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ACTA_040-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, en medio de un amplio debate sobre la gestión pública y comunitaria del recurso, la participación social, la desprivatización, la redistribución, la protección de fuentes hídricas, los servicios de agua potable y riego, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la regulación de actividades productivas como la minería, el envasado de agua, el turismo termal, la acuacultura y la actividad camaronera. Andrés Roche, José Picoita, María Alejandra Vicuña, Rodolfo Baquerizo, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Cordero, Consuelo Flores y otros legisladores defendieron el proyecto como un avance para reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer prioridades de uso, regular autorizaciones y tarifas, recuperar concesiones irregulares y mantener las concesiones vigentes sujetas a auditorías y procesos de revisión, especialmente en el caso de INTERAGUA; mientras Gido Vargas, Silvia Salgado, Hólger Chávez, Cléver Jiménez, Nívea Vélez, Carlos Velasco, Línder Altafuya, Gioconda Saltos, Franklin Purcachi, Andrés Páez, Juan Carlos López, Tito Nilton Mendoza, Lourdes Tibán, Jorge Escala, Enrique Herrería, Francisco Cisneros y Pedro de la Cruz cuestionaron el carácter centralista de la autoridad única del agua, la posibilidad de que la Secretaría Nacional del Agua concentre decisiones, las disposiciones sobre tarifas, autorizaciones, concesiones, participación de empresas privadas y la falta de garantías suficientes para comunidades, pueblos y nacionalidades, pequeños productores, sistemas comunitarios y gobiernos locales. Varios asambleístas solicitaron que el texto sea revisado para alcanzar consensos sobre la autoridad del agua, la desprivatización, el aprovechamiento económico, la protección ambiental y las competencias territoriales; Nívea Vélez propuso que las observaciones sean analizadas con participación de organizaciones sociales en un plazo de quince días, mientras Tito Nilton Mendoza planteó archivar el proyecto y elaborar uno nuevo. Asimismo, se debatieron las movilizaciones indígenas y las actuaciones policiales ocurridas alrededor de la Asamblea, con denuncias de represión y restricciones a la participación ciudadana, frente a llamados a preservar el diálogo y evitar que las decisiones legislativas se adopten bajo presión. Finalmente, en comisión general, Rodrigo Collahuazo, Manuel Chucchilán y José Agualsaca solicitaron que no se vote apresuradamente, que se recojan las propuestas de las organizaciones campesinas e indígenas, se fortalezca el carácter decisorio del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, se revise la concesión de INTERAGUA y se establezcan controles sobre actividades que afecten manglares, fuentes y ecosistemas; al no concluir el tratamiento ni efectuarse una votación, la sesión fue suspendida.

ACTA_040-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Enrique Herrería para impulsar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el fin de corregir vacíos relacionados con los procesos de fiscalización y juicio político; sin embargo, este tema no llegó a tratarse. Previamente, en comisión general, Carlos Pazmiño, Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Luis Andrango y José Gualichico, en representación de organizaciones de regantes, pueblos indígenas y sistemas comunitarios de agua, solicitaron una normativa que garantice la gestión pública y comunitaria, la participación vinculante, la desprivatización, redistribución y protección de las fuentes de agua, así como el respeto a los sistemas comunitarios y a la soberanía alimentaria. También se conoció la renuncia de Betty Amores a la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentada tras las controversias surgidas durante el trámite del enjuiciamiento político al fiscal general; Mao Moreno propuso no aceptar la renuncia, mientras Luis Morales planteó aceptarla y designar a Vicente Taiano en su reemplazo, pero ambas mociones fueron negadas luego de las respectivas rectificaciones, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, defendido por Jaime Abril, Jimmy Pinoargote y Lídice Larrea como una norma orientada a reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer una cantidad vital, regular tarifas, priorizar el consumo humano, la soberanía alimentaria y la conservación ecológica, fortalecer la gestión pública y comunitaria, crear una institucionalidad integrada por la Secretaría Nacional del Agua, el Consejo Intercultural y Plurinacional y la Agencia de Regulación y Control, y regular el aprovechamiento productivo en actividades como minería, envasado, aguas termales, turismo y acuacultura. Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Paola Pabón, Stalin Subía, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Irina Cabezas, Gerardo Morán, Susana González, Richard Guillén, Armando Aguilar, Vicente Taiano, Omar Juez, Scheznarda Fernández, Mercedes Diminich, Galo Vaca, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Yandri Brunner, Guillermina Cruz, Mariángel Muñoz, Paco Fierro, Fernando González, César Montúfar, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Kléver García, Francisco Velasco, Línder Altafuya y César Rodríguez presentaron observaciones sobre la redistribución del agua, la protección de páramos, manglares y fuentes hídricas, el papel de los gobiernos autónomos descentralizados, la autonomía de las juntas comunitarias, la situación de INTERAGUA, las tarifas, las concesiones, la minería, el agua embotellada y la necesidad de que la autoridad del agua tenga una integración más participativa y vinculante. Al no concluir el debate ni producirse una votación final, la sesión fue suspendida para continuar posteriormente, en medio de llamados al diálogo, preocupaciones por movilizaciones sociales y denuncias sobre la criminalización de la protesta.

