ACTA_152-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se planteó, aunque no prosperó, incorporar el tratamiento de la situación de los servidores públicos desvinculados mediante la compra obligatoria de renuncias; se aprobó declarar héroe nacional al coronel Luis Vargas Torres, destacando su contribución a la Revolución Liberal, la defensa de las libertades, el laicismo, la democracia y su legado para la historia nacional; y se debatió la suspensión y revisión del proceso de acreditación de héroes y heroínas nacionales vinculados con los conflictos armados, ante denuncias sobre la inclusión de personas que no habrían participado directamente y la exclusión de militares, reservistas y civiles que sí intervinieron, analizándose los criterios para diferenciar a héroes, combatientes y personal que cumplió otras funciones, la transparencia de los listados y la necesidad de revisar la normativa. También se resolvió negar la autorización para iniciar una causa penal contra Enrique Herrería, al considerar que sus actuaciones estaban relacionadas con el ejercicio de la fiscalización legislativa, y se discutieron los alcances de la inmunidad parlamentaria, la libertad de expresión, la responsabilidad por las declaraciones y la prohibición de confundir inmunidad con impunidad. Asimismo, se desarrolló el primer debate de la reforma relacionada con la erradicación de la fiebre aftosa, abordando la sustitución de la comisión existente por una estructura de sanidad agropecuaria, las campañas de vacunación, el control y registro del ganado, la colocación de aretes, la participación de productores, la asignación de recursos, la situación laboral de los trabajadores y la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y mejorar la producción ganadera; finalmente, se inició el primer debate sobre la protección ambiental del ecosistema manglar, con exposiciones acerca de su conservación y restauración, los derechos de las comunidades ancestrales, la actividad camaronera, la productividad acuícola, la contaminación, la reducción de especies, las afectaciones económicas y sociales a concheros y cangrejeros, y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y las actividades productivas. Intervinieron Lourdes Tibán, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, María Paula Romo, Denny Cevallos, César Gracia, Mary Verduga, Vicente Taiano, Enrique Herrería, Paola Pabón, Luis Morales, Elvis Maldonado, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Germán Páez, Kléver García, Linda Machuca, Fernando Aguirre, Paco Fierro, Rolando Panchana, Vethowen Chica, Irina Cabezas, María Molina, Betty Carrillo, Mercedes Diminich, Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, Stalin Subía, José Antonio Camposano y María Dolores Vera.

ACTA_151-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron los resultados de una encuesta nacional sobre la violencia de género contra las mujeres, en la que se evidenció la elevada incidencia de agresiones psicológicas, físicas, patrimoniales y sexuales, principalmente dentro del entorno familiar y por parte de la pareja, así como su presencia en todos los niveles educativos, económicos, territoriales y grupos sociales; se destacó la necesidad de tratar este fenómeno como un problema de seguridad ciudadana, salud pública, igualdad y transformación cultural, mediante leyes, políticas públicas, fiscalización institucional y acciones contra el machismo y la discriminación. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de la Contraloría General del Estado, centrado en la eliminación de la asignación presupuestaria proveniente de los ingresos de las instituciones sujetas a control, por considerarse contraria al régimen constitucional de preasignaciones; la protección de la autonomía e independencia del organismo de control; la desconcentración de sus funciones; la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales; la publicidad y valor probatorio de los informes de auditoría; los plazos de los procedimientos y recursos; y la posibilidad de que la Fiscalía investigue y adopte medidas cautelares en casos de presuntos delitos contra la administración pública sin depender exclusivamente de un informe previo de la Contraloría, con el propósito de fortalecer la lucha contra la corrupción. Intervinieron Byron Villacís, Ana Lucía Herrera, Mauro Andino, Luis Almeida, Fausto Cobo y Paco Fierro.

ACTA_151-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó una propuesta para reconocer la trayectoria histórica y el aporte del coronel Luis Vargas Torres a la Revolución Liberal; posteriormente, se rindió homenaje y se otorgó una condecoración a Luis Alfonso Chango Pacha, fundador y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, destacando su historia de superación, su lucha contra la discriminación, el impulso al cooperativismo indígena, la inclusión financiera, la educación, el emprendimiento, la identidad cultural y el deporte. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, centrado en la regulación del transporte comunitario e intercultural en las zonas rurales y de difícil acceso, el uso de camionetas, camiones, mototaxis y otros medios alternativos, las condiciones técnicas y de seguridad para el traslado de personas y productos, la legalización de los servicios diferenciados, la capacitación y entrega de licencias de conducir, el funcionamiento y control de las escuelas de conducción, las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito y de los gobiernos autónomos descentralizados, la revisión de rutas y frecuencias, la prevención de accidentes, el SOAT, el sistema de puntos de las licencias, el uso de taxímetros en la Amazonía y la necesidad de evitar privilegios, monopolios, actos de corrupción y discrecionalidad en la administración del transporte. Intervinieron Línder Altafuya, Pedro de la Cruz, Luis Alfonso Chango Pacha, Fernando Vélez, Mauro Andino, Galo Vaca, María Molina, Virgilio Hernández, Consuelo Flores, Guido Vargas, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Nívea Vélez, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, María Soledad Vela, Tomás Zevallos, Carlos Velasco, Luis Almeida, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Mao Moreno, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_150-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordó la situación del ciudadano ecuatoriano Jesús Vélez Loor y la actuación de las autoridades diplomáticas para garantizar sus derechos; la emergencia ocasionada por el temporal invernal, la inseguridad y las necesidades sociales de la provincia de Los Ríos; y se aprobó una resolución de respaldo a la postulación de Lenín Moreno Garcés al Premio Nobel de la Paz, destacando su labor en favor de las personas con discapacidad mediante los programas Ecuador Sin Barreras, Misión Solidaria Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas relacionadas con la distribución de las utilidades y excedentes derivados de la actividad hidrocarburífera, la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y a las comunidades afectadas, la compensación por daños ambientales, la equidad territorial, la consulta previa y la conveniencia de archivar o continuar el tratamiento de las propuestas; también se resolvió sobre la objeción parcial formulada al proyecto reformatorio del sistema financiero y del ordenamiento tributario-financiero, y se inició el análisis del proyecto destinado a regular la comercialización, el transporte, la fundición, el reciclaje, la exportación y la importación de chatarra ferrosa, con énfasis en el control de esta actividad, la prevención del robo de bienes públicos, la protección ambiental y el impulso al reciclaje. Intervinieron Fernando Flores, Mercedes Villacrés, César Rodríguez, Irina Cabezas, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Gabriel Rivera, Francisco Cisneros, Francisco Velasco, Juan Carlos Cassinelli, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Gerónimo Yantalema, Jimmy Pinoargote, Jorge Escala, Gioconda Saltos, Guido Vargas, Luis Morales, Cléver Jiménez, María Almeida, Rolando Panchana, Paco Moncayo, Francisco Ulloa y Luis Almeida.

ACTA_149-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el primer debate de la reforma destinada a garantizar y hacer efectivos los derechos de las personas adultas mayores, luego de recibir en comisión general a representantes de los jubilados, quienes denunciaron el abandono institucional, las dificultades para obtener atención médica y hacer respetar sus beneficios, y solicitaron la creación de una entidad claramente responsable de planificar, ejecutar y vigilar las políticas públicas de este sector. Durante el debate se planteó reemplazar la visión asistencialista y paternalista por un enfoque integral de derechos, dignidad, autonomía, participación y aprovechamiento de la experiencia y los conocimientos de las personas mayores; garantizar atención prioritaria, gratuita y especializada en salud, servicios geriátricos y gerontológicos, medicamentos, seguridad social y jubilación universal; facilitar el acceso a vivienda, trabajo remunerado según sus capacidades, alimentación, transporte, exenciones tributarias y notariales, actividades culturales y espacios de integración; prevenir la violencia, el abandono, la discriminación y la explotación laboral; y establecer sanciones efectivas para las instituciones y autoridades que incumplieran sus obligaciones. También se discutió si debía crearse un organismo autónomo exclusivo para las personas adultas mayores o utilizar los Consejos de Igualdad y mantener al Ministerio de Inclusión Económica y Social como rector de las políticas, así como la necesidad de asegurar presupuesto, participación de organizaciones sociales, fundaciones y entidades privadas, mecanismos administrativos y judiciales para restituir derechos y alternativas de atención domiciliaria o comunitaria que evitaran el aislamiento innecesario en asilos. Se propuso diferenciar los servicios según el nivel de dependencia de cada persona, extender la atención a sectores rurales y garantizar políticas interculturales y plurinacionales para que los adultos mayores de pueblos y nacionalidades permanecieran en sus comunidades y transmitieran sus saberes a las nuevas generaciones. Asimismo, se abordaron los reclamos de docentes y otros servidores jubilados que afirmaban haber recibido compensaciones inferiores a las correspondientes, el incumplimiento de sentencias favorables y la necesidad de reliquidar indemnizaciones y devolver aportes; varios legisladores sostuvieron que la propuesta debía transformarse en una nueva ley integral, en lugar de limitarse a reformas parciales, por lo que el debate concluyó sin votación y las observaciones quedaron para el análisis de la comisión. Intervinieron Édison Lima, Teresa Villavicencio, Jorge Escala, Luis Morales, Silvia Salgado, Edwin Vaca, Mauro Andino, Lourdes Tibán, Nívea Vélez, Fernando Bustamante, Kléver García, Guillermina Cruz, Mercedes Diminich, Marisol Peñafiel, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre y María Augusta Calle.

ACTA_149-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la incorporación de una propuesta para pronunciarse sobre el hallazgo de cocaína en una valija diplomática, que planteaba acelerar las investigaciones, determinar responsabilidades, revisar la normativa aplicable, conformar una comisión multipartidista y solicitar la salida del ministro de Relaciones Exteriores; posteriormente, se rindió homenaje a los estudiantes Gerardo Francisco Pérez, Juan José Morales, Henry Xavier Paca, José Vicente Anilema y Manuel Ramiro Moreta, así como a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su rector Romeo Rodríguez y el decano Iván Menes, por el desarrollo de Skillbox, un programa informático reconocido internacionalmente que traduce el lenguaje oral a lengua de señas y permite transformar textos en audio, facilitando la comunicación, educación e inclusión de personas con discapacidad auditiva y del habla. A continuación, se debatió la emergencia ocasionada por la fuerte estación invernal, las inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, pérdidas de viviendas, cultivos, carreteras y medios de subsistencia, así como la aparición de enfermedades y las dificultades para abastecer y atender a las comunidades aisladas; aunque la propuesta inicial se refería al Guayas, se incorporaron Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y se solicitó al Ejecutivo declarar el estado de excepción, coordinar la intervención de las instituciones públicas, brindar auxilio a las poblaciones afectadas, entregar recursos para reconstruir viviendas y bienes y establecer un espacio de diálogo con una comisión legislativa. La resolución fue aprobada, ratificada en la rectificación y su reconsideración fue negada. También se desarrolló el primer debate del proyecto de protección para las personas con epilepsia, orientado a garantizar sus derechos, evitar la discriminación educativa y laboral, establecer programas integrales de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, asegurar medicamentos oportunos, permanentes y gratuitos, promover campañas informativas, investigación, docencia y estadísticas, y mejorar la coordinación entre la atención primaria, los especialistas, las familias y las instituciones públicas. Durante la discusión se reconocieron el impacto médico, psicológico, familiar, social y económico de la enfermedad y la necesidad de combatir los prejuicios; sin embargo, varios legisladores consideraron que el proyecto repetía derechos ya garantizados, carecía de suficiente precisión científica y jurídica, podía generar restricciones inconvenientes mediante peritajes y debía integrarse en un código general de salud, mientras otros defendieron la urgencia de contar con una regulación específica y propusieron precisar que el acceso al trabajo no comprendiera actividades que pudieran representar riesgos para la persona o terceros. La moción para archivar el proyecto y recomendar la elaboración del Código de la Salud fue negada, por lo que la iniciativa continuó su trámite. Posteriormente, se inició el primer debate de la reforma destinada a proteger a las personas adultas mayores, proponiéndose sustituir denominaciones consideradas despectivas, reconocer como beneficiarias a las personas desde los sesenta y cinco años, facilitar el ejercicio inmediato de sus derechos mediante la presentación del documento de identidad, garantizar atención médica especializada y gratuita, acceso a medicinas, trabajo acorde con sus capacidades, jubilación universal, descuentos en servicios públicos, exenciones tributarias y notariales y acceso a vivienda digna. También se plantearon servicios gratuitos y prioritarios, la entrega de ayudas económicas a quienes carecieran de jubilación, la posibilidad de exigir a los hijos una pensión vitalicia para sus padres mediante acción judicial incluso promovida por terceros, el cambio de denominación del fondo nacional correspondiente, sanciones civiles y penales por vulnerar sus derechos y la creación y fortalecimiento de hogares de protección bajo responsabilidad estatal y municipal, con atención médica, terapia ocupacional, cultura y actividad física; este debate quedó suspendido para continuar posteriormente. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó la agresión de la Policía boliviana contra personas con discapacidad que reclamaban una ayuda económica, reconoció el diálogo como mecanismo de solución, exhortó al Gobierno de Bolivia a aceptar la mediación ofrecida por Lenín Moreno, sugirió respetar los instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias; la decisión fue ratificada con cincuenta y nueve votos afirmativos, uno negativo y cuatro abstenciones. Intervinieron Jorge Escala, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Gioconda Saltos, Romeo Rodríguez, Pamela Falconí, Luis Almeida, Vicente Taiano, Xavier Tomalá, Jorge Fadul, Ramón Cedeño, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Vélez, Susana González, Carlos Velasco, Nívea Vélez, Pedro de la Cruz, Rocío Valarezo, Mao Moreno, Richard Guillén, Damacio Santos, Francisco Ulloa, Betty Carrillo, Luis Morales, Fernando González, Gina Godoy, Bolívar Subía, María Molina, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Paco Fierro y Rosa Ponce.

ACTA_148-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a actualizar la normativa estadística vigente desde 1976 y establecer un Sistema Estadístico Nacional que produjera información oficial, confiable, oportuna, integrada y útil para la planificación, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones. La propuesta contempló la creación de un Consejo Nacional de Estadística encargado de coordinar a las instituciones productoras de información, aprobar la política y el plan nacional en esta materia y expedir normas técnicas; el fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos como responsable de las estadísticas de base, los censos, encuestas y registros; la asignación al Banco Central de las estadísticas de síntesis macroeconómica; la formación de comités técnicos; la gratuidad del acceso a la información; la obligación de proporcionar datos veraces; y la protección de la información personal mediante la confidencialidad y el secreto estadístico, con sanciones administrativas, civiles y penales por su uso indebido. Durante el debate se propuso incorporar con mayor claridad los principios de objetividad, proporcionalidad, especialidad, calidad, transparencia y accesibilidad; armonizar las definiciones, metodologías y clasificaciones; evaluar periódicamente la calidad de las estadísticas; difundir los resultados y los métodos utilizados; garantizar que el acceso gratuito no se limitara únicamente a medios informáticos; precisar qué información podía solicitarse obligatoriamente; y coordinar la normativa con las disposiciones sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. También se planteó desagregar la información por sexo, género, orientación sexual, edad, condición migratoria, pertenencia étnica y territorio; crear comités especializados con enfoques de género, generacional, intercultural y plurinacional; reconocer las realidades de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; obtener estadísticas precisas sobre las personas migrantes y retornadas; y realizar censos o estudios periódicos adaptados a las condiciones particulares de Galápagos, la Amazonía, las zonas fronterizas y los gobiernos locales. Varios legisladores cuestionaron la conformación y necesidad del Consejo Nacional de Estadística, el aumento de la burocracia, la influencia de la Función Ejecutiva sobre el sistema y sobre la designación de la máxima autoridad del INEC, proponiendo que esta fuera seleccionada mediante concurso de méritos y oposición y que los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones sociales eligieran directamente a sus representantes. Asimismo, se expresaron temores de que las cifras pudieran ser manipuladas con fines políticos, se debatió si la ley debía abarcar también las estadísticas producidas por instituciones privadas, universidades, observatorios y organizaciones sociales, y se insistió en que la información oficial pudiera ser contrastada con fuentes independientes. También se formularon observaciones sobre la contratación temporal y la estabilidad de los servidores encargados de censos, la correcta redacción de varias disposiciones, la prohibición de formular preguntas no previstas en las boletas, la protección de los derechos laborales y la conveniencia de no denominar “secreto estadístico” a la información agregada que debía ser pública, sino reservar únicamente los datos personales protegidos. El debate concluyó sin votación para que la comisión analizara e incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Virgilio Hernández, Juan Carlos López, María Soledad Vela, Betty Amores, Carlos Velasco, María Molina, Luis Morales, Paola Pabón, Luis Almeida, Linda Machuca, Andrés Páez, Marisol Peñafiel, César Montúfar, Ángel Vilema, Jorge Escala, Gerónimo Yantalema, Edwin Vaca y Fernando Cordero.

ACTA_148-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el segundo debate y se aprobó la interpretación de la normativa de servicio público aplicable al personal de la Función Legislativa, con el propósito de eliminar la existencia de dos regímenes laborales distintos dentro de la Asamblea y garantizar su independencia administrativa frente a la Función Ejecutiva. El texto estableció que las y los asambleístas y todos los servidores legislativos, tanto de nombramiento como de contrato, debían regirse por la normativa propia de la Función Legislativa y por los reglamentos y resoluciones expedidos por su órgano de administración, aunque las remuneraciones no podrían superar los límites máximos fijados para el sector público. Quienes respaldaron la propuesta señalaron que permitiría fortalecer la autonomía administrativa y financiera de la Asamblea, unificar las reglas para la gestión del personal y solucionar los problemas surgidos desde la entrada en vigencia de la normativa general de servicio público; también se destacó que la iniciativa había nacido de un acuerdo multipartidista. Por otra parte, se cuestionaron los errores existentes en dicha normativa, la excesiva intervención del Ministerio de Relaciones Laborales sobre instituciones autónomas y gobiernos descentralizados y la conveniencia de realizar una revisión integral, en lugar de aplicar únicamente reformas parciales. El proyecto fue aprobado inicialmente con ciento tres votos afirmativos y, en la rectificación, con ciento cinco votos afirmativos y tres abstenciones; la reconsideración fue negada, por lo que la decisión quedó firme. Debido a problemas técnicos en el sistema electrónico de votación, se suspendió la sesión y no se inició el primer debate del proyecto relacionado con la actividad estadística; antes de la suspensión se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Nicolás Lapentti. Intervinieron Mauro Andino, Fausto Cobo, Andrés Roche, Rolando Panchana y Nicolás Lapentti

ACTA_147-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para analizar la declaratoria de emergencia sanitaria en Manabí por el aumento de casos de dengue y para solicitar medidas excepcionales frente a los daños ocasionados por el invierno en Carchi y en el eje vial Palanda-Chinchipe, asuntos que finalmente quedaron pendientes; en cambio, se negaron las propuestas para debatir la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible incorporación a la iniciativa de conservación Yasuní-ITT, así como para rechazar editoriales publicados por periódicos estadounidenses que fueron considerados atentatorios contra la soberanía nacional. En comisión general, representantes de los municipios, gobiernos provinciales y parroquias rurales expusieron sus criterios sobre la futura regulación de los límites territoriales, destacando la necesidad de respetar la tradición histórica, el sentido de pertenencia, la autonomía de los gobiernos locales y la decisión de las poblaciones involucradas. Posteriormente, se aprobó el reconocimiento de las festividades del Carnaval de Guamote como patrimonio cultural intangible, resaltándose su origen ancestral, la convivencia intercultural entre los pueblos indígenas y mestizos, sus personajes, música, gastronomía, rituales y prácticas comunitarias; además, se solicitó a las instituciones competentes proceder con su declaración y registro, incorporarlo al calendario nacional y destinar recursos para su promoción, preservación y salvaguarda. El tema central fue el primer debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para fijar límites y solucionar los conflictos territoriales existentes entre parroquias, cantones y provincias, originados por la falta de delimitaciones jurídicas, la contradicción entre normas, los cambios geográficos, las decisiones políticas y las diferencias sobre la pertenencia e identidad de las comunidades. La propuesta planteó que, en lugar de definir directamente cada límite, se establecieran mecanismos amistosos como la negociación y la mediación territorial, y mecanismos institucionales como el arbitraje, la consulta popular y la resolución de las autoridades competentes; también contempló sustituir al organismo anterior por una nueva entidad nacional encargada de los límites internos. Durante la discusión se insistió en garantizar la participación ciudadana, definir quiénes podrían votar en las consultas y acreditar su residencia, respetar los acuerdos y delimitaciones legalmente consolidados, proteger la integridad de las comunidades indígenas y evitar que fueran divididas entre distintas jurisdicciones, establecer plazos obligatorios para resolver los conflictos y reconocer factores históricos, culturales, sociales, ambientales, geográficos, étnicos e hidrográficos. Asimismo, se cuestionó la actuación del organismo técnico que anteriormente manejaba los límites, la validez de mapas elaborados sin una ley definitiva, la posibilidad de que el Ejecutivo resolviera determinadas controversias, la centralización y politización de las decisiones y la falta de representación directa de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales en la nueva entidad; se propuso incorporar al Instituto Geográfico Militar como apoyo técnico y otorgar un papel más activo a la Asamblea y a los gobiernos autónomos descentralizados. También se aprobó reconsiderar una resolución adoptada previamente sobre Ernesto “Che” Guevara, después de señalarse errores históricos y de redacción que afectaban la imagen institucional. El debate sobre los límites territoriales quedó interrumpido y la sesión concluyó por falta de quórum, por lo que las observaciones debían ser remitidas a la comisión y varios asuntos incorporados al orden del día no llegaron a resolverse. Intervinieron Scheznarda Fernández, María Paula Romo, Marco Murillo, Stalin Subía, Edwin Vaca, Zobeida Gudiño, Paúl Granda, Jorge Olmedo, Néstor Chapa, Juan de Dios Roldán Arellano, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Kléver García, Mauro Andino, Luis Morales, Pedro de la Cruz, Carlos Velasco, Paco Fierro, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Francisco Velasco, Línder Altafuya, Lenín Chica, Mary Verduga, Betty Amores, Tomás Zevallos, Enrique Herrería, César Gracia, Galo Vaca, Hugo Quevedo, María Molina, Betty Carrillo, Rosana Alvarado y Francisco Ulloa.

ACTA_146-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate de la reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública, centrado en fortalecer la transparencia, agilizar la ejecución de obras y evitar el direccionamiento de contratos, la manipulación de pliegos, los plazos insuficientes para presentar ofertas, la adjudicación a empresas sin capacidad técnica, el contubernio entre proveedores y funcionarios y el incumplimiento o falta de cobro de garantías. Se propuso priorizar la contratación de mano de obra, profesionales, artesanos y proveedores de cada localidad; establecer medidas obligatorias de inclusión para micro, pequeñas y medianas empresas, comunas, comunidades y organizaciones de la economía popular y solidaria; fortalecer las ferias inclusivas y limitar la concentración de contratos en grandes compañías. También se debatieron los montos y procedimientos de menor e ínfima cuantía; la modificación de documentos precontractuales; las subastas inversas, especialmente para la adquisición de medicamentos; la intervención preventiva, concurrente y posterior de los organismos de control; las causales de descalificación de oferentes; la participación de empresas domiciliadas en paraísos fiscales; las prohibiciones aplicables a familiares de autoridades; y la necesidad de transparentar la identidad de socios y accionistas. Asimismo, se cuestionó el uso excesivo del régimen especial y de la figura del giro específico del negocio por parte de empresas públicas, se planteó verificar, actualizar y depurar periódicamente el Registro Único de Proveedores, incluir todas las contrataciones en los planes anuales, regular las compras de publicidad, controlar las obras declaradas emergentes y otorgar al organismo rector capacidad para suspender procesos cuando detectara irregularidades. Aunque se reconocieron avances en el proyecto, se consideró necesario incorporar las numerosas observaciones antes de proceder a la votación, por lo que se cerró el debate y el texto regresó a la comisión para preparar una versión definitiva; en consecuencia, quedaron pendientes las resoluciones sobre el reglamento de donación y trasplante de órganos, el transporte marítimo hacia Galápagos y la comparecencia relacionada con la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Intervinieron Edwin Vaca, Yandry Brunner, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Fernando Cordero, Paola Pabón, Fernando González, Jorge Escala, Fausto Cobo, Francisco Velasco, Luis Morales, Nivea Vélez y Luis Almeida.

