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001_CONVOCATORIA_SESION_084-AN-2025-2029_06-04-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció, analizó y resolvió sobre los informes anuales de labores correspondientes al período 2025 de varias autoridades de las funciones del Estado, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización y control político. En primer lugar, se conocieron los informes de la Procuraduría General del Estado y de la Defensoría Pública, relacionados con la defensa jurídica de los intereses del Estado, el patrocinio judicial, el asesoramiento legal a las instituciones públicas y el acceso a la justicia de las personas que requieren asistencia jurídica gratuita, con la intervención del asambleísta Edwin Jarrín, quien presentó las mociones para aprobar los informes no vinculantes elaborados por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, las cuales fueron aprobadas por el Pleno; posteriormente, intervino César Palacios, quien solicitó la rectificación de la votación correspondiente al informe de la Defensoría Pública, ratificándose su aprobación. A continuación, se conoció el informe anual de labores del fiscal general del Estado encargado, relacionado con la investigación de delitos, el ejercicio de la acción penal pública, la gestión de los procesos judiciales y el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General del Estado, con la intervención de Inés Alarcón, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante y exhortar a la institución a cumplir las recomendaciones formuladas, resolución que fue aprobada con 78 votos afirmativos. Seguidamente, se conoció el informe de labores del expresidente de la Función de Transparencia y Control Social, relacionado con la coordinación institucional, la promoción de la transparencia, la participación ciudadana y el control social, con la intervención de Lucía Pozo, cuya moción para aprobar el informe no vinculante fue aprobada con 78 votos afirmativos. Posteriormente, se analizó el informe anual de labores del contralor general del Estado, relacionado con el control de la utilización de los recursos públicos, la ejecución de auditorías, la determinación de responsabilidades y el fortalecimiento de los mecanismos de control gubernamental, con la intervención de Nathaly Farinango, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante, la cual obtuvo 80 votos afirmativos. A continuación, se conocieron los informes anuales de labores de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, relacionados con la organización y administración de los procesos electorales, la garantía de los derechos de participación política, la resolución de controversias electorales y el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de ambos organismos, con la intervención de Diana Jácome, quien presentó las respectivas mociones; el informe del Consejo Nacional Electoral fue aprobado con 77 votos afirmativos, mientras que el informe del Tribunal Contencioso Electoral fue aprobado con 79 votos afirmativos, con excepción de su numeral 6.2, disponiéndose además la implementación de recomendaciones institucionales y el seguimiento a las observaciones formuladas por la Asamblea Nacional. Finalmente, el Pleno conoció el informe anual de labores del expresidente del Consejo de la Judicatura, relacionado con la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, la gestión institucional, los procesos disciplinarios, la evaluación del desempeño y la eficiencia en la administración de justicia, con la intervención de Keevin Gallardo, quien presentó la moción para no aprobar el informe de labores correspondiente al período 2025, conforme a lo establecido en el informe no vinculante de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, resolución que fue aprobada con 139 votos afirmativos. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y posteriormente por Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional; actuaron en la Secretaría Giovanny Bravo, secretario general, y Jorge López, prosecretario general.

002_RESUMEN EJECUTIVO_SESION_084-AN-2025-2029_08-04-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció, analizó y resolvió sobre los informes anuales de labores correspondientes al período 2025 de varias autoridades de las funciones del Estado, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización y control político. En primer lugar, se conocieron los informes de la Procuraduría General del Estado y de la Defensoría Pública, relacionados con la defensa jurídica de los intereses del Estado, el patrocinio judicial, el asesoramiento legal a las instituciones públicas y el acceso a la justicia de las personas que requieren asistencia jurídica gratuita, con la intervención del asambleísta Edwin Jarrín, quien presentó las mociones para aprobar los informes no vinculantes elaborados por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, las cuales fueron aprobadas por el Pleno; posteriormente, intervino César Palacios, quien solicitó la rectificación de la votación correspondiente al informe de la Defensoría Pública, ratificándose su aprobación. A continuación, se conoció el informe anual de labores del fiscal general del Estado encargado, relacionado con la investigación de delitos, el ejercicio de la acción penal pública, la gestión de los procesos judiciales y el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General del Estado, con la intervención de Inés Alarcón, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante y exhortar a la institución a cumplir las recomendaciones formuladas, resolución que fue aprobada con 78 votos afirmativos. Seguidamente, se conoció el informe de labores del expresidente de la Función de Transparencia y Control Social, relacionado con la coordinación institucional, la promoción de la transparencia, la participación ciudadana y el control social, con la intervención de Lucía Pozo, cuya moción para aprobar el informe no vinculante fue aprobada con 78 votos afirmativos. Posteriormente, se analizó el informe anual de labores del contralor general del Estado, relacionado con el control de la utilización de los recursos públicos, la ejecución de auditorías, la determinación de responsabilidades y el fortalecimiento de los mecanismos de control gubernamental, con la intervención de Nathaly Farinango, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante, la cual obtuvo 80 votos afirmativos. A continuación, se conocieron los informes anuales de labores de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, relacionados con la organización y administración de los procesos electorales, la