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ACTA_006-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció y debatió la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas, relacionada con la constitución de empresas entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados, la administración y clasificación del talento humano, los programas de retiro voluntario, las inversiones y alianzas estratégicas, la divulgación de información, los mecanismos de control y auditoría, el tratamiento de empresas estatales existentes, las entidades incautadas por la AGD, las empresas vinculadas a la defensa nacional y varias reformas tributarias, financieras y de contratación pública. Durante el debate se expresaron posiciones a favor y en contra del allanamiento, especialmente respecto de la discrecionalidad en las compensaciones por retiro voluntario, la definición de obreros, la transparencia de la información, el alcance de las atribuciones de la Contraloría y la protección de los derechos laborales; intervinieron Irina Cabezas, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Jorge Escala, Armando Aguilar, Galo Vaca, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Humberto Alvarado, Enrique Herrería, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Betty Amores, Eduardo Encalada, César Montúfar, Nívea Vélez, Guillermina Cruz, Andrés Roche, Hólger Chávez, María Molina y María Alejandra Vicuña. Finalmente, se aprobó el allanamiento a la mayor parte de las observaciones presidenciales y no prosperó la ratificación del texto original sobre el retiro voluntario y las reformas finales propuestas. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma al Mandato Constituyente relacionado con la portabilidad numérica, a fin de ampliar el plazo para que las personas usuarias de telefonía móvil puedan conservar su número al cambiar de operadora, garantizando la ejecución de pruebas técnicas y la calidad del servicio; intervinieron Luis Noboa, Saruka Rodríguez, Fernando Vélez, Betty Carrillo, Enrique Herrería, Francisco Ulloa, Aminta Buenaño, Rolando Panchana, Cynthia Viteri, Silvia Salgado, Abdalá Bucaram, Betty Amores y Luis Almeida. La reforma fue aprobada con sesenta y cuatro votos afirmativos, veintiocho negativos, cuatro votos en blanco y trece abstenciones.

ACTA_034-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Vicente Taiano para promover la enseñanza obligatoria sobre prevención de sismos y desastres naturales en los establecimientos educativos. Posteriormente, se debatió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la que se discutieron los alcances de la participación ciudadana, la iniciativa popular normativa, las consultas populares, las audiencias públicas, el control social, las veedurías, la rendición de cuentas, la transparencia y la posible inclusión de los medios de comunicación en estos mecanismos. Luis Morales planteó diferenciar los puntos en los que correspondía ratificarse en el texto original y aquellos en los que podía aceptarse la objeción; César Montúfar, Alfredo Ortiz, Juan Carlos López, Jimmy Pinoargote, Andrés Páez, Vicente Taiano, Marco Murillo y Lenín Chica cuestionaron disposiciones que, a su criterio, podían restringir la participación ciudadana o incorporar materias ajenas al proyecto, especialmente respecto de la rendición de cuentas de los medios de comunicación; Ramiro Terán formuló reparos sobre las limitaciones a consultas y mecanismos ciudadanos; Rolando Panchana defendió la transparencia del proceso constituyente; mientras Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza y María Soledad Vela solicitaron revisar con mayor profundidad las observaciones, por lo que se suspendió el debate y la votación para continuar el tratamiento en otra sesión. Asimismo, se conoció la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de una causa penal contra Galo Lara, presentada por Óscar Herrera Gilbert; Francisco Cisneros, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, Nivea Vélez, Mauro Andino, Roberto Rodríguez, Silvia Salgado, Hólger Chávez, Guillermina Cruz, Fernando Cordero, Enrique Herrería, Luis Morales y Galo Lara debatieron sobre la inmunidad parlamentaria, su relación con la fiscalización, la necesidad de evitar que se convierta en impunidad y la protección de las opiniones emitidas en el ejercicio de las funciones legislativas. Finalmente, se aprobó negar la autorización para iniciar la causa penal y exhortar a la Función Judicial, jueces, fiscales y tribunales a respetar las garantías vinculadas con la inmunidad parlamentaria. También se aprobó por unanimidad la resolución para exhortar al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación a incorporar capacitación sobre prevención, mitigación, gestión y manejo de riesgos naturales en todos los niveles educativos, promover actividades de prevención, utilizar horas cívicas para difundir estas acciones y reforzar la infraestructura escolar; intervinieron Vicente Taiano, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo y Gioconda Saltos, quienes propusieron incluir simulacros, mapas de evacuación, fortalecimiento de la infraestructura y un plan nacional de capacitación sobre riesgos y desastres.

ACTA_014-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se recibió, en comisión general, el informe de evaluación de la educación superior presentado por Arturo Villavicencio, presidente del CONEA, quien expuso la categorización de las universidades y escuelas politécnicas en los grupos A, B, C, D y E, advirtió graves deficiencias en varias instituciones y propuso depurar las universidades de menor desempeño, reducir progresivamente las extensiones universitarias, regular la oferta académica y los posgrados, y fortalecer institucionalmente a las universidades que requerían mejoras. Asimismo, se resolvió encargar a la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad la investigación sobre la muerte de Bosco Wisuma y los hechos ocurridos en Macas; Jorge Escala presentó la moción, Rolando Panchana retiró su propuesta inicial para respaldarla y Andrés Páez planteó ajustes a la redacción de la resolución. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, presentado por Jaime Abril, cuyo texto reconoce al agua como derecho humano y patrimonio nacional estratégico, prohíbe su privatización, prioriza el consumo humano, el riego para soberanía alimentaria, el caudal ecológico y las actividades productivas, fortalece la gestión pública y comunitaria, regula las autorizaciones de uso, las tarifas, la prevención de la contaminación, la protección de cuencas y los derechos colectivos de pueblos, comunidades y nacionalidades. Durante el debate se formularon observaciones sobre la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la conformación y atribuciones de la Autoridad Única del Agua, la gratuidad del mínimo vital, las tarifas de riego y servicios, la desprivatización y continuidad de concesiones como la de INTERAGUA, el respeto a los sistemas comunitarios, la consulta a pueblos y nacionalidades, el control de la contaminación, la protección de niños, niñas y adolescentes y el reconocimiento de actividades productivas privadas autorizadas. Intervinieron Jaime Abril, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, Ramiro Terán, Andrés Roche, Gilmar Gutiérrez, Lídice Larrea, Mauro Andino, Luis Almeida, Soledad Vela, Lourdes Tibán, Rolando Panchana, Luis Morales, Jimmy Pinoargote, Silvia Salgado, Andrés Páez, Virgilio Hernández, César Montúfar, Fernando Cordero, Gido Vargas, Gerónimo Yantalema, Richard Guillén, Rosana Alvarado, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco, Susana González, Fernando Bustamante, Nivea Vélez, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Yandri Brunner, Enrique Herrería, Jorge Jurado, Guillermina Cruz, Galo Vaca, Fernando Cáceres y Marco Murillo. Finalmente, Jaime Abril señaló que las observaciones debían remitirse por escrito para ser analizadas antes del segundo debate, tras lo cual se clausuró la sesión sin adoptar una resolución definitiva sobre el proyecto.

ACTA_026-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un proyecto de resolución de apoyo y solidaridad con la República de Haití, propuesto por Fernando Bustamante, tras el terremoto que afectó a ese país. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de reforma penal para la tipificación y juzgamiento de los delitos cometidos en el servicio policial y militar, orientado a eliminar los fueros especiales y consolidar la unidad jurisdiccional, de modo que los delitos de función sean conocidos por jueces especializados de la Función Judicial y los delitos comunes por la justicia ordinaria. María Paula Romo y Mauro Andino defendieron la necesidad de adecuar la normativa a la Constitución, diferenciar los delitos de función de las infracciones disciplinarias, regular la obediencia debida, establecer tipos penales aplicables a militares y policías e incorporar normas de Derecho Internacional Humanitario; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo y Vicente Taiano formularon observaciones sobre las diferencias constitucionales, operativas y doctrinarias entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la inclusión de personal movilizado y reservistas, el tratamiento de la deserción, la sedición, las operaciones militares y policiales, la obediencia a autoridades civiles y los conceptos relacionados con estados de excepción y conflicto armado. Fernando Bustamante planteó precisar la intencionalidad en delitos como la alteración de evidencias, la traición a la patria y las acciones hostiles, así como incorporar agravantes por actos motivados por odio o discriminación; Juan Carlos Cassinelli solicitó evitar duplicidades entre insubordinación y sedición, revisar la proporcionalidad de las sanciones por abuso de facultades y proteger expresamente a las personas asiladas; y César Rodríguez propuso aclarar el alcance del juzgamiento de civiles que participen en delitos de función y eliminar disposiciones que pudieran mantener centros de detención especiales como privilegio para militares o policías. Finalmente, María Paula Romo solicitó suspender el debate para integrar las observaciones y remitir un texto revisado para votación posterior, por lo que el proyecto no fue aprobado en esta sesión. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución de solidaridad con Haití, mediante la cual se expresó respaldo al pueblo haitiano y a las víctimas del terremoto, se exhortó a la ciudadanía y a la Función Legislativa a contribuir con ayuda humanitaria y se reconoció la labor de los efectivos ecuatorianos de la Misión de las Naciones Unidas y de la Fuerza Interinstitucional de Rescate que se trasladaría a Puerto Príncipe. En este tema intervinieron Fernando Bustamante, Pamela Falconí, Linda Machuca, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Leonardo Viteri, Gioconda Saltos, Rodolfo Baquerizo, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Elvis Maldonado, Guillermina Cruz y Lídice Larrea, quienes plantearon donaciones voluntarias, provisión de alimentos y equipos para los rescatistas, campañas de donación de sangre, asistencia médica y apoyo a las personas ecuatorianas que residían en Haití.

ACTA_029-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, orientada a responder a la inseguridad y evitar la impunidad en determinados delitos. La norma incorporó como agravante el homicidio cometido contra miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, fiscales y jueces de garantías penales en el ejercicio de sus funciones; fortaleció la sanción para quienes oculten, custodien, transporten, vendan o transfieran bienes, cosas o semovientes robados o cuya procedencia legal no pueda justificarse; redujo el monto para considerar al hurto como contravención al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada y estableció que la reincidencia sea tratada como delito. Además, restituyó como delitos de acción pública la estafa, el hurto, la violación de domicilio, la revelación de secretos de fábrica y determinadas lesiones; incorporó la prohibición de enajenar como medida cautelar real, reforzó el registro de detenciones para conocimiento de la Fiscalía, devolvió a los jueces la facultad de emitir el auto resolutorio correspondiente y eliminó la apelación del auto de llamamiento a juicio para evitar dilaciones procesales. Durante el debate, Vicente Taiano, Mauro Andino, Andrés Páez y María Paula Romo defendieron la reforma como una respuesta legislativa frente a la delincuencia, mientras Fernando Bustamante planteó precisiones sobre la proporcionalidad y finalidad de las medidas; Luis Almeida, César Rodríguez, Línder Altafuya, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Gilmar Gutiérrez y Tito Nilton Mendoza cuestionaron aspectos relacionados con la presunción de inocencia, la prisión preventiva, la apelación y la proporcionalidad de las sanciones. Leonardo Viteri propuso incluir los semovientes en la regulación de bienes robados; Lourdes Tibán solicitó garantizar el respeto a la jurisdicción indígena; y Hólger Chávez propuso extender la protección penal a fiscales y jueces. Finalmente, María Paula Romo informó que se acogieron varias observaciones, entre ellas la eliminación de la posibilidad de dictar prisión preventiva para delitos con penas inferiores a un año, la inclusión de una auditoría externa a jueces y fiscales, el reconocimiento de la jurisdicción indígena y la ampliación de la protección a operadores de justicia; la reforma fue aprobada con setenta y ocho votos afirmativos, sin votos negativos, un voto en blanco y veintinueve abstenciones.

ACTA_036-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Henry Cuji para incorporar una resolución destinada a proteger los territorios y derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenani frente a actividades extractivas en el Yasuní, y de Línder Altafuya para exhortar al Gobierno Nacional a cancelar la deuda pendiente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; además, se aceptó postergar una iniciativa presentada por Saruka Rodríguez. Por otro lado, se aprobó incluir el tratamiento de una resolución sobre los hechos ocurridos en San José de Chimbo, propuesta por Hólger Chávez. Posteriormente, Fernando Flores y Luis Morales solicitaron reconsiderar la votación relacionada con la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de insistir en el texto aprobado originalmente por la Asamblea, pero la reconsideración fue negada incluso después de rectificarse la votación. Asimismo, se aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que permite a personas y colectivos acudir a mecanismos internacionales para reclamar vulneraciones de derechos como salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda y condiciones de vida adecuadas, una vez agotadas las instancias nacionales; defendieron su aprobación Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Linda Machuca y Rocío Valarezo. Finalmente, se debatió la resolución sobre el operativo policial realizado en Chimbo contra talleres de fabricación de armas, en el que Hólger Chávez, Juan Fernández, Gerardo Morán, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Vicente Taiano, Marco Murillo y otros legisladores denunciaron presuntos excesos de la fuerza pública, afectaciones a artesanos y la necesidad de investigar responsabilidades y generar alternativas laborales; mientras María Augusta Calle, Mao Moreno y otros asambleístas destacaron la necesidad de combatir la fabricación ilegal de armas y solicitar información completa sobre el operativo. La propuesta de suspender el debate para requerir un informe fue negada y, posteriormente, tampoco se aprobó la resolución planteada por Hólger Chávez.

ACTA_049-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum y se instaló la sesión, dándose lectura a la convocatoria y al Orden del Día, que incluía el Himno Nacional y el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo del RO 971 de 1996 y la Ley 2003-5; se presentaron dos solicitudes de cambio del Orden del Día, una del asambleísta Fernando Bustamante para incluir un proyecto de resolución sobre un posible caso de espionaje por parte de Colombia, y otra del asambleísta Jimmy Pinoargote relacionada con la prórroga otorgada por el Vicepresidente Rolando Panchana Farra a la Comisión de Comunicación, ambas rechazadas en votación y rectificación, así como una solicitud de reconsideración de la asambleísta Cynthia Viteri que tampoco fue aceptada por no existir resolución previa que reconsiderar. Tras la entonación del Himno Nacional, el Presidente instaló una Comisión General para recibir al Alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien expuso la necesidad de aprobar la ley interpretativa para regularizar la tenencia de tierras del barrio Atucucho, asentamiento de más de tres mil familias en un predio del Ministerio de Salud Pública. Reinstalada la sesión, se dio lectura al informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio sobre dicho proyecto, lo que generó un incidente cuando el asambleísta Abdalá Bucaram presentó una apelación a la Presidencia por la no inclusión del pedido de Pinoargote en el Orden del Día; asumió temporalmente la dirección el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, se produjo un enfrentamiento verbal entre Bucaram y el Presidente Cordero, y la apelación fue sometida a votación y rectificación, resultando negada en ambas ocasiones, por lo que Cordero reasumió la Presidencia. Retomado el punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, Virgilio Hernández, expuso el informe a favor del proyecto de Ley Interpretativa, que busca facultar al Ministerio de Salud Pública la venta directa sin subasta a los posesionarios de Atucucho, estableciendo mecanismos de avalúo municipal, transferencia de áreas comunales al Municipio y límites a la adjudicación; intervinieron numerosos asambleístas (Luis Morales, Marllely Vásconez, Guillermina Cruz, César Rodríguez, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Eduardo Encalada, Alfredo Ortiz, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Marcelo García, Lourdes Tibán, Andrés Roche y Paco Fierro), quienes en general respaldaron el proyecto y plantearon observaciones sobre el año de referencia para el avalúo, el plazo de venta, la prohibición de adjudicación múltiple, el estudio socioeconómico de las familias y los tiempos de entrega de escrituras, además de pedir disculpas a los moradores de Atucucho por los incidentes ocurridos durante la sesión. Finalmente, el Presidente cerró el debate y dispuso que el proyecto regrese a la Comisión para incorporar las observaciones y preparar la versión definitiva para segundo debate y votación en el Pleno.

