ACTA_090-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, aprobado previamente por el Pleno. La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud recomendó el allanamiento a las observaciones del Ejecutivo, al considerar pertinentes los ajustes propuestos sobre la sanción de destitución al funcionario que divulgue información confidencial de donantes o receptores; la acreditación no solo de médicos sino de profesionales de la salud que intervengan en el proceso trasplantológico; la incorporación de la muerte a corazón parado o asistolia como supuesto para la donación; la aclaración de que, en casos de muerte violenta, debe existir notificación previa al fiscal de turno antes de la ablación; la regulación de bancos de tejidos, progenitores hematopoyéticos y células no embrionarias ni fetales; la prohibición expresa del uso de embriones humanos y células madre embrionarias o fetales; y la precisión de responsabilidades administrativas, civiles y penales para aseguradoras, empresas de medicina prepagada y sus representantes legales. Carlos Velasco defendió el allanamiento como un paso final para consolidar una política pública de salud basada en la solidaridad, la bioética, la confidencialidad, la gratuidad y la posibilidad de salvar vidas mediante la donación y el trasplante. El Pleno aprobó por unanimidad el allanamiento a la objeción parcial, con noventa y ocho votos afirmativos, cero negativos, seis blancos y cero abstenciones; posteriormente se transcribió el texto final de la ley, que regula el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, la donación presunta con posibilidad de negativa expresa, la Lista de Espera Única Nacional, la donación en vida y cadavérica, los bancos de tejidos y células, las campañas de educación, el control administrativo y las sanciones contra la comercialización, tráfico, turismo de trasplantes y procedimientos no autorizados

ACTA_089-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del primer debate de la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana sobre revocatoria del mandato, se analizaron los requisitos, porcentajes, plazos y límites necesarios para evitar que este mecanismo de democracia directa sea utilizado con fines de revancha política, sin desnaturalizar el derecho ciudadano a retirar la confianza a las autoridades electas. Armando Aguilar, Rafael Dávila, Henry Cuji, Luis Almeida, Leandro Cadena y Juan Carlos López coincidieron en la necesidad de motivar las solicitudes, elevar porcentajes de respaldo, impedir la intervención de personas ajenas a la circunscripción y evitar que candidatos derrotados, alternos o autoridades con conflicto de intereses promuevan procesos revocatorios; Dávila advirtió que existían seiscientas sesenta y tres solicitudes de revocatoria y propuso porcentajes más altos según el tamaño de la jurisdicción. Paola Pabón defendió que la reforma debía equilibrar el derecho de participación con garantías para las autoridades cuestionadas, aclaró el rol del Consejo Nacional Electoral y planteó revisar el tratamiento de procesos ya iniciados; mientras Ramiro Terán, Mercedes Diminich y Mauro Andino cuestionaron que el proyecto pudiera restringir derechos constitucionales, elevar indebidamente los porcentajes previstos en la Constitución o transformar la revocatoria en un trámite excesivamente condicionado. Fernando Bustamante advirtió problemas en la obligación impuesta a medios privados y comunitarios para realizar debates y propuso precisar el procedimiento de calificación de causales por parte del Consejo Nacional Electoral. El debate fue cerrado para que las observaciones se remitan por escrito a la Comisión. Posteriormente, se trató el proyecto de resolución para exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice las veedurías ciudadanas y proteja a los veedores; Marco Murillo defendió la importancia del control social y César Rodríguez solicitó revisar el texto, por lo que el punto quedó suspendido. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con setenta votos afirmativos, la resolución propuesta por Víctor Quirola para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en el decreto de estado de excepción sanitaria, a fin de intervenir su infraestructura, equipamiento, administración, gestión técnica, medicamentos e insumos ante el riesgo de colapso por alta demanda de atención. El proyecto sobre publicación de declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas no llegó a tratarse por falta de quórum.

ACTA_089-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar proyectos de resolución orientados a exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice el trabajo de las veedurías ciudadanas, exhortar al Ejecutivo a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en la emergencia sanitaria y requerir la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas; en cambio, fue negada la propuesta de Galo Lara para solicitar la renuncia inmediata de los integrantes de la Corte Constitucional. En primer debate se trató la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que buscaba habilitar el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas, sin descuidar la defensa externa, en circunstancias de evidente necesidad o inminente alteración del orden público, mediante planificación previa, coordinación institucional y asesoría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Fernando Bustamante, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Eduardo Zambrano, Víctor Quirola y Marllely Vásconez defendieron la propuesta como una herramienta excepcional para apoyar a la Policía Nacional frente a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad ciudadana; mientras Fausto Cobo, Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Galo Vaca, María Augusta Calle, Nívea Vélez, Tomás Zevallos, César Montúfar, Cléver Jiménez y Jorge Escala cuestionaron su constitucionalidad, advirtieron sobre el riesgo de militarización, uso represivo de la fuerza y desnaturalización de las funciones de defensa nacional, y solicitaron construir una política integral de seguridad que priorice prevención, empleo, desarrollo, profesionalización policial, justicia y atención a las zonas fronterizas. El debate quedó cerrado para que la Comisión incorpore las observaciones, sin votación definitiva. Posteriormente, en primer debate se analizó la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana para regular la revocatoria del mandato, estableciendo requisitos de identificación y motivación de la solicitud, causales relacionadas con incumplimiento injustificado del plan de trabajo, obligaciones legales y normas de participación ciudadana; porcentajes y plazos diferenciados para recolectar firmas según el tamaño de la circunscripción; reglas para la verificación de respaldos; límites de gasto electoral y prohibición de utilizar recursos públicos en campañas. Virgilio Hernández defendió la propuesta como una forma de garantizar la participación directa sin convertir la revocatoria en un instrumento de presión política; Rocío Valarezo pidió reforzar el debido proceso y añadir actos de corrupción comprobados como causal; María Soledad Vela, Luis Morales y Guillermina Cruz plantearon precisiones sobre el lenguaje, respaldos, residencia de los electores y protección del derecho ciudadano a controlar a sus autoridades. La sesión fue suspendida sin resolución final sobre esta reforma

ACTA_089-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf n la continuación del primer debate de la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana sobre revocatoria del mandato, se discutieron medidas para evitar que este mecanismo sea utilizado como instrumento de revancha política o desestabilización institucional, sin restringir el derecho ciudadano de controlar a las autoridades electas. Alfredo Ortiz y José Picoita respaldaron el aumento de porcentajes y plazos para recolectar firmas, especialmente en circunscripciones pequeñas, y propusieron que los promotores de una revocatoria hayan votado en la elección correspondiente, que se realicen debates públicos entre proponentes y autoridades cuestionadas, y que se precise el procedimiento aplicable a concejales urbanos y rurales. Andrés Roche señaló que varios procesos estaban siendo impulsados por candidatos derrotados o intereses particulares, por lo que defendió la exigencia de motivaciones claras y causas justificadas para iniciar una revocatoria. Tomás Zevallos objetó la reforma por considerar que imponía restricciones incompatibles con los artículos constitucionales que garantizan el derecho a revocar el mandato y advirtió un posible conflicto de interés de los propios legisladores al regular este mecanismo. Gabriel Rivera cuestionó la prohibición de que autoridades electas promuevan revocatorias, al sostener que también conservan su calidad de ciudadanos; solicitó que los trámites se realicen en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral y pidió aclarar el tratamiento de los procesos ya iniciados o en fase de recolección de firmas para evitar que queden sin efecto. El debate fue suspendido sin votación final, a fin de continuarlo en una sesión posterior.

ACTA_088-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general se debatieron las preguntas remitidas por el Presidente de la República a la Corte Constitucional para su calificación, en el marco de una eventual consulta popular y referéndum. Vicente Taiano, Paco Moncayo, Luis Almeida, Enrique Herrería, César Montúfar, Línder Altafuya, Gerónimo Yantalema, Silvia Kon, Andrés Páez, Luis Morales y otros legisladores cuestionaron principalmente que las preguntas sobre prisión preventiva, medidas sustitutivas y reestructuración del Consejo de la Judicatura pudieran restringir derechos constitucionales, alterar la estructura del Estado, debilitar la independencia judicial o trasladar atribuciones legislativas al Ejecutivo mediante un mecanismo plebiscitario; además, advirtieron que la seguridad ciudadana no se resuelve únicamente con reformas penales y solicitaron respetar los procedimientos constitucionales para enmiendas, reformas o convocatoria a una Asamblea Constituyente. Desde distintas perspectivas, también plantearon que la consulta debió abordar problemas estructurales como la desigualdad, la redistribución de la riqueza, la corrupción, la situación de los pueblos indígenas, la protección de la naturaleza y la transformación integral de la justicia. En respaldo a la consulta, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Virgilio Hernández, Abdalá Bucaram y Mauro Andino sostuvieron que el pueblo tiene derecho a pronunciarse directamente sobre asuntos de interés nacional y que la crisis de la administración de justicia, las caducidades de prisión preventiva, la falta de sanción a operadores judiciales y la ineficacia del Consejo de la Judicatura justificaban una reforma profunda; Hernández y Andino reconocieron, no obstante, que los problemas de seguridad requieren políticas integrales y no solamente modificaciones normativas. María Paula Romo y Silvia Salgado manifestaron reparos frente al contenido de varias preguntas, especialmente aquellas que podrían afectar derechos o reproducir enfoques punitivos, pero defendieron que el debate debía centrarse en los límites constitucionales de la consulta y en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana. La Comisión General fue suspendida sin adoptar resoluciones, y posteriormente la sesión terminó por falta de quórum

ACTA_087-AN-2009-2011_PLENO.pdf En segundo debate se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientada a mejorar el funcionamiento y control de la administración de justicia. La norma restableció el régimen de vacancia judicial en períodos diferenciados para Sierra y Amazonía, Costa e Insular y todo el país, manteniendo atención permanente mediante turnos en materias penales, tránsito, niñez y adolescencia; endureció el régimen disciplinario al considerar falta gravísima la caducidad injustificada de la prisión preventiva y al sancionar la falta de entrega de información, el incumplimiento de plazos procesales y la inasistencia injustificada a audiencias. También reguló la designación, requisitos y atribuciones del Fiscal General Subrogante, fortaleció la atención de la Fiscalía a las víctimas y de la Defensoría Pública a personas en condición de vulnerabilidad, dispuso informes periódicos de jueces sobre audiencias realizadas y fallidas, incorporó mecanismos de notificación electrónica, estableció controles sobre notarías y bienes en depósito judicial, y confirmó el carácter provisional de nombramientos realizados durante la transición, incluidos los registradores de la propiedad designados por el Consejo de la Judicatura. María Paula Romo defendió el informe; Luis Morales propuso denominar “vacancia judicial” al régimen de descanso; Fernando Bustamante solicitó mayores garantías de independencia para fiscales; Luis Almeida, Silvia Salgado, Viviana Bonilla y José Picoita formularon observaciones sobre nombramientos, registradores y el Fiscal subrogante; mientras Mauro Andino, Vicente Taiano y otros legisladores respaldaron la reforma como una respuesta a la impunidad, falta de control y deficiencias del sistema judicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con sesenta y siete votos afirmativos, dos negativos, tres blancos y treinta y tres abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, se aprobó con noventa y cinco votos afirmativos la resolución propuesta por Mary Verduga para exhortar al Ejecutivo a asignar y reasignar recursos, mediante las entidades competentes, para atender la emergencia vial y humanitaria ocasionada por lluvias, derrumbes y daños en vías, puentes y viviendas de Santo Domingo de los Tsáchilas, especialmente en Alluriquín, Santa María del Toachi, Luz de América, El Esfuerzo, Puerto Limón, Nuevo Israel y Las Mercedes.

ACTA_086-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje y se otorgó la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural e investigativo” a Jaime Galarza Zavala, en reconocimiento a su trayectoria como escritor, investigador, docente, activista y servidor público; Aminta Buenaño destacó su aporte intelectual y compromiso con las transformaciones sociales, mientras Galarza agradeció la distinción y reafirmó su vocación por la justicia, la poesía y la defensa de los sectores populares. En primer debate se trató el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal, que plantea reemplazar el requisito de unanimidad por la aprobación de dos tercios de los copropietarios para realizar aumentos en las edificaciones, modificaciones de fachadas, mejoras voluntarias, gravámenes extraordinarios y alteraciones en el uso de bienes comunes. María Paula Romo y Vicente Taiano defendieron la reforma como una solución para evitar que la oposición de un solo propietario impida decisiones colectivas; Juan Carlos Cassinelli propuso revisar disposiciones sobre alícuotas y uso de los inmuebles; Enrique Herrería advirtió que la medida podría afectar la armonía arquitectónica y generar conflictos; Guillermina Cruz solicitó incorporar la autorización del arquitecto diseñador para cambios relevantes; Silvia Salgado planteó sustituir los dos tercios por mayoría absoluta; y Aminta Buenaño y Jaime Abril coincidieron en que debe impulsarse una reforma integral que incorpore aspectos de vivienda, seguridad, calidad de construcción, administración y protección de los copropietarios. Finalmente, se aprobó con noventa y siete votos afirmativos y uno en blanco la resolución propuesta por Jimmy Pinoargote, mediante la cual se reconoció el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, se destacó la fortaleza de las personas con enfermedades catastróficas y se exhortó al Ejecutivo a fortalecer los programas de prevención, detección temprana y atención gratuita, oportuna y especializada para pacientes con cáncer y otras enfermedades de alta complejidad.

ACTA_085-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporaron al orden del día propuestas de resolución para exhortar la declaratoria de estado de excepción en el cantón San José de Chimbo, por los daños ocasionados en el barrio Tambán; expresar solidaridad por el accidente del Escuadrón Twin Otter en la Amazonía y solicitar la continuidad de su labor de acción cívica; y declarar a la vía Chone-Quito como Ruta de los Raidistas, en homenaje a la expedición que abrió la conexión entre la Costa y la Sierra; estas iniciativas fueron planteadas por Kléver García, Diana Atamaint y Lídice Larrea, respectivamente, pero no llegaron a tratarse de fondo. El punto central fue el enjuiciamiento político a Gloria Sabando García, exsuperintendenta de Bancos y Seguros. Sabando rechazó las acusaciones de omisión en la liquidación de treinta y dos instituciones financieras, sostuvo que el artículo 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero no podía aplicarse por la inexistencia de bienes registrados a nombre de exaccionistas y porque la antigua AGD ya tenía atribuciones de incautación; afirmó que impulsó la aplicación del artículo 127 tras el pronunciamiento de la Procuraduría, notificó a 173 exdirectores, exadministradores y exfuncionarios por pérdidas patrimoniales superiores a dos mil doscientos millones de dólares, y defendió su gestión de control, recuperación de activos, regulación financiera y estabilidad del sistema bancario. Rolando Panchana, como interpelante, sostuvo que Sabando no verificó ni sancionó a los liquidadores que incumplieron sus obligaciones, no aplicó oportunamente los mecanismos para administrar bienes de exaccionistas, no individualizó responsabilidades ni valores exigibles para iniciar cobros coactivos, y emitió notificaciones con deficiencias legales; por ello presentó una moción de censura e incorporó testimonios de Nicolás Brito, Segundo Merizalde, Teresa Lavalle, Jeaneth Murillo, Bertha Pineda, Alfonso Sáenz, Felipe Valladares y Xavier Durán, quienes relataron afectaciones económicas y la falta de recuperación total de sus depósitos tras la crisis bancaria. En su réplica, Sabando insistió en que el proceso de recuperación continuaba, que sus actuaciones fueron avaladas por la Junta Bancaria y otras instituciones del Estado, y solicitó el archivo del juicio; el tratamiento quedó suspendido antes del debate legislativo y de cualquier votación sobre la censura

ACTA_085-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del enjuiciamiento político a Gloria Sabando García, exsuperintendenta de Bancos y Seguros, se debatió su presunto incumplimiento de las funciones de control y vigilancia durante la liquidación de instituciones financieras cerradas, especialmente por no exigir a los liquidadores la aplicación efectiva de los artículos 127 y 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, no determinar responsables de los déficits patrimoniales, no sancionar irregularidades y permitir que los procedimientos de cobro quedaran debilitados. Silvia Salgado presentó las conclusiones de la Comisión de Fiscalización; Rolando Panchana defendió la moción de censura e incorporó recomendaciones para ampliar las investigaciones; César Rodríguez, Mauro Andino, Gastón Gagliardo, Betty Carrillo y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la censura, señalando que la responsabilidad política del juicio recaía en la máxima autoridad de la Superintendencia. Marco Murillo, Ramiro Terán, Galo Lara, Enrique Herrería, Paco Moncayo, Línder Altafuya, Jorge Escala, Andrés Páez, Alfredo Ortiz, Nívea Vélez, Vicente Taiano, Grace Almeida y otros legisladores cuestionaron que la responsabilidad se concentrara únicamente en Sabando y solicitaron investigar también a liquidadores, miembros de la Junta Bancaria, funcionarios de la AGD, Banco Central, Ministerio de Finanzas y demás entidades relacionadas con la crisis bancaria; María Augusta Calle planteó ajustes al texto final, que fueron acogidos. La apelación procesal presentada por Andrés Páez fue negada. Finalmente, se aprobó la censura contra Gloria Sabando con ochenta y seis votos afirmativos, cero negativos, cuatro blancos y veintisiete abstenciones, tras rectificación; además, se dispuso solicitar a la Junta Bancaria una evaluación técnica de las liquidaciones, requerir a la Contraloría exámenes especiales para establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales, pedir al Banco Central informes sobre recuperación de cartera y pago a acreedores, y solicitar a Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y al fideicomiso AGD-CFN investigaciones e informes sobre las actuaciones vinculadas con la crisis bancaria; la reconsideración fue negada. También se aprobó la resolución propuesta por Kléver García para exhortar la declaratoria de estado de excepción en San José de Chimbo, a fin de atender al barrio Tambán afectado por lluvias y movimientos telúricos, con setenta y nueve votos afirmativos tras rectificación; se aprobó la resolución planteada por Diana Atamaint para expresar pesar por las víctimas del accidente del avión Twin Otter FAE 449, reconocer la labor de la Fuerza Aérea y fortalecer el programa de transporte aéreo para comunidades amazónicas aisladas, con ochenta y cuatro votos afirmativos; y se aprobó la resolución de Lídice Larrea que declaró a la vía Chone-Quito como Ruta de los Raidistas, en homenaje a Carlos Aray, Juan de Dios Zambrano, Emilio Hidalgo, Plutarco Moreira y Artemio Aray, con setenta y ocho votos afirmativos.

ACTA_084-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporaron al orden del día propuestas de resolución para exhortar la declaratoria de estado de excepción en el cantón San José de Chimbo, por los daños ocasionados en el barrio Tambán; expresar solidaridad por el accidente del Escuadrón Twin Otter en la Amazonía y solicitar la continuidad de su labor de acción cívica; y declarar a la vía Chone-Quito como Ruta de los Raidistas, en homenaje a la expedición que abrió la conexión entre la Costa y la Sierra; estas iniciativas fueron planteadas por Kléver García, Diana Atamaint y Lídice Larrea, respectivamente, pero no llegaron a tratarse de fondo. El punto central fue el enjuiciamiento político a Gloria Sabando García, exsuperintendenta de Bancos y Seguros. Sabando rechazó las acusaciones de omisión en la liquidación de treinta y dos instituciones financieras, sostuvo que el artículo 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero no podía aplicarse por la inexistencia de bienes registrados a nombre de exaccionistas y porque la antigua AGD ya tenía atribuciones de incautación; afirmó que impulsó la aplicación del artículo 127 tras el pronunciamiento de la Procuraduría, notificó a 173 exdirectores, exadministradores y exfuncionarios por pérdidas patrimoniales superiores a dos mil doscientos millones de dólares, y defendió su gestión de control, recuperación de activos, regulación financiera y estabilidad del sistema bancario. Rolando Panchana, como interpelante, sostuvo que Sabando no verificó ni sancionó a los liquidadores que incumplieron sus obligaciones, no aplicó oportunamente los mecanismos para administrar bienes de exaccionistas, no individualizó responsabilidades ni valores exigibles para iniciar cobros coactivos, y emitió notificaciones con deficiencias legales; por ello presentó una moción de censura e incorporó testimonios de Nicolás Brito, Segundo Merizalde, Teresa Lavalle, Jeaneth Murillo, Bertha Pineda, Alfonso Sáenz, Felipe Valladares y Xavier Durán, quienes relataron afectaciones económicas y la falta de recuperación total de sus depósitos tras la crisis bancaria. En su réplica, Sabando insistió en que el proceso de recuperación continuaba, que sus actuaciones fueron avaladas por la Junta Bancaria y otras instituciones del Estado, y solicitó el archivo del juicio; el tratamiento quedó suspendido antes del debate legislativo y de cualquier votación sobre la censura.

ACTA_083-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se posesionó a Suad Raquel Manssur Villagrán como Superintendenta de Compañías. En el tratamiento del orden del día no prosperó la propuesta de Jorge Escala para incorporar una resolución sobre programas de vivienda popular y reubicación de familias afectadas por desalojos, ni la iniciativa de Sylvia Kon relacionada con la sanción a la Cooperativa de Transporte Reina del Camino, aunque esta última destacó la necesidad de investigar a los responsables del accidente y evitar una medida que afectara a trabajadores y usuarios. Se aprobó la resolución propuesta por Omar Juez para respaldar el planteamiento de los alcaldes ecuatorianos de regular la revocatoria del mandato, con el fin de impedir usos arbitrarios o desestabilizadores de este mecanismo, preservar la gobernabilidad local y tramitar reformas al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana; la resolución obtuvo noventa y cuatro votos afirmativos. El tema principal fue la aprobación unánime de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, que establece un procedimiento de calificación con veeduría e impugnación ciudadana para reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías o militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz. Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Luis Morales, Linda Machuca, Francisco Ulloa, Mary Verduga, Fausto Cobo, Diana Atamaint, Gabriel Rivera y Nívea Vélez intervinieron para respaldar la norma y plantear precisiones sobre la inclusión de convivientes en unión de hecho, excombatientes de 1981 y 1995, personal civil de apoyo, pueblo Shuar, personas afectadas por desminado o explosivos y sanciones a autoridades que incumplan los beneficios. La ley reconoce pensión mensual, becas completas, puntaje adicional en concursos públicos, vivienda gratuita, atención médica preferente, medicamentos, prótesis, indemnizaciones y protección para familiares, excombatientes y personas con discapacidad derivada de actos heroicos; fue aprobada con ciento diecisiete votos afirmativos y la reconsideración posterior fue negada. Nelson Castillo, en representación de los veteranos de guerra, agradeció la aprobación de la norma y solicitó la publicación oficial de la nómina de héroes y heroínas de los conflictos de 1981 y 1995

ACTA_082-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, que reguló el orden de reemplazo de alternos de asambleístas, concejales y vocales de juntas parroquiales cuando estos no puedan asistir; sustituyó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas” para efectos del Fondo Partidario Permanente; permitió, de manera transitoria y hasta el siguiente proceso electoral pluripersonal, distribuir dicho fondo con base en la participación y resultados electorales de 2009 mientras las organizaciones culminaban su inscripción o reinscripción; y precisó el período de vicealcaldes y de integrantes de comisiones legislativas municipales y parroquiales. María Paula Romo, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Vicente Taiano y Fernando Cordero defendieron la reforma como un mecanismo para viabilizar un mandato constitucional, fortalecer las organizaciones políticas y evitar su dependencia de aportes privados, mientras César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo cuestionaron su constitucionalidad, un posible conflicto de intereses y que se convierta en una distribución de recursos públicos a agrupaciones no inscritas; Jorge Escala apoyó la entrega únicamente a organizaciones que cumplieran los requisitos constitucionales, Rocío Valarezo solicitó incluir a movimientos provinciales y regionales, y Magaly Orellana objetó la incorporación de reformas adicionales al texto inicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con setenta y nueve votos afirmativos, seis negativos, cinco blancos y dieciocho abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, en primer debate se trató la Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 sobre asignaciones provenientes de la venta de energía de las hidroeléctricas Paute, Pisayambo y Agoyán, que planteó mantener las rentas destinadas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, reasignar los recursos antes administrados por el extinto CREA a los gobiernos provinciales, en coordinación con municipios y juntas parroquiales, y destinarlos principalmente a protección de cuencas, páramos, reforestación y gestión ambiental. Virgilio Hernández defendió el informe; Gioconda Saltos solicitó que el cálculo se realice sobre la venta efectiva de energía, ampliar los usos a vialidad y obra social y cancelar valores pendientes; Luis Morales, Betty Carrillo y Juan Carlos López defendieron los recursos para Tungurahua como compensación por los impactos ambientales y turísticos de las centrales; Paco Fierro, Mauro Andino, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Armando Aguilar pidieron incorporar a Chimborazo y a otras provincias aportantes de recursos hídricos; María Molina planteó ajustes por la supresión del CREA y cuestionó considerar al agua como recurso no renovable; Guillermina Cruz solicitó una ley general que incluya a todas las provincias con proyectos hidroeléctricos, y Fernando Cordero propuso avanzar directamente hacia una norma nacional que distribuya recursos sin disminuir los ya existentes. El debate quedó cerrado para que la Comisión recoja las observaciones antes del segundo debate.

