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001_CONVOCATORIA_SESION_102-AN-2025-2029_21-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_INFORME_DEL_PROCESO_DE_FISCALIZACION_TROLEBUSES_27-05-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

003_ACTA_102-AN-2025-2029_PLENO_23-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

Sesion 102, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.