ACTA_046-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, orientado a reorganizar el sistema universitario y tecnológico mediante normas sobre autonomía responsable, cogobierno, gratuidad, financiamiento, igualdad de oportunidades, becas, nivelación y admisión, evaluación y acreditación, investigación, carrera docente, funcionamiento de institutos técnicos y tecnológicos, creación de nuevas instituciones, rendición de cuentas, sanciones y régimen de transición. Durante la comisión general, Galo Mindiola, Carlos Torres y Abraham Bedrán, en representación estudiantil, solicitaron mayor participación con voz y voto en los organismos del sistema, respeto a la autonomía universitaria, fortalecimiento del cogobierno, garantías para las organizaciones estudiantiles, becas y una revisión de las disposiciones transitorias; Yolanda Albán advirtió que ciertas obligaciones financieras y regulatorias podían afectar la subsistencia de los institutos técnicos y tecnológicos; mientras Gustavo Vega y Enrique Ayala Mora señalaron que existían importantes consensos, pero pidieron completar el diálogo sobre los temas pendientes, especialmente la integración y designación de las autoridades de los organismos de regulación y acreditación, el alcance de la Secretaría Nacional de Educación Superior, el financiamiento, las titulaciones y el régimen de transición. Raúl Abad, Mao Moreno, Eduardo Encalada, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Mary Verduga, Jaime Abril, Juan Fernández, Lídice Larrea, Rocío Valarezo y Zobeida Gudiño defendieron la necesidad de aprobar una normativa que eleve la calidad académica, democratice las universidades, fortalezca la evaluación, la investigación, la rendición de cuentas, la participación estudiantil y la vinculación de la educación superior con el desarrollo nacional; en tanto que Marco Murillo propuso suspender el tratamiento para ampliar el diálogo, y Jorge Escala, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Magali Orellana, Luis Almeida, Salomón Fadúl, César Montúfar y Gioconda Saltos expresaron preocupaciones sobre una posible afectación a la autonomía universitaria, la concentración de atribuciones en organismos vinculados al Ejecutivo, la creación de universidades sin los procedimientos previos, el financiamiento, la situación de las provincias amazónicas y la necesidad de incorporar las observaciones de la comunidad universitaria. También intervinieron Betty Amores y Gerónimo Yantalema; finalmente, al quedar numerosos legisladores inscritos y varios temas pendientes, se suspendió el debate sin que se produjera la votación del proyecto.

ACTA_059-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas, orientado a articular el Plan Nacional de Desarrollo, la planificación territorial, el presupuesto, la inversión pública, la gestión de liquidez, el endeudamiento y la programación fiscal plurianual. Francisco Velasco defendió la propuesta como un mecanismo para superar la desconexión entre planificación y presupuesto; mientras Patricio Quevedo, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Paola Pabón, Rafael Dávila, Nívea Vélez, Silvia Kon, Ramiro Terán, Enrique Herrería y Gilmar Gutiérrez cuestionaron su trámite urgente, la posible afectación a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, el IESS y la banca pública, las facultades para modificar el presupuesto, el límite de endeudamiento, la concentración de recursos en la Cuenta Única del Tesoro y la falta de participación ciudadana. María Soledad Vela solicitó fortalecer el presupuesto participativo, la transparencia y el control social; Virgilio Hernández pidió corregir disposiciones que podían generar burocracia y restringir competencias; Gina Godoy propuso incorporar expresamente a los consejos nacionales para la igualdad; y Galo Vaca planteó incluir la equipotencia regional, mayor participación de las funciones del Estado y límites más estrictos al endeudamiento. El debate quedó suspendido sin que se votaran las mociones de archivo. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior; Raúl Abad propuso allanarse en general al veto, con excepciones relacionadas con disposiciones sobre derechos de las estudiantes, autoridades universitarias, evaluación y la creación de una universidad en Santo Domingo de los Tsáchilas. Mary Verduga defendió mantener la disposición que permitía a Santo Domingo contar con una universidad estatal; Fernando Cordero, María Paula Romo, Silvia Salgado, Guillermina Cruz y Aminta Buenaño solicitaron ratificar normas sobre democracia interna, cogobierno, autonomía universitaria, igualdad y protección de estudiantes embarazadas; Elvis Maldonado cuestionó el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Educación Superior por considerar que limitaba la autonomía universitaria; y Armando Aguilar respaldó el tratamiento de la ley. Richard Guillén apeló la conducción del debate, pero la apelación fue negada; finalmente, la votación sobre el veto no se realizó por falta de quórum, por lo que las mociones quedaron sin resolución.

