteri solicitó incorporar una resolución para rechazar lo que consideraba una intromisión de la Corte Constitucional en las atribuciones de la Asamblea respecto de la autorización para iniciar un proceso penal contra un legislador, pero la propuesta y su rectificación fueron negadas. Posteriormente se realizó el segundo debate de la reforma a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, en el que se discutió la diferencia entre el heroísmo —entendido como un acto individual, excepcional y superior al cumplimiento del deber— y la condición de excombatiente, así como la necesidad de reconocer sin exclusiones a quienes participaron efectivamente en los conflictos de 1981 y 1995, corregir las listas y procesos de acreditación anteriores y evitar que fueran beneficiadas personas que no realizaron actos extraordinarios; la reforma estableció para los excombatientes en servicio pasivo beneficios como becas, puntaje adicional en concursos públicos, capacitación e inserción laboral, atención preferente en salud, acceso a créditos, descuentos en servicios y transporte, apoyo a emprendimientos, uso de insignias y bonificaciones económicas, extendiendo determinados derechos a quienes sufrieron lesiones durante el levantamiento de campos minados y a los familiares de quienes fallecieron en esas labores. También se dispuso que únicamente accedieran a los beneficios quienes fueran acreditados conforme a la ley y se dejó sin efecto el proceso de acreditación anterior; el proyecto fue aprobado con noventa y siete votos afirmativos y su reconsideración fue negada. Finalmente se debatió la aprobación del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, destinado a permitir acciones diplomáticas y otras medidas regionales frente a amenazas o rupturas del orden democrático; se analizaron la integración latinoamericana, la defensa de la democracia y los derechos humanos, los acontecimientos de Bolivia, Ecuador y Paraguay, los límites de la soberanía estatal, el riesgo del fortalecimiento excesivo de los poderes ejecutivos y las posibles consecuencias económicas y sociales de sanciones como el cierre de fronteras, la suspensión del comercio, las comunicaciones, la energía y los suministros, quedando pendiente su aprobación porque la sesión fue suspendida antes de la votación. Intervinieron Leonardo Viteri, Emilio González Ortega, José Jumbo, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Edwin Vaca, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, Luis Almeida, Gioconda Saltos, Linda Machuca, César Rodríguez, Armando Aguilar, Marco Murillo, Luis Morales, Henry Cuji, Guido Vargas, Hólger Chávez, Consuelo Flores, Diana Atamaint, María Soledad Vela, Francisco Cisneros, Francisco Ulloa, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Eduardo Zambrano, Betty Carrillo y Francisco Velasco.

ACTA_176-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, calificado como urgente en materia económica, que buscaba garantizar las prestaciones de seguridad social frente a la mora patronal, fortalecer los procedimientos coactivos para cobrar obligaciones incluso cuando se hubieran utilizado empresas o terceros para ocultar bienes, disponer que el Servicio de Rentas Internas informara sobre mayores utilidades para asegurar la participación correspondiente a los trabajadores, equiparar la jornada y los días de descanso de quienes prestan servicios domésticos, ampliar los derechos de lactancia y guardería y, de manera excepcional, permitir que el Estado pagara las indemnizaciones pendientes a los extrabajadores de casinos y salas de juego, subrogándose posteriormente en sus derechos para recuperar esos recursos de los antiguos empleadores. Aunque existió consenso sobre la necesidad de proteger a las madres trabajadoras, las empleadas domésticas, los afiliados al IESS y las familias afectadas por el cierre de los casinos, se cuestionaron la constitucionalidad y el carácter económico urgente del proyecto, la inclusión de varias materias en una sola ley, la posible utilización de fondos públicos para cubrir obligaciones privadas, la responsabilidad de las autoridades que no cobraron oportunamente las deudas, la afectación al debido proceso, la propiedad de terceros, los herederos, la seguridad jurídica, el régimen societario y la economía popular y solidaria; por ello, se propuso establecer procedimientos judiciales previos, aplicar el derecho de repetición contra los funcionarios responsables, excluir disposiciones consideradas excesivas y mejorar el texto antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Richard Guillén, Xavier Tomalá, Vicente Taiano, Ramiro Terán, Salomón Fadúl, Andrés Páez, Andrés Roche, César Rodríguez, Diana Atamaint, María Paula Romo, Enrique Herrería, Galo Vaca, Lourdes Tibán, Christian Viteri, Nívea Vélez, Eduardo Encalada, Luis Morales, Pedro de la Cruz, María Molina, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Fernando González, Francisco Cisneros, Jorge Escala y Marco Murillo; finalmente, el primer debate fue cerrado y la sesión fue clausurada.

