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ACTA_008-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Richard Guillén para incorporar el punto de asuntos varios en el orden del día y de Cynthia Viteri para tratar una resolución orientada a investigar los contratos suscritos con empresas vinculadas a Fabricio Correa, por lo que se continuó con los temas convocados. Posteriormente, se conoció la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; Francisco Velasco propuso allanarse a las observaciones relacionadas con las atribuciones del Directorio del Banco Central en materia de corresponsalía bancaria y con la transferencia de bienes culturales, y ratificar el texto originalmente aprobado respecto del reajuste de remuneraciones de funcionarios de dicha institución. Esta propuesta fue respaldada por Marco Murillo, Eduardo Encalada y Francisco Ulloa, y aprobada mediante el allanamiento a los puntos primero y tercero de la objeción, así como la ratificación del texto original sobre las remuneraciones. Finalmente, se realizó el primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo objetivo fue establecer mecanismos para completar la integración del Consejo de Administración Legislativa cuando no existieran suficientes bancadas, regular la elección de autoridades de las comisiones, precisar el procedimiento de requerimiento de información y comparecencia de funcionarios públicos en procesos de fiscalización, y ajustar disposiciones sobre indultos, amnistías y denominaciones de comisiones. Marisol Peñafiel presentó y defendió el informe de mayoría, señalando que la reforma permitía resolver vacíos legales y garantizar la pluralidad; en respaldo de esta posición intervinieron Virgilio Hernández, Rafael Dávila, Mariángel Muñoz, Aminta Buenaño, Silvia Salgado y María Paula Romo. En oposición, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Cléver Jiménez, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Cynthia Viteri, Guillermina Cruz, Tito Nilton Mendoza y Nivea Vélez cuestionaron la constitucionalidad de elegir vocales del CAL fuera de las bancadas existentes y advirtieron posibles restricciones a la fiscalización. También intervinieron Juan Carlos López, Francisco Ulloa, Lenín Chica, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Enrique Herrería, María Soledad Vela y Luis Morales, quienes formularon observaciones sobre la necesidad de fortalecer la representación política, la transparencia, la fiscalización y el funcionamiento institucional. Al concluir, se cerró el primer debate sin una resolución definitiva y se dispuso que las observaciones fueran remitidas por escrito para continuar el trámite legislativo.

ACTA_132-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar la igualdad, inclusión y defensa de las personas con discapacidad, respecto del cual existió un respaldo general, aunque se presentaron numerosas observaciones para asegurar que los derechos reconocidos pudieran cumplirse efectivamente y no quedaran como declaraciones sin financiamiento, plazos, responsables, controles ni sanciones. La discusión abordó la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana de discapacidades, regular con criterios éticos los programas de genética humana, ampliar la atención médica y la rehabilitación integral, garantizar medicamentos y ayudas técnicas gratuitas, facilitar el acceso a seguros de vida y salud y establecer una seguridad social financiada o respaldada por el Estado. En materia educativa se propuso impulsar una verdadera educación inclusiva, con equipos multidisciplinarios, docentes capacitados, adaptaciones curriculares, sistema Braille, lengua de señas, infraestructura accesible y centros especializados únicamente cuando fueran indispensables; mientras que en el ámbito laboral se analizaron los porcentajes de contratación, la evaluación de capacidades y destrezas, la eliminación de restricciones generales basadas en supuestos riesgos, la adecuada asignación de funciones y la protección económica de quienes cuidan permanentemente a personas con discapacidad severa. También se plantearon mejoras en la accesibilidad de edificios, viviendas, calles, transporte público, taxis, medios de comunicación y señalética; la actualización periódica de los montos permitidos para importar vehículos; la aplicación real de tarifas preferenciales y exoneraciones; y la participación de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, se solicitó incorporar las realidades de las zonas rurales, fronterizas y amazónicas, garantizar un enfoque intercultural y lingüístico para pueblos y nacionalidades, fortalecer el Seguro Social Campesino, incluir a los ecuatorianos con discapacidad residentes en el exterior, ampliar la protección a familiares y representantes legales, y desarrollar campañas para eliminar la discriminación y cambiar la percepción social sobre la discapacidad. También se debatió la denominación más adecuada para las personas beneficiarias, aunque se defendió el uso de “personas con discapacidad” por ser el término reconocido constitucionalmente. El primer debate concluyó sin votación, a fin de que la comisión analizara e incorporara las observaciones para preparar el texto del segundo debate. Intervinieron Luis Almeida, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Carlos Velasco, Armando Aguilar, César Gracia, Mao Moreno, Kléver García, Gioconda Saltos, Fernando Flores, Gerónimo Yantalema, Gastón Gagliardo, Rolando Panchana, Betty Amores, Galo Lara, Grace Almeida, María Molina, César Rodríguez, Dora Aguirre, Tamara Chico, Edwin Vaca, Guillermina Cruz y María Cristina Kronfle.