ACTA_146-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para solicitar la expedición urgente del reglamento que permitiera aplicar la normativa sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células; exigir medidas frente a la insuficiencia del transporte marítimo de carga hacia Galápagos, donde la reducción del número de embarcaciones autorizadas amenazaba el abastecimiento de alimentos, materiales y productos esenciales; y convocar a Tania Arias y Carlos Delgado para que explicaran el procedimiento aplicado en la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, aunque estos asuntos no llegaron a tratarse posteriormente. También se debatió y aprobó una resolución para solicitar la declaratoria del estado de excepción en Loja y otras provincias del sur afectadas por el invierno, debido a los fallecimientos, deslizamientos, fallas geológicas, destrucción de viviendas, vías, canales de riego y sistemas de agua potable; el texto definitivo incluyó a Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe, pidió recursos extraordinarios, estudios geológicos para prevenir futuros riesgos y la rehabilitación urgente de varias carreteras, y fue ratificado con noventa y dos votos afirmativos. A continuación, se realizó el primer debate de una reforma relacionada con la participación ciudadana, la revocatoria del mandato y las normas electorales, cuyo archivo fue recomendado porque sus propuestas ya habían sido incorporadas en una reforma anterior y porque no podían efectuarse cambios electorales dentro del período previo a las elecciones; la discusión se concentró en la interpretación de dicha prohibición, la validez de otras reformas electorales tramitadas recientemente, la actuación futura del Consejo Nacional Electoral y el riesgo de modificar el calendario o las reglas en beneficio de determinados sectores políticos, tras lo cual el proyecto fue archivado con noventa y seis votos afirmativos. Asimismo, se archivó la propuesta de reforma al régimen de soberanía alimentaria, al determinarse que sus planteamientos sobre el sistema de soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la conformación y atribuciones de la conferencia correspondiente y la tramitación de propuestas ya habían sido recogidos en una normativa anterior; esta decisión fue ratificada con ochenta y dos votos afirmativos. Posteriormente, se designó a Francisco Vergara Ortiz e Ivet Zapata Rodríguez como representantes de la Asamblea ante la comisión encargada de seleccionar a los integrantes de la primera Corte Constitucional, luego de que sus candidaturas fueran aprobadas en las respectivas rectificaciones. Finalmente, se inició el segundo debate de la reforma al sistema nacional de contratación pública, orientada a fortalecer la transparencia y el control, aclarar los regímenes especiales, sustituir al anterior instituto rector por el Servicio Nacional de Contratación Pública, facultarlo para emitir alertas y suspender procedimientos irregulares, exigir la publicación de información y documentos precontractuales, verificar la participación nacional y local, regular las ferias inclusivas, favorecer a pequeños productores y actores de la economía popular y solidaria, excluir ofertas sustentadas en información falsa y determinar responsabilidades en los estudios y contratos. Durante el debate se cuestionaron la posible duplicación de competencias con el Instituto de Contratación de Obras, la centralización de proyectos que podían ejecutar los gobiernos locales, los contratos complementarios, la falta de preferencia efectiva para proveedores de la localidad, los montos de ínfima cuantía aplicables en Galápagos y el alcance de las prohibiciones para contratar con familiares de autoridades; el tratamiento quedó suspendido sin votación. Intervinieron Leonardo Viteri, Ángel Vilema, José Picoita, Nivea Vélez, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Zobeida Gudiño, Mao Moreno, Stalin Subía, Mariángel Muñoz, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Línder Altafuya, Tito Nilton Mendoza, Dora Aguirre, Vicente Taiano, César Rodríguez, Marllely Vásconez, Fernando Flores, Luis Morales, Armando Aguilar, Irina Cabezas, Marco Murillo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Gina Godoy, Roberto Rodríguez, Eduardo Encalada, Ramiro Terán y Alfredo Ortiz.

ACTA_145-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, en el que se reconoció la necesidad de sustituir una normativa antigua por un marco integral acorde con el carácter intercultural y plurinacional del Estado y con las diferentes realidades de las comunas rurales, urbanas, costeras, serranas y amazónicas. La discusión abordó la protección de las tierras comunitarias frente a invasiones, desalojos y ventas irregulares; la diferencia entre la propiedad colectiva de la comuna y la posesión ejercida por cada comunero; los requisitos para adquirir o perder la calidad de comunero; la distinción entre comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y recinto; la autonomía y jurisdicción de los gobiernos comunitarios; la participación de mujeres, jóvenes y demás integrantes en las decisiones; el reconocimiento de las actas comunales; la articulación con los gobiernos locales, la planificación territorial, la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria; y la necesidad de garantizar crédito, inversión pública, infraestructura, salud, educación y proyectos productivos. Varias intervenciones cuestionaron que las comunas pudieran transformarse o disolverse para constituir cooperativas de producción, al considerar que esta posibilidad podría facilitar la privatización, parcelación y pérdida del carácter inalienable, inembargable, imprescriptible e indivisible de sus tierras; también se denunciaron los intentos de desalojo en Montañita y otros conflictos territoriales, la discriminación contra determinados comuneros y las limitaciones de participación de las mujeres. Ante la cantidad de observaciones, se solicitó una amplia socialización y consulta prelegislativa con las comunidades, y el proyecto regresó a la comisión para elaborar una nueva normativa integral. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto sobre libertad e igualdad religiosa, orientado a garantizar el derecho de las personas a conservar, cambiar, profesar y difundir sus creencias, celebrar cultos y festividades, recibir asistencia religiosa, acceder a educación conforme a sus convicciones, proteger el patrimonio de las confesiones, reconocer la personalidad jurídica y autonomía de las organizaciones religiosas y establecer un registro nacional. En comisión general, monseñor Luis Cabrera, en representación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, formuló observaciones sobre la autonomía de la Iglesia católica, su estructura territorial, el régimen de sus autoridades y la creación de un organismo estatal de regulación, mientras Luis Fernando Muñoz, representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, defendió la libertad de conciencia, la posibilidad de adoptar o cambiar de religión y el respeto a las prácticas y días de descanso de cada confesión. Durante el debate se cuestionaron las definiciones imprecisas, la posible injerencia estatal en la organización interna de las iglesias, la creación de un Consejo Nacional cuyas funciones podían duplicar las del Ministerio competente, el tratamiento de los bienes religiosos, los requisitos para ministros extranjeros, la rendición de cuentas, la educación religiosa y la compatibilidad del proyecto con el carácter laico del Estado; finalmente, se aprobó la moción de Kléver García para archivar el proyecto, decisión que se mantuvo después de la rectificación y de negarse su reconsideración. Finalmente, se debatió y aprobó la resolución para solicitar que los doctorados en Ciencias de la Educación, en sus distintas menciones, iniciados y obtenidos antes del cambio del sistema académico fueran reconocidos y registrados como títulos de cuarto nivel, destacándose que miles de docentes habían cursado estos estudios después de obtener su licenciatura, pero no podían utilizarlos para su recategorización y mejora salarial por diferencias en la denominación de las facultades que los emitieron. También se planteó extender el reconocimiento a otras profesiones y especialidades, impulsar programas de graduación y evitar cualquier discriminación entre títulos de igual naturaleza y rigor académico; tras incorporarse varias observaciones, la resolución fue aprobada con setenta y ocho votos afirmativos en la rectificación y su reconsideración fue negada. Intervinieron Jimmy Pinoargote, Virgilio Hernández, Luis Morales, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Guido Vargas, Gerónimo Yantalema, Yoly Rodríguez, Betty Carrillo, María Augusta Calle, Armando Aguilar, Paola Pabón, Hólger Chávez, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, monseñor Luis Cabrera, Luis Fernando Muñoz, Karen Vélez, Luis Almeida, César Montúfar, María Paula Romo, Kléver García, Rolando Panchana, Gioconda Saltos, Silvia Salgado, Mao Moreno, Mery Zamora, Edwin Vaca, Juan Fernández, Consuelo Flores y Francisco Cisneros.

ACTA_145-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Francisco Cisneros para exhortar a la ejecución urgente de la rehabilitación y construcción de un nuevo bloque para el Hospital del IESS de Puyo, pese a que señaló que existían recursos asignados y que su cancelación afectaba a miles de afiliados de Pastaza; en cambio, se incorporaron al orden del día las propuestas de Gioconda Saltos para solicitar el reconocimiento de los doctorados en Ciencias de la Educación obtenidos bajo el régimen anterior como títulos de cuarto nivel, con el fin de facilitar la recategorización de los docentes, y de María Augusta Calle para pronunciarse sobre los proyectos estadounidenses SOPA y PIPA, cuestionados por sus posibles efectos extraterritoriales sobre la privacidad, el acceso a la información y la libertad de expresión en Internet, aunque ambos asuntos quedaron pendientes. Posteriormente, se debatió y aprobó la resolución para promover el conocimiento y estudio de la Gesta Alfarista, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción del Estado laico, la educación pública, la integración nacional, la soberanía, la libertad, la igualdad, los derechos de las mujeres y la transformación política y social del país; durante la discusión se propuso esclarecer las responsabilidades históricas de su asesinato, reconocer a otros protagonistas de la Revolución Liberal, visibilizar la participación de las mujeres, revisar los compromisos estatales incompatibles con el laicismo, evitar la utilización política de su figura y mejorar la redacción del documento. El texto aprobado dispuso incorporar el estudio de la Gesta Alfarista en los distintos niveles educativos, promover contenidos curriculares sobre este proceso histórico, declarar el 28 de enero como Día de la Reparación Nacional, realizar actividades públicas de memoria y condena de su asesinato e incluir los estudios alfaristas en la formación de docentes. También se inició el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, dirigida a actualizar una normativa antigua conforme al carácter intercultural y plurinacional del Estado, reconocer los derechos colectivos, la autonomía y los gobiernos comunitarios, proteger las tierras y territorios ancestrales, fortalecer la participación en los gobiernos locales, la jurisdicción indígena y la consulta prelegislativa. La discusión se concentró especialmente en la posibilidad de que las comunas se transformaran voluntariamente en cooperativas de producción: algunos legisladores sostuvieron que esta opción respondía a la libre determinación y a las distintas realidades comunitarias, mientras otros advirtieron que podía facilitar la parcelación y pérdida del carácter indivisible, inembargable e imprescriptible de las tierras comunales. Asimismo, se propuso que la normativa tuviera carácter orgánico, reforzara los derechos de los comuneros, reconociera las particularidades de los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y comuneros de la Costa, regulara cuidadosamente la creación de nuevas comunas y garantizara beneficios tributarios, seguros agrícolas y coordinación con los gobiernos descentralizados. El debate quedó suspendido sin votación y con intervenciones pendientes, por lo que tampoco se trató el proyecto relacionado con la libertad e igualdad religiosa. Intervinieron Francisco Cisneros, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Gabriela Cuadros Alcívar y los integrantes del grupo musical Ariel; además de Lídice Larrea, Mery Zamora, Paco Moncayo, Luis Almeida, Scheznarda Fernández, Silvia Salgado, María Paula Romo, Luis Morales, Richard Guillén, Hólger Chávez, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, César Montúfar, Fausto Cobo, Lourdes Tibán, Ramón Vicente Cedeño, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Kléver García, María Soledad Vela y Ramiro Terán.

ACTA_144-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Ramiro Terán para incorporar un homenaje a Eloy Alfaro con motivo del centenario de su asesinato y solicitar que se reabrieran las investigaciones correspondientes; asimismo, Rafael Dávila planteó obtener una certificación sobre el estado de las votaciones de las reformas a la normativa de la Función Legislativa, especialmente en materia de fiscalización y juicios políticos, pero retiró su solicitud después de que se dispusiera la entrega del informe respectivo. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma a la normativa de salud relacionada con el control del tabaco, cuyo archivo fue aprobado por unanimidad debido a que pretendía modificar y derogar disposiciones que ya habían sido eliminadas por una ley posterior; durante este punto también se cuestionaron las demoras en la calificación de proyectos legislativos y la situación de los hospitales, la atención sanitaria, la formación de especialistas y la administración del sistema de salud. A continuación, se realizó el primer debate de la reforma sobre las empresas públicas, orientada a aclarar el régimen jurídico y laboral de sus servidores y obreros, precisar que los funcionarios de libre nombramiento y remoción mantienen una relación laboral, aunque no pertenezcan a la carrera administrativa, regular las remuneraciones variables por eficiencia y diferenciar las autoridades competentes para resolver controversias: la jurisdicción contencioso-administrativa para los servidores públicos y la laboral para los obreros. Mientras algunos legisladores defendieron la propuesta por considerar que corregía vacíos, evitaba interpretaciones contradictorias y protegía los recursos del Estado, otros advirtieron que someter al personal técnico de las empresas públicas al régimen general del servicio público podría reducir sus remuneraciones, provocar la salida de profesionales especializados y afectar la competitividad y calidad de los servicios; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Finalmente, se negó y se ratificó mediante rectificación la reconsideración solicitada por Abdalá Bucaram respecto de la decisión de aceptar varias observaciones presidenciales a las reformas electorales, por lo que se mantuvo firme el allanamiento relacionado con determinados aspectos del Código de la Democracia. Intervinieron Ramiro Terán, Rafael Dávila, Víctor Quirola, Francisco Ulloa, Fernando Vélez, Abdalá Bucaram, Irina Cabezas, Andrés Páez, Rolando Panchana y Alfredo Ortiz.

ACTA_143-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron las propuestas para condenar la decisión judicial que favoreció a Alberto Dahik y expresar solidaridad con dirigentes sociales procesados, así como para rechazar la visita al Ecuador del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a Denisse Delgado, Fernando Unda, Rodney Chiluiza y Danny Mero, en reconocimiento a su talento artístico, espíritu de superación y aporte a la inclusión de las personas con discapacidad. Se desarrolló el primer debate de la reforma orientada a garantizar el principio de interculturalidad en los procesos de designación de autoridades públicas, proponiéndose que las ternas incluyeran representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con paridad de género y reconocimiento de los idiomas castellano, kichwa y shuar; durante la discusión se destacó la necesidad de aplicar acciones afirmativas reales, evitar que la inclusión quedara como una simple formalidad, adaptar los concursos a las diferentes realidades culturales, fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar que las personas seleccionadas cumplieran los perfiles profesionales sin sufrir discriminación. También se analizó el proyecto para promover las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo archivo fue recomendado por considerar que gran parte de sus disposiciones ya estaban contempladas en la normativa de producción; sin embargo, la moción de archivo no fue aceptada y el proyecto regresó a la comisión, mientras Leonardo Viteri cuestionó la demora en tramitar su iniciativa y denunció un trato desigual hacia los proyectos presentados por legisladores de oposición. En cambio, se aprobó el archivo de la reforma relacionada con el sector cafetalero, al estimarse que su propuesta de incorporar representantes privados en organismos públicos contradecía normas constitucionales y duplicaba entidades y competencias ya existentes. Finalmente, se examinó la objeción parcial a las reformas electorales, debatiéndose la reducción de los plazos de la justicia electoral, los métodos para distribuir escaños, la proporcionalidad y representación de las minorías, las restricciones a la publicidad gubernamental y privada durante las campañas, el uso de recursos públicos, el silencio electoral, la libertad de expresión y el acceso de candidatos a los medios de comunicación, las sanciones por infracciones electorales, la regulación del acoso político contra las mujeres y la contratación temporal de personal por parte de los organismos electorales. El Pleno aceptó las observaciones relacionadas con la celeridad de los procesos, la adjudicación de escaños, el período de prohibición de propaganda, determinadas sanciones y la contratación de personal electoral; no obstante, no alcanzó los votos necesarios para ratificar los textos previamente aprobados sobre propaganda durante las campañas y acoso político. Intervinieron Jorge Escala, Leonardo Viteri, Cynthia Viteri, Enrique Herrería, María Cristina Kronfle, Danny Mero, Rodney Chiluiza, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Lourdes Tibán, María Augusta Calle, Juan Carlos López, María Pilar Almeida, Rolando Panchana, Luis Morales, Omar Juez, Mauro Andino, Paco Moncayo, Luis Almeida, Línder Altafuya, María Paula Romo, Francisco Velasco, Betty Amores, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Xavier Tomalá, Galo Vaca, Nívea Vélez, Marco Murillo, César Rodríguez, Fernando González, Fernando Aguirre, César Gracia y Susana González.

ACTA_142-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el segundo debate y se aprobó la reforma destinada a establecer un marco jurídico para las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, permitiéndoles constituir un capital social variable e ilimitado mediante certificados de aportación, reconocer a sus socios derechos económicos, de propiedad, voz y un voto independientemente del número de aportaciones, limitar la participación individual para evitar la concentración del capital y autorizar inversiones relacionadas con proyectos de vivienda, construcción y servicios auxiliares del sistema financiero. El texto consensuado también dispuso que cada institución financiera pública y privada contara con una defensora o defensor del cliente, principal y suplente, elegido democráticamente entre sus propios clientes mediante un proceso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin vínculos con accionistas, socios o administradores y con la función de proteger los derechos e intereses de los usuarios. Asimismo, se otorgó a la Superintendencia de Bancos y Seguros la facultad de cobrar por vía coactiva las pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas, dirigiendo los procesos contra los accionistas que poseían una participación significativa, el principal administrador y representante legal, así como contra administradores temporales y liquidadores cuya responsabilidad fuera determinada por los organismos de control; además, se establecieron plazos para expedir los reglamentos, adecuar el capital de las mutualistas y realizar la elección de los defensores del cliente. El proyecto fue aprobado con noventa votos afirmativos, resultado que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Henry Cuji, mientras que la reconsideración fue negada, quedando firme la decisión. Intervino Francisco Velasco, quien presentó y explicó el texto definitivo

ACTA_142-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se incorporaron al orden del día una propuesta para reconocer la importancia histórica de la Batalla de Camino Real y establecer una fecha de conmemoración nacional, asunto que no llegó a tratarse posteriormente, y una resolución de homenaje a los periodistas ecuatorianos, en cuyo debate se destacó el legado de Eugenio Espejo, la importancia del periodismo para la democracia, los riesgos que enfrentan quienes ejercen esta profesión, sus condiciones laborales, la libertad de expresión, la responsabilidad ética, la honra de las personas, la censura y autocensura en los medios y los procesos judiciales relacionados con publicaciones y opiniones; tras posiciones contrapuestas sobre la relación entre el Gobierno, la prensa y la Función Judicial, se aprobó una resolución que expresó respeto y solidaridad con los periodistas y la voluntad de vigilar el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión en todos los ámbitos comunicacionales. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma tributaria relacionada con la caución equivalente a un porcentaje de la obligación impugnada y con la facultad de los funcionarios encargados de la ejecución coactiva para disponer el arraigo o la prohibición de salida del país; algunos legisladores consideraron que estas medidas eran necesarias para evitar recursos dilatorios, fortalecer la cultura tributaria y garantizar el pago de las obligaciones, mientras otros sostuvieron que condicionaban el acceso gratuito a la justicia, discriminaban a quienes carecían de recursos, vulneraban la presunción de inocencia y debían eliminarse, planteándose también exonerar del afianzamiento a los reclamos de menor cuantía y solicitar nuevos pronunciamientos constitucionales; el primer debate concluyó sin votación y las observaciones fueron remitidas a la comisión. Finalmente, continuó el segundo debate de la reforma sobre las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, orientada a permitirles constituir capital propio, reconocer derechos económicos y de propiedad a sus socios mediante certificados de aportación, garantizar voz y voto independientemente del capital aportado, limitar la concentración de la propiedad, ampliar sus inversiones y servicios financieros e inmobiliarios, fortalecer su solvencia y facilitar la recuperación por vía coactiva de pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas; también se discutieron la responsabilidad de accionistas y administradores, la conveniencia de que todos respondieran por los perjuicios y no únicamente quienes superaran determinado porcentaje de participación, y el procedimiento para elegir al defensor del cliente, cuestionándose que su designación dependiera de la autoridad de control en lugar de los propios socios. Ante la necesidad de realizar ajustes técnicos y jurídicos, el proyecto regresó a la comisión y la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Mercedes Diminich, César Rodríguez, María Augusta Calle, María Paula Romo, César Montúfar, Lenín Chica, Stalin Subía, Paco Moncayo, Luis Morales, Francisco Velasco, César Gracia, Betty Amores, Jimmy Pinoargote, Vicente Taiano, Luis Almeida, Fausto Cobo, Juan Carlos Cassinelli, Salomón Fadul, Eduardo Encalada, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, José Portugal, Viviana Bonilla y Jorge Escala; Fernando Cordero dirigió la sesión, Pedro de la Cruz y Juan Carlos Cassinelli asumieron temporalmente su conducción y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_141-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron el momento de las elecciones presidenciales y legislativas, la separación de los comicios locales, la fórmula para asignar escaños, la representación de las minorías, la gobernabilidad y el riesgo de modificar las reglas electorales en función de intereses políticos. También se debatieron la licencia de las autoridades que busquen la reelección, la igualdad de condiciones entre los candidatos, la prohibición de utilizar recursos e infraestructura estatal y propaganda gubernamental durante la campaña, el silencio electoral, la publicación de resultados y actas, el conteo manual de votos y los procedimientos de impugnación y apelación. Se incorporaron disposiciones sobre paridad, alternancia y secuencialidad entre hombres y mujeres, así como sanciones económicas por actos de presión, hostigamiento o amenazas destinados a impedir que una mujer acceda a un cargo de elección popular o ejerza sus funciones. El texto aprobado estableció que las elecciones presidenciales, legislativas y del Parlamento Andino se realicen el mismo día; adoptó para la asignación de escaños una fórmula basada en divisores impares; reguló las juntas electorales, los plazos de la justicia electoral, la publicidad pública autorizada excepcionalmente por el Consejo Nacional Electoral y las obligaciones de los movimientos políticos. La reforma fue aprobada, la rectificación confirmó el resultado y la reconsideración fue negada. Intervinieron Jorge Escala, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Fernando González, María Romo, Andrés Roche, Marisol Peñafiel, Fernando Flores, Xavier Tomalá, Silvia Salgado, Elvis Maldonado, Virgilio Hernández, César Montúfar, Andrés Páez, Galo Lara, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Magaly Orellana, Tito Mendoza, Bolívar Subía, Betty Amores, Mariángel Muñoz, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, María Calle, Lenin Chica, Betty Carrillo y Mauro Andino.