ACTA_071-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, orientado a reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías y militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz, mediante un procedimiento con veeduría e impugnación ciudadana, pensiones, becas, compensaciones económicas, beneficios para familiares y medidas de inclusión laboral; Linda Machuca, Fausto Cobo, Guillermina Cruz, Washington Quiñónez, Luis Morales, Enrique Herrería, Rosana Alvarado, Kléver García, José Portugal, Fernando Aguirre, Zobeida Gudiño y Wladimir Vargas respaldaron la iniciativa, aunque plantearon ampliar la definición de heroísmo a bomberos, rescatistas, reservistas y ciudadanos civiles, incorporar una mayor protección para familiares, precisar los criterios de calificación, fortalecer el reconocimiento a las mujeres y elevar la pensión prevista. También se aprobó por unanimidad la resolución que declaró héroe nacional a Fernando Daquilema y heroína nacional a Manuela León, en reconocimiento a su lucha por la justicia, la libertad y los derechos de los pueblos originarios. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, cuya denominación pasó a ser Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; la norma fortaleció las facultades de la Unidad de Análisis Financiero, amplió los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales —incluidos instituciones financieras, aseguradoras, casas de valores, cooperativas, fundaciones, inmobiliarias, casinos, notarios y registradores—, reguló el control de ingreso y salida de efectivo, la cooperación en zonas fronterizas, la administración temporal de bienes incautados y el decomiso de activos ilícitos, procurando respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Francisco Velasco, Leonardo Viteri, Sylvia Kon, Ramiro Terán, Juan Carlos Cassinelli, Rodolfo Baquerizo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Enrique Herrería, Edwin Vaca, Rosana Alvarado y María Augusta Calle intervinieron con observaciones sobre casinos, control de transacciones, financiamiento de delitos, derechos constitucionales, gestión de bienes incautados, seguridad fronteriza y precisión institucional; luego de incorporar ajustes sobre la Secretaría Nacional de Inteligencia, cooperación territorial y designación de autoridades, la reforma fue aprobada con ciento un votos afirmativos, sin votos negativos, cuatro abstenciones y ningún voto en blanco

ACTA_105-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Tomás Zevallos para convocar a la delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana encargada de seleccionar al Fiscal General, con el fin de explicar las presuntas irregularidades en la calificación de los postulantes. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y a la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, en reconocimiento a su trabajo conjunto en investigación aeroespacial, desarrollo científico, formación tecnológica y construcción del primer satélite ecuatoriano; Leonardo Barreiro y Ronnie Nader agradecieron las distinciones y destacaron la importancia de fortalecer la capacidad aeroespacial y reducir la dependencia tecnológica del país. Se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, orientado a eliminar ciento cincuenta decretos, acuerdos, resoluciones y otras normas obsoletas que, aunque carecían de aplicación práctica, continuaban formalmente vigentes; las observaciones fueron remitidas a la comisión para preparar el informe correspondiente. También se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a derogar las leyes de creación de varias empresas de agua potable y alcantarillado, fusionar organismos hídricos con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría Nacional del Agua, y extinguir determinadas concesiones. El análisis abordó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la transferencia directa de los servicios de agua y alcantarillado a los municipios, la administración de las cuencas hidrográficas, la posible centralización de atribuciones, el destino de los bienes, trabajadores, contratos y obligaciones de las entidades, el respeto al debido proceso para revisar concesiones y la conveniencia de archivar o reformular íntegramente el proyecto; el debate quedó pendiente. Intervinieron María Romo, Ramiro Terán, Paco Moncayo, Luis Morales, Andrés Roche, César Rodríguez, Fernando Cordero, Tito Mendoza, Lídice Larrea, Richard Guillén, Luis Almeida, Roberto Rodríguez, Fernando Aguirre, Eduardo Encalada, José Portugal, Víctor Quirola y Vicente Taiano. Finalmente, con las intervenciones de Gioconda Saltos, Elvis Maldonado, Luis Morales y Mauro Andino, se aprobó exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Tungurahua, Chimborazo y las demás zonas afectadas por la actividad del volcán Tungurahua, asignar espacios y alimento para los animales, otorgar créditos a los damnificados, reactivar el bono de emergencia e impulsar la recuperación económica y productiva.