ACTA_082-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, con ciento once votos afirmativos, sin votos negativos ni blancos y dos abstenciones, luego de una rectificación de la votación. La norma garantiza el derecho a la salud en materia de trasplantes, crea el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes bajo rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional, regula la promoción, donación, extracción, almacenamiento, transporte, distribución y trasplante de órganos, tejidos y células, y establece principios de altruismo, voluntariedad, gratuidad, solidaridad, transparencia, interculturalidad y bioética. Carlos Velasco defendió el texto final y destacó que los ecuatorianos y extranjeros residentes mayores de edad serán considerados donantes al fallecer, salvo que expresen su negativa o restricción en su documento de identidad; además, la ley garantiza atención gratuita, medicación permanente para personas trasplantadas, confidencialidad de la información, trato preferencial a receptores y donantes vivos que hayan sufrido afectaciones de salud, formación especializada de equipos médicos, una Lista de Espera Única Nacional y campañas educativas para fortalecer la cultura de donación. También se reguló la donación en vida, restringida principalmente a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, cónyuges o convivientes, bajo consentimiento informado, notariado y revocable; la donación de menores fallecidos, autorizada por padres, representantes legales o jueces competentes; y la actuación en casos de muerte violenta, que exige notificación previa al fiscal. La normativa prohíbe la comercialización y el turismo de trasplantes, establece controles, autorizaciones y acreditaciones para hospitales, profesionales y bancos de tejidos o células, regula la investigación con células madre y dispone sanciones administrativas y penales agravadas para tráfico de órganos, procedimientos no autorizados, manipulación de información privilegiada e incumplimiento de la Lista de Espera Única Nacional

ACTA_081-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, que reguló el orden de reemplazo de alternos de asambleístas, concejales y vocales de juntas parroquiales cuando estos no puedan asistir; sustituyó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas” para efectos del Fondo Partidario Permanente; permitió, de manera transitoria y hasta el siguiente proceso electoral pluripersonal, distribuir dicho fondo con base en la participación y resultados electorales de 2009 mientras las organizaciones culminaban su inscripción o reinscripción; y precisó el período de vicealcaldes y de integrantes de comisiones legislativas municipales y parroquiales. María Paula Romo, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Vicente Taiano y Fernando Cordero defendieron la reforma como un mecanismo para viabilizar un mandato constitucional, fortalecer las organizaciones políticas y evitar su dependencia de aportes privados, mientras César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo cuestionaron su constitucionalidad, un posible conflicto de intereses y que se convierta en una distribución de recursos públicos a agrupaciones no inscritas; Jorge Escala apoyó la entrega únicamente a organizaciones que cumplieran los requisitos constitucionales, Rocío Valarezo solicitó incluir a movimientos provinciales y regionales, y Magaly Orellana objetó la incorporación de reformas adicionales al texto inicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con setenta y nueve votos afirmativos, seis negativos, cinco blancos y dieciocho abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, en primer debate se trató la Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 sobre asignaciones provenientes de la venta de energía de las hidroeléctricas Paute, Pisayambo y Agoyán, que planteó mantener las rentas destinadas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, reasignar los recursos antes administrados por el extinto CREA a los gobiernos provinciales, en coordinación con municipios y juntas parroquiales, y destinarlos principalmente a protección de cuencas, páramos, reforestación y gestión ambiental. Virgilio Hernández defendió el informe; Gioconda Saltos solicitó que el cálculo se realice sobre la venta efectiva de energía, ampliar los usos a vialidad y obra social y cancelar valores pendientes; Luis Morales, Betty Carrillo y Juan Carlos López defendieron los recursos para Tungurahua como compensación por los impactos ambientales y turísticos de las centrales; Paco Fierro, Mauro Andino, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Armando Aguilar pidieron incorporar a Chimborazo y a otras provincias aportantes de recursos hídricos; María Molina planteó ajustes por la supresión del CREA y cuestionó considerar al agua como recurso no renovable; Guillermina Cruz solicitó una ley general que incluya a todas las provincias con proyectos hidroeléctricos, y Fernando Cordero propuso avanzar directamente hacia una norma nacional que distribuya recursos sin disminuir los ya existentes. El debate quedó cerrado para que la Comisión recoja las observaciones antes del segundo debate.

ACTA_080-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la nueva Proforma Presupuestaria 2011 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011-2014, luego de que la Función Ejecutiva acogiera las observaciones formuladas por la Asamblea; la moción presentada por Francisco Velasco obtuvo, tras rectificación, cincuenta y tres votos afirmativos, veintinueve negativos, cuatro blancos y once abstenciones. En primer debate se trató la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que propuso restablecer períodos de vacancia judicial, regular la atención de garantías constitucionales durante dichos períodos, sancionar a jueces, fiscales y defensores por acciones u omisiones que ocasionen la caducidad de la prisión preventiva, establecer reglas para la designación del fiscal subrogante, fortalecer la atención a víctimas y ampliar el patrocinio de la Defensoría Pública; María Paula Romo defendió el informe, mientras Línder Altafuya cuestionó que una auditoría a la Función Judicial pudiera ser realizada por el Ministerio de Justicia, Luis Morales solicitó revisar la inclusión de juzgados de Niñez y Adolescencia en la vacancia judicial, Kléver García apoyó el retorno a este régimen, Luis Almeida pidió incrementar el número de jueces y limitar las designaciones temporales, Mauro Andino respaldó reformas sobre reparación integral y responsabilidad disciplinaria, y Andrés Páez propuso regular el alcance de las garantías constitucionales y redireccionar la Defensoría Pública hacia trabajadores, familias y grupos vulnerables; el debate se cerró sin votación final para que la Comisión incorpore observaciones. También se aprobó la resolución presentada por Luis Morales para exhortar a SENAGUA a dejar sin efecto los valores pendientes por tasas de uso de agua aplicadas a actividades piscícolas y turísticas, y reclasificar a la piscicultura del sector hidroeléctrico al agroalimentario, con ochenta y dos votos afirmativos. Posteriormente, el Pleno se allanó a la objeción parcial al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, planteada sobre normas relativas a las ZEDE, delegación de inversiones en sectores estratégicos, correcciones técnicas aduaneras y promoción de exportaciones e inversiones; Francisco Velasco defendió el allanamiento, aprobado con cincuenta y ocho votos afirmativos. Se aprobó además el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 46 entre Ecuador y Cuba, orientado a facilitar el comercio bilateral, otorgar preferencias arancelarias y estimular inversiones conjuntas; Scheznarda Fernández, Linda Machuca, Guillermina Cruz y Gabriel Rivera intervinieron en respaldo del instrumento, que obtuvo sesenta y siete votos afirmativos. Finalmente, se debatió el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela: Eduardo Zambrano destacó la transferencia tecnológica, la capacitación y la integración regional, mientras Fausto Cobo, Francisco Ulloa, Paco Moncayo y César Montúfar expresaron reparos sobre su orientación, la independencia política de las Fuerzas Armadas, el riesgo de militarización y la necesidad de una política nacional de defensa clara; el tratamiento concluyó sin votación antes de la clausura.

ACTA_080-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general, Gerardo Morán, el padre Robert García y un representante del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle expusieron la situación de niñas, niños y adolescentes en condición de calle, solicitaron respaldo solidario y destacaron la necesidad de atender las causas estructurales de pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Posteriormente, se aprobó el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela, orientado a la cooperación en capacitación, investigación, intercambio académico, tecnología, inteligencia, operaciones de paz, apoyo logístico y gestión de riesgos; María Augusta Calle, Francisco Velasco, Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Armando Aguilar, Virgilio Hernández, Hólger Chávez, Carlos Velasco y Guillermina Cruz defendieron el instrumento como una expresión de integración latinoamericana, cooperación horizontal, fortalecimiento de la soberanía y diversificación de las relaciones internacionales, mientras Paco Moncayo aclaró su oposición histórica al convenio de la Base de Manta, y Fernando Aguirre, Línder Altafuya, Luis Almeida, Edwin Vaca, Enrique Herrería, Wladimir Vargas y Paco Fierro cuestionaron los posibles efectos del acuerdo sobre la profesionalización e independencia de las Fuerzas Armadas, la cooperación en inteligencia, el contexto político venezolano, la oportunidad diplomática frente al restablecimiento de relaciones con Colombia y la conveniencia de canalizar estos asuntos mediante el marco regional de UNASUR. El acuerdo fue aprobado, tras rectificación, con sesenta y tres votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y once abstenciones. Finalmente, se aprobó el Acuerdo entre Ecuador y Brasil sobre Cooperación en el Dominio de la Defensa, destinado a promover investigación, desarrollo, capacitación, entrenamiento, apoyo logístico, transferencia tecnológica y adquisición de productos y servicios de defensa; Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca resaltaron la capacidad tecnológica, industrial y estratégica de Brasil, la relación histórica entre ambos países, la transparencia en el gasto de defensa y los beneficios de una cooperación ordenada en igualdad de condiciones. La aprobación obtuvo setenta y nueve votos afirmativos, uno negativo, tres blancos y diecinueve abstenciones.

ACTA_079-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Derogatoria No. 5 para la Depuración de la Normativa Legal, que eliminó 150 decretos supremos, legislativos y resoluciones obsoletas, principalmente vinculados con reorganizaciones de concejos cantonales y medidas ya cumplidas; María Paula Romo presentó el informe y Kléver García respaldó su votación. En primer debate se trató la reforma al Código de la Democracia para regular transitoriamente la entrega del Fondo Partidario Permanente y de reposición del gasto electoral mientras las organizaciones políticas culminaban su reinscripción; María Paula Romo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Lourdes Tibán, Silvia Salgado y Rosendo Nurinkias defendieron la necesidad de fortalecer a partidos y movimientos, mientras Jorge Escala, Marco Murillo, Tomás Zevallos y César Montúfar cuestionaron su constitucionalidad, el posible beneficio a organizaciones no reinscritas y la exclusión de movimientos locales, por lo que la Comisión anunció que revisaría las observaciones y consultaría al Consejo Nacional Electoral antes del segundo debate. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, que modificó la integración del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, incorporó al Ministerio del Interior, reguló la libre designación y remoción de las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero y tipificó el financiamiento de delitos como infracción autónoma; Francisco Velasco defendió el allanamiento y María Paula Romo solicitó preservar la obligación de la Fiscalía de demostrar el origen ilícito de los activos. El tema principal fue el primer debate de las reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas, que propusieron agravar sanciones por sicariato, uso de niñas, niños y adolescentes para delinquir, delitos de odio, usura, comercialización ilícita de combustibles, minería ilegal y uso de vehículos sumergibles; ampliar las herramientas de investigación policial, acumular penas hasta treinta y cinco años, reforzar medidas cautelares, sancionar a fiscales por prevaricato y aumentar las medidas socioeducativas para adolescentes infractores. En comisión general, Sara Oviedo y Joffre Vélez solicitaron no reducir la edad de imputabilidad ni responder a la delincuencia juvenil únicamente con prisión, sino fortalecer prevención, justicia especializada y rehabilitación; Vicente Sarmiento y Enrique Alcívar, en representación de víctimas, exigieron una respuesta más firme contra la impunidad, mayor protección para víctimas y sanciones por negligencia médica. María Paula Romo, Vicente Taiano, Aminta Buenaño, Paco Moncayo, Viviana Bonilla, Mauro Andino y Gina Godoy sostuvieron que las reformas son necesarias pero insuficientes sin una transformación de la Fiscalía, judicaturas, Policía, rehabilitación social y políticas de prevención; Gilmar Gutiérrez, Cynthia Viteri, Luis Almeida, Tito Nilton Mendoza, Alfredo Ortiz y Enrique Herrería plantearon endurecer las penas, revisar la caducidad de la prisión preventiva, ampliar la capacidad judicial y adoptar medidas más severas para delitos graves y adolescentes infractores. El debate quedó suspendido sin votación final, al igual que la resolución incorporada a propuesta de Armando Aguilar para exhortar a la Función Judicial a agilitar los procesos, especialmente los vinculados con causas ambientales de Sucumbíos.

ACTA_079-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, orientadas a fortalecer la investigación y sanción de delitos graves, ampliar la acumulación de penas, combatir el sicariato, la usura, la utilización de menores por organizaciones delictivas, el tráfico ilícito de combustibles, la minería ilegal y otras formas de criminalidad organizada, así como mejorar las medidas cautelares, la actuación fiscal y la rehabilitación social. César Rodríguez, Marisol Peñafiel, Fernando Bustamante, Carlos Velasco, Gabriel Rivera, Mariángel Muñoz, María Alejandra Vicuña, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán y Paola Pabón cuestionaron que el endurecimiento de penas, por sí solo, resuelva la inseguridad, y defendieron una política integral basada en prevención, inversión social, eficacia judicial, rehabilitación, protección de derechos y un régimen especializado para adolescentes infractores. En contraste, Luis Morales, Paco Fierro, Edwin Vaca, Richard Guillén, Juan Carlos López, Fernando Aguirre y Andrés Páez plantearon penas más severas y acumulativas para delitos graves y reincidentes, mayor protección para las víctimas, control efectivo de jueces y fiscales, mejoras en la investigación policial, centros de rehabilitación funcionales y medidas frente a la impunidad. Marco Murillo y César Montúfar propusieron una mesa nacional o multipartidista que articule a las funciones del Estado y a los gobiernos autónomos para construir una política integral de seguridad, mientras Rolando Panchana solicitó incluir disposiciones sobre vehículos sumergibles, usura y fraudes electrónicos; Guillermina Cruz pidió fortalecer los derechos de las víctimas, la reestructuración policial y la rehabilitación de adolescentes. El debate quedó cerrado para recibir observaciones escritas antes de continuar el trámite, sin que se produjera votación sobre la reforma. Además, se leyó un proyecto de resolución para exhortar a la Función Judicial a agilitar y concluir los procesos por daños ambientales en la Amazonía, especialmente los relacionados con Sucumbíos, pero no llegó a votarse y fue diferido para una siguiente sesión.

ACTA_078-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la resolución propuesta por Gabriel Rivera que condena el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por fuerzas regulares o irregulares, nacionales o extranjeras, para conflictos, delitos, explotación sexual u otras formas degradantes, y exhorta a Ecuador y Colombia a reforzar la protección de la niñez en la frontera; intervinieron María Soledad Vela, Fernando Flores, Carlos Cassinelli, Edwin Vaca, Gido Vargas, Jaime Abril y Kléver García, quienes plantearon reforzar el sustento jurídico internacional, las políticas de prevención y la atención social en las zonas fronterizas. También se aprobó la resolución impulsada por Jorge Escala para incorporar en la Ley Orgánica de Educación Intercultural una disposición que otorgue nombramientos a docentes contratados que constaban como elegibles, cree las partidas necesarias en sesenta días y garantice igualdad salarial respecto de docentes con nombramiento; Escala y Nívea Vélez defendieron la estabilidad laboral de los maestros elegibles, mientras Armando Aguilar y Guillermina Cruz sostuvieron que los nombramientos debían sujetarse a concursos de méritos y oposición y a la disponibilidad institucional. El tema central fue la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, presentada por César Rodríguez, que estableció principios de gratuidad, laicidad, interculturalidad, inclusión, participación, evaluación integral y calidad educativa; fortaleció los derechos de estudiantes, docentes y familias; reguló la carrera docente, estabilidad, capacitación, remuneración, educación sexual integral, protección frente a la violencia, atención a personas con discapacidad y adolescentes embarazadas, así como el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la rectoría nacional de la política educativa. La ley fue aprobada inicialmente con noventa y ocho votos afirmativos y ratificada, tras rectificación, con ciento ocho votos afirmativos; la reconsideración fue negada. Finalmente, se aprobó la resolución de Gioconda Saltos para exhortar la declaratoria de estado de excepción en Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Los Ríos por la actividad del volcán Tungurahua, incluyendo reactivación productiva, apoyo a ganaderos y agricultores, protección social, ejecución de proyectos de los gobiernos autónomos y fortalecimiento técnico del Instituto Geofísico; Francisco Cisneros, Fernando González, Marco Murillo, Elvis Maldonado, Luis Morales, Mauro Andino, Juan Carlos López, Kléver García y Hólger Chávez solicitaron ampliar la cobertura territorial y asegurar la entrega efectiva de recursos

ACTA_078-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se recibió la Agenda Política y Estratégica de las Mujeres de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, presentada por Norma Mayo y Cecilia Velaque, quienes plantearon acciones contra la discriminación étnica y de género, la pobreza, la violencia, el analfabetismo y la exclusión, además de priorizar derechos sexuales y reproductivos, educación, cultura, ciencia, tecnología, tierra y territorio; María Augusta Calle suscribió el compromiso legislativo para incorporar estos ejes en el análisis de leyes y políticas públicas. Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar propuestas de condena al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos por fuerzas irregulares, planteada por Gabriel Rivera; de exhorto para declarar el estado de excepción en Tungurahua y zonas afectadas por la actividad del volcán, impulsada por Gioconda Saltos; y de reconocimiento de estabilidad laboral para docentes contratados, promovida por Jorge Escala; en cambio, no prosperó la incorporación de una resolución de Kléver García sobre incremento salarial retroactivo para el Magisterio. Se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, presentada por Silvia Salgado, que corrigió la fecha de publicación de un decreto relativo al Concejo Cantonal de Píllaro. También se trató la objeción parcial a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria: Rosana Alvarado recomendó aceptar el veto, que trasladaba la coordinación del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional a la Presidencia de la Conferencia Plurinacional e Intercultural, ampliaba plazos para presentar propuestas legislativas y redefinía a dicha Conferencia como Consejo Sectorial Ciudadano adscrito al Ministerio de Agricultura; Rodrigo Collahuazo, Cléver Jiménez, Paco Moncayo, Marco Murillo y Luis Morales cuestionaron principalmente la pérdida de autonomía y el carácter exclusivamente sectorial de la instancia. El Pleno se allanó a las reformas sobre coordinación, trámite de propuestas, disposición transitoria y plazo final, mientras negó la ratificación del texto original del artículo relativo a la naturaleza de la Conferencia. El tema central fue el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyo informe presentó César Rodríguez como una propuesta para garantizar gratuidad, universalidad, interculturalidad, participación, evaluación integral, desconcentración territorial, fortalecimiento de la carrera docente, escalafón, capacitación, derechos laborales y educación intercultural bilingüe. En comisión general intervinieron Gloria Vidal, Augusto Barrera, Mariano Morocho, Marlon Santi, Luis Contento, Miguel Egas, Mery Zamora, Manuel Chugchilán, Jaime Matute, Mónica Acurio, Milton Luna y María Eugenia Forester; se solicitaron garantías para la educación municipal, la institucionalidad y jurisdicción de la educación intercultural bilingüe, los derechos de docentes jubilados, contratados, comunitarios, supervisores y técnicos docentes, la estabilidad laboral, una jubilación equivalente a la de otros servidores públicos, participación social efectiva, evaluación no punitiva, educación sexual integral y mayor presencia de gobiernos locales en la gestión educativa. En el debate legislativo, César Rodríguez defendió el proyecto como una transformación integral del sistema; Marco Murillo, Galo Vaca, Nívea Vélez y Xavier Tomalá insistieron en proteger la educación bilingüe, la supervisión educativa, la estabilidad laboral, los incentivos para zonas amazónicas, fronterizas y de difícil acceso, y una jubilación digna; María Alejandra Vicuña propuso medidas para regularizar bienes de instituciones fiscales, reforzar la protección frente a violencia sexual y garantizar educación integral en sexualidad; Gido Vargas planteó ajustes a la escala salarial, homologación y reconocimiento de supervisores y técnicos docentes; Jorge Escala cuestionó el proyecto por considerar insuficientes las garantías salariales y laborales; Armando Aguilar defendió el bachillerato unificado, la educación municipal, militar y policial, así como la estabilidad de su personal; Paco Moncayo formuló observaciones sobre técnica legislativa, descentralización, ambiente, género y protección de docentes de instituciones particulares y fiscomisionales; y Gastón Gagliardo respaldó el nuevo modelo de gestión, la evaluación integral, los circuitos educativos y los distintos tipos de bachillerato. El debate quedó suspendido sin votación final, para continuar en una sesión posterior.

ACTA_078-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural, centrado en la transformación del sistema educativo, la revalorización docente, la interculturalidad, la inclusión y la garantía del derecho a una educación pública de calidad. Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Eduardo Encalada, Kléver García, Jimmy Pinoargote, Ramiro Terán, Juan Fernández, Enma Palacios, Vicente Iza, Jorge Escala y otros legisladores defendieron la estabilidad laboral de docentes contratados, supervisores, técnicos docentes, educadores comunitarios y personal de instituciones municipales, así como la vigencia o fortalecimiento de la carrera docente, el escalafón, los permisos gremiales, una evaluación integral de todo el sistema y una remuneración que no reduzca los ingresos existentes; además, solicitaron que los incrementos salariales sean retroactivos, que se reconozcan bonos para zonas fronterizas, amazónicas, insulares y de difícil acceso, y que la jubilación se ajuste expresamente a los beneficios de la Ley Orgánica de Servicio Público, con una compensación de hasta ciento cincuenta salarios básicos unificados. César Rodríguez señaló que la Comisión acogería el criterio de homologar la jubilación docente con dicha ley. Gerónimo Yantalema, Lourdes Tibán, Rosendo Nurinkias, Rodrigo Collahuazo y otros representantes de pueblos y nacionalidades insistieron en preservar la autonomía administrativa, técnica y financiera, la jurisdicción y el modelo propio del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, cuestionando que se lo convierta en una dependencia subordinada; mientras Pedro de la Cruz planteó una Subsecretaría desconcentrada bajo rectoría del Ministerio de Educación, con asignación preferente de recursos y participación de organizaciones representativas. María Soledad Vela, Betty Amores, Gina Godoy, María Augusta Calle y Dora Aguirre propusieron incorporar educación sexual integral, protección de estudiantes embarazadas, inclusión efectiva de personas con discapacidad, prevención y sanción de la violencia y abuso sexual en establecimientos educativos, coordinación con las juntas de protección de derechos y mecanismos especiales para estudiantes migrantes y ecuatorianos residentes en el exterior. También se debatió el reconocimiento de la educación municipal, la participación de gobiernos locales en el Consejo Nacional de Educación, la educación fiscomisional, militar y policial, el carácter laico de la enseñanza, la necesidad de currículos flexibles y pertinentes, la enseñanza de lenguas ancestrales y extranjeras, y el fortalecimiento de la infraestructura, la formación docente y la inversión pública. Silvia Salgado, Francisco Cisneros, María Paula Romo, César Montúfar, Raúl Abad, José Picoita, Salomón Fadul, Zobeida Gudiño, Paco Fierro, Hólger Chávez, Juan Carlos López, Marco Murillo y otros asambleístas presentaron observaciones sobre estos temas, con posiciones diversas respecto de la autonomía de la educación bilingüe, el rol de la UNE, la descentralización y el alcance de las competencias municipales. La Comisión anunció que incorporaría los consensos y observaciones en un texto revisado antes de la votación; por tanto, el debate concluyó sin aprobación final y quedó suspendido para continuar posteriormente

ACTA_077-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate y se sometió a votación el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Rafael Dávila cuestionó que el texto final incorporara disposiciones que, según sostuvo, no fueron planteadas durante el debate en el Pleno, por lo que solicitó que el proyecto regresara a la Comisión de Desarrollo Económico para una nueva revisión; Saruka Rodríguez defendió el trámite, señalando que la Comisión trabajó durante nueve meses, que el informe contó con respaldo de integrantes de distintas bancadas y que las observaciones formuladas durante el debate fueron incorporadas en los textos difundidos previamente. La reforma aprobada reestructuró la institucionalidad del transporte mediante la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; precisó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Guayas; reguló la formación y recuperación de puntos de conductores, el canje de licencias para migrantes y extranjeros, la seguridad social de trabajadores del transporte, el control técnico vehicular, la protección de grupos prioritarios, el SOAT y el FONSAT, las sanciones por infracciones, conducción en estado de embriaguez, informalidad, exceso de pasajeros, fallas mecánicas, uso indebido de vías y otras contravenciones, además de disposiciones sobre control de tránsito, capacitación de agentes civiles y transferencia progresiva de competencias. El proyecto fue aprobado inicialmente con setenta y nueve votos afirmativos, veintidós negativos, cuatro blancos y doce abstenciones; tras la rectificación obtuvo ochenta votos afirmativos, veintiún negativos, tres blancos y doce abstenciones, y la reconsideración posterior fue negada.

ACTA_077-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orientado a adecuar la normativa a la Constitución y al COOTAD, definir las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y de la Agencia Nacional, fortalecer la seguridad vial, regular contravenciones, puntos en las licencias, sanciones por conducción bajo efectos de alcohol, transporte informal, SOAT y FONSAT, capacitación, afiliación a la seguridad social, tarifas diferenciadas y protección de grupos vulnerables. Previamente, Abdalá Bucaram propuso que las Fuerzas Armadas colaboren temporalmente con la Policía en seguridad ciudadana, moción que fue negada; Línder Altafuya logró incorporar al orden del día el análisis de una resolución contra la prescripción de la acción penal por el asesinato de Jaime Hurtado y sus acompañantes, aunque este asunto no llegó a tratarse; y Magaly Orellana planteó exhortar al respeto de las mujeres frente a expresiones ofensivas, propuesta que no fue aceptada. En comisión general, Ricardo Onofre, Jorge Calderón y Sandra Carrera solicitaron participación de los gremios de choferes, sanciones al transporte informal, garantías para escuelas de conducción, cajas de cesantía, estabilidad laboral y continuidad institucional de la Comisión de Tránsito del Guayas. Saruka Rodríguez presentó el informe de la Comisión; Juan Carlos Cassinelli, Silvia Salgado, Aminta Buenaño, Lídice Larrea y otros respaldaron mantener transitoriamente a la Comisión de Tránsito del Guayas, fortalecer la descentralización y endurecer controles; mientras Enrique Herrería, Andrés Roche, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Alfredo Ortiz y Andrés Páez cuestionaron la presentación de observaciones ajenas al informe, la eventual afectación de competencias municipales, la falta de control efectivo sobre infracciones, las facilidades para recuperar puntos, la proporcionalidad de las sanciones, la obligatoriedad de escuelas de conducción y la precariedad laboral de los choferes. Fernando Vélez propuso que el Estado asuma el costo del SOAT; Edwin Vaca y Gido Vargas solicitaron sanciones claras para conductores extranjeros e informales en zonas fronterizas; Guillermina Cruz pidió incluir responsabilidades por mala señalización vial, tarifas preferenciales para estudiantes y protección a transportistas con discapacidad; Pedro de la Cruz planteó revisar el requisito de bachillerato para licencias profesionales y garantizar seguridad social; y Zobeida Gudiño solicitó permitir que personas con discapacidad sean socias de cooperativas de transporte. El debate quedó suspendido, sin votación final, para continuar con el análisis de las observaciones.