ACTA_141-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó, luego de una rectificación, la propuesta de Edwin Vaca para suspender el orden previsto y retomar inmediatamente la votación de las reformas a la normativa de la Función Legislativa; en cambio, se incorporaron el análisis de una amnistía para siete dirigentes y comuneros de Cochapata, en el cantón Nabón, y una resolución sobre la emergencia provocada por deslizamientos en varias comunidades del Azuay. Posteriormente, se aprobó la amnistía para Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez, quienes habían sido condenados por sabotaje tras participar en una movilización contra una actividad minera que afectaba las fuentes de agua; se consideró que su actuación respondía a la defensa de la naturaleza, los derechos comunitarios y la protesta social, que ya habían sido beneficiarios de una amnistía anterior que no fue aplicada correctamente y que la persecución había deteriorado gravemente su salud y la convivencia de sus familias, por lo que se dispuso archivar definitivamente el proceso y dejar sin efecto la sentencia. A continuación, se realizó el primer debate de la propuesta sobre práctica intercultural y acompañamiento durante el parto, en el que la comisión recomendó inicialmente su archivo por considerar que la legislación, los protocolos sanitarios y las normas técnicas vigentes ya reconocían el parto culturalmente adecuado, el acompañamiento familiar, la participación de parteras y el respeto a los saberes ancestrales; sin embargo, otros legisladores defendieron la necesidad de fortalecer su aplicación, reconocer y formar a parteras y comadronas, disminuir la mortalidad materna, garantizar estos servicios en zonas rurales e indígenas y ampliar el enfoque hacia un parto humanizado para toda la población, por lo que se retiró la propuesta de archivo y el proyecto regresó a la comisión para ser reformulado. También se resolvió la objeción parcial a la reforma destinada a atender las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas: el Pleno aceptó varias observaciones relacionadas con las obligaciones de la autoridad sanitaria y la definición de las enfermedades catastróficas, pero ratificó su texto sobre la definición de las enfermedades raras o huérfanas; la normativa reconoció estas patologías como asunto de interés nacional y contempló protocolos de atención, investigación, diagnóstico y tratamiento, medicamentos e insumos, registro de pacientes, capacitación médica, regulación de seguros y apoyo social para las familias. Posteriormente, continuó el segundo debate de las reformas electorales, abordándose la paridad de género en los organismos electorales, la prevención y sanción del acoso político, las licencias de las autoridades que buscaran la reelección, la utilización de bienes y publicidad estatal durante las campañas, el control del gasto electoral, las encuestas, las impugnaciones, el conteo de votos y los métodos de distribución de escaños; mientras algunos defendieron las reformas como necesarias para ampliar la participación y proteger a las mujeres, otros cuestionaron que se cambiaran las reglas cerca de las elecciones, advirtieron posibles ventajas para el oficialismo y solicitaron archivar el proyecto, cuyo debate quedó suspendido sin votación. Finalmente, se aprobó por unanimidad, luego de la rectificación, una resolución para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las comunidades y parroquias del Azuay afectadas por las lluvias y los deslizamientos, coordinar la atención de las familias damnificadas, asignar recursos para reconstruir viviendas, garantizar servicios de salud, asistencia social y agua potable, realizar estudios geológicos y disponer acciones conjuntas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y los gobiernos municipales; la reconsideración de esta decisión fue negada. Intervinieron Edwin Vaca, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Rosana Alvarado, Lourdes Tibán, Luis Morales, Marco Murillo, César Gracia, César Rodríguez, Jorge Escala, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Víctor Quirola, Rolando Panchana, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri, Paco Moncayo, Mauro Andino, Mariángel Muñoz, Fernando Cordero, Kléver García, María Soledad Vela, Vicente Taiano, Gioconda Saltos y Eduardo Encalada; Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_140-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se rindió homenaje a la Fundación Vista para Todos por su labor social y humanitaria en favor de personas de escasos recursos, adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, destacándose sus servicios oftalmológicos, la entrega gratuita de lentes y sillas de ruedas y su cobertura nacional, por lo que recibió la condecoración al mérito social; posteriormente, continuó el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados por indemnizaciones ocasionadas por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, concesionarios, delegatarios y otras personas que ejercen potestades públicas. La discusión abordó la necesidad de proteger el patrimonio público y los recursos de los contribuyentes, evitar la impunidad, establecer un procedimiento rápido con derecho a la defensa y determinar judicialmente el dolo o la culpa grave; también se analizaron la competencia de los órganos contencioso-administrativos, las funciones de la Procuraduría y la Contraloría, el plazo de prescripción, la legitimación para presentar las demandas, el llamamiento en garantía, las medidas cautelares, el cálculo de intereses, la cuantificación de las indemnizaciones, la posibilidad de conciliación, los recursos de apelación y casación y la responsabilidad de funcionarios de cualquier jerarquía. Varios legisladores respaldaron la iniciativa como un mecanismo para recuperar valores pagados por casos de violaciones de derechos, errores administrativos, daños ambientales, incumplimientos contractuales y decisiones de organismos internacionales; otros cuestionaron su necesidad, posibles contradicciones con normas existentes, vacíos en la técnica jurídica, el riesgo de persecución política, la discrecionalidad de las autoridades, la posibilidad de sancionar dos veces por los mismos hechos y la falta de claridad sobre los actos de gobierno, el fuero de determinadas autoridades y la responsabilidad de superiores que hayan ejercido presión o coerción sobre funcionarios subordinados. También se debatió el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal por casos históricos de desapariciones, torturas y detenciones ilegales, y la necesidad de diferenciar los errores cometidos de buena fe de las conductas deliberadamente dañinas. Debido a la cantidad y complejidad de las observaciones, se suspendió la votación para que la comisión preparara y distribuyera un nuevo texto. Intervinieron Rocío Valarezo, Diego Benítez, Mauro Andino, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Andrés Páez, Rolando Panchana, María Paula Romo, Fausto Cobo, Luis Morales, Eduardo Encalada, Paco Moncayo, Stalin Subía, Andrés Roche y María Augusta Calle; Fernando Cordero dirigió la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_140-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron tres solicitudes para modificar el orden del día y retomar inmediatamente la votación de la reforma a la normativa de la Función Legislativa; durante estas intervenciones se discutieron la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar el procedimiento de elaboración de las leyes, regular la consulta prelegislativa, definir las mayorías para levantar la inmunidad y destituir autoridades legislativas, eliminar la posibilidad de fiscalizar a alcaldes y prefectos y retirar la propuesta de crear una veeduría electoral, señalándose que debía elaborarse un texto adicional que recogiera los acuerdos alcanzados antes de someter la reforma a votación. Posteriormente, Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva fue posesionado como Defensor del Pueblo. En comisión general, la Fundación Brass Band del Ecuador realizó una presentación musical y recibió un reconocimiento por su trabajo social, cultural y educativo en favor de niñas, niños y jóvenes, destacándose la música como herramienta de formación, disciplina e integración social. A continuación, se aprobó el indulto de Blanca Marina Villegas Paredes, adulta mayor sentenciada a ocho años de prisión por la tenencia de una pequeña cantidad de marihuana y cocaína, tomando en consideración su avanzada edad, sus problemas de salud, su conducta ejemplar durante la reclusión, el tiempo cumplido de la condena y la falta de proporcionalidad entre la cantidad incautada y la sanción impuesta; en consecuencia, su pena fue reducida al tiempo ya cumplido y la reconsideración de esta decisión fue negada. Finalmente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados para reparar daños ocasionados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, proteger el patrimonio estatal y evitar que este mecanismo se convierta en un instrumento de persecución; durante la lectura del informe se explicó que la acción debía proceder después de que el Estado realizara el pago, garantizar el debido proceso, aplicarse a funcionarios de cualquier jerarquía y complementar las normas existentes sobre responsabilidad estatal, pero la sesión fue suspendida antes de concluir la lectura y sin realizarse el debate ni la votación. Intervinieron Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Ramiro Alfredo Rivadeneira, Linda Machuca, Jorge Pachacama, Gabriel Rivera, Mauro Andino, Fernando Cordero y Andrés Segovia; además, Gilmar Gutiérrez y Juan Fernández solicitaron la rectificación y reconsideración de determinadas votaciones.

ACTA_139-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a las demás especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción, mediante la conservación de sus hábitats, la prohibición de la caza, captura, recolección, tenencia, transporte y comercialización, la elaboración de inventarios, la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos locales, la creación de una instancia nacional de protección y la aplicación de sanciones administrativas. Aunque existió respaldo general a la iniciativa, se propuso ampliar su enfoque y modificar su denominación para que comprendiera integralmente a todas las especies; avanzar hacia un código ambiental; actualizar los registros de especies amenazadas; promover centros de rescate, reproducción y estaciones científicas; regular la introducción de especies exóticas, la caza deportiva, la pesca destructiva, el tráfico de vida silvestre y el aprovechamiento científico de los recursos genéticos; proteger los ecosistemas, páramos, bosques y áreas naturales; y establecer excepciones controladas para la investigación, rehabilitación y reproducción. También se planteó incorporar la participación, los conocimientos y la jurisdicción de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; diferenciar sus prácticas tradicionales de las actividades depredadoras; precisar las competencias institucionales; evitar márgenes excesivos de discrecionalidad, contradicciones entre sanciones administrativas y penales y duplicaciones normativas; y garantizar recursos económicos para que la ley pudiera aplicarse. Varios legisladores cuestionaron además la contradicción entre la protección ambiental y las actividades mineras, petroleras, madereras y agrícolas que destruyen los hábitats; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Posteriormente, se analizó y aprobó una resolución que exhortó al Ejecutivo a mantener el subsidio al combustible utilizado en el transporte aéreo hacia Galápagos, conservar el descuento del cincuenta por ciento en los pasajes de sus residentes, aplicar el mismo porcentaje al transporte de alimentos perecibles y medicinas y considerar el subsidio vigente para los habitantes de las zonas fronterizas y amazónicas, debido a las dificultades de acceso, las distancias, las necesidades de salud y movilidad, la dependencia del turismo y el posible incremento del costo de vida; la propuesta obtuvo ciento nueve votos afirmativos, cuatro blancos y seis abstenciones, y su reconsideración fue negada. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Consuelo Flores, Francisco Ulloa, Fernando Bustamante, Luis Morales, Guido Vargas, Leonardo Viteri, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, María Augusta Calle, María Paula Romo, Zobeida Gudiño, María Molina, Cléver Jiménez, María Soledad Vela, Magaly Orellana, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Francisco Cisneros, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_139-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó por unanimidad incorporar al orden del día una propuesta para exhortar al Ejecutivo a mantener el subsidio del combustible destinado al transporte aéreo hacia Galápagos, argumentándose que el avión constituía el principal medio de conexión de la provincia y que la eliminación de esta ayuda incrementaría considerablemente el precio de los pasajes, el transporte de alimentos, medicinas y demás productos esenciales; sin embargo, este asunto no llegó a resolverse antes de la suspensión. El tema central fue el análisis de dos solicitudes de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de causas penales contra Tito Galo Lara Yépez, originadas en querellas presentadas por Rafael Correa y Ximena Ponce por expresiones consideradas injuriosas. La discusión se concentró en determinar si dichas declaraciones correspondían al ejercicio de las funciones de fiscalización y, por tanto, estaban protegidas por la inmunidad parlamentaria, o si constituían acusaciones que afectaban la honra y debían ser examinadas por la justicia ordinaria; también se debatieron la diferencia entre inmunidad e impunidad, la libertad de expresión, la responsabilidad de los legisladores, la independencia de la Función Judicial, la protección institucional de la Asamblea, el riesgo de judicializar la actividad política y el número de votos requerido para autorizar un proceso penal. La propuesta de Virgilio Hernández para que estas decisiones necesitaran la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea fue negada y ratificada su negativa en la rectificación, por lo que se aplicó la mayoría simple. Finalmente, se rechazó autorizar la causa promovida por Rafael Correa, con cincuenta y un votos afirmativos, setenta y un negativos y dos abstenciones, y también se negó la solicitud relacionada con Ximena Ponce, con treinta y cinco votos afirmativos, setenta y siete negativos, cuatro blancos y ocho abstenciones; las reconsideraciones de ambas votaciones fueron igualmente negadas, por lo que se mantuvo la inmunidad del legislador y quedaron pendientes el proyecto relacionado con la protección del cóndor andino y la resolución sobre el subsidio aéreo para Galápagos. Intervinieron Alfredo Ortiz, Ángel Vilema, Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Fausto Cobo, Tomás Zevallos, Jorge Escala, César Rodríguez, Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Andrés Páez, María Paula Romo, Cléver Jiménez, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Francisco Cisneros, Enrique Herrería, Betty Amores, César Gracia, Hólger Chávez, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Zobeida Gudiño, Fernando Cordero, Richard Guillén, Abdalá Bucaram, Roberto Rodríguez, César Montúfar, Dora Aguirre y Eduardo Zambrano.

ACTA_138-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el tratamiento de la objeción parcial formulada al proyecto relacionado con la gestión de las aguas de la cuenca del Paute y la reorganización de las entidades encargadas de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en varios cantones. Durante la sesión se votaron por separado las propuestas de ratificación y allanamiento presentadas por Mauro Andino: la Asamblea ratificó el texto previamente aprobado sobre las atribuciones del organismo encargado de la gestión hídrica y otro artículo del proyecto; sin embargo, no alcanzó los votos necesarios para mantener la disposición que facultaba a los municipios de Esmeraldas, Atacames y Río Verde a conformar una mancomunidad y que cuestionaba la obligación de crear una empresa pública, ni para excluir la exigencia de constituir un fideicomiso destinado a garantizar proporcionalmente el pago de las obligaciones crediticias de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo. Asimismo, el Pleno aceptó la observación presidencial para eliminar una expresión del texto, decisión que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Fausto Cobo; en cambio, no aprobó la propuesta de establecer el plazo de un año para que los municipios señalados asumieran las competencias de dicha empresa, resultado que tampoco cambió tras la rectificación solicitada por Vicente Taiano y Fernando Flores. No se desarrollaron nuevas intervenciones de fondo, pues la sesión se concentró exclusivamente en las votaciones; participaron Mauro Andino, como proponente de los textos sometidos a decisión; Fernando Cordero, quien dirigió la sesión; Andrés Segovia, quien dio lectura a las propuestas y proclamó los resultados; y Fausto Cobo, Vicente Taiano y Fernando Flores, quienes solicitaron las respectivas rectificaciones.

ACTA_138-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron la incorporación de una propuesta para atender las enfermedades tropicales que afectaban a las comunidades indígenas amazónicas y se negaron los pedidos para votar inmediatamente la reforma de la normativa de la Función Legislativa y para expresar solidaridad con las juezas María Leonor Jiménez y Vanesa Cevallos ante sus destituciones; posteriormente, se posesionó a las consejeras y consejeros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. El tema central fue el primer debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron la realización simultánea de las elecciones presidenciales y legislativas; la posibilidad de que votaran quienes se encontraran dentro de los recintos electorales al momento del cierre; la paridad entre hombres y mujeres en los organismos electorales; la incorporación y definición del acoso y la violencia política; el fortalecimiento de los partidos y movimientos; la sustitución del método de adjudicación de escaños vigente por el método D’Hondt; la creación de un registro pasivo de electores; la organización y funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral; el juzgamiento de infracciones; la publicidad estatal durante las campañas; el control del gasto electoral; la regulación de encuestas y sondeos; la seguridad de las papeletas; y la igualdad de condiciones entre las organizaciones políticas. Mientras algunos legisladores defendieron las reformas como mecanismos para simplificar los procesos, reducir la fragmentación política, fortalecer la gobernabilidad y garantizar la participación de las mujeres, otros advirtieron que el método D’Hondt favorecería a las organizaciones mayoritarias, limitaría la representación de las minorías y podría facilitar la concentración del poder, además de cuestionar la independencia de las autoridades electorales y el uso de recursos públicos con fines políticos; el debate concluyó sin votación y se concedió un plazo para presentar observaciones. También se aprobó por unanimidad el reconocimiento de Jumandy como héroe nacional y símbolo de la resistencia anticolonial, resaltando su liderazgo en la rebelión del pueblo Quijos, la defensa de los territorios, la identidad, los recursos naturales y la libertad de los pueblos amazónicos, así como la necesidad de recuperar la memoria histórica, fortalecer el patrimonio cultural y reconocer las luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Asimismo, se aprobó por unanimidad exhortar al Ministerio de Salud a implementar un programa especial contra las enfermedades tropicales en las comunidades amazónicas y ejecutar acciones inmediatas de prevención, vacunación, control, mapeo de zonas de riesgo, entrega de toldos y capacitación frente a los casos de rabia registrados en Morona Santiago. Finalmente, se inició el análisis de la objeción presidencial a la reforma sobre la gestión de la cuenca del río Paute y la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en Esmeraldas, Atacames y Río Verde; se debatieron la autonomía del organismo de gestión hídrica, la conformación de una mancomunidad, la creación de una empresa pública, la transferencia de competencias, el plazo para que los municipios asumieran los servicios y la obligación de constituir un fideicomiso para pagar los créditos de la empresa San Mateo, pero, ante la falta de legisladores suficientes para ratificar el texto aprobado previamente, el tratamiento quedó suspendido. Intervinieron Diana Atamaint, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Rosa Cerda, Pedro de la Cruz, Zobeida Gudiño, Lourdes Tibán, Gilmar Gutiérrez, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema, Marcos Tanguila, Erika Sylva Charvet, una representante del grupo cultural Jumandy Jatari, José Luis Acacho, Inés Siguango, Mauro Andino, César Montúfar, Paco Moncayo, Marisol Peñafiel, César Gracia, Nívea Vélez, Richard Guillén, Fernando Cordero, Rafael Dávila, Silvia Salgado, Luis Almeida, Francisco Ulloa, Rolando Panchana, Paco Fierro, Luis Morales y Línder Altafuya.

ACTA_137-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se analizó la proforma del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2012 y la programación presupuestaria para los años 2012-2015, instrumentos que contemplaban ingresos y egresos superiores a veintiséis mil millones de dólares y priorizaban la inversión en educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura vial, energía, programas sociales, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y subsidios. Quienes respaldaron la propuesta destacaron el incremento de recursos para la incorporación y mejora salarial de docentes, la ampliación del personal médico y policial, la designación de nuevos jueces, la construcción de carreteras y proyectos hidroeléctricos, el fortalecimiento de los servicios públicos, la reducción de la pobreza y el mantenimiento del endeudamiento dentro de niveles considerados sostenibles; en contraste, otros legisladores cuestionaron el déficit presupuestario y la falta de claridad sobre sus fuentes de financiamiento, el crecimiento del gasto corriente y de la burocracia, la dependencia de créditos y ventas anticipadas de petróleo, la carga tributaria, el elevado monto destinado a publicidad, consultorías, viáticos y contratos ocasionales, así como las asignaciones previstas para la compra obligatoria de renuncias. También se debatió el cumplimiento de los incrementos constitucionales para educación y salud, la reducción o insuficiencia de recursos para universidades, agricultura, vivienda, ambiente, turismo, cultura y economía popular y solidaria; la distribución de fondos entre el Gobierno central y los gobiernos locales; la atención a las zonas rurales, amazónicas y fronterizas; la inversión destinada a pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; la educación intercultural bilingüe, la seguridad social campesina, la soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la territorialización del gasto y la necesidad de transparentar la ejecución presupuestaria. Finalmente, se aprobó el informe de mayoría y la programación cuatrianual con recomendaciones para garantizar recursos al pueblo montubio y a la Universidad Amazónica, controlar el gasto estatal en publicidad, respetar el límite del endeudamiento público, identificar territorialmente las inversiones, transparentar los recursos dirigidos a la participación ciudadana, agricultura, fondo de tierras y economía popular y solidaria, informar sobre los ingresos provenientes de la normativa ambiental y remitir el presupuesto global asignado a cada universidad; la propuesta obtuvo sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y cinco negativos, uno blanco y una abstención, resultado que se mantuvo en la rectificación, mientras que la reconsideración fue negada. Intervinieron Fernando Vélez, Francisco Ulloa, Richard Guillén, Juan Carlos Cassinelli, Paco Moncayo, Leonardo Viteri, Luis Morales, Rafael Dávila, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Salomón Fadul, Viviana Bonilla, Gerónimo Yantalema, Francisco Velasco, Marco Murillo, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Lídice Larrea, César Gracia, Jimmy Pinoargote, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Mao Moreno, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Tomás Zevallos, Francisco Cevallos, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Tito Nilton Mendoza, Lenín Chica, Fernando Cordero, Xavier Tomalá y Vanesa Fajardo.

ACTA_136-E-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se retomó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación y se presentaron varias modificaciones destinadas a incorporar la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias en el organismo de regulación; priorizar al sector comunitario en la distribución de frecuencias hasta alcanzar una asignación equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios; regular la suspensión de publicidad engañosa; precisar los derechos de rectificación y réplica; establecer requisitos de profesionalización para las actividades periodísticas permanentes; fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes; promover la educomunicación; definir normas deontológicas; y disponer la reversión, previo debido proceso, de las frecuencias obtenidas ilegalmente, incluyendo la reparación de los daños ocasionados al Estado. Posteriormente, se negó la propuesta de César Montúfar para archivar el proyecto y reiniciar la elaboración de una nueva normativa, decisión que se mantuvo tras la rectificación; en cambio, se aprobó la moción de Tomás Zevallos para que el texto fuera votado artículo por artículo, también ratificada en la rectificación. Esta decisión generó cuestionamientos sobre el procedimiento y Abdalá Bucaram apeló la actuación de la Presidencia, argumentando que se había alterado el orden de las mociones; Fernando Cordero defendió que las propuestas fueron tramitadas conforme al momento de su presentación, y la apelación fue negada, manteniéndose el resultado luego de la rectificación. Finalmente, se suspendió la sesión para que Mauro Andino identificara los artículos sobre los cuales pudiera alcanzarse consenso antes de continuar las votaciones, por lo que no se inició el tratamiento de la propuesta relacionada con el reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos. Intervinieron Mauro Andino, Abdalá Bucaram y Fernando Cordero; asimismo, César Montúfar y Tomás Zevallos presentaron las mociones sometidas a votación, y Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión durante la apelación

ACTA_136-D-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, en el que hubo acuerdo general sobre la necesidad de contar con una normativa, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre si el texto garantizaba la libertad de expresión o podía convertirse en un instrumento de censura y control político. La discusión abordó la responsabilidad ulterior y la conveniencia de que esta se tramite administrativa, civil o judicialmente; la composición, independencia, competencias y límites del Consejo de Regulación; la necesidad de tipificar claramente las infracciones para evitar decisiones discrecionales; los derechos de rectificación y réplica; la diferenciación entre información y opinión; la veracidad, contextualización y pluralidad de los contenidos; y la protección de la honra, la intimidad y la presunción de inocencia. También se analizaron la reversión de frecuencias otorgadas irregularmente, su distribución equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios, el aprovechamiento de la digitalización, el destino de los medios incautados, la transparencia de la publicidad oficial, la producción nacional y audiovisual, el acceso a nuevas tecnologías, los derechos comunicacionales de migrantes, pueblos y nacionalidades, y la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos. Asimismo, se planteó fortalecer los derechos laborales, la estabilidad, seguridad, capacitación y profesionalización de periodistas y trabajadores de la comunicación, considerando excepciones para zonas rurales y amazónicas donde no existen centros de formación; incorporar la comunicación en salud, educación y desarrollo; votar el proyecto artículo por artículo; construir un texto consensuado o, en oposición, archivarlo y reiniciar su elaboración. En comisión general, Marco Pérez y Hólger Guerrero expusieron las demandas de colectivos de periodistas, denunciaron la precariedad y censura empresarial que afectaba a los comunicadores y respaldaron la democratización de los medios y el reconocimiento efectivo de sus derechos laborales. El debate concluyó sin votación y la sesión fue suspendida para continuar posteriormente con el análisis y la incorporación de observaciones. Intervinieron Dora Aguirre, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, César Montúfar, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, Richard Guillén, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Fernando Cordero, Susana González, Vethowen Chica, Galo Vaca, Carlos Samaniego, Blanca Ortiz, Mao Moreno, Raúl Abad, Edwin Vaca, Mary Verduga, Jimmy Pinoargote, Betty Carrillo, César Rodríguez, Tomás Zevallos, Cynthia Viteri, Fernando González, Mauro Andino, Marco Pérez y Hólger Guerrero.

ACTA_136-C-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, en el que existió coincidencia sobre la necesidad de expedir una normativa que cumpliera el mandato constitucional y ciudadano, pero se mantuvieron posiciones contrapuestas respecto de la libertad de expresión y de información, la veracidad y contextualización de las noticias, la responsabilidad ulterior, los derechos de rectificación y réplica, la posible censura y el riesgo de que la regulación fuera utilizada para controlar o perseguir a medios y periodistas. También se discutieron la integración e independencia del Consejo de Regulación; la concentración de la propiedad de los medios; la distribución, reversión y adjudicación de frecuencias entre los sectores público, privado y comunitario; el funcionamiento, financiamiento y destino de los medios públicos e incautados; la distribución de la publicidad estatal; la autonomía editorial; los derechos laborales, la profesionalización, la reserva de la fuente y la cláusula de conciencia de los comunicadores; la participación de pueblos, nacionalidades y sectores sociales; la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos; y la conveniencia de armonizar esta normativa con las leyes de Telecomunicaciones y Penal, así como aprobarla por artículos o capítulos para facilitar acuerdos. En comisión general, Jorge Luis Serrano, representante del Consejo Nacional de Cinematografía, destacó la necesidad de establecer cuotas de pantalla, fomentar la producción audiovisual ecuatoriana y evitar que los contenidos extranjeros de bajo costo desplazaran al cine y a la televisión nacional. El debate fue suspendido sin votación para continuar recibiendo e incorporando observaciones, por lo que quedó pendiente el tratamiento de la propuesta relacionada con el reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos. Intervinieron Paco Moncayo, Juan Carlos López, Juan Carlos Cassinelli, Luis Morales, Pedro de la Cruz, César Rodríguez, Cléver Jiménez, Rolando Panchana, Paola Pabón, Silvia Salgado, Scheznarda Fernández, Eduardo Zambrano, Nívea Vélez, Mercedes Diminich, Jorge Escala, César Gracia, Mauro Andino, Rocío Valarezo, Fernando Aguirre, Jorge Luis Serrano, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Enrique Herrería, María Alejandra Vicuña, Andrés Páez, Emilia Jaramillo, Fernando González, Armando Aguilar, Tomás Zevallos, Manuel Portugal, Viviana Bonilla, Kléver García, Jaime Abril, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Marco Murillo, Gilberto Cisneros y Bolívar Subía.

