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001_CONVOCATORIA_SESION_103-AN-2025-2029_22-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), regular las aportaciones estatales y de los afiliados, proteger las prestaciones de los militares en servicio activo y pasivo y sus familias, y cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Marcos Alvarado, Naila Quintana, Ricardo Patiño, Christopher Jaramillo, Patricia Núñez, Pablo Jurado, Rubén Barberán y Jhajaira Urresta, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, los derechos adquiridos de los afiliados, el régimen de jubilaciones y pensiones, la responsabilidad del Estado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del ISSFA sin afectar los derechos de sus beneficiarios; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento Artesanal, con la intervención del asambleísta Alejandro Lara, quien explicó las observaciones identificadas durante el tratamiento de los proyectos unificados, relacionadas con la necesidad de actualizar el marco normativo del sector artesanal, garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los artesanos y fortalecer su desarrollo económico y productivo; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la moción presentada por Alejandro Lara para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a diversas personas naturales y jurídicas, en el marco de los procesos de contratación para la generación eléctrica y las investigaciones relacionadas con el destino de los recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Ana Tapia, Mireya Pazmiño, Juan Reyes, Blasco Luna, Esteban Torres, Pamela Aguirre, Adrián Castro, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Ana Yela, María Villacreses, César Palacios, Álex Morán, Mariana Yumbay, Christopher Jaramillo, Keevin Gallardo, Juan González, Mauricio Ordóñez, Ricardo Patiño y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre la trazabilidad de las transferencias financieras, la identificación de los beneficiarios, las actuaciones de las instituciones competentes, las posibles responsabilidades derivadas de los contratos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y recuperación de los recursos públicos; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Ana Tapia, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de fiscalización sobre la ruta de los fondos entregados por Progen y presente un informe con sus conclusiones y recomendaciones en el plazo de 30 días, además de remitir la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervinieron Mauricio Ordóñez, Ana Tapia y Jhajaira Urresta, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el respaldo institucional a los servidores policiales que enfrentan procesos o sanciones derivados de procedimientos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones, la investigación de la ruta de los fondos de Progen y el análisis de los proyectos paralizados o con avance deficiente en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la asignación de recursos públicos para el subsidio del transporte, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general intervino Martha Chaves, representante de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Chaves, institución que recibió una condecoración y reconocimientos para sus estudiantes y un docente. Se registró la principalización de Nery Merizalde, alterno del asambleísta Johnny Terán. La sesión fue presidida por Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_112-AN-2025-2029_31-07-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

001_CONVOCATORIA_SESION_114-AN-2025-2029_10-08-26.emlEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_115-AN-2025-2029_11-08-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_DE_SUSTANCIACION_DE_JUCIO_POLITICO_24-07-26.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