ACTA_077-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, centrado en la necesidad de ajustar la norma a la Constitución y al COOTAD, precisar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, regular la Agencia Nacional de Tránsito, revisar el rol de la Comisión de Tránsito del Guayas, controlar el transporte informal, mejorar el sistema de puntos y licencias, reformar el SOAT y FONSAT, fortalecer la seguridad vial, la educación vial, la capacitación de conductores, la afiliación a la seguridad social, la protección de usuarios, peatones, niños, estudiantes, personas con discapacidad, comunidades rurales y migrantes retornados. Intervinieron Richard Guillén, Mauro Andino, Rafael Dávila, Luis Morales, José Picoita, Consuelo Flores, Francisco Hagó, Elvis Maldonado, María Soledad Vela, Marco Murillo, Linda Machuca, Gioconda Saltos, Gabriel Rivera, Luis Almeida, César Gracia, Vicente Taiano, María Paula Romo, Nívea Vélez, Armando Aguilar, Kléver García, Hólger Chávez, Lourdes Tibán y Fernando Cordero, quienes plantearon observaciones sobre constitucionalidad, proporcionalidad de sanciones, juzgamiento en ausencia, transporte rural, informalidad, monopolios, seguridad infantil, jornadas de conducción, frecuencias, escuelas de conducción, competencias municipales y necesidad de que el texto vuelva a ser revisado por la Comisión antes de su votación. Cerrado este debate, se trató el proyecto de resolución sobre el asesinato de Jaime Hurtado González, Pablo Tapia y Wellington Borja; Línder Altafuya defendió la necesidad de condenar el fallo que declaró la prescripción de la acción penal a favor de Henry Wilberth Gil Ayerve, mientras María Paula Romo propuso ajustes para evitar una indebida interferencia en la Función Judicial, y Abdalá Bucaram y Betty Carrillo intervinieron resaltando la gravedad del caso, la impunidad y la trascendencia histórica de Jaime Hurtado. Finalmente, se aprobó por unanimidad la resolución que condenó el fallo de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y pidió a la Corte Nacional de Justicia y a la Fiscalía General del Estado adoptar las acciones legales correspondientes para sancionar a todos los responsables del crimen.

ACTA_076-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se debatieron los informes sobre la Proforma Presupuestaria 2011 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011-2014. Francisco Velasco defendió que el déficit previsto corresponde principalmente al financiamiento de inversión pública y destacó las prioridades en desarrollo social, sectores estratégicos, vialidad, proyectos hidroeléctricos, educación, salud y transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados; esta posición fue respaldada, con distintos matices, por Xavier Tomalá, César Rodríguez, Paola Pabón, Virgilio Hernández y Mauro Andino, quienes resaltaron la orientación social, productiva y energética del presupuesto. En contraste, Paco Moncayo, Patricio Quevedo, Ramiro Terán, Betty Amores, Edwin Vaca, Lourdes Tibán, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, Enrique Herrería, Luis Morales, Juan Carlos López, Richard Guillén, Línder Altafuya, César Montúfar, Rafael Dávila, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Jimmy Pinoargote y Nívea Vélez cuestionaron el nivel de déficit y endeudamiento, la falta de claridad sobre las fuentes de financiamiento, el crecimiento del gasto corriente, la suficiencia de recursos para educación, salud, universidades, justicia, seguridad social, pueblos indígenas, producción agrícola, atención de emergencias y proyectos provinciales. Dávila solicitó provisionar las deudas pendientes con los gobiernos autónomos descentralizados; Bolívar Subía pidió restituir recursos para el proyecto de apoyo a agronegocios rurales del pueblo montubio; Fernando Cordero propuso observaciones relacionadas con la liquidación de transferencias a los GAD, el monto de endeudamiento y reasignaciones para la Asamblea, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y sectores sociales; y César Gracia requirió reconsiderar los recursos para la Función Judicial. El debate quedó suspendido para sistematizar las observaciones y buscar acuerdos antes de la votación, por lo que no se adoptó una decisión final sobre la Proforma ni sobre la programación cuatrianual.

ACTA_076-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el debate sobre la Proforma Presupuestaria 2011 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011-2014. Silvia Salgado planteó reforzar los recursos para la Función Judicial, gobiernos autónomos descentralizados, Conferencia de Soberanía Alimentaria, proyecto montubio y programas antes vinculados al CODENPE; Guillermina Cruz solicitó mayor inversión en vialidad, justicia, Defensoría del Pueblo y obras para Napo y la Amazonía; y Gerónimo Yantalema cuestionó la falta de participación ciudadana y la reducción de recursos para salud indígena, educación intercultural bilingüe, CODENPE, FODEPI, justicia indígena y circunscripciones territoriales indígenas. Vanesa Fajardo, Juan Carlos Cassinelli y Francisco Velasco defendieron la proforma, al señalar que priorizaba inversión social, productiva, energética y de seguridad, que cumplía con los incrementos constitucionales para educación y salud, y que el déficit se originaba principalmente en inversión pública. María Paula Romo sostuvo que la Función Judicial debía mejorar su ejecución presupuestaria antes de exigir mayores asignaciones, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Fernando González, Galo Lara, Tito Nilton Mendoza, Gido Vargas, Rodolfo Baquerizo, Sylvia Kon y Mery Zamora cuestionaron las proyecciones de crecimiento, el déficit, las fuentes de financiamiento, el gasto corriente, la publicidad gubernamental, la insuficiencia de recursos para educación, salud, justicia, gobiernos locales y Amazonía, así como la falta de claridad sobre indemnizaciones y ejecución de inversiones. Finalmente, se aprobó la resolución que acogió los informes de la Comisión respecto de la Proforma Presupuestaria 2011 y la programación cuatrianual, incorporando observaciones sobre la distribución de transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y la asignación complementaria de recursos para la Asamblea Nacional; la decisión obtuvo sesenta y cuatro votos afirmativos, cuarenta y ocho negativos, un voto en blanco y dos abstenciones tras rectificación, y la reconsideración fue negada.

ACTA_075-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Kléver García para incorporar una resolución que exhorte al Ejecutivo a disponer un incremento de veinte dólares al salario básico del Magisterio, con carácter retroactivo desde julio de 2010. Posteriormente, se aprobó el Acuerdo Marco de Cooperación entre Ecuador y Venezuela para profundizar los lazos de comercio y desarrollo, orientado a mantener y diversificar el intercambio bilateral ante la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, facilitar el acceso de productos ecuatorianos al mercado venezolano, priorizar a organizaciones indígenas, campesinas, de economía popular y solidaria, cooperativas y MIPYMES, y utilizar el SUCRE como mecanismo de pago. Eduardo Zambrano, Fausto Cobo, Linda Machuca, Gabriel Rivera, María Augusta Calle y Nívea Vélez respaldaron el convenio por sus beneficios para la integración regional, el sector productivo, los migrantes y la reducción del déficit comercial; mientras Fernando Flores cuestionó las restricciones cambiarias venezolanas, las deudas pendientes con exportadores ecuatorianos y la falta de medidas efectivas para los ecuatorianos residentes en Venezuela. Tras la rectificación, el Acuerdo fue aprobado con ochenta y ocho votos afirmativos. Asimismo, se aprobó la reforma a las leyes de legalización de tierras en Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Huaquillas, que establece requisitos de posesión continua por más de tres años, dispone que las demandas de reivindicación relacionadas con la norma no afecten los procesos de expropiación, fortalece los controles municipales para evitar tráfico o concentración de predios y autoriza, bajo condiciones, el levantamiento de prohibiciones de enajenar en Huaquillas. Virgilio Hernández defendió el proyecto como una solución social para regularizar asentamientos y Luis Morales propuso eliminar disposiciones que podían retrasar la adjudicación de predios mediante procesos judiciales, observación que fue acogida; la ley fue aprobada, tras rectificación, con ciento dos votos afirmativos y dos votos en blanco.

ACTA_074-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, orientado a establecer que el Estado gestione directamente la exploración y explotación de hidrocarburos mediante empresas públicas y que, de forma excepcional, pueda delegar estas actividades a empresas privadas nacionales o extranjeras, previa justificación técnica por riesgo, inversión requerida, falta de capacidad estatal o razones operativas; además, se planteó la nulidad de los contratos sustentados en informes falsos o incompletos y la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Francisco Velasco defendió la incorporación de criterios para proteger los campos petroleros ya en producción y limitar la reducción de utilidades a trabajadores directamente vinculados con exploración y explotación; mientras Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Juan Carlos López y César Montúfar cuestionaron que las disposiciones centrales constaran en el reglamento y no en la ley, advirtieron riesgos de delegación de recursos estratégicos, falta de controles independientes, ausencia de licitaciones, debilidad de garantías ambientales y concentración de atribuciones en entidades adscritas al Ejecutivo. Ante estas observaciones, se suspendió el tratamiento de la reforma para propiciar una nueva reunión y revisar el texto. Posteriormente, se aprobó el Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 59 entre los países del MERCOSUR y de la Comunidad Andina, mediante el cual Brasil otorgó a Ecuador preferencias arancelarias del cien por ciento para más de tres mil partidas, con el propósito de facilitar el ingreso de productos ecuatorianos al mercado brasileño, reducir el déficit comercial y fortalecer la integración regional; Wladimir Vargas, Gabriel Rivera y Fernando Bustamante respaldaron el instrumento y destacaron la necesidad de complementarlo con mejoras logísticas, sanitarias, productivas y de promoción de exportaciones. La aprobación obtuvo noventa y cuatro votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

ACTA_074-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, incorporando que las áreas correspondientes a campos petroleros en producción administrados por empresas públicas nacionales no podrán ser objeto de contratos, concesiones ni licitaciones a favor de empresas estatales extranjeras o privadas, con el propósito de mantener bajo control estatal los campos considerados estratégicos, entre ellos Auca, Shushufindi, Lago Agrio, Edén Yuturi y Sacha. Francisco Velasco explicó que esta disposición traslada a la ley la protección que antes constaba únicamente en el reglamento y precisó que la reducción de utilidades prevista para el sector se aplicará exclusivamente a trabajadores de empresas privadas vinculadas directamente con actividades de explotación hidrocarburífera. La reforma fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, treinta y siete negativos, dos votos en blanco y once abstenciones

ACTA_073-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate y se aprobó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, orientado a impulsar la transformación productiva, la diversificación económica, la innovación, las exportaciones, las MIPYMES, las zonas especiales de desarrollo, el acceso a financiamiento, la modernización aduanera y los incentivos tributarios para nuevas inversiones, incluyendo la reducción progresiva del impuesto a la renta, beneficios para zonas deprimidas y fronterizas, exoneraciones para determinados sectores, mecanismos de salario digno y disposiciones sobre tierras rurales. Francisco Velasco defendió el texto y sus incentivos; Silvia Salgado, Betty Amores, Armando Aguilar, Pedro de la Cruz, Gioconda Saltos, Diana Atamaint, Gido Vargas, Mauro Andino, Juan Carlos Cassinelli, Irina Cabezas, Viviana Bonilla, Marllely Vásconez, Marco Murillo, Salomón Fadul y Henry Cuji plantearon aportes para fortalecer la economía popular y solidaria, la agricultura familiar, el comercio justo, la producción amazónica, la protección ambiental, el acceso a tierra, crédito y tecnología, así como la exoneración del impuesto a tierras rurales para campesinos y productores de la Amazonía. Enrique Herrería, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Ramiro Terán, Hugo Quevedo, Nicolás Lapentti, César Montúfar, Sylvia Kon y Luis Morales cuestionaron el trámite urgente, la seguridad jurídica, la amplitud de facultades reglamentarias del Ejecutivo, el anticipo al impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, la fórmula del salario digno, los mecanismos de contratación laboral y aspectos aduaneros; Jaime Abril propuso mejoras de técnica legislativa y proporcionalidad de sanciones, mientras Patricio Rodríguez solicitó incentivos y financiamiento para migrantes retornados. En comisión general, Orlando Grefa, Jofre Poma y Carlos Pinzón solicitaron la condonación del impuesto, multas e intereses de 2010 para agricultores amazónicos y del noroccidente de Pichincha, así como catastros técnicos que consideren productividad, topografía, conservación de fuentes de agua y condiciones ambientales. La moción de Luis Morales para votar el Código capítulo por capítulo fue negada; posteriormente, el Código fue aprobado con sesenta y ocho votos afirmativos, treinta y ocho negativos y tres abstenciones, y la reconsideración fue rechazada. Además, se aprobó la resolución propuesta por Edwin Vaca para exhortar al Gobierno a mantener la ayuda humanitaria y asignar recursos para Tulcán, afectada por lluvias y granizo que inundaron gran parte de la ciudad, destruyeron viviendas y centros educativos y dejaron numerosas familias damnificadas; la resolución obtuvo ciento cinco votos afirmativos

ACTA_072-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó por unanimidad el Acuerdo entre Ecuador y Perú para crear la Comisión Binacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, destinada a impulsar la integración fronteriza, el manejo sostenible del agua, el control de inundaciones, el riego y el desarrollo agrícola en zonas de El Oro y Tumbes; Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Zobeida Gudiño, Linda Machuca, Fausto Cobo, Vethowen Chica, Luis Morales, Eduardo Zambrano, Luis Almeida, Carlos Zambrano, Mao Moreno, Mauro Andino, Rafael Dávila, Rosa Santos, Pedro de la Cruz y Víctor Quirola respaldaron la iniciativa, mientras Gerónimo Yantalema solicitó incorporar de forma efectiva a campesinos, montubios, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como medidas de protección de zonas de recarga hídrica, biodiversidad y soberanía alimentaria. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Servicio Público; Nívea Vélez propuso ratificar artículos relacionados con la autonomía de las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados, derechos de trabajadores, jornada especial de salud, maternidad y lactancia, evaluación, estabilidad, jubilación y debido proceso. En comisión general, Héctor Terán, Eduardo Valdez, Miguel García Falconí y Noemí Marcillo, en representación de organizaciones de servidores públicos y trabajadores, cuestionaron la renuncia obligatoria, los pagos mediante bonos, la afectación a la estabilidad, la evaluación como causal de desvinculación, la reducción de derechos laborales y la concentración de atribuciones en el Ministerio de Relaciones Laborales. Francisco Cisneros, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Tito Nilton Mendoza, Galo Lara, Galo Vaca y Dora Aguirre intervinieron en el debate con posiciones sobre la defensa de derechos laborales, la autonomía institucional, el control de la corrupción, la jubilación y la aplicación del veto. En las votaciones se ratificaron algunos textos originales, entre ellos el artículo 25 y los artículos 130, 134 y 135, además de la disposición general vigésima primera; no prosperaron varias ratificaciones vinculadas con autonomía, evaluación, estabilidad, jubilación y disposiciones transitorias, y se aprobó el allanamiento a un amplio grupo de observaciones del Ejecutivo. Finalmente, quedaron solicitadas reconsideraciones de varias mociones para una sesión posterior.

ACTA_072-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la denuncia del Convenio entre Ecuador y Finlandia sobre Promoción y Protección de Inversiones, luego de que la Corte Constitucional declarara inconstitucionales las disposiciones de su artículo 10. La resolución fue aprobada inicialmente con sesenta y seis votos afirmativos, treinta y tres negativos, cuatro votos en blanco y nueve abstenciones; tras una rectificación, se confirmó con sesenta y siete votos afirmativos, treinta y tres negativos y diez abstenciones. Posteriormente, Gabriel Rivera solicitó la reconsideración de lo resuelto, pero esta fue negada con sesenta y dos votos negativos frente a cuarenta y dos afirmativos, por lo que se mantuvo la aprobación de la denuncia del convenio.

ACTA_071-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, orientado a reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías y militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz, mediante un procedimiento con veeduría e impugnación ciudadana, pensiones, becas, compensaciones económicas, beneficios para familiares y medidas de inclusión laboral; Linda Machuca, Fausto Cobo, Guillermina Cruz, Washington Quiñónez, Luis Morales, Enrique Herrería, Rosana Alvarado, Kléver García, José Portugal, Fernando Aguirre, Zobeida Gudiño y Wladimir Vargas respaldaron la iniciativa, aunque plantearon ampliar la definición de heroísmo a bomberos, rescatistas, reservistas y ciudadanos civiles, incorporar una mayor protección para familiares, precisar los criterios de calificación, fortalecer el reconocimiento a las mujeres y elevar la pensión prevista. También se aprobó por unanimidad la resolución que declaró héroe nacional a Fernando Daquilema y heroína nacional a Manuela León, en reconocimiento a su lucha por la justicia, la libertad y los derechos de los pueblos originarios. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, cuya denominación pasó a ser Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; la norma fortaleció las facultades de la Unidad de Análisis Financiero, amplió los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales —incluidos instituciones financieras, aseguradoras, casas de valores, cooperativas, fundaciones, inmobiliarias, casinos, notarios y registradores—, reguló el control de ingreso y salida de efectivo, la cooperación en zonas fronterizas, la administración temporal de bienes incautados y el decomiso de activos ilícitos, procurando respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Francisco Velasco, Leonardo Viteri, Sylvia Kon, Ramiro Terán, Juan Carlos Cassinelli, Rodolfo Baquerizo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Enrique Herrería, Edwin Vaca, Rosana Alvarado y María Augusta Calle intervinieron con observaciones sobre casinos, control de transacciones, financiamiento de delitos, derechos constitucionales, gestión de bienes incautados, seguridad fronteriza y precisión institucional; luego de incorporar ajustes sobre la Secretaría Nacional de Inteligencia, cooperación territorial y designación de autoridades, la reforma fue aprobada con ciento un votos afirmativos, sin votos negativos, cuatro abstenciones y ningún voto en blanco

ACTA_070-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Fernando Flores para incorporar la creación de una comisión multipartidista que investigue los hechos del 30 de septiembre de 2010 y garantice la presunción de inocencia. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que planteaba transformar el modelo primario exportador mediante incentivos tributarios para nuevas inversiones, reducción progresiva del impuesto a la renta, apoyo a las MIPYMES, economía popular y solidaria, innovación, producción limpia, zonas especiales de desarrollo, crédito, comercio exterior, modernización aduanera y la regulación del salario digno; Francisco Velasco defendió el informe y señaló la necesidad de complementarlo con una Ley de Economía Popular y Solidaria y una Ley de Competencia. Guillermina Cruz, Gido Vargas, Vethowen Chica, Omar Juez, Galo Vaca, Gerónimo Yantalema y Edwin Vaca solicitaron mayor atención a la agricultura, la Amazonía, las provincias pobres, las zonas fronterizas, la producción bananera, los pequeños productores y los incentivos territoriales; Betty Amores, Christian Viteri y Virgilio Hernández respaldaron el enfoque de transformación productiva, pero propusieron fortalecer la economía solidaria, el control de monopolios, la equidad fiscal, la protección ambiental y la participación de los gobiernos locales. Francisco Ulloa, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Vicente Taiano, Nívea Vélez, Andrés Páez, Marco Murillo, Mauro Andino, Kléver García, Enrique Herrería y Luis Almeida cuestionaron el trámite como ley económica urgente, la amplitud y constitucionalidad del Código, la falta de seguridad jurídica, el impuesto a la salida de divisas, el anticipo al impuesto a la renta, la fórmula del salario digno, las cargas sobre contratos laborales, la falta de apoyo efectivo al sector agrícola y la discrecionalidad en materia aduanera y sancionatoria. El debate concluyó sin votación, quedando las observaciones pendientes para la elaboración del informe de segundo debate.

ACTA_069-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, orientado a actualizar la normativa vigente, promover la donación, fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, regular la obtención, conservación, transporte y utilización clínica de órganos, tejidos y células, garantizar la gratuidad, confidencialidad, calidad y acceso equitativo a los procedimientos, y prevenir el tráfico y turismo de órganos. Carlos Velasco explicó que la propuesta incorpora el consentimiento presuntivo —por el cual toda persona sería potencial donante salvo manifestación contraria—, la inclusión de esta decisión en la cédula de identidad, una lista nacional única de espera basada en criterios médicos y de vulnerabilidad, y el fortalecimiento de la autoridad sanitaria; Leonardo Viteri, Pamela Falconí, Paco Fierro, María Alejandra Vicuña, Martha Bazurto, Jorge Fadul y Celso Maldonado respaldaron la iniciativa, destacando la necesidad de crear una cultura de donación, ampliar el número de donantes, asegurar la intervención de instituciones y profesionales autorizados, proteger a donantes y receptores, y establecer sanciones severas contra la comercialización y las redes de tráfico. Henry Cuji, María Molina, Jaime Abril y Fernando Flores propusieron precisiones sobre las atribuciones de la autoridad sanitaria, la conservación de órganos, el tratamiento preferente y postrasplante de donantes y receptores, la incorporación del Registro Civil, la protección de menores y personas con discapacidad, la cooperación internacional y la inclusión de ecuatorianos residentes en el exterior en la lista de espera; mientras Rolando Panchana solicitó garantizar recursos permanentes para campañas de difusión, Kléver García pidió eliminar disposiciones que pudieran facilitar cualquier forma de comercio de órganos, Mauro Andino planteó revisar el procedimiento administrativo y la proporcionalidad de las sanciones, Luis Almeida insistió en tipificar con mayor fuerza los delitos de secuestro, robo y asesinato vinculados a la extracción de órganos, y Rafael Dávila, Luis Morales y Lídice Larrea expresaron reparos sobre el consentimiento presuntivo, defendiendo que la donación debe respetar la voluntad individual, las creencias y la decisión expresa de cada persona. Fernando Bustamante cuestionó que donantes y receptores sean considerados automáticamente como personas con discapacidad y propuso revisar los criterios de prioridad en favor de padres o madres responsables de menores, mientras Bolívar Subía alertó sobre el riesgo de lucro de clínicas, laboratorios, transportistas y otros actores vinculados con la actividad trasplantológica. Además, se negó la propuesta de César Montúfar para modificar el orden de tratamiento de la designación de delegados legislativos a comisiones ciudadanas de selección, y se aprobó un acuerdo de condolencia por el fallecimiento de Néstor Kirchner, con una observación de Fausto Cobo para mantener un texto sobrio y centrado en el reconocimiento de su legado democrático, ético y político

ACTA_069-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se designó a Libia Rivas y Andrés Segovia como delegados de la Función Legislativa para integrar la comisión ciudadana de selección de los miembros del Consejo de la Judicatura, y a Lorena Cáceres y Juan Pablo Pozo para la comisión encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Aminta Buenaño presentó y defendió estas nominaciones, destacando la experiencia y trayectoria profesional de los postulados; Mauro Andino sostuvo que la designación debía resolverse por mayoría simple y respaldó a los candidatos por su perfil técnico y su calidad de funcionarios legislativos. Alfredo Ortiz propuso como alternativa a Cristóbal Napoleón Balanzategui, Gisela Torres, Luz María Otavalo y Abel Zarango, argumentando que los delegados debían ser independientes de la Función Legislativa e incorporar representación indígena; esta postura fue respaldada por Jorge Escala y Francisco Cisneros, quienes solicitaron transparencia, revisión de hojas de vida y garantías de autonomía de las entidades de justicia. Cynthia Viteri cuestionó la falta de verificación pública de los requisitos y documentos de respaldo de los candidatos, mientras Andrés Páez, Magaly Orellana y Luis Almeida plantearon observaciones sobre las excusas y reemplazos de legisladores ausentes. La designación propuesta por Buenaño fue aprobada y la reconsideración solicitada posteriormente fue negada. También se debatió una resolución presentada por Alfredo Ortiz para garantizar los derechos humanos y el debido proceso de las personas en situación migratoria irregular en Galápagos, promover la participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y exhortar a la Defensoría del Pueblo a establecer una estructura institucional en la provincia; Ortiz defendió que la regulación migratoria no podía derivar en expulsiones arbitrarias, mientras Ángel Vilema sostuvo que el control y la regularización eran necesarios para proteger el ecosistema de Galápagos y cuestionó que existieran vulneraciones de derechos, y Luis Almeida defendió la libertad de circulación de los ecuatorianos dentro del territorio nacional. La resolución no obtuvo los votos necesarios, incluso después de su rectificación.