ACTA_136-B-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el análisis de la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, remitido por el Ejecutivo con carácter económico urgente, y se sometió a votación la propuesta de Gilmar Gutiérrez para negar íntegramente la iniciativa. Luego de una votación anulada por inconvenientes en el registro electrónico y de una confusión inicial al proclamar los resultados, la moción fue aceptada con cincuenta y tres votos afirmativos y cuarenta y siete negativos; posteriormente, la reconsideración fue rechazada con sesenta y siete votos negativos y cuarenta y seis abstenciones, resultado que se mantuvo tras la rectificación solicitada. En consecuencia, quedó firme la decisión del Pleno de negar el proyecto, tras lo cual Fernando Cordero suspendió la sesión y señaló que el debate de la Ley de Comunicación se retomaría posteriormente, cuando existieran condiciones adecuadas para alcanzar una normativa que garantizara la libertad y respetara la Constitución. Intervinieron Gilmar Gutiérrez, como proponente de la moción; Fernando Cordero Cueva, quien dirigió el procedimiento; Andrés Segovia Salcedo, quien condujo las votaciones y proclamó sus resultados; y Rolando Panchana y Pedro de la Cruz, quienes solicitaron la rectificación de la reconsideración.

ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_136-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Ramiro Terán para adelantar el tratamiento del proyecto de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, al que cuestionó por incorporar reformas tributarias y económicas que, a su criterio, no debían entrar en vigencia sin pronunciamiento legislativo; no obstante, se aprobaron las solicitudes de Lourdes Tibán para analizar la separación de servidores públicos mediante la compra obligatoria de renuncias y exigir explicaciones a las autoridades responsables, y de Fausto Cobo para debatir la situación y el futuro del referido proyecto económico, aunque estos asuntos quedaron pendientes. Posteriormente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación mediante la lectura de los informes de la comisión, en los que se abordaron la libertad de expresión y el derecho ciudadano a recibir información plural; la regulación de los medios públicos, privados y comunitarios; la democratización y distribución del espectro radioeléctrico; la creación, integración y atribuciones de un Consejo de Regulación; la responsabilidad ulterior y las sanciones administrativas; los derechos de rectificación y réplica; la protección de niños, adolescentes y grupos históricamente discriminados; la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos; las franjas horarias; la producción nacional; la reversión de frecuencias otorgadas irregularmente; y la separación entre los medios de comunicación, el sistema financiero y otras actividades económicas. Debido a la extensión de la lectura de los informes, no se realizaron intervenciones sobre el contenido del proyecto ni se efectuó votación, y la sesión fue suspendida para continuar posteriormente. Intervinieron Ramiro Terán, Lourdes Tibán y Fausto Cobo; Fernando Cordero Cueva dirigió la sesión y Andrés Segovia Salcedo actuó como secretario, mientras que Mauro Andino constó como ponente de los informes de la comisión.

ACTA_135-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Marco Murillo para incorporar al orden del día una resolución que exigiera al Ministerio de Educación cumplir con el pago completo de las compensaciones correspondientes a la jubilación de los docentes del sector público, señalándose que miles de maestros jubilados habrían recibido valores inferiores a los establecidos. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma destinada a garantizar la atención de las personas que padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, reconociéndolas como un asunto de interés nacional y estableciendo la obligación del Estado de brindar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, medicamentos e insumos de manera oportuna, permanente y gratuita. Durante el debate se planteó elaborar protocolos médicos, fortalecer la formación del personal de salud, crear un registro nacional de pacientes, promover investigaciones y convenios con instituciones nacionales e internacionales, agilizar la importación de medicamentos, regular el cumplimiento de las coberturas de seguros y medicina prepagada, apoyar psicológica y socialmente a las familias, atender los casos que no pudieran diagnosticarse en el país y extender la protección a los ecuatorianos residentes en el exterior. También se propuso precisar las definiciones y diferencias entre las enfermedades catastróficas y las raras o huérfanas, garantizar la doble vulnerabilidad de los pacientes, actualizar periódicamente el listado de enfermedades, incorporar el autismo, crear institutos especializados de investigación y asegurar los recursos presupuestarios necesarios para que la normativa pudiera aplicarse efectivamente. Luego de un receso se incorporaron varias observaciones y el proyecto fue aprobado inicialmente con noventa y nueve votos afirmativos y, tras la rectificación, por unanimidad con ciento un votos afirmativos y dos blancos. Intervinieron Marco Murillo, Víctor Quirola, Scheznarda Fernández, Carlos Velasco, Fausto Cobo, María Soledad Vela, María Molina, Fernando Flores, Gioconda Saltos, César Gracia y Tomás Zevallos.

ACTA_134-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron tres solicitudes para modificar el orden del día y debatir los despidos masivos de servidores públicos realizados mediante la figura de la compra obligatoria de renuncias, así como para exhortar a la derogatoria del decreto que sustentaba estas separaciones, ordenar el reintegro de los funcionarios afectados y solicitar un pronunciamiento de la Corte Constitucional; durante estas intervenciones se cuestionó la falta de evaluaciones previas, la afectación a médicos, enfermeras, trabajadores próximos a jubilarse, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, y el impacto económico y familiar de la pérdida de sus empleos. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la normativa que regula las instituciones del sistema financiero, orientada a actualizar el régimen de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, permitirles constituir capital propio, mejorar su solvencia y ampliar sus servicios financieros e inmobiliarios, reconocer derechos económicos y de propiedad a sus socios, facilitar el ingreso de nuevos miembros mediante certificados de aportación y garantizar que cada socio tenga voz y voto. También se planteó establecer un capital mínimo progresivo, limitar la participación individual para evitar la concentración de la propiedad, regular los créditos destinados a directivos y personas vinculadas, autorizar inversiones en servicios auxiliares e inmobiliarios y otorgar carácter orgánico a la normativa financiera. Durante el debate se destacó la importancia social de las mutualistas para el ahorro y el acceso a vivienda, se propusieron ajustes sobre los porcentajes máximos de participación y se solicitó ampliar determinados beneficios a otras entidades financieras; además, Elvis Maldonado pidió investigar una presunta negligencia médica ocurrida en el Seguro Social de Riobamba. El debate concluyó sin votación, para que la comisión incorporara las observaciones antes de continuar el trámite. Intervinieron Jorge Escala, Nívea Vélez, Fernando Aguirre, Francisco Velasco, Ramiro Terán y Elvis Maldonado.

ACTA_133-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Enrique Herrería para incorporar al orden del día una resolución que condenara las actuaciones de Patricio Pazmiño y Tania Arias, por considerar que su participación en una delegación gubernamental comprometía la independencia e imparcialidad que debían mantener frente a la Función Ejecutiva. Posteriormente, se analizó y aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador e Italia, destinado a fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y experiencias en políticas de seguridad y defensa, logística y adquisición de equipos, educación, entrenamiento y adiestramiento militar, operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, protección ambiental, servicio médico, historia y deporte militar; se aclaró que el instrumento no constituía una alianza política o militar ni comprometía la planificación estratégica nacional, y su aprobación se mantuvo luego de la rectificación y de que fuera negada la reconsideración. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados en procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, orientado a que el CONSEP dejara de actuar únicamente como depositario y asumiera facultades para custodiar, conservar y administrar los bienes mientras se resolvieran los procesos judiciales. Durante la discusión se plantearon observaciones sobre la venta inmediata de bienes perecibles y semovientes, el mantenimiento y avalúo de propiedades, empresas, vehículos y haciendas, la creación de cuentas especiales para conservar el dinero obtenido y devolverlo con sus intereses cuando existiera una sentencia absolutoria, la transferencia definitiva de los bienes al Estado cuando hubiera condena, la obligación de rendir informes a los jueces, la identificación de la institución pública que asumiría los bienes, la protección de la presunción de inocencia, la prevención de abusos y corrupción dentro del CONSEP y la posibilidad de destinar parte de los recursos a la prevención del consumo de drogas y a la rehabilitación de personas con adicciones. El primer debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Enrique Herrería, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Galo Lara, Paco Moncayo, Luis Morales, Luis Almeida, Guillermina Cruz, María Paula Romo, Vicente Taiano y Francisco Cisneros.

ACTA_132-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar la igualdad, inclusión y defensa de las personas con discapacidad, respecto del cual existió un respaldo general, aunque se presentaron numerosas observaciones para asegurar que los derechos reconocidos pudieran cumplirse efectivamente y no quedaran como declaraciones sin financiamiento, plazos, responsables, controles ni sanciones. La discusión abordó la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana de discapacidades, regular con criterios éticos los programas de genética humana, ampliar la atención médica y la rehabilitación integral, garantizar medicamentos y ayudas técnicas gratuitas, facilitar el acceso a seguros de vida y salud y establecer una seguridad social financiada o respaldada por el Estado. En materia educativa se propuso impulsar una verdadera educación inclusiva, con equipos multidisciplinarios, docentes capacitados, adaptaciones curriculares, sistema Braille, lengua de señas, infraestructura accesible y centros especializados únicamente cuando fueran indispensables; mientras que en el ámbito laboral se analizaron los porcentajes de contratación, la evaluación de capacidades y destrezas, la eliminación de restricciones generales basadas en supuestos riesgos, la adecuada asignación de funciones y la protección económica de quienes cuidan permanentemente a personas con discapacidad severa. También se plantearon mejoras en la accesibilidad de edificios, viviendas, calles, transporte público, taxis, medios de comunicación y señalética; la actualización periódica de los montos permitidos para importar vehículos; la aplicación real de tarifas preferenciales y exoneraciones; y la participación de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, se solicitó incorporar las realidades de las zonas rurales, fronterizas y amazónicas, garantizar un enfoque intercultural y lingüístico para pueblos y nacionalidades, fortalecer el Seguro Social Campesino, incluir a los ecuatorianos con discapacidad residentes en el exterior, ampliar la protección a familiares y representantes legales, y desarrollar campañas para eliminar la discriminación y cambiar la percepción social sobre la discapacidad. También se debatió la denominación más adecuada para las personas beneficiarias, aunque se defendió el uso de “personas con discapacidad” por ser el término reconocido constitucionalmente. El primer debate concluyó sin votación, a fin de que la comisión analizara e incorporara las observaciones para preparar el texto del segundo debate. Intervinieron Luis Almeida, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Carlos Velasco, Armando Aguilar, César Gracia, Mao Moreno, Kléver García, Gioconda Saltos, Fernando Flores, Gerónimo Yantalema, Gastón Gagliardo, Rolando Panchana, Betty Amores, Galo Lara, Grace Almeida, María Molina, César Rodríguez, Dora Aguirre, Tamara Chico, Edwin Vaca, Guillermina Cruz y María Cristina Kronfle.

ACTA_132-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de ley destinado a garantizar la igualdad, inclusión y defensa integral de las personas con discapacidad. Durante una comisión general, el vicepresidente Lenín Moreno presentó los avances alcanzados mediante las misiones Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara y destacó la necesidad de convertir estas políticas en garantías permanentes, orientadas a la inclusión social, educativa, laboral y cultural. El debate abordó la definición y calificación de la discapacidad y de las condiciones discapacitantes; la prevención, detección temprana, genética humana, atención médica, rehabilitación y entrega de medicamentos y ayudas técnicas; la eliminación de restricciones en seguros de vida y salud; el acceso inclusivo a la educación, becas, lenguaje de señas, sistema Braille y formación superior; la inserción laboral, los porcentajes de contratación, los permisos para tratamientos y la protección de familiares cuidadores; los créditos preferenciales, la vivienda, la seguridad social y la jubilación; la accesibilidad universal en edificios, transporte, espacios públicos, tecnologías, información y señalética; las tarifas preferenciales, exenciones tributarias y facilidades para importar vehículos y equipos; la creación de centros de acogida y de un organismo nacional encargado de formular políticas, proteger derechos, investigar infracciones y aplicar sanciones. Los legisladores coincidieron en la importancia de superar la discriminación y garantizar derechos efectivos, aunque plantearon fortalecer la prevención, precisar las competencias de las instituciones, incorporar a los gobiernos autónomos descentralizados, asegurar la participación ciudadana, proteger especialmente a mujeres, niños y adolescentes, apoyar el deporte y la recreación, ampliar la cobertura a ecuatorianos residentes en el exterior, regular los animales de asistencia, reforzar las sanciones y garantizar que los beneficios lleguen también a organizaciones sin fines de lucro. El debate quedó suspendido sin votación para que la comisión analizara e incorporara las observaciones antes de continuar el trámite. Intervinieron Lenín Moreno Garcés, María Cristina Kronfle, María Alejandra Vicuña, Fausto Cobo, Rocío Valarezo, Francisco Ulloa, Luis Morales, Celso Maldonado, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Juan Carlos López, Mary Verduga, Nívea Vélez, Irina Cabezas y Elvis Maldonado.

ACTA_131-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Jorge Escala para incorporar al orden del día una resolución que rechazara el anuncio de una posible amnistía para la agrupación denominada “Los Choneros” y exigiera garantías para quienes realizaban tareas de fiscalización. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de reforma sobre la gestión de la cuenca hidrográfica del río Paute y la reorganización de las entidades encargadas de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en varios cantones de Manabí y Esmeraldas. El debate se centró en adecuar las competencias institucionales, transformar el Consejo de Gestión de Aguas del Paute en un organismo adscrito a la Autoridad Única del Agua, transferir determinadas funciones, bienes y recursos, y entregar a los gobiernos municipales o a sus mancomunidades la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. También se analizaron la continuidad de los servicios durante la transición, la distribución de bienes y obligaciones, la estabilidad y evaluación de los servidores públicos, la participación de usuarios y organizaciones comunitarias, la consulta a pueblos y nacionalidades, la protección del derecho humano al agua y las diferencias existentes entre la realidad de la cuenca del Paute y la situación de las instituciones hídricas de Manabí. Mientras algunos legisladores respaldaron la propuesta por considerarla una medida de descentralización y ordenamiento institucional, otros advirtieron sobre una posible concentración de atribuciones en el Gobierno central, afectaciones laborales, insuficiente representación comunitaria y la necesidad de tramitar una normativa integral sobre los recursos hídricos. Tras incorporarse varias observaciones técnicas y disposiciones para garantizar la continuidad del servicio, el proyecto fue aprobado mediante rectificación y posteriormente se negó su reconsideración. Intervinieron Jorge Escala, Mauro Andino, Luis Almeida, María Soledad Vela, María Paula Romo, Pedro de la Cruz, Richard Guillén, Rocío Valarezo, Lídice Larrea, Gerónimo Yantalema, Fernando Aguirre, Ramiro Terán, Luis Morales, Mariángel Muñoz, Eduardo Encalada, Fernando Romo, Betty Amores, Marllely Vásconez y Paco Moncayo.

ACTA_130-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, destinado a garantizar atención preferente a los cantones y parroquias ubicados en las zonas limítrofes mediante políticas de desarrollo económico y social, inversión pública, servicios básicos, salud, educación, conectividad, transporte, seguridad, empleo local, protección ambiental, interculturalidad, participación ciudadana, integración binacional y construcción de una cultura de paz y buena vecindad; asimismo, se establecieron incentivos productivos, crediticios y tributarios, mecanismos de coordinación entre las instituciones estatales y los gobiernos locales, protección frente a actividades ilícitas y medidas especiales para las comunidades amazónicas, pueblos ancestrales, migrantes y refugiados. Posteriormente, se debatió la situación de los migrantes ecuatorianos afectados por las deudas hipotecarias en España, abordándose la sobrevaloración de viviendas, la falta de información al contratar créditos, los desalojos, la pérdida de los inmuebles, las deudas pendientes después de las subastas y la posible participación de entidades bancarias vinculadas con Ecuador; como resultado, se aprobó una resolución para ampliar las investigaciones individuales, esclarecer las posibles vulneraciones de derechos, fortalecer la asistencia jurídica a las familias afectadas y encargar a la comisión competente la presentación de un informe con recomendaciones. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó las circunstancias en las que fue detenido y asesinado Ernesto “Che” Guevara, exhortó a la comunidad internacional a respetar las libertades de pensamiento y opinión y reconoció la vigencia de su pensamiento revolucionario. Intervinieron Virgilio Hernández, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre, Luis Morales, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Andrés Páez, Fernando Flores, Silvia Salgado y Tomás Zevallos.

ACTA_130-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron varias modificaciones del orden del día para incorporar posteriormente el análisis de la situación de los migrantes ecuatorianos afectados por fraudes hipotecarios en España, una resolución relacionada con la muerte de Ernesto “Che” Guevara y dos propuestas de reconocimiento a San José de Ancón por su importancia histórica, cultural, industrial y petrolera. A continuación, se rindió homenaje al músico y compositor Segundo Bautista Vasco, destacándose su trayectoria, talento, aporte a la música nacional y ejemplo de superación, por lo que recibió la condecoración al mérito cultural y agradeció el reconocimiento mediante una interpretación musical. Posteriormente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, orientado a garantizar atención preferente a las poblaciones ubicadas en las fronteras, fortalecer la inversión pública, los servicios básicos, la educación, la salud, la conectividad, el turismo, la producción, el comercio, el transporte, el empleo local, la seguridad y la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, además de promover una cultura de paz, buena vecindad e integración con los países limítrofes; durante la discusión se expusieron los problemas de pobreza, migración, abandono institucional, falta de infraestructura, inseguridad, narcotráfico, contrabando, presencia de grupos irregulares, desplazamiento de refugiados, deterioro de destacamentos militares y explotación de recursos naturales, así como la necesidad de establecer mecanismos efectivos de financiamiento, incentivos tributarios y productivos, protección ambiental y criterios claros para distribuir los recursos, aunque también se advirtió que la Asamblea no podía crear directamente nuevas asignaciones presupuestarias. El debate quedó suspendido sin votación para continuar recogiendo observaciones. Asimismo, se aprobó una resolución que exhortó al Ministerio de Defensa a cancelar los valores retroactivos adeudados por los años 2008 y 2009 a militares activos y pasivos de las jerarquías de mayor, capitán, suboficial mayor y suboficial primero, solicitó al Ministerio de Finanzas entregar los recursos correspondientes y demandó al ISSFA realizar los pagos inmediatamente; la aprobación se mantuvo luego de negarse su reconsideración. Intervinieron Gerónimo Yantalema, Tomás Zevallos, Vanesa Fajardo, Fernando Aguirre, Jimmy Pinoargote, Gerardo Morán, Francisco Ulloa, Segundo Bautista Vasco, Julio Robles, Luis Nacevilla, Virgilio Hernández, Zobeida Gudiño, Magali Orellana, Línder Altafuya, Fausto Cobo, Edwin Vaca, Nicolás Lapentti, Carlos Velasco, Leandro Cadena, Guido Vargas, Diana Atamaint, Vethowen Chica y César Gracia.

ACTA_129-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron las solicitudes para incorporar al orden del día el reconocimiento de Manuel Inocencio Parrales y Guale como precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, así como la propuesta para declarar el 12 de octubre como Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, Montubios, Afros y Sectores Populares, aunque esta última no llegó a resolverse antes de la clausura; en cambio, fue negado el pedido de declarar la emergencia sanitaria en Pastaza ante la presencia de casos de sarampión en territorio huaorani. El tema central fue el primer debate de la reforma sobre la jubilación especial para las mujeres, que proponía permitirles jubilarse voluntariamente, sin límite de edad, después de veinticinco años de aportaciones, calculando la pensión con base en el promedio de sus cinco mejores remuneraciones. La mayoría de las intervenciones respaldó la iniciativa como una medida de justicia social y reconocimiento al doble o triple trabajo que realizan las mujeres en el ámbito laboral, doméstico, familiar y comunitario, así como a la discriminación histórica, el desgaste físico y mental, las dificultades de inserción laboral y la responsabilidad de cuidar a hijos, nietos, personas enfermas y adultos mayores. También se planteó ampliar la seguridad social a amas de casa, trabajadoras informales, campesinas, indígenas y mujeres sin relación de dependencia; considerar los períodos de maternidad y enfermedad; garantizar que la jubilación sea opcional; revisar el coeficiente utilizado para calcular las pensiones; y asegurar una prestación digna. No obstante, varios legisladores advirtieron que era indispensable contar con estudios actuariales, precisar el número de posibles beneficiarias, establecer una fuente de financiamiento sostenible, analizar la participación económica del Estado y del IESS, corregir aspectos de técnica legislativa y evitar que la reforma reforzara la idea de que las tareas domésticas son responsabilidad exclusiva de las mujeres. Fernando Cordero sostuvo que la iniciativa podía enfrentar impedimentos constitucionales por comprometer recursos estatales y pidió coordinar una propuesta viable con el Ejecutivo y el IESS; tras la respuesta de Nívea Vélez, quien defendió el carácter optativo y la legitimidad de utilizar los recursos de los afiliados para esta prestación, se cerró el primer debate sin votación y se remitieron las observaciones a la comisión. Finalmente, se aprobó la resolución que declaró a Manuel Inocencio Parrales y Guale precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, reconociendo su lucha contra los abusos coloniales y a favor de las tierras comunitarias. Intervinieron Soraya Viteri, Francisco Cisneros, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Clara Salazar, Mariana Pallasco, Edwin Vaca, Kléver García, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Diana Atamaint, Mery Zamora, Marisol Peñafiel, Andrés Páez, Vicente Taiano, Rocío Valarezo, Mercedes Villacrés, César Gracia, María Soledad Vela, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Scheznarda Fernández, Fernando Bustamante, Consuelo Flores, Richard Guillén, Línder Altafuya, Rolando Panchana, Betty Amores, Silvia Kon, Paola Pabón, María Molina, Betty Carrillo, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Susana González, César Rodríguez, Luis Morales, Luis Almeida, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos, Guido Vargas y Fernando Cordero.

ACTA_128-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se presentó una solicitud de Lourdes Tibán para incorporar al orden del día una resolución que exhortara a declarar la emergencia sanitaria y ambiental en la cuenca alta del río Cutuchi, debido a la contaminación producida por aguas residuales, desechos industriales, hospitalarios y agrícolas que afectaban los sistemas de riego, los cultivos, los animales y la salud de las poblaciones de Cotopaxi y Tungurahua; sin embargo, la propuesta no alcanzó los votos necesarios. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública, orientado a fortalecer la transparencia, eficiencia, control y democratización de las compras estatales, cambiar la denominación del organismo rector por Servicio Nacional de Contratación Pública, regular los procedimientos de menor e ínfima cuantía, las ferias inclusivas, la participación local, las contrataciones internacionales y de régimen especial, la publicación de información en el portal, las garantías, las ofertas con documentos falsos y las inhabilidades para contratar. Durante el debate se formularon observaciones sobre la necesidad de evitar contratos dirigidos, plazos excesivamente cortos, precios referenciales inflados, información privilegiada, concentración de obras en pocas empresas, cobro de comisiones, corrupción y abuso de las declaratorias de emergencia; también se planteó proteger la autonomía de los gobiernos locales, mantener la responsabilidad de las máximas autoridades aun cuando deleguen funciones, facilitar la participación de profesionales jóvenes, artesanos, pequeños productores, microempresas y organizaciones de la economía popular y solidaria, promover la contratación de mano de obra y proveedores locales, incorporar veedurías ciudadanas y criterios ambientales, mejorar el pago de planillas y la ejecución de garantías, y revisar las prohibiciones que afectaban a familiares de servidores públicos sin participación directa en los procesos contractuales. El debate concluyó sin votación, a fin de que la comisión analizara e incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Paco Fierro, Andrés Roche, Jimmy Pinoargote, Rocío Valarezo, Richard Guillén, Yandri Bruner, Silvia Salgado, Gerónimo Yantalema, Luis Morales, Alfredo Ortiz, Eduardo Encalada, Juan Carlos López, César Rodríguez, María Soledad Vela, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Jorge Escala, Vethowen Chica, César Gracia y Rosendo Nurinkias.