ACTA_149-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la incorporación de una propuesta para pronunciarse sobre el hallazgo de cocaína en una valija diplomática, que planteaba acelerar las investigaciones, determinar responsabilidades, revisar la normativa aplicable, conformar una comisión multipartidista y solicitar la salida del ministro de Relaciones Exteriores; posteriormente, se rindió homenaje a los estudiantes Gerardo Francisco Pérez, Juan José Morales, Henry Xavier Paca, José Vicente Anilema y Manuel Ramiro Moreta, así como a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su rector Romeo Rodríguez y el decano Iván Menes, por el desarrollo de Skillbox, un programa informático reconocido internacionalmente que traduce el lenguaje oral a lengua de señas y permite transformar textos en audio, facilitando la comunicación, educación e inclusión de personas con discapacidad auditiva y del habla. A continuación, se debatió la emergencia ocasionada por la fuerte estación invernal, las inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, pérdidas de viviendas, cultivos, carreteras y medios de subsistencia, así como la aparición de enfermedades y las dificultades para abastecer y atender a las comunidades aisladas; aunque la propuesta inicial se refería al Guayas, se incorporaron Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y se solicitó al Ejecutivo declarar el estado de excepción, coordinar la intervención de las instituciones públicas, brindar auxilio a las poblaciones afectadas, entregar recursos para reconstruir viviendas y bienes y establecer un espacio de diálogo con una comisión legislativa. La resolución fue aprobada, ratificada en la rectificación y su reconsideración fue negada. También se desarrolló el primer debate del proyecto de protección para las personas con epilepsia, orientado a garantizar sus derechos, evitar la discriminación educativa y laboral, establecer programas integrales de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, asegurar medicamentos oportunos, permanentes y gratuitos, promover campañas informativas, investigación, docencia y estadísticas, y mejorar la coordinación entre la atención primaria, los especialistas, las familias y las instituciones públicas. Durante la discusión se reconocieron el impacto médico, psicológico, familiar, social y económico de la enfermedad y la necesidad de combatir los prejuicios; sin embargo, varios legisladores consideraron que el proyecto repetía derechos ya garantizados, carecía de suficiente precisión científica y jurídica, podía generar restricciones inconvenientes mediante peritajes y debía integrarse en un código general de salud, mientras otros defendieron la urgencia de contar con una regulación específica y propusieron precisar que el acceso al trabajo no comprendiera actividades que pudieran representar riesgos para la persona o terceros. La moción para archivar el proyecto y recomendar la elaboración del Código de la Salud fue negada, por lo que la iniciativa continuó su trámite. Posteriormente, se inició el primer debate de la reforma destinada a proteger a las personas adultas mayores, proponiéndose sustituir denominaciones consideradas despectivas, reconocer como beneficiarias a las personas desde los sesenta y cinco años, facilitar el ejercicio inmediato de sus derechos mediante la presentación del documento de identidad, garantizar atención médica especializada y gratuita, acceso a medicinas, trabajo acorde con sus capacidades, jubilación universal, descuentos en servicios públicos, exenciones tributarias y notariales y acceso a vivienda digna. También se plantearon servicios gratuitos y prioritarios, la entrega de ayudas económicas a quienes carecieran de jubilación, la posibilidad de exigir a los hijos una pensión vitalicia para sus padres mediante acción judicial incluso promovida por terceros, el cambio de denominación del fondo nacional correspondiente, sanciones civiles y penales por vulnerar sus derechos y la creación y fortalecimiento de hogares de protección bajo responsabilidad estatal y municipal, con atención médica, terapia ocupacional, cultura y actividad física; este debate quedó suspendido para continuar posteriormente. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó la agresión de la Policía boliviana contra personas con discapacidad que reclamaban una ayuda económica, reconoció el diálogo como mecanismo de solución, exhortó al Gobierno de Bolivia a aceptar la mediación ofrecida por Lenín Moreno, sugirió respetar los instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias; la decisión fue ratificada con cincuenta y nueve votos afirmativos, uno negativo y cuatro abstenciones. Intervinieron Jorge Escala, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Gioconda Saltos, Romeo Rodríguez, Pamela Falconí, Luis Almeida, Vicente Taiano, Xavier Tomalá, Jorge Fadul, Ramón Cedeño, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Vélez, Susana González, Carlos Velasco, Nívea Vélez, Pedro de la Cruz, Rocío Valarezo, Mao Moreno, Richard Guillén, Damacio Santos, Francisco Ulloa, Betty Carrillo, Luis Morales, Fernando González, Gina Godoy, Bolívar Subía, María Molina, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Paco Fierro y Rosa Ponce.

ACTA_183-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se trató la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades y el segundo debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a otras especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción. En el análisis del veto a la Ley de Discapacidades se discutieron los incentivos tributarios para los empleadores que superaran el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, la ampliación de determinados beneficios tributarios a familiares, cuidadores y sustitutos, la definición del porcentaje requerido para acceder a los derechos previstos en la ley, la gratuidad y disponibilidad de medicamentos e insumos, la responsabilidad estatal de garantizar —y no únicamente procurar— la educación regular y especializada, la adaptación curricular, el personal docente especializado, las becas, la inclusión laboral y la jubilación especial; asimismo, se cuestionó la propuesta de recalificar en un año a todas las personas que poseían carné de discapacidad, pues se sostuvo que ya existían mecanismos para revisar únicamente los documentos obtenidos irregularmente y que una evaluación general afectaría especialmente a las personas en situación de pobreza o con dificultades para trasladarse. La moción para mantener el texto aprobado por la Asamblea sobre la disposición transitoria relacionada con la recalificación no alcanzó los ochenta y tres votos requeridos, al obtener cincuenta y seis votos afirmativos; posteriormente se aprobó el allanamiento al resto de las objeciones del Ejecutivo con cincuenta y cuatro votos afirmativos, resultado que fue confirmado en la rectificación con cincuenta y tres votos afirmativos. Intervinieron María Cristina Kronfle, Francisco Ulloa, Fernando Flores, Nívea Vélez, Kléver García y Gioconda Saltos, mientras Fernando Bustamante participó en la solicitud de rectificación de la votación. A continuación se debatió el proyecto de protección del cóndor andino y de las especies silvestres nativas amenazadas, cuyo propósito era transformar los programas de conservación en una política permanente del Estado, actualizar la normativa ambiental, coordinar las competencias del Ministerio del Ambiente, los gobiernos autónomos descentralizados, las instituciones científicas, las universidades, las comunidades, pueblos y nacionalidades, regular la reproducción y tenencia de ejemplares en cautiverio, permitir capturas únicamente con fines científicos o de conservación, prohibir la cacería, comercialización y uso de sustancias tóxicas que afectaran a las especies y sus hábitats, y establecer infracciones, procedimientos administrativos y sanciones proporcionales a la gravedad de los daños. Durante el debate se planteó revisar el nombre del proyecto para reflejar que su alcance comprendía todas las especies amenazadas y no solamente al cóndor; precisar la prohibición de cazar o mantener ejemplares en peligro de extinción; diferenciar las especies que podían regularizarse de aquellas que debían ser recuperadas por el Estado; facilitar la reinserción en la naturaleza de animales reproducidos en cautiverio; otorgar mayor participación a las universidades especializadas en la investigación; incorporar a especies no nativas que ya formaban parte de los ecosistemas nacionales; establecer responsabilidades concretas para los gobiernos locales; emplear un enfoque integral que protegiera los hábitats y ecosistemas relacionados; y considerar que esta normativa formara posteriormente parte de un Código Orgánico Ambiental. También se propuso reconocer al cóndor como símbolo natural, patrimonio cultural e histórico del Ecuador y elemento de integración andina y suramericana. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Guido Vargas, Xavier Tomalá, Luis Morales, Leonardo Viteri, María Soledad Vela y Silvia Salgado; finalmente, el debate quedó pendiente y la sesión fue suspendida ante el riesgo de perder el quórum, cuando todavía restaban seis intervenciones, disponiéndose su continuación en una nueva convocatoria.