garantía de los derechos de participación política, la resolución de controversias electorales y el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de ambos organismos, con la intervención de Diana Jácome, quien presentó las respectivas mociones; el informe del Consejo Nacional Electoral fue aprobado con 77 votos afirmativos, mientras que el informe del Tribunal Contencioso Electoral fue aprobado con 79 votos afirmativos, con excepción de su numeral 6.2, disponiéndose además la implementación de recomendaciones institucionales y el seguimiento a las observaciones formuladas por la Asamblea Nacional. Finalmente, el Pleno conoció el informe anual de labores del expresidente del Consejo de la Judicatura, relacionado con la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, la gestión institucional, los procesos disciplinarios, la evaluación del desempeño y la eficiencia en la administración de justicia, con la intervención de Keevin Gallardo, quien presentó la moción para no aprobar el informe de labores correspondiente al período 2025, conforme a lo establecido en el informe no vinculante de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, resolución que fue aprobada con 139 votos afirmativos. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y posteriormente por Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional; actuaron en la Secretaría Giovanny Bravo, secretario general, y Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_098-AN-2025-2029_06-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció las solicitudes de cambio del orden del día presentadas por los asambleístas Besibell Mendoza, quien planteó reconocer las inversiones públicas en educación superior, infraestructura educativa y programas de empleo y emprendimiento en la provincia de Manabí; Keevin Gallardo, quien propuso respaldar la reestructuración del Estado para optimizar los recursos públicos y modernizar la gestión institucional; y Jadira Bayas, quien solicitó reconocer los avances en la recuperación de la infraestructura vial del país, especialmente del corredor Santo Domingo-Las Mercedes-Los Bancos, siendo aprobadas las solicitudes de Besibell Mendoza y Jadira Bayas, mientras que la propuesta de Keevin Gallardo no obtuvo los votos necesarios. Posteriormente, en comisión general, intervino Niels Olsen, quien presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia de la Asamblea Nacional; en aplicación de las disposiciones constitucionales y legales sobre la sucesión de autoridades legislativas, Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, tomó juramento y posesionó a Mishel Mancheno como presidenta de la Asamblea Nacional, quien intervino para expresar su compromiso de dar continuidad a la gestión institucional. A continuación, el Pleno conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización del caso Sucre-Foglocons, relacionado con presuntas irregularidades en operaciones comerciales y financieras efectuadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), con las intervenciones de los asambleístas Ana Tapia, Héctor Rodríguez y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre las investigaciones realizadas, las actuaciones de las instituciones de control, las posibles responsabilidades de los involucrados y la necesidad de actualizar el informe de fiscalización; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la resolución que dispone a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político actualizar y ampliar el informe en un plazo máximo de 60 días, incorporando nueva información y verificando el cumplimiento de sus recomendaciones. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, orientado a actualizar la normativa penal mediante la incorporación de nuevos tipos penales, la revisión de sanciones y el fortalecimiento de las disposiciones relacionadas con la extorsión, el crimen organizado, la corrupción, los delitos contra la propiedad, la violencia sexual, los delitos informáticos, la protección de datos y la seguridad del Estado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, Cristian Benavides, Juan Reyes, Saadin Serrano, Sergio Peña, Liliana Durán, Mariana Yumbay, Keevin Gallardo, Marco Olmedo, Inés Alarcón, Edwin Jarrín, Mireya Pazmiño, Adrián Castro y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el endurecimiento de las penas, la tipificación de nuevas conductas delictivas, la independencia judicial, la protección de las víctimas, la seguridad jurídica, las garantías constitucionales y la necesidad de complementar las reformas penales con medidas de prevención y fortalecimiento institucional; finalizado el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, en calidad de primera vicepresidenta y posteriormente como presidenta de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul en la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_INFORME_DE_SUSTANCIACION_DE_JUCIO_POLITICO_24-07-26.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

003_ACTA_112-AN-2025-2029_PLENO_31-07-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_17-08-26 Al inicio de la sesión, la presidenta Mishel Mancheno Dávila expresó las condolencias del Pleno por el fallecimiento, en un accidente aéreo en Kenia, de Michele Sensi-Contugi, titular del Centro Nacional de Inteligencia, y de su esposa Stephany Hollihan, guardándose un toque de silencio en su memoria. El Pleno conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar la Igualdad en el Acceso a la Licencia por Calamidad Doméstica, con las intervenciones de Naila Quintana, Sergio Peña, Nuria Butiñá, María Cristina Acuña, Roberto Cuero, Christopher Jaramillo, Carmen Tiupul y Nathaly Farinango, concluyendo con la disposición de que el proyecto retorne a Comisión para el informe de segundo debate; asimismo conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas a Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley Nro. 047), con las intervenciones de la ponente Nathaly Farinango, Gerardo Machado, Hernán Zapata, Mónica Alemán, Segundo Tuala, Jossue Barragán, Anthony Becerra, Edwin Jarrín, Adrián Castro, Liliana Durán, Andrés Castillo y Fabiola Sanmartín, con igual disposición de retorno a Comisión; y finalmente conoció el Oficio Nro. CNE-SG-2026-000813-OF, mediante el cual el Consejo Nacional Electoral determinó que la iniciativa popular para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador no alcanzó el respaldo ciudadano mínimo exigido, aprobándose con 89 votos afirmativos, tras la intervención de Milton Aguas, la moción que determinó la imposibilidad de continuar con dicho trámite. La sesión fue presidida por Mishel