ACTA_174-F-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, centrado principalmente en el régimen de ejecución de penas y rehabilitación social. En comisión general, Irene Pesántez y Anunzziata Valdez defendieron la permanencia y el fortalecimiento de la Ley 103, las comisarías especializadas, las boletas de auxilio y las medidas inmediatas de protección, al considerar que trasladar todas las denuncias de violencia intrafamiliar a la Fiscalía podría retrasar la atención, aumentar la carga procesal y revictimizar a las mujeres; además, reconocieron como avances la tipificación de la violencia intrafamiliar y del femicidio. Carlos Garcés Velásquez y Cristina Franco se pronunciaron en contra de la despenalización del aborto, incluso cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación, y expusieron argumentos relacionados con la protección de la vida desde la concepción y las consecuencias psicológicas que, según sus intervenciones, puede producir esta práctica. Posteriormente se discutió la transformación del sistema penitenciario, la protección de los derechos y la dignidad de las personas privadas de libertad, la creación de jueces de garantías penitenciarias, la separación entre procesados y sentenciados, la clasificación de los centros según los niveles de seguridad y la aplicación de regímenes cerrados, semicerrados y abiertos; también se plantearon programas obligatorios de educación, trabajo, cultura, deporte, salud y fortalecimiento familiar, capacitación de los guías penitenciarios, incorporación de personal especializado, asignación de recursos públicos, afiliación a la seguridad social, acceso a estudios superiores, créditos para proyectos productivos después de cumplir la condena y construcción o remodelación de establecimientos que garanticen condiciones adecuadas de salud, alimentación, recreación y reinserción social. Asimismo, se presentaron observaciones sobre la persecución del peculado sin depender exclusivamente de informes previos de la Contraloría, el endurecimiento de las sanciones contra la usura, la necesidad de diferenciar a los consumidores y personas con dependencia de drogas de quienes cometen delitos, la atención prioritaria y expedita de la violencia contra la mujer, la falta de infraestructura penitenciaria, el trabajo productivo dentro de los centros, la protección y reparación integral de las víctimas, la regulación de la tala de árboles para no criminalizar a agricultores y campesinos, y las posiciones contrarias al aborto no punible en casos de violación. Intervinieron Irene Pesántez, Anunzziata Valdez, Carlos Garcés Velásquez, Cristina Franco, Gastón Gagliardo, Paco Fierro, Rosa Ponce, Gina Godoy, Rosana Alvarado, Luis Morales, Mariángel Muñoz, Margarita Carranco, Mao Moreno, Henry Cuji y Marllely Vásconez; finalmente, la sesión fue suspendida ante la posibilidad de perder el quórum, cuando todavía quedaban siete intervenciones pendientes, por lo que el debate debía continuar en una nueva convocatoria.