ACTA_041-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la inclusión de una resolución propuesta por Línder Altafuya para rechazar presuntos actos de represión contra estudiantes y organizaciones indígenas, mientras se aprobó incorporar una iniciativa planteada por Magali Orellana, Cléver Jiménez, Diana Atamaint, Lourdes Tibán y Gerónimo Yantalema para declarar de interés nacional la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y la preservación del Yasuní y la zona intangible; sin embargo, este último tema no llegó a debatirse por falta de quórum y quedó pendiente para una próxima sesión. También se rechazó la propuesta de Leonardo Viteri para elaborar una nueva normativa de soberanía alimentaria y definir previamente procedimientos de consulta prelegislativa. Posteriormente, se realizó el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional y la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, ampliar su plazo de funcionamiento, asignarle presupuesto y regular su integración, atribuciones y mecanismos de participación; María Molina, Fernando González, Gido Vargas, Zobeida Gudiño, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, Silvia Salgado, Marco Murillo, Mercedes Diminich, Gioconda Saltos y Tamara Chico debatieron sobre la consulta prelegislativa, la representación de pueblos y nacionalidades, la autonomía de la Conferencia, sus facultades para proponer políticas y leyes, la necesidad de una socialización más amplia y la continuidad de sus integrantes. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión que investigó los hechos de Angostura, para ampliar la protección a personal técnico, colaboradores, denunciantes, testigos e informantes y permitir que soliciten directamente medidas de protección; María Paula Romo y Francisco Ulloa respaldaron el allanamiento, mientras Vicente Taiano, Fausto Cobo, Luis Morales, Luis Almeida, María Augusta Calle, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo cuestionaron la constitucionalidad y alcance de la inmunidad, por lo que la moción de aceptar la objeción fue negada y, al no prosperar la reconsideración, se mantuvo el texto propuesto por el Ejecutivo. Finalmente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, destinada a reorganizar y transparentar los sistemas contables del Banco Central, preservar el respaldo de los depósitos y reservas, simplificar el balance institucional y facilitar el uso del ahorro público en inversión interna; Viviana Bonilla presentó el informe de mayoría, mientras Rafael Dávila, Sylvia Kon, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco y Patricio Quevedo debatieron sobre la necesidad de mantener sistemas separados para garantizar transparencia, liquidez y seguridad de los recursos.

ACTA_053-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se trató primero la lectura de la convocatoria y orden del día, con intervenciones de los asambleístas Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca y Fernando Bustamante, guardándose además un minuto de silencio por los ecuatorianos fallecidos en México y por el padre político de la asambleísta Betty Carrillo; a continuación se conoció el informe de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre la ratificación del Estatuto a la Agencia Internacional para las Energías Renovables (IRENA), con intervenciones de Fernando Bustamante, Luis Almeida, Gabriel Rivera, Ramiro Terán, Grace Almeida, Linda Machuca, Juan Carlos López y Marisol Peñafiel, aprobándose el proyecto de resolución respectivo; luego se trató el informe de la misma Comisión sobre la ratificación del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, con intervenciones de Gabriel Rivera y Francisco Ulloa, aprobándose igualmente la resolución; después se debatió la designación de la Comisión Especializada para analizar el informe presentado por el Presidente de la República el 10 de agosto de 2010, interviniendo Juan Carlos Cassinelli, Jorge Escala, Grace Almeida, Luis Almeida, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram, Scheznarda Fernández, Línder Altafuya, Mauro Andino, Ramiro Terán, César Rodríguez, Guillermina Cruz y Fausto Cobo; posteriormente se conoció el proyecto de resolución que demanda y condena la violación de los derechos humanos de los 72 migrantes asesinados en México, con intervenciones de Linda Machuca, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Fernando Flores, Eduardo Zambrano, Cinthya Viteri y María Augusta Calle; enseguida se trató el proyecto de resolución de solidaridad y respaldo del pueblo ecuatoriano a los 33 mineros atrapados en una mina de Copiapó, Chile, con intervenciones de Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Grace Almeida, aprobándose el texto de la resolución; y finalmente se retomó y votó el proyecto de resolución sobre los 72 migrantes asesinados en México, procediéndose a su lectura y votación antes de la clausura de la sesión.

ACTA_077-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orientado a adecuar la normativa a la Constitución y al COOTAD, definir las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y de la Agencia Nacional, fortalecer la seguridad vial, regular contravenciones, puntos en las licencias, sanciones por conducción bajo efectos de alcohol, transporte informal, SOAT y FONSAT, capacitación, afiliación a la seguridad social, tarifas diferenciadas y protección de grupos vulnerables. Previamente, Abdalá Bucaram propuso que las Fuerzas Armadas colaboren temporalmente con la Policía en seguridad ciudadana, moción que fue negada; Línder Altafuya logró incorporar al orden del día el análisis de una resolución contra la prescripción de la acción penal por el asesinato de Jaime Hurtado y sus acompañantes, aunque este asunto no llegó a tratarse; y Magaly Orellana planteó exhortar al respeto de las mujeres frente a expresiones ofensivas, propuesta que no fue aceptada. En comisión general, Ricardo Onofre, Jorge Calderón y Sandra Carrera solicitaron participación de los gremios de choferes, sanciones al transporte informal, garantías para escuelas de conducción, cajas de cesantía, estabilidad laboral y continuidad institucional de la Comisión de Tránsito del Guayas. Saruka Rodríguez presentó el informe de la Comisión; Juan Carlos Cassinelli, Silvia Salgado, Aminta Buenaño, Lídice Larrea y otros respaldaron mantener transitoriamente a la Comisión de Tránsito del Guayas, fortalecer la descentralización y endurecer controles; mientras Enrique Herrería, Andrés Roche, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Alfredo Ortiz y Andrés Páez cuestionaron la presentación de observaciones ajenas al informe, la eventual afectación de competencias municipales, la falta de control efectivo sobre infracciones, las facilidades para recuperar puntos, la proporcionalidad de las sanciones, la obligatoriedad de escuelas de conducción y la precariedad laboral de los choferes. Fernando Vélez propuso que el Estado asuma el costo del SOAT; Edwin Vaca y Gido Vargas solicitaron sanciones claras para conductores extranjeros e informales en zonas fronterizas; Guillermina Cruz pidió incluir responsabilidades por mala señalización vial, tarifas preferenciales para estudiantes y protección a transportistas con discapacidad; Pedro de la Cruz planteó revisar el requisito de bachillerato para licencias profesionales y garantizar seguridad social; y Zobeida Gudiño solicitó permitir que personas con discapacidad sean socias de cooperativas de transporte. El debate quedó suspendido, sin votación final, para continuar con el análisis de las observaciones.

ACTA_066-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento una propuesta de Alfredo Ortiz orientada a garantizar el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y la atención de las personas migrantes en Galápagos, incluyendo la solicitud de una oficina de la Defensoría del Pueblo en la provincia; sin embargo, el texto no llegó a resolverse durante la jornada. También se aprobó la resolución presentada por María Soledad Vela para declarar al cantón Pedernales, provincia de Manabí, como “Génesis del nombre del Ecuador”, en reconocimiento a Punta Palmar como punto de partida de la Misión Geodésica Francesa; intervinieron María Soledad Vela, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri y Lídice Larrea en respaldo de la iniciativa, mientras Vicente Taiano, Pedro de la Cruz, Marco Murillo y Tito Nilton Mendoza solicitaron reemplazar la denominación inicial de “Cuna de la Identidad Ecuatoriana” por una expresión que no desconozca la diversidad cultural y plurinacional del país. En el segundo debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se aprobó eliminar la referencia a comisiones ciudadanas de selección y establecer que el Consejo designe al Procurador General del Estado y a los superintendentes de las ternas remitidas por el Ejecutivo, luego de los procesos de veeduría e impugnación ciudadana, con alternabilidad de género e interculturalidad; Raúl Abad, Betty Amores, Hugo Quevedo y Juan Carlos Cassinelli defendieron la reforma por ajustarla al texto constitucional, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Luis Morales y César Montúfar cuestionaron que se debilite la participación ciudadana y que el trámite no haya sido conocido por la comisión especializada correspondiente. Asimismo, se aprobó por unanimidad una resolución de solidaridad con las víctimas y familiares de la tragedia minera en el yacimiento Casa Negra de Portovelo, que exhortó a intensificar las labores de búsqueda, verificar las condiciones de seguridad de las minas, investigar los riesgos laborales y brindar apoyo social a las familias afectadas; intervinieron Fernando Bustamante, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Jorge Escala y María Paula Romo. Finalmente, se debatió la denuncia del Convenio de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y China; Fernando Bustamante y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la denuncia por las cláusulas de arbitraje internacional contrarias a la soberanía y al marco constitucional, mientras intervinieron Alfredo Ortiz, Paco Moncayo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Jorge Escala, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Zobeida Gudiño sobre sus efectos jurídicos, económicos y de inversión. Aunque inicialmente se registró la aprobación del informe, en la rectificación se consignó que no fue aprobado, quedando solicitada su reconsideración para una sesión posterior

ACTA_079-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, orientadas a fortalecer la investigación y sanción de delitos graves, ampliar la acumulación de penas, combatir el sicariato, la usura, la utilización de menores por organizaciones delictivas, el tráfico ilícito de combustibles, la minería ilegal y otras formas de criminalidad organizada, así como mejorar las medidas cautelares, la actuación fiscal y la rehabilitación social. César Rodríguez, Marisol Peñafiel, Fernando Bustamante, Carlos Velasco, Gabriel Rivera, Mariángel Muñoz, María Alejandra Vicuña, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán y Paola Pabón cuestionaron que el endurecimiento de penas, por sí solo, resuelva la inseguridad, y defendieron una política integral basada en prevención, inversión social, eficacia judicial, rehabilitación, protección de derechos y un régimen especializado para adolescentes infractores. En contraste, Luis Morales, Paco Fierro, Edwin Vaca, Richard Guillén, Juan Carlos López, Fernando Aguirre y Andrés Páez plantearon penas más severas y acumulativas para delitos graves y reincidentes, mayor protección para las víctimas, control efectivo de jueces y fiscales, mejoras en la investigación policial, centros de rehabilitación funcionales y medidas frente a la impunidad. Marco Murillo y César Montúfar propusieron una mesa nacional o multipartidista que articule a las funciones del Estado y a los gobiernos autónomos para construir una política integral de seguridad, mientras Rolando Panchana solicitó incluir disposiciones sobre vehículos sumergibles, usura y fraudes electrónicos; Guillermina Cruz pidió fortalecer los derechos de las víctimas, la reestructuración policial y la rehabilitación de adolescentes. El debate quedó cerrado para recibir observaciones escritas antes de continuar el trámite, sin que se produjera votación sobre la reforma. Además, se leyó un proyecto de resolución para exhortar a la Función Judicial a agilitar y concluir los procesos por daños ambientales en la Amazonía, especialmente los relacionados con Sucumbíos, pero no llegó a votarse y fue diferido para una siguiente sesión.

ACTA_074-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, orientado a establecer que el Estado gestione directamente la exploración y explotación de hidrocarburos mediante empresas públicas y que, de forma excepcional, pueda delegar estas actividades a empresas privadas nacionales o extranjeras, previa justificación técnica por riesgo, inversión requerida, falta de capacidad estatal o razones operativas; además, se planteó la nulidad de los contratos sustentados en informes falsos o incompletos y la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Francisco Velasco defendió la incorporación de criterios para proteger los campos petroleros ya en producción y limitar la reducción de utilidades a trabajadores directamente vinculados con exploración y explotación; mientras Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Juan Carlos López y César Montúfar cuestionaron que las disposiciones centrales constaran en el reglamento y no en la ley, advirtieron riesgos de delegación de recursos estratégicos, falta de controles independientes, ausencia de licitaciones, debilidad de garantías ambientales y concentración de atribuciones en entidades adscritas al Ejecutivo. Ante estas observaciones, se suspendió el tratamiento de la reforma para propiciar una nueva reunión y revisar el texto. Posteriormente, se aprobó el Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 59 entre los países del MERCOSUR y de la Comunidad Andina, mediante el cual Brasil otorgó a Ecuador preferencias arancelarias del cien por ciento para más de tres mil partidas, con el propósito de facilitar el ingreso de productos ecuatorianos al mercado brasileño, reducir el déficit comercial y fortalecer la integración regional; Wladimir Vargas, Gabriel Rivera y Fernando Bustamante respaldaron el instrumento y destacaron la necesidad de complementarlo con mejoras logísticas, sanitarias, productivas y de promoción de exportaciones. La aprobación obtuvo noventa y cuatro votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

ACTA_104-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó una resolución que censuró los intentos de judicializar las decisiones soberanas de la Asamblea Constituyente, especialmente las amnistías concedidas a personas procesadas por acciones relacionadas con la protesta social, y se advirtió a la Fiscalía, la Corte Nacional y demás funcionarios que debían respetar su carácter obligatorio; durante el debate se confrontaron criterios sobre la supremacía del poder constituyente, la independencia de las funciones del Estado, la posibilidad de investigar delitos comunes y el riesgo de que la resolución favoreciera la impunidad. También se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración al Mérito Cultural a la Fundación Cultural Edgar Palacios y al pabellón de SINAMUNE, en reconocimiento a su trabajo artístico, educativo y terapéutico con niños, jóvenes y personas con discapacidad; Edgar Palacios agradeció la distinción. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, destinada a reconocer, regular, fomentar y controlar a cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, cajas de ahorro, bancos comunales, unidades económicas populares y otros emprendimientos solidarios; se analizaron la autonomía de estas organizaciones, la participación de pueblos y nacionalidades, el acceso al crédito, las tasas de interés, los incentivos, la contratación pública, el reconocimiento de la economía del cuidado, la igualdad de las mujeres y la creación de una superintendencia, un instituto especializado y una corporación de finanzas populares. La rectificación mantuvo la aprobación del proyecto y su reconsideración fue negada. Finalmente, se aprobó una resolución de reconocimiento a los maestros, mediante la cual se destacó su contribución a la educación, se expresó el compromiso de impulsar su estabilidad laboral, formación continua y remuneración justa, y se exhortó a difundir la obra de Juan Montalvo. Intervinieron Ramiro Terán, Fernando Bustamante, Fernando González, Marco Murillo, Paco Fierro, Cynthia Viteri, César Rodríguez, Tito Mendoza, César Montúfar, Fernando Cordero, Edgar Palacios, Francisco Velasco, Rodrigo Aucay, Faustino Baltazar, Patricio Quevedo, Paola Pabón, Rafael Dávila, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Línder Altafuya, Alfredo Bautista, Gido Vargas, Gerónimo Yantalema, Armando Aguilar, Eduardo Encalada, Nívea Vélez, Edwin Vaca, Virgilio Hernández, Luis Morales, Viviana Bonilla, María Calle, Washington Cruz, Juan López, Lourdes Tibán, Betty Carrillo y Fausto Cobo.