ACTA_127-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa del servicio público, orientado a corregir la prohibición general que impedía a servidores públicos y a sus familiares contratar con cualquier institución estatal; durante la discusión se buscó equilibrar la libertad de trabajo y contratación con la prevención del nepotismo, el tráfico de influencias y la corrupción, planteándose limitar las prohibiciones según la institución donde labora el funcionario, el grado de parentesco, la jerarquía del cargo, la participación efectiva en empresas y la existencia de conflictos de intereses, además de formular observaciones sobre la autonomía administrativa de la Asamblea, las renuncias obligatorias y los regímenes aplicables a docentes universitarios y profesionales. Posteriormente, se analizó el convenio entre Ecuador y China para el otorgamiento de una línea de crédito preferencial, debatiéndose sus condiciones financieras, la política de endeudamiento, la soberanía nacional, la transparencia de los acuerdos petroleros, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con China; sin embargo, ante las dudas sobre la correspondencia entre el instrumento sometido al Pleno y el dictamen de la Corte Constitucional, se suspendió su tratamiento y se dispuso que regresara a la comisión para aclarar su denominación y sustento jurídico antes de una futura votación. Finalmente, se designó a Karen Pamela Tapia Tapia y Manuel Eduardo Taipe Calle como delegados para integrar la comisión ciudadana encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, y a Myriam Elisa Brito Estrada y Fausto Javier Holguín Ochoa para la selección de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral; ambas designaciones fueron aprobadas y sus reconsideraciones resultaron negadas. Intervinieron Raúl Abad, Alfredo Ortiz, Fernando Bustamante, Galo Vaca, María Soledad Vela, Luis Almeida, Gastón Gagliardo, Enrique Herrería, Luis Morales, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Andrés Roche, Jorge Escala, Pedro de la Cruz, Paco Fierro, Rolando Panchana, Kléver García, Fernando Cordero, Tito Nilton Mendoza, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, José Portugal, Juan Fernández, Paco Moncayo, Francisco Ulloa, Cléver Jiménez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Fernando Aguirre, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Betty Amores, Galo Lara, Armando Aguilar, César Rodríguez, María Augusta Calle y Dora Aguirre.

ACTA_126-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó una resolución de solidaridad con cinco ciudadanos cubanos procesados y condenados en Estados Unidos, mediante la cual se solicitó al presidente Barack Obama disponer su liberación y conceder visas humanitarias a sus familiares; durante el debate se confrontaron criterios sobre las garantías del proceso, los derechos humanos, las acusaciones de espionaje, el respeto a la soberanía estadounidense y la necesidad de extender la solidaridad a ciudadanos ecuatorianos detenidos o perseguidos. Posteriormente, se aprobó definitivamente la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, destinada a prevenir, corregir y sancionar el abuso de posición dominante, los acuerdos colusorios, las concentraciones económicas y las prácticas desleales, luego de incorporar cambios para proteger el debido proceso, la privacidad, el derecho a la defensa, la proporcionalidad de las medidas preventivas y la delimitación de las facultades de los organismos reguladores; la aprobación se mantuvo después de la rectificación y de que fuera negada su reconsideración. También se aprobó exhortar al Ministerio de Educación a iniciar inmediatamente la recategorización de los docentes, de acuerdo con su experiencia y profesionalización, concluir el proceso en un plazo máximo de un año y ampliar los cursos de capacitación necesarios para acceder a este beneficio. Asimismo, ante el aumento de casos de sarampión, se resolvió solicitar la declaratoria del estado de excepción sanitaria en la provincia de Tungurahua, con atención prioritaria a Quisapincha, Pasa y Atahualpa, así como el fortalecimiento de la infraestructura, el personal, los medicamentos y los insumos de salud. Finalmente, se expresó solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones en Napo y se exhortó al Gobierno Nacional a atender oportunamente a los damnificados, reparar los daños y coordinar las acciones de asistencia y reconstrucción. Intervinieron Línder Altafuya, Paco Moncayo, María Alejandra Vicuña, Luis Almeida, Fernando Flores, Silvia Salgado, Francisco Velasco, Gioconda Saltos, Kléver García, Ramiro Terán, Hólger Chávez, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Galo Vaca, Jorge Escala, Mao Moreno, Betty Carrillo, Leonardo Viteri, César Gracia, Juan Carlos López, Marco Murillo, Luis Morales, Franklin Purcachi, Víctor Quirola y Guillermina Cruz.

ACTA_126-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la recategorización y capacitación de los docentes, la declaratoria de emergencia sanitaria en Quisapincha ante el incremento de casos de sarampión y la atención urgente a las familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Napo; posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, respecto del cual existió consenso sobre la necesidad de prevenir y sancionar los monopolios, los acuerdos colusorios, la competencia desleal y los abusos contra consumidores, pequeños productores y empresas, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre la concentración de atribuciones en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la intervención del Ejecutivo, la independencia de los organismos de control, las facultades de investigación e inspección, la protección de la privacidad y el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones, la regulación de las empresas públicas y privadas, la protección de las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria, la inversión, el empleo y las disposiciones aplicables a los sectores financiero y de comunicación. Durante una comisión general, Pablo Dávila Jaramillo, representante de las cámaras de industrias, respaldó la existencia de una normativa de competencia, pero solicitó limitar la discrecionalidad de las autoridades, establecer controles colegiados y otorgar un período de transición. Finalmente, se negó la propuesta de Rafael Dávila para archivar el proyecto y sustituirlo por otra iniciativa antimonopolio, con cuarenta y cuatro votos afirmativos, sesenta negativos, dos blancos y diez abstenciones; sin embargo, no se efectuó la votación definitiva de la ley, pues el debate fue suspendido para incorporar las observaciones formuladas y buscar un texto de mayor consenso, quedando pendientes los demás puntos incorporados al orden del día. Intervinieron Gioconda Saltos, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Francisco Velasco, Pablo Dávila Jaramillo, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Zobeida Gudiño, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Patricio Quevedo, Silvia Salgado, Nicolás Lapentti, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Fernando González, Alfredo Bautista, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Betty Amores, Rafael Dávila, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Luis Morales, Francisco Cevallos, Jorge Fadul, Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Lenín Chica, Richard Guillén, Jorge Escala, Rosana Alvarado y Fernando Flores.

ACTA_125-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión 125 del Pleno, realizada el 20 de septiembre de 2011, se desarrolló inicialmente un acto conmemorativo por los 180 años de la primera sesión del Congreso Nacional del Ecuador, durante el cual ingresó al salón la primera Constitución ecuatoriana, se interpretó el Himno Nacional en idioma shuar y se entregó oficialmente la Constitución de la República traducida al shuar chicham, trabajo destinado a facilitar a esta nacionalidad el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones; intervinieron el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el lingüista Pedro Andicha Chayuqui y la asambleísta Diana Atamaint, quienes destacaron la importancia de la memoria histórica, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la conservación de las lenguas ancestrales y la inclusión de los pueblos indígenas. Posteriormente, se inició un extenso y polarizado debate sobre el proyecto de resolución relacionado con los hechos del 30 de septiembre de 2010: María Augusta Calle y otros legisladores sostuvieron que existió un intento de golpe de Estado, el secuestro del Presidente de la República y una acción coordinada destinada a quebrantar el orden constitucional, por lo que solicitaron investigar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales y evitar la impunidad; en contraste, varios asambleístas de oposición negaron que hubiera existido golpe de Estado o magnicidio, atribuyeron los acontecimientos a una protesta policial originada por la Ley de Servicio Público, cuestionaron la actuación del Ejecutivo y de las fuerzas que participaron en el operativo de rescate, denunciaron una posible utilización política de la justicia y propusieron conformar una investigación independiente, desclasificar los documentos reservados o acudir a organismos internacionales para determinar responsabilidades. El debate fue suspendido al mediodía y reinstalado con setenta y cinco legisladores, pero, luego de nuevas intervenciones, la sesión volvió a suspenderse a las 16h20 sin que el proyecto de resolución fuera sometido a votación y sin que se trataran los segundos debates de los proyectos de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Intervinieron María Augusta Calle, Lenín Chica, Ramiro Terán, Cléver Jiménez, Irina Cabezas, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Pedro de la Cruz, Cynthia Viteri, Fernando Flores, Viviana Bonilla, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Enrique Herrería, Paola Pabón, Fausto Cobo, Gastón Gagliardo, Virgilio Hernández, Jorge Escala, Mao Moreno, Xavier Tomalá, Marco Murillo y Fernando Aguirre.

ACTA_124-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión del Pleno se trataron tres solicitudes de modificación del orden del día: la propuesta de Ramiro Terán sobre los derechos laborales y la jornada de los docentes no fue aprobada, mientras que se incorporaron las resoluciones planteadas por Paco Fierro para atender el déficit económico de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer —SOLCA— y por Mao Moreno sobre la regulación de la jornada pedagógica del magisterio. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientado a regular las prácticas preprofesionales de los estudiantes de los dos últimos años y egresados de Derecho o Ciencias Jurídicas, estableciendo un año lectivo de servicio legal a la ciudadanía en instituciones públicas, gobiernos autónomos descentralizados, consultorios jurídicos y comunidades indígenas; durante el debate se formularon observaciones sobre la coordinación con el Consejo de Educación Superior, el plazo para expedir el reglamento, la compensación económica, la inexistencia de relación laboral, las entidades en las que podrían realizarse las prácticas y la aplicación de la norma sin efecto retroactivo. El proyecto fue aprobado inicialmente con noventa y siete votos afirmativos, uno negativo y tres blancos, y en la rectificación obtuvo noventa y seis votos afirmativos, cero negativos y tres blancos. Respecto de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal, el Pleno se allanó totalmente al veto, que establecía la aprobación del setenta y cinco por ciento de los copropietarios para realizar modificaciones estructurales o aumentos de edificación y del sesenta por ciento para modificar fachadas sin afectar la estructura; la moción obtuvo ochenta y tres votos afirmativos, nueve negativos, siete blancos y cuatro abstenciones, y los posteriores pedidos de reconsideración y rectificación fueron negados. Asimismo, se aprobó la resolución que exhortó al Presidente de la República y a los ministros de Finanzas y Salud Pública a acelerar el pago de las facturas adeudadas a SOLCA, a fin de evitar la suspensión de sus servicios de atención oncológica, alcanzando en la rectificación setenta votos afirmativos, uno negativo, tres blancos y veintidós abstenciones. Finalmente, se aprobó con ochenta y nueve votos afirmativos y dos blancos la resolución que exhortó al Ministerio de Educación a reglamentar las seis horas pedagógicas diarias, determinando períodos de clase de cuarenta a cuarenta y cinco minutos, horarios flexibles para las actividades complementarias y un tratamiento especial para los establecimientos nocturnos y la educación a distancia; su reconsideración fue negada por unanimidad de los ochenta y nueve asambleístas presentes. Intervinieron Ramiro Terán, Paco Fierro, Mao Moreno, Mauro Andino, Silvia Salgado, María Molina, Xavier Tomalá, Vicente Taiano, María Soledad Vela, Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Gerónimo Yantalema, Rolando Panchana, Tito Nilton Mendoza, Carlos Samaniego, Mariángel Muñoz, Francisco Ulloa, Bolívar Subía, Juan Carlos López y Rafael Dávila.

ACTA_123-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión del Pleno se retiró la solicitud de Marco Murillo para incorporar al orden del día la reinstalación de la sesión 115, luego del compromiso de convocar a los jefes de bancada para acordar la continuación del segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; mientras que la propuesta de Nívea Vélez para debatir el estado de excepción decretado en la Función Judicial fue negada, registrándose en la rectificación cincuenta y un votos afirmativos, ocho negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente, la Asamblea rindió homenaje a la delegación ecuatoriana de Olimpiadas Especiales que participó en los Juegos Mundiales de Verano de Atenas 2011, donde obtuvo veinticinco medallas de oro, veintiséis de plata y catorce de bronce; se otorgó la condecoración “Doctor Vicente Rocafuerte” al Pabellón de Olimpiadas Especiales Ecuador, se reconoció la labor de su presidente Héctor Cueva Jiménez, del equipo técnico y de los deportistas, y se destacó su ejemplo de inclusión, perseverancia y superación. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, orientado a prevenir, corregir y sancionar los abusos de posición dominante, las prácticas anticompetitivas y la concentración perjudicial para consumidores y pequeños productores; aunque existió coincidencia sobre la necesidad de contar con una normativa contra los monopolios y oligopolios, se formularon numerosas observaciones respecto de la concentración de facultades en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la independencia de los organismos de control, la amplitud y discrecionalidad de sus atribuciones, el respeto al debido proceso, la intimidad y la acción de protección, la proporcionalidad de las multas, la definición del mercado relevante, la relación con los sectores financiero, público y estratégico, y la protección de consumidores, pequeñas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria. El debate concluyó sin votación, para que la Comisión incorporara las observaciones antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Silvia Kon, Rolando Panchana, Rafael Dávila, Fernando Bustamante, César Montúfar, Viviana Bonilla, Juan Carlos López, Betty Amores, Fernando González, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Eduardo Encalada, Rosana Alvarado, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Jaime Abril, Marco Murillo, Andrés Roche, María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Luis Morales, Paola Pabón, María Augusta Calle, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Kléver García, Celso Maldonado, Jorge Fadúl, María Alejandra Vicuña, Mauro Andino, Francisco Cevallos y Francisco Ulloa.

ACTA_122-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó la resolución que dispuso a la Unidad de Técnica Legislativa elaborar el proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y asignó su posterior trámite a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, con ochenta y ocho votos afirmativos, siete blancos y diecisiete abstenciones. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, centrado en garantizar la autonomía administrativa, laboral y presupuestaria de la Función Legislativa frente al Ministerio de Relaciones Laborales; durante el análisis se propuso precisar la aplicación de la normativa para asambleístas y servidores legislativos, ampliar la autonomía a otras funciones del Estado y considerar los regímenes especiales del sistema educativo y de educación superior, tras lo cual se cerró el debate sin votación. También se aprobó la resolución que exhortó al Ministerio de Educación a reconstruir, mediante contratación de emergencia, la escuela Belisario Quevedo de Ambato, afectada por un incendio, y al Municipio de Ambato y demás gobiernos seccionales a legalizar los terrenos donde funcionan instituciones educativas; en la rectificación se registraron ochenta y tres votos afirmativos y siete blancos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y un votos afirmativos y dos blancos, una resolución sobre la crisis bananera que exhortó al Ministerio de Agricultura a aplicar efectivamente la normativa vigente, establecer políticas claras de precios y comercialización, combatir los monopolios y la intermediación injusta, fortalecer las compras públicas de producción nacional, atender prioritariamente a los pequeños y medianos productores, promover la diversificación de cultivos y estudiar la conformación de una exportadora de economía mixta. Intervinieron Gioconda Saltos, Gerónimo Yantalema, Viviana Bonilla, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Rolando Panchana, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Andrés Roche, Luis Morales, Línder Altafuya, Kléver García, Tito Nilton Mendoza, Andrés Páez, Edwin Vaca, Fernando Cordero, Nívea Vélez, César Gracia, María Alejandra Vicuña, Katty Vélez, Dalton Burgos, Rocío Barriga y Víctor Quirola.

ACTA_121-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ley Derogatoria No. 8 para la Depuración de la Normativa Legal, mediante el cual se eliminaron expresamente 150 normas obsoletas o ya cumplidas, entre decretos y acuerdos supremos, resoluciones legislativas y decretos leyes de emergencia, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica; tras la rectificación, el proyecto obtuvo noventa y un votos afirmativos, cinco blancos y diez abstenciones. Posteriormente, se debatió y aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos, destacándose que este instrumento puso fin a la denominada “guerra del banano”, redujo progresivamente los aranceles europeos y mejoró las condiciones de acceso del producto ecuatoriano, aunque también se plantearon inquietudes sobre la competitividad frente a Colombia y Perú, la protección de pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial y la necesidad de políticas complementarias para el sector; la rectificación registró ciento diez votos afirmativos. Finalmente, se discutió qué comisión debía analizar el informe anual de labores del Presidente de la República: las propuestas para remitirlo a las comisiones de Derechos Colectivos y de Soberanía no fueron aprobadas luego de sus respectivas rectificaciones, mientras que también se planteó encargarlo a Fiscalización, conformar una comisión multipartidista o distribuir el análisis entre todas las comisiones; al no existir una propuesta concreta y consensuada, la sesión fue suspendida. Intervinieron María Paula Romo, Rafael Dávila, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Víctor Quirola, Emilia Jaramillo, Nicolás Lapentti, Omar Juez, Línder Altafuya, Dora Aguirre, María Augusta Calle y Fernando Flores.

ACTA_120-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se debatió y resolvió la integración de las comisiones especializadas permanentes y de la Comisión de Fiscalización y Control Político para el nuevo período legislativo. Dora Aguirre presentó la nómina de integrantes y sostuvo que se procuró atender las preferencias de los asambleístas; sin embargo, varios legisladores cuestionaron la distribución por considerar que no respetaba la proporcionalidad política, los perfiles profesionales, las especialidades ni las solicitudes formuladas, y denunciaron falta de diálogo, exclusión de sectores de oposición y una concentración de mayorías en determinadas comisiones. Ante estas observaciones se efectuó un receso y se incorporaron varios cambios en la propuesta inicial; posteriormente, el Pleno aprobó la conformación de las doce comisiones permanentes y de la Comisión de Fiscalización y Control Político, decisiones que se mantuvieron luego de las rectificaciones y de que fueran negadas las reconsideraciones. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Andrés Segovia Salcedo, Dora Aguirre, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Fernando Flores, Rafael Dávila, Jorge Escala, Juan Carlos Cassinelli, César Rodríguez, Francisco Cisneros, Marco Murillo y Andrés Roche; además, Virgilio Hernández y Ramiro Terán solicitaron actuaciones relacionadas con la reconsideración y rectificación de las votaciones.

ACTA_119-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se eligieron y posesionaron las dos vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Para la primera Vicepresidencia se presentaron las candidaturas de Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores y Abdalá Bucaram Pulley, en medio de planteamientos sobre el fortalecimiento institucional, la transparencia de las votaciones, la representación de las distintas fuerzas políticas, la equidad y la necesidad de reformar la normativa legislativa; finalmente, Juan Carlos Cassinelli fue elegido, ratificado tras la rectificación y la negativa de la reconsideración, y asumió el compromiso de impulsar la inclusión, la participación y la reducción de las desigualdades. Para la segunda Vicepresidencia se postularon Rocío Valarezo y Leandro Cadena, destacándose la participación de las mujeres, la equidad de género y las diferencias entre el oficialismo y la oposición; Rocío Valarezo resultó elegida, su designación fue confirmada mediante rectificación y se negó la reconsideración, tras lo cual se comprometió a ejercer sus funciones con transparencia, honestidad y equidad, promoviendo la unidad y el trabajo legislativo en beneficio de los sectores más pobres. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Andrés Segovia Salcedo, María Alejandra Vicuña, Vicente Taiano, Paco Moncayo, César Gracia, Juan Carlos Cassinelli, Lídice Larrea, Galo Lara y Rocío Valarezo; además, Juan Carlos López y Raúl Abad solicitaron actuaciones relacionadas con la rectificación y reconsideración de las votaciones.

ACTA_118-A-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se verificó la presencia de ciento diecinueve asambleístas y se trató la reconsideración solicitada por Abdalá Bucaram respecto de la votación mediante la cual Fernando Cordero Cueva fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. La propuesta fue sometida directamente a votación, sin debate, y resultó negada con cincuenta y ocho votos afirmativos, sesenta negativos y una abstención; posteriormente, se dispuso la rectificación de la votación, que también fue rechazada con cincuenta y ocho votos afirmativos, sesenta negativos y un voto en blanco, por lo que se mantuvo la elección de Fernando Cordero. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, quien dirigió el procedimiento y clausuró la sesión; Andrés Segovia Salcedo, quien constató el quórum, condujo las votaciones y proclamó sus resultados; y Abdalá Bucaram, en calidad de proponente de la reconsideración

ACTA_118-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión solemne del 10 de agosto de 2011, el Pleno conoció el informe presentado por el presidente Rafael Correa Delgado sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos gubernamentales para el año siguiente. El Mandatario centró su intervención inicial en la relación entre libertad, justicia y equidad, defendió la responsabilidad posterior en el ejercicio de la libertad de expresión, cuestionó la actuación política y económica de ciertos medios de comunicación y se refirió al debate de la Ley de Comunicación. Posteriormente, las autoridades del Ejecutivo expusieron los avances y retos en sus respectivas áreas: Jorge Glas abordó la recuperación de los sectores estratégicos, las inversiones en energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, recursos hídricos y minería; Guillermo Solórzano informó sobre la transformación de la educación, la investigación científica, las becas y la meritocracia; Mauricio Peña trató la producción, el empleo, las exportaciones, las MIPYMES y la seguridad social; y el vicepresidente Lenín Moreno presentó los resultados de la Misión Solidaria Manuela Espejo y las políticas de inclusión de las personas con discapacidad. También intervinieron Jeaneth Sánchez sobre reducción de la pobreza, salud, vivienda y economía popular y solidaria; Homero Arellano sobre seguridad ciudadana, Policía, justicia y el sistema ECU-911; María Fernanda Espinosa sobre protección del patrimonio natural y cultural; Ricardo Patiño sobre política exterior, integración regional y soberanía; Katiuska King sobre estabilidad económica, banca pública, crédito y reducción de desigualdades; y Doris Soliz sobre participación ciudadana, descentralización y fortalecimiento de los gobiernos autónomos. Finalmente, Correa retomó la palabra para destacar los resultados generales del Gobierno y reafirmar la continuidad del proyecto político, tras lo cual se entonó el Himno a Quito y se suspendió la sesión.

ACTA_117-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizaron las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional para el nuevo período legislativo, en medio de un debate sobre la independencia de las funciones del Estado, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la conformación de mayorías, la fiscalización, la representación de las fuerzas políticas y la alternabilidad de género. Fernando Cordero fue reelegido y posesionado como presidente de la Asamblea; en cambio, las candidaturas de Juan Cassinelli y Betty Amores para la Primera Vicepresidencia, así como las de Rocío Valarezo y Leandro Cadena para la Segunda Vicepresidencia, no alcanzaron los votos requeridos, por lo que ambas dignidades quedaron sin definirse. Posteriormente, fueron elegidos y posesionados como vocales del Consejo de Administración Legislativa Pedro de la Cruz, Fausto Cobo, Francisco Ulloa y Marco Murillo, quienes representaron a diferentes bancadas y sectores políticos. Finalmente, se ratificó a Andrés Segovia como secretario general y se eligió a Libia Rivas como prosecretaria general, quienes prestaron juramento para ejercer sus funciones. Intervinieron Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Jorge Escala, Andrés Páez, Abdalá Bucaram, César Rodríguez, Fernando Cordero, María Vicuña, Lourdes Tibán, Lídice Larrea, Galo Lara, Rafael Dávila, Silvia Salgado, Pedro de la Cruz, Juan López, Fausto Cobo, Nívea Vélez, Raúl Abad, Francisco Ulloa, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Rolando Panchana y Tomás Zevallos

ACTA_116-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas para incorporar al orden del día el rechazo al decreto sobre la compra obligatoria de renuncias de servidores públicos y un exhorto para ampliar el acceso de los jóvenes a las universidades estatales. Posteriormente, se posesionó a Paulo Rodríguez, Tania Arias y José Yávar como integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio. Se debatió la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de una causa penal contra el Presidente de la República por una querella de injurias; quienes respaldaron la autorización sostuvieron que la inmunidad no debía impedir la investigación judicial y que correspondía garantizar el debido proceso, mientras sus opositores consideraron que la petición carecía de fundamento constitucional, perseguía fines políticos y pretendía desestabilizar al Gobierno. La autorización fue negada y la rectificación confirmó el resultado. También se aprobó la Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, mediante la cual se eliminaron ciento cincuenta y una normas obsoletas o inaplicables. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial sobre las prácticas preprofesionales de los estudiantes de Derecho, analizando su aplicación únicamente a quienes iniciaron sus estudios después de la vigencia del Código, la falta del reglamento correspondiente, la posibilidad de realizarlas durante la carrera y en distintas instituciones públicas, su remuneración, la protección de quienes estudian y trabajan, la diferencia entre pasantías y prácticas profesionales y la coordinación con las autoridades de educación superior; las observaciones fueron remitidas a la comisión para elaborar el informe de segundo debate. Intervinieron Nívea Vélez, Luis Morales, Silvia Kon, Enrique Herrería, Jorge Escala, Tito Mendoza, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Hólger Chávez, Andrés Páez, Cynthia Viteri, César Rodríguez, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, César Montúfar, Lourdes Tibán, Armando Aguilar, Luis Almeida, César Gracia, Mauro Andino, Eduardo Encalada, María Romo, Juan Cassinelli, Gerónimo Yantalema, María Vela, Francisco Ulloa y Viviana Bonilla.