ACTA_017-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate del proyecto de reforma penal para tipificar y juzgar los delitos cometidos en el servicio militar y policial, orientado a integrar la justicia militar y policial en la jurisdicción ordinaria, delimitar los delitos de función, diferenciar las conductas disciplinarias de las penales, establecer reglas de juzgamiento especializado y adecuar la normativa a los principios de igualdad, debido proceso y derechos humanos. María Paula Romo presentó el informe y defendió la unificación normativa; Paco Moncayo, Luis Almeida y Carlos Poveda plantearon observaciones sobre las particularidades de la actividad militar y policial, la obediencia debida, el tratamiento de conflictos armados, las minas, la proporcionalidad de las sanciones y el juzgamiento de violaciones de derechos humanos; mientras Tito Nilton Mendoza, Mauro Andino, Abdalá Bucaram, César Gracia, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Rodríguez, Carlos Samaniego y Mary Verduga respaldaron la eliminación de privilegios y el fortalecimiento de la unidad jurisdiccional. También intervinieron Yorinson Tenorio y Fernando Bustamante, quienes solicitaron incorporar medidas contra la discriminación, el racismo, el abuso de autoridad y las prácticas de espionaje ilegal; Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli formularon observaciones sobre el alcance del fuero, la participación de civiles en delitos de función y la precisión de las normas procesales. Posteriormente, se inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Abdalá Bucaram y Celso Maldonado, que planteaba fortalecer la rectoría estatal, organizar el sistema deportivo, promover la actividad física, la recreación, la educación física y el deporte de alto rendimiento, garantizar apoyo integral a las y los deportistas, regular la distribución de recursos públicos y exigir rendición de cuentas a las organizaciones deportivas. Durante el debate, Fernando Romo, Gabriel Rivera, Línder Altafuya, María Soledad Vela, Saruka Rodríguez, Xavier Tomalá, Eduardo Encalada, Zobeida Gudiño, María Cristina Kronfle, Luis Morales y Ramiro Terán formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de las ligas barriales, parroquiales, estudiantiles y universitarias, la distribución equitativa de recursos, el control de las federaciones, la inclusión de personas con discapacidad, el fortalecimiento de la educación física y la necesidad de diferenciar el deporte formativo, competitivo y recreativo; Marco Murillo intervino sobre el desarrollo del trámite. Finalmente, al quedar varias intervenciones pendientes, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto de ley en una próxima reunión.

ACTA_033-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Fernando Aguirre para suspender la posesión de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e investigar las denuncias sobre su proceso de designación; posteriormente, fueron posesionados como consejeros principales Patricia Ordeñana, David Rosero, Juana Miranda, Luis Pachala, Mónica Vanegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera, y como suplentes William Arias, Evans Herrera, Óscar Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera, Linda Vidal y Franklin Moreno. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la reforma penal y procesal penal, respecto de la cual María Paula Romo propuso acogerse a las correcciones relacionadas con penas, contravenciones, procedimientos de archivo y garantías para los denunciantes, pero mantener el texto aprobado sobre la restitución de determinados delitos como de acción pública y la protección de los procesos previamente archivados; la propuesta fue aprobada. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, luego de que Betty Amores defendiera las precisiones sobre rectoría, interconexión, financiamiento y plazos de implementación; Paco Moncayo cuestionó errores de forma y redacción en los proyectos legislativos, mientras Alfredo Ortiz planteó mantener ciertos plazos y garantizar que la información de entidades como la Superintendencia de Compañías se integre al sistema. De igual manera, se aprobó la reforma penal para regular los delitos cometidos en el servicio militar y policial, impulsada por María Paula Romo, orientada a consolidar la unidad jurisdiccional, eliminar los fueros especiales, establecer delitos de función, incorporar garantías del debido proceso y normas de Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, se aprobó la resolución para declarar el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y exhortar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía a desarrollar acciones permanentes contra el racismo; Fernando Bustamante destacó la necesidad de combatir toda forma de exclusión, Rodolfo Baquerizo solicitó la votación inmediata, María Cristina Kronfle propuso reforzar el carácter progresivo de las medidas, Viviana Bonilla planteó ajustes de redacción institucional, Pedro de la Cruz resaltó la persistencia de prácticas discriminatorias, Gabriel Rivera defendió la interculturalidad y Fausto Cobo expresó su respaldo a la resolución, que incorporó las observaciones presentadas.