002_INFORME_PARA _PRIMER_DEBATE_16-08-26.pdfEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_05-08-26.pdfEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PRIMER_DEBATE_LEY_ISSFA_14-04-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), regular las aportaciones estatales y de los afiliados, proteger las prestaciones de los militares en servicio activo y pasivo y sus familias, y cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Marcos Alvarado, Naila Quintana, Ricardo Patiño, Christopher Jaramillo, Patricia Núñez, Pablo Jurado, Rubén Barberán y Jhajaira Urresta, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, los derechos adquiridos de los afiliados, el régimen de jubilaciones y pensiones, la responsabilidad del Estado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del ISSFA sin afectar los derechos de sus beneficiarios; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento Artesanal, con la intervención del asambleísta Alejandro Lara, quien explicó las observaciones identificadas durante el tratamiento de los proyectos unificados, relacionadas con la necesidad de actualizar el marco normativo del sector artesanal, garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los artesanos y fortalecer su desarrollo económico y productivo; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la moción presentada por Alejandro Lara para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a diversas personas naturales y jurídicas, en el marco de los procesos de contratación para la generación eléctrica y las investigaciones relacionadas con el destino de los recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Ana Tapia, Mireya Pazmiño, Juan Reyes, Blasco Luna, Esteban Torres, Pamela Aguirre, Adrián Castro, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Ana Yela, María Villacreses, César Palacios, Álex Morán, Mariana Yumbay, Christopher Jaramillo, Keevin Gallardo, Juan González, Mauricio Ordóñez, Ricardo Patiño y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre la trazabilidad de las transferencias financieras, la identificación de los beneficiarios, las actuaciones de las instituciones competentes, las posibles responsabilidades derivadas de los contratos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y recuperación de los recursos públicos; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Ana Tapia, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de fiscalización sobre la ruta de los fondos entregados por Progen y presente un informe con sus conclusiones y recomendaciones en el plazo de 30 días, además de remitir la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervinieron Mauricio Ordóñez, Ana Tapia y Jhajaira Urresta, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el respaldo institucional a los servidores policiales que enfrentan procesos o sanciones derivados de procedimientos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones, la investigación de la ruta de los fondos de Progen y el análisis de los proyectos paralizados o con avance deficiente en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la asignación de recursos públicos para el subsidio del transporte, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general intervino Martha Chaves, representante de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Chaves, institución que recibió una condecoración y reconocimientos para sus estudiantes y un docente. Se registró la principalización de Nery Merizalde, alterno del asambleísta Johnny Terán. La sesión fue presidida por Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_103-AN-2025-2029_PLENO_24-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), regular las aportaciones estatales y de los afiliados, proteger las prestaciones de los militares en servicio activo y pasivo y sus familias, y cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Marcos Alvarado, Naila Quintana, Ricardo Patiño, Christopher Jaramillo, Patricia Núñez, Pablo Jurado, Rubén Barberán y Jhajaira Urresta, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, los derechos adquiridos de los afiliados, el régimen de jubilaciones y pensiones, la responsabilidad del Estado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del ISSFA sin afectar los derechos de sus beneficiarios; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento Artesanal, con la intervención del asambleísta Alejandro Lara, quien explicó las observaciones identificadas durante el tratamiento de los proyectos unificados, relacionadas con la necesidad de actualizar el marco normativo del sector artesanal, garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los artesanos y fortalecer su desarrollo económico y productivo; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la moción presentada por Alejandro Lara para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a diversas personas naturales y jurídicas, en el marco de los procesos de contratación para la generación eléctrica y las investigaciones relacionadas con el destino de los recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Ana Tapia, Mireya Pazmiño, Juan Reyes, Blasco Luna, Esteban Torres, Pamela Aguirre, Adrián Castro, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Ana Yela, María Villacreses, César Palacios, Álex Morán, Mariana Yumbay, Christopher Jaramillo, Keevin Gallardo, Juan González, Mauricio Ordóñez, Ricardo Patiño y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre la trazabilidad de las transferencias financieras, la identificación de los beneficiarios, las actuaciones de las instituciones competentes, las posibles responsabilidades derivadas de los contratos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y recuperación de los recursos públicos; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Ana Tapia, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de fiscalización sobre la ruta de los fondos entregados por Progen y presente un informe con sus conclusiones y recomendaciones en el plazo de 30 días, además de remitir la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervinieron Mauricio Ordóñez, Ana Tapia y Jhajaira Urresta, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el respaldo institucional a los servidores policiales que enfrentan procesos o sanciones derivados de procedimientos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones, la investigación de la ruta de los fondos de Progen y el análisis de los proyectos paralizados o con avance deficiente en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la asignación de recursos públicos para el subsidio del transporte, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general intervino Martha Chaves, representante de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Chaves, institución que recibió una condecoración y reconocimientos para sus estudiantes y un docente. Se registró la principalización de Nery Merizalde, alterno del asambleísta Johnny Terán. La sesión fue presidida por Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_112-AN-2025-2029_PLENO_31-07-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

003_ACTA_114-AN-2025-2029_PLENO_12-08-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_115-AN-2025-2029_PLENO_13-08-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 103, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), regular las aportaciones estatales y de los afiliados, proteger las prestaciones de los militares en servicio activo y pasivo y sus familias, y cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Marcos Alvarado, Naila Quintana, Ricardo Patiño, Christopher Jaramillo, Patricia Núñez, Pablo Jurado, Rubén Barberán y Jhajaira Urresta, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, los derechos adquiridos de los afiliados, el régimen de jubilaciones y pensiones, la responsabilidad del Estado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del ISSFA sin afectar los derechos de sus beneficiarios; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento Artesanal, con la intervención del asambleísta Alejandro Lara, quien explicó las observaciones identificadas durante el tratamiento de los proyectos unificados, relacionadas con la necesidad de actualizar el marco normativo del sector artesanal, garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los artesanos y fortalecer su desarrollo económico y productivo; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la moción presentada por Alejandro Lara para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a diversas personas naturales y jurídicas, en el marco de los procesos de contratación para la generación eléctrica y las investigaciones relacionadas con el destino de los recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Ana Tapia, Mireya Pazmiño, Juan Reyes, Blasco Luna, Esteban Torres, Pamela Aguirre, Adrián Castro, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Ana Yela, María Villacreses, César Palacios, Álex Morán, Mariana Yumbay, Christopher Jaramillo, Keevin Gallardo, Juan González, Mauricio Ordóñez, Ricardo Patiño y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre la trazabilidad de las transferencias financieras, la identificación de los beneficiarios, las actuaciones de las instituciones competentes, las posibles responsabilidades derivadas de los contratos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y recuperación de los recursos públicos; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Ana Tapia, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de fiscalización sobre la ruta de los fondos entregados por Progen y presente un informe con sus conclusiones y recomendaciones en el plazo de 30 días, además de remitir la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervinieron Mauricio Ordóñez, Ana Tapia y Jhajaira Urresta, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el respaldo institucional a los servidores policiales que enfrentan procesos o sanciones derivados de procedimientos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones, la investigación de la ruta de los fondos de Progen y el análisis de los proyectos paralizados o con avance deficiente en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la asignación de recursos públicos para el subsidio del transporte, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general intervino Martha Chaves, representante de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Chaves, institución que recibió una condecoración y reconocimientos para sus estudiantes y un docente. Se registró la principalización de Nery Merizalde, alterno del asambleísta Johnny Terán. La sesión fue presidida por Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 112, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

Sesion 114, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 115, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.