ACTA_145-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Francisco Cisneros para exhortar a la ejecución urgente de la rehabilitación y construcción de un nuevo bloque para el Hospital del IESS de Puyo, pese a que señaló que existían recursos asignados y que su cancelación afectaba a miles de afiliados de Pastaza; en cambio, se incorporaron al orden del día las propuestas de Gioconda Saltos para solicitar el reconocimiento de los doctorados en Ciencias de la Educación obtenidos bajo el régimen anterior como títulos de cuarto nivel, con el fin de facilitar la recategorización de los docentes, y de María Augusta Calle para pronunciarse sobre los proyectos estadounidenses SOPA y PIPA, cuestionados por sus posibles efectos extraterritoriales sobre la privacidad, el acceso a la información y la libertad de expresión en Internet, aunque ambos asuntos quedaron pendientes. Posteriormente, se debatió y aprobó la resolución para promover el conocimiento y estudio de la Gesta Alfarista, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción del Estado laico, la educación pública, la integración nacional, la soberanía, la libertad, la igualdad, los derechos de las mujeres y la transformación política y social del país; durante la discusión se propuso esclarecer las responsabilidades históricas de su asesinato, reconocer a otros protagonistas de la Revolución Liberal, visibilizar la participación de las mujeres, revisar los compromisos estatales incompatibles con el laicismo, evitar la utilización política de su figura y mejorar la redacción del documento. El texto aprobado dispuso incorporar el estudio de la Gesta Alfarista en los distintos niveles educativos, promover contenidos curriculares sobre este proceso histórico, declarar el 28 de enero como Día de la Reparación Nacional, realizar actividades públicas de memoria y condena de su asesinato e incluir los estudios alfaristas en la formación de docentes. También se inició el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, dirigida a actualizar una normativa antigua conforme al carácter intercultural y plurinacional del Estado, reconocer los derechos colectivos, la autonomía y los gobiernos comunitarios, proteger las tierras y territorios ancestrales, fortalecer la participación en los gobiernos locales, la jurisdicción indígena y la consulta prelegislativa. La discusión se concentró especialmente en la posibilidad de que las comunas se transformaran voluntariamente en cooperativas de producción: algunos legisladores sostuvieron que esta opción respondía a la libre determinación y a las distintas realidades comunitarias, mientras otros advirtieron que podía facilitar la parcelación y pérdida del carácter indivisible, inembargable e imprescriptible de las tierras comunales. Asimismo, se propuso que la normativa tuviera carácter orgánico, reforzara los derechos de los comuneros, reconociera las particularidades de los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y comuneros de la Costa, regulara cuidadosamente la creación de nuevas comunas y garantizara beneficios tributarios, seguros agrícolas y coordinación con los gobiernos descentralizados. El debate quedó suspendido sin votación y con intervenciones pendientes, por lo que tampoco se trató el proyecto relacionado con la libertad e igualdad religiosa. Intervinieron Francisco Cisneros, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Gabriela Cuadros Alcívar y los integrantes del grupo musical Ariel; además de Lídice Larrea, Mery Zamora, Paco Moncayo, Luis Almeida, Scheznarda Fernández, Silvia Salgado, María Paula Romo, Luis Morales, Richard Guillén, Hólger Chávez, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, César Montúfar, Fausto Cobo, Lourdes Tibán, Ramón Vicente Cedeño, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Kléver García, María Soledad Vela y Ramiro Terán.
Sin títuloACTA_190-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, orientado a garantizar la soberanía alimentaria, proteger las semillas nativas y los conocimientos ancestrales, conservar la diversidad genética, fomentar la producción agroecológica y orgánica, establecer bancos vivos de semillas y un Banco Nacional de Germoplasma, y fortalecer a los pequeños y medianos agricultores mediante asistencia técnica, investigación, capacitación, créditos, seguros, precios de sustentación, compras públicas y sistemas de comercialización más justos. Aunque existió un respaldo general a la necesidad de proteger el campo y mejorar las condiciones de vida de los productores, se formularon observaciones sobre la falta de políticas para sustituir los agroquímicos por controles naturales de plagas, la posible utilización de cultivos alimentarios para producir biocombustibles, la obligatoriedad de registrar a las comunidades y organizaciones productoras, la necesidad de reducir o eliminar la intermediación, facilitar la venta directa entre productores y consumidores, otorgar créditos oportunos y seguros agrícolas, incorporar a los colegios técnicos agropecuarios, coordinar con los gobiernos locales, precisar el funcionamiento del Banco de Germoplasma, fortalecer las sanciones y evitar que la futura aprobación de un Código Agrario eliminara los avances alcanzados por esta normativa. El principal punto de controversia fue el tratamiento de las semillas y cultivos transgénicos: una parte de los legisladores defendió una prohibición estricta por los posibles riesgos para la salud, la contaminación de las semillas tradicionales, la pérdida de soberanía frente a las empresas transnacionales y los daños ambientales relacionados con el uso intensivo de herbicidas, por lo que se propuso incorporar principios de no contaminación, mecanismos de denuncia, responsabilidades civiles, administrativas y penales, y mayores garantías para impedir su ingreso no autorizado; otros señalaron que no debía enfrentarse de manera absoluta el conocimiento ancestral con la ciencia moderna, que era necesario diferenciar las semillas híbridas de las transgénicas, valorar los incrementos de productividad obtenidos mediante la investigación genética y sustentar cualquier prohibición en estudios científicos rigurosos, considerando además que la Constitución contempla una excepción por razones de interés nacional. También se planteó realizar una investigación nacional o establecer una moratoria antes de adoptar una decisión definitiva, tomando en consideración las experiencias contradictorias de países que permiten o prohíben estos cultivos y evitando que el debate se resolviera únicamente por criterios políticos o emocionales. Asimismo, se insistió en que el proyecto debía someterse a consulta prelegislativa por su posible afectación a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; Marisol Peñafiel elevó nuevamente este planteamiento a moción, mientras Lourdes Tibán y Luis Morales sostuvieron que la consulta constituía un mandato constitucional que no debía depender de una mayoría circunstancial del Pleno, y Susana González pidió escuchar directamente a las organizaciones agropecuarias y permitir que los productores expresaran qué semillas deseaban utilizar. Intervinieron Betty Carrillo, Ramón Vicente Cedeño, Mercedes Diminich, Kléver García, César Rodríguez, Fernando Bustamante, Jorge Escala, Marisol Peñafiel, Rafael Dávila, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, Luis Morales, Rocío Valarezo, Henry Cuji, Francisco Velasco, Luis Almeida y Susana González; finalmente, no se votó la consulta prelegislativa ni se cerró el primer debate, pues la sesión fue suspendida mientras todavía existían nuevas solicitudes de intervención, quedando pendiente su posterior reinstalación.
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