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Sesion 108, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), unificado, orientado a actualizar el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía política, administrativa y financiera, precisar las competencias de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, garantizar la continuidad de las obras públicas, fortalecer las atribuciones de fiscalización de los concejales y establecer mecanismos de control y responsabilidad de las autoridades locales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Adrián Castro, Saadin Serrano, Gustavo Mateus, Dina Farinango, Fabiola Sanmartín, Nathaly Orellana, Luis Molina, Milton Aguas, Julio Lasso, Henry Bósquez, Franklin Samaniego, Jorge Guevara, Pamela Aguirre y Alejandro Vanegas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la distribución de competencias entre municipios y prefecturas, la planificación territorial y la vialidad rural, la autonomía de los gobiernos locales frente a las competencias del Gobierno central, la asignación de recursos económicos, los procedimientos para la autorización de infraestructura de telecomunicaciones, las causales de remoción de alcaldes y prefectos por la paralización injustificada de obras públicas, la protección del debido proceso y la seguridad jurídica de las autoridades electas, las atribuciones de los concejales, el fuero de corte y los procedimientos de enajenación de bienes públicos, así como la necesidad de garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales de autonomía y descentralización y permitan mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. Previamente, en comisión general, intervino Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, quien fue recibido por el Pleno como parte de las actividades de relacionamiento interparlamentario. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 113, 2025-2029. El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente, orientado a fortalecer la política pública frente al cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la implementación de mecanismos de mitigación y adaptación, la regulación de los mercados de carbono, el acceso al financiamiento climático internacional, la protección de los derechos de la naturaleza, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la atención de las pérdidas y daños ocasionados por fenómenos climáticos extremos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Katherine Pacheco, Lizardo Casanova, José Nantipia, Milton Aguas, Franklin Samaniego, Sergio Peña, Verónica Iñiguez, Keevin Gallardo, Comps Córdova y Nuvia Vega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la conservación de la biodiversidad, la protección de la Amazonía y los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la regulación de los mecanismos de compensación de emisiones, las salvaguardas ambientales y la necesidad de garantizar transparencia y seguridad jurídica en el financiamiento climático; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos, 60 negativos y tres abstenciones la moción presentada por Katherine Pacheco para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley. Posteriormente, el Pleno conoció en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Libros I, II y III, orientado a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, actualizar las disposiciones relacionadas con sus derechos, la responsabilidad parental, la tenencia compartida, las pensiones alimenticias, la adopción, la educación inclusiva, la protección frente a la violencia y los delitos cometidos mediante medios digitales, así como la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad y el fortalecimiento de los mecanismos de atención durante la primera infancia. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rebeca Veloz, Nathaly Farinango, Ricardo Patiño, Pablo Jurado, Arisdely Parrales, Diana Jácome, Roñal González, Janeth Cabezas, Mireya Pazmiño, Pamela Aguirre, Blasco Luna, Esteban Torres, Alejandro Vanegas y Nuria Butiñá, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la protección del interés superior del niño, el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, la vigencia de las boletas de apremio, la responsabilidad económica de los progenitores y sus familiares, los criterios para establecer la tenencia compartida, la prevención de la violencia familiar y digital, la protección de los menores de edad frente a intervenciones médicas para la modificación del sexo biológico, el acceso a la educación y la salud, la regulación del trabajo adolescente y la necesidad de armonizar las reformas con la normativa vigente en materia de adopciones y derechos laborales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la ampliación de las licencias parentales, su financiamiento, la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia y la necesidad de incorporar disposiciones claras que garanticen la aplicación efectiva de la normativa. Debido a que existían observaciones pendientes y aspectos que requerían un análisis adicional, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