ACTA_174-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, específicamente sobre sus normas rectoras y el régimen de infracciones, analizando la necesidad de modernizar y unificar la legislación penal, mantener el equilibrio entre la seguridad ciudadana y las garantías constitucionales, establecer penas proporcionales, evitar la criminalización de la protesta social y mejorar el tratamiento de delitos como corrupción, cohecho, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, mala práctica profesional, terrorismo, delitos cometidos por adolescentes, falta de afiliación y retención de aportes a la seguridad social, femicidio, violencia intrafamiliar, aborto en casos de violación, tenencia y consumo de drogas y reparación a las víctimas. En comisión general, Nidia Solís, Sandra Peñaherrera y Dalila Cárdenas solicitaron conservar las medidas inmediatas de protección previstas para las mujeres víctimas de violencia y corregir los vacíos que podrían dejarlas en indefensión; Tatiana Ortiz defendió la tipificación autónoma del femicidio, mientras Virginia Gómez de la Torre apoyó la despenalización del aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación. Posteriormente, Sonia Crespo y Javier Aguirre se pronunciaron en defensa de la vida desde la concepción y en contra de ampliar los casos de aborto no punible; Verónica Vera expuso las consecuencias de los abortos clandestinos y defendió que las mujeres no fueran criminalizadas, mientras Gabriel Buitrón abordó la política de drogas, el tratamiento de la marihuana y la necesidad de establecer cantidades mínimas para diferenciar el consumo del tráfico. En el debate legislativo intervinieron Vicente Taiano, Mauro Andino, María Paula Romo, Cristian Viteri, Silvia Salgado, Línder Altafuya, Linda Machuca, Galo Vaca, Paola Pabón, Betty Amores, Abdalá Bucaram, Mariángel Muñoz, Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Rodríguez, Jorge Escala, María Augusta Calle, Paco Fierro, Juan Carlos Cassinelli, Alfredo Ortiz, Marisol Peñafiel, César Montúfar, María del Pilar Almeida y Luis Morales, quienes presentaron observaciones sobre la proporcionalidad y acumulación de las penas, la independencia de la justicia, los derechos de las víctimas, la eficacia del sistema penal y los riesgos de utilizar sus disposiciones para perseguir a opositores, dirigentes sociales o manifestantes. Finalmente, la sesión fue suspendida y se dispuso que el debate continuara al día siguiente.

ACTA_174-C-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, concluyendo el análisis de las normas rectoras y las infracciones e iniciando el estudio del procedimiento penal. Se discutieron la tipificación del femicidio, la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, los delitos sexuales, la trata y explotación de personas, así como la necesidad de mantener medidas inmediatas de protección y establecer procedimientos especiales, rápidos y gratuitos para las víctimas de violencia intrafamiliar; también se analizaron la proporcionalidad de las penas, el enriquecimiento injustificado, la corrupción, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la mala práctica profesional, la falsificación de firmas, el secuestro, el sicariato, la libertad de expresión, las injurias, el derecho a la resistencia y el riesgo de criminalizar las huelgas, movilizaciones y protestas sociales. Asimismo, se debatieron ampliamente el aborto en casos de violación y la política sobre drogas, enfrentándose posiciones relacionadas con el derecho de las mujeres a decidir, la protección de la vida desde la concepción, el tratamiento de las adicciones como un problema de salud pública, la diferenciación entre consumidores, pequeños vendedores y grandes narcotraficantes, y las cantidades permitidas para el consumo personal. Amanda Paredes pidió que no se criminalizara a las mujeres y que se despenalizara el aborto cuando el embarazo fuera producto de una violación, mientras José Villamarín intentó exponer la posición de las organizaciones defensoras del cáñamo, pero su intervención fue suspendida debido a expresiones consideradas irrespetuosas hacia el Pleno. Al iniciar el análisis del procedimiento penal se abordaron la caducidad de la prisión preventiva, la reincidencia y acumulación de penas, las reglas para conceder fianzas, las medidas cautelares, la protección y representación de las víctimas, las atribuciones de la Fiscalía y la Defensoría Pública, los fueros, el uso de grabaciones como prueba, las operaciones encubiertas, la creación de juzgados nacionales para delitos graves, la jurisdicción indígena y los procedimientos aplicables a las infracciones de tránsito. Intervinieron Marisol Peñafiel, María Paula Romo, Jimmy Pinoargote, Cynthia Viteri, Leonardo Viteri, César Rodríguez, Lourdes Tibán, Mauro Andino, Andrés Páez, Vicente Taiano, Luis Almeida, María Augusta Calle, Susana González, Amanda Paredes, José Villamarín, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Xavier Tomalá, Richard Guillén, César Gracia y Consuelo Flores; finalmente, la sesión fue suspendida para que los legisladores dispusieran de más tiempo para preparar sus intervenciones sobre el procedimiento penal, quedando pendiente la continuación del debate.