Andrea Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge Enrique López Terán, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 098, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció las solicitudes de cambio del orden del día presentadas por los asambleístas Besibell Mendoza, quien planteó reconocer las inversiones públicas en educación superior, infraestructura educativa y programas de empleo y emprendimiento en la provincia de Manabí; Keevin Gallardo, quien propuso respaldar la reestructuración del Estado para optimizar los recursos públicos y modernizar la gestión institucional; y Jadira Bayas, quien solicitó reconocer los avances en la recuperación de la infraestructura vial del país, especialmente del corredor Santo Domingo-Las Mercedes-Los Bancos, siendo aprobadas las solicitudes de Besibell Mendoza y Jadira Bayas, mientras que la propuesta de Keevin Gallardo no obtuvo los votos necesarios. Posteriormente, en comisión general, intervino Niels Olsen, quien presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia de la Asamblea Nacional; en aplicación de las disposiciones constitucionales y legales sobre la sucesión de autoridades legislativas, Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, tomó juramento y posesionó a Mishel Mancheno como presidenta de la Asamblea Nacional, quien intervino para expresar su compromiso de dar continuidad a la gestión institucional. A continuación, el Pleno conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización del caso Sucre-Foglocons, relacionado con presuntas irregularidades en operaciones comerciales y financieras efectuadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), con las intervenciones de los asambleístas Ana Tapia, Héctor Rodríguez y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre las investigaciones realizadas, las actuaciones de las instituciones de control, las posibles responsabilidades de los involucrados y la necesidad de actualizar el informe de fiscalización; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la resolución que dispone a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político actualizar y ampliar el informe en un plazo máximo de 60 días, incorporando nueva información y verificando el cumplimiento de sus recomendaciones. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, orientado a actualizar la normativa penal mediante la incorporación de nuevos tipos penales, la revisión de sanciones y el fortalecimiento de las disposiciones relacionadas con la extorsión, el crimen organizado, la corrupción, los delitos contra la propiedad, la violencia sexual, los delitos informáticos, la protección de datos y la seguridad del Estado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, Cristian Benavides, Juan Reyes, Saadin Serrano, Sergio Peña, Liliana Durán, Mariana Yumbay, Keevin Gallardo, Marco Olmedo, Inés Alarcón, Edwin Jarrín, Mireya Pazmiño, Adrián Castro y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el endurecimiento de las penas, la tipificación de nuevas conductas delictivas, la independencia judicial, la protección de las víctimas, la seguridad jurídica, las garantías constitucionales y la necesidad de complementar las reformas penales con medidas de prevención y fortalecimiento institucional; finalizado el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, en calidad de primera vicepresidenta y posteriormente como presidenta de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul en la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

Sesion 106, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre la posesión de los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomando juramento y posesionando legalmente a Johnny Escobar, Andrés Mendoza y Roger Vallejo, quienes suscribieron las respectivas actas de posesión. Posteriormente, se conoció la solicitud del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar una nueva delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso público de méritos y oposición para la designación del fiscal general del Estado, debido a la renuncia de la comisionada principal Silvana Ramírez; durante este punto intervino el asambleísta Álex Morán, quien presentó la moción para designar a María Mogrovejo como nueva delegada de la Función Legislativa, la cual fue aprobada con 80 votos afirmativos. A continuación, el Pleno conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica de Extradición, orientado a establecer un marco jurídico actualizado para regular los procedimientos de extradición activa y pasiva, definir las competencias de las autoridades nacionales, fortalecer la cooperación judicial internacional, establecer requisitos y procedimientos para la entrega de personas requeridas por la justicia de otros países y garantizar el respeto al debido proceso, los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano, en concordancia con la reforma constitucional aprobada mediante consulta popular. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, Keevin Gallardo, César Palacios, Marco Olmedo, Edwin Jarrín, Juan Reyes, Lucía Jaramillo, Rebeca Veloz, Diana Jácome, Luigi García, Carmen Tiupul, Christopher Jaramillo, Adrián Castro, Andrés Castillo y Janeth Cabezas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la aplicación de la extradición como mecanismo de cooperación internacional frente al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos, la necesidad de garantizar procedimientos claros y transparentes, la protección de los derechos fundamentales de las personas requeridas, las condiciones para conceder o denegar solicitudes de extradición, el tratamiento de personas menores de edad y la coordinación entre las autoridades judiciales y administrativas competentes; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Rosa Torres para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica de Extradición. Al inicio de la sesión intervino Jhajaira Urresta, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer y resolver sobre las amenazas, actos de violencia y presuntos atentados contra la vida e integridad personal de los asambleístas en el ejercicio de sus funciones legislativas y de fiscalización, así como disponer el respaldo institucional del Pleno a sus integrantes, solicitud que fue aprobada con 142 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

Sesion 112, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