003_ACTA_104-AN-2025-2029_PLENO_30-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad e inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, orientado a fortalecer la planificación territorial, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión del suelo y los mecanismos de control y regulación urbanística. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Julio Lasso, Cristian Benavides, Patricia Núñez, Nuria Butiñá y Juan Reyes, quienes expusieron sus criterios sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo, el dictamen de la Corte Constitucional, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la adecuada planificación territorial; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la primera parte de la moción presentada por Lucía Pozo para acoger los textos adecuados conforme al dictamen de la Corte Constitucional y, con 82 votos afirmativos, la segunda parte correspondiente al allanamiento a la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Ejecutivo. Posteriormente, se conoció en segundo debate el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Lizardo Casanova, Karolina Dueñas, Janeth Cabezas, John Polanco, Cristian Benavides, Julio Lasso, Pablo Jurado, José Nango y Samuel Celleri, quienes abordaron la importancia de la autonomía territorial, la descentralización administrativa, el acceso a los servicios públicos, la delimitación territorial, la distribución de recursos económicos y la necesidad de garantizar una transición institucional, financiera y administrativa que permita el funcionamiento del nuevo cantón sin afectar la continuidad de los servicios en el cantón Eloy Alfaro; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la moción presentada por Samuel Celleri para aprobar el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la presunta participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) en la operación de los sistemas de videovigilancia del Distrito Metropolitano de Quito, con las intervenciones de los asambleístas Inés Alarcón, Franklin Samaniego, Adrián Castro, Juan González, Christopher Jaramillo, Fernando Cedeño y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los posibles riesgos para la seguridad ciudadana, la privacidad de las personas y la protección de información estratégica, así como la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la resolución presentada por Inés Alarcón, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inicie un proceso de fiscalización y presente, en el plazo máximo de 90 días, un informe con sus conclusiones, observaciones y recomendaciones. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de la presunta participación de exfuncionarios de la SENAIN en los sistemas de videovigilancia de Quito, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos. Además, en comisión general intervino Klever Vaca, representante del Distrito 4400 de Rotary Internacional, organización que recibió un acuerdo legislativo en reconocimiento a su trayectoria y aportes al servicio humanitario en el Ecuador. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_108-AN-2025-2029_14-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), unificado, orientado a actualizar el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía política, administrativa y financiera, precisar las competencias de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, garantizar la continuidad de las obras públicas, fortalecer las atribuciones de fiscalización de los concejales y establecer mecanismos de control y responsabilidad de las autoridades locales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Adrián Castro, Saadin Serrano, Gustavo Mateus, Dina Farinango, Fabiola Sanmartín, Nathaly Orellana, Luis Molina, Milton Aguas, Julio Lasso, Henry Bósquez, Franklin Samaniego, Jorge Guevara, Pamela Aguirre y Alejandro Vanegas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la distribución de competencias entre municipios y prefecturas, la planificación territorial y la vialidad rural, la autonomía de los gobiernos locales frente a las competencias del Gobierno central, la asignación de recursos económicos, los procedimientos para la autorización de infraestructura de telecomunicaciones, las causales de remoción de alcaldes y prefectos por la paralización injustificada de obras públicas, la protección del debido proceso y la seguridad jurídica de las autoridades electas, las atribuciones de los concejales, el fuero de corte y los procedimientos de enajenación de bienes públicos, así como la necesidad de garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales de autonomía y descentralización y permitan mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. Previamente, en comisión general, intervino Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, quien fue recibido por el Pleno como parte de las actividades de relacionamiento interparlamentario. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_102-AN-2025-2029_PLENO_23-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_10-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, orientado a fortalecer la protección de los ecosistemas marinos y costeros, regular el uso sostenible de los recursos naturales, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y garantizar la conservación de las zonas de rompientes y la biodiversidad marina. Durante este debate intervinieron los asambleístas Camila León, Verónica Iñiguez, Franklin Samaniego y Ana Tapia, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, la protección de los derechos de la naturaleza, el principio precautorio, las competencias institucionales, la regulación de las actividades productivas en el espacio marino-costero y la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de conservación ambiental; concluido el debate, se aprobaron con 84 votos afirmativos cada una de las dos partes de la moción presentada por Camila León, mediante las cuales el Pleno resolvió allanarse parcialmente a las objeciones formuladas por el Ejecutivo y ratificarse en el texto originalmente aprobado por la Asamblea Nacional respecto del artículo 14. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para una Caracterización Acuícola Pesquera a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, orientado a establecer una clasificación diferenciada de las actividades acuícolas y pesqueras según su escala, características productivas y ubicación territorial, con el propósito de facilitar la formulación de políticas públicas, el acceso a incentivos económicos, financiamiento y asistencia técnica, fortalecer los controles sanitarios, mejorar los sistemas de información y promover el desarrollo sostenible del sector. Previamente, en comisión general, intervino Roberto Saltos, productor piscícola de la provincia de Sucumbíos, quien expuso las necesidades de los pequeños y medianos productores y la importancia de reconocer las particularidades de la piscicultura continental. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janina Rizzo, Bertha Vélez, Juan Gonzaga, Saadin Serrano, Sara Cabrera, Mario Zambrano, Guillermo Báez, Besibell Mendoza, Nuria Butiñá y Sergio Peña, quienes presentaron sus criterios y observaciones sobre la diferenciación entre la pesca artesanal e industrial, el reconocimiento de la acuicultura familiar y de pequeña escala, la protección de los manglares y recursos hidrobiológicos, la conservación de los ecosistemas de Galápagos, el fortalecimiento del control sanitario, la regulación de las actividades productivas, la seguridad jurídica, el acceso al crédito y la necesidad de establecer mecanismos de control ambiental que permitan el desarrollo del sector sin afectar los derechos de la naturaleza ni la soberanía alimentaria; debido a que el debate continuaba pendiente, se suspendió el tratamiento del proyecto para su posterior continuación. Al inicio de la sesión intervino Lucía Pozo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para declarar de interés nacional y expresar el respaldo institucional de la Asamblea Nacional a la implementación del Polo de Desarrollo de Tulcán, en la provincia del Carchi, como iniciativa destinada a promover la inversión, la productividad, el comercio, la generación de empleo y el desarrollo económico de la frontera norte, solicitud que fue aprobada por unanimidad e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_113-AN-2025-2029_02-08-26.eml conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente, orientado a fortalecer la política pública frente al cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la implementación de mecanismos de mitigación y adaptación, la regulación de los mercados de carbono, el acceso al financiamiento climático internacional, la protección de los derechos de la naturaleza, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la atención de las pérdidas y daños ocasionados por fenómenos climáticos extremos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Katherine Pacheco, Lizardo Casanova, José Nantipia, Milton Aguas, Franklin Samaniego, Sergio Peña, Verónica Iñiguez, Keevin Gallardo, Comps Córdova y Nuvia Vega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la conservación de la biodiversidad, la protección de la Amazonía y los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la regulación de los mecanismos de compensación de emisiones, las salvaguardas ambientales y la necesidad de garantizar transparencia y seguridad jurídica en el financiamiento climático; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos, 60 negativos y tres abstenciones la moción presentada por Katherine Pacheco para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley. Posteriormente, el Pleno conoció en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Libros I, II y III, orientado a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, actualizar las disposiciones relacionadas con sus derechos, la responsabilidad parental, la tenencia compartida, las pensiones alimenticias, la adopción, la educación inclusiva, la protección frente a la violencia y los delitos cometidos mediante medios digitales, así como la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad y el fortalecimiento de los mecanismos de atención durante la primera infancia. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rebeca Veloz, Nathaly Farinango, Ricardo Patiño, Pablo Jurado, Arisdely Parrales, Diana Jácome, Roñal González, Janeth Cabezas, Mireya Pazmiño, Pamela Aguirre, Blasco Luna, Esteban Torres, Alejandro Vanegas y Nuria Butiñá, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la protección del interés superior del niño, el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, la vigencia de las boletas de apremio, la responsabilidad económica de los progenitores y sus familiares, los criterios para establecer la tenencia compartida, la prevención de la violencia familiar y digital, la protección de los menores de edad frente a intervenciones médicas para la modificación del sexo biológico, el acceso a la educación y la salud, la regulación del trabajo adolescente y la necesidad de armonizar las reformas con la normativa vigente en materia de adopciones y derechos laborales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la ampliación de las licencias parentales, su financiamiento, la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia y la necesidad de incorporar disposiciones claras que garanticen la aplicación efectiva de la normativa. Debido a que existían observaciones pendientes y aspectos que requerían un análisis adicional, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