ACTA_087-AN-2009-2011_PLENO.pdf En segundo debate se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientada a mejorar el funcionamiento y control de la administración de justicia. La norma restableció el régimen de vacancia judicial en períodos diferenciados para Sierra y Amazonía, Costa e Insular y todo el país, manteniendo atención permanente mediante turnos en materias penales, tránsito, niñez y adolescencia; endureció el régimen disciplinario al considerar falta gravísima la caducidad injustificada de la prisión preventiva y al sancionar la falta de entrega de información, el incumplimiento de plazos procesales y la inasistencia injustificada a audiencias. También reguló la designación, requisitos y atribuciones del Fiscal General Subrogante, fortaleció la atención de la Fiscalía a las víctimas y de la Defensoría Pública a personas en condición de vulnerabilidad, dispuso informes periódicos de jueces sobre audiencias realizadas y fallidas, incorporó mecanismos de notificación electrónica, estableció controles sobre notarías y bienes en depósito judicial, y confirmó el carácter provisional de nombramientos realizados durante la transición, incluidos los registradores de la propiedad designados por el Consejo de la Judicatura. María Paula Romo defendió el informe; Luis Morales propuso denominar “vacancia judicial” al régimen de descanso; Fernando Bustamante solicitó mayores garantías de independencia para fiscales; Luis Almeida, Silvia Salgado, Viviana Bonilla y José Picoita formularon observaciones sobre nombramientos, registradores y el Fiscal subrogante; mientras Mauro Andino, Vicente Taiano y otros legisladores respaldaron la reforma como una respuesta a la impunidad, falta de control y deficiencias del sistema judicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con sesenta y siete votos afirmativos, dos negativos, tres blancos y treinta y tres abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, se aprobó con noventa y cinco votos afirmativos la resolución propuesta por Mary Verduga para exhortar al Ejecutivo a asignar y reasignar recursos, mediante las entidades competentes, para atender la emergencia vial y humanitaria ocasionada por lluvias, derrumbes y daños en vías, puentes y viviendas de Santo Domingo de los Tsáchilas, especialmente en Alluriquín, Santa María del Toachi, Luz de América, El Esfuerzo, Puerto Limón, Nuevo Israel y Las Mercedes.

ACTA_098-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Nívea Vélez para incorporar al orden del día la comparecencia del Ministro de Salud, el Contralor, el Fiscal y el Defensor del Pueblo, con el propósito de informar sobre el fallecimiento de neonatos, el manejo de los recursos destinados a la emergencia sanitaria y la situación de la salud pública. A solicitud de Juan Cassinelli, se guardó un minuto de silencio en memoria de Jhonny Godoy. Posteriormente, se rindió homenaje a Gonzalo López por su labor pastoral, social, comunitaria y de defensa de los derechos humanos en Sucumbíos, otorgándole la condecoración al Mérito Social; el homenajeado agradeció el reconocimiento y lo hizo extensivo al pueblo sucumbiense. En el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana se analizaron las reglas para la revocatoria del mandato, el equilibrio entre el derecho de participación ciudadana y la estabilidad de las autoridades electas, los requisitos de admisibilidad, la motivación de las solicitudes, el derecho de las autoridades a impugnarlas, los porcentajes de firmas según el número de electores, los plazos de recolección, la intervención del Consejo Nacional Electoral y la prohibición de financiamiento público para las campañas. Intervinieron Virgilio Hernández, Rocío Valarezo, Ángel Vilema, Rafael Dávila, César Montúfar, Dora Aguirre, Fernando Flores, Gerónimo Yantalema, Luis Almeida y Paola Pabón. Finalmente, el proyecto fue aprobado, estableciendo que la solicitud podrá presentarse después del primer año y antes del último año de gestión, que únicamente podrá realizarse un proceso contra cada autoridad durante su periodo y que los requisitos deberán impedir abusos, venganzas políticas o mecanismos de desestabilización; la reconsideración de la aprobación fue negada.

ACTA_111-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el Acuerdo Bilateral entre Ecuador y Perú para brindar atención recíproca de salud a sus nacionales, especialmente a las poblaciones fronterizas, con el propósito de garantizar el acceso a servicios médicos, fortalecer la integración binacional y regularizar la atención que ya se prestaba entre ambos países; durante el análisis se destacaron sus beneficios humanitarios, aunque también se formularon observaciones sobre la falta de precisión en el financiamiento, la infraestructura, la cobertura territorial, la reciprocidad efectiva y los mecanismos específicos para su aplicación. Asimismo, se aprobó el Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, organización intergubernamental destinada a apoyar a los países en desarrollo mediante estudios, asesoría técnica, jurídica y política, así como la formulación de posiciones comunes en asuntos comerciales, económicos y de desarrollo internacional. Finalmente, se aprobó declarar el trabajo infantil en las calles como trabajo infantil peligroso y establecer su erradicación como prioridad estatal; se exhortó al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social a presentar un plan con acciones y recursos para aplicar las recomendaciones de Naciones Unidas, y al Ministerio de Inclusión Económica y Social a fortalecer las becas escolares para niños y adolescentes retirados del trabajo infantil. Intervinieron Nívea Vélez, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Wladimir Vargas, Emilia Jaramillo, Fausto Cobo, Linda Machuca, Edwin Vaca, Eduardo Zambrano, Dora Aguirre, Marisol Peñafiel, Virgilio Hernández, María Calle, Mercedes Diminich, José Portugal, María Vicuña y Luis Morales

ACTA_127-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa del servicio público, orientado a corregir la prohibición general que impedía a servidores públicos y a sus familiares contratar con cualquier institución estatal; durante la discusión se buscó equilibrar la libertad de trabajo y contratación con la prevención del nepotismo, el tráfico de influencias y la corrupción, planteándose limitar las prohibiciones según la institución donde labora el funcionario, el grado de parentesco, la jerarquía del cargo, la participación efectiva en empresas y la existencia de conflictos de intereses, además de formular observaciones sobre la autonomía administrativa de la Asamblea, las renuncias obligatorias y los regímenes aplicables a docentes universitarios y profesionales. Posteriormente, se analizó el convenio entre Ecuador y China para el otorgamiento de una línea de crédito preferencial, debatiéndose sus condiciones financieras, la política de endeudamiento, la soberanía nacional, la transparencia de los acuerdos petroleros, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con China; sin embargo, ante las dudas sobre la correspondencia entre el instrumento sometido al Pleno y el dictamen de la Corte Constitucional, se suspendió su tratamiento y se dispuso que regresara a la comisión para aclarar su denominación y sustento jurídico antes de una futura votación. Finalmente, se designó a Karen Pamela Tapia Tapia y Manuel Eduardo Taipe Calle como delegados para integrar la comisión ciudadana encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, y a Myriam Elisa Brito Estrada y Fausto Javier Holguín Ochoa para la selección de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral; ambas designaciones fueron aprobadas y sus reconsideraciones resultaron negadas. Intervinieron Raúl Abad, Alfredo Ortiz, Fernando Bustamante, Galo Vaca, María Soledad Vela, Luis Almeida, Gastón Gagliardo, Enrique Herrería, Luis Morales, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Andrés Roche, Jorge Escala, Pedro de la Cruz, Paco Fierro, Rolando Panchana, Kléver García, Fernando Cordero, Tito Nilton Mendoza, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, José Portugal, Juan Fernández, Paco Moncayo, Francisco Ulloa, Cléver Jiménez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Fernando Aguirre, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Betty Amores, Galo Lara, Armando Aguilar, César Rodríguez, María Augusta Calle y Dora Aguirre.

ACTA_133-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Enrique Herrería para incorporar al orden del día una resolución que condenara las actuaciones de Patricio Pazmiño y Tania Arias, por considerar que su participación en una delegación gubernamental comprometía la independencia e imparcialidad que debían mantener frente a la Función Ejecutiva. Posteriormente, se analizó y aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador e Italia, destinado a fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y experiencias en políticas de seguridad y defensa, logística y adquisición de equipos, educación, entrenamiento y adiestramiento militar, operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, protección ambiental, servicio médico, historia y deporte militar; se aclaró que el instrumento no constituía una alianza política o militar ni comprometía la planificación estratégica nacional, y su aprobación se mantuvo luego de la rectificación y de que fuera negada la reconsideración. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados en procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, orientado a que el CONSEP dejara de actuar únicamente como depositario y asumiera facultades para custodiar, conservar y administrar los bienes mientras se resolvieran los procesos judiciales. Durante la discusión se plantearon observaciones sobre la venta inmediata de bienes perecibles y semovientes, el mantenimiento y avalúo de propiedades, empresas, vehículos y haciendas, la creación de cuentas especiales para conservar el dinero obtenido y devolverlo con sus intereses cuando existiera una sentencia absolutoria, la transferencia definitiva de los bienes al Estado cuando hubiera condena, la obligación de rendir informes a los jueces, la identificación de la institución pública que asumiría los bienes, la protección de la presunción de inocencia, la prevención de abusos y corrupción dentro del CONSEP y la posibilidad de destinar parte de los recursos a la prevención del consumo de drogas y a la rehabilitación de personas con adicciones. El primer debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Enrique Herrería, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Galo Lara, Paco Moncayo, Luis Morales, Luis Almeida, Guillermina Cruz, María Paula Romo, Vicente Taiano y Francisco Cisneros.

ACTA_115-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, enfocado en fortalecer las facultades de legislación y fiscalización de la Asamblea, trasladar al Pleno la decisión sobre la continuación o archivo de los juicios políticos, permitir la presentación y votación de textos alternativos, regular la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades, revisar la conformación de las comisiones y analizar la creación de empresas públicas de comunicación legislativa y la asignación de asesores. Durante el debate existieron acuerdos sobre la necesidad de mejorar la fiscalización, pero también cuestionamientos respecto del incremento de comisiones, personal y gastos, así como sobre el procedimiento de consulta prelegislativa. El tratamiento del proyecto fue suspendido sin votación para designar al representante de la Función Legislativa ante el Consejo de la Judicatura de Transición. María Vela propuso a Tania Arias como delegada principal y a Carlos Delgado como alterno, mientras Alfredo Ortiz planteó las candidaturas de Juan Vizuete y Ramón Saltos; María Romo cuestionó que la selección devolviera a los sectores políticos la influencia sobre la justicia. Finalmente, se aprobó la designación de Tania Arias y Carlos Delgado, la rectificación confirmó el resultado y la posterior reconsideración fue negada. Intervinieron Vicente Taiano, María Romo, Fernando Bustamante, Rafael Dávila, Nívea Vélez, Luis Almeida, Alfredo Ortiz, Ramiro Terán, María Vela y Leonardo Viteri.

ACTA_149-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la incorporación de una propuesta para pronunciarse sobre el hallazgo de cocaína en una valija diplomática, que planteaba acelerar las investigaciones, determinar responsabilidades, revisar la normativa aplicable, conformar una comisión multipartidista y solicitar la salida del ministro de Relaciones Exteriores; posteriormente, se rindió homenaje a los estudiantes Gerardo Francisco Pérez, Juan José Morales, Henry Xavier Paca, José Vicente Anilema y Manuel Ramiro Moreta, así como a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su rector Romeo Rodríguez y el decano Iván Menes, por el desarrollo de Skillbox, un programa informático reconocido internacionalmente que traduce el lenguaje oral a lengua de señas y permite transformar textos en audio, facilitando la comunicación, educación e inclusión de personas con discapacidad auditiva y del habla. A continuación, se debatió la emergencia ocasionada por la fuerte estación invernal, las inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, pérdidas de viviendas, cultivos, carreteras y medios de subsistencia, así como la aparición de enfermedades y las dificultades para abastecer y atender a las comunidades aisladas; aunque la propuesta inicial se refería al Guayas, se incorporaron Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y se solicitó al Ejecutivo declarar el estado de excepción, coordinar la intervención de las instituciones públicas, brindar auxilio a las poblaciones afectadas, entregar recursos para reconstruir viviendas y bienes y establecer un espacio de diálogo con una comisión legislativa. La resolución fue aprobada, ratificada en la rectificación y su reconsideración fue negada. También se desarrolló el primer debate del proyecto de protección para las personas con epilepsia, orientado a garantizar sus derechos, evitar la discriminación educativa y laboral, establecer programas integrales de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, asegurar medicamentos oportunos, permanentes y gratuitos, promover campañas informativas, investigación, docencia y estadísticas, y mejorar la coordinación entre la atención primaria, los especialistas, las familias y las instituciones públicas. Durante la discusión se reconocieron el impacto médico, psicológico, familiar, social y económico de la enfermedad y la necesidad de combatir los prejuicios; sin embargo, varios legisladores consideraron que el proyecto repetía derechos ya garantizados, carecía de suficiente precisión científica y jurídica, podía generar restricciones inconvenientes mediante peritajes y debía integrarse en un código general de salud, mientras otros defendieron la urgencia de contar con una regulación específica y propusieron precisar que el acceso al trabajo no comprendiera actividades que pudieran representar riesgos para la persona o terceros. La moción para archivar el proyecto y recomendar la elaboración del Código de la Salud fue negada, por lo que la iniciativa continuó su trámite. Posteriormente, se inició el primer debate de la reforma destinada a proteger a las personas adultas mayores, proponiéndose sustituir denominaciones consideradas despectivas, reconocer como beneficiarias a las personas desde los sesenta y cinco años, facilitar el ejercicio inmediato de sus derechos mediante la presentación del documento de identidad, garantizar atención médica especializada y gratuita, acceso a medicinas, trabajo acorde con sus capacidades, jubilación universal, descuentos en servicios públicos, exenciones tributarias y notariales y acceso a vivienda digna. También se plantearon servicios gratuitos y prioritarios, la entrega de ayudas económicas a quienes carecieran de jubilación, la posibilidad de exigir a los hijos una pensión vitalicia para sus padres mediante acción judicial incluso promovida por terceros, el cambio de denominación del fondo nacional correspondiente, sanciones civiles y penales por vulnerar sus derechos y la creación y fortalecimiento de hogares de protección bajo responsabilidad estatal y municipal, con atención médica, terapia ocupacional, cultura y actividad física; este debate quedó suspendido para continuar posteriormente. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó la agresión de la Policía boliviana contra personas con discapacidad que reclamaban una ayuda económica, reconoció el diálogo como mecanismo de solución, exhortó al Gobierno de Bolivia a aceptar la mediación ofrecida por Lenín Moreno, sugirió respetar los instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias; la decisión fue ratificada con cincuenta y nueve votos afirmativos, uno negativo y cuatro abstenciones. Intervinieron Jorge Escala, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Gioconda Saltos, Romeo Rodríguez, Pamela Falconí, Luis Almeida, Vicente Taiano, Xavier Tomalá, Jorge Fadul, Ramón Cedeño, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Vélez, Susana González, Carlos Velasco, Nívea Vélez, Pedro de la Cruz, Rocío Valarezo, Mao Moreno, Richard Guillén, Damacio Santos, Francisco Ulloa, Betty Carrillo, Luis Morales, Fernando González, Gina Godoy, Bolívar Subía, María Molina, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Paco Fierro y Rosa Ponce.