ACTA_051-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf La sesión continuó con el tratamiento del primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que numerosos asambleístas presentaron observaciones a los informes de mayoría y minoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado: Alfredo Ortiz insistió en fortalecer la fiscalización y la iniciativa legislativa frente al CAL y cuestionó el artículo sobre objeción parcial presidencial; Tito Nilton Mendoza calificó a la ley vigente de ineficaz y pidió la figura de la autoconvocatoria y la eliminación de filtros a la fiscalización; Juan Carlos Cassinelli propuso reformas sobre subrogación de funciones, tiempos de comparecencia y voto dirimente en comisiones; Leonardo Viteri planteó normar la destitución de autoridades del CAL, ampliar la Unidad de Control de Ejecución Presupuestaria y eliminar el voto en blanco electrónico; Aminta Buenaño defendió los avances de la ley frente al antiguo Congreso y sugirió uniformar la terminología sobre pueblos y nacionalidades y revisar el rol del ponente en segundo debate; Richard Guillén propuso reformas sobre sesiones ordinarias y extraordinarias, sanciones por inasistencia, integración equitativa de comisiones, votación por artículos y sanciones al Secretario por distorsionar resultados; César Rodríguez detalló un procedimiento ágil para la consulta prelegislativa y cuestionó la disposición transitoria sobre la Comisión de Fiscalización; Nivea Vélez criticó el rol del CAL como elemento de demora y la concentración de decisiones en presidentes de comisión; Juan Carlos López denunció la falta de independencia entre funciones del Estado y los juicios políticos archivados; Paola Pabón valoró el trabajo de la Comisión y propuso precisar las etapas de la consulta prelegislativa y el mecanismo de decisión sobre juicios políticos; Luis Morales cuestionó la proliferación de debates y pidió mayor apego a la ley; César Montúfar exigió una reforma integral orientada al fortalecimiento del Pleno frente a los "nueve filtros" que, según dijo, obstaculizan la fiscalización, y criticó la conducción del presidente Cordero; Jaime Abril desarrolló una propuesta detallada sobre las etapas de la consulta prelegislativa, la inclusión de las comunas y la participación de CODENPE, CODAE y CODEPMOC; María Cristina Kronfle aclaró su propuesta sobre el cambio del Orden del Día en sesiones ordinarias con mayoría simple; Marco Murillo insistió en que la consulta prelegislativa debe buscar consensos reales mediante asambleas comunitarias y no limitarse a un trámite; Línder Altafuya cuestionó la inacción de la Comisión de Fiscalización citando casos concretos y propuso que el Pleno decida con debate sobre el inicio de juicios políticos; Xavier Tomalá pidió precisar el quórum, los plazos para cambios de Orden del Día y la reconsideración de votaciones; Galo Lara citó casos de obras públicas cuestionadas y presentó reformas puntuales a los artículos sobre fiscalización y enjuiciamiento político; Enrique Herrería denunció que el proyecto carece de una reforma integral y señaló presuntas inconstitucionalidades, además de referirse a un incidente previo con Gilmar Gutiérrez sobre entrega de información; Saruka Rodríguez presentó seis observaciones puntuales sobre terminología y comisiones ocasionales; Fernando Bustamante advirtió contra la nostalgia de las prácticas del antiguo Congreso y defendió que la fiscalización no se agota en el juicio político; Fernando Aguirre cuestionó el servilismo de la Asamblea frente al Ejecutivo y pidió recuperar su independencia; y finalmente el presidente Fernando Cordero expuso su posición sobre el momento y alcance de la consulta prelegislativa y presentó cifras sobre solicitudes de información y resultados de fiscalización durante el año legislativo.

ACTA_173-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Edwin Vaca propuso incorporar al orden del día una resolución para revisar el sistema de “tarjeta inteligente” utilizado en la distribución de gas licuado de petróleo en la provincia del Carchi y restituir los cupos anteriores de cilindros, al considerar que el mecanismo ocasionaba largos períodos de espera y afectaba a la población fronteriza; sin embargo, su propuesta fue negada. Posteriormente se debatió la objeción parcial al proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, principalmente sobre la eliminación del porcentaje fijo que las instituciones financieras debían destinar a operaciones hipotecarias, la facultad del organismo regulador para determinarlo anualmente y la protección de los deudores mediante la extinción de la deuda con la entrega o ejecución del bien dado en garantía; Francisco Velasco respaldó el allanamiento a la objeción, Ramiro Terán cuestionó que el porcentaje quedara sujeto a una autoridad gubernamental, Dora Aguirre defendió la protección de las familias y migrantes afectados por deudas hipotecarias, Fernando Flores sostuvo que debía mantenerse la obligación para ampliar el acceso al crédito, César Rodríguez criticó tanto la ley como la política económica gubernamental y Rafael Dávila consideró inadecuado imponer el mismo porcentaje a todas las entidades, aunque reconoció deficiencias en la objeción; finalmente, el allanamiento fue aprobado y la reconsideración solicitada fue negada. Además, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades: Ximena Cabrera y Vinicio Baquero expusieron las necesidades de las personas sordas y solicitaron fortalecer la lengua de señas, la educación bilingüe y bicultural, la formación de docentes, la disponibilidad de intérpretes y la accesibilidad a la comunicación; María Cristina Kronfle explicó que la propuesta buscaba prevenir y detectar oportunamente las discapacidades, garantizar la salud, educación, rehabilitación, inclusión y eliminación de la discriminación, establecer un sistema de calificación y registro, y organizar la protección integral mediante el Consejo Nacional de Igualdad, la Defensoría del Pueblo y las instituciones ejecutoras; Fernando Aguirre destacó la igualdad de oportunidades y la responsabilidad de las entidades públicas y privadas; María Molina abordó la calificación voluntaria, gratuita y personalizada, el registro en la cédula, la aplicación directa de los derechos y la cooperación internacional; Víctor Quirola analizó la atención sanitaria, prevención, rehabilitación, rebajas tributarias y la inclusión de entidades semipúblicas; Scheznarda Fernández se refirió a la estabilidad e inclusión laboral, los permisos para tratamiento y cuidado, la capacitación de servidores públicos y el acceso preferente a créditos; y Carlos Velasco defendió la educación inclusiva, la cobertura de seguros de salud, la protección laboral de quienes cuidan a personas con discapacidad, la ampliación de la licencia de maternidad en determinados casos y el tamizaje neonatal, tras lo cual el debate quedó suspendido para continuar en una nueva convocatoria debido a la posible pérdida del quórum.

ACTA_211-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló y cerró el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Turismo, orientado a declarar esta actividad como política prioritaria del Estado, crear el Sistema Nacional de Turismo, coordinar a las instituciones públicas y privadas, promover nuevas modalidades turísticas, generar empleo, proteger la naturaleza y establecer derechos, obligaciones, incentivos y sanciones para turistas y prestadores de servicios. Aunque existió respaldo general al proyecto, se propuso mantener y revisar los incentivos económicos, definir con mayor claridad la integración del sistema y las infracciones, descentralizar la protección al turista, fortalecer la participación de los gobiernos autónomos, simplificar los permisos mediante un registro único, promover créditos e inversión, mejorar la seguridad y difusión turística —especialmente en zonas fronterizas— y garantizar accesibilidad universal para las personas con discapacidad. También se pidió reconocer al turismo comunitario como parte de la economía popular y solidaria, incluir a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios en la toma de decisiones, proteger sus saberes y patrimonio, regular adecuadamente a los guías y compensar a los territorios turísticos afectados por proyectos que causen daños ambientales. Concluido el debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones. Posteriormente se leyó el informe del proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, destinado a regular la consulta previa antes de aprobar medidas legislativas o administrativas que afecten derechos colectivos, estableciendo principios, fases, órganos responsables y veedurías, con fundamento en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales; la Comisión recomendó que, luego del primer debate y antes del segundo, el texto fuera sometido a consulta prelegislativa. Este debate no llegó a iniciarse porque se esperaba recibir en comisión general a las organizaciones interesadas, por lo que la sesión fue suspendida y quedó pendiente su continuación. Intervinieron Fernando Vélez, Paco Moncayo, Gerónimo Yantalema, María Cristina Kronfle, Francisco Ulloa, Marco Murillo, Jimmy Pinoargote, Blanca Ortiz, Edwin Vaca, César Rodríguez y Luis Morales.