002_INFORME_DE_SEGUNDO_DEBATE_LORCOA_31-07-26.pdf conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente, orientado a fortalecer la política pública frente al cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la implementación de mecanismos de mitigación y adaptación, la regulación de los mercados de carbono, el acceso al financiamiento climático internacional, la protección de los derechos de la naturaleza, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la atención de las pérdidas y daños ocasionados por fenómenos climáticos extremos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Katherine Pacheco, Lizardo Casanova, José Nantipia, Milton Aguas, Franklin Samaniego, Sergio Peña, Verónica Iñiguez, Keevin Gallardo, Comps Córdova y Nuvia Vega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la conservación de la biodiversidad, la protección de la Amazonía y los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la regulación de los mecanismos de compensación de emisiones, las salvaguardas ambientales y la necesidad de garantizar transparencia y seguridad jurídica en el financiamiento climático; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos, 60 negativos y tres abstenciones la moción presentada por Katherine Pacheco para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley. Posteriormente, el Pleno conoció en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Libros I, II y III, orientado a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, actualizar las disposiciones relacionadas con sus derechos, la responsabilidad parental, la tenencia compartida, las pensiones alimenticias, la adopción, la educación inclusiva, la protección frente a la violencia y los delitos cometidos mediante medios digitales, así como la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad y el fortalecimiento de los mecanismos de atención durante la primera infancia. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rebeca Veloz, Nathaly Farinango, Ricardo Patiño, Pablo Jurado, Arisdely Parrales, Diana Jácome, Roñal González, Janeth Cabezas, Mireya Pazmiño, Pamela Aguirre, Blasco Luna, Esteban Torres, Alejandro Vanegas y Nuria Butiñá, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la protección del interés superior del niño, el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, la vigencia de las boletas de apremio, la responsabilidad económica de los progenitores y sus familiares, los criterios para establecer la tenencia compartida, la prevención de la violencia familiar y digital, la protección de los menores de edad frente a intervenciones médicas para la modificación del sexo biológico, el acceso a la educación y la salud, la regulación del trabajo adolescente y la necesidad de armonizar las reformas con la normativa vigente en materia de adopciones y derechos laborales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la ampliación de las licencias parentales, su financiamiento, la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia y la necesidad de incorporar disposiciones claras que garanticen la aplicación efectiva de la normativa. Debido a que existían observaciones pendientes y aspectos que requerían un análisis adicional, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

Sesion 102, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

Sesion 104, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad e inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, orientado a fortalecer la planificación territorial, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión del suelo y los mecanismos de control y regulación urbanística. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Julio Lasso, Cristian Benavides, Patricia Núñez, Nuria Butiñá y Juan Reyes, quienes expusieron sus criterios sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo, el dictamen de la Corte Constitucional, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la adecuada planificación territorial; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la primera parte de la moción presentada por Lucía Pozo para acoger los textos adecuados conforme al dictamen de la Corte Constitucional y, con 82 votos afirmativos, la segunda parte correspondiente al allanamiento a la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Ejecutivo. Posteriormente, se conoció en segundo debate el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Lizardo Casanova, Karolina Dueñas, Janeth Cabezas, John Polanco, Cristian Benavides, Julio Lasso, Pablo Jurado, José Nango y Samuel Celleri, quienes abordaron la importancia de la autonomía territorial, la descentralización administrativa, el acceso a los servicios públicos, la delimitación territorial, la distribución de recursos económicos y la necesidad de garantizar una transición institucional, financiera y administrativa que permita el funcionamiento del nuevo cantón sin afectar la continuidad de los servicios en el cantón Eloy Alfaro; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la moción presentada por Samuel Celleri para aprobar el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la presunta participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) en la operación de los sistemas de videovigilancia del Distrito Metropolitano de Quito, con las intervenciones de los asambleístas Inés Alarcón, Franklin Samaniego, Adrián Castro, Juan González, Christopher Jaramillo, Fernando Cedeño y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los posibles riesgos para la seguridad ciudadana, la privacidad de las personas y la protección de información estratégica, así como la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la resolución presentada por Inés Alarcón, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inicie un proceso de fiscalización y presente, en el plazo máximo de 90 días, un informe con sus conclusiones, observaciones y recomendaciones. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de la presunta participación de exfuncionarios de la SENAIN en los sistemas de videovigilancia de Quito, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos. Además, en comisión general intervino Klever Vaca, representante del Distrito 4400 de Rotary Internacional, organización que recibió un acuerdo legislativo en reconocimiento a su trayectoria y aportes al servicio humanitario en el Ecuador. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_DEL_PROCESO_DE_FISCALIZACION_TROLEBUSES_27-05-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_INFORME_PARA_SEGUNDO_DEBATE_26-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad e inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, orientado a fortalecer la planificación territorial, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión del suelo y los mecanismos de control y regulación urbanística. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Julio Lasso, Cristian Benavides, Patricia Núñez, Nuria Butiñá y Juan Reyes, quienes expusieron sus criterios sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo, el dictamen de la Corte Constitucional, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la adecuada planificación territorial; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la primera parte de la moción presentada por Lucía Pozo para acoger los textos adecuados conforme al dictamen de la Corte Constitucional y, con 82 votos afirmativos, la segunda parte correspondiente al allanamiento a la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Ejecutivo. Posteriormente, se conoció en segundo debate el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Lizardo Casanova, Karolina Dueñas, Janeth Cabezas, John Polanco, Cristian Benavides, Julio Lasso, Pablo Jurado, José Nango y Samuel Celleri, quienes abordaron la importancia de la autonomía territorial, la descentralización administrativa, el acceso a los servicios públicos, la delimitación territorial, la distribución de recursos económicos y la necesidad de garantizar una transición institucional, financiera y administrativa que permita el funcionamiento del nuevo cantón sin afectar la continuidad de los servicios en el cantón Eloy Alfaro; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la moción presentada por Samuel Celleri para aprobar el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la presunta participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) en la operación de los sistemas de videovigilancia del Distrito Metropolitano de Quito, con las intervenciones de los asambleístas Inés Alarcón, Franklin Samaniego, Adrián Castro, Juan González, Christopher Jaramillo, Fernando Cedeño y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los posibles riesgos para la seguridad ciudadana, la privacidad de las personas y la protección de información estratégica, así como la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la resolución presentada por Inés Alarcón, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inicie un proceso de fiscalización y presente, en el plazo máximo de 90 días, un informe con sus conclusiones, observaciones y recomendaciones. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de la presunta participación de exfuncionarios de la SENAIN en los sistemas de videovigilancia de Quito, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos. Además, en comisión general intervino Klever Vaca, representante del Distrito 4400 de Rotary Internacional, organización que recibió un acuerdo legislativo en reconocimiento a su trayectoria y aportes al servicio humanitario en el Ecuador. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_107-AN-2025-2029_12-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, orientado a fortalecer la protección de los ecosistemas marinos y costeros, regular el uso sostenible de los recursos naturales, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y garantizar la conservación de las zonas de rompientes y la biodiversidad marina. Durante este debate intervinieron los asambleístas Camila León, Verónica Iñiguez, Franklin Samaniego y Ana Tapia, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, la protección de los derechos de la naturaleza, el principio precautorio, las competencias institucionales, la regulación de las actividades productivas en el espacio marino-costero y la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de conservación ambiental; concluido el debate, se aprobaron con 84 votos afirmativos cada una de las dos partes de la moción presentada por Camila León, mediante las cuales el Pleno resolvió allanarse parcialmente a las objeciones formuladas por el Ejecutivo y ratificarse en el texto originalmente aprobado por la Asamblea Nacional respecto del artículo 14. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para una Caracterización Acuícola Pesquera a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, orientado a establecer una clasificación diferenciada de las actividades acuícolas y pesqueras según su escala, características productivas y ubicación territorial, con el propósito de facilitar la formulación de políticas públicas, el acceso a incentivos económicos, financiamiento y asistencia técnica, fortalecer los controles sanitarios, mejorar los sistemas de información y promover el desarrollo sostenible del sector. Previamente, en comisión general, intervino Roberto Saltos, productor piscícola de la provincia de Sucumbíos, quien expuso las necesidades de los pequeños y medianos productores y la importancia de reconocer las particularidades de la piscicultura continental. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janina Rizzo, Bertha Vélez, Juan Gonzaga, Saadin Serrano, Sara Cabrera, Mario Zambrano, Guillermo Báez, Besibell Mendoza, Nuria Butiñá y Sergio Peña, quienes presentaron sus criterios y observaciones sobre la diferenciación entre la pesca artesanal e industrial, el reconocimiento de la acuicultura familiar y de pequeña escala, la protección de los manglares y recursos hidrobiológicos, la conservación de los ecosistemas de Galápagos, el fortalecimiento del control sanitario, la regulación de las actividades productivas, la seguridad jurídica, el acceso al crédito y la necesidad de establecer mecanismos de control ambiental que permitan el desarrollo del sector sin afectar los derechos de la naturaleza ni la soberanía alimentaria; debido a que el debate continuaba pendiente, se suspendió el tratamiento del proyecto para su posterior continuación. Al inicio de la sesión intervino Lucía Pozo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para declarar de interés nacional y expresar el respaldo institucional de la Asamblea Nacional a la implementación del Polo de Desarrollo de Tulcán, en la provincia del Carchi, como iniciativa destinada a promover la inversión, la productividad, el comercio, la generación de empleo y el desarrollo económico de la frontera norte, solicitud que fue aprobada por unanimidad e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_COOTAD_13-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), unificado, orientado a actualizar el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía política, administrativa y financiera, precisar las competencias de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, garantizar la continuidad de las obras públicas, fortalecer las atribuciones de fiscalización de los concejales y establecer mecanismos de control y responsabilidad de las autoridades locales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Adrián Castro, Saadin Serrano, Gustavo Mateus, Dina Farinango, Fabiola Sanmartín, Nathaly Orellana, Luis Molina, Milton Aguas, Julio Lasso, Henry Bósquez, Franklin Samaniego, Jorge Guevara, Pamela Aguirre y Alejandro Vanegas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la distribución de competencias entre municipios y prefecturas, la planificación territorial y la vialidad rural, la autonomía de los gobiernos locales frente a las competencias del Gobierno central, la asignación de recursos económicos, los procedimientos para la autorización de infraestructura de telecomunicaciones, las causales de remoción de alcaldes y prefectos por la paralización injustificada de obras públicas, la protección del debido proceso y la seguridad jurídica de las autoridades electas, las atribuciones de los concejales, el fuero de corte y los procedimientos de enajenación de bienes públicos, así como la necesidad de garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales de autonomía y descentralización y permitan mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. Previamente, en comisión general, intervino Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, quien fue recibido por el Pleno como parte de las actividades de relacionamiento interparlamentario. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_108-A-AN-2025-2029_PLENO_28-07-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), unificado, orientado a actualizar el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía política, administrativa y financiera, precisar las competencias de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, garantizar la continuidad de las obras públicas, fortalecer las atribuciones de fiscalización de los concejales y establecer mecanismos de control y responsabilidad de las autoridades locales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Adrián Castro, Saadin Serrano, Gustavo Mateus, Dina Farinango, Fabiola Sanmartín, Nathaly Orellana, Luis Molina, Milton Aguas, Julio Lasso, Henry Bósquez, Franklin Samaniego, Jorge Guevara, Pamela Aguirre y Alejandro Vanegas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la distribución de competencias entre municipios y prefecturas, la planificación territorial y la vialidad rural, la autonomía de los gobiernos locales frente a las competencias del Gobierno central, la asignación de recursos económicos, los procedimientos para la autorización de infraestructura de telecomunicaciones, las causales de remoción de alcaldes y prefectos por la paralización injustificada de obras públicas, la protección del debido proceso y la seguridad jurídica de las autoridades electas, las atribuciones de los concejales, el fuero de corte y los procedimientos de enajenación de bienes públicos, así como la necesidad de garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales de autonomía y descentralización y permitan mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. Previamente, en comisión general, intervino Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, quien fue recibido por el Pleno como parte de las actividades de relacionamiento interparlamentario. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_113-AN-2025-2029_PLENO_04-08-2026.pdf conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente, orientado a fortalecer la política pública frente al cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la implementación de mecanismos de mitigación y adaptación, la regulación de los mercados de carbono, el acceso al financiamiento climático internacional, la protección de los derechos de la naturaleza, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la atención de las pérdidas y daños ocasionados por fenómenos climáticos extremos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Katherine Pacheco, Lizardo Casanova, José Nantipia, Milton Aguas, Franklin Samaniego, Sergio Peña, Verónica Iñiguez, Keevin Gallardo, Comps Córdova y Nuvia Vega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la conservación de la biodiversidad, la protección de la Amazonía y los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la regulación de los mecanismos de compensación de emisiones, las salvaguardas ambientales y la necesidad de garantizar transparencia y seguridad jurídica en el financiamiento climático; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos, 60 negativos y tres abstenciones la moción presentada por Katherine Pacheco para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley. Posteriormente, el Pleno conoció en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Libros I, II y III, orientado a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, actualizar las disposiciones relacionadas con sus derechos, la responsabilidad parental, la tenencia compartida, las pensiones alimenticias, la adopción, la educación inclusiva, la protección frente a la violencia y los delitos cometidos mediante medios digitales, así como la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad y el fortalecimiento de los mecanismos de atención durante la primera infancia. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rebeca Veloz, Nathaly Farinango, Ricardo Patiño, Pablo Jurado, Arisdely Parrales, Diana Jácome, Roñal González, Janeth Cabezas, Mireya Pazmiño, Pamela Aguirre, Blasco Luna, Esteban Torres, Alejandro Vanegas y Nuria Butiñá, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la protección del interés superior del niño, el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, la vigencia de las boletas de apremio, la responsabilidad económica de los progenitores y sus familiares, los criterios para establecer la tenencia compartida, la prevención de la violencia familiar y digital, la protección de los menores de edad frente a intervenciones médicas para la modificación del sexo biológico, el acceso a la educación y la salud, la regulación del trabajo adolescente y la necesidad de armonizar las reformas con la normativa vigente en materia de adopciones y derechos laborales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la ampliación de las licencias parentales, su financiamiento, la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia y la necesidad de incorporar disposiciones claras que garanticen la aplicación efectiva de la normativa. Debido a que existían observaciones pendientes y aspectos que requerían un análisis adicional, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

Sesion 107, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, orientado a fortalecer la protección de los ecosistemas marinos y costeros, regular el uso sostenible de los recursos naturales, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y garantizar la conservación de las zonas de rompientes y la biodiversidad marina. Durante este debate intervinieron los asambleístas Camila León, Verónica Iñiguez, Franklin Samaniego y Ana Tapia, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, la protección de los derechos de la naturaleza, el principio precautorio, las competencias institucionales, la regulación de las actividades productivas en el espacio marino-costero y la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de conservación ambiental; concluido el debate, se aprobaron con 84 votos afirmativos cada una de las dos partes de la moción presentada por Camila León, mediante las cuales el Pleno resolvió allanarse parcialmente a las objeciones formuladas por el Ejecutivo y ratificarse en el texto originalmente aprobado por la Asamblea Nacional respecto del artículo 14. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para una Caracterización Acuícola Pesquera a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, orientado a establecer una clasificación diferenciada de las actividades acuícolas y pesqueras según su escala, características productivas y ubicación territorial, con el propósito de facilitar la formulación de políticas públicas, el acceso a incentivos económicos, financiamiento y asistencia técnica, fortalecer los controles sanitarios, mejorar los sistemas de información y promover el desarrollo sostenible del sector. Previamente, en comisión general, intervino Roberto Saltos, productor piscícola de la provincia de Sucumbíos, quien expuso las necesidades de los pequeños y medianos productores y la importancia de reconocer las particularidades de la piscicultura continental. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janina Rizzo, Bertha Vélez, Juan Gonzaga, Saadin Serrano, Sara Cabrera, Mario Zambrano, Guillermo Báez, Besibell Mendoza, Nuria Butiñá y Sergio Peña, quienes presentaron sus criterios y observaciones sobre la diferenciación entre la pesca artesanal e industrial, el reconocimiento de la acuicultura familiar y de pequeña escala, la protección de los manglares y recursos hidrobiológicos, la conservación de los ecosistemas de Galápagos, el fortalecimiento del control sanitario, la regulación de las actividades productivas, la seguridad jurídica, el acceso al crédito y la necesidad de establecer mecanismos de control ambiental que permitan el desarrollo del sector sin afectar los derechos de la naturaleza ni la soberanía alimentaria; debido a que el debate continuaba pendiente, se suspendió el tratamiento del proyecto para su posterior continuación. Al inicio de la sesión intervino Lucía Pozo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para declarar de interés nacional y expresar el respaldo institucional de la Asamblea Nacional a la implementación del Polo de Desarrollo de Tulcán, en la provincia del Carchi, como iniciativa destinada a promover la inversión, la productividad, el comercio, la generación de empleo y el desarrollo económico de la frontera norte, solicitud que fue aprobada por unanimidad e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_102-AN-2025-2029_21-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_104-AN-2025-2029_28-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad e inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, orientado a fortalecer la planificación territorial, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión del suelo y los mecanismos de control y regulación urbanística. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Julio Lasso, Cristian Benavides, Patricia Núñez, Nuria Butiñá y Juan Reyes, quienes expusieron sus criterios sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo, el dictamen de la Corte Constitucional, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la adecuada planificación territorial; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la primera parte de la moción presentada por Lucía Pozo para acoger los textos adecuados conforme al dictamen de la Corte Constitucional y, con 82 votos afirmativos, la segunda parte correspondiente al allanamiento a la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Ejecutivo. Posteriormente, se conoció en segundo debate el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Lizardo Casanova, Karolina Dueñas, Janeth Cabezas, John Polanco, Cristian Benavides, Julio Lasso, Pablo Jurado, José Nango y Samuel Celleri, quienes abordaron la importancia de la autonomía territorial, la descentralización administrativa, el acceso a los servicios públicos, la delimitación territorial, la distribución de recursos económicos y la necesidad de garantizar una transición institucional, financiera y administrativa que permita el funcionamiento del nuevo cantón sin afectar la continuidad de los servicios en el cantón Eloy Alfaro; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la moción presentada por Samuel Celleri para aprobar el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la presunta participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) en la operación de los sistemas de videovigilancia del Distrito Metropolitano de Quito, con las intervenciones de los asambleístas Inés Alarcón, Franklin Samaniego, Adrián Castro, Juan González, Christopher Jaramillo, Fernando Cedeño y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los posibles riesgos para la seguridad ciudadana, la privacidad de las personas y la protección de información estratégica, así como la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la resolución presentada por Inés Alarcón, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inicie un proceso de fiscalización y presente, en el plazo máximo de 90 días, un informe con sus conclusiones, observaciones y recomendaciones. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de la presunta participación de exfuncionarios de la SENAIN en los sistemas de videovigilancia de Quito, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos. Además, en comisión general intervino Klever Vaca, representante del Distrito 4400 de Rotary Internacional, organización que recibió un acuerdo legislativo en reconocimiento a su trayectoria y aportes al servicio humanitario en el Ecuador. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_107-AN-2025-2029_PLENO_14-07-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, orientado a fortalecer la protección de los ecosistemas marinos y costeros, regular el uso sostenible de los recursos naturales, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y garantizar la conservación de las zonas de rompientes y la biodiversidad marina. Durante este debate intervinieron los asambleístas Camila León, Verónica Iñiguez, Franklin Samaniego y Ana Tapia, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, la protección de los derechos de la naturaleza, el principio precautorio, las competencias institucionales, la regulación de las actividades productivas en el espacio marino-costero y la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de conservación ambiental; concluido el debate, se aprobaron con 84 votos afirmativos cada una de las dos partes de la moción presentada por Camila León, mediante las cuales el Pleno resolvió allanarse parcialmente a las objeciones formuladas por el Ejecutivo y ratificarse en el texto originalmente aprobado por la Asamblea Nacional respecto del artículo 14. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para una Caracterización Acuícola Pesquera a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, orientado a establecer una clasificación diferenciada de las actividades acuícolas y pesqueras según su escala, características productivas y ubicación territorial, con el propósito de facilitar la formulación de políticas públicas, el acceso a incentivos económicos, financiamiento y asistencia técnica, fortalecer los controles sanitarios, mejorar los sistemas de información y promover el desarrollo sostenible del sector. Previamente, en comisión general, intervino Roberto Saltos, productor piscícola de la provincia de Sucumbíos, quien expuso las necesidades de los pequeños y medianos productores y la importancia de reconocer las particularidades de la piscicultura continental. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janina Rizzo, Bertha Vélez, Juan Gonzaga, Saadin Serrano, Sara Cabrera, Mario Zambrano, Guillermo Báez, Besibell Mendoza, Nuria Butiñá y Sergio Peña, quienes presentaron sus criterios y observaciones sobre la diferenciación entre la pesca artesanal e industrial, el reconocimiento de la acuicultura familiar y de pequeña escala, la protección de los manglares y recursos hidrobiológicos, la conservación de los ecosistemas de Galápagos, el fortalecimiento del control sanitario, la regulación de las actividades productivas, la seguridad jurídica, el acceso al crédito y la necesidad de establecer mecanismos de control ambiental que permitan el desarrollo del sector sin afectar los derechos de la naturaleza ni la soberanía alimentaria; debido a que el debate continuaba pendiente, se suspendió el tratamiento del proyecto para su posterior continuación. Al inicio de la sesión intervino Lucía Pozo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para declarar de interés nacional y expresar el respaldo institucional de la Asamblea Nacional a la implementación del Polo de Desarrollo de Tulcán, en la provincia del Carchi, como iniciativa destinada a promover la inversión, la productividad, el comercio, la generación de empleo y el desarrollo económico de la frontera norte, solicitud que fue aprobada por unanimidad e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.