ACTA_121-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ley Derogatoria No. 8 para la Depuración de la Normativa Legal, mediante el cual se eliminaron expresamente 150 normas obsoletas o ya cumplidas, entre decretos y acuerdos supremos, resoluciones legislativas y decretos leyes de emergencia, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica; tras la rectificación, el proyecto obtuvo noventa y un votos afirmativos, cinco blancos y diez abstenciones. Posteriormente, se debatió y aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos, destacándose que este instrumento puso fin a la denominada “guerra del banano”, redujo progresivamente los aranceles europeos y mejoró las condiciones de acceso del producto ecuatoriano, aunque también se plantearon inquietudes sobre la competitividad frente a Colombia y Perú, la protección de pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial y la necesidad de políticas complementarias para el sector; la rectificación registró ciento diez votos afirmativos. Finalmente, se discutió qué comisión debía analizar el informe anual de labores del Presidente de la República: las propuestas para remitirlo a las comisiones de Derechos Colectivos y de Soberanía no fueron aprobadas luego de sus respectivas rectificaciones, mientras que también se planteó encargarlo a Fiscalización, conformar una comisión multipartidista o distribuir el análisis entre todas las comisiones; al no existir una propuesta concreta y consensuada, la sesión fue suspendida. Intervinieron María Paula Romo, Rafael Dávila, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Víctor Quirola, Emilia Jaramillo, Nicolás Lapentti, Omar Juez, Línder Altafuya, Dora Aguirre, María Augusta Calle y Fernando Flores.
Sin títuloACTA_073-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate y se aprobó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, orientado a impulsar la transformación productiva, la diversificación económica, la innovación, las exportaciones, las MIPYMES, las zonas especiales de desarrollo, el acceso a financiamiento, la modernización aduanera y los incentivos tributarios para nuevas inversiones, incluyendo la reducción progresiva del impuesto a la renta, beneficios para zonas deprimidas y fronterizas, exoneraciones para determinados sectores, mecanismos de salario digno y disposiciones sobre tierras rurales. Francisco Velasco defendió el texto y sus incentivos; Silvia Salgado, Betty Amores, Armando Aguilar, Pedro de la Cruz, Gioconda Saltos, Diana Atamaint, Gido Vargas, Mauro Andino, Juan Carlos Cassinelli, Irina Cabezas, Viviana Bonilla, Marllely Vásconez, Marco Murillo, Salomón Fadul y Henry Cuji plantearon aportes para fortalecer la economía popular y solidaria, la agricultura familiar, el comercio justo, la producción amazónica, la protección ambiental, el acceso a tierra, crédito y tecnología, así como la exoneración del impuesto a tierras rurales para campesinos y productores de la Amazonía. Enrique Herrería, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Ramiro Terán, Hugo Quevedo, Nicolás Lapentti, César Montúfar, Sylvia Kon y Luis Morales cuestionaron el trámite urgente, la seguridad jurídica, la amplitud de facultades reglamentarias del Ejecutivo, el anticipo al impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, la fórmula del salario digno, los mecanismos de contratación laboral y aspectos aduaneros; Jaime Abril propuso mejoras de técnica legislativa y proporcionalidad de sanciones, mientras Patricio Rodríguez solicitó incentivos y financiamiento para migrantes retornados. En comisión general, Orlando Grefa, Jofre Poma y Carlos Pinzón solicitaron la condonación del impuesto, multas e intereses de 2010 para agricultores amazónicos y del noroccidente de Pichincha, así como catastros técnicos que consideren productividad, topografía, conservación de fuentes de agua y condiciones ambientales. La moción de Luis Morales para votar el Código capítulo por capítulo fue negada; posteriormente, el Código fue aprobado con sesenta y ocho votos afirmativos, treinta y ocho negativos y tres abstenciones, y la reconsideración fue rechazada. Además, se aprobó la resolución propuesta por Edwin Vaca para exhortar al Gobierno a mantener la ayuda humanitaria y asignar recursos para Tulcán, afectada por lluvias y granizo que inundaron gran parte de la ciudad, destruyeron viviendas y centros educativos y dejaron numerosas familias damnificadas; la resolución obtuvo ciento cinco votos afirmativos
Sin títuloACTA_126-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la recategorización y capacitación de los docentes, la declaratoria de emergencia sanitaria en Quisapincha ante el incremento de casos de sarampión y la atención urgente a las familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Napo; posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, respecto del cual existió consenso sobre la necesidad de prevenir y sancionar los monopolios, los acuerdos colusorios, la competencia desleal y los abusos contra consumidores, pequeños productores y empresas, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre la concentración de atribuciones en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la intervención del Ejecutivo, la independencia de los organismos de control, las facultades de investigación e inspección, la protección de la privacidad y el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones, la regulación de las empresas públicas y privadas, la protección de las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria, la inversión, el empleo y las disposiciones aplicables a los sectores financiero y de comunicación. Durante una comisión general, Pablo Dávila Jaramillo, representante de las cámaras de industrias, respaldó la existencia de una normativa de competencia, pero solicitó limitar la discrecionalidad de las autoridades, establecer controles colegiados y otorgar un período de transición. Finalmente, se negó la propuesta de Rafael Dávila para archivar el proyecto y sustituirlo por otra iniciativa antimonopolio, con cuarenta y cuatro votos afirmativos, sesenta negativos, dos blancos y diez abstenciones; sin embargo, no se efectuó la votación definitiva de la ley, pues el debate fue suspendido para incorporar las observaciones formuladas y buscar un texto de mayor consenso, quedando pendientes los demás puntos incorporados al orden del día. Intervinieron Gioconda Saltos, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Francisco Velasco, Pablo Dávila Jaramillo, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Zobeida Gudiño, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Patricio Quevedo, Silvia Salgado, Nicolás Lapentti, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Fernando González, Alfredo Bautista, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Betty Amores, Rafael Dávila, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Luis Morales, Francisco Cevallos, Jorge Fadul, Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Lenín Chica, Richard Guillén, Jorge Escala, Rosana Alvarado y Fernando Flores.