ACTA_068-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Línder Altafuya para investigar los hechos relacionados con el fallecimiento de la maestra Jenny Nazareno Solano en Esmeraldas, y de Paco Moncayo para conformar una comisión multipartidista que esclarezca los acontecimientos del 30 de septiembre y garantice la presunción de inocencia; en cambio, se aprobó el pedido de César Rodríguez para diferir la designación de delegados legislativos a las comisiones ciudadanas de selección del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía. En segundo debate se aprobaron las Leyes Derogatorias No. 3 y No. 4 para la depuración de la normativa legal: la primera eliminó 195 leyes, decretos supremos, legislativos y acuerdos que habían perdido vigencia o cumplido su finalidad, con intervenciones de César Gracia, Kléver García, Luis Morales y María Paula Romo; la segunda derogó 150 decretos y una resolución legislativa sobre reorganizaciones institucionales, ferrocarriles, indultos, tributos y otras materias obsoletas, siendo defendida por Mariángel Muñoz, Kléver García y María Paula Romo, y excluyendo la norma relativa a la Escuela Normal de Agronomía de Ambato a pedido de Luis Morales. También se trató el informe para segundo debate de la Ley de Defensa y Desarrollo del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, que propuso excluir a los microempresarios de su ámbito, reconocer derechos al trabajo autónomo, seguridad social, crédito público, participación ciudadana y espacios adecuados, así como establecer deberes vinculados al ordenamiento del espacio público y prohibiciones sobre productos ilícitos; Carlos Samaniego presentó las reformas, mientras Carlos Castellanos, Mónica Tenem y Edmundo Narváez solicitaron una norma que proteja a los comerciantes de la precariedad, la falta de afiliación, el acceso limitado a crédito y los decomisos. Paco Moncayo, Kléver García, Línder Altafuya, Dora Aguirre, Nívea Vélez, Juan Narea, María Augusta Calle, Luis Morales, Armando Aguilar, Francisco Cisneros, Silvia Salgado, Gioconda Saltos, Virgilio Hernández, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, Juan Carlos López y Edwin Vaca coincidieron en la necesidad de proteger al sector, aunque plantearon ajustes sobre trabajo infantil, seguridad social, regulación municipal, productos peligrosos, competencias de los gobiernos autónomos y mecanismos de crédito, por lo que se suspendió la votación para incorporar observaciones. Finalmente, se aprobó la resolución de apoyo al levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, impulsada por Silvia Salgado y respaldada en el debate por Betty Carrillo y María Alejandra Vicuña, que exhortó al Gobierno de Estados Unidos a eliminar el bloqueo y solicitó al Estado ecuatoriano ratificar esta posición ante las Naciones Unidas

ACTA_067-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento la propuesta de Lourdes Tibán destinada a promover, mediante medios públicos, privados y comunitarios, la autoidentificación étnica de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias en el censo nacional, aunque el proyecto de resolución quedó pendiente. Se archivó el proyecto de ley para legalizar terrenos en el cantón Playas, al determinarse que, tras la vigencia del COOTAD, la regularización de asentamientos, expropiación y adjudicación de predios corresponde a los gobiernos municipales; Marllely Vásconez defendió el informe y Juan Carlos Cassinelli, proponente de la iniciativa, respaldó el archivo. El principal tema fue la aprobación unánime de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, que estableció incrementos retroactivos desde enero de 2010, entre cuarenta y sesenta dólares según el rango de pensión, mecanismos automáticos de revalorización anual mediante coeficientes porcentuales, mejoras para las pensiones de montepío, reconocimiento de beneficios de viudedad para hombres, ampliación de la atención médica de hijas e hijos de afiliados hasta los dieciocho años y una tabla diferenciada para Galápagos. Nívea Vélez, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Kléver García, Luis Morales, Andrés Páez, Armando Aguilar, Dora Aguirre, Alfredo Ortiz, Tito Nilton Mendoza y Fernando Aguirre intervinieron en el debate sobre el financiamiento, la sostenibilidad del Fondo de Pensiones, el carácter retroactivo y la necesidad de evitar que los incrementos dependan únicamente de la inflación; además, Carmina Molina de Cantos, Teresa Villavicencio, José Hoyos, Edison Lima, Abdón Logroño y Gabriel Riera, en representación de los jubilados, solicitaron una pensión digna y respaldaron el acuerdo alcanzado. También se conoció en primer debate la reforma a las leyes de legalización de tierras de Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Huaquillas, orientada a precisar los requisitos de posesión, los efectos de procesos judiciales, la regularización de predios y el levantamiento de restricciones patrimoniales, quedando el análisis pendiente. Finalmente, se intentó reconsiderar el informe sobre la denuncia del convenio de protección de inversiones entre Ecuador y China, pero Cynthia Viteri cuestionó que no podía reconsiderarse una decisión que no había sido resuelta previamente; tras el retiro de la rectificación solicitada por Alfredo Ortiz y la moción de Fernando Bustamante para votar el informe, el asunto quedó pendiente de análisis jurídico y de una decisión posterior.

ACTA_067-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a las normas de legalización de la tenencia de tierras en los cantones Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Huaquillas. Marllely Vásconez explicó que, aunque estas materias son competencia municipal conforme a la Constitución y el COOTAD, las leyes vigentes debían ser reformadas por la Asamblea al no haber sido derogadas; planteó mantener como requisito una posesión ininterrumpida de más de tres años para la adjudicación de predios, regular los efectos de las demandas de reivindicación y permitir al Municipio de Huaquillas cancelar patrimonios familiares y levantar prohibiciones de enajenar únicamente cuando no existan obligaciones pendientes. Rocío Valarezo destacó que el COOTAD ya había eliminado las limitaciones de patrimonio familiar y prohibición de enajenar establecidas para predios de Huaquillas, mientras Carlos Zambrano defendió la necesidad de complementar esta derogatoria para facilitar el acceso de los posesionarios a créditos y prevenir la concentración o tráfico de terrenos; el debate quedó pendiente para el siguiente trámite legislativo. Además, se aprobó la resolución propuesta por Lourdes Tibán para exhortar al Gobierno Nacional, al INEC y a los medios públicos, privados y comunitarios a ejecutar una campaña de sensibilización sobre la autoidentificación étnica en el Censo Nacional, garantizando la participación de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; Gerónimo Yantalema respaldó la iniciativa como un mecanismo de visibilización de la diversidad cultural y fortalecimiento del Estado intercultural y plurinacional, y Carlos Velasco destacó la importancia de obtener información étnica útil para las políticas públicas, productivas, sociales e interculturales. La resolución fue aprobada, tras rectificación, con ochenta y tres votos afirmativos.

ACTA_066-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento una propuesta de Alfredo Ortiz orientada a garantizar el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y la atención de las personas migrantes en Galápagos, incluyendo la solicitud de una oficina de la Defensoría del Pueblo en la provincia; sin embargo, el texto no llegó a resolverse durante la jornada. También se aprobó la resolución presentada por María Soledad Vela para declarar al cantón Pedernales, provincia de Manabí, como “Génesis del nombre del Ecuador”, en reconocimiento a Punta Palmar como punto de partida de la Misión Geodésica Francesa; intervinieron María Soledad Vela, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri y Lídice Larrea en respaldo de la iniciativa, mientras Vicente Taiano, Pedro de la Cruz, Marco Murillo y Tito Nilton Mendoza solicitaron reemplazar la denominación inicial de “Cuna de la Identidad Ecuatoriana” por una expresión que no desconozca la diversidad cultural y plurinacional del país. En el segundo debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se aprobó eliminar la referencia a comisiones ciudadanas de selección y establecer que el Consejo designe al Procurador General del Estado y a los superintendentes de las ternas remitidas por el Ejecutivo, luego de los procesos de veeduría e impugnación ciudadana, con alternabilidad de género e interculturalidad; Raúl Abad, Betty Amores, Hugo Quevedo y Juan Carlos Cassinelli defendieron la reforma por ajustarla al texto constitucional, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Luis Morales y César Montúfar cuestionaron que se debilite la participación ciudadana y que el trámite no haya sido conocido por la comisión especializada correspondiente. Asimismo, se aprobó por unanimidad una resolución de solidaridad con las víctimas y familiares de la tragedia minera en el yacimiento Casa Negra de Portovelo, que exhortó a intensificar las labores de búsqueda, verificar las condiciones de seguridad de las minas, investigar los riesgos laborales y brindar apoyo social a las familias afectadas; intervinieron Fernando Bustamante, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Jorge Escala y María Paula Romo. Finalmente, se debatió la denuncia del Convenio de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y China; Fernando Bustamante y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la denuncia por las cláusulas de arbitraje internacional contrarias a la soberanía y al marco constitucional, mientras intervinieron Alfredo Ortiz, Paco Moncayo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Jorge Escala, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Zobeida Gudiño sobre sus efectos jurídicos, económicos y de inversión. Aunque inicialmente se registró la aprobación del informe, en la rectificación se consignó que no fue aprobado, quedando solicitada su reconsideración para una sesión posterior

ACTA_065-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas, destinado a articular la planificación nacional y territorial con el presupuesto, la inversión pública, la programación fiscal plurianual, la gestión de liquidez, el endeudamiento, la transparencia y el control de los recursos públicos, además de derogar varias normas financieras dispersas. Francisco Velasco presentó los cambios incorporados luego del diálogo con gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones territoriales, destacando el respeto a sus planes de desarrollo, la separación entre planificación y ordenamiento territorial, la protección de recursos de la seguridad social y la reducción del límite de endeudamiento al 40 % del PIB; Viviana Bonilla, Virgilio Hernández, Betty Amores y Fernando Cordero defendieron el texto por considerar que fortalecía la planificación participativa, la articulación entre niveles de gobierno y el control fiscal. En contraste, Sylvia Kon, Andrés Roche, Rafael Dávila, Francisco Ulloa, Andrés Páez, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Vicente Taiano, César Montúfar, Paco Fierro, Edwin Vaca, Luis Almeida, Ramiro Terán, Nivea Vélez, Jorge Escala y Juan Carlos López cuestionaron el trámite urgente, el posible centralismo de la planificación, las facultades para modificar el presupuesto, el endeudamiento, el uso de la Cuenta Única del Tesoro, los recursos del IESS y de los gobiernos locales, el encaje bancario en instrumentos estatales, el arbitraje internacional, la participación de pueblos y nacionalidades y la prioridad de inversión para zonas fronterizas, amazónicas y Galápagos. Tras incorporar varias observaciones, el Código fue aprobado con setenta y tres votos afirmativos, treinta y uno negativos, un voto en blanco y once abstenciones, manteniéndose la decisión luego de la reconsideración. También se aprobó una resolución presentada por Luis Morales, con aportes de Fernando Bustamante y César Rodríguez, para expresar beneplácito por el rescate de los 33 mineros chilenos, reconocer al Gobierno de Chile, al equipo técnico y de salvamento, y resaltar los valores de solidaridad, protección de la vida y seguridad laboral; se eliminó del texto la propuesta inicial de postular a Sebastián Piñera al Premio Nobel de la Paz

ACTA_064-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por Henry Cuji, que propone eliminar 150 decretos legislativos, decretos supremos y una resolución legislativa considerados obsoletos o sin incidencia jurídica, relacionados, entre otros temas, con obras ferroviarias, indultos y amnistías, tributos, aduanas, consejos cantonales y órganos judiciales; el proyecto fue remitido a la Comisión de Justicia para incorporar observaciones. También se negó la propuesta de Cynthia Viteri para solicitar la comparecencia urgente del Vicepresidente de la República, a fin de que informe quiénes le habrían propuesto asumir la Presidencia el 30 de septiembre de 2010; la legisladora sostuvo que era necesario esclarecer los hechos, mientras la moción no alcanzó los votos requeridos. En comisión general intervinieron Carmen Barroso, representante de la región del Caribe, y Alicia Muñoz, representante del Cono Sur, quienes expusieron los objetivos del V Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), centrados en soberanía alimentaria, tierra, territorio, agua, derechos humanos, agricultura campesina, defensa ambiental e integración de los pueblos; ambas expresaron solidaridad con Ecuador frente a los hechos del 30 de septiembre. Posteriormente, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo y Cléver Jiménez intervinieron en el tratamiento de la resolución de saludo y bienvenida a las delegaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes participantes del Congreso; De la Cruz destacó las propuestas de soberanía alimentaria y protección de la Pachamama, Moncayo respaldó la bienvenida y pidió investigar a fondo los acontecimientos nacionales, y Jiménez apoyó la resolución, aunque cuestionó las referencias a un intento de golpe de Estado. Finalmente, se aprobó la resolución que dio la bienvenida a las delegaciones de la CLOC y respaldó sus iniciativas de integración regional, defensa de la soberanía alimentaria, pequeña agricultura campesina, ecología, interculturalidad y fortalecimiento de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes.

ACTA_063-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se analizó ampliamente lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, con posiciones contrapuestas: Paco Moncayo, Cynthia Viteri, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Leonardo Viteri, Gilmar Gutiérrez, Andrés Páez, César Montúfar, Línder Altafuya, Jimmy Pinoargote y Luis Almeida condenaron la violencia e insubordinación, pero cuestionaron el manejo de la crisis, la suspensión de actividades legislativas, el veto a la Ley de Servicio Público, el operativo en el Hospital de la Policía y solicitaron una investigación independiente, internacional o multipartidista, así como medidas de diálogo y reconciliación nacional; mientras Francisco Velasco, César Rodríguez, Marisol Peñafiel, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Irina Cabezas, María Alejandra Vicuña, Eduardo Encalada, Guillermina Cruz, Eduardo Zambrano, Hólger Chávez, Juan Carlos López, Lenin Chica y Aminta Buenaño sostuvieron que existió una tentativa de golpe de Estado, secuestro y acciones de desestabilización, demandando sanciones para los responsables y la defensa del orden constitucional. Abdalá Bucaram planteó que se investigue a todos los responsables y se promueva una política de paz. El tratamiento concluyó con un proyecto de resolución consensuado presentado por César Rodríguez, pero la votación quedó pendiente. Además, se recibió a Wladimir Paspuel, Juan Carlos Piedra, Rosana Sanabria, Bernarda Jiménez y Carlos Jiménez, representantes de organizaciones migrantes, quienes expusieron sobre los derechos de las personas en movilidad humana; a propuesta de Dora Aguirre se aprobó una resolución de bienvenida, reconocimiento y felicitación a los participantes del IV Foro Social Mundial de las Migraciones. Finalmente, Fernando Bustamante, Linda Machuca, Guillermina Cruz, Víctor Quirola y Eduardo Zambrano intervinieron en el análisis del Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano, destinado a regularizar y proteger la situación de trabajadores migrantes de ambos países, facilitar su permanencia y evitar condiciones de explotación, instrumento que fue aprobado con ciento seis votos afirmativos.

ACTA_063-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la resolución presentada por César Rodríguez sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, mediante la cual se condenó el intento de ruptura del orden constitucional, los actos de conspiración, insubordinación, violencia y abuso de armas atribuidos a determinados elementos de la fuerza pública; se expresó solidaridad con el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y con las demás víctimas de agresiones, se reconoció el respaldo de la comunidad internacional y de organismos como UNASUR y la OEA, se manifestó apoyo a los familiares de las personas fallecidas y afectadas, y se felicitó a la ciudadanía, a las Fuerzas Armadas y a los miembros de la Policía Nacional que actuaron en defensa del orden democrático. La resolución también exhortó a la Fiscalía a realizar una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades penales, garantizando el debido proceso, y formuló un llamado al diálogo y la concertación nacional entre las instituciones y sectores sociales. Dora Aguirre intervino con un punto de información relacionado con la verificación de presencia, mientras la resolución obtuvo sesenta y dos votos afirmativos y uno negativo; posteriormente, las solicitudes de reconsideración fueron negadas.

ACTA_062-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, orientado a integrar la planificación nacional, territorial y sectorial con la programación presupuestaria, la inversión pública, el endeudamiento, la liquidez y la transparencia fiscal. Silvia Salgado respaldó la necesidad de articular planificación y finanzas para garantizar derechos y el buen vivir, pero pidió revisar la naturaleza jurídica del Código, la facultad del Ministerio de Finanzas para modificar hasta el 15 % del presupuesto, el uso de reservas y encajes bancarios, el fideicomiso “No Más Impunidad” y las reestructuraciones institucionales. Rodolfo Baquerizo, Marco Murillo, Richard Guillén, Tomás Zevallos, Luis Morales, Andrés Roche, Kléver García, Rocío Valarezo y Vicente Taiano cuestionaron la urgencia económica del trámite, la concentración de facultades en el Ejecutivo y en el Ministro de Finanzas, la posible afectación a la autonomía del IESS, la banca pública y los gobiernos autónomos descentralizados, los límites de endeudamiento estatal y local, la Cuenta Única del Tesoro, la contratación asociada a créditos externos, la posibilidad de arbitrajes en otras jurisdicciones y la inversión del encaje bancario en instrumentos del Banco Central. Fernando Cordero propuso corregir la confusión entre planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, evitar otorgar nuevas competencias al Gobierno Central y ajustar las disposiciones sobre los consejos de planificación; Christian Viteri, Ángel Vilema, Guillermina Cruz, Vanesa Fajardo y Gioconda Saltos defendieron la necesidad de unificar normas dispersas, mejorar la eficiencia y transparencia del manejo de recursos públicos y mantener la articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo y las planificaciones de los distintos niveles de gobierno, aunque plantearon ajustes sobre autonomía local, emergencias, transparencia, endeudamiento, participación ciudadana, Galápagos y delimitación de competencias. Vicente Taiano retiró finalmente su moción de archivar el proyecto y devolverlo al Ejecutivo para trámite ordinario, a fin de que la Comisión incorpore las observaciones presentadas; Francisco Velasco invitó a los legisladores a participar en la elaboración del informe para segundo debate.

ACTA_061-AN-2009-2011_PLENO.pdf

ACTA_060-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la incorporación de una resolución propuesta por Magali Orellana para respaldar la declaratoria del cantón Loreto, en Orellana, como espacio ecológico y proteger sus fuentes de agua, bosques y biodiversidad frente a actividades extractivas. También se discutieron los efectos de la pérdida de quórum de la jornada anterior, especialmente respecto del tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior y la continuación del debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas; Enrique Herrería, Armando Aguilar, Luis Almeida, Vicente Taiano y Abdalá Bucaram expusieron posiciones distintas sobre la posibilidad de retomar dichos temas. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que proponía eliminar la obligación de conformar comisiones ciudadanas de selección para los procesos de veeduría, escrutinio e impugnación de las ternas enviadas por el Ejecutivo para designar al Procurador General del Estado y a los superintendentes. Raúl Abad defendió la reforma por considerar que buscaba ajustar la ley al texto constitucional; mientras Paco Moncayo, Luis Morales, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Vicente Taiano, Marco Murillo, Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, Gioconda Saltos, Alfredo Ortiz, Kléver García y Carlos Samaniego advirtieron que la propuesta podía debilitar la participación ciudadana y facilitar una designación indirecta de autoridades de control por parte del Ejecutivo, por lo que plantearon mantener y desarrollar expresamente los mecanismos de impugnación y veeduría. Rolando Panchana apoyó la necesidad de reformar la norma para agilizar la designación de autoridades titulares, Fernando Cordero propuso eliminar únicamente la referencia al escrutinio pero conservar la impugnación y veeduría ciudadana, Hólger Chávez sostuvo que la Constitución podía suplir cualquier vacío legal y Rosa Santos pidió revisar la aplicación de los principios de paridad y alternabilidad en las ternas. Finalmente, se aprobó por unanimidad el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y España, destinado a permitir la acumulación de aportes realizados en ambos países y garantizar prestaciones de salud, maternidad, invalidez, jubilación, supervivencia y otros beneficios para trabajadores migrantes y sus familias; Linda Machuca, Gabriel Rivera, Dora Aguirre, Luis Morales y Fernando Aguirre destacaron su importancia para los ecuatorianos residentes en España, mientras Fausto Cobo expresó su respaldo y Enrique Herrería y Luis Almeida solicitaron mayor acceso al texto original y claridad sobre su aplicación y financiamiento

ACTA_059-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas, orientado a articular el Plan Nacional de Desarrollo, la planificación territorial, el presupuesto, la inversión pública, la gestión de liquidez, el endeudamiento y la programación fiscal plurianual. Francisco Velasco defendió la propuesta como un mecanismo para superar la desconexión entre planificación y presupuesto; mientras Patricio Quevedo, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Paola Pabón, Rafael Dávila, Nívea Vélez, Silvia Kon, Ramiro Terán, Enrique Herrería y Gilmar Gutiérrez cuestionaron su trámite urgente, la posible afectación a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, el IESS y la banca pública, las facultades para modificar el presupuesto, el límite de endeudamiento, la concentración de recursos en la Cuenta Única del Tesoro y la falta de participación ciudadana. María Soledad Vela solicitó fortalecer el presupuesto participativo, la transparencia y el control social; Virgilio Hernández pidió corregir disposiciones que podían generar burocracia y restringir competencias; Gina Godoy propuso incorporar expresamente a los consejos nacionales para la igualdad; y Galo Vaca planteó incluir la equipotencia regional, mayor participación de las funciones del Estado y límites más estrictos al endeudamiento. El debate quedó suspendido sin que se votaran las mociones de archivo. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior; Raúl Abad propuso allanarse en general al veto, con excepciones relacionadas con disposiciones sobre derechos de las estudiantes, autoridades universitarias, evaluación y la creación de una universidad en Santo Domingo de los Tsáchilas. Mary Verduga defendió mantener la disposición que permitía a Santo Domingo contar con una universidad estatal; Fernando Cordero, María Paula Romo, Silvia Salgado, Guillermina Cruz y Aminta Buenaño solicitaron ratificar normas sobre democracia interna, cogobierno, autonomía universitaria, igualdad y protección de estudiantes embarazadas; Elvis Maldonado cuestionó el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Educación Superior por considerar que limitaba la autonomía universitaria; y Armando Aguilar respaldó el tratamiento de la ley. Richard Guillén apeló la conducción del debate, pero la apelación fue negada; finalmente, la votación sobre el veto no se realizó por falta de quórum, por lo que las mociones quedaron sin resolución.

ACTA_058-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de César Montúfar para incorporar una resolución de rechazo a las presuntas amenazas de la entonces Ministra de Transporte y Obras Públicas contra periodistas vinculadas con la circulación del libro “El gran hermano”, al considerar que podían afectar la libertad de expresión. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, que planteaba eliminar 150 decretos supremos, decretos legislativos y una resolución legislativa que habían perdido vigencia, cumplido su finalidad o sido sustituidos por normas posteriores; María Paula Romo explicó que la Comisión de Justicia había revisado individualmente las normas y solicitó observaciones para el segundo debate, Vicente Taiano propuso crear una institución dependiente de la Función Legislativa que mantenga un registro actualizado de la normativa vigente, y Luis Morales pidió preservar las disposiciones relacionadas con la Escuela Normal de Agricultura Luis A. Martínez de Ambato y considerar su proyección como institución de educación superior. Además, se conoció el informe favorable para aprobar el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y España, destinado a garantizar la acumulación de aportes, acceso a jubilaciones, prestaciones de salud y protección social para trabajadores migrantes y sus familias; Linda Machuca destacó que el instrumento beneficiaría especialmente a los ecuatorianos residentes en España, permitiría recibir pensiones en el país de residencia y fortalecería la protección de las personas en movilidad humana. Finalmente, el tratamiento fue suspendido y luego clausurado debido al ingreso abrupto de integrantes de la UNE a la sala, por lo que no se concluyó el análisis del convenio ni se trató el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

ACTA_057-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Paco Moncayo para exhortar a que el Código Orgánico de la Producción sea tramitado por la vía ordinaria y no como ley económica urgente, debido a la necesidad de garantizar consulta prelegislativa y participación ciudadana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a definir la estructura, integración y atribuciones del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional, crear una Secretaría Coordinadora Técnica y convertir la Conferencia Nacional en una instancia permanente, plurinacional e intercultural de deliberación, veeduría y formulación de propuestas. María Molina, Gido Vargas y Rosana Alvarado respaldaron la reforma para viabilizar el funcionamiento de estos organismos; Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Silvia Salgado, Marco Murillo y Carlos Velasco cuestionaron la adscripción de la Conferencia y de la Secretaría Técnica al Ministerio de Agricultura, solicitaron mayor autonomía, representación territorial y social, plazos más breves y menos trámites para presentar propuestas legislativas; Jaime Abril propuso precisiones sobre tecnificación, representación de los gobiernos autónomos, rectoría de políticas públicas y selección de la Secretaría Técnica. Al existir numerosas observaciones, se difirió la votación para incorporar los aportes. También se trató la objeción parcial al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Virgilio Hernández propuso allanarse a la mayoría de observaciones de forma y ratificarse en artículos considerados esenciales para la autonomía y financiamiento de los gobiernos autónomos. Andrés Roche, Diana Atamaint, Paco Moncayo, Paco Fierro, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Jorge Escala, Edwin Vaca, Guillermina Cruz, Vicente Taiano, Paola Pabón, Luis Almeida y Marco Murillo debatieron sobre la fórmula de distribución de recursos, las competencias de los gobiernos locales, la representación de las circunscripciones territoriales indígenas, los límites para la conformación de regiones, la situación de Santo Domingo de los Tsáchilas, la designación del Secretario del Consejo Nacional de Competencias y el riesgo de recentralización. Finalmente, se aprobaron los allanamientos a las observaciones planteadas, incluidos los artículos relacionados con regiones y circunscripciones territoriales indígenas; además, se ratificaron los textos originales sobre sectores estratégicos, planificación, amnistías tributarias, normativa propia de los gobiernos autónomos, comodatos y ponderación para cantones fronterizos, mientras no prosperó la ratificación de otros artículos y disposiciones transitorias

ACTA_057-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN) y la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. María Molina explicó que se incorporaron observaciones de Washington Cruz, Paco Moncayo, Omar Juez, Fernando Bustamante, Jaime Abril, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Carlos Velasco, Raúl Abad, el bloque del MPD y los integrantes de la Conferencia, con el fin de mejorar la redacción y alcanzar consensos. Entre los cambios principales se eliminó la creación de una nueva Secretaría Técnica para el SISAN, asignando la coordinación a la Secretaría Técnica ya existente de la Conferencia; se definieron las funciones, composición y mecanismos de articulación del SISAN; se consolidó a la Conferencia como instancia de debate, deliberación, veeduría y generación de propuestas desde la sociedad civil, con autonomía técnica, administrativa y financiera; se reguló su integración mediante concurso público, incorporando representantes de sectores académicos, consumidores, pequeños y medianos productores, agricultores, ganaderos, pescadores, campesinos, regantes, pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; y se establecieron plazos para que las propuestas ciudadanas sean remitidas al Ejecutivo y posteriormente a la Asamblea, incluyendo informes sobre consensos, discrepancias y las razones para acoger o descartar propuestas. El proyecto fue aprobado inicialmente con ciento cuatro votos afirmativos y, tras una rectificación, con ciento cinco votos afirmativos; la reconsideración solicitada posteriormente fue negada.