ACTA_009-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, orientado a modernizar, digitalizar e interconectar los registros civiles, de la propiedad, mercantiles y demás bases de datos públicas, mediante mecanismos de control cruzado, acceso a la información y protección de datos personales. Juan Carlos Cassinelli presentó la propuesta y defendió la necesidad de organizar la información registral a escala nacional; durante el debate, Paco Moncayo, César Rodríguez, Cecilia Jaramillo, Bolívar Subía, Luis Morales, Andrés Roche, Luis Almeida, Edwin Vaca, Pamela Falconí, Gioconda Saltos, Tito Nilton Mendoza, Fernando Cordero, Vicente Taiano, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Linda Machuca, Lenín Chica, Julio Vega, Francisco Velasco, María Soledad Vela y Kléver García formularon observaciones relacionadas con la protección de la intimidad y los datos personales, la administración concurrente de los registros de la propiedad, la necesidad de evitar la centralización y politización de las designaciones, la participación ciudadana, el respeto a los trabajadores de los registros, el financiamiento de la digitalización, los plazos de implementación y la conveniencia de precisar el carácter, alcance y competencia institucional de la norma. Algunos legisladores solicitaron el archivo o reformulación integral del proyecto, mientras que Fernando Cordero y Francisco Velasco señalaron que, al tratarse de un primer debate, las observaciones debían remitirse por escrito para que el texto sea mejorado antes de continuar su trámite. Asimismo, se incorporó al orden del día el proyecto de resolución presentado por Silvia Salgado en respaldo al Gobierno Constitucional de Honduras presidido por Manuel Zelaya Rosales, mediante el cual se proponía condenar el golpe de Estado, rechazar la represión y el asedio a la Embajada de Brasil, respaldar la democracia y promover una acción conjunta de los parlamentos latinoamericanos. La propuesta fue apoyada por Línder Altafuya y Abdalá Bucaram, mientras Gilmar Gutiérrez cuestionó la legalidad del procedimiento y el alcance de las atribuciones de la Asamblea en materia de política exterior; María Cristina Kronfle intervino para rechazar expresiones discriminatorias hacia las personas con discapacidad, y Paco Moncayo participó en la búsqueda de un texto consensuado. Sin embargo, antes de someter la resolución a votación se declaró un receso para acordar su redacción y, al no recuperarse el quórum, la sesión fue clausurada sin adoptar una decisión sobre este punto.

ACTA_011-AN-2009-2011_PLENO.pdfEn la sesión se negó la solicitud de Richard Guillén para incorporar el análisis del incumplimiento del plazo constitucional para aprobar varias leyes prioritarias, mientras que la propuesta de Silvia Salgado para profundizar la investigación de los hechos ocurridos en Morona Santiago no avanzó al señalarse que ya existía una instancia encargada de ese análisis. Posteriormente, se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientada a completar la integración plural del Consejo de Administración Legislativa cuando no existieran suficientes bancadas, regular la elección de autoridades de las comisiones, permitir la presentación y tratamiento de informes de minoría, precisar la convocatoria de suplentes de representantes del exterior, fortalecer los mecanismos de comunicación y rendición de cuentas mediante el uso de franjas gratuitas en medios de comunicación, y ampliar el equipo de trabajo de las y los asambleístas. El principal debate se centró en la constitucionalidad de la integración del Consejo de Administración Legislativa y en el fortalecimiento de la fiscalización; María Paula Romo, Mauro Andino, Rosana Alvarado y María Augusta Calle defendieron que la reforma desarrollaba mecanismos necesarios para asegurar pluralidad y funcionamiento institucional, mientras César Montúfar, Gilmar Gutiérrez, María Cristina Kronfle, Enrique Herrería, Luis Almeida, Línder Altafuya y Cléver Jiménez cuestionaron que la propuesta pudiera contravenir la Constitución y limitar el control político. Silvia Salgado, Abdalá Bucaram, Alfredo Ortiz y Eduardo Encalada impulsaron que se habilite expresamente la investigación de actuaciones de funcionarios públicos y de hechos de interés ciudadano que generen conmoción social o crisis política; esta propuesta fue incorporada, mientras que se eliminó la modificación inicialmente prevista al procedimiento de entrega de información por parte de funcionarios públicos. También intervinieron Mercedes Diminich, Galo Lara, Francisco Velasco, Lourdes Tibán, Gioconda Saltos y Gabriel Rivera, quienes formularon observaciones sobre transparencia, representatividad, fiscalización, rendición de cuentas, inclusión y responsabilidad en el debate público. Finalmente, la reforma fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, quince negativos, cuatro votos en blanco y quince abstenciones.

