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ACTA_021-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para incorporar propuestas relacionadas con la seguridad en la frontera norte, en la que Leandro Cadena solicitó exhortar al Ejecutivo a adoptar medidas excepcionales frente a la delincuencia; la conmemoración del Día Internacional del Migrante, promovida por Eduardo Zambrano; y el rechazo a las agresiones contra autoridades de la Universidad Central, planteado por María Alejandra Vicuña; Dora Aguirre y Nivea Vélez intervinieron en las rectificaciones de las votaciones. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación General, presentado por César Rodríguez, que planteaba reconocer la educación como derecho humano, fortalecer la gratuidad, inclusión, interculturalidad, participación de la comunidad educativa, evaluación integral, educación intercultural bilingüe, carrera docente, remuneraciones, infraestructura y financiamiento. El principal desacuerdo se concentró en la posible sustitución de la Ley de Carrera Docente y Escalafón, la homologación salarial, los derechos adquiridos del Magisterio, los bonos de frontera y de zonas de difícil acceso, la jubilación, la estabilidad laboral, la capacitación y la situación de educadores populares, comunitarios y madres comunitarias. Intervinieron Gido Vargas, Xavier Tomalá, Mery Zamora, Armando Aguilar, Nivea Vélez, Salomón Fadul, Mary Verduga, Luis Noboa, Francisco Cisneros, Ramiro Terán, Raúl Abad, Galo Vaca, Edwin Vaca, Mao Moreno, Rocío Valarezo, Gerónimo Yantalema, Lídice Larrea, Paco Moncayo, Vicente Iza, Rafael Dávila, Guillermina Cruz, Gastón Gagliardo, Juan Fernández, Ángel Vilema, Gioconda Saltos, César Montúfar, Pedro de la Cruz, Cléver Jiménez, Henry Cuji, Mercedes Diminich, Kléver García, José Picoita, Pamela Falconí, Tito Nilton Mendoza, María Augusta Calle, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Hólger Chávez, Gabriel Rivera y Rigoberto Barreto, quienes también formularon observaciones sobre la descentralización, el acceso tecnológico, la atención a personas con discapacidad, la educación técnica y artesanal, la participación de los gobiernos locales, los derechos de pueblos y nacionalidades, la administración de la educación intercultural bilingüe, el rol de padres de familia y la regulación de establecimientos particulares. Finalmente, se cerró el primer debate y se dispuso que las observaciones se remitan por escrito para la elaboración del informe correspondiente, quedando pendientes para una próxima convocatoria los demás temas incorporados al orden del día.

ACTA_033-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Fernando Aguirre para suspender la posesión de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e investigar las denuncias sobre su proceso de designación; posteriormente, fueron posesionados como consejeros principales Patricia Ordeñana, David Rosero, Juana Miranda, Luis Pachala, Mónica Vanegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera, y como suplentes William Arias, Evans Herrera, Óscar Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera, Linda Vidal y Franklin Moreno. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la reforma penal y procesal penal, respecto de la cual María Paula Romo propuso acogerse a las correcciones relacionadas con penas, contravenciones, procedimientos de archivo y garantías para los denunciantes, pero mantener el texto aprobado sobre la restitución de determinados delitos como de acción pública y la protección de los procesos previamente archivados; la propuesta fue aprobada. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, luego de que Betty Amores defendiera las precisiones sobre rectoría, interconexión, financiamiento y plazos de implementación; Paco Moncayo cuestionó errores de forma y redacción en los proyectos legislativos, mientras Alfredo Ortiz planteó mantener ciertos plazos y garantizar que la información de entidades como la Superintendencia de Compañías se integre al sistema. De igual manera, se aprobó la reforma penal para regular los delitos cometidos en el servicio militar y policial, impulsada por María Paula Romo, orientada a consolidar la unidad jurisdiccional, eliminar los fueros especiales, establecer delitos de función, incorporar garantías del debido proceso y normas de Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, se aprobó la resolución para declarar el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y exhortar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía a desarrollar acciones permanentes contra el racismo; Fernando Bustamante destacó la necesidad de combatir toda forma de exclusión, Rodolfo Baquerizo solicitó la votación inmediata, María Cristina Kronfle propuso reforzar el carácter progresivo de las medidas, Viviana Bonilla planteó ajustes de redacción institucional, Pedro de la Cruz resaltó la persistencia de prácticas discriminatorias, Gabriel Rivera defendió la interculturalidad y Fausto Cobo expresó su respaldo a la resolución, que incorporó las observaciones presentadas.

