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ACTA_066-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento una propuesta de Alfredo Ortiz orientada a garantizar el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y la atención de las personas migrantes en Galápagos, incluyendo la solicitud de una oficina de la Defensoría del Pueblo en la provincia; sin embargo, el texto no llegó a resolverse durante la jornada. También se aprobó la resolución presentada por María Soledad Vela para declarar al cantón Pedernales, provincia de Manabí, como “Génesis del nombre del Ecuador”, en reconocimiento a Punta Palmar como punto de partida de la Misión Geodésica Francesa; intervinieron María Soledad Vela, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri y Lídice Larrea en respaldo de la iniciativa, mientras Vicente Taiano, Pedro de la Cruz, Marco Murillo y Tito Nilton Mendoza solicitaron reemplazar la denominación inicial de “Cuna de la Identidad Ecuatoriana” por una expresión que no desconozca la diversidad cultural y plurinacional del país. En el segundo debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se aprobó eliminar la referencia a comisiones ciudadanas de selección y establecer que el Consejo designe al Procurador General del Estado y a los superintendentes de las ternas remitidas por el Ejecutivo, luego de los procesos de veeduría e impugnación ciudadana, con alternabilidad de género e interculturalidad; Raúl Abad, Betty Amores, Hugo Quevedo y Juan Carlos Cassinelli defendieron la reforma por ajustarla al texto constitucional, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Luis Morales y César Montúfar cuestionaron que se debilite la participación ciudadana y que el trámite no haya sido conocido por la comisión especializada correspondiente. Asimismo, se aprobó por unanimidad una resolución de solidaridad con las víctimas y familiares de la tragedia minera en el yacimiento Casa Negra de Portovelo, que exhortó a intensificar las labores de búsqueda, verificar las condiciones de seguridad de las minas, investigar los riesgos laborales y brindar apoyo social a las familias afectadas; intervinieron Fernando Bustamante, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Jorge Escala y María Paula Romo. Finalmente, se debatió la denuncia del Convenio de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y China; Fernando Bustamante y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la denuncia por las cláusulas de arbitraje internacional contrarias a la soberanía y al marco constitucional, mientras intervinieron Alfredo Ortiz, Paco Moncayo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Jorge Escala, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Zobeida Gudiño sobre sus efectos jurídicos, económicos y de inversión. Aunque inicialmente se registró la aprobación del informe, en la rectificación se consignó que no fue aprobado, quedando solicitada su reconsideración para una sesión posterior

ACTA_060-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la incorporación de una resolución propuesta por Magali Orellana para respaldar la declaratoria del cantón Loreto, en Orellana, como espacio ecológico y proteger sus fuentes de agua, bosques y biodiversidad frente a actividades extractivas. También se discutieron los efectos de la pérdida de quórum de la jornada anterior, especialmente respecto del tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior y la continuación del debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas; Enrique Herrería, Armando Aguilar, Luis Almeida, Vicente Taiano y Abdalá Bucaram expusieron posiciones distintas sobre la posibilidad de retomar dichos temas. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que proponía eliminar la obligación de conformar comisiones ciudadanas de selección para los procesos de veeduría, escrutinio e impugnación de las ternas enviadas por el Ejecutivo para designar al Procurador General del Estado y a los superintendentes. Raúl Abad defendió la reforma por considerar que buscaba ajustar la ley al texto constitucional; mientras Paco Moncayo, Luis Morales, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Vicente Taiano, Marco Murillo, Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, Gioconda Saltos, Alfredo Ortiz, Kléver García y Carlos Samaniego advirtieron que la propuesta podía debilitar la participación ciudadana y facilitar una designación indirecta de autoridades de control por parte del Ejecutivo, por lo que plantearon mantener y desarrollar expresamente los mecanismos de impugnación y veeduría. Rolando Panchana apoyó la necesidad de reformar la norma para agilizar la designación de autoridades titulares, Fernando Cordero propuso eliminar únicamente la referencia al escrutinio pero conservar la impugnación y veeduría ciudadana, Hólger Chávez sostuvo que la Constitución podía suplir cualquier vacío legal y Rosa Santos pidió revisar la aplicación de los principios de paridad y alternabilidad en las ternas. Finalmente, se aprobó por unanimidad el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y España, destinado a permitir la acumulación de aportes realizados en ambos países y garantizar prestaciones de salud, maternidad, invalidez, jubilación, supervivencia y otros beneficios para trabajadores migrantes y sus familias; Linda Machuca, Gabriel Rivera, Dora Aguirre, Luis Morales y Fernando Aguirre destacaron su importancia para los ecuatorianos residentes en España, mientras Fausto Cobo expresó su respaldo y Enrique Herrería y Luis Almeida solicitaron mayor acceso al texto original y claridad sobre su aplicación y financiamiento