ACTA_024-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, en el que Rodolfo Baquerizo, Lenín Chica, Gioconda Saltos, Tito Nilton Mendoza y Cléver Jiménez cuestionaron que la Asamblea pueda otorgar inmunidad a integrantes de una comisión, advirtiendo que ello podría dejar en indefensión a las personas mencionadas en sus informes; mientras Paco Moncayo defendió la necesidad de proteger las investigaciones para conocer la verdad y evitar la repetición de hechos de violencia, y Eduardo Encalada sostuvo que el informe debía profundizar en las implicaciones geopolíticas, sociales y de soberanía vinculadas con el conflicto fronterizo. Al concluir este punto, se cerró el debate y se dispuso la presentación de observaciones por escrito, sin aprobarse una decisión definitiva. Posteriormente, se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, presentadas por Mauro Andino, que planteaban restituir como delitos de acción pública conductas como la estafa, el hurto y otras infracciones que habían pasado a acción privada; reducir la cuantía para diferenciar contravenciones y delitos; sancionar la comercialización, ocultamiento y transporte de bienes robados; limitar la sustitución de la prisión preventiva en casos graves o de reincidencia; fortalecer el control sobre jueces, fiscales y audiencias; y eliminar la apelación al auto de llamamiento a juicio. Cynthia Viteri, Andrés Páez, Luis Almeida, María Cristina Kronfle y Gilmar Gutiérrez cuestionaron que las reformas fueran insuficientes frente a la inseguridad, solicitaron medidas más estrictas para evitar la liberación de personas procesadas y advirtieron inconsistencias en algunos artículos; mientras María Paula Romo, Juan Carlos Cassinelli, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Gracia, Hólger Chávez, Lídice Larrea, Marisol Peñafiel y Fernando Bustamante señalaron que la delincuencia no se resuelve únicamente con reformas penales, sino también mediante mejoras en la administración de justicia, la prevención, el empleo, la rehabilitación y el control de fiscales y jueces. También intervinieron César Rodríguez, Abdalá Bucaram, Línder Altafuya, Rafael Dávila, Paco Fierro, Galo Vaca, Edwin Vaca, Luis Morales, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Enrique Herrería, Rodolfo Baquerizo y Juan Carlos López, quienes formularon observaciones sobre proporcionalidad de penas, delitos ambientales, lavado de activos, corrupción, garantías del debido proceso y la necesidad de una reforma penal integral. Finalmente, se aprobó la moción de Xavier Tomalá para que las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sean elaboradas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y las reformas al Régimen Legal de Seguros por la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control; Alfredo Ortiz, Silvia Salgado, Galo Lara, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Jorge Escala y Nivea Vélez intervinieron sobre el trámite y la asignación de estas materias, mientras Cléver Jiménez cuestionó la votación, aclarándose que la resolución fue aprobada por mayoría simple de los asambleístas presentes.

ACTA_024-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Jorge Escala para incorporar una resolución que cuestionaba la terminación de la concesión de Radio Arútam, y de Enrique Herrería y Abdalá Bucaram para archivar los proyectos de protección e inmunidad; además, Scheznarda Fernández aceptó postergar para una próxima convocatoria su pedido de declarar el estado de excepción en Manabí ante el incremento de la delincuencia. Posteriormente, se realizó el primer debate de la propuesta destinada a otorgar protección e inmunidad a quienes participaron en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, con el fin de impedir represalias civiles o penales derivadas de sus actuaciones investigativas y garantizar el derecho a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición; Marisol Peñafiel, Juan Carlos Cassinelli, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Betty Amores, Silvia Salgado, Francisco Ulloa, Francisco Velasco y Fernando Bustamante defendieron la medida, señalando que la investigación no sustituía a la justicia y que sus resultados debían ser evaluados posteriormente por las autoridades competentes, mientras Luis Almeida, Rodolfo Baquerizo, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Cristina Kronfle, Alfredo Ortiz, Kléver García, Fernando Aguirre y Abdalá Bucaram cuestionaron la falta de una habilitación expresa para conceder inmunidad, su posible alcance indefinido, la ausencia del informe final y el riesgo de que se convierta en un mecanismo de impunidad o persecución política. También intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez y Luis Morales, cuya moción para archivar el proyecto fue negada. Finalmente, se inició el debate sobre la protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos relacionados con Angostura, planteándose que esta se limite a actuaciones civiles y penales vinculadas exclusivamente con la investigación y la obtención de información determinante para el informe; Washington Cruz, María Augusta Calle, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, Nivea Vélez, Mao Moreno, Juan Fernández, César Montúfar, Dora Aguirre, Gido Vargas, Armando Aguilar, Francisco Ulloa y Zobeida Gudiño debatieron sobre la necesidad de proteger a los integrantes de la investigación frente a posibles represalias, el derecho de las personas mencionadas en el informe a ejercer su defensa, la transparencia de las conclusiones y la constitucionalidad de la inmunidad. Al concluir, se suspendió el tratamiento de ambos proyectos sin adoptar una resolución definitiva.