ACTA_152-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se planteó, aunque no prosperó, incorporar el tratamiento de la situación de los servidores públicos desvinculados mediante la compra obligatoria de renuncias; se aprobó declarar héroe nacional al coronel Luis Vargas Torres, destacando su contribución a la Revolución Liberal, la defensa de las libertades, el laicismo, la democracia y su legado para la historia nacional; y se debatió la suspensión y revisión del proceso de acreditación de héroes y heroínas nacionales vinculados con los conflictos armados, ante denuncias sobre la inclusión de personas que no habrían participado directamente y la exclusión de militares, reservistas y civiles que sí intervinieron, analizándose los criterios para diferenciar a héroes, combatientes y personal que cumplió otras funciones, la transparencia de los listados y la necesidad de revisar la normativa. También se resolvió negar la autorización para iniciar una causa penal contra Enrique Herrería, al considerar que sus actuaciones estaban relacionadas con el ejercicio de la fiscalización legislativa, y se discutieron los alcances de la inmunidad parlamentaria, la libertad de expresión, la responsabilidad por las declaraciones y la prohibición de confundir inmunidad con impunidad. Asimismo, se desarrolló el primer debate de la reforma relacionada con la erradicación de la fiebre aftosa, abordando la sustitución de la comisión existente por una estructura de sanidad agropecuaria, las campañas de vacunación, el control y registro del ganado, la colocación de aretes, la participación de productores, la asignación de recursos, la situación laboral de los trabajadores y la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y mejorar la producción ganadera; finalmente, se inició el primer debate sobre la protección ambiental del ecosistema manglar, con exposiciones acerca de su conservación y restauración, los derechos de las comunidades ancestrales, la actividad camaronera, la productividad acuícola, la contaminación, la reducción de especies, las afectaciones económicas y sociales a concheros y cangrejeros, y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y las actividades productivas. Intervinieron Lourdes Tibán, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, María Paula Romo, Denny Cevallos, César Gracia, Mary Verduga, Vicente Taiano, Enrique Herrería, Paola Pabón, Luis Morales, Elvis Maldonado, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Germán Páez, Kléver García, Linda Machuca, Fernando Aguirre, Paco Fierro, Rolando Panchana, Vethowen Chica, Irina Cabezas, María Molina, Betty Carrillo, Mercedes Diminich, Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, Stalin Subía, José Antonio Camposano y María Dolores Vera.

ACTA_168-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se aprobó incorporar al orden del día una propuesta de solidaridad con el proceso democrático de Bolivia, motivada por declaraciones consideradas amenazantes contra Evo Morales, resaltándose la necesidad de respaldar la institucionalidad democrática, rechazar expresiones de violencia política y defender la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio del poder; sin embargo, dicho proyecto no llegó a ser tratado. Posteriormente, Fernando Bustamante solicitó reconsiderar la votación mediante la cual se había aprobado la lista de nueve candidaturas presentadas por la Función Legislativa para integrar la primera Corte Constitucional, por lo que se aclararon las diferencias entre la reconsideración y la rectificación de una votación, así como los requisitos de mayoría y presencia establecidos para cada procedimiento. Al iniciarse el registro para votar la reconsideración, no se alcanzó el quórum necesario pese a los llamados para que los asambleístas se registraran, por lo que la sesión fue clausurada sin que se proclamaran resultados y quedó vigente la decisión adoptada anteriormente sobre las candidaturas. Intervinieron Pedro de la Cruz y Fernando Bustamante.

ACTA_186-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Edwin Vaca solicitó incorporar una resolución para exigir al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y a la Agencia Nacional de Regulación y Control Hidrocarburífero que garantizaran el abastecimiento normal de combustibles en la frontera norte, especialmente en Carchi, cuestionando los límites de venta, las extensas filas y las dificultades que enfrentaban los transportistas y ciudadanos; sin embargo, su propuesta de modificar el orden del día fue negada con cincuenta y cuatro votos afirmativos, dos negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente se aprobó, con cien votos afirmativos y una abstención, la propuesta de Jorge Escala para incorporar el análisis de una resolución contra el Real Decreto Ley 16-2012 de España, que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud; además, se informó que Fernando Flores daba por terminada su alianza con el PRIAN y pasaba a actuar como asambleísta independiente. A continuación, Pedro Francisco Páez fue legalmente posesionado como Superintendente de Control del Poder de Mercado, luego de prestar el juramento correspondiente. También se efectuó un homenaje a los treinta y seis deportistas que representaron al Ecuador en los Juegos Olímpicos de Londres, reconociendo su esfuerzo, disciplina y sacrificio, así como el trabajo de sus entrenadores; Ramiro Terán destacó especialmente el desempeño de Alex Quiñónez y Lucy Jaramillo, mientras José Francisco Cevallos informó sobre los recursos destinados a la preparación de los atletas, resaltó la histórica participación ecuatoriana y comprometió mayor apoyo para el siguiente ciclo olímpico, tras lo cual se entregaron acuerdos de reconocimiento a los deportistas y al equipo técnico. Finalmente se debatió ampliamente la resolución de rechazo a la medida adoptada por el Gobierno del Reino de España, señalándose que la exclusión de los migrantes de la atención pública de salud vulneraba los derechos humanos y el carácter universal del derecho a la salud, desconocía las contribuciones laborales, tributarias y económicas realizadas por los ecuatorianos y trasladaba a los sectores más vulnerables las consecuencias de la crisis y de las políticas de austeridad; se propuso corregir la terminología del documento para hablar de personas en situación irregular y del Reino de España, respaldar las gestiones de la Cancillería para alcanzar un convenio bilateral basado en la reciprocidad, involucrar a la Secretaría Nacional del Migrante y a la Defensoría del Pueblo, brindar asistencia urgente mediante la Embajada y desarrollar políticas efectivas para proteger y facilitar el retorno de los ecuatorianos en el exterior. También se discutió si el Estado ecuatoriano debía financiar directamente la atención médica, advirtiéndose que aquello podía legitimar la decisión española, y se cuestionó la actuación de las instituciones ecuatorianas frente a la crisis migratoria, la falta de preparación para el retorno de los compatriotas, las dificultades relacionadas con las hipotecas, la seguridad social y la ausencia de una política integral para los migrantes. Intervinieron Edwin Vaca, Jorge Escala, Pedro Francisco Páez, Ramiro Terán, José Francisco Cevallos, Gerónimo Yantalema, Linda Machuca, Fausto Cobo, Dora Aguirre, Consuelo Flores, Virgilio Hernández, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Guillermina Cruz, Paola Pabón, Luis Morales, Blanca Ortiz, Betty Amores y Washington Cruz; aunque el ponente incorporó varias de las observaciones y el proyecto estaba listo para votación, la sesión fue suspendida antes de que se registraran los votos, por lo que la resolución y los demás asuntos pendientes debían continuar en una nueva convocatoria.

ACTA_183-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se trató la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades y el segundo debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a otras especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción. En el análisis del veto a la Ley de Discapacidades se discutieron los incentivos tributarios para los empleadores que superaran el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, la ampliación de determinados beneficios tributarios a familiares, cuidadores y sustitutos, la definición del porcentaje requerido para acceder a los derechos previstos en la ley, la gratuidad y disponibilidad de medicamentos e insumos, la responsabilidad estatal de garantizar —y no únicamente procurar— la educación regular y especializada, la adaptación curricular, el personal docente especializado, las becas, la inclusión laboral y la jubilación especial; asimismo, se cuestionó la propuesta de recalificar en un año a todas las personas que poseían carné de discapacidad, pues se sostuvo que ya existían mecanismos para revisar únicamente los documentos obtenidos irregularmente y que una evaluación general afectaría especialmente a las personas en situación de pobreza o con dificultades para trasladarse. La moción para mantener el texto aprobado por la Asamblea sobre la disposición transitoria relacionada con la recalificación no alcanzó los ochenta y tres votos requeridos, al obtener cincuenta y seis votos afirmativos; posteriormente se aprobó el allanamiento al resto de las objeciones del Ejecutivo con cincuenta y cuatro votos afirmativos, resultado que fue confirmado en la rectificación con cincuenta y tres votos afirmativos. Intervinieron María Cristina Kronfle, Francisco Ulloa, Fernando Flores, Nívea Vélez, Kléver García y Gioconda Saltos, mientras Fernando Bustamante participó en la solicitud de rectificación de la votación. A continuación se debatió el proyecto de protección del cóndor andino y de las especies silvestres nativas amenazadas, cuyo propósito era transformar los programas de conservación en una política permanente del Estado, actualizar la normativa ambiental, coordinar las competencias del Ministerio del Ambiente, los gobiernos autónomos descentralizados, las instituciones científicas, las universidades, las comunidades, pueblos y nacionalidades, regular la reproducción y tenencia de ejemplares en cautiverio, permitir capturas únicamente con fines científicos o de conservación, prohibir la cacería, comercialización y uso de sustancias tóxicas que afectaran a las especies y sus hábitats, y establecer infracciones, procedimientos administrativos y sanciones proporcionales a la gravedad de los daños. Durante el debate se planteó revisar el nombre del proyecto para reflejar que su alcance comprendía todas las especies amenazadas y no solamente al cóndor; precisar la prohibición de cazar o mantener ejemplares en peligro de extinción; diferenciar las especies que podían regularizarse de aquellas que debían ser recuperadas por el Estado; facilitar la reinserción en la naturaleza de animales reproducidos en cautiverio; otorgar mayor participación a las universidades especializadas en la investigación; incorporar a especies no nativas que ya formaban parte de los ecosistemas nacionales; establecer responsabilidades concretas para los gobiernos locales; emplear un enfoque integral que protegiera los hábitats y ecosistemas relacionados; y considerar que esta normativa formara posteriormente parte de un Código Orgánico Ambiental. También se propuso reconocer al cóndor como símbolo natural, patrimonio cultural e histórico del Ecuador y elemento de integración andina y suramericana. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Guido Vargas, Xavier Tomalá, Luis Morales, Leonardo Viteri, María Soledad Vela y Silvia Salgado; finalmente, el debate quedó pendiente y la sesión fue suspendida ante el riesgo de perder el quórum, cuando todavía restaban seis intervenciones, disponiéndose su continuación en una nueva convocatoria.

ACTA_179-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, orientado a fortalecer el cobro de las obligaciones patronales y tributarias mediante acciones coactivas contra los responsables establecidos por la ley, adoptar medidas motivadas sobre bienes registrados a nombre de terceros cuando existieran indicios de ocultamiento, sancionar el abuso de la personalidad jurídica y evitar que las tercerías paralizaran injustificadamente las ejecuciones; además, se dispuso que el Servicio de Rentas Internas informara a las autoridades laborales sobre la determinación de utilidades, se reconocieron a los trabajadores domésticos jornadas de cuarenta horas y descansos equivalentes a los demás trabajadores, se amplió a doce meses la jornada reducida por lactancia, se garantizó el acceso concurrente a lactancia y guardería, y se estableció que el Estado pagara excepcionalmente las indemnizaciones de los extrabajadores de casinos después de iniciar el embargo y remate de los bienes, subrogándose posteriormente en sus derechos para recuperar los valores y ejercer la repetición contra los funcionarios responsables. También se permitió temporalmente que los empleadores regularizaran afiliaciones omitidas ante el IESS y se garantizó que los afiliados recibieran sus prestaciones aunque existiera mora patronal. En comisión general, Manuel Placencia denunció despidos, falta de afiliación, extensas jornadas, impago de beneficios y condiciones precarias en una hacienda bananera, mientras Esperanza Andrango solicitó hacer efectivos los títulos de crédito emitidos contra el Ministerio de Educación por los años trabajados sin afiliación ni beneficios por los educadores comunitarios. Durante el debate se respaldó la protección de trabajadores, madres lactantes y empleados domésticos, pero también se cuestionaron la constitucionalidad del proyecto, su calificación como urgente en materia económica, la inclusión de varias materias en una sola ley, la seguridad jurídica, el debido proceso, la posible afectación de terceros y el riesgo de otorgar facultades excesivas a los funcionarios encargados de las coactivas. Intervinieron Manuel Placencia, Esperanza Andrango, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Ramiro Terán, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, Patricio Quevedo, Marco Murillo, Enrique Herrería, Andrés Páez, Luis Morales, Richard Guillén, Salomón Fadúl, Christian Viteri, Línder Altafuya, Fernando González, Jorge Escala, Hólger Chávez, Rafael Dávila, Guillermina Cruz, Zobeida Gudiño, César Gracia y César Rodríguez; finalmente, el proyecto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos y la reconsideración de esa decisión fue negada.