ACTA_115-G-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se continuó con el segundo debate y la votación individual del proyecto de reforma a la normativa que regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional, concentrándose en los procedimientos de fiscalización y juicio político. Se aprobaron disposiciones para impedir que la comisión encargada de la fiscalización archive directamente los procesos, trasladando al Pleno la decisión de archivarlos o continuarlos; se estableció la presentación de informes motivados de mayoría y minoría, con las pruebas de cargo y descargo; y se reguló la difusión de dichos informes, su inclusión en el orden del día, la designación de ponentes, la votación nominativa y los plazos para efectuar el juicio político. También se intentó someter nuevamente a votación la posibilidad de que cada asambleísta contara con un analista legislativo para apoyar el manejo de sistemas electrónicos, pero se determinó que esta propuesta ya había sido votada y negada, por lo que no correspondía reconsiderarla. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, quien dirigió la sesión; Andrés Segovia Salcedo, secretario general; Vicente Taiano Álvarez, quien presentó y explicó la propuesta; María Augusta Calle, quien cuestionó que se intentara votar nuevamente un asunto ya resuelto; y Virgilio Hernández, quien sostuvo que repetir esa votación vulneraría el procedimiento legislativo y generaría mayor gasto público.

ACTA_115-E-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó la votación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se negó, incluso después de la rectificación, el artículo que permitía remitir a la Corte Constitucional una objeción parcial del Ejecutivo cuando un asambleísta fundamentara la posible inconstitucionalidad del proyecto. Posteriormente, se inició el tratamiento del artículo destinado a regular la comparecencia de autoridades y funcionarios públicos ante el Pleno y las comisiones especializadas, estableciendo requisitos para solicitarla, formular preguntas y repreguntas, apelar las decisiones del Consejo de Administración Legislativa, exigir la presencia personal de los convocados y aplicar sanciones o iniciar un juicio político en caso de inasistencia injustificada. Vicente Taiano defendió esta disposición como un mecanismo para fortalecer la fiscalización y solicitó aplazar la votación debido a la ausencia de varios legisladores y a la existencia de una medida cautelar relacionada con la publicación de la ley. Fernando Cordero acogió el pedido, manifestó que se defenderían las atribuciones de la Asamblea y suspendió la sesión sin someter el artículo a votación. Intervinieron Vicente Taiano y Fernando Cordero.

ACTA_115-D-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó la votación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo texto general, correspondiente a los asuntos consensuados entre las bancadas, fue aprobado con excepción de varios artículos y secciones reservados para votación individual. Vicente Taiano explicó que la reforma buscaba fortalecer la autonomía e independencia de la Asamblea, ampliar los plazos para el tratamiento de proyectos, crear la Comisión de Asuntos Migratorios y regular de mejor manera la legislación y la fiscalización. María Calle informó que se había consensuado un texto sobre la consulta prelegislativa con representantes de varios sectores políticos, aunque esta sección no pudo incorporarse a la votación general por haber sido previamente separada para su tratamiento individual. Se aprobaron disposiciones relacionadas con el ámbito de aplicación de la ley, la posibilidad de sesionar fuera de Quito, las mayorías necesarias para adoptar decisiones, las atribuciones de la Presidencia, la conformación de la Comisión de Fiscalización, la calificación de proyectos de ley, el trámite de proyectos económicos urgentes, la modificación de informes por las comisiones y la revisión individual de artículos; en cambio, se negaron propuestas sobre determinadas facultades de las comisiones, la creación de una comisión ocasional multipartidista y criterios vinculados con el padrón electoral. La sesión fue suspendida antes de votar todos los artículos y secciones pendientes, por lo que no concluyó la aprobación integral del proyecto. Intervinieron Vicente Taiano y María Calle.

ACTA_115-C-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vicente Taiano informó que, después de varias reuniones y de la participación de los bloques legislativos, se alcanzaron consensos sobre gran parte del texto y se retiraron propuestas que implicaban crear nuevas comisiones o aumentar la burocracia. Señaló que aún persistían desacuerdos respecto de si el Pleno o la Comisión de Fiscalización debía decidir sobre la continuación de los juicios políticos y sobre el número de votos necesarios para negar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Debido a que todavía debían corregirse y consolidarse algunas disposiciones del proyecto, solicitó un plazo adicional para concluir el texto antes de someterlo a votación. La solicitud fue aceptada y la sesión fue suspendida sin que se votara la reforma. Intervino Vicente Taiano.

ACTA_115-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientado a fortalecer la autonomía institucional, las atribuciones del Pleno y las capacidades de legislación, fiscalización y control político. Las intervenciones analizaron la regulación de la consulta prelegislativa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, su convocatoria, representatividad, duración, financiamiento y mecanismos de participación; también se propuso garantizar la comparecencia de funcionarios públicos, exigir respuestas respaldadas documentalmente, revisar el procedimiento de los juicios políticos y evitar que una minoría de la Comisión de Fiscalización pudiera archivarlos. Se debatieron además las facultades del Consejo de Administración Legislativa, la Presidencia, las comisiones y los ponentes, la presentación de textos alternativos, la inmunidad parlamentaria, los plazos para tramitar proyectos, el número de comisiones y asesores y el riesgo de aumentar la burocracia y el gasto público. Existieron posiciones contrapuestas sobre si la reforma fortalecería la fiscalización o permitiría recuperar prácticas políticas del antiguo Congreso, aunque hubo coincidencias en la necesidad de equilibrar las atribuciones internas y mejorar el funcionamiento de la Asamblea. Intervinieron Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Gastón Gagliardo, Tito Mendoza, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, César Gracia, Silvia Salgado, María Vela, Leonardo Viteri, Enrique Herrería, Rolando Panchana, Edwin Vaca, Rosendo Nurinkias, Mauro Andino, Marco Murillo, Armando Aguilar, Abdalá Bucaram, Eduardo Paredes, Jorge Escala, Marisol Peñafiel, Betty Amores, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Galo Vaca, Marllely Vásconez, Jimmy Pinoargote, Nívea Vélez, Vethowen Chica, Richard Guillén, Fernando Cordero, Guillermina Cruz, Fernando González, Mary Verduga, Andrés Páez, Tomás Zevallos, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Bustamante, Ramiro Terán y Vicente Taiano. Debido a la cantidad de observaciones, el proyecto no fue sometido a votación y se dispuso preparar y distribuir un nuevo texto antes de continuar su tratamiento.

ACTA_115-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó modificar el orden del día para incorporar el segundo debate y la votación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientado a fortalecer las facultades de legislación y fiscalización del Pleno y evitar que una minoría de la Comisión de Fiscalización pudiera archivar juicios políticos. La propuesta presentada por Vicente Taiano fue inicialmente negada, pero una rectificación de la votación permitió su aprobación. Posteriormente, surgió una controversia sobre el orden en que debían tratarse los puntos, pues la Presidencia dispuso continuar primero con la designación del delegado de la Función Legislativa al Consejo de la Judicatura de Transición, mientras varios legisladores sostuvieron que debía respetarse el orden aprobado por el Pleno. Gilmar Gutiérrez afirmó que el Pleno era la máxima autoridad de la Asamblea y Abdalá Bucaram solicitó que continuara la sesión. Ante los desacuerdos y las protestas, la sesión fue suspendida sin debatir la reforma legislativa ni designar al delegado para el Consejo de la Judicatura de Transición. Intervinieron Vicente Taiano, Abdalá Bucaram y Gilmar Gutiérrez.

ACTA_115-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, enfocado en fortalecer las facultades de legislación y fiscalización de la Asamblea, trasladar al Pleno la decisión sobre la continuación o archivo de los juicios políticos, permitir la presentación y votación de textos alternativos, regular la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades, revisar la conformación de las comisiones y analizar la creación de empresas públicas de comunicación legislativa y la asignación de asesores. Durante el debate existieron acuerdos sobre la necesidad de mejorar la fiscalización, pero también cuestionamientos respecto del incremento de comisiones, personal y gastos, así como sobre el procedimiento de consulta prelegislativa. El tratamiento del proyecto fue suspendido sin votación para designar al representante de la Función Legislativa ante el Consejo de la Judicatura de Transición. María Vela propuso a Tania Arias como delegada principal y a Carlos Delgado como alterno, mientras Alfredo Ortiz planteó las candidaturas de Juan Vizuete y Ramón Saltos; María Romo cuestionó que la selección devolviera a los sectores políticos la influencia sobre la justicia. Finalmente, se aprobó la designación de Tania Arias y Carlos Delgado, la rectificación confirmó el resultado y la posterior reconsideración fue negada. Intervinieron Vicente Taiano, María Romo, Fernando Bustamante, Rafael Dávila, Nívea Vélez, Luis Almeida, Alfredo Ortiz, Ramiro Terán, María Vela y Leonardo Viteri.

ACTA_113-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la incorporación de una resolución para exigir la reliquidación de las indemnizaciones de los extrabajadores de la extinta Junta de Defensa Nacional, mientras que se aprobó incluir el tratamiento de la situación de los maestros contratados de Esmeraldas, quienes denunciaban falta de pago y ausencia de renovación de contratos, aunque este punto no llegó a debatirse. En comisión general se conmemoró el Día del Cóndor Andino y se reconoció a Juan Carrión por su labor de conservación ambiental y a Guillermo Ayoví, “Papá Roncón”, por su trayectoria y aporte a la cultura afroecuatoriana. Posteriormente, se realizó el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Salud sobre enfermedades raras o huérfanas, orientada a reconocerlas como patologías catastróficas, de alto costo y complejidad, garantizar atención gratuita, prioritaria, integral y especializada, crear un plan nacional de prevención, diagnóstico y seguimiento, implementar un registro de pacientes, promover la investigación científica y asegurar el acceso oportuno a medicamentos. Paulina Hernández expuso las dificultades que enfrentan los pacientes con fibrosis quística y sus familias, mientras los legisladores destacaron la necesidad de fortalecer la atención primaria, capacitar al personal médico, evitar la discriminación, garantizar financiamiento y no limitar mediante una lista cerrada las enfermedades protegidas. Intervinieron Luis Morales, Línder Altafuya, Juan Carrión, Zobeida Gudiño, Petita Palma, Guillermo Ayoví, Paulina Hernández, Carlos Velasco, Scheznarda Fernández, Francisco Ulloa, María Vicuña, Alfredo Ortiz y Gioconda Saltos; las observaciones fueron remitidas a la comisión para preparar el informe de segundo debate

ACTA_113-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó y concluyó el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Salud sobre enfermedades raras o huérfanas. Las intervenciones destacaron la necesidad de definir claramente estas patologías, reconocerlas como enfermedades de alta complejidad y atención prioritaria, garantizar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y medicamentos, crear protocolos y registros de pacientes, promover la investigación genética y científica, capacitar al personal sanitario, apoyar a las familias y fomentar la cooperación internacional. También se aclaró que no todas estas enfermedades son de origen genético y se propuso incorporar un capítulo específico que establezca las responsabilidades del Estado y del Ministerio de Salud; las observaciones fueron remitidas a la comisión para elaborar el informe de segundo debate. Posteriormente, se analizó la situación de los maestros contratados, con posiciones que coincidieron en la obligación de pagar las remuneraciones adeudadas, aunque existieron diferencias sobre la entrega directa de nombramientos o la necesidad de respetar los concursos de méritos y oposición. Finalmente, se aprobó por unanimidad solicitar el pago inmediato de los haberes pendientes a los maestros contratados de Esmeraldas y de otras provincias, cancelar las horas extras de quienes trabajan en jornada nocturna, exigir el cumplimiento de la disposición transitoria correspondiente de la Ley Orgánica del Servicio Público, entregar nombramientos a quienes ganaron concursos anteriores y cubrir las nuevas plazas mediante el banco de elegibles. Intervinieron Paco Moncayo, María Vela, Luis Almeida, Lídice Larrea, Marco Murillo, Eduardo Encalada, María Kronfle, Leonardo Viteri, Víctor Quirola, Nívea Vélez, Silvia Salgado, Fernando Flores, Guillermina Cruz, Scheznarda Fernández, Línder Altafuya, Edwin Vaca y Raúl Abad.

ACTA_112-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, destinado a eliminar ciento cincuenta y una normas obsoletas y sin aplicación práctica, entre decretos, acuerdos, resoluciones legislativas y leyes, con lo que se completaría la revisión de aproximadamente mil cuatrocientas disposiciones antiguas; el debate fue cerrado y se dispuso remitir las observaciones a la comisión para preparar el informe de segundo debate. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Propiedad Horizontal, orientada a sustituir la exigencia de unanimidad por la aprobación de los dos tercios de las alícuotas para determinadas decisiones, evitar que un solo copropietario paralice mejoras, regular las expensas en conjuntos conformados por varios bloques o torres y facilitar el cobro judicial de las alícuotas vencidas mediante títulos ejecutivos. También se analizaron la administración de los condominios, la adecuación de sus reglamentos internos, la seguridad de las edificaciones, las competencias municipales, la accesibilidad, el uso y mantenimiento de los bienes comunes y la conveniencia de efectuar una reforma integral que considere las distintas realidades urbanas, habitacionales y sociales. Intervinieron María Romo, Francisco Ulloa, Rolando Panchana, Juan López, Silvia Salgado, Paco Moncayo, Jaime Abril, Vicente Taiano, Mauro Andino, Luis Almeida, Mercedes Diminich, Andrés Roche, Gioconda Saltos, Luis Morales y Fernando Cordero. La sesión fue suspendida sin que el proyecto reformatorio fuera sometido a votación.

ACTA_112-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal. María Romo explicó que el texto incorporó las observaciones formuladas previamente para respetar las competencias regulatorias de los municipios, evitar alteraciones que afectaran la seguridad estructural de las edificaciones, facilitar la adopción de decisiones colectivas y mejorar el cobro de las expensas pendientes. Enrique Herrería cuestionó el procedimiento utilizado para distribuir el texto reformado y manifestó su desacuerdo con el contenido del proyecto, por lo que la votación fue suspendida brevemente para revisar nuevas observaciones. Finalmente, se mantuvo la unanimidad para modificar estructuras resistentes o realizar ampliaciones, se estableció la aprobación de las tres cuartas partes de los copropietarios para cambiar fachadas sin afectar la estructura, se regularon los bienes comunes y las expensas en inmuebles con varios bloques o torres, se reconoció al administrador como representante legal del condominio y se otorgó carácter de título ejecutivo a las liquidaciones de alícuotas vencidas aprobadas por la asamblea de copropietarios. Intervinieron María Romo y Enrique Herrería. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

ACTA_111-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el Acuerdo Bilateral entre Ecuador y Perú para brindar atención recíproca de salud a sus nacionales, especialmente a las poblaciones fronterizas, con el propósito de garantizar el acceso a servicios médicos, fortalecer la integración binacional y regularizar la atención que ya se prestaba entre ambos países; durante el análisis se destacaron sus beneficios humanitarios, aunque también se formularon observaciones sobre la falta de precisión en el financiamiento, la infraestructura, la cobertura territorial, la reciprocidad efectiva y los mecanismos específicos para su aplicación. Asimismo, se aprobó el Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, organización intergubernamental destinada a apoyar a los países en desarrollo mediante estudios, asesoría técnica, jurídica y política, así como la formulación de posiciones comunes en asuntos comerciales, económicos y de desarrollo internacional. Finalmente, se aprobó declarar el trabajo infantil en las calles como trabajo infantil peligroso y establecer su erradicación como prioridad estatal; se exhortó al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social a presentar un plan con acciones y recursos para aplicar las recomendaciones de Naciones Unidas, y al Ministerio de Inclusión Económica y Social a fortalecer las becas escolares para niños y adolescentes retirados del trabajo infantil. Intervinieron Nívea Vélez, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Wladimir Vargas, Emilia Jaramillo, Fausto Cobo, Linda Machuca, Edwin Vaca, Eduardo Zambrano, Dora Aguirre, Marisol Peñafiel, Virgilio Hernández, María Calle, Mercedes Diminich, José Portugal, María Vicuña y Luis Morales

ACTA_110-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporaron al orden del día dos propuestas relacionadas con la protección de los migrantes ecuatorianos y el reconocimiento cultural de San Antonio de Ibarra. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización con Fines de Exportación del Banano y Afines, en el que se analizaron la protección de los pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial, la investigación técnica, la regulación de exportadores, la creación de una corporación bananera y la necesidad de incluir productos alternativos; también se señaló que varias disposiciones ya estaban contempladas en el Código de la Producción y que el proyecto requería mayor socialización. Finalmente, se aprobó su archivo y se negó la reconsideración. Se aprobó el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y Venezuela, destinado a proteger a los trabajadores migrantes y sus familias, permitir la acumulación y portabilidad de los periodos de aportación y facilitar el acceso a prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, aunque se debatió sobre el alcance exacto de sus beneficios. También se aprobó una resolución que rechazó la ley antimigrante HB-87 del estado de Georgia por considerarla discriminatoria y contraria a los derechos humanos, solicitando a las autoridades estadounidenses impulsar una reforma migratoria integral. Finalmente, se declaró a San Antonio de Ibarra como Patrimonio Cultural y Artístico del Ecuador y se exhortó a las instituciones nacionales y locales a proteger su memoria histórica, promover su producción artística y artesanal y asignar los recursos correspondientes. Intervinieron Francisco Hagó, Marisol Peñafiel, Jaime Abril, Ramiro Terán, Omar Juez, Gerónimo Yantalema, Víctor Quirola, José Portugal, Eduardo Zambrano, Emilia Jaramillo, Juan López, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Linda Machuca y Wladimir Vargas.

ACTA_109-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el tratamiento de la creación de una comisión especializada ocasional para las personas con discapacidad. María Kronfle propuso reformar una resolución anterior para permitir su conformación inmediata, asignarle exclusivamente el tratamiento del proyecto de Ley de las Personas con Discapacidad y cambiar su denominación. María Calle sostuvo que los derechos de estos grupos debían incorporarse transversalmente en todas las leyes, pero planteó que, de crearse la comisión, esta se limitara al proyecto señalado y concluyera al finalizarlo. Paco Moncayo respaldó su creación, aunque pidió garantizar una representación plural de las fuerzas políticas, mientras que Nívea Vélez cuestionó que la integración propuesta otorgara mayoría a un solo bloque y excluyera a otros sectores. La reforma fue aprobada y, a propuesta de César Rodríguez, se conformó la comisión con María Kronfle, Carlos Velasco, Celso Maldonado, Irina Cabezas, Víctor Quirola, María Vicuña, Pamela Falconí, Maruja Jaramillo, Fernando Aguirre, Scheznarda Fernández, Wladimir Vargas, María Molina y Mercedes Villacrés; la rectificación de la votación confirmó su aprobación. Intervinieron María Calle, César Rodríguez, María Kronfle, Paco Moncayo y Nívea Vélez.

ACTA_109-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Marco Murillo para exhortar a las funciones del Estado a aplicar los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y paridad de género en la designación de sus delegados al Consejo de la Judicatura de Transición, mientras que se aprobó incorporar al orden del día la creación de una comisión especializada ocasional encargada de tratar los derechos de los grupos de atención prioritaria, especialmente de las personas con discapacidad, propuesta por Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco, orientado a proteger la salud pública, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo mediante espacios completamente libres de tabaco, restricciones a la venta a menores y por unidades, prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, advertencias gráficas en los empaques, campañas educativas, tratamiento de las adicciones y sanciones para quienes incumplieran la normativa. Plutarco Naranjo expuso los daños sanitarios y sociales ocasionados por el consumo de tabaco. Durante el debate también se analizaron las libertades individuales, la proporcionalidad de las sanciones, la responsabilidad de los propietarios de establecimientos, el control del contrabando y los posibles efectos sobre productores, trabajadores, comerciantes y la industria tabacalera. Intervinieron Marco Murillo, Rolando Panchana, Plutarco Naranjo, Carlos Velasco, Margarita Carranco, Andrés Páez, María Vicuña, Fernando Aguirre, César Rodríguez, Gioconda Saltos, Juan Cassinelli, Alfredo Ortiz, Juan López, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, Kléver García, Celso Maldonado, Fernando Flores, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Calle, Luis Almeida, Rafael Dávila y Marllely Vásconez. La sesión fue suspendida sin que se sometiera el proyecto a votación.

ACTA_109-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco. Carlos Velasco informó que el texto incorporó las observaciones formuladas durante el debate, entre ellas la participación de los gobiernos municipales en el control, el fortalecimiento de la educación y prevención, el tratamiento de las adicciones, la revisión de ciertas sanciones y la posibilidad de que los pequeños comerciantes continuaran vendiendo cigarrillos por unidades. Fernando Flores propuso que la votación se realizara artículo por artículo, pero su moción y las posteriores rectificaciones fueron negadas. Finalmente, se aprobó la ley destinada a proteger la salud frente al consumo y la exposición al humo de tabaco, mediante políticas educativas y sanitarias, espacios libres de humo, restricciones a la publicidad y venta, advertencias en los empaques, control del comercio ilícito, tratamiento para las adicciones y sanciones por incumplimiento; la reconsideración solicitada por Rolando Panchana y su rectificación, planteada por Eduardo Encalada, fueron negadas, por lo que se mantuvo la aprobación. La creación de la Comisión Especializada Ocasional de los Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria no fue tratada porque no se presentó una propuesta para su integración, y la sesión fue suspendida. Intervinieron Carlos Velasco, Fernando Flores, Rolando Panchana y Eduardo Encalada.

ACTA_108-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Línder Altafuya para incorporar al orden del día una resolución que exigiera medidas urgentes frente a la escasez de agua potable en Esmeraldas, Río Verde y Atacames. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones al pabellón, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-17, en reconocimiento a su desempeño en el campeonato sudamericano y a su clasificación para la Copa Mundial y los Juegos Panamericanos; también fueron reconocidos José Rodríguez, Amílcar Mantilla y Luis Chiriboga, mientras que Galo Sánchez agradeció el homenaje en representación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Finalmente, se analizó el informe que recomendaba denunciar el convenio entre Ecuador y Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones, debido a que sus disposiciones sobre arbitraje internacional fueron consideradas contrarias a la Constitución y a la jurisdicción nacional. Quienes respaldaron la denuncia defendieron la soberanía del Estado y la aplicación de la legislación ecuatoriana, mientras que sus opositores advirtieron que la medida podía generar inseguridad jurídica, afectar las inversiones ecuatorianas y chilenas y deteriorar las relaciones económicas bilaterales, por lo que plantearon renegociar el acuerdo en lugar de eliminarlo. Intervinieron Línder Altafuya, Galo Sánchez, Fernando Bustamante, Wladimir Vargas, José Portugal y Luis Morales. La propuesta de denunciar el convenio fue negada y la rectificación de la votación confirmó esa decisión.

ACTA_107-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de César Montúfar para crear una comisión multipartidista que investigara los cables de WikiLeaks relacionados con Ecuador, de Tomás Zevallos para exigir la transferencia de recursos adeudados a los gobiernos locales de Orellana y Sucumbíos, y de Gilmar Gutiérrez para investigar presuntas irregularidades en el proceso electoral; en cambio, se aprobó incorporar el tratamiento de la situación de los extrabajadores de ANDINATEL. Posteriormente, se analizó el informe que recomendaba denunciar el convenio entre Ecuador y Venezuela para la promoción y protección recíproca de inversiones, debido a que sus disposiciones sobre arbitraje internacional fueron consideradas contrarias a la Constitución y a la jurisdicción nacional. Quienes apoyaron la denuncia defendieron la soberanía del Estado y señalaron que el Código de la Producción ofrecía garantías suficientes a los inversionistas; sus opositores advirtieron que la decisión podía afectar la seguridad jurídica, las relaciones bilaterales, la inversión extranjera y el empleo, y propusieron renegociar el convenio en lugar de eliminarlo. Intervinieron Linda Machuca, Vicente Taiano, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Fernando Flores, Fernando Aguirre, Rocío Valarezo, Vethowen Chica, Susana González, Francisco Velasco, Edwin Vaca, Luis Almeida y Dora Aguirre. Aunque inicialmente se anunció la aprobación de la denuncia, la rectificación de la votación determinó que no alcanzó los votos requeridos. Finalmente, se analizó la situación de los 358 extrabajadores de ANDINATEL despedidos de manera irregular y, con las intervenciones de Nívea Vélez, María Calle, Gerónimo Yantalema, Kléver García, Armando Aguilar, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Silvia Salgado, Luis Morales y Pedro de la Cruz, se aprobó por unanimidad exhortar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a conceder una amnistía sobre las aportaciones adeudadas e incorporarlos a la nómina de pensionistas, al Ministerio de Telecomunicaciones a reconocer su derecho a la jubilación patronal y al Ministerio de Finanzas a proporcionar los recursos necesarios para cumplir la resolución.