001_CONVOCATORIA_SESION_078-A-AN-2025-2029_15-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_084-AN-2025-2029_PLENO_08-04-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció, analizó y resolvió sobre los informes anuales de labores correspondientes al período 2025 de varias autoridades de las funciones del Estado, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización y control político. En primer lugar, se conocieron los informes de la Procuraduría General del Estado y de la Defensoría Pública, relacionados con la defensa jurídica de los intereses del Estado, el patrocinio judicial, el asesoramiento legal a las instituciones públicas y el acceso a la justicia de las personas que requieren asistencia jurídica gratuita, con la intervención del asambleísta Edwin Jarrín, quien presentó las mociones para aprobar los informes no vinculantes elaborados por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, las cuales fueron aprobadas por el Pleno; posteriormente, intervino César Palacios, quien solicitó la rectificación de la votación correspondiente al informe de la Defensoría Pública, ratificándose su aprobación. A continuación, se conoció el informe anual de labores del fiscal general del Estado encargado, relacionado con la investigación de delitos, el ejercicio de la acción penal pública, la gestión de los procesos judiciales y el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General del Estado, con la intervención de Inés Alarcón, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante y exhortar a la institución a cumplir las recomendaciones formuladas, resolución que fue aprobada con 78 votos afirmativos. Seguidamente, se conoció el informe de labores del expresidente de la Función de Transparencia y Control Social, relacionado con la coordinación institucional, la promoción de la transparencia, la participación ciudadana y el control social, con la intervención de Lucía Pozo, cuya moción para aprobar el informe no vinculante fue aprobada con 78 votos afirmativos. Posteriormente, se analizó el informe anual de labores del contralor general del Estado, relacionado con el control de la utilización de los recursos públicos, la ejecución de auditorías, la determinación de responsabilidades y el fortalecimiento de los mecanismos de control gubernamental, con la intervención de Nathaly Farinango, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante, la cual obtuvo 80 votos afirmativos. A continuación, se conocieron los informes anuales de labores de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, relacionados con la organización y administración de los procesos electorales, la garantía de los derechos de participación política, la resolución de controversias electorales y el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de ambos organismos, con la intervención de Diana Jácome, quien presentó las respectivas mociones; el informe del Consejo Nacional Electoral fue aprobado con 77 votos afirmativos, mientras que el informe del Tribunal Contencioso Electoral fue aprobado con 79 votos afirmativos, con excepción de su numeral 6.2, disponiéndose además la implementación de recomendaciones institucionales y el seguimiento a las observaciones formuladas por la Asamblea Nacional. Finalmente, el Pleno conoció el informe anual de labores del expresidente del Consejo de la Judicatura, relacionado con la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, la gestión institucional, los procesos disciplinarios, la evaluación del desempeño y la eficiencia en la administración de justicia, con la intervención de Keevin Gallardo, quien presentó la moción para no aprobar el informe de labores correspondiente al período 2025, conforme a lo establecido en el informe no vinculante de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, resolución que fue aprobada con 139 votos afirmativos. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y posteriormente por Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional; actuaron en la Secretaría Giovanny Bravo, secretario general, y Jorge López, prosecretario general.

003_ACTA_098-AN-2025-2029_PLENO_08-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció las solicitudes de cambio del orden del día presentadas por los asambleístas Besibell Mendoza, quien planteó reconocer las inversiones públicas en educación superior, infraestructura educativa y programas de empleo y emprendimiento en la provincia de Manabí; Keevin Gallardo, quien propuso respaldar la reestructuración del Estado para optimizar los recursos públicos y modernizar la gestión institucional; y Jadira Bayas, quien solicitó reconocer los avances en la recuperación de la infraestructura vial del país, especialmente del corredor Santo Domingo-Las Mercedes-Los Bancos, siendo aprobadas las solicitudes de Besibell Mendoza y Jadira Bayas, mientras que la propuesta de Keevin Gallardo no obtuvo los votos necesarios. Posteriormente, en comisión general, intervino Niels Olsen, quien presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia de la Asamblea Nacional; en aplicación de las disposiciones constitucionales y legales sobre la sucesión de autoridades legislativas, Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, tomó juramento y posesionó a Mishel Mancheno como presidenta de la Asamblea Nacional, quien intervino para expresar su compromiso de dar continuidad a la gestión institucional. A continuación, el Pleno conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización del caso Sucre-Foglocons, relacionado con presuntas irregularidades en operaciones comerciales y financieras efectuadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), con las intervenciones de los asambleístas Ana Tapia, Héctor Rodríguez y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre las investigaciones realizadas, las actuaciones de las instituciones de control, las posibles responsabilidades de los involucrados y la necesidad de actualizar el informe de fiscalización; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la resolución que dispone a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político actualizar y ampliar el informe en un plazo máximo de 60 días, incorporando nueva información y verificando el cumplimiento de sus recomendaciones. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, orientado a actualizar la normativa penal mediante la incorporación de nuevos tipos penales, la revisión de sanciones y el fortalecimiento de las disposiciones relacionadas con la extorsión, el crimen organizado, la corrupción, los delitos contra la propiedad, la violencia sexual, los delitos informáticos, la protección de datos y la seguridad del Estado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, Cristian Benavides, Juan Reyes, Saadin Serrano, Sergio Peña, Liliana Durán, Mariana Yumbay, Keevin Gallardo, Marco Olmedo, Inés Alarcón, Edwin Jarrín, Mireya Pazmiño, Adrián Castro y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el endurecimiento de las penas, la tipificación de nuevas conductas delictivas, la independencia judicial, la protección de las víctimas, la seguridad jurídica, las garantías constitucionales y la necesidad de complementar las reformas penales con medidas de prevención y fortalecimiento institucional; finalizado el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, en calidad de primera vicepresidenta y posteriormente como presidenta de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul en la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