ACTA_056-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje póstumo al filósofo Bolívar Echeverría Andrade, destacándose su aporte al pensamiento crítico latinoamericano, su teoría del ethos histórico y barroco, su trayectoria académica y su compromiso con una modernidad no capitalista; intervinieron Fernando Tinajero, quien propuso preservar y difundir su legado mediante una cátedra, la publicación de sus obras completas y una beca de investigación, y Raquel Serur, quien resaltó su rigor intelectual, su libertad de pensamiento y su vínculo permanente con Ecuador. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la Ley Derogatoria No. 3 para la Depuración de la Normativa Legal, destinada a eliminar 195 leyes, decretos legislativos, decretos supremos y acuerdos que habían perdido vigencia, cumplido su finalidad o sido sustituidos por normas posteriores; Mauro Andino defendió la necesidad de actualizar el ordenamiento jurídico y fortalecer la seguridad jurídica, Luis Almeida propuso crear un mecanismo institucional permanente que controle la vigencia de las normas, y Luis Morales solicitó revisar especialmente la derogatoria de beneficios para artesanos y ciertas autorizaciones relacionadas con obras en Ambato. También se trató el primer debate de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, orientada a proteger los campos petroleros operados por empresas públicas, asegurar que los campos revertidos al Estado sean explotados por compañías públicas, establecer condiciones para la delegación excepcional a empresas privadas, crear mecanismos técnicos de regulación y control, exigir responsabilidades administrativas, civiles y ambientales, y fortalecer la participación estatal en la contratación petrolera. Francisco Velasco explicó el alcance de la propuesta; Luis Noboa cuestionó la contratación directa con empresas públicas extranjeras, los acuerdos con Petrochina y PDVSA, la reducción de utilidades de trabajadores petroleros y los riesgos para la inversión; Francisco Ulloa intentó vincular el debate con hechos ocurridos en Paquisha, por lo que su intervención fue interrumpida, mientras Paco Moncayo desistió de intervenir en protesta; Pedro de la Cruz respaldó la inclusión de garantías ambientales y pidió precisar la entidad responsable de los informes técnicos y mantener contratos de prestación de servicios; Guillermina Cruz propuso priorizar la contratación de mano de obra amazónica, incorporar beneficios para las zonas de influencia y eliminar excepciones a la licitación; y Línder Altafuya cuestionó la interrupción de la intervención de Francisco Ulloa. El tratamiento de la reforma quedó inconcluso por falta de quórum

ACTA_055-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el informe sobre la denuncia del Convenio de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo principal punto de debate fue la incompatibilidad de sus cláusulas de arbitraje internacional con la Constitución, particularmente por permitir que controversias entre el Estado e inversionistas privados se sometan a instancias externas a la jurisdicción ecuatoriana. Fernando Bustamante, Betty Amores, Soledad Buendía, Gabriel Rivera, Eduardo Zambrano, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca respaldaron la denuncia, al considerar que el convenio vulneraba la soberanía nacional, respondía a un modelo de protección privilegiada para inversionistas extranjeros, no había generado un impacto significativo en la inversión y debía sustituirse por un marco jurídico nacional que otorgue seguridad equitativa a inversionistas nacionales y extranjeros. En contraste, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Paco Moncayo, Luis Almeida, Enrique Herrería, Rafael Dávila y Luis Morales cuestionaron la denuncia total por los posibles efectos negativos sobre la seguridad jurídica, la inversión extranjera, el empleo, las relaciones comerciales y la imagen internacional del país, por lo que plantearon renegociar las disposiciones incompatibles con la Constitución, especialmente las relacionadas con el arbitraje. Wladimir Vargas presentó formalmente una moción para recomendar la renegociación del convenio, apoyada por varios legisladores; sin embargo, no se realizó la votación ni se adoptó una resolución final, quedando el tratamiento pendiente.

ACTA_055-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje póstumo al asambleísta Humberto Alvarado Prado y, posteriormente, se trató la denuncia del Tratado de Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital suscrito entre Ecuador y Alemania. Fernando Bustamante, Eduardo Zambrano, Línder Altafuya, Linda Machuca y Vethowen Chica respaldaron la denuncia al sostener que las cláusulas de arbitraje internacional vulneraban la soberanía y el artículo 422 de la Constitución, que el tratado respondía a un modelo desigual de protección al capital extranjero y que debía reemplazarse por un marco nacional que otorgue reglas claras para la inversión; mientras Luis Almeida, Paco Moncayo, Edwin Vaca, Wladimir Vargas, Hugo Quevedo y María Paula Romo expresaron reparos o solicitaron una reflexión más profunda, señalando riesgos para la seguridad jurídica, la inversión, el empleo y las relaciones comerciales, y planteando la renegociación de las disposiciones incompatibles antes de una denuncia total. También se retomó la propuesta de Wladimir Vargas para devolver al Ejecutivo el convenio con el Reino Unido y recomendar la renegociación de sus artículos 8 y 9, la cual fue negada tras su rectificación; luego se aprobó la denuncia del convenio con el Reino Unido con sesenta y cinco votos afirmativos y la denuncia del tratado con Alemania con sesenta y seis votos afirmativos. Finalmente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público; María Paula Romo explicó que la propuesta inicial permitía concentrar en una entidad adscrita al Ejecutivo la administración de bienes de diversas instituciones autónomas, incluidos el IESS, ISSFA, ISSPOL, universidades y gobiernos autónomos descentralizados, por lo que la Comisión recomendó su archivo para elaborar una normativa integral que garantice transparencia, acceso público a la información y respeto a la autonomía institucional. Luis Almeida apoyó el informe y cuestionó la concentración de atribuciones prevista en el proyecto; posteriormente, el Pleno aprobó por unanimidad el archivo de la iniciativa.

ACTA_054-AN-2009-2011_PLENO.pdf primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Reprime el Lavado de Activos, iniciando con la lectura del informe de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, que recogió los antecedentes del trámite, el proceso de socialización con instituciones públicas y la ciudadanía, y los criterios recabados de invitados como el Procurador General del Estado, el Gerente General de la CAE, el Superintendente de Compañías, el Director General del SRI, el Comandante General de la Policía Nacional y el Fiscal General, entre otros, sobre ejes como la ampliación de sujetos obligados, la tipificación del financiamiento de actividades ilícitas, el endurecimiento de penas, el comiso especial de activos, el cambio de denominación de la Unidad de Inteligencia Financiera a Unidad de Análisis Financiero y el fortalecimiento del control fronterizo y bancario; posteriormente intervinieron en el debate los asambleístas Velasco Francisco, Moncayo Paco, Cassinelli Juan Carlos, Kon Sylvia, Tapia Vicente, Romo María Paula, Altafuya Línder, Bustamante Fernando, Morales Luis, Cabezas Irina, Saltos Gioconda, Andino Mauro, Alvarado Rosana, González Susana, Carrillo Betty, Zambrano Eduardo, Vaca Edwin, Amores Betty, Verduga Mary, García Kléver y Fajardo Vanesa, quienes plantearon observaciones y sugerencias sobre distintos artículos del proyecto —como plazos de conservación de información bancaria, montos de referencia para reportes, requisitos de los directivos de la nueva unidad y aspectos penales y de procedimiento—, quedando dichas intervenciones remitidas a la Comisión respectiva para su análisis, con la posibilidad de que los demás asambleístas presenten sus observaciones en los siguientes tres días laborables.

ACTA_053-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se trató primero la lectura de la convocatoria y orden del día, con intervenciones de los asambleístas Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca y Fernando Bustamante, guardándose además un minuto de silencio por los ecuatorianos fallecidos en México y por el padre político de la asambleísta Betty Carrillo; a continuación se conoció el informe de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre la ratificación del Estatuto a la Agencia Internacional para las Energías Renovables (IRENA), con intervenciones de Fernando Bustamante, Luis Almeida, Gabriel Rivera, Ramiro Terán, Grace Almeida, Linda Machuca, Juan Carlos López y Marisol Peñafiel, aprobándose el proyecto de resolución respectivo; luego se trató el informe de la misma Comisión sobre la ratificación del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, con intervenciones de Gabriel Rivera y Francisco Ulloa, aprobándose igualmente la resolución; después se debatió la designación de la Comisión Especializada para analizar el informe presentado por el Presidente de la República el 10 de agosto de 2010, interviniendo Juan Carlos Cassinelli, Jorge Escala, Grace Almeida, Luis Almeida, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram, Scheznarda Fernández, Línder Altafuya, Mauro Andino, Ramiro Terán, César Rodríguez, Guillermina Cruz y Fausto Cobo; posteriormente se conoció el proyecto de resolución que demanda y condena la violación de los derechos humanos de los 72 migrantes asesinados en México, con intervenciones de Linda Machuca, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Fernando Flores, Eduardo Zambrano, Cinthya Viteri y María Augusta Calle; enseguida se trató el proyecto de resolución de solidaridad y respaldo del pueblo ecuatoriano a los 33 mineros atrapados en una mina de Copiapó, Chile, con intervenciones de Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Grace Almeida, aprobándose el texto de la resolución; y finalmente se retomó y votó el proyecto de resolución sobre los 72 migrantes asesinados en México, procediéndose a su lectura y votación antes de la clausura de la sesión.

ACTA_052-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató la rectificación de la resolución adoptada por el Pleno de la AN el 3 de junio de 2010 en beneficio de los ex servidores y ex servidoras del Servicio Social de la Fuerza Terrestre (Comisariato del Ejército), respecto de lo cual intervinieron los asambleístas Fausto Cobo, María Augusta Calle y Luis Morales, aprobándose por unanimidad eliminar la frase referida a despido intempestivo del texto original; a continuación se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, para lo cual se recibió en Comisión General a representantes de los jubilados —Abdón Logroño, Gabriel Riera y Carminia Molina— así como al economista Ramiro González Jaramillo, Presidente del Consejo Directivo del IESS, quien expuso cifras sobre la evolución de las pensiones jubilares y una propuesta alternativa de incremento; posteriormente se debatió el informe de la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, presentado por la asambleísta Nivea Vélez, interviniendo en el debate los asambleístas Línder Altafuya, María Augusta Calle, Dora Aguirre, Kléver García, César Rodríguez, Tomás Zeballos, Fernando Cordero, Gioconda Saltos, Silvia Salgado, Francisco Cisneros, Mercedes Diminich, Vicente Taiano, Carlos Samaniego, Jorge Escala, Rolando Panchana, Edwin Vaca y Fernando Aguirre, quienes plantearon distintas posturas sobre el monto del incremento de las pensiones jubilares, su fuente de financiamiento (rentabilidad de las inversiones del fondo de pensiones frente a la inflación) y la sostenibilidad actuarial del sistema, sin llegar a votación por falta de tiempo, acordándose remitir el debate a la Comisión para continuar su tratamiento.

ACTA_051-AN-2009-2011_PLENO.pdf Segundo debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial 971 de 1996 y a la Ley 2003-5, orientado a la regularización y venta directa de predios a los posesionarios de los barrios de Atucucho, San Jacinto, Nuevos Horizontes y Rumiloma sin subasta pública, debate en el que intervinieron los asambleístas Virgilio Hernández (ponente), Alfredo Ortiz, Carlos Samaniego, Cléver Jiménez, Rolando Panchana y César Rodríguez, además de una Comisión General en la que se escuchó al presidente del barrio Atucucho, Luis Robles, aprobándose finalmente el proyecto por unanimidad; seguidamente, bajo la conducción del segundo vicepresidente Rolando Panchana Farra, se instaló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa a partir de los informes de mayoría (presentado por María Paula Romo) y de minoría, con intervenciones de Cynthia Viteri, María Soledad Vela, Andrés Páez, Betty Amores, Gilmar Gutiérrez, Vicente Taiano, Silvia Salgado y otros asambleístas sobre temas como la consulta prelegislativa, la fiscalización y una disposición transitoria relativa a la muerte cruzada, debate que fue interrumpido para un receso y luego reasumido por el presidente Cordero, hasta que se decidió suspender su tratamiento y remitirlo a una sesión posterior; en el interín se conoció, con la reasunción de la dirección por parte de Panchana, la objeción parcial del señor Presidente de la República al proyecto de Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, expuesta por el asambleísta Abdalá Bucaram, presidente de la Comisión respectiva, resolviéndose allanarse a la objeción con excepción del literal k) del artículo 14, en el cual el Pleno se ratificó en el texto originalmente enviado al Ejecutivo; finalmente, se retomó el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria N.° 2 para la Depuración de la Normativa Legal, sustentado por María Paula Romo, que fue aprobado por unanimidad tras no recibir observaciones adicionales.

ACTA_051-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf La sesión continuó con el tratamiento del primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que numerosos asambleístas presentaron observaciones a los informes de mayoría y minoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado: Alfredo Ortiz insistió en fortalecer la fiscalización y la iniciativa legislativa frente al CAL y cuestionó el artículo sobre objeción parcial presidencial; Tito Nilton Mendoza calificó a la ley vigente de ineficaz y pidió la figura de la autoconvocatoria y la eliminación de filtros a la fiscalización; Juan Carlos Cassinelli propuso reformas sobre subrogación de funciones, tiempos de comparecencia y voto dirimente en comisiones; Leonardo Viteri planteó normar la destitución de autoridades del CAL, ampliar la Unidad de Control de Ejecución Presupuestaria y eliminar el voto en blanco electrónico; Aminta Buenaño defendió los avances de la ley frente al antiguo Congreso y sugirió uniformar la terminología sobre pueblos y nacionalidades y revisar el rol del ponente en segundo debate; Richard Guillén propuso reformas sobre sesiones ordinarias y extraordinarias, sanciones por inasistencia, integración equitativa de comisiones, votación por artículos y sanciones al Secretario por distorsionar resultados; César Rodríguez detalló un procedimiento ágil para la consulta prelegislativa y cuestionó la disposición transitoria sobre la Comisión de Fiscalización; Nivea Vélez criticó el rol del CAL como elemento de demora y la concentración de decisiones en presidentes de comisión; Juan Carlos López denunció la falta de independencia entre funciones del Estado y los juicios políticos archivados; Paola Pabón valoró el trabajo de la Comisión y propuso precisar las etapas de la consulta prelegislativa y el mecanismo de decisión sobre juicios políticos; Luis Morales cuestionó la proliferación de debates y pidió mayor apego a la ley; César Montúfar exigió una reforma integral orientada al fortalecimiento del Pleno frente a los "nueve filtros" que, según dijo, obstaculizan la fiscalización, y criticó la conducción del presidente Cordero; Jaime Abril desarrolló una propuesta detallada sobre las etapas de la consulta prelegislativa, la inclusión de las comunas y la participación de CODENPE, CODAE y CODEPMOC; María Cristina Kronfle aclaró su propuesta sobre el cambio del Orden del Día en sesiones ordinarias con mayoría simple; Marco Murillo insistió en que la consulta prelegislativa debe buscar consensos reales mediante asambleas comunitarias y no limitarse a un trámite; Línder Altafuya cuestionó la inacción de la Comisión de Fiscalización citando casos concretos y propuso que el Pleno decida con debate sobre el inicio de juicios políticos; Xavier Tomalá pidió precisar el quórum, los plazos para cambios de Orden del Día y la reconsideración de votaciones; Galo Lara citó casos de obras públicas cuestionadas y presentó reformas puntuales a los artículos sobre fiscalización y enjuiciamiento político; Enrique Herrería denunció que el proyecto carece de una reforma integral y señaló presuntas inconstitucionalidades, además de referirse a un incidente previo con Gilmar Gutiérrez sobre entrega de información; Saruka Rodríguez presentó seis observaciones puntuales sobre terminología y comisiones ocasionales; Fernando Bustamante advirtió contra la nostalgia de las prácticas del antiguo Congreso y defendió que la fiscalización no se agota en el juicio político; Fernando Aguirre cuestionó el servilismo de la Asamblea frente al Ejecutivo y pidió recuperar su independencia; y finalmente el presidente Fernando Cordero expuso su posición sobre el momento y alcance de la consulta prelegislativa y presentó cifras sobre solicitudes de información y resultados de fiscalización durante el año legislativo.

ACTA_050-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva, se constató el quórum y se instaló la sesión con la lectura de la convocatoria y el orden del día, que incluía el himno nacional y el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, calificado por el Presidente de la República con carácter económico-urgente; antes de entrar a este punto se presentaron y votaron (todas rechazadas, con sus respectivas rectificaciones) varias solicitudes de cambio del orden del día: la del asambleísta Murillo para incorporar un mecanismo de consulta prelegislativa, la de Escala para devolver el proyecto al Ejecutivo por presunta inconstitucionalidad, la de Fierro para tratar primero la consulta previa a pueblos indígenas, y la de Cobo para analizar la validez de una sesión anterior. Tras entonarse el himno, se dio lectura al informe de la Comisión de Régimen Económico y Tributario (ponente Francisco Velasco Andrade), que detallaba antecedentes, comparecencias de funcionarios y representantes del sector petrolero (Carlos Marx Carrasco, Andrés Donoso, Wilson Pástor, Jorge Pareja Cucalón, José Luis Ziritt, Gustavo Pinto) y el análisis del cambio de contratos de participación a contratos de prestación de servicios, la creación de la Secretaría de Hidrocarburos y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), el margen de soberanía del 25%, la reducción del impuesto a la renta al 25% y la limitación de utilidades laborales al 3%. En el debate intervinieron numerosos asambleístas: Velasco defendió el proyecto como un mecanismo para frenar la caída de inversión y producción; Moncayo, Orellana, Cabezas, Encalada, Quevedo, Viteri, Guzmán, Aguilar, Dávila, Kon, Amores, Páez, Rodríguez César, Escala y Almeida plantearon observaciones que iban desde cuestionamientos de inconstitucionalidad (unidad de materia, reforma de ley orgánica mediante ley ordinaria, vulneración de derechos laborales, falta de licitación para empresas estatales) hasta sugerencias técnicas sobre tarifas, plazos transitorios, la naturaleza jurídica de la nueva Agencia (algunos proponían convertirla en Superintendencia) y la necesidad de consulta prelegislativa; durante el debate la dirección de la sesión fue asumida temporalmente por la primera vicepresidenta Irina Cabezas y luego retomada por Cordero. Hacia el final, la asambleísta Magaly Orellana presentó una moción para archivar el proyecto por considerarlo inconstitucional e ilegal, la cual fue sometida a votación en dos ocasiones (incluida una rectificación), resultando rechazada ambas veces por mayoría simple, por lo que el conjunto del debate quedó remitido a la Comisión correspondiente para continuar su trámite.

ACTA_049-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum y se instaló la sesión, dándose lectura a la convocatoria y al Orden del Día, que incluía el Himno Nacional y el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo del RO 971 de 1996 y la Ley 2003-5; se presentaron dos solicitudes de cambio del Orden del Día, una del asambleísta Fernando Bustamante para incluir un proyecto de resolución sobre un posible caso de espionaje por parte de Colombia, y otra del asambleísta Jimmy Pinoargote relacionada con la prórroga otorgada por el Vicepresidente Rolando Panchana Farra a la Comisión de Comunicación, ambas rechazadas en votación y rectificación, así como una solicitud de reconsideración de la asambleísta Cynthia Viteri que tampoco fue aceptada por no existir resolución previa que reconsiderar. Tras la entonación del Himno Nacional, el Presidente instaló una Comisión General para recibir al Alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien expuso la necesidad de aprobar la ley interpretativa para regularizar la tenencia de tierras del barrio Atucucho, asentamiento de más de tres mil familias en un predio del Ministerio de Salud Pública. Reinstalada la sesión, se dio lectura al informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio sobre dicho proyecto, lo que generó un incidente cuando el asambleísta Abdalá Bucaram presentó una apelación a la Presidencia por la no inclusión del pedido de Pinoargote en el Orden del Día; asumió temporalmente la dirección el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, se produjo un enfrentamiento verbal entre Bucaram y el Presidente Cordero, y la apelación fue sometida a votación y rectificación, resultando negada en ambas ocasiones, por lo que Cordero reasumió la Presidencia. Retomado el punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, Virgilio Hernández, expuso el informe a favor del proyecto de Ley Interpretativa, que busca facultar al Ministerio de Salud Pública la venta directa sin subasta a los posesionarios de Atucucho, estableciendo mecanismos de avalúo municipal, transferencia de áreas comunales al Municipio y límites a la adjudicación; intervinieron numerosos asambleístas (Luis Morales, Marllely Vásconez, Guillermina Cruz, César Rodríguez, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Eduardo Encalada, Alfredo Ortiz, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Marcelo García, Lourdes Tibán, Andrés Roche y Paco Fierro), quienes en general respaldaron el proyecto y plantearon observaciones sobre el año de referencia para el avalúo, el plazo de venta, la prohibición de adjudicación múltiple, el estudio socioeconómico de las familias y los tiempos de entrega de escrituras, además de pedir disculpas a los moradores de Atucucho por los incidentes ocurridos durante la sesión. Finalmente, el Presidente cerró el debate y dispuso que el proyecto regrese a la Comisión para incorporar las observaciones y preparar la versión definitiva para segundo debate y votación en el Pleno.

ACTA_048-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo de Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum con setenta y ocho asambleístas y se instaló la sesión, guardándose previamente un minuto de silencio a pedido de Vicente Taiano por el fallecimiento del padre del asambleísta Luis Morales; tras el Himno Nacional, se conoció el oficio de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia que solicitaba autorización para iniciar causa penal contra el Presidente Rafael Correa Delgado por una querella de injurias presentada por Gil Leonardo López Monsalve, petición que fue negada en votación (once afirmativos, cincuenta y nueve negativos). A continuación se trató el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, con el informe de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, e intervinieron Paco Moncayo, Enrique Herrería, Juan Carlos Cassinelli, Francisco Ulloa, Rafael Dávila, Rosana Alvarado, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco y Nivea Vélez debatiendo principalmente el porcentaje (10%, 25% o 50%) que el Banco Central podría invertir con cargo al Sistema del Resto de Operaciones y Cuentas Patrimoniales excluyendo los depósitos del IESS, ISSFA, ISSPOL, gobiernos autónomos y universidades; el tema quedó suspendido para redacción final sin llegar a votarse. Posteriormente, la Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, expuso extensas denuncias documentadas contra el Consejo de la Judicatura (nombramientos a dedo de notarios y jueces, homologación salarial irregular, falta de sanción a jueces por caducidad de prisión preventiva, un incidente de agresión física entre un vocal y un juez, y casos de presunta intervención judicial indebida), generando un amplio debate con intervenciones de Línder Altafuya, Mauro Andino, Luis Almeida, Andrés Páez, Marisol Peñafiel, Lourdes Tibán, Jorge Escala, César Rodríguez y Marco Murillo; durante una comisión general el Rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo Romero, expuso sobre la judicialización excesiva de los concursos de oposición y méritos universitarios, tras lo cual la sesión se suspendió hasta las 15h30. Al reanudarse, mientras presidía Irina Cabezas Rodríguez y luego Lourdes Tibán, continuaron las intervenciones sobre el Consejo de la Judicatura, incluyendo la propuesta del propio Presidente Cordero de recoger firmas para un eventual juicio político a sus vocales, iniciativa respaldada por Marco Murillo, quien planteó extenderla también a la Corte Constitucional; el tema se cerró sin votación, acordándose convocar a una reunión de jefes de bloque. Finalmente, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de resolución presentado por Saruka Rodríguez para exhortar al cumplimiento del Acuerdo Interministerial sobre el cacao nacional fino de aroma, y se aprobó la resolución que declara el 20 de octubre como Día de la Estadística Nacional y el 2010 como Año de los Censos Nacionales, con intervención de Marcelo García; la sesión se suspendió a las diecisiete horas veinticuatro minutos, pendiente de continuar en otra sesión que sería oportunamente convocada, ante la falta de acuerdo sobre el porcentaje de inversión del Banco Central.

ACTA_048-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum y se reinstaló la sesión, dando lectura a la convocatoria y al orden del día centrado en la continuación del segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. El asambleísta ponente, Francisco Velasco, presidente de la Comisión, expuso los cambios incorporados al articulado a partir de las observaciones recogidas en el debate previo, fundamentados en el art. 286 de la Constitución, ratificando la prohibición de que el Banco Central (BC) adquiera o invierta en bonos del Estado para financiar gasto corriente, eliminando la posibilidad de que el BC capte títulos del sistema financiero privado, restringiendo las operaciones de reporto exclusivamente a instituciones del sistema financiero público con títulos avalados por el Estado, y corrigiendo la coordinación para la transferencia de bienes culturales del BC al Sistema Nacional de Cultura, que pasa a realizarse con el Instituto Nacional de Patrimonio en lugar del Fondo de Salvamento. Tras un breve incidente con el asambleísta Herrería que el Presidente debió moderar, se sometió a votación el informe para segundo debate, obteniéndose en una primera ronda 59 votos afirmativos, 52 negativos, 2 en blanco y 8 abstenciones; a pedido de la asambleísta Magaly Orellana se rectificó la votación, surgiendo un inconveniente con la tarjeta electrónica del asambleísta Washington Cruz, quien manifestó no poder votar por habérsele retirado la tarjeta al ingresar. En la votación definitiva se registraron 59 votos afirmativos, 59 negativos, cero en blanco y 3 abstenciones, resultado con el cual el informe no fue aprobado.