ACTA_106-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó una sesión solemne con motivo de la visita oficial del presidente del Perú, Alan García, a quien se entregó el acuerdo legislativo y la condecoración “General Eloy Alfaro Delgado”, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento de la paz, la cooperación y la integración entre Ecuador y Perú. Fernando Cordero destacó la consolidación de la confianza entre ambos países después de los acuerdos de paz, la realización de gabinetes binacionales, el avance del proyecto Puyango-Tumbes, la cooperación en vialidad, salud, educación y seguridad fronteriza, y el reconocimiento de los límites marítimos. Alan García agradeció la distinción y resaltó la amistad entre los pueblos ecuatoriano y peruano, los avances en infraestructura, electrificación, agua potable, salud, comercio, movilidad, atención médica transfronteriza, cooperación diplomática y proyectos petroleros; además, propuso reducir progresivamente la presencia militar en la frontera y reafirmó el compromiso de mantener la paz, la integración y la cooperación alcanzadas. Intervinieron Fernando Cordero y Alan García.

ACTA_105-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Tomás Zevallos para convocar a la delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana encargada de seleccionar al Fiscal General, con el fin de explicar las presuntas irregularidades en la calificación de los postulantes. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y a la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, en reconocimiento a su trabajo conjunto en investigación aeroespacial, desarrollo científico, formación tecnológica y construcción del primer satélite ecuatoriano; Leonardo Barreiro y Ronnie Nader agradecieron las distinciones y destacaron la importancia de fortalecer la capacidad aeroespacial y reducir la dependencia tecnológica del país. Se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, orientado a eliminar ciento cincuenta decretos, acuerdos, resoluciones y otras normas obsoletas que, aunque carecían de aplicación práctica, continuaban formalmente vigentes; las observaciones fueron remitidas a la comisión para preparar el informe correspondiente. También se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a derogar las leyes de creación de varias empresas de agua potable y alcantarillado, fusionar organismos hídricos con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría Nacional del Agua, y extinguir determinadas concesiones. El análisis abordó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la transferencia directa de los servicios de agua y alcantarillado a los municipios, la administración de las cuencas hidrográficas, la posible centralización de atribuciones, el destino de los bienes, trabajadores, contratos y obligaciones de las entidades, el respeto al debido proceso para revisar concesiones y la conveniencia de archivar o reformular íntegramente el proyecto; el debate quedó pendiente. Intervinieron María Romo, Ramiro Terán, Paco Moncayo, Luis Morales, Andrés Roche, César Rodríguez, Fernando Cordero, Tito Mendoza, Lídice Larrea, Richard Guillén, Luis Almeida, Roberto Rodríguez, Fernando Aguirre, Eduardo Encalada, José Portugal, Víctor Quirola y Vicente Taiano. Finalmente, con las intervenciones de Gioconda Saltos, Elvis Maldonado, Luis Morales y Mauro Andino, se aprobó exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Tungurahua, Chimborazo y las demás zonas afectadas por la actividad del volcán Tungurahua, asignar espacios y alimento para los animales, otorgar créditos a los damnificados, reactivar el bono de emergencia e impulsar la recuperación económica y productiva.

ACTA_105-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se posesionó y tomó juramento a Galo Chiriboga como Fiscal General del Estado. Posteriormente, continuó el primer debate del proyecto relacionado con la derogación de las leyes de creación de empresas de agua potable y alcantarillado, del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute y de la Junta de Recursos Hídricos de Jipijapa, Paján y Puerto López, así como con la extinción de concesiones. Durante el análisis se propuso reemplazar la iniciativa derogatoria por una reforma que permita crear consejos de cuenca con participación de los gobiernos autónomos descentralizados, universidades, juntas de regantes y usuarios; además, se planteó conformar una mancomunidad municipal que asuma los servicios y recursos de la Junta Hídrica de Manabí, sin afectar las competencias constitucionales de los municipios. Paco Moncayo retiró su moción de archivo al considerar que las nuevas alternativas preservaban los derechos e intereses de las poblaciones involucradas. También se aclaró que la Asamblea puede derogar las normas que crearon entidades públicas, pero no revocar directamente concesiones, pues esa atribución corresponde a la autoridad administrativa competente; por ello, se solicitó evitar la aplicación de figuras jurídicas inapropiadas y respetar las disposiciones constitucionales y territoriales. Intervinieron Galo Chiriboga, Mariangel Muñoz, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Tito Mendoza, Andrés Roche y María Romo. Finalmente, se cerró el primer debate y se otorgó un plazo para que las observaciones fueran remitidas por escrito a la comisión encargada de preparar el informe para segundo debate.

ACTA_104-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó una resolución que censuró los intentos de judicializar las decisiones soberanas de la Asamblea Constituyente, especialmente las amnistías concedidas a personas procesadas por acciones relacionadas con la protesta social, y se advirtió a la Fiscalía, la Corte Nacional y demás funcionarios que debían respetar su carácter obligatorio; durante el debate se confrontaron criterios sobre la supremacía del poder constituyente, la independencia de las funciones del Estado, la posibilidad de investigar delitos comunes y el riesgo de que la resolución favoreciera la impunidad. También se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración al Mérito Cultural a la Fundación Cultural Edgar Palacios y al pabellón de SINAMUNE, en reconocimiento a su trabajo artístico, educativo y terapéutico con niños, jóvenes y personas con discapacidad; Edgar Palacios agradeció la distinción. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, destinada a reconocer, regular, fomentar y controlar a cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, cajas de ahorro, bancos comunales, unidades económicas populares y otros emprendimientos solidarios; se analizaron la autonomía de estas organizaciones, la participación de pueblos y nacionalidades, el acceso al crédito, las tasas de interés, los incentivos, la contratación pública, el reconocimiento de la economía del cuidado, la igualdad de las mujeres y la creación de una superintendencia, un instituto especializado y una corporación de finanzas populares. La rectificación mantuvo la aprobación del proyecto y su reconsideración fue negada. Finalmente, se aprobó una resolución de reconocimiento a los maestros, mediante la cual se destacó su contribución a la educación, se expresó el compromiso de impulsar su estabilidad laboral, formación continua y remuneración justa, y se exhortó a difundir la obra de Juan Montalvo. Intervinieron Ramiro Terán, Fernando Bustamante, Fernando González, Marco Murillo, Paco Fierro, Cynthia Viteri, César Rodríguez, Tito Mendoza, César Montúfar, Fernando Cordero, Edgar Palacios, Francisco Velasco, Rodrigo Aucay, Faustino Baltazar, Patricio Quevedo, Paola Pabón, Rafael Dávila, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Línder Altafuya, Alfredo Bautista, Gido Vargas, Gerónimo Yantalema, Armando Aguilar, Eduardo Encalada, Nívea Vélez, Edwin Vaca, Virgilio Hernández, Luis Morales, Viviana Bonilla, María Calle, Washington Cruz, Juan López, Lourdes Tibán, Betty Carrillo y Fausto Cobo.

ACTA_103-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar exhortos destinados a establecer academias de música y artes para comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, expresar solidaridad con la provincia de Imbabura por las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y tratar la declaratoria de Riobamba como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica. Posteriormente, se debatió una resolución relacionada con las declaraciones de la exembajadora estadounidense Heather Hodges y los cables diplomáticos que atribuían al Presidente conocimiento de presuntos actos de corrupción en la Policía Nacional. Quienes apoyaron la resolución defendieron la soberanía, la dignidad nacional y la facultad del Estado para declarar persona no grata a una representante diplomática; otros cuestionaron que la medida afectara las relaciones internacionales, comerciales y laborales, advirtieron que podía utilizarse como una cortina de humo y solicitaron investigar las denuncias de corrupción contenidas en los cables. Finalmente, se aprobó manifestar el desacuerdo con las afirmaciones divulgadas, respaldar la decisión gubernamental de declarar persona no grata a Heather Hodges, rechazar cualquier injerencia o espionaje extranjero y solicitar a la Contraloría y a la Fiscalía investigar los presuntos hechos de corrupción señalados. Intervinieron Gioconda Saltos, Celso Maldonado, Marco Murillo, Fernando Bustamante, Línder Altafuya, Luis Almeida, Vicente Taiano, César Montúfar, Enrique Herrería, Alfredo Ortiz, Pedro de la Cruz, Cynthia Viteri, Betty Carrillo, Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, María Calle, Eduardo Paredes, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Nívea Vélez, Francisco Velasco, Leonardo Viteri, Cléver Jiménez y César Rodríguez. En comisión general, Juan Salazar y Romeo Rodríguez expusieron la importancia académica, social y económica de Riobamba y solicitaron respaldar su declaratoria como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica; la sesión fue suspendida sin resolver este punto ni los demás asuntos pendientes.

ACTA_103-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó una resolución para exhortar al Ministerio de Cultura a establecer academias de música y artes destinadas a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, inicialmente en Peguche y en homenaje a Jesús Fichamba; también se solicitó al Municipio de Otavalo asignar un terreno y crear un plan nacional para fomentar el arte y la música. Posteriormente, se aprobó declarar a San Pedro de Riobamba como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica del Ecuador, en reconocimiento a su oferta educativa, instituciones de educación superior, ubicación estratégica y contribución académica, social y económica. Asimismo, se aprobó por unanimidad expresar solidaridad con la provincia de Imbabura por las afectaciones provocadas por las lluvias y el aluvión, y solicitar la atención de los damnificados, la rehabilitación de la infraestructura, los servicios básicos y la producción agrícola. Finalmente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que planteaba permitir el apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para la protección interna y el mantenimiento del orden público. Quienes respaldaron la propuesta sostuvieron que era constitucional y necesaria para enfrentar la inseguridad, mientras que sus opositores advirtieron sobre el riesgo de militarizar la sociedad, afectar los derechos humanos, emplear a los militares contra protestas sociales y conceder excesiva discrecionalidad al Ejecutivo, por lo que propusieron fortalecer a la Policía y utilizar el estado de excepción únicamente en situaciones extraordinarias. Intervinieron Gioconda Saltos, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Paco Fierro, Luis Morales, Paco Moncayo, Gerónimo Yantalema, Celso Maldonado, Silvia Salgado, Marisol Peñafiel, Ramiro Terán, Raúl Abad, César Montúfar, Lourdes Tibán, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Magaly Orellana, Línder Altafuya y María Calle; la sesión fue suspendida sin que se votara el proyecto reformatorio.

ACTA_102-H-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó y concluyó el debate del enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Quienes respaldaron la censura sostuvieron que existió incumplimiento de funciones, falta de evaluación y control de los operadores de justicia, sanciones insuficientes ante irregularidades de jueces y notarios, caducidades de prisión preventiva, deficiente ejecución presupuestaria, escasa creación de juzgados y ausencia de acciones efectivas para mejorar el sistema judicial; además, señalaron que el pronunciamiento popular evidenciaba la necesidad de una profunda reforma de la justicia. Otros legisladores cuestionaron la validez del procedimiento, la falta de individualización de responsabilidades y la utilización política del juicio, advirtiendo que la reforma podía facilitar la intervención del Ejecutivo en la Función Judicial y reclamando que la fiscalización se aplicara con el mismo criterio a todas las autoridades. Intervinieron Armando Aguilar, Fernando Aguirre, Zobeida Gudiño, Luis Almeida, Ramiro Terán, Gina Godoy, Galo Lara, Fernando González, Alfredo Ortiz, Tomás Zevallos, Irina Cabezas, Lenin Chica, Gerónimo Yantalema, Guillermina Cruz, Fernando Cordero, César Rodríguez, Tito Mendoza, María Calle y Mauro Andino. Finalmente, se presentaron y votaron individualmente las mociones de censura y destitución de Benjamín Cevallos, Marco Cordero, Oswaldo Domínguez, Herman Jaramillo, Óscar León, Ulpiano Salazar, Homero Tinoco, Jorge Vaca y Luis Vázquez; ninguna alcanzó los votos requeridos, por lo que todas fueron negadas, incluidas las solicitudes de rectificación, y el enjuiciamiento político concluyó sin censura ni destitución.

ACTA_102-G-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se abrió el debate del enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura y se recordó que su censura y destitución requerían el voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea. Las intervenciones se centraron en la validez del procedimiento, el respeto al debido proceso, la responsabilidad individual o colectiva de los vocales y la naturaleza política del juicio. Quienes respaldaron la censura señalaron deficiencias en la administración de justicia, falta de planificación y ejecución presupuestaria, escasa creación de juzgados, acumulación de causas, caducidades de prisión preventiva, sanciones insuficientes, irregularidades en concursos y nombramientos, falta de control disciplinario y posibles actos de corrupción y tráfico de influencias; además, sostuvieron que la crisis judicial justificaba retirar la confianza a los funcionarios. Otros asambleístas cuestionaron la ausencia de una adecuada individualización de responsabilidades, la aplicación de criterios diferentes frente a otros procesos de fiscalización y la cercanía del debate con la consulta popular, al considerar que podía utilizarse con fines electorales; también propusieron analizar cada caso por separado y aplazar la votación. Intervinieron Silvia Salgado, Andrés Páez, Enrique Herrería, César Rodríguez, Paco Moncayo, Luis Morales, Richard Guillén, María Calle, Betty Amores, Marco Murillo, Línder Altafuya, Fernando Romo, Nívea Vélez, César Montúfar, Mauro Andino, Juan López, Virgilio Hernández, Edwin Vaca, Fausto Cobo, Rosana Alvarado y Leandro Cadena. La sesión fue suspendida antes de concluir el debate y sin realizarse la votación sobre la censura y destitución.

ACTA_102-F-AN-2009-2011_PLENO.pdf Paco Moncayo solicitó que se hiciera pública la información sobre presuntos pedidos de favores realizados por asambleístas a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Posteriormente, se continuó el enjuiciamiento político con las intervenciones de Mauro Andino, Luis Vázquez y Ulpiano Salazar. Mauro Andino presentó documentos, testimonios y videos para sostener que Luis Vázquez habría mantenido actividades de préstamo y numerosos procesos de cobro a título personal, omitido información en su declaración patrimonial, ejercido simultáneamente funciones como procurador de una entidad bancaria y vocal del Consejo, y utilizado su posición para influir en procesos judiciales. Luis Vázquez rechazó las acusaciones, afirmó que sus actuaciones correspondían al ejercicio profesional y a la recuperación legítima de obligaciones, defendió la veracidad de sus declaraciones patrimoniales, aseguró que renunció oportunamente a la procuración bancaria y cuestionó la validez y objetividad de las pruebas presentadas. Ulpiano Salazar defendió su gestión como vocal y miembro de la Comisión de Recursos Humanos, manifestó que no solicitó nombramientos provisionales y atribuyó esas designaciones a la Presidencia del Consejo; además, expuso las divisiones internas, los nombramientos discrecionales, la falta de transparencia y la existencia de estructuras de poder provinciales que afectaban al sistema judicial. Mauro Andino señaló que estas afirmaciones confirmaban las deficiencias denunciadas y cuestionó la falta de investigaciones, las sanciones insuficientes contra notarios y funcionarios, las omisiones frente a las caducidades de prisión preventiva y las irregularidades en concursos donde fueron declaradas ganadoras personas que no habrían participado. También se leyó una solicitud de varios asambleístas para que la votación se efectuara después de una fecha posterior, y la sesión fue suspendida sin que se adoptara una decisión sobre la censura y destitución.

ACTA_102-E-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura con las intervenciones de Jorge Vaca, Mauro Andino y Luis Vázquez. Jorge Vaca rechazó las acusaciones de incapacidad y corrupción, defendió su gestión y sostuvo que la prolongada transición institucional, la falta de facultad reglamentaria y las limitaciones presupuestarias impidieron realizar concursos, ejecutar proyectos y mejorar con mayor rapidez la infraestructura judicial; también justificó los nombramientos provisionales como una medida necesaria para evitar la paralización del servicio y destacó la adquisición y adecuación de casas judiciales. Mauro Andino cuestionó su actuación como integrante de la Comisión de Recursos Humanos, señalando falta de control, incumplimientos en concursos y nombramientos, deficiente evaluación de funcionarios, sanciones insuficientes y omisiones frente a irregularidades denunciadas. Posteriormente, Luis Vázquez rechazó las acusaciones relacionadas con una supuesta declaración patrimonial falsa, conflicto de intereses, ejercicio simultáneo como procurador del Banco Pichincha, tráfico de influencias, usura y mecanismos ilegales de cobro; presentó documentos para demostrar que renunció a la procuración, que las cuentas señaladas no le pertenecían o no constituían activos omitidos y que existían decisiones judiciales favorables y sobreseimientos definitivos que descartaban las imputaciones. También cuestionó la validez y objetividad de las pruebas presentadas por Mauro Andino y solicitó que las acusaciones fueran rechazadas. La sesión fue suspendida sin que se adoptara una decisión sobre la censura y destitución.

ACTA_102-D-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura con las intervenciones de Óscar León, Mauro Andino y Homero Tinoco. Óscar León cuestionó la validez del procedimiento y sostuvo que no se respetaron plenamente los plazos y garantías para ejercer la defensa; rechazó las acusaciones de corrupción, tráfico de influencias, deficiente evaluación, falta de sanciones, mala gestión y ausencia de capacitación, argumentando que varios señalamientos correspondían a actuaciones privadas de otros vocales, a competencias de la Contraloría o al futuro Consejo de la Judicatura, y afirmó que las medidas adoptadas se ajustaron a la ley. Mauro Andino respondió mediante documentos y videos, señalando que existieron omisiones frente a denuncias contra funcionarios, incumplimiento en la entrega de información, sanciones insuficientes, falta de control sobre jueces responsables de audiencias fallidas y caducidades de prisión preventiva, deficiente ejecución presupuestaria y escasa inversión en infraestructura, modernización y capacitación. Homero Tinoco defendió su trayectoria y la legalidad de su designación, explicó que la institución se encontraba en un periodo de transición y afirmó que las limitaciones normativas, presupuestarias y administrativas impidieron estructurar adecuadamente la Escuela Judicial y ejecutar varias reformas; también sostuvo que las resoluciones disciplinarias fueron adoptadas con base en los expedientes y dentro de las competencias institucionales. Mauro Andino cuestionó estas explicaciones, especialmente la devolución de recursos no ejecutados, el reducido gasto en inversión, la falta de una política efectiva de formación judicial y las sanciones consideradas leves contra notarios involucrados en actuaciones irregulares. La sesión fue suspendida sin que se adoptara una decisión sobre la censura y destitución.

ACTA_102-C-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura con la interpelación de Mauro Andino a Oswaldo Domínguez y Herman Jaramillo. Respecto de Oswaldo Domínguez, se cuestionó su actuación frente a denuncias contra otros vocales, presuntas irregularidades en concursos y nombramientos, la permanencia de funcionarios que no cumplirían los requisitos legales, la designación de jueces temporales sin recurrir al banco de elegibles, la falta de trámite de denuncias por posibles presiones judiciales y las aparentes represalias contra funcionarios que comparecieron ante la Comisión de Fiscalización. Oswaldo Domínguez rechazó los señalamientos, sostuvo que las acusaciones se sustentaban en testimonios de personas sancionadas o separadas de sus cargos, defendió las decisiones adoptadas por la Comisión de Recursos Humanos y afirmó que los documentos y hechos fueron presentados de forma parcial y descontextualizada. Posteriormente, Herman Jaramillo cuestionó la validez del procedimiento de juicio político, alegó la existencia de irregularidades formales en la solicitud, defendió el cumplimiento de sus funciones y explicó que la falta de políticas, juzgados, infraestructura y modernización judicial se debía a restricciones legales y presupuestarias. Mauro Andino replicó que existieron contradicciones, deficiente ejecución presupuestaria, delegación indebida de atribuciones a funcionarios de segundo nivel, sanciones insuficientes contra notarios y servidores judiciales, falta de control sobre audiencias fallidas y omisiones frente a jueces responsables de reiteradas caducidades de prisión preventiva. Herman Jaramillo sostuvo que varias decisiones requerían una mayoría que no se alcanzó, defendió la posibilidad de impugnar las resoluciones administrativas y solicitó la absolución y el archivo del proceso. Intervinieron Mauro Andino, Oswaldo Domínguez y Herman Jaramillo; la sesión fue suspendida sin que se adoptara una decisión sobre la censura y destitución.

ACTA_102-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura con las intervenciones de Marco Cordero, Oswaldo Domínguez y Mauro Andino. Marco Cordero presentó documentos notarizados para rechazar las acusaciones en su contra y sostuvo que los videos utilizados omitían información relevante; afirmó que no participó en determinadas decisiones disciplinarias, que salvó su voto en procesos contra un notario y un registrador, que respaldó la permanencia de una jueza y que tramitó las denuncias recibidas ante las instancias correspondientes. Oswaldo Domínguez defendió la gestión de la Comisión de Recursos Humanos, los concursos de méritos y oposición y la conformación del banco de elegibles, negó que se hubieran demostrado actos de corrupción y sostuvo que varias acusaciones eran generales o se referían a decisiones que no dependían exclusivamente de él; además, reconoció que Jimmy Moreno fue asesor de la Comisión, pero manifestó desconocer la denuncia presentada por Omar Santi por supuestas presiones judiciales. Mauro Andino cuestionó las explicaciones de ambos vocales y, mediante documentos, testimonios y videos, insistió en la existencia de irregularidades en concursos y nombramientos, falta de investigación de denuncias, presiones sobre funcionarios judiciales, decisiones disciplinarias insuficientes y contradicciones en las defensas. La sesión fue suspendida sin concluir la interpelación de Oswaldo Domínguez ni adoptar una decisión sobre la censura y destitución.