ACTA_185-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizaron y aprobaron tres instrumentos internacionales relacionados con la cooperación y la integración del Ecuador con Perú y Rusia. En primer lugar, se debatió el acuerdo de cooperación diplomática entre Ecuador y Perú, mediante el cual ambos países podrían representarse recíprocamente ante terceros Estados en los que uno de ellos no tuviera una misión propia, con el propósito de reducir costos, mejorar la atención de sus ciudadanos en el exterior, fortalecer sus intereses políticos y comerciales y consolidar la confianza y la integración después de los antiguos conflictos fronterizos; aunque existió un amplio respaldo, también se plantearon inquietudes sobre la falta de claridad de los mecanismos operativos, los límites de la representación y la posibilidad de que ambos países no coincidieran en determinados intereses internacionales. Este acuerdo fue aprobado con noventa y tres votos afirmativos y una abstención. Posteriormente se aprobó el instrumento complementario para la cooperación entre las administraciones tributarias de Ecuador y Perú, orientado a intercambiar información reservada sobre operaciones y rentas, conocer recíprocamente las legislaciones y métodos de control, mejorar la determinación y recaudación de impuestos, combatir la evasión y elusión fiscal, investigar delitos tributarios, verificar transacciones económicas internacionales y fortalecer la lucha contra el contrabando y el crimen organizado, garantizando a la vez que los datos se emplearan dentro de los límites establecidos por las legislaciones de ambos países; este instrumento recibió noventa votos afirmativos y una abstención. Finalmente se trató el acuerdo con Rusia para suprimir las visas en viajes recíprocos, permitiendo visitas de hasta noventa días dentro de cada período de ciento ochenta días, principalmente con fines turísticos, académicos o de negocios, mientras las estadías prolongadas y las actividades laborales o comerciales continuarían sujetas a visado; además, se mantuvo la potestad de ambos Estados para negar el ingreso o suspender el acuerdo por motivos de seguridad y orden público, y se estableció que los visitantes quedaran sometidos a las leyes del país de destino. Se sostuvo que esta medida beneficiaría especialmente a estudiantes, turistas y empresarios ecuatorianos, fomentaría los intercambios económicos, científicos y culturales y avanzaría hacia la libre movilidad y la ciudadanía universal, aunque también se pidió aplicar principios similares a ciudadanos de otros países; el acuerdo fue aprobado con ochenta y siete votos afirmativos y siete abstenciones, resultado que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Víctor Quirola. Intervinieron Fernando Bustamante, Linda Machuca, Fausto Cobo, Paco Moncayo, César Rodríguez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Gerónimo Yantalema, Guillermina Cruz, Luis Morales, Betty Amores, Wladimir Vargas, María Soledad Vela, Betty Carrillo y Víctor Quirola.

ACTA_174-E-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose principalmente el procedimiento penal, la ejecución de las penas y el sistema de rehabilitación social, así como la necesidad de equilibrar la protección de las víctimas, la seguridad ciudadana, la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos de las personas privadas de libertad. En comisión general, Rosa Elisa Balarezo, en representación de las organizaciones de mujeres de Loja, expuso la violencia de género, los embarazos forzados derivados de violaciones —incluidos los sufridos por niñas—, la impunidad de los delitos sexuales, la necesidad de tipificar el femicidio, respetar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, evitar su revictimización y considerar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Durante el debate legislativo se analizaron la despenalización del aborto en casos de violación y las posiciones favorables y contrarias a esta medida; la política sobre consumo y tráfico de drogas; la posible criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y los delitos cometidos mediante medios de comunicación; la regulación de la rebelión, el terrorismo y la delincuencia organizada; el régimen penal militar y policial; la jurisdicción indígena y su coordinación con la justicia ordinaria; la protección de víctimas y testigos; la prescripción de las acciones penales; las pruebas en infracciones de tránsito; el juzgamiento de la violencia intrafamiliar mediante procedimientos especiales y expeditos; y el uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, informantes y dispositivos electrónicos como alternativas a la prisión preventiva. También se discutieron la proporcionalidad y el incremento de las penas, la sexualidad adolescente y la redacción del delito de violación, la diferencia entre personas acusadas y sentenciadas, los límites de la prisión preventiva, el hacinamiento carcelario, la responsabilidad estatal por la seguridad de quienes permanecen bajo su custodia, la organización institucional del sistema penitenciario y la necesidad de que la rehabilitación no se sustente en prejuicios sociales sobre quiénes cometen delitos. Intervinieron Rosa Elisa Balarezo, Stalin Bolívar Subía, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Lídice Larrea, Mauro Andino, César Montúfar, Marco Murillo, Gina Godoy, Consuelo Flores, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Augusta Calle, María Paula Romo y Tito Nilton Mendoza. Finalmente, el debate fue suspendido y se dispuso su continuación al día siguiente.

ACTA_174-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose la necesidad de modernizar la legislación y garantizar un equilibrio entre seguridad ciudadana, derechos humanos, debido proceso e independencia judicial; se debatieron la proporcionalidad y eficacia de las penas, la precisión técnica de los tipos penales, el riesgo de criminalizar la huelga, la protesta, la resistencia y otras expresiones políticas o sociales, así como la regulación del terrorismo, rebelión, sabotaje, corrupción, peculado, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, delitos ambientales, infracciones relacionadas con la pesca, accidentes de tránsito, mala práctica profesional, violencia en espectáculos públicos, delitos propios de las zonas fronterizas y falta de pago de precios oficiales a productores agrícolas. También se discutieron ampliamente el aborto no punible cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o pusiera en riesgo la vida o salud de la mujer, la violencia contra la mujer y la familia, la continuidad de las medidas de protección previstas en la Ley 103 y la necesidad de procedimientos rápidos que eviten la revictimización; además, se analizaron la justicia indígena, el tratamiento especializado de adolescentes en conflicto con la ley, la política de drogas desde una perspectiva de salud pública, la rehabilitación de personas dependientes y la conveniencia de no basar la lucha contra la delincuencia únicamente en el endurecimiento de las penas. En comisión general, Miguel Zambrano, representante de los Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia, defendió la protección especial de sus derechos y rechazó que los adolescentes fueran juzgados como adultos, destacando que requieren una legislación y procedimientos especializados. Intervinieron Edwin Vaca, Soledad Vela, Juan Carlos López, Lourdes Tibán, Wladimir Vargas, María Alejandra Vicuña, Lenín Chica, Miguel Zambrano, Fernando Bustamante, Jimmy Pinoargote, César Gracia, Betty Carrillo, Carlos Velasco, Cristian Viteri, María Paula Romo, Vicente Taiano, Rolando Panchana, Betty Amores, Virgilio Hernández, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo y Luis Morales; finalmente, la sesión fue suspendida para continuar al día siguiente con las intervenciones pendientes y cerrar el debate del primer bloque del proyecto.

ACTA_196-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó una comisión general para rendir homenaje al educador y escritor Gustavo Alfredo Jácome Jácome por el centenario de su nacimiento y por su trayectoria dedicada a la enseñanza, la literatura, la defensa de la identidad indígena y la difusión de la cultura ecuatoriana; debido a sus condiciones de salud, la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural y Educativo fue recibida por sus familiares, y uno de sus hijos agradeció el reconocimiento concedido a la vida y obra de su padre. Posteriormente continuó el debate sobre el laudo arbitral del CIADI favorable a la empresa Occidental, que obligaba al Ecuador a pagar aproximadamente mil setecientos sesenta y nueve millones de dólares, cifra que, con intereses, superaba los dos mil doscientos millones; existió coincidencia en rechazar el fallo, respaldar el pedido de nulidad y defender la soberanía y los recursos públicos, al sostenerse que la empresa había incumplido el contrato y la legislación ecuatoriana al transferir derechos sin autorización y que el tribunal había subestimado dichas infracciones. Durante las intervenciones también se discutieron las responsabilidades de gobiernos, legisladores, procuradores, ministros y abogados que aprobaron los tratados, aceptaron el arbitraje o participaron en la defensa del Estado; algunos legisladores condicionaron su respaldo a que se investigaran las actuaciones de los funcionarios y se aplicara el derecho de repetición, mientras otros consideraron que aquello podía debilitar la posición del país y defendieron una acción política y jurídica unificada frente a la empresa y los organismos internacionales. La resolución aprobada declaró política de Estado la defensa del Ecuador y el reclamo de nulidad, convocó a las funciones estatales y a la ciudadanía a permanecer unidas y movilizadas, rechazó el laudo, dispuso que la Asamblea realizara seguimiento al proceso, urgió el pronunciamiento necesario para denunciar el Tratado Bilateral de Inversiones, promovió la condena internacional —especialmente entre los países latinoamericanos y caribeños— y pidió a los actores públicos, privados y medios de comunicación actuar de manera consecuente con la dignidad y la soberanía nacional. El texto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos, dieciséis blancos y seis abstenciones; la reconsideración solicitada por Pedro de la Cruz y Luis Almeida fue negada, y su rectificación, pedida por Jaime Abril, también fue rechazada, con lo cual la resolución quedó ratificada. Finalmente se desarrolló el primer debate de los proyectos para garantizar la seguridad en los eventos deportivos y prevenir y controlar la violencia en los escenarios deportivos, iniciativas que buscaban erradicar las conductas violentas, promover una cultura de paz, regular la actuación de organizadores, clubes, autoridades, deportistas, árbitros y aficionados, y prohibir o restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. La Comisión recomendó archivar ambas propuestas porque consideró que la violencia no se limitaba a los estadios ni al consumo de alcohol, que ya existían leyes, reglamentos, ordenanzas y competencias municipales aplicables, que las infracciones debían concentrarse en la legislación penal y que la creación de una nueva entidad nacional duplicaría funciones y aumentaría el gasto público; en su lugar, propuso reformar la Ley del Deporte, fortalecer las competencias de los gobiernos locales, categorizar los escenarios según su tamaño y nivel de riesgo, establecer protocolos y certificados de seguridad, regular los eventos masivos y debatir la prohibición de bebidas alcohólicas y de su publicidad. En oposición al archivo se sostuvo que la Comisión debía corregir, enriquecer y unificar los proyectos, en lugar de desecharlos; se pidió considerar no solo el fútbol profesional, sino también el deporte aficionado, barrial y otras disciplinas, así como la conducta de dirigentes, árbitros, jugadores, medios de comunicación y barras organizadas. Otros legisladores apoyaron el archivo, pero coincidieron en la necesidad de prohibir el alcohol y su publicidad, reforzar el control municipal, organizar y autorregular las hinchadas, mejorar la seguridad de los recintos, diferenciar los estadios grandes de los escenarios pequeños e incorporar las reformas necesarias en las leyes ya existentes. La moción de archivo obtuvo inicialmente cincuenta y ocho votos afirmativos y, en la rectificación, sesenta votos afirmativos, pero en ambos casos no alcanzó la mayoría requerida, por lo que no fue aprobada y la sesión fue clausurada. Intervinieron Armando Aguilar, Galo Vaca, Betty Carrillo, Marco Murillo, María Soledad Vela, César Rodríguez, Zobeida Gudiño, Blanca Ortiz, Rafael Dávila, Xavier Tomalá, Virgilio Hernández, Cléver Jiménez, Rocío Valarezo, Ramiro Terán, Susana González, Luis Morales, Kléver García, Wladimir Vargas, Fernando Bustamante y Fernando Flores; Pedro de la Cruz, Luis Almeida y Jaime Abril participaron mediante solicitudes relacionadas con la reconsideración y rectificación de la votación.

ACTA_201-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se debatieron dos proyectos relacionados con la movilidad humana. El primero buscaba garantizar la repatriación de los restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior, especialmente cuando sus familias carecieran de recursos; algunos legisladores defendieron la necesidad de una ley específica, mientras otros consideraron que el procedimiento ya era responsabilidad de la SENAMI, generaba gasto público y debía incorporarse a una normativa integral de movilidad humana. La propuesta de archivo fue negada con treinta y cinco votos afirmativos, dieciséis negativos y veintinueve abstenciones. Posteriormente se analizó una reforma a la Ley de Extranjería que pretendía exigir visa a las personas extranjeras que ingresaran al país, con excepciones previstas en acuerdos internacionales; sus defensores alegaron razones de seguridad y control migratorio, mientras la Comisión sostuvo que contenía expresiones discriminatorias y contrarias al derecho constitucional a migrar. Su archivo también fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, dieciocho negativos y diecinueve abstenciones, tras lo cual se clausuró la sesión. Intervinieron Luis Almeida, Fernando Vélez, Blanca Ortiz, Fausto Cobo, Washington Cruz, Fernando Bustamante, Linda Machuca, Rolando Panchana, Fernando Flores, Edwin Vaca, Luis Morales y Guido Vargas.

ACTA_225-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto sobre consulta prelegislativa, discutiéndose su alcance, la diferencia entre consulta y consentimiento, su posible carácter vinculante, la representación de los pueblos, las atribuciones de la Asamblea y del Consejo Nacional Electoral y la propuesta de unificar los proyectos existentes; el debate se cerró sin votación. También se leyó el informe del proyecto para fomentar la pesca y la acuicultura, que recomendaba su archivo por deficiencias técnicas, legales y presupuestarias, pero el debate no pudo iniciarse por ausencia de la ponente y la sesión fue suspendida. Intervinieron Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán, Paco Moncayo, Kléver García, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, César Rodríguez, Guido Vargas, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, Stalin Subía, María Molina, Luis Morales, Rodrigo Collahuazo y Leonardo Viteri.

ACTA_226-2011-2013_PLENO.pdf Se debatieron las reformas para regular la revocatoria del mandato, abordando sus causales, requisitos, porcentajes de firmas, garantías del debido proceso, diferencias con la remoción y prevención de su uso como persecución política; su tratamiento quedó suspendido. También se discutió el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, coincidiendo en la necesidad de adecuarlo a la Constitución e incorporarlo dentro de una reforma integral a la legislación militar; aunque se recomendó archivar el proyecto, la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Marisol Peñafiel, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Línder Altafuya, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Jimmy Pinoargote, Stalin Subía, María Soledad Vela, José Picoita, César Rodríguez, Gabriel Rivera y Fausto Cobo.