ACTA_195-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron cuatro solicitudes para modificar el orden del día antes de iniciar el primer debate del proyecto relacionado con la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Francisco Cisneros propuso exhortar al Ejecutivo para que los ministros entregaran la información requerida por los legisladores y respetaran las facultades de fiscalización de la Asamblea, pero su propuesta y la rectificación solicitada por Kléver García fueron negadas, ambas con cuarenta votos afirmativos; Virgilio Hernández planteó declarar asunto de Estado la defensa del Ecuador frente al laudo arbitral favorable a la petrolera OXY, argumentando que estaban en juego la soberanía, la seguridad jurídica y más de dos mil trescientos millones de dólares, pero la moción obtuvo sesenta y dos votos afirmativos y, en la rectificación, cincuenta y nueve, sin alcanzar la mayoría necesaria; Marco Murillo solicitó rechazar las declaraciones del Ejecutivo que pretendían restringir la función fiscalizadora y ratificar el derecho de los asambleístas a solicitar información, propuesta negada con cincuenta y un votos afirmativos y nuevamente rechazada en la rectificación solicitada por Mariángel Muñoz con cuarenta y ocho; y Paco Fierro pidió conformar una comisión ocasional multipartidista que, junto con la Contraloría y la Fiscalía, auditara la gestión y los estados financieros de las aproximadamente ciento cincuenta empresas incautadas administradas por el fideicomiso AGD-CFN, considerando las denuncias sobre créditos vinculados, garantías con bienes públicos y las irregularidades de COFIEC, pero su moción y posterior rectificación fueron negadas con cuarenta y nueve y cuarenta y ocho votos afirmativos, respectivamente. En comisión general, Fernando Bustamante informó sobre la realización en Ecuador de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, que reuniría a legisladores de numerosos países para promover la paz, la democracia, el diálogo político y debatir nuevos enfoques sobre el desarrollo, la sostenibilidad y el buen vivir, destacándose también el reconocimiento internacional alcanzado por la Asamblea ecuatoriana. Posteriormente se debatió el proyecto sobre cáncer de mama, respecto del cual la Comisión de Salud recomendó inicialmente el archivo, al considerar que el tratamiento de las enfermedades debía abordarse integralmente dentro del Código Orgánico de Salud, evitando crear una ley por cada patología; además, sostuvo que el cáncer de mama ya podía ser considerado una enfermedad catastrófica bajo la legislación vigente, que los protocolos médicos no debían elevarse a rango legal porque cambian con los avances científicos y que los aportes del proyecto podían incorporarse al futuro Código mediante programas nacionales de prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica, educación, participación ciudadana y protección de los derechos de las pacientes. En oposición al archivo se argumentó que la demora del Código de Salud podía dejar sin una respuesta inmediata a miles de mujeres, que la prevención y detección temprana tenían costos considerablemente menores que el tratamiento avanzado, que existían deficiencias en la disponibilidad de mamógrafos, medicamentos, atención hospitalaria y cobertura para las mujeres rurales o sin seguridad social, y que la iniciativa ciudadana debía continuar su trámite, enriquecerse y posteriormente incorporarse al Código mediante una disposición transitoria; también se defendió la necesidad de convertir la prevención en política de Estado, promover el autoexamen, la educación, los registros epidemiológicos, la atención gratuita, la rehabilitación y la reconstrucción mamaria, sin desconocer que el sistema debía atender integralmente otros tipos de cáncer y enfermedades. En una segunda comisión general, Blanca “Poly” Ugarte relató su experiencia como sobreviviente y el trabajo de prevención realizado por su fundación, señalando que numerosas mujeres llegaban a los centros médicos cuando la enfermedad ya estaba avanzada por desconocimiento o falta de recursos, mientras María Sol Corral pidió que la iniciativa ciudadana no fuera archivada y que el Estado asumiera institucionalmente las campañas de prevención y detección temprana. Finalmente no se votó el archivo del proyecto: el debate fue suspendido, la iniciativa regresó a la Comisión de Salud para que incorporara las observaciones y presentara un nuevo informe dentro de cuarenta y cinco días, y la sesión fue clausurada. Intervinieron Francisco Cisneros, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Paco Fierro, Fernando Bustamante, Víctor Quirola, Silvia Salgado, Rolando Panchana, Luis Almeida, Fausto Cobo, Marisol Peñafiel, Hólger Chávez, Hugo Quevedo, Francisco Ulloa, César Rodríguez, Blanca Ugarte, María Sol Corral, Pamela Falconí, María Cristina Kronfle, Carlos Velasco, Fernando Aguirre, Nívea Vélez, Lídice Larrea y Luis Morales; Kléver García y Mariángel Muñoz participaron mediante solicitudes de rectificación.

ACTA_012-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó modificar el orden del día para incorporar el tratamiento de la investigación de los hechos ocurridos en Macas el 30 de septiembre de 2009, a propuesta de Rolando Panchana, mientras que no prosperaron las solicitudes de Fernando Aguirre para exhortar al Parlamento colombiano a contribuir al restablecimiento de las relaciones bilaterales ni de Fernando Vélez para declarar como día de descanso obligatorio la conmemoración de la provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, se aprobaron por unanimidad la Convención sobre Municiones en Racimo y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; en el primer tema intervinieron Gabriel Rivera, Scheznarda Fernández, Francisco Cisneros, Abdalá Bucaram, Humberto Alvarado y Mary Verduga, destacándose la vocación de paz del Ecuador, la prohibición de estas armas y la protección de la población civil, mientras que en el segundo intervinieron Linda Machuca, Eduardo Zambrano, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, María Augusta Calle, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Luis Morales, Jorge Escala, Zobeida Gudiño y Marisol Peñafiel, quienes debatieron sobre la prevención de la tortura, la protección de las personas privadas de libertad, la creación de mecanismos de visitas y control, y la necesidad de adecuar la legislación nacional. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma tributaria, presentada por Juan Carlos Cassinelli, que proponía cambios al impuesto a la renta, IVA, impuestos a consumos especiales e impuesto a la salida de divisas, con el propósito de reducir la evasión, mejorar la equidad y fortalecer la recaudación; María Cristina Kronfle, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Patricio Quevedo, Luis Noboa, Rafael Dávila, Andrés Páez, Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Luis Almeida y otros legisladores cuestionaron el incremento de impuestos durante una crisis económica, sus posibles efectos sobre la producción, el empleo, las pequeñas empresas, los consumidores y la seguridad jurídica, mientras Rosana Alvarado, Carlos Velasco, Vanessa Fajardo, Juan Carlos López, Lenín Chica, Susana González, Jorge Escala, Edwin Vaca, José Picoita y Grace Almeida formularon observaciones sobre la redistribución, la evasión fiscal, la inversión social y la necesidad de mejorar el texto. El debate quedó sin resolución, debido a la falta de quórum al final de la jornada, y se dispuso que las intervenciones pendientes fueran presentadas por escrito.

ACTA_013-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la solicitud de Cynthia Viteri para incorporar una resolución sobre presuntas vulneraciones a la libertad de expresión relacionadas con la detención de ciudadanos en Guayaquil, mientras que se aprobó incluir el tratamiento de un proyecto de resolución para rechazar el Acuerdo Complementario de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad suscrito entre Colombia y Estados Unidos, planteado por Línder Altafuya, María Molina, Cléver Jiménez, Jorge Escala, Francisco Ulloa, Magali Orellana y Ramiro Terán, y defendido por Francisco Ulloa. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público, presentado por Nivea Vélez, orientado a regular el ingreso por méritos y oposición, la carrera administrativa, la capacitación, evaluación, remuneraciones, estabilidad, derechos y obligaciones de las servidoras y servidores públicos. Durante el debate se plantearon observaciones sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, el alcance de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales, la protección de los trabajadores de empresas públicas, la estabilidad laboral, los procesos disciplinarios, la jubilación, la inclusión de personas con discapacidad y la necesidad de que el Magisterio conserve su régimen especial de carrera y escalafón. Intervinieron Fernando Cordero, Francisco Cisneros, César Rodríguez, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Armando Aguilar, Paco Moncayo, Henry Cuji, Consuelo Flores, Dora Aguirre, Kléver García, María Augusta Calle, Rocío Valarezo, Irina Cabezas, Ramiro Terán, Edwin Vaca, María Cristina Kronfle, Silvia Kon, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Linda Machuca, Aminta Buenaño, María Molina, Geovanny Veintimilla, Gina Godoy, Gioconda Saltos, Betty Amores, Eduardo Encalada, Carlos Velasco, Guillermina Cruz, Carlos Samaniego y Hólger Chávez, quien destacó que el texto debía revisarse integralmente antes del siguiente debate. Finalmente, se conoció la propuesta de resolución contra el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, pero, luego de la intervención de Francisco Ulloa y de negarse la moción para trasladar su tratamiento a una próxima sesión, no se pudo adoptar una resolución debido a la falta de quórum, por lo que se clausuró la sesión.