ACTA_102-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Control y Regulación del Tabaco y sus Efectos Nocivos, en el que se destacó la necesidad de priorizar la salud pública, prevenir el consumo desde edades tempranas, regular la publicidad engañosa, establecer espacios libres de humo, informar sobre los riesgos del tabaco y garantizar tratamiento para las adicciones; también se analizó el equilibrio entre las libertades individuales y los derechos colectivos, así como la protección de productores, trabajadores y pequeños comerciantes frente a los posibles efectos económicos de la normativa. Intervinieron Pamela Falconí, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Calle, Fernando Aguirre y Carlos Velasco. Posteriormente, se realizó el primer debate de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código Civil relacionadas con el derecho de alimentos, orientadas a garantizar el interés superior de niños y adolescentes, mejorar la aplicación de las pensiones y corregir los problemas generados por interpretaciones inadecuadas de la reforma anterior; se propuso que las pensiones sean determinadas mediante tablas técnicas, establecer excepciones al apremio personal para adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, definir la responsabilidad de los obligados subsidiarios según sus condiciones económicas, separar las obligaciones de las ramas paterna y materna, citar conjuntamente a los responsables, tramitar por separado los asuntos de alimentos y divorcio y promover la corresponsabilidad de ambos progenitores. También se planteó fortalecer la infraestructura, el presupuesto y el número de jueces especializados para agilizar los procesos. Intervinieron María Calle, Nívea Vélez, Margarita Carranco, Juan Cassinelli y Vicente Taiano; las observaciones quedaron destinadas al análisis de las comisiones encargadas de preparar los respectivos informes para segundo debate

ACTA_102-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se inició el enjuiciamiento político contra los integrantes del Consejo de la Judicatura, con la comparecencia de Benjamín Cevallos y la interpelación de Mauro Andino. La Comisión de Fiscalización recomendó continuar el proceso y solicitar a la Contraloría y a la Fiscalía investigaciones sobre declaraciones patrimoniales, contratos de servicios profesionales y posibles hechos relacionados con conflictos de intereses, agiotismo, perjurio, tráfico de influencias y redes de corrupción. Benjamín Cevallos rechazó las acusaciones, cuestionó la validez y el sustento de las pruebas, defendió la legalidad de las actuaciones y contrataciones efectuadas durante su administración y expuso las acciones realizadas para mejorar la Función Judicial. Mauro Andino sostuvo que existió incumplimiento de funciones, falta de respuesta a pedidos de información, insuficiente inversión y planificación, ausencia de políticas adecuadas para audiencias y juzgados, delegación indebida de atribuciones, nombramientos y contratos irregulares, así como presiones y represalias contra funcionarios judiciales; para sustentar sus señalamientos presentó documentos y varios videos. Benjamín Cevallos ejerció su réplica, reafirmó que las acusaciones no habían sido demostradas y cuestionó las motivaciones del interpelante. La sesión fue suspendida sin que se abriera el debate ni se adoptara una decisión sobre la censura y destitución

ACTA_101-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Henry Cuji para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las provincias amazónicas afectadas por el aislamiento, la falta de servicios básicos y la destrucción de vías, y de María Vicuña para respaldar la decisión gubernamental de declarar persona no grata a la embajadora de Estados Unidos, por considerar que existió injerencia en asuntos internos del país. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Control y Regulación del Tabaco y sus Efectos Nocivos, orientado a proteger el derecho a la salud, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo; se analizaron la declaración de espacios públicos y privados completamente libres de humo, la prohibición de fumar en centros educativos, establecimientos sanitarios, lugares de trabajo, transporte público y escenarios deportivos, así como las restricciones a la venta a menores, de cigarrillos sueltos y de paquetes pequeños. También se debatieron la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, el uso de advertencias sanitarias y pictogramas en los empaques, las campañas educativas, el tratamiento de las adicciones, el control del contrabando, las sanciones, la responsabilidad de las autoridades y los posibles efectos económicos y laborales sobre productores, comerciantes y trabajadores de la industria tabacalera. Intervinieron Carlos Velasco, Fernando Vélez, Rocío Valarezo, Celso Maldonado, Andrés Páez, Fernando Bustamante, Rafael Dávila, Luis Almeida, Leonardo Viteri, Linda Machuca, Fausto Cobo, Betty Carrillo, César Montúfar, Víctor Quirola, Alfredo Ortiz y María Vicuña. La sesión fue suspendida para continuar el tratamiento de los asuntos pendientes

ACTA_101-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Henry Cuji para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las provincias amazónicas afectadas por el aislamiento, la falta de servicios básicos y la destrucción de vías, y de María Vicuña para respaldar la decisión gubernamental de declarar persona no grata a la embajadora de Estados Unidos, por considerar que existió injerencia en asuntos internos del país. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Control y Regulación del Tabaco y sus Efectos Nocivos, orientado a proteger el derecho a la salud, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo; se analizaron la declaración de espacios públicos y privados completamente libres de humo, la prohibición de fumar en centros educativos, establecimientos sanitarios, lugares de trabajo, transporte público y escenarios deportivos, así como las restricciones a la venta a menores, de cigarrillos sueltos y de paquetes pequeños. También se debatieron la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, el uso de advertencias sanitarias y pictogramas en los empaques, las campañas educativas, el tratamiento de las adicciones, el control del contrabando, las sanciones, la responsabilidad de las autoridades y los posibles efectos económicos y laborales sobre productores, comerciantes y trabajadores de la industria tabacalera. Intervinieron Carlos Velasco, Fernando Vélez, Rocío Valarezo, Celso Maldonado, Andrés Páez, Fernando Bustamante, Rafael Dávila, Luis Almeida, Leonardo Viteri, Linda Machuca, Fausto Cobo, Betty Carrillo, César Montúfar, Víctor Quirola, Alfredo Ortiz y María Vicuña. La sesión fue suspendida para continuar el tratamiento de los asuntos pendientes.

ACTA_100-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración al Mérito Cultural a Jesús Fichamba, en reconocimiento a su trayectoria artística, la difusión internacional de la música ecuatoriana y su aporte al fortalecimiento de la identidad plurinacional e intercultural; el homenajeado agradeció la distinción, recordó aspectos de su carrera e interpretó una de sus canciones. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, destinado a reconocer, organizar, promover y controlar las actividades de cooperativas, asociaciones, comunidades, unidades económicas familiares, artesanos, comerciantes minoristas, bancos comunales, cajas de ahorro y otros emprendimientos solidarios. Se analizaron la creación de una superintendencia, un instituto especializado, una corporación de finanzas populares y un comité interinstitucional; la autonomía y representación de las organizaciones; la diferenciación respecto del sistema financiero tradicional; las tasas de interés, el acceso al crédito, los incentivos tributarios, la contratación pública, la capacitación y el control estatal. También se plantearon observaciones sobre una posible regulación excesiva, la inclusión de mutualistas, la protección de los pequeños productores, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, la participación de pueblos y nacionalidades indígenas y la necesidad de evitar que las nuevas instituciones burocraticen al sector. En comisión general intervinieron Ángel Medina y Carlos Castellanos, quienes expusieron propuestas de las organizaciones indígenas y de los comerciantes minoristas. En el debate participaron Francisco Velasco, Edwin Vaca, Juan Cassinelli, Gerónimo Yantalema, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Soledad Vela, Consuelo Flores, Mary Verduga, Sylvia Kon, Alfredo Ortiz, Gioconda Saltos, Paola Pabón, Alfredo Bautista, Rocío Valarezo, Marisol Peñafiel, Eduardo Encalada, Ángel Vilema, Luis Almeida, Betty Carrillo, Galo Vaca, Silvia Salgado, Fernando González, Rosana Alvarado, Fausto Cobo, Fernando Cordero, Vanesa Fajardo y César Rodríguez. Finalmente, se cerró el primer debate y se dispuso remitir las observaciones escritas a la comisión encargada de preparar el informe para segundo debate.

ACTA_099-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto reformatorio a la Ley de Gestión Ambiental, orientado a fortalecer las facultades de la autoridad ambiental para retener, decomisar, inutilizar o, excepcionalmente, destruir las maquinarias e instrumentos empleados en infracciones ambientales. Durante el análisis se destacó la necesidad de proteger los derechos de la naturaleza y actuar oportunamente frente a la contaminación, pero también se formularon observaciones sobre la proporcionalidad de las medidas, el respeto al debido proceso y al derecho de propiedad, la prohibición de confiscaciones, la determinación de la gravedad de la infracción, el destino de los bienes decomisados y de la flora y fauna recuperadas, así como la protección de los pequeños mineros y la aplicación de controles similares a las grandes empresas. Intervinieron Rosana Alvarado, Fernando González, Guillermina Cruz, José Portugal, Ángel Vilema, Galo Vaca, Alfredo Ortiz, Luis Morales, Gioconda Saltos, César Gracia, Betty Carrillo, Cléver Jiménez y Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, dirigido a enfrentar el abandono histórico de las zonas limítrofes mediante políticas diferenciadas, planificación, inversión pública, incentivos tributarios y productivos, fortalecimiento institucional y coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Se planteó mejorar la infraestructura vial, educativa, sanitaria, turística, comercial, de telecomunicaciones y servicios básicos; garantizar seguridad, empleo y atención a las comunidades; impulsar la integración con los países vecinos y asegurar recursos permanentes para evitar la migración y las desigualdades territoriales. Intervinieron Virgilio Hernández, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Víctor Quirola, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Línder Altafuya y Gabriel Rivera. Las observaciones formuladas en ambos debates fueron remitidas a las respectivas comisiones para su análisis y preparación de los informes para segundo debate

ACTA_098-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Nívea Vélez para incorporar al orden del día la comparecencia del Ministro de Salud, el Contralor, el Fiscal y el Defensor del Pueblo, con el propósito de informar sobre el fallecimiento de neonatos, el manejo de los recursos destinados a la emergencia sanitaria y la situación de la salud pública. A solicitud de Juan Cassinelli, se guardó un minuto de silencio en memoria de Jhonny Godoy. Posteriormente, se rindió homenaje a Gonzalo López por su labor pastoral, social, comunitaria y de defensa de los derechos humanos en Sucumbíos, otorgándole la condecoración al Mérito Social; el homenajeado agradeció el reconocimiento y lo hizo extensivo al pueblo sucumbiense. En el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana se analizaron las reglas para la revocatoria del mandato, el equilibrio entre el derecho de participación ciudadana y la estabilidad de las autoridades electas, los requisitos de admisibilidad, la motivación de las solicitudes, el derecho de las autoridades a impugnarlas, los porcentajes de firmas según el número de electores, los plazos de recolección, la intervención del Consejo Nacional Electoral y la prohibición de financiamiento público para las campañas. Intervinieron Virgilio Hernández, Rocío Valarezo, Ángel Vilema, Rafael Dávila, César Montúfar, Dora Aguirre, Fernando Flores, Gerónimo Yantalema, Luis Almeida y Paola Pabón. Finalmente, el proyecto fue aprobado, estableciendo que la solicitud podrá presentarse después del primer año y antes del último año de gestión, que únicamente podrá realizarse un proceso contra cada autoridad durante su periodo y que los requisitos deberán impedir abusos, venganzas políticas o mecanismos de desestabilización; la reconsideración de la aprobación fue negada.

ACTA_097-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó incorporar al orden del día una resolución sobre la necesidad de invertir urgentemente en infraestructura hídrica, mientras que fue negada la propuesta de Enrique Herrería para exhortar al Presidente de la República a respetar y garantizar la libertad de expresión y comunicación. Se entregaron acuerdos y condecoraciones a la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-20, a su director técnico Sixto Vizuete, al pabellón de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a los jugadores, en reconocimiento a su participación en el torneo sudamericano y su clasificación al campeonato mundial de la categoría. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a que el Estado recupere las indemnizaciones pagadas por daños ocasionados por servidores, exservidores públicos o personas que ejercen potestades públicas y que hayan actuado con dolo o culpa grave; durante el análisis se formularon observaciones sobre la identificación de los responsables, el respeto al debido proceso, los plazos de prescripción, las medidas cautelares, las competencias de la Procuraduría y la Contraloría, la recuperación efectiva de los recursos públicos y la protección de los funcionarios que actúan de buena fe. Intervinieron Mauro Andino, César Gracia, Vicente Taiano, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Zobeida Gudiño, Betty Amores, Luis Morales, Fernando Bustamante, Alfredo Ortiz, Soledad Vela, Andrés Roche, Línder Altafuya, Virgilio Hernández y Tito Mendoza. Finalmente, con las intervenciones de Rocío Valarezo y Ramón Cedeño, se aprobó una resolución que exige la protección de las fuentes de agua, la prevención de la contaminación y la deforestación, el traspaso de competencias y recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para agua potable, riego y saneamiento, la declaratoria de emergencia por sequía en El Oro, Manabí y las demás provincias afectadas, la movilización de recursos para atender a la población y una moratoria en el pago de préstamos concedidos por la banca pública al sector productivo.

ACTA_096-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron dos modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la contaminación ocasionada por la Refinería de Esmeraldas y las medidas de prevención frente a los efectos del tsu-nami en el litoral y Galápagos. Línder Altafuya expuso la problemática ambiental y sanitaria de Es-meraldas, mientras que Xavier Tomalá planteó la necesidad de fortalecer la preparación de las zonas costeras. Gabriel Rivera propuso reconocer la actuación de las autoridades nacionales durante la emergencia provocada por el tsunami, pero su solicitud no fue aprobada. El Pleno recibió en comi-sión general al embajador Osamu Imai y le entregó un acuerdo legislativo de solidaridad con el Go-bierno y el pueblo de Japón por las consecuencias del terremoto y tsunami. Fernando Cordero expre-só el respaldo del pueblo ecuatoriano y Osamu Imai agradeció el pronunciamiento y la ayuda ofreci-da. Se analizó la objeción parcial a la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El debate abordó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la transformación de la Comisión de Tránsito del Guayas en una entidad nacional, la posible concen-tración de atribuciones en el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, la estabilidad laboral de los servidores, las sanciones al transporte, la entrega de rutas y frecuencias y varias incon-sistencias jurídicas del proyecto. La propuesta de devolver el texto a la comisión fue negada. Final-mente, la Asamblea ratificó su texto original respecto de determinadas atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y se allanó a las demás objeciones presidenciales. Intervinieron Fer-nando Cordero, Silvia Salgado, Enrique Herrería, Gido Vargas, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Ra-fael Dávila y Saruka Rodríguez.Respecto de la sequía, se expusieron las pérdidas de cultivos, afec-taciones al ganado, falta de agua y riesgo de migración de las familias campesinas. Se aprobó exhor-tar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en los cantones Celica, Puyango, Pindal, Macará, Sozoranga, Zapotillo, Paltas, Espíndola y Saraguro, así como en otras provincias afectadas, entre ellas Manabí. También se solicitó la asignación de recursos y la actuación coordina-da de las instituciones públicas y los gobiernos locales. Intervinieron José Picoita, Patricio Rodrí-guez, Sylvia Kon, Rafael Dávila, Mao Moreno y Nívea Vélez.En relación con Esmeraldas, se aprobó exhortar a las autoridades competentes y a Petroecuador a proteger la salud de la población afectada por los derrames y gases contaminantes, ejecutar la remediación ambiental de los ríos Teaone y Es-meraldas y brindar atención médica y medidas preventivas a los trabajadores de la Refinería. Inter-vinieron Línder Altafuya y Marco Murillo.Finalmente, se aprobó exhortar al Presidente de la Repú-blica a declarar el estado de excepción en el cordón costanero de Esmeraldas, Manabí, Guayas, San-ta Elena y El Oro, así como en Galápagos. La resolución buscó disponer de recursos para atender a los damnificados, reparar las afectaciones a propiedades y embarcaciones y ejecutar planes de pre-vención y mitigación frente a futuros desastres. Intervino Xavier Tomala

ACTA_095-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó al orden del día una resolución de solidaridad con el pueblo japonés por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, mientras la propuesta de reconocimiento a las autoridades nacionales por la respuesta ante la alerta se integró al texto principal y la solicitud de José Picoita para exhortar la declaratoria de estado de excepción por sequía en cantones fronterizos de Loja quedó suspendida para una sesión posterior; además, la entrega de acuerdo y condecoración a la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-20 fue diferida para la siguiente sesión. El eje principal fue el tratamiento de las denuncias de los tratados bilaterales de inversión con Suecia y Francia: Linda Machuca, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Fernando Bustamante y otros legisladores defendieron las denuncias por considerar que los convenios sometían al Ecuador a arbitrajes internacionales, especialmente vinculados al CIADI, en contradicción con el nuevo marco constitucional, y que la protección de inversiones debía regirse por la Constitución, el Código de la Producción y eventuales mecanismos regionales como UNASUR; en sentido contrario, Paco Moncayo, Fernando Aguirre, Wladimir Vargas y otros asambleístas advirtieron riesgos para la seguridad jurídica, la confianza internacional, la atracción de inversiones y la imagen del país, planteando la conveniencia de renegociar o enmendar antes que denunciar integralmente los instrumentos. La denuncia del Acuerdo con Suecia fue aprobada tras rectificación con sesenta y un votos afirmativos, treinta y siete negativos, dos blancos y cinco abstenciones, y su reconsideración fue negada; la denuncia del Convenio con Francia fue aprobada tras rectificación con sesenta y cuatro votos afirmativos, treinta y tres negativos, dos blancos y ocho abstenciones, y también fue negada su reconsideración. Posteriormente, se aprobó la resolución sobre los extrabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presentada por Nívea Vélez y ajustada con observaciones de Dora Aguirre, para exhortar al Consejo Directivo del IESS a adoptar medidas administrativas, económicas y financieras destinadas a reparar derechos laborales que pudieron ser vulnerados por el cambio de régimen y la supresión de puestos derivados de las resoluciones 879 y 880 de 1996; asimismo, se pidió cumplir el criterio vinculante de la Procuraduría sobre el Segundo Contrato Colectivo de 1994 y encargar al Ministerio de Relaciones Laborales la vigilancia del procedimiento de reparación, resolución que fue aprobada tras rectificación con noventa y un votos afirmativos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con noventa y siete votos afirmativos, la resolución de pesar y solidaridad con el Gobierno y pueblo del Japón, llamando al Gobierno Nacional y a la ciudadanía a sumarse a los esfuerzos internacionales de ayuda y reconstrucción; durante este debate, Alfredo Ortiz, Xavier Tomalá, César Gracia, Luis Almeida y Luis Morales solicitaron que en una resolución posterior también se atienda a las familias y sectores productivos de la Costa y Galápagos afectados por la alerta de tsunami. La reconsideración solicitada por Silvia Salgado respecto de la resolución que exigía a la Contraloría publicar las declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas y servidores públicos fue negada con tres votos afirmativos, ochenta y nueve negativos y seis blancos, quedando firme la resolución aprobada en la sesión anterior.

ACTA_094-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó al orden del día la intervención de Irina Cabezas con motivo del 8 de marzo, en la que reivindicó la lucha histórica de las mujeres, la equidad de género, la participación femenina en la vida pública y la necesidad de enfrentar la violencia contra las mujeres. También se entregó el Acuerdo Legislativo y la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito profesional” a Francisco Xavier Vergara Ortiz, exsecretario general de la Asamblea, en reconocimiento a su labor en la Asamblea Constituyente, la Comisión Legislativa y de Fiscalización y la Asamblea Nacional. En materia legislativa, se aprobaron por unanimidad la Ley Derogatoria No. 6, con noventa y tres votos afirmativos tras rectificación, y la Ley Derogatoria No. 7, con noventa y dos votos afirmativos, ambas orientadas a depurar el ordenamiento jurídico mediante la eliminación de decretos supremos, decretos legislativos y acuerdos legislativos obsoletos o ya cumplidos, especialmente relacionados con reorganizaciones de concejos cantonales, cortes, nombramientos y disposiciones administrativas antiguas. Posteriormente se debatió la denuncia del Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y el Reino de los Países Bajos: Vethowen Chica, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca defendieron la denuncia por considerar que el tratado cedía jurisdicción soberana a arbitrajes internacionales, contrariaba la Constitución y debía ser reemplazado por mecanismos regionales y normas internas de protección de inversiones; mientras Fausto Cobo, Gioconda Saltos y Luis Morales cuestionaron la denuncia total, advirtiendo riesgos para la seguridad jurídica, la confianza internacional y la inversión extranjera, y plantearon la posibilidad de enmienda o renegociación. Aunque la denuncia fue aprobada inicialmente, tras rectificación no alcanzó los votos necesarios, con sesenta y dos afirmativos, treinta y seis negativos, cero blancos y cinco abstenciones, por lo que quedó negada. Además, se designó como delegados de la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral a Diana Lucía Espinoza Valdez y Fausto Javier Holguín Ochoa, con cincuenta y seis votos afirmativos; para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública a Carlos Germán Vega Castellanos y María Angélica Campoverde Ortiz, con cincuenta y cinco votos afirmativos; y para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo a Norman Raúl Gaona Salinas y María Gabriela López Sánchez, con cincuenta y siete votos afirmativos. Finalmente, se aprobó con noventa y nueve votos afirmativos la resolución propuesta por Enrique Herrería para exigir a la Contraloría General del Estado la derogatoria del artículo 8 del Acuerdo No. 011-CG y la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de todos los integrantes de la Asamblea Nacional y demás servidores públicos, bajo el principio de transparencia y control ciudadano.

ACTA_093-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para tratar resoluciones sobre la emergencia del sector lechero, la ampliación del estado de excepción sanitaria a unidades de salud del país y los derechos de los extrabajadores del Ingenio AZTRA; en cambio, fueron negadas las propuestas de Lourdes Tibán sobre el traslado de policías investigados por los hechos del 30 de septiembre y de Fernando Aguirre sobre la declaratoria de estado de excepción en Cuenca por inseguridad. En el tratamiento de la objeción parcial a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, la Comisión de Soberanía recomendó el allanamiento al veto presidencial, al considerar que complementaba las disposiciones sobre excombatientes, beneficios, becas, reformas a la seguridad social militar y derechos derivados del reconocimiento; Paco Moncayo, Alfredo Ortiz y Luis Morales cuestionaron aspectos de fondo y forma del texto, especialmente la redacción, los criterios de cupos y la diferenciación socioeconómica, mientras Fausto Cobo y Fernando Bustamante defendieron el allanamiento por razones prácticas y por la necesidad de que la ley entre en vigencia a favor de los beneficiarios. El Pleno aprobó el allanamiento con sesenta y un votos afirmativos, once negativos, diez blancos y dieciséis abstenciones. También se aprobó, tras rectificación, con cincuenta y un votos afirmativos, la resolución para solicitar a la Corte Constitucional una interpretación del artículo 131 de la Constitución, a fin de determinar si la expresión “ministras o ministros” incluye a secretarios nacionales y autoridades con rango ministerial para efectos de juicio político; Vicente Taiano sostuvo que la interpretación era innecesaria, mientras Jorge Escala cuestionó que la consulta pudiera limitar la fiscalización legislativa. Posteriormente, se aprobó con ochenta y ocho votos afirmativos la resolución que exhorta al Gobierno Nacional a declarar en emergencia al sector lechero, restringir importaciones de suero, leche en polvo, queso, yogurt, mantequilla y derivados, fortalecer controles sanitarios y aduaneros, implementar políticas agrarias y proteger a pequeños productores campesinos e indígenas. Asimismo, se aprobó con ochenta y siete votos afirmativos la resolución que exhorta al Presidente de la República a incluir a todas las unidades de salud del país en el Decreto Ejecutivo 618 de estado de excepción sanitaria, para atender necesidades de infraestructura, equipamiento, personal, medicinas e insumos. Finalmente, se aprobó con ochenta y cinco votos afirmativos la resolución sobre los extrabajadores del Ingenio AZTRA, mediante la cual se exhortó a la Corte Constitucional a atender el recurso extraordinario de protección, se pidió al Consejo de la Judicatura investigar la actuación de jueces que conocieron sus demandas, se requirió a la Comisión de Derechos de los Trabajadores emitir un informe y, de ser procedente, presentar un amicus curiae, y se solicitó a la Secretaría de Transparencia investigar el proceso de liquidación de la compañía INGSA Ingenio La Troncal S.A.

ACTA_092-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el cambio del orden del día para tratar una resolución sobre la inclusión del Hospital Docente Ambato en el estado de excepción sanitaria, mientras fue negada la propuesta de Alfredo Ortiz para incorporar una resolución sobre el precio del diésel dos para el sector turístico de Galápagos. Se rindió homenaje al tenista Nicolás Lapentti Gómez y se le otorgó la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al Mérito Deportivo”, en reconocimiento a su trayectoria nacional e internacional, sus logros en torneos ATP y Copa Davis, y su aporte a la promoción del tenis ecuatoriano. Luego, el Pleno aprobó por unanimidad, con ciento ocho votos afirmativos y un voto blanco, el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela; Eduardo Zambrano, Emilia Jaramillo, Luis Almeida, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca respaldaron el instrumento por facilitar la regularización migratoria, la reunificación familiar, la residencia temporal y permanente, la libre movilidad y el acceso a derechos de ecuatorianos residentes en Venezuela y venezolanos en Ecuador, mientras Andrés Páez dejó constancia de sus reparos sobre la legitimidad del dictamen de la Corte Constitucional que sirvió de base al trámite. En el tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, César Rodríguez propuso ratificar varios textos aprobados originalmente por la Asamblea y allanarse en los demás; se ratificaron los artículos 6, 12, 13 y 68, así como la disposición transitoria quinta, relacionados con obligaciones del Estado, derechos y obligaciones de madres, padres y estudiantes, autonomía del sistema nacional de evaluación y escala salarial docente. Luis Almeida, Ramiro Terán, María Paula Romo, Gerónimo Yantalema, Paco Moncayo, Galo Vaca, Juan Fernández y Jorge Escala debatieron sobre la defensa del Estado laico, la educación religiosa, la autonomía de evaluación, la educación intercultural bilingüe, la jornada laboral docente, la representación paritaria, las acciones afirmativas, las juntas distritales, el régimen disciplinario estudiantil y la situación de educadores populares y madres comunitarias; sin embargo, el allanamiento global a los artículos no ratificados no prosperó tras rectificación, y las posteriores mociones de Jorge Escala para ratificar otros artículos y disposiciones tampoco alcanzaron los votos necesarios. Finalmente, se aprobó con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos, seis blancos y dieciocho abstenciones la resolución propuesta por Juan Carlos López para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Docente Ambato en el Decreto Ejecutivo 618 de estado de excepción sanitaria, a fin de atender urgentemente sus necesidades de infraestructura, equipamiento, personal médico, administrativo, medicinas e insumos para la atención de pacientes de Tungurahua y la zona central del país