003_ACTA_102-AN-2025-2029_PLENO_23-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_112-AN-2025-2029_31-07-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, relacionada con presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales en la supervisión de los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con la empresa Austral Technical Management (ATM), destinados a la generación eléctrica mediante la Central Térmica Esmeraldas III, así como posibles irregularidades en la administración de recursos públicos, la falta de medidas correctivas frente a las observaciones de la Contraloría General del Estado y la presunta interferencia en los procesos de fiscalización legislativa. Durante el debate intervinieron los asambleístas Luigi García, José Nango, Lenin Barreto, Jorge Chamba, Blasco Luna, Saadin Serrano, Keevin Gallardo, Mónica Palacios, María Villacreses, Nanki Saant, Fabiola Sanmartín, Gabriela Molina, Juan Reyes, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Ana Herrera e Inés Alarcón, quienes expusieron diferentes criterios sobre la responsabilidad política de la exministra, las competencias de rectoría y supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, la autonomía administrativa y financiera de CELEC EP, los desembolsos realizados a la empresa contratista, las observaciones de la Contraloría, la suficiencia de las pruebas presentadas y la pertinencia de continuar o archivar el proceso de enjuiciamiento político. Concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos, 58 negativos y una abstención la moción presentada por José Nango para acoger y ratificar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político y archivar la solicitud de enjuiciamiento político contra Inés Manzano, conforme a la recomendación de la Comisión, que consideró que no se había demostrado el nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones; posteriormente, se negó la reconsideración de dicha votación. Al inicio de la sesión intervino Liliana Durán, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para tratar la desclasificación parcial de información relacionada con investigaciones fiscales y actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral que afectaban la participación electoral de organizaciones políticas, con fines de fiscalización y control político, solicitud que no fue aprobada al obtener 56 votos afirmativos, 79 negativos y cuatro abstenciones. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión.

Sesion 078A, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 102, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_RESUMEN EJECUTIVO_SESION_078-A-AN-2025-2029_17-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_078-A-AN-2025-2029_PLENO_17-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PRIMER_DEBATE_COIP_03-06-36 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció las solicitudes de cambio del orden del día presentadas por los asambleístas Besibell Mendoza, quien planteó reconocer las inversiones públicas en educación superior, infraestructura educativa y programas de empleo y emprendimiento en la provincia de Manabí; Keevin Gallardo, quien propuso respaldar la reestructuración del Estado para optimizar los recursos públicos y modernizar la gestión institucional; y Jadira Bayas, quien solicitó reconocer los avances en la recuperación de la infraestructura vial del país, especialmente del corredor Santo Domingo-Las Mercedes-Los Bancos, siendo aprobadas las solicitudes de Besibell Mendoza y Jadira Bayas, mientras que la propuesta de Keevin Gallardo no obtuvo los votos necesarios. Posteriormente, en comisión general, intervino Niels Olsen, quien presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia de la Asamblea Nacional; en aplicación de las disposiciones constitucionales y legales sobre la sucesión de autoridades legislativas, Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, tomó juramento y posesionó a Mishel Mancheno como presidenta de la Asamblea Nacional, quien intervino para expresar su compromiso de dar continuidad a la gestión institucional. A continuación, el Pleno conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización del caso Sucre-Foglocons, relacionado con presuntas irregularidades en operaciones comerciales y financieras efectuadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), con las intervenciones de los asambleístas Ana Tapia, Héctor Rodríguez y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre las investigaciones realizadas, las actuaciones de las instituciones de control, las posibles responsabilidades de los involucrados y la necesidad de actualizar el informe de fiscalización; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la resolución que dispone a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político actualizar y ampliar el informe en un plazo máximo de 60 días, incorporando nueva información y verificando el cumplimiento de sus recomendaciones. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, orientado a actualizar la normativa penal mediante la incorporación de nuevos tipos penales, la revisión de sanciones y el fortalecimiento de las disposiciones relacionadas con la extorsión, el crimen organizado, la corrupción, los delitos contra la propiedad, la violencia sexual, los delitos informáticos, la protección de datos y la seguridad del Estado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, Cristian Benavides, Juan Reyes, Saadin Serrano, Sergio Peña, Liliana Durán, Mariana Yumbay, Keevin Gallardo, Marco Olmedo, Inés Alarcón, Edwin Jarrín, Mireya Pazmiño, Adrián Castro y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el endurecimiento de las penas, la tipificación de nuevas conductas delictivas, la independencia judicial, la protección de las víctimas, la seguridad jurídica, las garantías constitucionales y la necesidad de complementar las reformas penales con medidas de prevención y fortalecimiento institucional; finalizado el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, en calidad de primera vicepresidenta y posteriormente como presidenta de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul en la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_INFORME_DEL_PROCESO_DE_FISCALIZACION_TROLEBUSES_27-05-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