ACTA_047-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo de Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum con setenta y ocho asambleístas, se instaló la sesión y se procedió a la lectura de la convocatoria, tras lo cual se presentaron varias solicitudes de cambio del Orden del Día: la asambleísta Dora Aguirre propuso incorporar un proyecto de resolución de solidaridad con las víctimas del accidente de Castelldefels en Barcelona, moción que fue aprobada; el asambleísta Francisco Ulloa solicitó incluir un proyecto de resolución sobre el espionaje telefónico del DAS colombiano (proyecto Salomón), el cual no fue aceptado tras rectificación de votos; el asambleísta Richard Guillén pidió tratar la suspensión del Impuesto a las Tierras Rurales, moción que tampoco fue aceptada en dos votaciones; y el asambleísta Gido Vargas logró que se incorpore un proyecto de resolución de exhorto al Presidente de la República para declarar el estado de excepción social y ambiental en Sucumbíos. Tras entonar el Himno Nacional, se llevó a cabo el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria N.º 2 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con ponencia de César Gracia, e intervinieron María Paula Romo y Vicente Taiano sin que se sometiera a votación en esta etapa; a continuación se trató la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Derogatoria N.º 1, recomendándose y aprobándose por unanimidad el allanamiento al veto presidencial respecto al artículo sobre la Ley de Abono Tributario. Posteriormente, mediante una comisión general, el biólogo PhD Juan Manuel Guayasamín expuso sobre el tráfico ilegal de especies y la importancia de la investigación científica para su control, tras lo cual la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, con ponencia de Linda Machuca, presentó el informe sobre la enmienda al artículo XXI de la Convención CITES, que tras intervenciones de varios asambleístas fue aprobada por unanimidad. Ya bajo la dirección de la Vicepresidenta Irina Cabezas Rodríguez, se debatió y aprobó, tras rectificación de votos, el proyecto de resolución de solidaridad con las víctimas del accidente de Castelldefels presentado por Dora Aguirre, descartándose una propuesta adicional de Fernando Aguirre sobre el uso de fondos de propaganda; finalmente se discutió extensamente el proyecto de resolución de Gido Vargas para exhortar al Presidente a decretar el estado de excepción social y ambiental en Sucumbíos por la contaminación hidrocarburífera, el cual, pese a las observaciones formales planteadas por varios asambleístas sobre su redacción y fundamentación constitucional, fue finalmente sometido a votación y aprobado.

ACTA_046-E-AN-2009-2011_PLENO.pdf Aquí tienes el resumen:
En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva, se reinstaló la sesión número 46 con el objeto de proceder a la votación del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), tras lo cual el Secretario dio lectura a una moción previa presentada por el asambleísta Jorge Escala, sustentada por el asambleísta Gerónimo Yantalema, para incorporar la consulta prelegislativa a comunidades, pueblos y nacionalidades como requisito previo a la votación, la cual fue sometida a votación y rectificación sin alcanzar los votos necesarios para su aprobación; a continuación se retomó la moción previa planteada en sesión anterior por el asambleísta Andrés Páez para que la LOES se votara artículo por artículo y de forma nominal, la cual también fue rechazada tanto en su primera votación como en su rectificación. Posteriormente, el asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, intervino para destacar el trabajo de consenso alcanzado con la Academia y diversas bancadas, mencionando ajustes como la integración del Consejo de Educación Superior (CES) y el plazo de evaluación para universidades que no alcanzaron el umbral requerido en los informes del CONEA y CONESUP, tras lo cual se procedió a la lectura y transcripción completa del articulado del proyecto de ley con sus disposiciones transitorias y finales. Al concluir dicha transcripción, se sometió a votación el proyecto de LOES con las observaciones del ponente, obteniéndose sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y siete negativos y trece abstenciones, resultado que se mantuvo en la rectificación solicitada por el asambleísta Páez (sesenta y tres afirmativos, cuarenta y siete negativos, doce abstenciones y un blanco); finalmente, ante el pedido de reconsideración formulado por el asambleísta César Rodríguez, el Pleno votó nuevamente y mantuvo su decisión con cincuenta y un votos afirmativos, sesenta y dos negativos, tres blancos y siete abstenciones, no siendo aceptada la moción de reconsideración.

ACTA_046-D-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva, se constató el quórum y se reinstaló la sesión para continuar con el segundo debate y votación del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), tras lo cual se generó un intenso debate procedimental sobre la validez de una solicitud de reconsideración planteada por el asambleísta Andrés Páez respecto a la votación de la Ley Orgánica del Banco del Estado, lo que llevó a varias suspensiones breves por desorden en la sala y a discusiones entre distintos asambleístas (entre ellos Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Jorge Escala y Cléver Jiménez) sobre cuál era la "siguiente sesión" válida conforme al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para ejercer ese derecho, dado que las sesiones 48 y 49 ya habían sido clausuradas; el Presidente reconoció públicamente un malentendido previo relacionado con un incidente con el asambleísta Herrería y propuso tratar el tema de la reconsideración con mayor serenidad entre las bancadas antes de proceder a la votación de la ley. Posteriormente, intervino el asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, quien aclaró que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación tendría un rol de coordinación y no de rectoría, detallando los artículos del proyecto en los que ya no constaba dicha Secretaría conforme a los acuerdos alcanzados con la Academia, y solicitó un plazo adicional para codificar el adendum en el texto definitivo de la ley antes de proceder a su votación; en respuesta, el Presidente dispuso un receso hasta las quince horas para permitir dicha codificación, quedando pendiente la reinstalación de la sesión y la votación final de la ley.

ACTA_046-C-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva, se constató el quórum reglamentario y se reinstaló la sesión para continuar con el segundo debate y votación del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), conforme a la convocatoria leída por el Secretario General. En el desarrollo de la sesión intervino el asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, quien expuso de manera detallada los principales cambios incorporados en el Adendum al proyecto, entre ellos: la designación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (SENESCYT) como ente coordinador entre la Función Ejecutiva y el Sistema de Educación Superior; la integración del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación (CEAACES); el financiamiento universitario a través del FOPEDEUPO con la meta de alcanzar al menos el 5% del Presupuesto General del Estado; las exenciones tributarias y aduaneras para universidades públicas y particulares; el porcentaje de voto estudiantil en la elección de autoridades académicas; la moratoria de cinco años para la creación de nuevas universidades, con excepciones para la UNAE, la Regional Amazónica, la de los Andes, la Regional de Santo Domingo de los Tsáchilas y los trámites de las universidades Federico Santa María de Chile y Nueva Jerusalén; la posibilidad de que la Universidad Intercultural AMAUTA HUASI se convierta en universidad pública; y el reconocimiento de una jubilación complementaria para docentes e investigadores del sistema. Tras esta exposición, el asambleísta Abad solicitó un receso para dialogar con los jefes de bloque y consensuar las observaciones pendientes, lo cual fue concedido por el Presidente; al reinstalarse la sesión, este informó que las bancadas habían llegado a un acuerdo para posponer la votación de la ley hacia los siguientes días, sugiriendo que mientras tanto se entreguen las observaciones finales a la Comisión, y dispuso además la suspensión de la sesión paralela que debía tratar otra ley, indicando que sería convocada nuevamente por la Secretaría.

ACTA_046-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión, reinstalada por el presidente Fernando Cordero Cueva con quórum verificado y la actuación en Secretaría del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se continuó durante todo el día el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) con la intervención sucesiva de numerosos asambleístas —entre ellos César Rodríguez, Gido Vargas, José Picoita, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel, Tito Nilton Mendoza, Paola Pabón, Nivea Vélez, María Paula Romo, Fernando Vélez, Alex Remache, Richard Guillén, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Eduardo Sánchez, Lenin Chica, Eduardo Zambrano, Betty Amores, Francisco Cisneros, Carlos Velasco, Milton Altamirano, Rosana Alvarado, Fernando González, Kléver García, César Gracia, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Luis Morales, Ángel Vilema, Celso Maldonado, Pamela Falconi, Dora Aguirre, Hólger Chávez, Fernando Cordero, Francisco Ulloa, Jorge Escala, Xavier Tomalá, Gioconda Saltos, Juan Fernández, Mary Verduga y Raúl Abad—, con la dirección de la sesión alternándose entre el Presidente Cordero Cueva, la Primera Vicepresidenta Irina Cabezas Rodríguez y el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, e incluyó una Comisión General para recibir al rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, Dr. José Barbosa, quien defendió el reconocimiento del "Modus Vivendi" para las universidades católicas y la valoración de la educación a distancia, así como una suspensión y reinstalación de la sesión entre las doce horas con cincuenta y dos minutos y las quince horas con cuarenta y cinco minutos; posteriormente se trató el punto IV, el proyecto de Resolución presentado por Gerónimo Yantalema de reconocimiento a la contribución histórica de las comunidades, pueblos y nacionalidades en su lucha de liberación de la opresión, la colonización y el neoliberalismo hacia la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural del Sumak Kawsay, que conmemora los veinte años del levantamiento indígena de 1990 y declara el 21 de junio como "Inty Raymy", día de conmemoración nacional, el cual fue debatido con observaciones de Marco Murillo, Marisol Peñafiel y María Augusta Calle, y aprobado con 78 votos afirmativos, 4 en blanco y 7 abstenciones, tras lo cual el Presidente suspendió la sesión.

ACTA_046-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, orientado a reorganizar el sistema universitario y tecnológico mediante normas sobre autonomía responsable, cogobierno, gratuidad, financiamiento, igualdad de oportunidades, becas, nivelación y admisión, evaluación y acreditación, investigación, carrera docente, funcionamiento de institutos técnicos y tecnológicos, creación de nuevas instituciones, rendición de cuentas, sanciones y régimen de transición. Durante la comisión general, Galo Mindiola, Carlos Torres y Abraham Bedrán, en representación estudiantil, solicitaron mayor participación con voz y voto en los organismos del sistema, respeto a la autonomía universitaria, fortalecimiento del cogobierno, garantías para las organizaciones estudiantiles, becas y una revisión de las disposiciones transitorias; Yolanda Albán advirtió que ciertas obligaciones financieras y regulatorias podían afectar la subsistencia de los institutos técnicos y tecnológicos; mientras Gustavo Vega y Enrique Ayala Mora señalaron que existían importantes consensos, pero pidieron completar el diálogo sobre los temas pendientes, especialmente la integración y designación de las autoridades de los organismos de regulación y acreditación, el alcance de la Secretaría Nacional de Educación Superior, el financiamiento, las titulaciones y el régimen de transición. Raúl Abad, Mao Moreno, Eduardo Encalada, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Mary Verduga, Jaime Abril, Juan Fernández, Lídice Larrea, Rocío Valarezo y Zobeida Gudiño defendieron la necesidad de aprobar una normativa que eleve la calidad académica, democratice las universidades, fortalezca la evaluación, la investigación, la rendición de cuentas, la participación estudiantil y la vinculación de la educación superior con el desarrollo nacional; en tanto que Marco Murillo propuso suspender el tratamiento para ampliar el diálogo, y Jorge Escala, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Magali Orellana, Luis Almeida, Salomón Fadúl, César Montúfar y Gioconda Saltos expresaron preocupaciones sobre una posible afectación a la autonomía universitaria, la concentración de atribuciones en organismos vinculados al Ejecutivo, la creación de universidades sin los procedimientos previos, el financiamiento, la situación de las provincias amazónicas y la necesidad de incorporar las observaciones de la comunidad universitaria. También intervinieron Betty Amores y Gerónimo Yantalema; finalmente, al quedar numerosos legisladores inscritos y varios temas pendientes, se suspendió el debate sin que se produjera la votación del proyecto.

ACTA_046-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión, reinstalada bajo la presidencia de Fernando Cordero Cueva con la actuación en Secretaría del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató quórum con 81 asambleístas y se continuó el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), iniciando con la intervención de Guillermina Cruz, quien defendió la autonomía universitaria y reclamó la creación de nuevas universidades en provincias sin oferta superior (Napo, Galápagos, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas), seguida por las intervenciones de Vethowen Chica, Vicente Taiano, María Soledad Vela, Jeanine Cruz, Gabriel Rivera, Alfredo Ortiz, Viviana Bonilla, Fernando Aguirre y Carlos Samaniego, quienes abordaron temas recurrentes como la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, la gratuidad y el financiamiento de la educación superior, el examen de habilitación, la composición y atribuciones del futuro Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, y la crítica a las llamadas "universidades garaje"; posteriormente el Presidente instaló al Pleno en Comisión General para recibir, con diez minutos cada uno, al rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Edgar Samaniego (quien presentó por escrito catorce observaciones de esa universidad al proyecto), al rector de la Escuela Politécnica Nacional, Ing. Alfonso Espinoza, en representación de las universidades politécnicas, y al presidente del CONEA, Ing. Sergio Flores (quien propuso una nueva conformación de siete miembros para dicho organismo y formuló observaciones a varias disposiciones transitorias y derogatorias), tras lo cual se clausuró la Comisión General y se suspendió brevemente la sesión; esta fue reinstalada por la Primera Vicepresidenta, Irina Cabezas Rodríguez, continuando el debate con las intervenciones de Edwin Vaca, Paco Fierro, Armando Aguilar, Xavier López, Virgilio Hernández, Juan Carlos López, Ramiro Terán y Marco Murillo, entre otros, quienes profundizaron en los mismos ejes de autonomía, gobierno y calidad universitaria, así como en aspectos de jubilación complementaria y clasificación de universidades para estudios de posgrado, hasta que, habiendo intervenido 43 de los asambleístas inscritos y quedando 32 pendientes, la Presidenta suspendió el debate hasta nueva convocatoria.

ACTA_045-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se reinstaló el pleno bajo la presidencia de Fernando Cordero Cueva, con la actuación en Secretaría del Dr. Francisco Vergara Ortiz, y tras constatar quórum y dar lectura a la convocatoria se continuó con el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) en su fase de votación; la asambleísta Nívea Vélez, presidenta de la Comisión, presentó el informe destacando que el texto fue suscrito por los once miembros de la Comisión y que se acogieron observaciones de asambleístas, organizaciones y jefes de bloque, explicando los principales acuerdos incorporados: la inclusión en el art. 5 de un inciso sobre extranjeros residentes que podrán prestar servicios públicos tras cinco años de permanencia legal, la limitación de los contratos de servicios ocasionales a doce meses con una sola renovación, el reconocimiento de nombramiento tras cuatro años de contrato en la séptima transitoria, la incorporación del enfoque de interculturalidad en varios artículos, la referencia al IAEN en materia de capacitación, ajustes a la disposición general segunda sobre horas suplementarias del personal de la Función Electoral, la corrección de la disposición décimo segunda sobre compensación por renuncia voluntaria y la precisión sobre remuneración básica mensual unificada; acto seguido se dio lectura íntegra al texto del proyecto de LOSEP, que regula el ámbito, ingreso, nepotismo, régimen disciplinario, cesación de funciones, carrera del servicio público, remuneraciones, organismos de gestión del talento humano (MRL, Ministerio de Finanzas, CGE y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) y disposiciones generales, transitorias y derogatorias, incluida la derogatoria de la anterior LOSCCA; sometido a votación el proyecto fue aprobado con 106 votos afirmativos, 2 negativos, 2 en blanco y 9 abstenciones, y posteriormente, ante una moción de reconsideración solicitada por el asambleísta Ramiro Terán, esta fue rechazada con 8 votos a favor, 99 en contra, 9 en blanco y 2 abstenciones.

ACTA_045-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Ramiro Terán para incorporar una resolución sobre presuntos actos discriminatorios y xenófobos contra pueblos y nacionalidades, y de Richard Guillén para tratar el manejo de los recursos del IESS y sus inversiones en bonos estatales; posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Servicio Público, presentada por Nívea Vélez, orientada a profesionalizar la administración pública, regular el ingreso mediante concursos de méritos y oposición, homologar remuneraciones, fortalecer la estabilidad, capacitación, evaluación, régimen disciplinario, licencias, jubilación, protección frente al nepotismo y contratos ocasionales, así como garantizar servicios de calidad para la ciudadanía. Línder Altafuya, Eduardo Encalada, Francisco Cisneros, Henry Cuji, Ramiro Terán, Ángel Vilema, Galo Vaca, Edwin Vaca y Alfredo Ortiz solicitaron proteger los derechos de docentes, servidores de la Amazonía, Galápagos y zonas de difícil acceso, reforzar la estabilidad laboral, reconocer beneficios geográficos y limitar las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales; mientras Paco Moncayo, Betty Amores y Fernando Bustamante insistieron en que la norma debía priorizar también los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos y evitar evaluaciones o sanciones arbitrarias. María Alejandra Vicuña, Silvia Salgado, Armando Aguilar y Tito Nilton Mendoza respaldaron el proyecto y pidieron incorporar las observaciones para alcanzar un texto consensuado; Mauro Andino, Andrés Páez, César Rodríguez y Paco Fierro plantearon reparos sobre inhabilidades, indemnizaciones, régimen disciplinario, períodos de prueba, atribuciones institucionales y criterios de remuneración. Gerónimo Yantalema propuso incluir interculturalidad, saberes ancestrales y participación de pueblos y nacionalidades; Leonardo Viteri solicitó incorporar la carrera sanitaria; Guillermina Cruz pidió garantizar la independencia de los organismos de control y beneficios para servidores de sectores rurales; y Linda Machuca, Virgilio Hernández y Fernando Bustamante defendieron la no discriminación de personas extranjeras residentes en el acceso al trabajo público. Además, Enrique Herrería realizó una aclaración personal sobre su mención en el informe de la Comisión de la Verdad. Finalmente, debido a que quedaron intervenciones y observaciones pendientes, la sesión fue suspendida sin votar el proyecto, para reinstalarse posteriormente.

ACTA_045-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida inicialmente por Fernando Cordero Cueva y luego por el segundo vicepresidente Rolando Panchana Farra, se constató el quórum, se reinstaló la sesión y se continuó con el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en el que intervinieron sucesivamente diecinueve asambleístas presentando observaciones puntuales al articulado: entre los temas más recurrentes estuvieron el ámbito de aplicación de la ley y la rectoría del Ministerio de Relaciones Laborales frente a la autonomía de los GAD, la Función Judicial y la propia Función Legislativa (con planteamientos para excluir a estas últimas del ámbito de la norma y remitir su organización al CAL y al Código Orgánico de la Función Judicial); el régimen de ingreso al servicio público mediante concurso de méritos y oposición frente al acceso de extranjeros (con un intenso debate sobre xenofobia y reciprocidad); la disposición transitoria séptima sobre regularización de contratos de servicios ocasionales (con propuestas de extender el plazo de dos a tres o cuatro años); la exclusión del Magisterio Nacional bajo su propia Ley de Carrera Docente y Escalafón; jornadas especiales para personal de salud; licencia de maternidad; beneficios de jubilación y la controversia sobre la doble pensión de expresidentes militares; topes remunerativos, nepotismo, debido proceso en sumarios administrativos y estabilidad laboral; además se recogieron observaciones del CONASEP y la AME, y se incorporaron correcciones técnicas y de redacción a diversos artículos; finalmente, ante la magnitud de las observaciones planteadas —incluida una extensa intervención de Fernando Cordero sobre el riesgo de inconstitucionalidad por centralismo excesivo—, se resolvió suspender el tratamiento del proyecto para que la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social sistematice las propuestas antes de fijar fecha para la votación.

ACTA_044-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron varias resoluciones de carácter nacional e internacional. Se unificaron y aprobaron las propuestas de Línder Altafuya y María Alejandra Vicuña para condenar el ataque del Ejército israelí contra la flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, expresar solidaridad con las víctimas y activistas, solicitar una investigación y sanción internacional, respaldar el llamado a consultas del embajador ecuatoriano y demandar el cese del bloqueo a la Franja de Gaza; en este debate intervinieron Fernando Bustamante, Línder Altafuya, María Alejandra Vicuña y María Augusta Calle. También se aprobó la resolución impulsada por Fausto Cobo para exhortar al Servicio Social de la Fuerza Terrestre y al Ministerio de Relaciones Laborales a garantizar el pago de indemnizaciones a las exservidoras y exservidores del Comisariato del Ejército que fueron cesados, con aportes de Luis Morales, Armando Aguilar, Hólger Chávez, María Augusta Calle y Línder Altafuya. De igual manera, se aprobó la resolución propuesta por Rosana Alvarado con motivo del Día Mundial del Ambiente, mediante la cual la Asamblea reafirmó su compromiso con el desarrollo sustentable, los derechos de la naturaleza y el uso responsable de los recursos naturales. Posteriormente, se debatió la propuesta de Magali Orellana para declarar de interés nacional la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y la preservación de la biodiversidad del Yasuní y la zona intangible; Magali Orellana, Francisco Cisneros, Rosendo Nurinkias, Alfredo Ortiz y Paco Moncayo defendieron la necesidad de proteger estos territorios y pueblos, mientras César Rodríguez cuestionó la pertinencia jurídica de la propuesta, por lo que la resolución fue negada. Finalmente, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Mercedes Diminich para expresar condolencias a Carlos Zambrano y su familia por el fallecimiento de su esposa, Jéssica Núquez, y se planteó la necesidad de fortalecer las acciones frente a la inseguridad y el sicariato, con intervención de Gido Vargas; además, Gilmar Gutiérrez advirtió que la votación de la Ley del Deporte debía realizarse al continuar la sesión en que se desarrolló su segundo debate, por lo que se clausuró la sesión sin tratar dicha votación.

ACTA_043-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Gilmar Gutiérrez para incorporar una resolución de amonestación a Fernando Cordero por actuaciones relacionadas con la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas; además, se guardó un minuto de silencio en homenaje a Jéssica Núquez, esposa del asambleísta Carlos Zambrano. Posteriormente, se aprobó el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, presentado por Fernando Bustamante como una herramienta de integración regional, financiamiento del desarrollo, recuperación del ahorro suramericano y toma de decisiones bajo el principio de un país, un voto; Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Francisco Ulloa, Vethowen Chica, Linda Machuca, Marco Murillo, María Augusta Calle, Eduardo Zambrano y Silvia Salgado respaldaron la iniciativa, mientras Paco Fierro, Rafael Dávila y Marco Murillo plantearon observaciones sobre el capital, las condiciones de financiamiento, la transparencia, el alcance de las inmunidades y la necesidad de reglas claras para evitar nuevas dependencias. Asimismo, se aprobó el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE, concebido como una unidad electrónica de cuenta entre bancos centrales para facilitar el comercio regional, reducir costos de transacción y minimizar el uso de divisas; Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Rocío Valarezo, Linda Machuca, Luis Almeida, Nívea Vélez, Juan Carlos López y María Augusta Calle defendieron sus beneficios para exportadores, pequeñas y medianas empresas y la integración económica, mientras Wladimir Vargas, Salomón Fadúl, Fernando Aguirre y Rafael Dávila expresaron inquietudes sobre su vinculación con el ALBA, sus efectos sobre la dolarización, la solidez económica de los países participantes y sus riesgos financieros. También se aprobó la resolución impulsada por Rolando Panchana y enriquecida con aportes de Fausto Cobo, Andrés Roche y Silvia Salgado, mediante la cual se reafirmó el compromiso estatal y legislativo con la protección integral, el interés superior y los derechos de niñas y niños. Finalmente, se debatió la propuesta de Gioconda Saltos para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Tungurahua y Chimborazo ante la actividad eruptiva del volcán Tungurahua y las afectaciones a la producción agrícola, ganadera y avícola; intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez, Kléver García, Juan Carlos López, Marco Murillo y Luis Almeida, pero la sesión fue suspendida antes de que la resolución fuera sometida a votación.

ACTA_043-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 043-A documenta la reinstalación de una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, dirigida por el presidente Fernando Cordero Cueva y con Francisco Vergara Ortiz como Secretario General, cuyo único punto sustantivo fue el conocimiento y votación del proyecto de Resolución presentado por la asambleísta Geoconda Saltos Espinoza, mediante el cual se exhorta a la Función Ejecutiva a declarar el estado de excepción en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Guayas y Los Ríos debido al incremento de la actividad eruptiva del volcán Tungurahua registrado el 28 de mayo de 2010. La resolución, fundamentada en los artículos 164 y 389 de la Constitución y en los antecedentes de los Decretos Ejecutivos Nos. 245 y 246 de febrero de 2010, dispone una serie de medidas orientadas a la atención de la población y los animales afectados, la reactivación económica-productiva del sector a través del Banco Nacional de Fomento, la incorporación de los damnificados al Programa de Protección Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el fortalecimiento del monitoreo del Instituto Geofísico y la capacitación comunitaria en prevención de riesgos a través de la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Tras la lectura del texto, se sometió a votación, resultando en una primera instancia con 102 votos afirmativos, 3 negativos, 4 blancos y 4 abstenciones; a solicitud de rectificación del asambleísta Ernesto Borja, se repitió la votación, obteniéndose 100 votos afirmativos, 1 negativo, 8 blancos y 4 abstenciones, con lo cual la Resolución quedó aprobada.

ACTA_042-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 042 documenta la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional realizada el 20 de mayo de 2010, instalada por el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra (en reemplazo del presidente Fernando Cordero, ausente por un duelo familiar) y con Francisco Vergara Ortiz como Secretario General; tras constatar el quórum y leer el Orden del Día, se rechazó una moción de cambio presentada por Ramiro Terán sobre reestructuración de la Comisión de Fiscalización, se retiró una moción de Henry Cuji sobre jubilados del Ingenio San Carlos, y se tomó nota de un pedido de Gilmar Gutiérrez. Tras el Himno Nacional, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado (ponente María Paula Romo) con intervenciones de Vicente Taiano y Luis Almeida, ley que fue finalmente aprobada por amplia mayoría tras rectificación de la votación. A continuación se trató el conocimiento de la solicitud del Consejo de Administración Legislativa para encargar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la elaboración de un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que incorpore el procedimiento normativo de consulta prelegislativa (numeral 17 del artículo 57 de la Constitución), punto que generó un extenso debate con las intervenciones de Virgilio Hernández, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Paula Romo y Jorge Escala. La sesión se interrumpió para una Comisión General en homenaje a la recepción de los restos simbólicos de la Generala Manuela Sáenz, con un acto conmemorativo, proyección audiovisual e intervención de María Augusta Calle; reinstalada la sesión, continuó el debate sobre la reforma legislativa con las participaciones de Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema (parte de su intervención en kichwa), Cynthia Viteri, Betty Carrillo y Silvia Salgado. Finalmente, sin llegar a una votación formal sobre el proyecto de resolución, el Presidente encargado, recogiendo el consenso expresado por los asambleístas, dispuso que el Consejo de Administración Legislativa reciba todos los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionados con la consulta prelegislativa, y clausuró la sesión.