ACTA_186-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Edwin Vaca solicitó incorporar una resolución para exigir al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y a la Agencia Nacional de Regulación y Control Hidrocarburífero que garantizaran el abastecimiento normal de combustibles en la frontera norte, especialmente en Carchi, cuestionando los límites de venta, las extensas filas y las dificultades que enfrentaban los transportistas y ciudadanos; sin embargo, su propuesta de modificar el orden del día fue negada con cincuenta y cuatro votos afirmativos, dos negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente se aprobó, con cien votos afirmativos y una abstención, la propuesta de Jorge Escala para incorporar el análisis de una resolución contra el Real Decreto Ley 16-2012 de España, que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud; además, se informó que Fernando Flores daba por terminada su alianza con el PRIAN y pasaba a actuar como asambleísta independiente. A continuación, Pedro Francisco Páez fue legalmente posesionado como Superintendente de Control del Poder de Mercado, luego de prestar el juramento correspondiente. También se efectuó un homenaje a los treinta y seis deportistas que representaron al Ecuador en los Juegos Olímpicos de Londres, reconociendo su esfuerzo, disciplina y sacrificio, así como el trabajo de sus entrenadores; Ramiro Terán destacó especialmente el desempeño de Alex Quiñónez y Lucy Jaramillo, mientras José Francisco Cevallos informó sobre los recursos destinados a la preparación de los atletas, resaltó la histórica participación ecuatoriana y comprometió mayor apoyo para el siguiente ciclo olímpico, tras lo cual se entregaron acuerdos de reconocimiento a los deportistas y al equipo técnico. Finalmente se debatió ampliamente la resolución de rechazo a la medida adoptada por el Gobierno del Reino de España, señalándose que la exclusión de los migrantes de la atención pública de salud vulneraba los derechos humanos y el carácter universal del derecho a la salud, desconocía las contribuciones laborales, tributarias y económicas realizadas por los ecuatorianos y trasladaba a los sectores más vulnerables las consecuencias de la crisis y de las políticas de austeridad; se propuso corregir la terminología del documento para hablar de personas en situación irregular y del Reino de España, respaldar las gestiones de la Cancillería para alcanzar un convenio bilateral basado en la reciprocidad, involucrar a la Secretaría Nacional del Migrante y a la Defensoría del Pueblo, brindar asistencia urgente mediante la Embajada y desarrollar políticas efectivas para proteger y facilitar el retorno de los ecuatorianos en el exterior. También se discutió si el Estado ecuatoriano debía financiar directamente la atención médica, advirtiéndose que aquello podía legitimar la decisión española, y se cuestionó la actuación de las instituciones ecuatorianas frente a la crisis migratoria, la falta de preparación para el retorno de los compatriotas, las dificultades relacionadas con las hipotecas, la seguridad social y la ausencia de una política integral para los migrantes. Intervinieron Edwin Vaca, Jorge Escala, Pedro Francisco Páez, Ramiro Terán, José Francisco Cevallos, Gerónimo Yantalema, Linda Machuca, Fausto Cobo, Dora Aguirre, Consuelo Flores, Virgilio Hernández, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Guillermina Cruz, Paola Pabón, Luis Morales, Blanca Ortiz, Betty Amores y Washington Cruz; aunque el ponente incorporó varias de las observaciones y el proyecto estaba listo para votación, la sesión fue suspendida antes de que se registraran los votos, por lo que la resolución y los demás asuntos pendientes debían continuar en una nueva convocatoria.