003_ACTA_106-AN-2025-2029_PLENO_07-07-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre la posesión de los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomando juramento y posesionando legalmente a Johnny Escobar, Andrés Mendoza y Roger Vallejo, quienes suscribieron las respectivas actas de posesión. Posteriormente, se conoció la solicitud del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar una nueva delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso público de méritos y oposición para la designación del fiscal general del Estado, debido a la renuncia de la comisionada principal Silvana Ramírez; durante este punto intervino el asambleísta Álex Morán, quien presentó la moción para designar a María Mogrovejo como nueva delegada de la Función Legislativa, la cual fue aprobada con 80 votos afirmativos. A continuación, el Pleno conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica de Extradición, orientado a establecer un marco jurídico actualizado para regular los procedimientos de extradición activa y pasiva, definir las competencias de las autoridades nacionales, fortalecer la cooperación judicial internacional, establecer requisitos y procedimientos para la entrega de personas requeridas por la justicia de otros países y garantizar el respeto al debido proceso, los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano, en concordancia con la reforma constitucional aprobada mediante consulta popular. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, Keevin Gallardo, César Palacios, Marco Olmedo, Edwin Jarrín, Juan Reyes, Lucía Jaramillo, Rebeca Veloz, Diana Jácome, Luigi García, Carmen Tiupul, Christopher Jaramillo, Adrián Castro, Andrés Castillo y Janeth Cabezas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la aplicación de la extradición como mecanismo de cooperación internacional frente al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos, la necesidad de garantizar procedimientos claros y transparentes, la protección de los derechos fundamentales de las personas requeridas, las condiciones para conceder o denegar solicitudes de extradición, el tratamiento de personas menores de edad y la coordinación entre las autoridades judiciales y administrativas competentes; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Rosa Torres para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica de Extradición. Al inicio de la sesión intervino Jhajaira Urresta, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer y resolver sobre las amenazas, actos de violencia y presuntos atentados contra la vida e integridad personal de los asambleístas en el ejercicio de sus funciones legislativas y de fiscalización, así como disponer el respaldo institucional del Pleno a sus integrantes, solicitud que fue aprobada con 142 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_116-AN-2025-2029_18-08-26 Al inicio de la sesión, la presidenta Mishel Mancheno Dávila expresó las condolencias del Pleno por el fallecimiento, en un accidente aéreo en Kenia, de Michele Sensi-Contugi, titular del Centro Nacional de Inteligencia, y de su esposa Stephany Hollihan, guardándose un toque de silencio en su memoria. El Pleno conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar la Igualdad en el Acceso a la Licencia por Calamidad Doméstica, con las intervenciones de Naila Quintana, Sergio Peña, Nuria Butiñá, María Cristina Acuña, Roberto Cuero, Christopher Jaramillo, Carmen Tiupul y Nathaly Farinango, concluyendo con la disposición de que el proyecto retorne a Comisión para el informe de segundo debate; asimismo conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas a Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley Nro. 047), con las intervenciones de la ponente Nathaly Farinango, Gerardo Machado, Hernán Zapata, Mónica Alemán, Segundo Tuala, Jossue Barragán, Anthony Becerra, Edwin Jarrín, Adrián Castro, Liliana Durán, Andrés Castillo y Fabiola Sanmartín, con igual disposición de retorno a Comisión; y finalmente conoció el Oficio Nro. CNE-SG-2026-000813-OF, mediante el cual el Consejo Nacional Electoral determinó que la iniciativa popular para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador no alcanzó el respaldo ciudadano mínimo exigido, aprobándose con 89 votos afirmativos, tras la intervención de Milton Aguas, la moción que determinó la imposibilidad de continuar con dicho trámite. La sesión fue presidida por Mishel Andrea Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge Enrique López Terán, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

004_ACTA_116-AN-2025-2029_PLENO_20-10-2026 Al inicio de la sesión, la presidenta Mishel Mancheno Dávila expresó las condolencias del Pleno por el fallecimiento, en un accidente aéreo en Kenia, de Michele Sensi-Contugi, titular del Centro Nacional de Inteligencia, y de su esposa Stephany Hollihan, guardándose un toque de silencio en su memoria. El Pleno conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar la Igualdad en el Acceso a la Licencia por Calamidad Doméstica, con las intervenciones de Naila Quintana, Sergio Peña, Nuria Butiñá, María Cristina Acuña, Roberto Cuero, Christopher Jaramillo, Carmen Tiupul y Nathaly Farinango, concluyendo con la disposición de que el proyecto retorne a Comisión para el informe de segundo debate; asimismo conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas a Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley Nro. 047), con las intervenciones de la ponente Nathaly Farinango, Gerardo Machado, Hernán Zapata, Mónica Alemán, Segundo Tuala, Jossue Barragán, Anthony Becerra, Edwin Jarrín, Adrián Castro, Liliana Durán, Andrés Castillo y Fabiola Sanmartín, con igual disposición de retorno a Comisión; y finalmente conoció el Oficio Nro. CNE-SG-2026-000813-OF, mediante el cual el Consejo Nacional Electoral determinó que la iniciativa popular para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador no alcanzó el respaldo ciudadano mínimo exigido, aprobándose con 89 votos afirmativos, tras la intervención de Milton Aguas, la moción que determinó la imposibilidad de continuar con dicho trámite. La sesión fue presidida por Mishel Andrea Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge Enrique López Terán, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 084, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció, analizó y resolvió sobre los informes anuales de labores correspondientes al período 2025 de varias autoridades de las funciones del Estado, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización y control político. En primer lugar, se conocieron los informes de la Procuraduría General del Estado y de la Defensoría Pública, relacionados con la defensa jurídica de los intereses del Estado, el patrocinio judicial, el asesoramiento legal a las instituciones públicas y el acceso a la justicia de las personas que requieren asistencia jurídica gratuita, con la intervención del asambleísta Edwin Jarrín, quien presentó las mociones para aprobar los informes no vinculantes elaborados por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, las cuales fueron aprobadas por el Pleno; posteriormente, intervino César Palacios, quien solicitó la rectificación de la votación correspondiente al informe de la Defensoría Pública, ratificándose su aprobación. A continuación, se conoció el informe anual de labores del fiscal general del Estado encargado, relacionado con la investigación de delitos, el ejercicio de la acción penal pública, la gestión de los procesos judiciales y el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General del Estado, con la intervención de Inés Alarcón, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante y exhortar a la institución a cumplir las recomendaciones formuladas, resolución que fue aprobada con 78 votos afirmativos. Seguidamente, se conoció el informe de labores del expresidente de la Función de Transparencia y Control Social, relacionado con la coordinación institucional, la promoción de la transparencia, la participación ciudadana y el control social, con la intervención de Lucía Pozo, cuya moción para aprobar el informe no vinculante fue aprobada con 78 votos afirmativos. Posteriormente, se analizó el informe anual de labores del contralor general del Estado, relacionado con el control de la utilización de los recursos públicos, la ejecución de auditorías, la determinación de responsabilidades y el fortalecimiento de los mecanismos de control gubernamental, con la intervención de Nathaly Farinango, quien presentó la moción para aprobar el informe no vinculante, la cual obtuvo 80 votos afirmativos. A continuación, se conocieron los informes anuales de labores de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, relacionados con la organización y administración de los procesos electorales, la garantía de los derechos de participación política, la resolución de controversias electorales y el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de ambos organismos, con la intervención de Diana Jácome, quien presentó las respectivas mociones; el informe del Consejo Nacional Electoral fue aprobado con 77 votos afirmativos, mientras que el informe del Tribunal Contencioso Electoral fue aprobado con 79 votos afirmativos, con excepción de su numeral 6.2, disponiéndose además la implementación de recomendaciones institucionales y el seguimiento a las observaciones formuladas por la Asamblea Nacional. Finalmente, el Pleno conoció el informe anual de labores del expresidente del Consejo de la Judicatura, relacionado con la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, la gestión institucional, los procesos disciplinarios, la evaluación del desempeño y la eficiencia en la administración de justicia, con la intervención de Keevin Gallardo, quien presentó la moción para no aprobar el informe de labores correspondiente al período 2025, conforme a lo establecido en el informe no vinculante de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, resolución que fue aprobada con 139 votos afirmativos. La sesión fue presidida inicialmente por Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y posteriormente por Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional; actuaron en la Secretaría Giovanny Bravo, secretario general, y Jorge López, prosecretario general.

Sesion 116, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional, al inicio de la sesión, la presidenta Mishel Mancheno Dávila expresó las condolencias del Pleno por el fallecimiento, en un accidente aéreo en Kenia, de Michele Sensi-Contugi, titular del Centro Nacional de Inteligencia, y de su esposa Stephany Hollihan, guardándose un toque de silencio en su memoria. El Pleno conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar la Igualdad en el Acceso a la Licencia por Calamidad Doméstica, con las intervenciones de Naila Quintana, Sergio Peña, Nuria Butiñá, María Cristina Acuña, Roberto Cuero, Christopher Jaramillo, Carmen Tiupul y Nathaly Farinango, concluyendo con la disposición de que el proyecto retorne a Comisión para el informe de segundo debate; asimismo conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas a Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley Nro. 047), con las intervenciones de la ponente Nathaly Farinango, Gerardo Machado, Hernán Zapata, Mónica Alemán, Segundo Tuala, Jossue Barragán, Anthony Becerra, Edwin Jarrín, Adrián Castro, Liliana Durán, Andrés Castillo y Fabiola Sanmartín, con igual disposición de retorno a Comisión; y finalmente conoció el Oficio Nro. CNE-SG-2026-000813-OF, mediante el cual el Consejo Nacional Electoral determinó que la iniciativa popular para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador no alcanzó el respaldo ciudadano mínimo exigido, aprobándose con 89 votos afirmativos, tras la intervención de Milton Aguas, la moción que determinó la imposibilidad de continuar con dicho trámite. La sesión fue presidida por Mishel Andrea Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge Enrique López Terán, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_102-AN-2025-2029_21-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_106-AN-2025-2029_05-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre la posesión de los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomando juramento y posesionando legalmente a Johnny Escobar, Andrés Mendoza y Roger Vallejo, quienes suscribieron las respectivas actas de posesión. Posteriormente, se conoció la solicitud del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar una nueva delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso público de méritos y oposición para la designación del fiscal general del Estado, debido a la renuncia de la comisionada principal Silvana Ramírez; durante este punto intervino el asambleísta Álex Morán, quien presentó la moción para designar a María Mogrovejo como nueva delegada de la Función Legislativa, la cual fue aprobada con 80 votos afirmativos. A continuación, el Pleno conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica de Extradición, orientado a establecer un marco jurídico actualizado para regular los procedimientos de extradición activa y pasiva, definir las competencias de las autoridades nacionales, fortalecer la cooperación judicial internacional, establecer requisitos y procedimientos para la entrega de personas requeridas por la justicia de otros países y garantizar el respeto al debido proceso, los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano, en concordancia con la reforma constitucional aprobada mediante consulta popular. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, Keevin Gallardo, César Palacios, Marco Olmedo, Edwin Jarrín, Juan Reyes, Lucía Jaramillo, Rebeca Veloz, Diana Jácome, Luigi García, Carmen Tiupul, Christopher Jaramillo, Adrián Castro, Andrés Castillo y Janeth Cabezas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la aplicación de la extradición como mecanismo de cooperación internacional frente al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos, la necesidad de garantizar procedimientos claros y transparentes, la protección de los derechos fundamentales de las personas requeridas, las condiciones para conceder o denegar solicitudes de extradición, el tratamiento de personas menores de edad y la coordinación entre las autoridades judiciales y administrativas competentes; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Rosa Torres para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica de Extradición. Al inicio de la sesión intervino Jhajaira Urresta, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer y resolver sobre las amenazas, actos de violencia y presuntos atentados contra la vida e integridad personal de los asambleístas en el ejercicio de sus funciones legislativas y de fiscalización, así como disponer el respaldo institucional del Pleno a sus integrantes, solicitud que fue aprobada con 142 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_INFORME_PARA_SEGUNDO_DEBATE_DEL_PROYECTO_DE_LEY_ORGANICA_DE_EXTRADICION_16-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre la posesión de los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomando juramento y posesionando legalmente a Johnny Escobar, Andrés Mendoza y Roger Vallejo, quienes suscribieron las respectivas actas de posesión. Posteriormente, se conoció la solicitud del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar una nueva delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso público de méritos y oposición para la designación del fiscal general del Estado, debido a la renuncia de la comisionada principal Silvana Ramírez; durante este punto intervino el asambleísta Álex Morán, quien presentó la moción para designar a María Mogrovejo como nueva delegada de la Función Legislativa, la cual fue aprobada con 80 votos afirmativos. A continuación, el Pleno conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica de Extradición, orientado a establecer un marco jurídico actualizado para regular los procedimientos de extradición activa y pasiva, definir las competencias de las autoridades nacionales, fortalecer la cooperación judicial internacional, establecer requisitos y procedimientos para la entrega de personas requeridas por la justicia de otros países y garantizar el respeto al debido proceso, los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano, en concordancia con la reforma constitucional aprobada mediante consulta popular. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, Keevin Gallardo, César Palacios, Marco Olmedo, Edwin Jarrín, Juan Reyes, Lucía Jaramillo, Rebeca Veloz, Diana Jácome, Luigi García, Carmen Tiupul, Christopher Jaramillo, Adrián Castro, Andrés Castillo y Janeth Cabezas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la aplicación de la extradición como mecanismo de cooperación internacional frente al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos, la necesidad de garantizar procedimientos claros y transparentes, la protección de los derechos fundamentales de las personas requeridas, las condiciones para conceder o denegar solicitudes de extradición, el tratamiento de personas menores de edad y la coordinación entre las autoridades judiciales y administrativas competentes; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Rosa Torres para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica de Extradición. Al inicio de la sesión intervino Jhajaira Urresta, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer y resolver sobre las amenazas, actos de violencia y presuntos atentados contra la vida e integridad personal de los asambleístas en el ejercicio de sus funciones legislativas y de fiscalización, así como disponer el respaldo institucional del Pleno a sus integrantes, solicitud que fue aprobada con 142 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

003_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_DECRETO_047_17-08-26 Al inicio de la sesión, la presidenta Mishel Mancheno Dávila expresó las condolencias del Pleno por el fallecimiento, en un accidente aéreo en Kenia, de Michele Sensi-Contugi, titular del Centro Nacional de Inteligencia, y de su esposa Stephany Hollihan, guardándose un toque de silencio en su memoria. El Pleno conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar la Igualdad en el Acceso a la Licencia por Calamidad Doméstica, con las intervenciones de Naila Quintana, Sergio Peña, Nuria Butiñá, María Cristina Acuña, Roberto Cuero, Christopher Jaramillo, Carmen Tiupul y Nathaly Farinango, concluyendo con la disposición de que el proyecto retorne a Comisión para el informe de segundo debate; asimismo conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas a Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley Nro. 047), con las intervenciones de la ponente Nathaly Farinango, Gerardo Machado, Hernán Zapata, Mónica Alemán, Segundo Tuala, Jossue Barragán, Anthony Becerra, Edwin Jarrín, Adrián Castro, Liliana Durán, Andrés Castillo y Fabiola Sanmartín, con igual disposición de retorno a Comisión; y finalmente conoció el Oficio Nro. CNE-SG-2026-000813-OF, mediante el cual el Consejo Nacional Electoral determinó que la iniciativa popular para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador no alcanzó el respaldo ciudadano mínimo exigido, aprobándose con 89 votos afirmativos, tras la intervención de Milton Aguas, la moción que determinó la imposibilidad de continuar con dicho trámite. La sesión fue presidida por Mishel Andrea Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge Enrique López Terán, prosecretario general de la Asamblea Nacional.