ACTA_041-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la inclusión de una resolución propuesta por Línder Altafuya para rechazar presuntos actos de represión contra estudiantes y organizaciones indígenas, mientras se aprobó incorporar una iniciativa planteada por Magali Orellana, Cléver Jiménez, Diana Atamaint, Lourdes Tibán y Gerónimo Yantalema para declarar de interés nacional la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y la preservación del Yasuní y la zona intangible; sin embargo, este último tema no llegó a debatirse por falta de quórum y quedó pendiente para una próxima sesión. También se rechazó la propuesta de Leonardo Viteri para elaborar una nueva normativa de soberanía alimentaria y definir previamente procedimientos de consulta prelegislativa. Posteriormente, se realizó el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional y la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, ampliar su plazo de funcionamiento, asignarle presupuesto y regular su integración, atribuciones y mecanismos de participación; María Molina, Fernando González, Gido Vargas, Zobeida Gudiño, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, Silvia Salgado, Marco Murillo, Mercedes Diminich, Gioconda Saltos y Tamara Chico debatieron sobre la consulta prelegislativa, la representación de pueblos y nacionalidades, la autonomía de la Conferencia, sus facultades para proponer políticas y leyes, la necesidad de una socialización más amplia y la continuidad de sus integrantes. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión que investigó los hechos de Angostura, para ampliar la protección a personal técnico, colaboradores, denunciantes, testigos e informantes y permitir que soliciten directamente medidas de protección; María Paula Romo y Francisco Ulloa respaldaron el allanamiento, mientras Vicente Taiano, Fausto Cobo, Luis Morales, Luis Almeida, María Augusta Calle, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo cuestionaron la constitucionalidad y alcance de la inmunidad, por lo que la moción de aceptar la objeción fue negada y, al no prosperar la reconsideración, se mantuvo el texto propuesto por el Ejecutivo. Finalmente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, destinada a reorganizar y transparentar los sistemas contables del Banco Central, preservar el respaldo de los depósitos y reservas, simplificar el balance institucional y facilitar el uso del ahorro público en inversión interna; Viviana Bonilla presentó el informe de mayoría, mientras Rafael Dávila, Sylvia Kon, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco y Patricio Quevedo debatieron sobre la necesidad de mantener sistemas separados para garantizar transparencia, liquidez y seguridad de los recursos.

ACTA_040-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 040-B documenta la continuación de la Sesión No. 40 del Pleno de la Asamblea Nacional, realizada el 13 de mayo de 2010 bajo la presidencia de Fernando Cordero Cueva (con la asambleísta Irina Cabezas Rodríguez asumiendo temporalmente la dirección) y la Secretaría General a cargo de Francisco Vergara Ortiz, cuyo único punto sustantivo fue la continuación del segundo debate y votación del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. Tras una intervención inicial de Leonardo Viteri cuestionando la legalidad del cierre del debate anterior, el presidente Cordero presentó una moción previa con proyecto de Resolución fundamentada en la Sentencia de la Corte Constitucional No. 001-10-SIN-CC, orientada a suspender la votación del informe de mayoría hasta realizar la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas conforme al artículo 57 numeral 17 de la Constitución; dicha moción, tras una primera votación aprobatoria, fue rectificada y finalmente rechazada (58 a favor, 50 en contra, 10 abstenciones). A continuación, el asambleísta Jorge Escala presentó una moción previa alternativa que proponía crear un "Consejo de Consulta", con una modificación sugerida por Paco Moncayo y aceptada por Escala; sobre este punto intervinieron Rolando Panchana, Andrés Páez, César Rodríguez, Gilmar Gutiérrez, Cynthia Viteri y Marisol Peñafiel, exponiendo posiciones divididas sobre las competencias de la Corte Constitucional y la conveniencia política de la consulta, y la moción fue finalmente rechazada (38 a favor, 13 en contra, 65 abstenciones). Ante la imposibilidad de votar la ley sin consulta previa, el presidente Cordero anunció que la Ley de Aguas no sería votada hasta que esta se realizara, intentó dar paso al siguiente punto del orden del día (objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión sobre los hechos de Angostura)

ACTA_040-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Enrique Herrería para impulsar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el fin de corregir vacíos relacionados con los procesos de fiscalización y juicio político; sin embargo, este tema no llegó a tratarse. Previamente, en comisión general, Carlos Pazmiño, Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Luis Andrango y José Gualichico, en representación de organizaciones de regantes, pueblos indígenas y sistemas comunitarios de agua, solicitaron una normativa que garantice la gestión pública y comunitaria, la participación vinculante, la desprivatización, redistribución y protección de las fuentes de agua, así como el respeto a los sistemas comunitarios y a la soberanía alimentaria. También se conoció la renuncia de Betty Amores a la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentada tras las controversias surgidas durante el trámite del enjuiciamiento político al fiscal general; Mao Moreno propuso no aceptar la renuncia, mientras Luis Morales planteó aceptarla y designar a Vicente Taiano en su reemplazo, pero ambas mociones fueron negadas luego de las respectivas rectificaciones, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, defendido por Jaime Abril, Jimmy Pinoargote y Lídice Larrea como una norma orientada a reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer una cantidad vital, regular tarifas, priorizar el consumo humano, la soberanía alimentaria y la conservación ecológica, fortalecer la gestión pública y comunitaria, crear una institucionalidad integrada por la Secretaría Nacional del Agua, el Consejo Intercultural y Plurinacional y la Agencia de Regulación y Control, y regular el aprovechamiento productivo en actividades como minería, envasado, aguas termales, turismo y acuacultura. Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Paola Pabón, Stalin Subía, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Irina Cabezas, Gerardo Morán, Susana González, Richard Guillén, Armando Aguilar, Vicente Taiano, Omar Juez, Scheznarda Fernández, Mercedes Diminich, Galo Vaca, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Yandri Brunner, Guillermina Cruz, Mariángel Muñoz, Paco Fierro, Fernando González, César Montúfar, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Kléver García, Francisco Velasco, Línder Altafuya y César Rodríguez presentaron observaciones sobre la redistribución del agua, la protección de páramos, manglares y fuentes hídricas, el papel de los gobiernos autónomos descentralizados, la autonomía de las juntas comunitarias, la situación de INTERAGUA, las tarifas, las concesiones, la minería, el agua embotellada y la necesidad de que la autoridad del agua tenga una integración más participativa y vinculante. Al no concluir el debate ni producirse una votación final, la sesión fue suspendida para continuar posteriormente, en medio de llamados al diálogo, preocupaciones por movilizaciones sociales y denuncias sobre la criminalización de la protesta.

ACTA_040-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, en medio de un amplio debate sobre la gestión pública y comunitaria del recurso, la participación social, la desprivatización, la redistribución, la protección de fuentes hídricas, los servicios de agua potable y riego, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la regulación de actividades productivas como la minería, el envasado de agua, el turismo termal, la acuacultura y la actividad camaronera. Andrés Roche, José Picoita, María Alejandra Vicuña, Rodolfo Baquerizo, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Cordero, Consuelo Flores y otros legisladores defendieron el proyecto como un avance para reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer prioridades de uso, regular autorizaciones y tarifas, recuperar concesiones irregulares y mantener las concesiones vigentes sujetas a auditorías y procesos de revisión, especialmente en el caso de INTERAGUA; mientras Gido Vargas, Silvia Salgado, Hólger Chávez, Cléver Jiménez, Nívea Vélez, Carlos Velasco, Línder Altafuya, Gioconda Saltos, Franklin Purcachi, Andrés Páez, Juan Carlos López, Tito Nilton Mendoza, Lourdes Tibán, Jorge Escala, Enrique Herrería, Francisco Cisneros y Pedro de la Cruz cuestionaron el carácter centralista de la autoridad única del agua, la posibilidad de que la Secretaría Nacional del Agua concentre decisiones, las disposiciones sobre tarifas, autorizaciones, concesiones, participación de empresas privadas y la falta de garantías suficientes para comunidades, pueblos y nacionalidades, pequeños productores, sistemas comunitarios y gobiernos locales. Varios asambleístas solicitaron que el texto sea revisado para alcanzar consensos sobre la autoridad del agua, la desprivatización, el aprovechamiento económico, la protección ambiental y las competencias territoriales; Nívea Vélez propuso que las observaciones sean analizadas con participación de organizaciones sociales en un plazo de quince días, mientras Tito Nilton Mendoza planteó archivar el proyecto y elaborar uno nuevo. Asimismo, se debatieron las movilizaciones indígenas y las actuaciones policiales ocurridas alrededor de la Asamblea, con denuncias de represión y restricciones a la participación ciudadana, frente a llamados a preservar el diálogo y evitar que las decisiones legislativas se adopten bajo presión. Finalmente, en comisión general, Rodrigo Collahuazo, Manuel Chucchilán y José Agualsaca solicitaron que no se vote apresuradamente, que se recojan las propuestas de las organizaciones campesinas e indígenas, se fortalezca el carácter decisorio del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, se revise la concesión de INTERAGUA y se establezcan controles sobre actividades que afecten manglares, fuentes y ecosistemas; al no concluir el tratamiento ni efectuarse una votación, la sesión fue suspendida.

ACTA_039-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Francisco Ulloa para incorporar una resolución de rechazo al fallo arbitral favorable a Chevron y Texaco, y de Gilmar Gutiérrez para tratar la situación del enjuiciamiento político al Fiscal General del Estado; en cambio, se aprobaron las inclusiones de las resoluciones propuestas por Lídice Larrea y Armando Aguilar. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Celso Maldonado, orientado a fortalecer la actividad física, la recreación, el deporte formativo y de alto rendimiento, regular la estructura y funcionamiento de las organizaciones deportivas, establecer una distribución más equitativa de recursos, impulsar la planificación, garantizar becas, seguros, pensiones, atención médica y apoyo a deportistas, así como promover la democratización, transparencia y rendición de cuentas en las federaciones y demás entidades deportivas. Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Ramiro Terán, Kléver García, Mercedes Diminich, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Leonardo Viteri, María Soledad Vela, Luis Morales, Linda Machuca, Luis Almeida, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Luis Noboa, Jimmy Pinoargote, Marllely Vásconez, Yorinson Tenorio, Lídice Larrea, Francisco Ulloa, Paola Pabón, José Picoita, Fernando Cáceres, César Rodríguez, Gido Vargas, María Alejandra Vicuña, Marisol Peñafiel y Ángel Vilema presentaron observaciones sobre la categoría de la ley, la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de ligas barriales, cantonales y parroquiales, la integración de directorios, las funciones del Ministerio del Deporte, el financiamiento, las exoneraciones de servicios básicos, la protección de deportistas, la inclusión de ecuatorianos en el exterior y las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; por lo que se dispuso recoger los aportes y diferir la votación para una sesión posterior. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Lídice Larrea para declarar el 5 de mayo como fecha cívica nacional en conmemoración de la Primera Proclama de la Revolución Alfarista en Chone, y la resolución promovida por Armando Aguilar, con intervenciones de Nívea Vélez, Fausto Cobo, César Montúfar, Línder Altafuya, Luis Morales, Gido Vargas y Washington Quiñónez, mediante la cual se reconoció a las trabajadoras y trabajadores del país, se reafirmó el compromiso de legislar en favor de sus derechos y se exhortó al Gobierno a vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y promover la generación de empleo productivo.

ACTA_039-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó y concluyó el segundo debate del proyecto de Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, orientado a garantizar el acceso universal, inclusivo y no discriminatorio a la práctica deportiva, la educación física y la recreación; fortalecer los derechos, seguros, becas, incentivos y pensiones para deportistas; regular la organización y funcionamiento de clubes, ligas, federaciones, comités olímpico y paralímpico, así como el deporte profesional, estudiantil, militar, policial, barrial, ancestral y adaptado para personas con discapacidad. La normativa también estableció atribuciones para el Ministerio Sectorial en materia de planificación, control, financiamiento, infraestructura, prevención del dopaje y de la violencia en escenarios deportivos, además de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, democratización de las organizaciones deportivas, sanciones a dirigentes y protección de los bienes deportivos financiados con recursos públicos. Celso Maldonado, como ponente, informó que se incorporaron observaciones presentadas por las distintas bancadas y solicitó la votación del texto consensuado. Finalmente, luego de una rectificación de la votación solicitada por Juan Fernández, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación fue aprobada con noventa y un votos afirmativos, ocho negativos y doce abstenciones; la sesión fue clausurada por Fernando Cordero.

ACTA_038-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la resolución para exhortar al Ejecutivo a declarar la emergencia en el cantón Celica, debido al hundimiento progresivo de la ciudad y al riesgo para su población, propuesta y sustentada por Nívea Vélez; en cambio, se negaron las solicitudes de Jorge Escala para tratar la continuidad del enjuiciamiento político al fiscal Washington Pesántez y de Salomón Fadúl sobre la situación de los presos de conciencia en Cuba. Posteriormente, la Asamblea se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reforma penal sobre delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, acogiendo ajustes sobre atenuantes, responsabilidades del Estado, obediencia debida, delitos de función, protección de personas en conflictos armados, jurisdicción y procedimientos disciplinarios; María Paula Romo presentó la recomendación de la Comisión y Luis Morales solicitó la rectificación de la votación. También se concedió amnistía general por delitos políticos a Drino Nieto, Roosevelt Collins, Hortensia Obando, Miguel Revelo, Pedro Panchana, Samuel Vera y demás personas vinculadas con la toma del Municipio de Salinas ocurrida en 2005, disponiéndose el archivo de los procesos e indagaciones; intervinieron Henry Cuji, Luis Almeida, Rolando Panchana, Xavier Tomalá, Washington Quiñónez y Jimmy Pinoargote, quienes defendieron que se trató de una protesta política y solicitaron restituir la tranquilidad a las familias afectadas. Asimismo, se realizó el primer debate de la Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, destinada a eliminar normas obsoletas, caducas o ya cumplidas del ordenamiento jurídico; Andrés Páez y María Paula Romo explicaron que el tratamiento se dividiría en varios proyectos para revisar con mayor detalle cada grupo de disposiciones. Se aprobó además la resolución impulsada por Nívea Vélez para pedir la declaratoria de emergencia en Celica y la asignación de recursos para mitigar los riesgos geológicos. Finalmente, se aprobaron dos resoluciones internacionales: una presentada por Linda Machuca, respaldada por Fausto Cobo, Francisco Hagó, Luis Almeida, Virgilio Hernández, Dora Aguirre y Luis Morales, que rechazó la Ley SB-1070 de Arizona por considerar que promovía persecución, xenofobia y discriminación contra las personas migrantes, y solicitó una reforma migratoria integral en Estados Unidos; y otra propuesta por Fernando Bustamante, enriquecida con observaciones de Paco Moncayo y otros legisladores, que rechazó las declaraciones de Juan Manuel Santos y Noemí Sanín por considerar que atentaban contra la soberanía, la integridad territorial, el derecho internacional y la paz regional.

ACTA_037-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un reconocimiento a las maestras y maestros del país, propuesto por Jorge Escala, mientras Guillermina Cruz retiró su pedido de homenaje a la ajedrecista Martha Fierro tras el compromiso institucional de otorgarle una condecoración y apoyo técnico; en cambio, se negó la propuesta de Fernando Aguirre para tratar una resolución sobre las afectaciones a las familias perjudicadas por el robo en el Monte de Piedad del IESS de Cuenca. Además, se permitió la participación de Jorge Calderón, representante de los taxistas, en el tratamiento de la reforma de transporte. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orientada a corregir vacíos en la aplicación de la norma, reorganizar las competencias de los organismos de tránsito, fortalecer la seguridad vial, mejorar el sistema de licencias y puntos, regular las contravenciones, el transporte informal, las rutas y frecuencias, los permisos de operación, la capacitación de conductores, el SOAT, las sanciones, la atención a víctimas de accidentes y la coordinación con los municipios. El debate se centró principalmente en la necesidad de respetar las competencias constitucionales de los gobiernos municipales, evitar la excesiva discrecionalidad de los organismos nacionales, mejorar el control a conductores extranjeros e informales, establecer mecanismos eficaces de cobro y juzgamiento, proteger a peatones, pasajeros, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, regular el transporte escolar, revisar las condiciones laborales de los conductores y garantizar tarifas, seguros y sistemas de reparación justos. Intervinieron Saruka Rodríguez, Juan Carlos Cassinelli, Silvia Salgado, Consuelo Flores, Richard Guillén, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Gido Vargas, Luis Morales, Paco Moncayo, María Soledad Vela, María Paula Romo, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Grace Almeida, Vanessa Fajardo, Rafael Dávila, Nivea Vélez, Eduardo Zambrano, María Alejandra Vicuña, Enrique Herrería, Mauro Andino, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Carlos Samaniego, Betty Amores, Guillermina Cruz, Gioconda Saltos y Rodolfo Baquerizo, quienes presentaron observaciones para que sean incorporadas en el informe de segundo debate. Finalmente, se aprobó la resolución de reconocimiento a las maestras y maestros del país, que destacó su aporte a la educación y comprometió a la Asamblea a impulsar normas que garanticen estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, formación, remuneraciones y jubilación digna; en este punto intervinieron Ramiro Terán y Jorge Escala.

ACTA_036-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Henry Cuji para incorporar una resolución destinada a proteger los territorios y derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenani frente a actividades extractivas en el Yasuní, y de Línder Altafuya para exhortar al Gobierno Nacional a cancelar la deuda pendiente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; además, se aceptó postergar una iniciativa presentada por Saruka Rodríguez. Por otro lado, se aprobó incluir el tratamiento de una resolución sobre los hechos ocurridos en San José de Chimbo, propuesta por Hólger Chávez. Posteriormente, Fernando Flores y Luis Morales solicitaron reconsiderar la votación relacionada con la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de insistir en el texto aprobado originalmente por la Asamblea, pero la reconsideración fue negada incluso después de rectificarse la votación. Asimismo, se aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que permite a personas y colectivos acudir a mecanismos internacionales para reclamar vulneraciones de derechos como salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda y condiciones de vida adecuadas, una vez agotadas las instancias nacionales; defendieron su aprobación Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Linda Machuca y Rocío Valarezo. Finalmente, se debatió la resolución sobre el operativo policial realizado en Chimbo contra talleres de fabricación de armas, en el que Hólger Chávez, Juan Fernández, Gerardo Morán, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Vicente Taiano, Marco Murillo y otros legisladores denunciaron presuntos excesos de la fuerza pública, afectaciones a artesanos y la necesidad de investigar responsabilidades y generar alternativas laborales; mientras María Augusta Calle, Mao Moreno y otros asambleístas destacaron la necesidad de combatir la fabricación ilegal de armas y solicitar información completa sobre el operativo. La propuesta de suspender el debate para requerir un informe fue negada y, posteriormente, tampoco se aprobó la resolución planteada por Hólger Chávez.

ACTA_035-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate de la propuesta orientada a incorporar al ordenamiento jurídico nacional los derechos colectivos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de fortalecer el carácter plurinacional e intercultural del Estado, proteger la identidad, territorios, formas de organización, educación intercultural bilingüe, justicia propia, consulta previa y participación de los pueblos y nacionalidades. Edwin Vaca, Lourdes Tibán, Francisco Ulloa, Kléver García, Marco Murillo, Diana Atamaint, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Cléver Jiménez y otros legisladores defendieron la necesidad de reconocer y hacer efectivos estos derechos; mientras César Rodríguez, Nivea Vélez, Hólger Chávez, Betty Amores, Armando Aguilar, Gioconda Saltos, Carlos Velasco, María Augusta Calle, Aminta Buenaño y Betty Carrillo señalaron que el texto debía ser reformulado para convertir los principios internacionales en una normativa aplicable, con mecanismos de exigibilidad e inclusión expresa de pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y demás colectivos. También intervinieron Luis Morales, Zobeida Gudiño, Enrique Herrería y Vicente Taiano. Finalmente, Lourdes Tibán retiró la propuesta original, se negó el pedido de archivo planteado por Enrique Herrería y se dispuso que el tema vuelva a ser trabajado para elaborar una normativa integral sobre derechos colectivos. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, mediante la cual se otorgó inmunidad civil y penal limitada a las actuaciones, conclusiones, análisis y recomendaciones incorporadas en el informe final, así como medidas de reserva y protección para testigos y colaboradores. Washington Cruz, Línder Altafuya y Mao Moreno defendieron la norma como una garantía para esclarecer los hechos, proteger a los investigadores y resguardar la soberanía nacional; María Augusta Calle cuestionó la falta de protección a las fuentes y el posible alcance permanente de la inmunidad; y Fausto Cobo, Alfredo Ortiz, Kléver García, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo expresaron reparos sobre su constitucionalidad, la transparencia del informe, la posible persecución política y la necesidad de conocer plenamente la verdad. La ley fue aprobada luego de una rectificación de la votación.

ACTA_034-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Vicente Taiano para promover la enseñanza obligatoria sobre prevención de sismos y desastres naturales en los establecimientos educativos. Posteriormente, se debatió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la que se discutieron los alcances de la participación ciudadana, la iniciativa popular normativa, las consultas populares, las audiencias públicas, el control social, las veedurías, la rendición de cuentas, la transparencia y la posible inclusión de los medios de comunicación en estos mecanismos. Luis Morales planteó diferenciar los puntos en los que correspondía ratificarse en el texto original y aquellos en los que podía aceptarse la objeción; César Montúfar, Alfredo Ortiz, Juan Carlos López, Jimmy Pinoargote, Andrés Páez, Vicente Taiano, Marco Murillo y Lenín Chica cuestionaron disposiciones que, a su criterio, podían restringir la participación ciudadana o incorporar materias ajenas al proyecto, especialmente respecto de la rendición de cuentas de los medios de comunicación; Ramiro Terán formuló reparos sobre las limitaciones a consultas y mecanismos ciudadanos; Rolando Panchana defendió la transparencia del proceso constituyente; mientras Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza y María Soledad Vela solicitaron revisar con mayor profundidad las observaciones, por lo que se suspendió el debate y la votación para continuar el tratamiento en otra sesión. Asimismo, se conoció la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de una causa penal contra Galo Lara, presentada por Óscar Herrera Gilbert; Francisco Cisneros, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, Nivea Vélez, Mauro Andino, Roberto Rodríguez, Silvia Salgado, Hólger Chávez, Guillermina Cruz, Fernando Cordero, Enrique Herrería, Luis Morales y Galo Lara debatieron sobre la inmunidad parlamentaria, su relación con la fiscalización, la necesidad de evitar que se convierta en impunidad y la protección de las opiniones emitidas en el ejercicio de las funciones legislativas. Finalmente, se aprobó negar la autorización para iniciar la causa penal y exhortar a la Función Judicial, jueces, fiscales y tribunales a respetar las garantías vinculadas con la inmunidad parlamentaria. También se aprobó por unanimidad la resolución para exhortar al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación a incorporar capacitación sobre prevención, mitigación, gestión y manejo de riesgos naturales en todos los niveles educativos, promover actividades de prevención, utilizar horas cívicas para difundir estas acciones y reforzar la infraestructura escolar; intervinieron Vicente Taiano, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo y Gioconda Saltos, quienes propusieron incluir simulacros, mapas de evacuación, fortalecimiento de la infraestructura y un plan nacional de capacitación sobre riesgos y desastres.

ACTA_033-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Fernando Aguirre para suspender la posesión de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e investigar las denuncias sobre su proceso de designación; posteriormente, fueron posesionados como consejeros principales Patricia Ordeñana, David Rosero, Juana Miranda, Luis Pachala, Mónica Vanegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera, y como suplentes William Arias, Evans Herrera, Óscar Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera, Linda Vidal y Franklin Moreno. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la reforma penal y procesal penal, respecto de la cual María Paula Romo propuso acogerse a las correcciones relacionadas con penas, contravenciones, procedimientos de archivo y garantías para los denunciantes, pero mantener el texto aprobado sobre la restitución de determinados delitos como de acción pública y la protección de los procesos previamente archivados; la propuesta fue aprobada. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, luego de que Betty Amores defendiera las precisiones sobre rectoría, interconexión, financiamiento y plazos de implementación; Paco Moncayo cuestionó errores de forma y redacción en los proyectos legislativos, mientras Alfredo Ortiz planteó mantener ciertos plazos y garantizar que la información de entidades como la Superintendencia de Compañías se integre al sistema. De igual manera, se aprobó la reforma penal para regular los delitos cometidos en el servicio militar y policial, impulsada por María Paula Romo, orientada a consolidar la unidad jurisdiccional, eliminar los fueros especiales, establecer delitos de función, incorporar garantías del debido proceso y normas de Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, se aprobó la resolución para declarar el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y exhortar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía a desarrollar acciones permanentes contra el racismo; Fernando Bustamante destacó la necesidad de combatir toda forma de exclusión, Rodolfo Baquerizo solicitó la votación inmediata, María Cristina Kronfle propuso reforzar el carácter progresivo de las medidas, Viviana Bonilla planteó ajustes de redacción institucional, Pedro de la Cruz resaltó la persistencia de prácticas discriminatorias, Gabriel Rivera defendió la interculturalidad y Fausto Cobo expresó su respaldo a la resolución, que incorporó las observaciones presentadas.