ACTA_017-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate del proyecto de reforma penal para tipificar y juzgar los delitos cometidos en el servicio militar y policial, orientado a integrar la justicia militar y policial en la jurisdicción ordinaria, delimitar los delitos de función, diferenciar las conductas disciplinarias de las penales, establecer reglas de juzgamiento especializado y adecuar la normativa a los principios de igualdad, debido proceso y derechos humanos. María Paula Romo presentó el informe y defendió la unificación normativa; Paco Moncayo, Luis Almeida y Carlos Poveda plantearon observaciones sobre las particularidades de la actividad militar y policial, la obediencia debida, el tratamiento de conflictos armados, las minas, la proporcionalidad de las sanciones y el juzgamiento de violaciones de derechos humanos; mientras Tito Nilton Mendoza, Mauro Andino, Abdalá Bucaram, César Gracia, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Rodríguez, Carlos Samaniego y Mary Verduga respaldaron la eliminación de privilegios y el fortalecimiento de la unidad jurisdiccional. También intervinieron Yorinson Tenorio y Fernando Bustamante, quienes solicitaron incorporar medidas contra la discriminación, el racismo, el abuso de autoridad y las prácticas de espionaje ilegal; Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli formularon observaciones sobre el alcance del fuero, la participación de civiles en delitos de función y la precisión de las normas procesales. Posteriormente, se inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Abdalá Bucaram y Celso Maldonado, que planteaba fortalecer la rectoría estatal, organizar el sistema deportivo, promover la actividad física, la recreación, la educación física y el deporte de alto rendimiento, garantizar apoyo integral a las y los deportistas, regular la distribución de recursos públicos y exigir rendición de cuentas a las organizaciones deportivas. Durante el debate, Fernando Romo, Gabriel Rivera, Línder Altafuya, María Soledad Vela, Saruka Rodríguez, Xavier Tomalá, Eduardo Encalada, Zobeida Gudiño, María Cristina Kronfle, Luis Morales y Ramiro Terán formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de las ligas barriales, parroquiales, estudiantiles y universitarias, la distribución equitativa de recursos, el control de las federaciones, la inclusión de personas con discapacidad, el fortalecimiento de la educación física y la necesidad de diferenciar el deporte formativo, competitivo y recreativo; Marco Murillo intervino sobre el desarrollo del trámite. Finalmente, al quedar varias intervenciones pendientes, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto de ley en una próxima reunión.

ACTA_033-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Fernando Aguirre para suspender la posesión de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e investigar las denuncias sobre su proceso de designación; posteriormente, fueron posesionados como consejeros principales Patricia Ordeñana, David Rosero, Juana Miranda, Luis Pachala, Mónica Vanegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera, y como suplentes William Arias, Evans Herrera, Óscar Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera, Linda Vidal y Franklin Moreno. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la reforma penal y procesal penal, respecto de la cual María Paula Romo propuso acogerse a las correcciones relacionadas con penas, contravenciones, procedimientos de archivo y garantías para los denunciantes, pero mantener el texto aprobado sobre la restitución de determinados delitos como de acción pública y la protección de los procesos previamente archivados; la propuesta fue aprobada. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, luego de que Betty Amores defendiera las precisiones sobre rectoría, interconexión, financiamiento y plazos de implementación; Paco Moncayo cuestionó errores de forma y redacción en los proyectos legislativos, mientras Alfredo Ortiz planteó mantener ciertos plazos y garantizar que la información de entidades como la Superintendencia de Compañías se integre al sistema. De igual manera, se aprobó la reforma penal para regular los delitos cometidos en el servicio militar y policial, impulsada por María Paula Romo, orientada a consolidar la unidad jurisdiccional, eliminar los fueros especiales, establecer delitos de función, incorporar garantías del debido proceso y normas de Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, se aprobó la resolución para declarar el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y exhortar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía a desarrollar acciones permanentes contra el racismo; Fernando Bustamante destacó la necesidad de combatir toda forma de exclusión, Rodolfo Baquerizo solicitó la votación inmediata, María Cristina Kronfle propuso reforzar el carácter progresivo de las medidas, Viviana Bonilla planteó ajustes de redacción institucional, Pedro de la Cruz resaltó la persistencia de prácticas discriminatorias, Gabriel Rivera defendió la interculturalidad y Fausto Cobo expresó su respaldo a la resolución, que incorporó las observaciones presentadas.

ACTA_051-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf La sesión continuó con el tratamiento del primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que numerosos asambleístas presentaron observaciones a los informes de mayoría y minoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado: Alfredo Ortiz insistió en fortalecer la fiscalización y la iniciativa legislativa frente al CAL y cuestionó el artículo sobre objeción parcial presidencial; Tito Nilton Mendoza calificó a la ley vigente de ineficaz y pidió la figura de la autoconvocatoria y la eliminación de filtros a la fiscalización; Juan Carlos Cassinelli propuso reformas sobre subrogación de funciones, tiempos de comparecencia y voto dirimente en comisiones; Leonardo Viteri planteó normar la destitución de autoridades del CAL, ampliar la Unidad de Control de Ejecución Presupuestaria y eliminar el voto en blanco electrónico; Aminta Buenaño defendió los avances de la ley frente al antiguo Congreso y sugirió uniformar la terminología sobre pueblos y nacionalidades y revisar el rol del ponente en segundo debate; Richard Guillén propuso reformas sobre sesiones ordinarias y extraordinarias, sanciones por inasistencia, integración equitativa de comisiones, votación por artículos y sanciones al Secretario por distorsionar resultados; César Rodríguez detalló un procedimiento ágil para la consulta prelegislativa y cuestionó la disposición transitoria sobre la Comisión de Fiscalización; Nivea Vélez criticó el rol del CAL como elemento de demora y la concentración de decisiones en presidentes de comisión; Juan Carlos López denunció la falta de independencia entre funciones del Estado y los juicios políticos archivados; Paola Pabón valoró el trabajo de la Comisión y propuso precisar las etapas de la consulta prelegislativa y el mecanismo de decisión sobre juicios políticos; Luis Morales cuestionó la proliferación de debates y pidió mayor apego a la ley; César Montúfar exigió una reforma integral orientada al fortalecimiento del Pleno frente a los "nueve filtros" que, según dijo, obstaculizan la fiscalización, y criticó la conducción del presidente Cordero; Jaime Abril desarrolló una propuesta detallada sobre las etapas de la consulta prelegislativa, la inclusión de las comunas y la participación de CODENPE, CODAE y CODEPMOC; María Cristina Kronfle aclaró su propuesta sobre el cambio del Orden del Día en sesiones ordinarias con mayoría simple; Marco Murillo insistió en que la consulta prelegislativa debe buscar consensos reales mediante asambleas comunitarias y no limitarse a un trámite; Línder Altafuya cuestionó la inacción de la Comisión de Fiscalización citando casos concretos y propuso que el Pleno decida con debate sobre el inicio de juicios políticos; Xavier Tomalá pidió precisar el quórum, los plazos para cambios de Orden del Día y la reconsideración de votaciones; Galo Lara citó casos de obras públicas cuestionadas y presentó reformas puntuales a los artículos sobre fiscalización y enjuiciamiento político; Enrique Herrería denunció que el proyecto carece de una reforma integral y señaló presuntas inconstitucionalidades, además de referirse a un incidente previo con Gilmar Gutiérrez sobre entrega de información; Saruka Rodríguez presentó seis observaciones puntuales sobre terminología y comisiones ocasionales; Fernando Bustamante advirtió contra la nostalgia de las prácticas del antiguo Congreso y defendió que la fiscalización no se agota en el juicio político; Fernando Aguirre cuestionó el servilismo de la Asamblea frente al Ejecutivo y pidió recuperar su independencia; y finalmente el presidente Fernando Cordero expuso su posición sobre el momento y alcance de la consulta prelegislativa y presentó cifras sobre solicitudes de información y resultados de fiscalización durante el año legislativo.

ACTA_039-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Francisco Ulloa para incorporar una resolución de rechazo al fallo arbitral favorable a Chevron y Texaco, y de Gilmar Gutiérrez para tratar la situación del enjuiciamiento político al Fiscal General del Estado; en cambio, se aprobaron las inclusiones de las resoluciones propuestas por Lídice Larrea y Armando Aguilar. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Celso Maldonado, orientado a fortalecer la actividad física, la recreación, el deporte formativo y de alto rendimiento, regular la estructura y funcionamiento de las organizaciones deportivas, establecer una distribución más equitativa de recursos, impulsar la planificación, garantizar becas, seguros, pensiones, atención médica y apoyo a deportistas, así como promover la democratización, transparencia y rendición de cuentas en las federaciones y demás entidades deportivas. Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Ramiro Terán, Kléver García, Mercedes Diminich, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Leonardo Viteri, María Soledad Vela, Luis Morales, Linda Machuca, Luis Almeida, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Luis Noboa, Jimmy Pinoargote, Marllely Vásconez, Yorinson Tenorio, Lídice Larrea, Francisco Ulloa, Paola Pabón, José Picoita, Fernando Cáceres, César Rodríguez, Gido Vargas, María Alejandra Vicuña, Marisol Peñafiel y Ángel Vilema presentaron observaciones sobre la categoría de la ley, la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de ligas barriales, cantonales y parroquiales, la integración de directorios, las funciones del Ministerio del Deporte, el financiamiento, las exoneraciones de servicios básicos, la protección de deportistas, la inclusión de ecuatorianos en el exterior y las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; por lo que se dispuso recoger los aportes y diferir la votación para una sesión posterior. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Lídice Larrea para declarar el 5 de mayo como fecha cívica nacional en conmemoración de la Primera Proclama de la Revolución Alfarista en Chone, y la resolución promovida por Armando Aguilar, con intervenciones de Nívea Vélez, Fausto Cobo, César Montúfar, Línder Altafuya, Luis Morales, Gido Vargas y Washington Quiñónez, mediante la cual se reconoció a las trabajadoras y trabajadores del país, se reafirmó el compromiso de legislar en favor de sus derechos y se exhortó al Gobierno a vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y promover la generación de empleo productivo.

ACTA_044-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron varias resoluciones de carácter nacional e internacional. Se unificaron y aprobaron las propuestas de Línder Altafuya y María Alejandra Vicuña para condenar el ataque del Ejército israelí contra la flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, expresar solidaridad con las víctimas y activistas, solicitar una investigación y sanción internacional, respaldar el llamado a consultas del embajador ecuatoriano y demandar el cese del bloqueo a la Franja de Gaza; en este debate intervinieron Fernando Bustamante, Línder Altafuya, María Alejandra Vicuña y María Augusta Calle. También se aprobó la resolución impulsada por Fausto Cobo para exhortar al Servicio Social de la Fuerza Terrestre y al Ministerio de Relaciones Laborales a garantizar el pago de indemnizaciones a las exservidoras y exservidores del Comisariato del Ejército que fueron cesados, con aportes de Luis Morales, Armando Aguilar, Hólger Chávez, María Augusta Calle y Línder Altafuya. De igual manera, se aprobó la resolución propuesta por Rosana Alvarado con motivo del Día Mundial del Ambiente, mediante la cual la Asamblea reafirmó su compromiso con el desarrollo sustentable, los derechos de la naturaleza y el uso responsable de los recursos naturales. Posteriormente, se debatió la propuesta de Magali Orellana para declarar de interés nacional la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y la preservación de la biodiversidad del Yasuní y la zona intangible; Magali Orellana, Francisco Cisneros, Rosendo Nurinkias, Alfredo Ortiz y Paco Moncayo defendieron la necesidad de proteger estos territorios y pueblos, mientras César Rodríguez cuestionó la pertinencia jurídica de la propuesta, por lo que la resolución fue negada. Finalmente, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Mercedes Diminich para expresar condolencias a Carlos Zambrano y su familia por el fallecimiento de su esposa, Jéssica Núquez, y se planteó la necesidad de fortalecer las acciones frente a la inseguridad y el sicariato, con intervención de Gido Vargas; además, Gilmar Gutiérrez advirtió que la votación de la Ley del Deporte debía realizarse al continuar la sesión en que se desarrolló su segundo debate, por lo que se clausuró la sesión sin tratar dicha votación.

ACTA_057-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN) y la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. María Molina explicó que se incorporaron observaciones de Washington Cruz, Paco Moncayo, Omar Juez, Fernando Bustamante, Jaime Abril, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Carlos Velasco, Raúl Abad, el bloque del MPD y los integrantes de la Conferencia, con el fin de mejorar la redacción y alcanzar consensos. Entre los cambios principales se eliminó la creación de una nueva Secretaría Técnica para el SISAN, asignando la coordinación a la Secretaría Técnica ya existente de la Conferencia; se definieron las funciones, composición y mecanismos de articulación del SISAN; se consolidó a la Conferencia como instancia de debate, deliberación, veeduría y generación de propuestas desde la sociedad civil, con autonomía técnica, administrativa y financiera; se reguló su integración mediante concurso público, incorporando representantes de sectores académicos, consumidores, pequeños y medianos productores, agricultores, ganaderos, pescadores, campesinos, regantes, pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; y se establecieron plazos para que las propuestas ciudadanas sean remitidas al Ejecutivo y posteriormente a la Asamblea, incluyendo informes sobre consensos, discrepancias y las razones para acoger o descartar propuestas. El proyecto fue aprobado inicialmente con ciento cuatro votos afirmativos y, tras una rectificación, con ciento cinco votos afirmativos; la reconsideración solicitada posteriormente fue negada.

ACTA_094-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó al orden del día la intervención de Irina Cabezas con motivo del 8 de marzo, en la que reivindicó la lucha histórica de las mujeres, la equidad de género, la participación femenina en la vida pública y la necesidad de enfrentar la violencia contra las mujeres. También se entregó el Acuerdo Legislativo y la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito profesional” a Francisco Xavier Vergara Ortiz, exsecretario general de la Asamblea, en reconocimiento a su labor en la Asamblea Constituyente, la Comisión Legislativa y de Fiscalización y la Asamblea Nacional. En materia legislativa, se aprobaron por unanimidad la Ley Derogatoria No. 6, con noventa y tres votos afirmativos tras rectificación, y la Ley Derogatoria No. 7, con noventa y dos votos afirmativos, ambas orientadas a depurar el ordenamiento jurídico mediante la eliminación de decretos supremos, decretos legislativos y acuerdos legislativos obsoletos o ya cumplidos, especialmente relacionados con reorganizaciones de concejos cantonales, cortes, nombramientos y disposiciones administrativas antiguas. Posteriormente se debatió la denuncia del Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y el Reino de los Países Bajos: Vethowen Chica, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca defendieron la denuncia por considerar que el tratado cedía jurisdicción soberana a arbitrajes internacionales, contrariaba la Constitución y debía ser reemplazado por mecanismos regionales y normas internas de protección de inversiones; mientras Fausto Cobo, Gioconda Saltos y Luis Morales cuestionaron la denuncia total, advirtiendo riesgos para la seguridad jurídica, la confianza internacional y la inversión extranjera, y plantearon la posibilidad de enmienda o renegociación. Aunque la denuncia fue aprobada inicialmente, tras rectificación no alcanzó los votos necesarios, con sesenta y dos afirmativos, treinta y seis negativos, cero blancos y cinco abstenciones, por lo que quedó negada. Además, se designó como delegados de la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral a Diana Lucía Espinoza Valdez y Fausto Javier Holguín Ochoa, con cincuenta y seis votos afirmativos; para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública a Carlos Germán Vega Castellanos y María Angélica Campoverde Ortiz, con cincuenta y cinco votos afirmativos; y para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo a Norman Raúl Gaona Salinas y María Gabriela López Sánchez, con cincuenta y siete votos afirmativos. Finalmente, se aprobó con noventa y nueve votos afirmativos la resolución propuesta por Enrique Herrería para exigir a la Contraloría General del Estado la derogatoria del artículo 8 del Acuerdo No. 011-CG y la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de todos los integrantes de la Asamblea Nacional y demás servidores públicos, bajo el principio de transparencia y control ciudadano.