ACTA_173-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades, centrado en garantizar una protección integral y efectiva mediante políticas de prevención, detección temprana, atención médica, habilitación y rehabilitación; inclusión educativa con infraestructura accesible, materiales en braille, lengua de señas y equipos multidisciplinarios; inserción, estabilidad y protección laboral; afiliación, pensiones y jubilación especial dentro de la seguridad social; accesibilidad al transporte, espacios públicos, comunicación e información; tarifas preferenciales, exenciones tributarias, créditos para emprendimientos, protección social y apoyo a las familias y personas cuidadoras; además, se discutieron mecanismos administrativos para reclamar vulneraciones de derechos, sanciones por incumplimiento, participación de las personas con discapacidad en los organismos de decisión y reformas para eliminar expresiones discriminatorias de la legislación y reconocer la capacidad de comunicación de las personas sordas mediante la lengua de señas. Intervinieron Emilia Jaramillo, Fernando Vélez, Francisco Cisneros, Betty Amores, Pamela Falconí, Nívea Vélez, Bolívar Subía, Lourdes Tibán, Fernando Bustamante, Eduardo Encalada, César Gracia, Vanessa Fajardo, María Romo, Dora Aguirre, Kléver García, Gastón Gagliardo, Wladimir Vargas, Fausto Cobo, Soledad Vela, Ramiro Terán, Paola Pabón, Susana González, Luis Almeida, Mauro Andino, Zobeida Gudiño, Jimmy Pinoargote, Luis Morales, Betty Carrillo, Hugo Quevedo, Marco Murillo, Hólger Chávez, Consuelo Flores, Fernando Flores, Magali Orellana, Juan Fernández y María Kronfle. Finalmente, el proyecto, con los cambios y observaciones aceptados por la ponente, fue aprobado por unanimidad con noventa y cuatro votos afirmativos, y posteriormente se negaron tanto su reconsideración como la rectificación solicitada.

ACTA_162-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, destacándose su participación histórica en la independencia y en la construcción económica, social y cultural del país, así como la trayectoria de figuras representativas y la importancia de preservar expresiones como la música, la danza, la medicina ancestral, la etnoeducación y las tradiciones comunitarias. Se analizaron el racismo, la discriminación y la exclusión histórica que afectan a esta población, reflejados en mayores niveles de pobreza, desempleo, analfabetismo, falta de vivienda, limitado acceso a la educación superior, servicios básicos, salud, tierra, empleo público y espacios de decisión; por ello se propusieron acciones afirmativas, asignación de recursos, recuperación de territorios ancestrales, acceso equitativo al trabajo y la educación, mecanismos de prevención, protección, reparación y sanción frente a actos racistas, así como una institucionalidad clara encargada de ejecutar y vigilar las políticas públicas. También se debatió si debía aprobarse una ley específica para el pueblo afroecuatoriano o unificarse con la normativa sobre derechos colectivos de indígenas y montubios, señalándose la necesidad de evitar duplicidades sin invisibilizar las particularidades de cada pueblo; además, se formularon observaciones sobre la organización territorial, la consulta y el consentimiento previo, la presencia militar en territorios y zonas fronterizas, la defensa de la soberanía y la coherencia constitucional del texto. De manera adicional, se expresó preocupación por la situación de estudiantes ecuatorianos becados en Brasil, se cuestionó una publicación sobre el cumplimiento de la rendición de cuentas de los legisladores y se aclararon aspectos históricos relacionados con la participación de Abdón Calderón en la Batalla de Pichincha. Intervinieron Luis Morales, Carlos Velasco, Edwin Vaca, Silvia Salgado, Fausto Cobo, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Guillermina Cruz, Luis Almeida, Marisol Peñafiel, Elvia Quintana, Wladimir Vargas, Susana González, María Pilar Almeida, María Augusta Calle, Juan Carlos López, Francisco Velasco, Margarita Carranco y Jorge Escala.