Sin títuloACTA_130-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron varias modificaciones del orden del día para incorporar posteriormente el análisis de la situación de los migrantes ecuatorianos afectados por fraudes hipotecarios en España, una resolución relacionada con la muerte de Ernesto “Che” Guevara y dos propuestas de reconocimiento a San José de Ancón por su importancia histórica, cultural, industrial y petrolera. A continuación, se rindió homenaje al músico y compositor Segundo Bautista Vasco, destacándose su trayectoria, talento, aporte a la música nacional y ejemplo de superación, por lo que recibió la condecoración al mérito cultural y agradeció el reconocimiento mediante una interpretación musical. Posteriormente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, orientado a garantizar atención preferente a las poblaciones ubicadas en las fronteras, fortalecer la inversión pública, los servicios básicos, la educación, la salud, la conectividad, el turismo, la producción, el comercio, el transporte, el empleo local, la seguridad y la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, además de promover una cultura de paz, buena vecindad e integración con los países limítrofes; durante la discusión se expusieron los problemas de pobreza, migración, abandono institucional, falta de infraestructura, inseguridad, narcotráfico, contrabando, presencia de grupos irregulares, desplazamiento de refugiados, deterioro de destacamentos militares y explotación de recursos naturales, así como la necesidad de establecer mecanismos efectivos de financiamiento, incentivos tributarios y productivos, protección ambiental y criterios claros para distribuir los recursos, aunque también se advirtió que la Asamblea no podía crear directamente nuevas asignaciones presupuestarias. El debate quedó suspendido sin votación para continuar recogiendo observaciones. Asimismo, se aprobó una resolución que exhortó al Ministerio de Defensa a cancelar los valores retroactivos adeudados por los años 2008 y 2009 a militares activos y pasivos de las jerarquías de mayor, capitán, suboficial mayor y suboficial primero, solicitó al Ministerio de Finanzas entregar los recursos correspondientes y demandó al ISSFA realizar los pagos inmediatamente; la aprobación se mantuvo luego de negarse su reconsideración. Intervinieron Gerónimo Yantalema, Tomás Zevallos, Vanesa Fajardo, Fernando Aguirre, Jimmy Pinoargote, Gerardo Morán, Francisco Ulloa, Segundo Bautista Vasco, Julio Robles, Luis Nacevilla, Virgilio Hernández, Zobeida Gudiño, Magali Orellana, Línder Altafuya, Fausto Cobo, Edwin Vaca, Nicolás Lapentti, Carlos Velasco, Leandro Cadena, Guido Vargas, Diana Atamaint, Vethowen Chica y César Gracia.
Sin títuloACTA_148-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el segundo debate y se aprobó la interpretación de la normativa de servicio público aplicable al personal de la Función Legislativa, con el propósito de eliminar la existencia de dos regímenes laborales distintos dentro de la Asamblea y garantizar su independencia administrativa frente a la Función Ejecutiva. El texto estableció que las y los asambleístas y todos los servidores legislativos, tanto de nombramiento como de contrato, debían regirse por la normativa propia de la Función Legislativa y por los reglamentos y resoluciones expedidos por su órgano de administración, aunque las remuneraciones no podrían superar los límites máximos fijados para el sector público. Quienes respaldaron la propuesta señalaron que permitiría fortalecer la autonomía administrativa y financiera de la Asamblea, unificar las reglas para la gestión del personal y solucionar los problemas surgidos desde la entrada en vigencia de la normativa general de servicio público; también se destacó que la iniciativa había nacido de un acuerdo multipartidista. Por otra parte, se cuestionaron los errores existentes en dicha normativa, la excesiva intervención del Ministerio de Relaciones Laborales sobre instituciones autónomas y gobiernos descentralizados y la conveniencia de realizar una revisión integral, en lugar de aplicar únicamente reformas parciales. El proyecto fue aprobado inicialmente con ciento tres votos afirmativos y, en la rectificación, con ciento cinco votos afirmativos y tres abstenciones; la reconsideración fue negada, por lo que la decisión quedó firme. Debido a problemas técnicos en el sistema electrónico de votación, se suspendió la sesión y no se inició el primer debate del proyecto relacionado con la actividad estadística; antes de la suspensión se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Nicolás Lapentti. Intervinieron Mauro Andino, Fausto Cobo, Andrés Roche, Rolando Panchana y Nicolás Lapentti
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