ACTA_089-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar proyectos de resolución orientados a exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice el trabajo de las veedurías ciudadanas, exhortar al Ejecutivo a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en la emergencia sanitaria y requerir la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas; en cambio, fue negada la propuesta de Galo Lara para solicitar la renuncia inmediata de los integrantes de la Corte Constitucional. En primer debate se trató la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que buscaba habilitar el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas, sin descuidar la defensa externa, en circunstancias de evidente necesidad o inminente alteración del orden público, mediante planificación previa, coordinación institucional y asesoría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Fernando Bustamante, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Eduardo Zambrano, Víctor Quirola y Marllely Vásconez defendieron la propuesta como una herramienta excepcional para apoyar a la Policía Nacional frente a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad ciudadana; mientras Fausto Cobo, Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Galo Vaca, María Augusta Calle, Nívea Vélez, Tomás Zevallos, César Montúfar, Cléver Jiménez y Jorge Escala cuestionaron su constitucionalidad, advirtieron sobre el riesgo de militarización, uso represivo de la fuerza y desnaturalización de las funciones de defensa nacional, y solicitaron construir una política integral de seguridad que priorice prevención, empleo, desarrollo, profesionalización policial, justicia y atención a las zonas fronterizas. El debate quedó cerrado para que la Comisión incorpore las observaciones, sin votación definitiva. Posteriormente, en primer debate se analizó la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana para regular la revocatoria del mandato, estableciendo requisitos de identificación y motivación de la solicitud, causales relacionadas con incumplimiento injustificado del plan de trabajo, obligaciones legales y normas de participación ciudadana; porcentajes y plazos diferenciados para recolectar firmas según el tamaño de la circunscripción; reglas para la verificación de respaldos; límites de gasto electoral y prohibición de utilizar recursos públicos en campañas. Virgilio Hernández defendió la propuesta como una forma de garantizar la participación directa sin convertir la revocatoria en un instrumento de presión política; Rocío Valarezo pidió reforzar el debido proceso y añadir actos de corrupción comprobados como causal; María Soledad Vela, Luis Morales y Guillermina Cruz plantearon precisiones sobre el lenguaje, respaldos, residencia de los electores y protección del derecho ciudadano a controlar a sus autoridades. La sesión fue suspendida sin resolución final sobre esta reforma

ACTA_089-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del primer debate de la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana sobre revocatoria del mandato, se analizaron los requisitos, porcentajes, plazos y límites necesarios para evitar que este mecanismo de democracia directa sea utilizado con fines de revancha política, sin desnaturalizar el derecho ciudadano a retirar la confianza a las autoridades electas. Armando Aguilar, Rafael Dávila, Henry Cuji, Luis Almeida, Leandro Cadena y Juan Carlos López coincidieron en la necesidad de motivar las solicitudes, elevar porcentajes de respaldo, impedir la intervención de personas ajenas a la circunscripción y evitar que candidatos derrotados, alternos o autoridades con conflicto de intereses promuevan procesos revocatorios; Dávila advirtió que existían seiscientas sesenta y tres solicitudes de revocatoria y propuso porcentajes más altos según el tamaño de la jurisdicción. Paola Pabón defendió que la reforma debía equilibrar el derecho de participación con garantías para las autoridades cuestionadas, aclaró el rol del Consejo Nacional Electoral y planteó revisar el tratamiento de procesos ya iniciados; mientras Ramiro Terán, Mercedes Diminich y Mauro Andino cuestionaron que el proyecto pudiera restringir derechos constitucionales, elevar indebidamente los porcentajes previstos en la Constitución o transformar la revocatoria en un trámite excesivamente condicionado. Fernando Bustamante advirtió problemas en la obligación impuesta a medios privados y comunitarios para realizar debates y propuso precisar el procedimiento de calificación de causales por parte del Consejo Nacional Electoral. El debate fue cerrado para que las observaciones se remitan por escrito a la Comisión. Posteriormente, se trató el proyecto de resolución para exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice las veedurías ciudadanas y proteja a los veedores; Marco Murillo defendió la importancia del control social y César Rodríguez solicitó revisar el texto, por lo que el punto quedó suspendido. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con setenta votos afirmativos, la resolución propuesta por Víctor Quirola para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en el decreto de estado de excepción sanitaria, a fin de intervenir su infraestructura, equipamiento, administración, gestión técnica, medicamentos e insumos ante el riesgo de colapso por alta demanda de atención. El proyecto sobre publicación de declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas no llegó a tratarse por falta de quórum.

ACTA_080-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general, Gerardo Morán, el padre Robert García y un representante del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle expusieron la situación de niñas, niños y adolescentes en condición de calle, solicitaron respaldo solidario y destacaron la necesidad de atender las causas estructurales de pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Posteriormente, se aprobó el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela, orientado a la cooperación en capacitación, investigación, intercambio académico, tecnología, inteligencia, operaciones de paz, apoyo logístico y gestión de riesgos; María Augusta Calle, Francisco Velasco, Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Armando Aguilar, Virgilio Hernández, Hólger Chávez, Carlos Velasco y Guillermina Cruz defendieron el instrumento como una expresión de integración latinoamericana, cooperación horizontal, fortalecimiento de la soberanía y diversificación de las relaciones internacionales, mientras Paco Moncayo aclaró su oposición histórica al convenio de la Base de Manta, y Fernando Aguirre, Línder Altafuya, Luis Almeida, Edwin Vaca, Enrique Herrería, Wladimir Vargas y Paco Fierro cuestionaron los posibles efectos del acuerdo sobre la profesionalización e independencia de las Fuerzas Armadas, la cooperación en inteligencia, el contexto político venezolano, la oportunidad diplomática frente al restablecimiento de relaciones con Colombia y la conveniencia de canalizar estos asuntos mediante el marco regional de UNASUR. El acuerdo fue aprobado, tras rectificación, con sesenta y tres votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y once abstenciones. Finalmente, se aprobó el Acuerdo entre Ecuador y Brasil sobre Cooperación en el Dominio de la Defensa, destinado a promover investigación, desarrollo, capacitación, entrenamiento, apoyo logístico, transferencia tecnológica y adquisición de productos y servicios de defensa; Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca resaltaron la capacidad tecnológica, industrial y estratégica de Brasil, la relación histórica entre ambos países, la transparencia en el gasto de defensa y los beneficios de una cooperación ordenada en igualdad de condiciones. La aprobación obtuvo setenta y nueve votos afirmativos, uno negativo, tres blancos y diecinueve abstenciones.

ACTA_083-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se posesionó a Suad Raquel Manssur Villagrán como Superintendenta de Compañías. En el tratamiento del orden del día no prosperó la propuesta de Jorge Escala para incorporar una resolución sobre programas de vivienda popular y reubicación de familias afectadas por desalojos, ni la iniciativa de Sylvia Kon relacionada con la sanción a la Cooperativa de Transporte Reina del Camino, aunque esta última destacó la necesidad de investigar a los responsables del accidente y evitar una medida que afectara a trabajadores y usuarios. Se aprobó la resolución propuesta por Omar Juez para respaldar el planteamiento de los alcaldes ecuatorianos de regular la revocatoria del mandato, con el fin de impedir usos arbitrarios o desestabilizadores de este mecanismo, preservar la gobernabilidad local y tramitar reformas al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana; la resolución obtuvo noventa y cuatro votos afirmativos. El tema principal fue la aprobación unánime de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, que establece un procedimiento de calificación con veeduría e impugnación ciudadana para reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías o militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz. Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Luis Morales, Linda Machuca, Francisco Ulloa, Mary Verduga, Fausto Cobo, Diana Atamaint, Gabriel Rivera y Nívea Vélez intervinieron para respaldar la norma y plantear precisiones sobre la inclusión de convivientes en unión de hecho, excombatientes de 1981 y 1995, personal civil de apoyo, pueblo Shuar, personas afectadas por desminado o explosivos y sanciones a autoridades que incumplan los beneficios. La ley reconoce pensión mensual, becas completas, puntaje adicional en concursos públicos, vivienda gratuita, atención médica preferente, medicamentos, prótesis, indemnizaciones y protección para familiares, excombatientes y personas con discapacidad derivada de actos heroicos; fue aprobada con ciento diecisiete votos afirmativos y la reconsideración posterior fue negada. Nelson Castillo, en representación de los veteranos de guerra, agradeció la aprobación de la norma y solicitó la publicación oficial de la nómina de héroes y heroínas de los conflictos de 1981 y 1995

ACTA_110-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporaron al orden del día dos propuestas relacionadas con la protección de los migrantes ecuatorianos y el reconocimiento cultural de San Antonio de Ibarra. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización con Fines de Exportación del Banano y Afines, en el que se analizaron la protección de los pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial, la investigación técnica, la regulación de exportadores, la creación de una corporación bananera y la necesidad de incluir productos alternativos; también se señaló que varias disposiciones ya estaban contempladas en el Código de la Producción y que el proyecto requería mayor socialización. Finalmente, se aprobó su archivo y se negó la reconsideración. Se aprobó el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y Venezuela, destinado a proteger a los trabajadores migrantes y sus familias, permitir la acumulación y portabilidad de los periodos de aportación y facilitar el acceso a prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, aunque se debatió sobre el alcance exacto de sus beneficios. También se aprobó una resolución que rechazó la ley antimigrante HB-87 del estado de Georgia por considerarla discriminatoria y contraria a los derechos humanos, solicitando a las autoridades estadounidenses impulsar una reforma migratoria integral. Finalmente, se declaró a San Antonio de Ibarra como Patrimonio Cultural y Artístico del Ecuador y se exhortó a las instituciones nacionales y locales a proteger su memoria histórica, promover su producción artística y artesanal y asignar los recursos correspondientes. Intervinieron Francisco Hagó, Marisol Peñafiel, Jaime Abril, Ramiro Terán, Omar Juez, Gerónimo Yantalema, Víctor Quirola, José Portugal, Eduardo Zambrano, Emilia Jaramillo, Juan López, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Linda Machuca y Wladimir Vargas.

ACTA_103-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó una resolución para exhortar al Ministerio de Cultura a establecer academias de música y artes destinadas a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, inicialmente en Peguche y en homenaje a Jesús Fichamba; también se solicitó al Municipio de Otavalo asignar un terreno y crear un plan nacional para fomentar el arte y la música. Posteriormente, se aprobó declarar a San Pedro de Riobamba como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica del Ecuador, en reconocimiento a su oferta educativa, instituciones de educación superior, ubicación estratégica y contribución académica, social y económica. Asimismo, se aprobó por unanimidad expresar solidaridad con la provincia de Imbabura por las afectaciones provocadas por las lluvias y el aluvión, y solicitar la atención de los damnificados, la rehabilitación de la infraestructura, los servicios básicos y la producción agrícola. Finalmente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que planteaba permitir el apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para la protección interna y el mantenimiento del orden público. Quienes respaldaron la propuesta sostuvieron que era constitucional y necesaria para enfrentar la inseguridad, mientras que sus opositores advirtieron sobre el riesgo de militarizar la sociedad, afectar los derechos humanos, emplear a los militares contra protestas sociales y conceder excesiva discrecionalidad al Ejecutivo, por lo que propusieron fortalecer a la Policía y utilizar el estado de excepción únicamente en situaciones extraordinarias. Intervinieron Gioconda Saltos, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Paco Fierro, Luis Morales, Paco Moncayo, Gerónimo Yantalema, Celso Maldonado, Silvia Salgado, Marisol Peñafiel, Ramiro Terán, Raúl Abad, César Montúfar, Lourdes Tibán, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Magaly Orellana, Línder Altafuya y María Calle; la sesión fue suspendida sin que se votara el proyecto reformatorio.

ACTA_101-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Henry Cuji para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las provincias amazónicas afectadas por el aislamiento, la falta de servicios básicos y la destrucción de vías, y de María Vicuña para respaldar la decisión gubernamental de declarar persona no grata a la embajadora de Estados Unidos, por considerar que existió injerencia en asuntos internos del país. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Control y Regulación del Tabaco y sus Efectos Nocivos, orientado a proteger el derecho a la salud, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo; se analizaron la declaración de espacios públicos y privados completamente libres de humo, la prohibición de fumar en centros educativos, establecimientos sanitarios, lugares de trabajo, transporte público y escenarios deportivos, así como las restricciones a la venta a menores, de cigarrillos sueltos y de paquetes pequeños. También se debatieron la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, el uso de advertencias sanitarias y pictogramas en los empaques, las campañas educativas, el tratamiento de las adicciones, el control del contrabando, las sanciones, la responsabilidad de las autoridades y los posibles efectos económicos y laborales sobre productores, comerciantes y trabajadores de la industria tabacalera. Intervinieron Carlos Velasco, Fernando Vélez, Rocío Valarezo, Celso Maldonado, Andrés Páez, Fernando Bustamante, Rafael Dávila, Luis Almeida, Leonardo Viteri, Linda Machuca, Fausto Cobo, Betty Carrillo, César Montúfar, Víctor Quirola, Alfredo Ortiz y María Vicuña. La sesión fue suspendida para continuar el tratamiento de los asuntos pendientes.

ACTA_108-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Línder Altafuya para incorporar al orden del día una resolución que exigiera medidas urgentes frente a la escasez de agua potable en Esmeraldas, Río Verde y Atacames. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones al pabellón, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-17, en reconocimiento a su desempeño en el campeonato sudamericano y a su clasificación para la Copa Mundial y los Juegos Panamericanos; también fueron reconocidos José Rodríguez, Amílcar Mantilla y Luis Chiriboga, mientras que Galo Sánchez agradeció el homenaje en representación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Finalmente, se analizó el informe que recomendaba denunciar el convenio entre Ecuador y Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones, debido a que sus disposiciones sobre arbitraje internacional fueron consideradas contrarias a la Constitución y a la jurisdicción nacional. Quienes respaldaron la denuncia defendieron la soberanía del Estado y la aplicación de la legislación ecuatoriana, mientras que sus opositores advirtieron que la medida podía generar inseguridad jurídica, afectar las inversiones ecuatorianas y chilenas y deteriorar las relaciones económicas bilaterales, por lo que plantearon renegociar el acuerdo en lugar de eliminarlo. Intervinieron Línder Altafuya, Galo Sánchez, Fernando Bustamante, Wladimir Vargas, José Portugal y Luis Morales. La propuesta de denunciar el convenio fue negada y la rectificación de la votación confirmó esa decisión.