ACTA_171-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa de educación superior, centrado principalmente en determinar el régimen jurídico, académico y administrativo aplicable a los conservatorios de música y artes. Se discutió si todos los conservatorios debían integrarse al sistema de educación superior o si correspondía diferenciar la formación musical inicial, básica y de bachillerato, dirigida a niñas, niños y adolescentes, de las carreras profesionales de tercer nivel; asimismo, se analizaron los requisitos de ingreso, la evaluación y acreditación institucional, la continuidad de la enseñanza artística desde edades tempranas, las titulaciones de músicos y artistas, las competencias del Ministerio de Educación y de los organismos de educación superior, la designación y preparación de las autoridades, el financiamiento, las remuneraciones y el posible pluriempleo de docentes que también integraban orquestas y bandas sinfónicas. También se advirtió que incorporar íntegramente los conservatorios al nivel superior podría excluir a estudiantes menores de edad, exigirles requisitos universitarios y provocar el cierre de instituciones que no contaban con infraestructura ni docentes con las titulaciones requeridas, mientras otros participantes sostuvieron que la normativa vigente contradecía el reconocimiento constitucional de los conservatorios como parte de la educación superior y generaba una división institucional perjudicial. De manera complementaria, se plantearon reformas relacionadas con los institutos técnicos y tecnológicos, la homologación y continuidad de estudios, la creación de instituciones y extensiones universitarias en la Amazonía y Galápagos, la situación de estudiantes y trabajadores afectados por el cierre de universidades, el acceso limitado a cupos, la autonomía universitaria, los aranceles diferenciados y la necesidad de efectuar una reforma integral, en lugar de modificaciones aisladas. Intervinieron Raúl Escobar Guevara, Gioconda Saltos, Gastón Gagliardo, María Augusta Calle, Guido Vargas, Juan Fernández, Xavier Tomalá, Alfredo Ortiz, Jorge Escala, Mao Moreno, Nívea Vélez, Soledad Vela, Marco Murillo, Raúl Abad, María Paula Romo, Armando Aguilar, Luis Morales y Betty Carrillo.

ACTA_170-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentó el texto final del proyecto destinado a establecer mecanismos claros para fijar los límites territoriales internos y resolver las controversias existentes entre regiones, provincias, cantones y parroquias, luego de incorporar observaciones formuladas durante los debates anteriores. Se explicó que la propuesta eliminó la fijación directa de límites planteada originalmente y, en su lugar, creó procedimientos amistosos e institucionales, como la negociación directa, la mediación territorial, el arbitraje, la resolución institucional y la consulta popular, con participación de los gobiernos autónomos descentralizados, las poblaciones involucradas y las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. También se establecieron principios de unidad, continuidad, integración, diversidad, fundamentación técnica y jurídica, participación ciudadana y buena fe; se reconocieron los límites que no mantenían controversias; se definieron las competencias de los distintos niveles de gobierno y del Ejecutivo; y se creó el Comité Nacional de Límites Internos para reemplazar a la institución anterior, brindar asistencia técnica, mantener actualizada la información territorial y apoyar la solución de los conflictos. Asimismo, se fijaron plazos para que los gobiernos locales resolvieran las controversias, se dispuso verificar la legalidad de las nuevas circunscripciones creadas, se garantizó la atención de las necesidades básicas en las zonas en disputa sin que ello generara derechos territoriales, se prohibió publicar cartografía que presentara como definitivos los límites no resueltos y se establecieron incentivos para las poblaciones que alcanzaran acuerdos amistosos. Finalmente, el proyecto fue aprobado inicialmente con sesenta y nueve votos afirmativos y, tras la rectificación, quedó ratificado con setenta votos favorables, un voto negativo, un voto en blanco y treinta y ocho abstenciones. Intervino Virgilio Hernández.