ACTA_054-AN-2009-2011_PLENO.pdf primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Reprime el Lavado de Activos, iniciando con la lectura del informe de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, que recogió los antecedentes del trámite, el proceso de socialización con instituciones públicas y la ciudadanía, y los criterios recabados de invitados como el Procurador General del Estado, el Gerente General de la CAE, el Superintendente de Compañías, el Director General del SRI, el Comandante General de la Policía Nacional y el Fiscal General, entre otros, sobre ejes como la ampliación de sujetos obligados, la tipificación del financiamiento de actividades ilícitas, el endurecimiento de penas, el comiso especial de activos, el cambio de denominación de la Unidad de Inteligencia Financiera a Unidad de Análisis Financiero y el fortalecimiento del control fronterizo y bancario; posteriormente intervinieron en el debate los asambleístas Velasco Francisco, Moncayo Paco, Cassinelli Juan Carlos, Kon Sylvia, Tapia Vicente, Romo María Paula, Altafuya Línder, Bustamante Fernando, Morales Luis, Cabezas Irina, Saltos Gioconda, Andino Mauro, Alvarado Rosana, González Susana, Carrillo Betty, Zambrano Eduardo, Vaca Edwin, Amores Betty, Verduga Mary, García Kléver y Fajardo Vanesa, quienes plantearon observaciones y sugerencias sobre distintos artículos del proyecto —como plazos de conservación de información bancaria, montos de referencia para reportes, requisitos de los directivos de la nueva unidad y aspectos penales y de procedimiento—, quedando dichas intervenciones remitidas a la Comisión respectiva para su análisis, con la posibilidad de que los demás asambleístas presenten sus observaciones en los siguientes tres días laborables.

ACTA_196-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Jorge Escala solicitó modificar el orden del día para exhortar al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a solucionar la falta de pago de la jubilación adicional de miles de docentes retirados después de abril de 2011, argumentando que esos valores provenían de aportes realizados durante su vida laboral y constituían derechos adquiridos que no podían ser retenidos; sin embargo, la propuesta fue negada con cuarenta y nueve votos afirmativos y cincuenta abstenciones, y su rectificación volvió a ser rechazada con cuarenta y seis votos afirmativos y cincuenta y una abstenciones. Posteriormente se trató el reconocimiento a la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito como un evento académico que aporta al desarrollo arquitectónico, urbanístico y cultural del país, valorándose su contribución al intercambio profesional, la planificación urbana, el disfrute de los espacios públicos y la participación cultural; Francisco Ulloa propuso incorporar también el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, Celso Maldonado destacó la proyección nacional e internacional de los arquitectos ecuatorianos y Mercedes Diminich señaló la necesidad de que las construcciones respeten el entorno natural, histórico y urbano; con estas observaciones, la resolución fue aprobada por unanimidad con noventa votos afirmativos. El tema central fue el debate sobre el laudo arbitral del CIADI favorable a la empresa Occidental, respecto del cual existió un respaldo general a la defensa de los intereses del Estado y al pedido de nulidad, al sostenerse que la petrolera había incumplido la Ley de Hidrocarburos y el contrato al transferir derechos sin autorización, que el CIADI carecía de competencia para conocer la caducidad y que una eventual obligación de pagar entre dos mil doscientos y dos mil cuatrocientos millones de dólares afectaría gravemente los presupuestos destinados a salud, educación, seguridad, gobiernos locales, infraestructura y atención de las provincias amazónicas. Virgilio Hernández planteó que el caso fuera asumido como un asunto de Estado y cuestionó la actuación del CIADI, el origen de los convenios de arbitraje y la falta de consentimiento escrito para someter la controversia a ese organismo; María Augusta Calle denunció posibles conflictos de intereses entre el presidente del tribunal arbitral y las empresas involucradas; Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, María Alejandra Vicuña, Guillermina Cruz y Paola Pabón respaldaron la resolución, defendieron la movilización social que condujo a la salida de OXY, cuestionaron el carácter favorable a las transnacionales del sistema internacional de arbitraje y pidieron una posición conjunta de las funciones del Estado y de la ciudadanía en defensa de la soberanía y los recursos públicos. Aunque Cléver Jiménez coincidió en condenar el fallo, propuso que comparecieran Rafael Correa, Alfredo Palacio, José María Borja y el Procurador General del Estado para explicar las actuaciones y omisiones que habrían llevado al resultado adverso; Andrés Páez y Fernando González apoyaron la impugnación y defensa del país, pero reclamaron información detallada sobre la estrategia jurídica, el resto de las demandas internacionales y las responsabilidades de las autoridades, además de cuestionar el procedimiento utilizado para incluir el asunto en el orden del día después de que una solicitud anterior no alcanzara los votos necesarios. Jorge Escala propuso modificar la resolución para solicitar la denuncia del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones con Estados Unidos y censurar las declaraciones y actuaciones de las autoridades que, a su criterio, aceptaron la jurisdicción del CIADI; Fausto Cobo y Tito Nilton Mendoza condicionaron su apoyo a que se investigara todo el proceso, se determinaran responsabilidades de presidentes, ministros, procuradores, negociadores y legisladores, y se contemplara el ejercicio del derecho de repetición contra quienes hubieran causado perjuicios al Estado. Debido a la existencia de varias propuestas y a que aún permanecían once legisladores inscritos para intervenir, no se realizó la votación de la resolución; la sesión fue suspendida para buscar un texto consensuado que incorporara la defensa de la soberanía, el apoyo a la nulidad del laudo y la investigación de las responsabilidades, quedando pendiente su continuación y votación. Intervinieron Jorge Escala, Francisco Ulloa, Celso Maldonado, Mercedes Diminich, Virgilio Hernández, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Eduardo Encalada, Andrés Páez, Pedro de la Cruz, Fernando González, Silvia Salgado, María Alejandra Vicuña, Guillermina Cruz, Paola Pabón, Fausto Cobo y Tito Nilton Mendoza.