ACTA_032-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Víctor Quirola para incorporar una resolución de rechazo a la inclusión del Ecuador en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional, relacionada con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de ley orientado a derogar una norma de la Ley de Migración que imponía multas a personas extranjeras en situación irregular y a establecer medidas de exoneración económico-tributaria para ciudadanas y ciudadanos haitianos que hubieran ingresado al Ecuador hasta el 31 de enero de 2010, en atención a la emergencia humanitaria causada por el terremoto en Haití. Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Mauro Andino y Vicente Taiano defendieron la derogatoria por considerar que la disposición contravenía principios constitucionales de igualdad, movilidad humana, ciudadanía universal, debido proceso y prohibición de doble sanción, además de dificultar la regularización migratoria y generar situaciones de vulnerabilidad; también resaltaron la necesidad de exonerar multas, reembolsar pagos realizados y garantizar la reunificación familiar de las personas haitianas. Por su parte, Wladimir Vargas, Edwin Vaca, Fausto Cobo, Sonia Mejía, Hugo Quevedo, Tomás Zevallos y Fernando Aguirre cuestionaron que el trámite se calificara como urgente en materia económica y advirtieron que la derogatoria podía beneficiar a personas extranjeras de todas las nacionalidades, afectar los controles migratorios, incrementar la presión sobre el empleo y dejar sin sanción determinadas infracciones, por lo que propusieron limitar los beneficios exclusivamente a ciudadanos haitianos y, en algunos casos, también a ciudadanos chilenos afectados por el terremoto. María Augusta Calle cuestionó los argumentos que relacionaban la migración con inseguridad y desempleo, alertó sobre casos de xenofobia y explotación contra personas en situación irregular, y propuso votar separadamente cada disposición, moción que fue aprobada. Finalmente, se aprobó la derogatoria de la disposición migratoria, así como las medidas para exonerar multas y otros pagos pendientes de ciudadanos haitianos, reembolsar los valores ya cancelados por visas y sanciones, y reconocer su derecho a la reunificación familiar con cónyuges, parejas, hijos menores de edad y determinados parientes huérfanos; la reconsideración planteada por Gabriel Rivera fue negada.

ACTA_031-C-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se sometió a votación el proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, luego de que Jorge Escala, con el respaldo de Kléver Jiménez, Diana Atamaint, Línder Altafuya, Ramiro Terán, Gerónimo Yantalema y Marlene Castro, propusiera que el texto se vote por capítulos, argumentando que respaldaban disposiciones relacionadas con las circunscripciones territoriales indígenas, el fortalecimiento presupuestario de las juntas parroquiales y la vigencia de recursos para determinadas provincias, pero cuestionaban normas que, a su criterio, podían permitir nuevos tributos, incrementos en combustibles, impuesto al rodaje y cobros por obras públicas. Virgilio Hernández defendió el texto final, señalando que incorporaba aportes de asambleístas, gobiernos locales y organizaciones territoriales, precisaba las competencias exclusivas, concurrentes y privativas de cada nivel de gobierno, fortalecía la autonomía política, administrativa y financiera, reconocía las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, garantizaba recursos para los gobiernos autónomos descentralizados mediante una fórmula de distribución equitativa y asignaba por primera vez un porcentaje específico para las juntas parroquiales rurales; además, aclaró que se incluyó una fe de erratas para corregir aspectos técnicos y asegurar que las asignaciones consideren los recursos que legalmente correspondían a cada gobierno local. La moción de votar por capítulos fue negada con cuarenta y seis votos afirmativos, sesenta y siete negativos, cuatro blancos y cuatro abstenciones. Posteriormente, se aprobó el Código con ochenta votos afirmativos, diez negativos, dos blancos y treinta abstenciones; finalmente, César Rodríguez solicitó reconsiderar la votación, pero su moción fue negada con treinta y cuatro votos afirmativos, setenta y ocho negativos, tres blancos y siete abstenciones, quedando aprobada de manera definitiva la normativa.

ACTA_031-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el que se discutieron la relación entre autonomía y unidad del Estado, la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, la rectoría estatal, la planificación territorial, la participación ciudadana, el control social, la asistencia técnica y el financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Gioconda Saltos, Vicente Taiano, Juan Carlos López, Andrés Roche y Consuelo Flores expresaron preocupaciones sobre posibles limitaciones a la autonomía local, la claridad de la fórmula de asignación de recursos, la regionalización, la intervención de entidades nacionales en competencias locales y las disposiciones de expropiación para vivienda de interés social; mientras Mao Moreno, Damasio Santos, Marisol Peñafiel, Gido Vargas, Fernando Bustamante, Hólger Chávez, Zobeida Gudiño, Vethowen Chica y Virgilio Hernández defendieron el Código como un instrumento para superar inequidades históricas, fortalecer a juntas parroquiales, municipios y provincias, mejorar la descentralización y establecer una distribución más justa de recursos. También se debatió la vigencia y alcance de los fondos especiales para Loja, la Amazonía y las provincias vinculadas a proyectos hidroeléctricos, así como la posible inclusión de Chimborazo en la distribución de recursos de la Ley Cero Cuarenta y Siete; en este punto intervinieron Gioconda Saltos, Fernando González, Juan Carlos López, Raúl Abad, Fernando Cordero, Gido Vargas, Zobeida Gudiño y Vethowen Chica. Vanessa Fajardo solicitó considerar a Santa Elena en la distribución de beneficios derivados de la actividad petrolera; Dora Aguirre propuso salvaguardias para los bienes inmuebles de personas migrantes; Rolando Panchana planteó precisiones sobre biodiversidad, pesca, acuacultura y política ambiental; y Rodolfo Baquerizo insistió en que la población también debía ser considerada en los criterios de equidad territorial. Al cerrar el debate, Virgilio Hernández informó que la Comisión había recibido más de setenta observaciones por escrito y se comprometió a sistematizarlas antes de continuar el trámite, por lo que no se aprobó todavía el Código. Posteriormente, se aprobó el acuerdo propuesto por Henry Cuji, con observaciones de Pedro de la Cruz, para rendir homenaje a la mujer ecuatoriana e instituir el natalicio de Tránsito Amaguaña como Día de la Plurinacionalidad y la Interculturalidad, destacando su legado en la lucha por los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Nívea Vélez, María Paula Romo e Irina Cabezas para reconocer el aporte de las mujeres ecuatorianas y exhortar a las instituciones públicas a garantizar la representación paritaria de mujeres y hombres en los espacios de decisión y dirección.

ACTA_031-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para incorporar un homenaje a la mujer ecuatoriana y a Tránsito Amaguaña, así como una propuesta para promover la igualdad real entre mujeres y hombres en los organismos públicos, iniciativas sustentadas por Henry Cuji y Nívea Vélez. También se realizó la presentación oficial de la Constitución de la República en kichwa, como instrumento de difusión de derechos y fortalecimiento de la interculturalidad, con la participación de Bernardo Chango Jerez, Pedro de la Cruz, José Caiza y César Guanolema. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, orientado a reorganizar los gobiernos autónomos descentralizados, definir competencias, fortalecer la descentralización, la participación ciudadana, los regímenes especiales, las circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y montubias, y establecer un modelo de distribución de recursos basado en la equidad territorial. Virgilio Hernández defendió la propuesta como un mecanismo para superar desigualdades históricas y garantizar recursos y competencias para todos los niveles de gobierno; Paco Moncayo respaldó el fortalecimiento del Estado y de los gobiernos locales; mientras Andrés Roche cuestionó posibles limitaciones a la autonomía y una excesiva vinculación de los planes locales con la planificación nacional. Jorge Escala, Cléver Jiménez, Luis Morales y Tomás Zevallos expresaron preocupaciones sobre la creación de tributos, la privatización de servicios públicos, la eliminación o congelamiento de recursos destinados a la Amazonía y los efectos de las disposiciones relacionadas con las Leyes 010, 047 y 122. Aminta Buenaño y María Soledad Vela propusieron incorporar normas de gestión de riesgos, prevención ante desastres, protección de grupos de atención prioritaria, niñez y adolescencia, y fortalecimiento de los mecanismos de igualdad. Rocío Valarezo, Juan Carlos Cassinelli, Kléver García y Alfredo Ortiz plantearon ajustes sobre competencias, fiscalización, transporte, expropiaciones, funciones de autoridades locales, financiamiento, Galápagos y recursos para juntas parroquiales. Guillermina Cruz solicitó aclarar la vigencia de los recursos amazónicos y revisar la distribución territorial; Carlos Velasco destacó la necesidad de combatir la pobreza y garantizar la gratuidad de salud y educación; y Eduardo Encalada respaldó una redistribución más equitativa de recursos y propuso ampliar beneficios tributarios para adquisición de vivienda. Finalmente, al no concluir el debate ni producirse una votación definitiva del proyecto, se suspendió la sesión para continuar su tratamiento en una próxima convocatoria.

ACTA_031-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, centrado en la definición de competencias, autonomía, planificación, participación ciudadana y distribución equitativa de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Edwin Vaca propuso una atención preferencial para las provincias fronterizas por la presencia de población refugiada y planteó impulsar una norma específica de desarrollo fronterizo; Paola Pabón, César Rodríguez, José Picoita, Mary Verduga, Gina Godoy y Armando Aguilar defendieron el Código como una herramienta para superar el centralismo, fortalecer las juntas parroquiales, ordenar competencias y establecer una distribución más justa de recursos. Gilmar Gutiérrez, Francisco Cisneros, Andrés Páez, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Francisco Ulloa y Nivea Vélez expresaron reparos sobre posibles limitaciones a la autonomía, la fórmula de redistribución, la creación de tributos, la delegación de servicios públicos y las disposiciones sobre expropiación de inmuebles para vivienda de interés social. Ángel Vilema solicitó reconocer los costos de insularidad de Galápagos; Xavier Tomalá y Jimmy Pinoargote plantearon mayores recursos y competencias para Santa Elena, particularmente por la explotación petrolera y el turismo; Rafael Dávila y Nivea Vélez defendieron la permanencia de recursos destinados a Loja; Magali Orellana, Guillermina Cruz, Francisco Cisneros y otros representantes amazónicos solicitaron garantizar los fondos de compensación para esa región; mientras Paco Fierro, Mauro Andino, María Molina y Jaime Abril debatieron la distribución de beneficios vinculados con la generación hidroeléctrica y las provincias afectadas. Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Lourdes Tibán formularon observaciones sobre las circunscripciones territoriales indígenas, el reconocimiento de comunas, pueblos y nacionalidades, la consulta conforme a sus procedimientos propios y el respeto a la libre determinación. Pedro de la Cruz y Jaime Abril solicitaron proteger la gestión pública y comunitaria del agua y del riego; Silvia Salgado planteó evitar que la educación y la salud sean tratadas como servicios sujetos a delegación; Línder Altafuya cuestionó que la regionalización pudiera imponerse sin consulta popular; y Richard Guillén, Marllely Vásconez, Fausto Cobo, Galo Vaca, Cynthia Viteri, Luis Morales y Gabriel Rivera también presentaron observaciones sobre financiamiento, competencias, participación y autonomía local. Finalmente, al permanecer pendientes varias intervenciones y temas adicionales incorporados al orden del día, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto en una próxima convocatoria.

ACTA_030-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para tratar una resolución de solidaridad con Chile tras el terremoto y una resolución sobre los descuentos de transporte para residentes de Galápagos; en cambio, se negaron las propuestas de Gilmar Gutiérrez para suspender y auditar el proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de Víctor Quirola para debatir una resolución frente a la inclusión del Ecuador en una lista internacional relacionada con prevención de lavado de activos. Posteriormente, se realizó el primer debate de la propuesta orientada a regularizar la situación migratoria de las ciudadanas y ciudadanos haitianos en el Ecuador, exonerarlos de multas y facilitar la reunificación familiar a raíz del terremoto ocurrido en Haití. Gabriel Rivera, Linda Machuca, Francisco Ulloa, Eduardo Zambrano y Fernando Bustamante defendieron el carácter humanitario de la medida, la ciudadanía universal, la protección de derechos y la necesidad de eliminar sanciones que afectaban principalmente a personas en condición de vulnerabilidad; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo, Luis Almeida, Leandro Cadena, Vicente Taiano, Gastón Gagliardo, Cléver Jiménez, Fernando Aguirre, Silvia Kon, Luis Morales, Henry Cuji, Grace Almeida, Gioconda Saltos y Armando Aguilar cuestionaron la denominación de amnistía, la calificación de urgencia económica, la derogatoria general de la norma migratoria y sus posibles efectos sobre personas de otras nacionalidades, proponiendo que la ayuda se limite a una exoneración específica para ciudadanos haitianos. Patricio Rodríguez planteó ajustes de redacción, la sustitución de expresiones por acción afirmativa y la necesidad de elaborar una normativa integral sobre movilidad humana. El debate quedó abierto para que la Comisión incorpore las observaciones y prepare el informe para segundo debate. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución propuesta por Fernando Bustamante, mediante la cual se expresó solidaridad, condolencia y apoyo humanitario al pueblo de Chile. Finalmente, se aprobó la resolución promovida por Alfredo Ortiz para exigir el cumplimiento del beneficio de descuento en el transporte aéreo y marítimo para residentes permanentes y temporales de Galápagos, cuestionando las restricciones establecidas mediante decreto; en este punto intervinieron Ángel Vilema, Geovany Veintimilla y María Augusta Calle.

ACTA_029-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, orientada a responder a la inseguridad y evitar la impunidad en determinados delitos. La norma incorporó como agravante el homicidio cometido contra miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, fiscales y jueces de garantías penales en el ejercicio de sus funciones; fortaleció la sanción para quienes oculten, custodien, transporten, vendan o transfieran bienes, cosas o semovientes robados o cuya procedencia legal no pueda justificarse; redujo el monto para considerar al hurto como contravención al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada y estableció que la reincidencia sea tratada como delito. Además, restituyó como delitos de acción pública la estafa, el hurto, la violación de domicilio, la revelación de secretos de fábrica y determinadas lesiones; incorporó la prohibición de enajenar como medida cautelar real, reforzó el registro de detenciones para conocimiento de la Fiscalía, devolvió a los jueces la facultad de emitir el auto resolutorio correspondiente y eliminó la apelación del auto de llamamiento a juicio para evitar dilaciones procesales. Durante el debate, Vicente Taiano, Mauro Andino, Andrés Páez y María Paula Romo defendieron la reforma como una respuesta legislativa frente a la delincuencia, mientras Fernando Bustamante planteó precisiones sobre la proporcionalidad y finalidad de las medidas; Luis Almeida, César Rodríguez, Línder Altafuya, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Gilmar Gutiérrez y Tito Nilton Mendoza cuestionaron aspectos relacionados con la presunción de inocencia, la prisión preventiva, la apelación y la proporcionalidad de las sanciones. Leonardo Viteri propuso incluir los semovientes en la regulación de bienes robados; Lourdes Tibán solicitó garantizar el respeto a la jurisdicción indígena; y Hólger Chávez propuso extender la protección penal a fiscales y jueces. Finalmente, María Paula Romo informó que se acogieron varias observaciones, entre ellas la eliminación de la posibilidad de dictar prisión preventiva para delitos con penas inferiores a un año, la inclusión de una auditoría externa a jueces y fiscales, el reconocimiento de la jurisdicción indígena y la ampliación de la protección a operadores de justicia; la reforma fue aprobada con setenta y ocho votos afirmativos, sin votos negativos, un voto en blanco y veintinueve abstenciones.

ACTA_028-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Andrés Páez para incorporar el tratamiento de la terminación del encargo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, mientras que se aprobó incluir una resolución sobre la situación de sequía y actividad volcánica en la Sierra central. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, orientado a organizar, transparentar y optimizar el manejo de los inmuebles estatales mediante el Instituto de Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado, INMOBILIAR; César Gracia defendió la necesidad de contar con una institución especializada, mientras Paco Moncayo, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, César Rodríguez, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Guillermina Cruz, Vanessa Fajardo, Edwin Vaca, Mauro Andino, Lenín Chica, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos y Betty Amores formularon observaciones sobre el alcance de la ley, la autonomía de las distintas entidades públicas, la administración de bienes en litigio o incautados, la situación de las instituciones financieras, los mecanismos de transferencia, avalúo, venta, control, rendición de cuentas, responsabilidad de los funcionarios y el uso social de los inmuebles para educación, salud y grupos de atención prioritaria; al concluir, se dispuso remitir observaciones por escrito para preparar el informe correspondiente. Asimismo, se aprobó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, presentada por Luis Morales, que regula mecanismos de democracia directa, iniciativa popular normativa, consulta popular, revocatoria del mandato, participación de organizaciones sociales, presupuestos participativos, audiencias públicas, silla vacía, veedurías, rendición de cuentas y acceso a la información pública, con ochenta y dos votos afirmativos, ocho negativos, cuatro votos en blanco y quince abstenciones. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Marco Murillo y Luis Morales para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi ante los efectos de la sequía, las pérdidas agrícolas y ganaderas y el incremento de la actividad del volcán Tungurahua, solicitando medidas de reactivación económica, salud, atención a pequeños y medianos productores, así como obras viales y habitacionales en los cantones afectados; intervinieron Marco Murillo, Mauro Andino, Grace Almeida, Hólger Chávez, Gerónimo Yantalema y Juan Carlos López, y la resolución fue aprobada con ciento cinco votos afirmativos, sin votos negativos, tres blancos y cinco abstenciones.

ACTA_027-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se guardó un minuto de silencio en homenaje a los héroes del Cenepa, a propuesta de Paco Moncayo, y se recibió a la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyo representante Juan Ruales solicitó que se preserve su autonomía institucional dentro del proyecto de Ley de Culturas. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión de la Verdad, destinada a proteger a sus integrantes, colaboradores y testigos frente a acciones civiles o penales derivadas de sus labores investigativas, garantizar la reserva de información y facilitar medidas de protección para quienes participaran en el esclarecimiento de posibles violaciones de derechos humanos; María Paula Romo, Fernando Bustamante, Jorge Escala, César Montúfar y Tomás Zevallos defendieron la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y evitar represalias, mientras Vicente Taiano, Enrique Herrería, Kléver García, Jorge Fadul, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram y Leonardo Viteri cuestionaron la constitucionalidad de otorgar inmunidad, la imparcialidad de la Comisión y la falta de información sobre el contenido de su informe. También se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que regula la organización, interconexión, publicidad, protección y administración de la información contenida en registros públicos, incluidos los de propiedad y mercantiles; Francisco Velasco, Betty Amores, Yandri Brunner, Andrés Roche, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, Andrés Páez y Rodolfo Baquerizo debatieron principalmente sobre el régimen de transición, la infraestructura de las nuevas oficinas, la situación laboral de las y los trabajadores y las responsabilidades de los registradores salientes. Asimismo, se aprobó una resolución que rechazó el fallo de los conjueces en el caso Filanbanco, por considerar que podía favorecer la impunidad respecto de los presuntos responsables del perjuicio ocasionado al Estado, y se exhortó a las autoridades competentes a investigar las actuaciones judiciales y continuar el seguimiento del caso; intervinieron Línder Altafuya, Rolando Panchana, Jorge Escala, Rodolfo Baquerizo, María Paula Romo y Gioconda Saltos. De igual manera, se debatieron las actuaciones del fiscal general Washington Pesántez en relación con las presuntas irregularidades surgidas tras el accidente de tránsito en el que falleció Natalia Emme Bedoya; Silvia Salgado, Guillermina Cruz, Cynthia Viteri, Francisco Velasco, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Marco Murillo, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Paola Pabón, Enrique Herrería, Marisol Peñafiel, Luis Almeida, César Rodríguez, César Montúfar, Linda Machuca, Luis Morales, César Gracia y María Paula Romo expusieron posiciones sobre la imparcialidad de la Fiscalía, el respeto a los derechos de la víctima y la posible responsabilidad de sus funcionarios. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó las actuaciones de la Fiscalía, solicitó la destitución de los funcionarios que respaldaron un comunicado público sobre el caso, dispuso mantener vigilancia legislativa y consideró necesaria la renuncia inmediata del Fiscal General; la reconsideración solicitada por Francisco Velasco fue negada. También se aprobó por unanimidad un homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, propuesto por Marisol Peñafiel, en reconocimiento a su defensa de los pueblos indígenas, campesinos y sectores excluidos, su aporte a la educación y alfabetización, y la difusión de sus valores de justicia, solidaridad y paz.

ACTA_026-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un proyecto de resolución de apoyo y solidaridad con la República de Haití, propuesto por Fernando Bustamante, tras el terremoto que afectó a ese país. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de reforma penal para la tipificación y juzgamiento de los delitos cometidos en el servicio policial y militar, orientado a eliminar los fueros especiales y consolidar la unidad jurisdiccional, de modo que los delitos de función sean conocidos por jueces especializados de la Función Judicial y los delitos comunes por la justicia ordinaria. María Paula Romo y Mauro Andino defendieron la necesidad de adecuar la normativa a la Constitución, diferenciar los delitos de función de las infracciones disciplinarias, regular la obediencia debida, establecer tipos penales aplicables a militares y policías e incorporar normas de Derecho Internacional Humanitario; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo y Vicente Taiano formularon observaciones sobre las diferencias constitucionales, operativas y doctrinarias entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la inclusión de personal movilizado y reservistas, el tratamiento de la deserción, la sedición, las operaciones militares y policiales, la obediencia a autoridades civiles y los conceptos relacionados con estados de excepción y conflicto armado. Fernando Bustamante planteó precisar la intencionalidad en delitos como la alteración de evidencias, la traición a la patria y las acciones hostiles, así como incorporar agravantes por actos motivados por odio o discriminación; Juan Carlos Cassinelli solicitó evitar duplicidades entre insubordinación y sedición, revisar la proporcionalidad de las sanciones por abuso de facultades y proteger expresamente a las personas asiladas; y César Rodríguez propuso aclarar el alcance del juzgamiento de civiles que participen en delitos de función y eliminar disposiciones que pudieran mantener centros de detención especiales como privilegio para militares o policías. Finalmente, María Paula Romo solicitó suspender el debate para integrar las observaciones y remitir un texto revisado para votación posterior, por lo que el proyecto no fue aprobado en esta sesión. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución de solidaridad con Haití, mediante la cual se expresó respaldo al pueblo haitiano y a las víctimas del terremoto, se exhortó a la ciudadanía y a la Función Legislativa a contribuir con ayuda humanitaria y se reconoció la labor de los efectivos ecuatorianos de la Misión de las Naciones Unidas y de la Fuerza Interinstitucional de Rescate que se trasladaría a Puerto Príncipe. En este tema intervinieron Fernando Bustamante, Pamela Falconí, Linda Machuca, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Leonardo Viteri, Gioconda Saltos, Rodolfo Baquerizo, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Elvis Maldonado, Guillermina Cruz y Lídice Larrea, quienes plantearon donaciones voluntarias, provisión de alimentos y equipos para los rescatistas, campañas de donación de sangre, asistencia médica y apoyo a las personas ecuatorianas que residían en Haití.

ACTA_025-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la incorporación al orden del día de la propuesta presentada por Tomás Zevallos para tratar la revocatoria del encargo del Superintendente de Telecomunicaciones y la situación de Radio La Voz de Arútam, mientras que se aprobó incluir el proyecto de resolución sobre la iniciativa Yasuní-ITT planteado por Jorge Escala. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, orientado a regular la participación individual y colectiva en la gestión pública, la democracia directa, la iniciativa popular normativa, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las organizaciones sociales, el voluntariado, la participación en los distintos niveles de gobierno, la planificación y los presupuestos participativos, la silla vacía, las veedurías, el control social, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. El principal debate se centró en la inclusión efectiva de comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; el carácter vinculante de la consulta previa; la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados; la representación en los consejos de planificación; la participación de las personas ecuatorianas en el exterior; y la posibilidad de que la silla vacía intervenga con voz y voto, aspecto respaldado por Luis Morales, Pedro de la Cruz, Paola Pabón, Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli, pero cuestionado por Leandro Cadena, Juan Carlos López, Fernando Bustamante y otros legisladores por considerar que podía afectar la representatividad o generar conflictos en los gobiernos locales. María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Eduardo Zambrano, Virgilio Hernández y Hólger Chávez insistieron en fortalecer el enfoque intercultural, plurinacional y colectivo de la norma, así como en garantizar mecanismos propios de representación para pueblos y nacionalidades; mientras Paco Moncayo, César Montúfar, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Rodolfo Baquerizo, Mercedes Diminich, Ramiro Terán, José Picoita, Armando Aguilar, Lenín Chica, María Augusta Calle, Gioconda Saltos, Dora Aguirre y otros asambleístas formularon observaciones sobre la aplicación práctica de los mecanismos de participación, los porcentajes requeridos para consultas y revocatorias, la rendición de cuentas, el control constitucional y la necesidad de evitar la politización o cooptación de la participación ciudadana. Al finalizar este punto, Fernando Cordero cerró el debate y dispuso que no se votara el proyecto en esa sesión, a fin de que la Comisión procese las observaciones presentadas. Asimismo, se aprobó la resolución propuesta por Scheznarda Fernández para exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Manabí, incrementar los efectivos policiales y movilizar recursos y personal de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad, los robos, el sicariato y la presunta presencia de actividades vinculadas con grupos irregulares; en este tema intervinieron, entre otros, Saruka Rodríguez, Leandro Cadena, Gabriel Rivera, Leonardo Viteri, Gido Vargas, Sylvia Kon, Lenín Chica, María Soledad Vela, Richard Guillén, Fernando Bustamante y Andrés Roche. Finalmente, se aprobó una resolución de respaldo a la iniciativa Yasuní-ITT, mediante la cual se ratificó la defensa de mantener bajo tierra las reservas del campo ITT y se exhortó al Gobierno Nacional a continuar una negociación soberana que permita proteger la naturaleza y la biodiversidad; participaron Jorge Escala, Tomás Zevallos, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Rosana Alvarado, Francisco Cisneros, Ramiro Terán y María Paula Romo.