ACTA_193-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Línder Altafuya solicitó modificar el orden del día para debatir una resolución que condenara las expresiones consideradas racistas de la autoridad municipal de La Concordia y la instalación de un monumento en el que tres mujeres afrodescendientes sostenían a una mujer blanca; sostuvo que la representación vulneraba los principios constitucionales de igualdad y no discriminación y pidió modificarla o retirarla, pero la propuesta fue negada con cincuenta y tres votos afirmativos, tres negativos y treinta abstenciones, resultado que se mantuvo después de la rectificación. Posteriormente se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Biodiversidad, concebido para proteger, conservar, restaurar y regular el uso sustentable de la diversidad biológica; defender los derechos de la naturaleza y de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; preservar los conocimientos ancestrales, el libre intercambio de semillas y la agrobiodiversidad; mantener al país libre de transgénicos; regular las áreas protegidas, especies, recursos genéticos, consultas, investigaciones, financiamiento, infracciones y sanciones; y crear una autoridad plurinacional encargada de dirigir y controlar estas materias. La Comisión recomendó archivar el proyecto y elaborar uno nuevo, argumentando que gran parte de sus disposiciones repetían o contradecían la Constitución y las normas ambientales existentes, duplicaban competencias del Ministerio del Ambiente y de otras instituciones, creaban una estructura burocrática con facultades excesivas, confundían la consulta previa con un consentimiento vinculante, podían limitar la investigación científica y las actividades autorizadas en determinadas áreas, y presentaban numerosos problemas de redacción, conceptos y técnica legislativa. En oposición al archivo se sostuvo que las deficiencias debían ser corregidas por la Comisión y no utilizarse para desechar una iniciativa construida por la CONAIE, la ECUARUNARI y otros sectores sociales; se defendió su carácter orgánico por desarrollar los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos, la participación de las comunidades en el manejo de los recursos existentes en sus territorios, la creación de una institucionalidad plurinacional, la protección de los sitios sagrados, las semillas y los conocimientos ancestrales y la transición desde un modelo extractivista hacia el buen vivir, solicitándose que el proyecto regresara a la Comisión para ser reelaborado mediante aportes técnicos, jurídicos, científicos y comunitarios. También se recibió en comisión general a Selena Solís, María Buñay y Nátali Rivas por el Día Internacional de la Niña, quienes pidieron igualdad de género, participación de niñas y adolescentes en la sociedad, protección frente al abuso y el maltrato, acceso a la educación, respeto dentro de las familias y eliminación de la discriminación que concede mayores oportunidades y atención a los niños que a las niñas. Finalmente, la moción de Rolando Panchana para archivar el proyecto y comprometer a la Comisión a presentar una nueva propuesta en noventa días obtuvo cuarenta y siete votos afirmativos, veinticuatro negativos y diecinueve abstenciones, por lo que fue negada; en consecuencia, el proyecto regresó a la Comisión de Biodiversidad para continuar su trámite, sin necesidad de votar la moción presentada con ese propósito por Marco Murillo, y la sesión fue clausurada. Intervinieron Línder Altafuya, Rolando Panchana, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Selena Solís, María Buñay, Nátali Rivas, Fernando Cáceres, Paco Moncayo, María Molina, Gerónimo Yantalema, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Guido Vargas y Patricia Echeverría.