ACTA_143-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron las propuestas para condenar la decisión judicial que favoreció a Alberto Dahik y expresar solidaridad con dirigentes sociales procesados, así como para rechazar la visita al Ecuador del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a Denisse Delgado, Fernando Unda, Rodney Chiluiza y Danny Mero, en reconocimiento a su talento artístico, espíritu de superación y aporte a la inclusión de las personas con discapacidad. Se desarrolló el primer debate de la reforma orientada a garantizar el principio de interculturalidad en los procesos de designación de autoridades públicas, proponiéndose que las ternas incluyeran representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con paridad de género y reconocimiento de los idiomas castellano, kichwa y shuar; durante la discusión se destacó la necesidad de aplicar acciones afirmativas reales, evitar que la inclusión quedara como una simple formalidad, adaptar los concursos a las diferentes realidades culturales, fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar que las personas seleccionadas cumplieran los perfiles profesionales sin sufrir discriminación. También se analizó el proyecto para promover las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo archivo fue recomendado por considerar que gran parte de sus disposiciones ya estaban contempladas en la normativa de producción; sin embargo, la moción de archivo no fue aceptada y el proyecto regresó a la comisión, mientras Leonardo Viteri cuestionó la demora en tramitar su iniciativa y denunció un trato desigual hacia los proyectos presentados por legisladores de oposición. En cambio, se aprobó el archivo de la reforma relacionada con el sector cafetalero, al estimarse que su propuesta de incorporar representantes privados en organismos públicos contradecía normas constitucionales y duplicaba entidades y competencias ya existentes. Finalmente, se examinó la objeción parcial a las reformas electorales, debatiéndose la reducción de los plazos de la justicia electoral, los métodos para distribuir escaños, la proporcionalidad y representación de las minorías, las restricciones a la publicidad gubernamental y privada durante las campañas, el uso de recursos públicos, el silencio electoral, la libertad de expresión y el acceso de candidatos a los medios de comunicación, las sanciones por infracciones electorales, la regulación del acoso político contra las mujeres y la contratación temporal de personal por parte de los organismos electorales. El Pleno aceptó las observaciones relacionadas con la celeridad de los procesos, la adjudicación de escaños, el período de prohibición de propaganda, determinadas sanciones y la contratación de personal electoral; no obstante, no alcanzó los votos necesarios para ratificar los textos previamente aprobados sobre propaganda durante las campañas y acoso político. Intervinieron Jorge Escala, Leonardo Viteri, Cynthia Viteri, Enrique Herrería, María Cristina Kronfle, Danny Mero, Rodney Chiluiza, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Lourdes Tibán, María Augusta Calle, Juan Carlos López, María Pilar Almeida, Rolando Panchana, Luis Morales, Omar Juez, Mauro Andino, Paco Moncayo, Luis Almeida, Línder Altafuya, María Paula Romo, Francisco Velasco, Betty Amores, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Xavier Tomalá, Galo Vaca, Nívea Vélez, Marco Murillo, César Rodríguez, Fernando González, Fernando Aguirre, César Gracia y Susana González.

ACTA_132-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de ley destinado a garantizar la igualdad, inclusión y defensa integral de las personas con discapacidad. Durante una comisión general, el vicepresidente Lenín Moreno presentó los avances alcanzados mediante las misiones Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara y destacó la necesidad de convertir estas políticas en garantías permanentes, orientadas a la inclusión social, educativa, laboral y cultural. El debate abordó la definición y calificación de la discapacidad y de las condiciones discapacitantes; la prevención, detección temprana, genética humana, atención médica, rehabilitación y entrega de medicamentos y ayudas técnicas; la eliminación de restricciones en seguros de vida y salud; el acceso inclusivo a la educación, becas, lenguaje de señas, sistema Braille y formación superior; la inserción laboral, los porcentajes de contratación, los permisos para tratamientos y la protección de familiares cuidadores; los créditos preferenciales, la vivienda, la seguridad social y la jubilación; la accesibilidad universal en edificios, transporte, espacios públicos, tecnologías, información y señalética; las tarifas preferenciales, exenciones tributarias y facilidades para importar vehículos y equipos; la creación de centros de acogida y de un organismo nacional encargado de formular políticas, proteger derechos, investigar infracciones y aplicar sanciones. Los legisladores coincidieron en la importancia de superar la discriminación y garantizar derechos efectivos, aunque plantearon fortalecer la prevención, precisar las competencias de las instituciones, incorporar a los gobiernos autónomos descentralizados, asegurar la participación ciudadana, proteger especialmente a mujeres, niños y adolescentes, apoyar el deporte y la recreación, ampliar la cobertura a ecuatorianos residentes en el exterior, regular los animales de asistencia, reforzar las sanciones y garantizar que los beneficios lleguen también a organizaciones sin fines de lucro. El debate quedó suspendido sin votación para que la comisión analizara e incorporara las observaciones antes de continuar el trámite. Intervinieron Lenín Moreno Garcés, María Cristina Kronfle, María Alejandra Vicuña, Fausto Cobo, Rocío Valarezo, Francisco Ulloa, Luis Morales, Celso Maldonado, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Juan Carlos López, Mary Verduga, Nívea Vélez, Irina Cabezas y Elvis Maldonado.