ACTA_129-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron las solicitudes para incorporar al orden del día el reconocimiento de Manuel Inocencio Parrales y Guale como precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, así como la propuesta para declarar el 12 de octubre como Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, Montubios, Afros y Sectores Populares, aunque esta última no llegó a resolverse antes de la clausura; en cambio, fue negado el pedido de declarar la emergencia sanitaria en Pastaza ante la presencia de casos de sarampión en territorio huaorani. El tema central fue el primer debate de la reforma sobre la jubilación especial para las mujeres, que proponía permitirles jubilarse voluntariamente, sin límite de edad, después de veinticinco años de aportaciones, calculando la pensión con base en el promedio de sus cinco mejores remuneraciones. La mayoría de las intervenciones respaldó la iniciativa como una medida de justicia social y reconocimiento al doble o triple trabajo que realizan las mujeres en el ámbito laboral, doméstico, familiar y comunitario, así como a la discriminación histórica, el desgaste físico y mental, las dificultades de inserción laboral y la responsabilidad de cuidar a hijos, nietos, personas enfermas y adultos mayores. También se planteó ampliar la seguridad social a amas de casa, trabajadoras informales, campesinas, indígenas y mujeres sin relación de dependencia; considerar los períodos de maternidad y enfermedad; garantizar que la jubilación sea opcional; revisar el coeficiente utilizado para calcular las pensiones; y asegurar una prestación digna. No obstante, varios legisladores advirtieron que era indispensable contar con estudios actuariales, precisar el número de posibles beneficiarias, establecer una fuente de financiamiento sostenible, analizar la participación económica del Estado y del IESS, corregir aspectos de técnica legislativa y evitar que la reforma reforzara la idea de que las tareas domésticas son responsabilidad exclusiva de las mujeres. Fernando Cordero sostuvo que la iniciativa podía enfrentar impedimentos constitucionales por comprometer recursos estatales y pidió coordinar una propuesta viable con el Ejecutivo y el IESS; tras la respuesta de Nívea Vélez, quien defendió el carácter optativo y la legitimidad de utilizar los recursos de los afiliados para esta prestación, se cerró el primer debate sin votación y se remitieron las observaciones a la comisión. Finalmente, se aprobó la resolución que declaró a Manuel Inocencio Parrales y Guale precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, reconociendo su lucha contra los abusos coloniales y a favor de las tierras comunitarias. Intervinieron Soraya Viteri, Francisco Cisneros, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Clara Salazar, Mariana Pallasco, Edwin Vaca, Kléver García, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Diana Atamaint, Mery Zamora, Marisol Peñafiel, Andrés Páez, Vicente Taiano, Rocío Valarezo, Mercedes Villacrés, César Gracia, María Soledad Vela, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Scheznarda Fernández, Fernando Bustamante, Consuelo Flores, Richard Guillén, Línder Altafuya, Rolando Panchana, Betty Amores, Silvia Kon, Paola Pabón, María Molina, Betty Carrillo, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Susana González, César Rodríguez, Luis Morales, Luis Almeida, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos, Guido Vargas y Fernando Cordero.

ACTA_122-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó la resolución que dispuso a la Unidad de Técnica Legislativa elaborar el proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y asignó su posterior trámite a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, con ochenta y ocho votos afirmativos, siete blancos y diecisiete abstenciones. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, centrado en garantizar la autonomía administrativa, laboral y presupuestaria de la Función Legislativa frente al Ministerio de Relaciones Laborales; durante el análisis se propuso precisar la aplicación de la normativa para asambleístas y servidores legislativos, ampliar la autonomía a otras funciones del Estado y considerar los regímenes especiales del sistema educativo y de educación superior, tras lo cual se cerró el debate sin votación. También se aprobó la resolución que exhortó al Ministerio de Educación a reconstruir, mediante contratación de emergencia, la escuela Belisario Quevedo de Ambato, afectada por un incendio, y al Municipio de Ambato y demás gobiernos seccionales a legalizar los terrenos donde funcionan instituciones educativas; en la rectificación se registraron ochenta y tres votos afirmativos y siete blancos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y un votos afirmativos y dos blancos, una resolución sobre la crisis bananera que exhortó al Ministerio de Agricultura a aplicar efectivamente la normativa vigente, establecer políticas claras de precios y comercialización, combatir los monopolios y la intermediación injusta, fortalecer las compras públicas de producción nacional, atender prioritariamente a los pequeños y medianos productores, promover la diversificación de cultivos y estudiar la conformación de una exportadora de economía mixta. Intervinieron Gioconda Saltos, Gerónimo Yantalema, Viviana Bonilla, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Rolando Panchana, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Andrés Roche, Luis Morales, Línder Altafuya, Kléver García, Tito Nilton Mendoza, Andrés Páez, Edwin Vaca, Fernando Cordero, Nívea Vélez, César Gracia, María Alejandra Vicuña, Katty Vélez, Dalton Burgos, Rocío Barriga y Víctor Quirola.

ACTA_157-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día un exhorto dirigido a las autoridades competentes con el fin de convocar concursos para cargos directivos del sistema educativo y regular sus remuneraciones; la fijación de un precio especial para el gas de uso doméstico destinado a pequeños prestadores de servicios turísticos de la Amazonía; y la comparecencia de varias autoridades para informar sobre el financiamiento, los estudios, la ejecución y la transparencia del proyecto Refinería del Pacífico. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger los derechos de las personas usuarias y consumidoras, abordándose la necesidad de reemplazar la normativa vigente por un sistema más ágil y eficaz de prevención, control, reparación, restitución, indemnización y sanción frente a bienes o servicios deficientes; se analizaron la publicidad engañosa, los contratos de adhesión y sus cláusulas abusivas, los servicios bancarios y financieros, la clonación de tarjetas y delitos informáticos, la medicina prepagada, la vivienda, la educación, el transporte, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, los servicios públicos y profesionales, la protección de datos personales, la calidad de los alimentos, la intermediación comercial, la responsabilidad de proveedores e instituciones estatales, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, la participación de las organizaciones ciudadanas y de los gobiernos autónomos descentralizados, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad, interculturalidad, plurinacionalidad y atención a comunidades, pueblos y nacionalidades. Finalmente, se debatió el proyecto sobre el servicio cívico militar voluntario y las reservas de las Fuerzas Armadas, analizando su concordancia con la Constitución, la objeción de conciencia, las atribuciones del Ejecutivo, la organización militar y la necesidad de contar con una normativa para regular el servicio voluntario; aunque la comisión recomendó archivarlo por considerarlo improcedente y contrario a competencias presidenciales, se defendió su devolución para un análisis más profundo y la moción de archivo no fue aprobada. Intervinieron Gioconda Saltos, Francisco Cisneros, Leonardo Viteri, Fernando Vélez, Betty Amores, María Soledad Vela, Gerónimo Yantalema, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Marco Murillo, Edwin Vaca, Fernando Bustamante y Henry Cuji.

ACTA_141-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron el momento de las elecciones presidenciales y legislativas, la separación de los comicios locales, la fórmula para asignar escaños, la representación de las minorías, la gobernabilidad y el riesgo de modificar las reglas electorales en función de intereses políticos. También se debatieron la licencia de las autoridades que busquen la reelección, la igualdad de condiciones entre los candidatos, la prohibición de utilizar recursos e infraestructura estatal y propaganda gubernamental durante la campaña, el silencio electoral, la publicación de resultados y actas, el conteo manual de votos y los procedimientos de impugnación y apelación. Se incorporaron disposiciones sobre paridad, alternancia y secuencialidad entre hombres y mujeres, así como sanciones económicas por actos de presión, hostigamiento o amenazas destinados a impedir que una mujer acceda a un cargo de elección popular o ejerza sus funciones. El texto aprobado estableció que las elecciones presidenciales, legislativas y del Parlamento Andino se realicen el mismo día; adoptó para la asignación de escaños una fórmula basada en divisores impares; reguló las juntas electorales, los plazos de la justicia electoral, la publicidad pública autorizada excepcionalmente por el Consejo Nacional Electoral y las obligaciones de los movimientos políticos. La reforma fue aprobada, la rectificación confirmó el resultado y la reconsideración fue negada. Intervinieron Jorge Escala, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Fernando González, María Romo, Andrés Roche, Marisol Peñafiel, Fernando Flores, Xavier Tomalá, Silvia Salgado, Elvis Maldonado, Virgilio Hernández, César Montúfar, Andrés Páez, Galo Lara, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Magaly Orellana, Tito Mendoza, Bolívar Subía, Betty Amores, Mariángel Muñoz, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, María Calle, Lenin Chica, Betty Carrillo y Mauro Andino.

ACTA_186-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se intentó continuar con la votación de la resolución que rechazaba la medida del Gobierno del Reino de España que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a la salud pública; Fausto Cobo observó que el texto debía precisar que la afectación recaía específicamente sobre los migrantes en situación irregular y corregir definitivamente la denominación de España, pero la votación no pudo efectuarse porque Jorge Escala, como proponente, no se encontraba presente y era el único autorizado para modificar formalmente el documento, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente se debatió y aprobó el Protocolo internacional contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, destinado a fortalecer la cooperación entre los Estados para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional mediante la penalización de estas actividades, el decomiso de armas, el mantenimiento de registros, su marcación y desactivación, la regulación de las importaciones, exportaciones y tránsito, el intercambio de información, la asistencia técnica y la actualización de la legislación nacional. Durante el debate se destacó que el acceso y comercio ilegal de armas incrementaban los homicidios, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y otras formas de violencia; se defendió la necesidad de controles más rigurosos, políticas preventivas, reformas al sistema de justicia y rehabilitación social, atención a las víctimas, oportunidades educativas y laborales y un plan integral de seguridad ciudadana que no se limitara a medidas represivas. También se analizaron la especial vulnerabilidad de las zonas fronterizas, el tráfico de armamento hacia grupos irregulares de Colombia, la situación de Carchi, los secuestros y desplazamientos, las deficiencias en el control portuario y fronterizo y la necesidad de acompañar los compromisos internacionales con recursos, infraestructura y políticas nacionales efectivas. El Protocolo fue aprobado por unanimidad con noventa y siete votos afirmativos. Finalmente se debatió y aprobó el convenio entre Ecuador y Uruguay para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, el cual regula, entre otros aspectos, los impuestos aplicables a personas y empresas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, pensiones, patrimonio, intercambio de información y asistencia en la recaudación; se sostuvo que facilitaría el comercio y la inversión, evitaría que una misma renta fuera gravada en el país donde se generó y en el país de residencia, fortalecería la cooperación tributaria y favorecería sectores como la investigación farmacéutica, la producción eléctrica y el calzado. El convenio fue aprobado con ciento dos votos afirmativos y dos abstenciones, tras lo cual la sesión fue clausurada. Intervinieron Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Silvia Salgado, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Linda Machuca, Edwin Vaca, María Soledad Vela, Luis Morales, Grace Almeida, Gabriel Rivera y Eduardo Zambrano.

ACTA_172-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a los científicos Ignacio Amable Ramírez Aguirre y Donald Silberberg, en reconocimiento a sus aportes a la medicina, la neurología, la salud pública y la investigación; Guillermina Cruz destacó sus trayectorias, mientras Ignacio Ramírez agradeció el homenaje y expuso los avances alcanzados en la prevención del bocio y la deficiencia de yodo, la yodización de la sal, la salud dental y el desarrollo del sistema nacional de trasplantes. También fueron posesionados como miembros principales del Tribunal Contencioso Electoral Guillermo González Orquera, María Catalina Castro Llerena, Lenin Patricio Baca Mancheno, Patricia Adelina del Carmen Zambrano Villacrés y Miguel Ángel Pérez Astudillo, y como suplentes Angelina del Carmen Veloz Bonilla, Arturo Fabián Cabrera Peñaherrera, Sandra Elizabeth Maldonado Puente, Oscar Williams Altamirano y Mérida Elena Nájera Moreira. Posteriormente se trató la objeción parcial al proyecto relacionado con la administración de bienes incautados en procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y sustancias sujetas a fiscalización; Francisco Velasco explicó que las observaciones aclaraban la devolución de los bienes, sus rentas o productos, así como el tratamiento de bienes perecibles, y propuso aceptar la objeción, moción que fue aprobada. Finalmente, se debatió y aprobó la Convención para Reducir los Casos de Apatridia; Eduardo Zambrano, Soledad Vela, Edwin Vaca, Betty Carrillo, Fausto Cobo, Fernando Bustamante y Silvia Salgado resaltaron el derecho de toda persona a una nacionalidad, la protección de niños, migrantes y refugiados, los problemas de inscripción y pérdida de identidad existentes especialmente en las zonas fronterizas, la necesidad de eliminar vacíos legales y garantizar el acceso a derechos como educación, salud, trabajo e identidad, aprobándose el instrumento internacional con noventa y cuatro votos afirmativos.

ACTA_207-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje a San Francisco de Quito por su aniversario de fundación, mediante la presentación de un video histórico, la intervención de Karina Panamá Quishpe —quien destacó la identidad, cultura, memoria y espíritu libertario de la ciudad— y la lectura de un acuerdo de saludo y reconocimiento a sus autoridades y habitantes. Posteriormente se aceptó la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que reemplazó la referencia directa al MIES por la del ministerio rector y precisó que en las zonas fronterizas y amazónicas se priorizaría el Bono de Desarrollo Humano para adultos mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza o vulnerabilidad; aunque se cuestionaron expresiones consideradas ambiguas, la falta de una garantía expresa para esos territorios, el uso electoral del bono y el cobro de servicios bancarios a las remesas, el allanamiento fue aprobado inicialmente con ochenta y un votos afirmativos y ratificado en la rectificación con ochenta y un votos afirmativos, tres negativos y veinte abstenciones. También se aprobó el Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Guatemala, dirigido a conceder preferencias arancelarias, eliminar obstáculos al comercio, ampliar las exportaciones, favorecer a las pequeñas y medianas unidades productivas y fortalecer la integración latinoamericana; debido al dictamen condicionado de la Corte Constitucional, se incorporó una declaración interpretativa para asegurar su aplicación conforme a la soberanía alimentaria y a la protección de la producción nacional. El acuerdo obtuvo noventa votos afirmativos y un blanco, mientras su reconsideración y la rectificación posterior fueron negadas. Finalmente se debatió el proyecto de rehabilitación de productores agropecuarios, artesanos y pescadores artesanales, que proponía reestructurar créditos y reducir o condonar intereses de deudas mantenidas con el Banco Nacional de Fomento; la Comisión recomendó archivarlo por considerar que implicaba recursos públicos reservados a la iniciativa del Ejecutivo, podía afectar la liquidez de la banca pública y contenía contradicciones técnicas, mientras sus defensores afirmaron que no se perdonaba el capital, sino que se buscaba recuperar una cartera castigada y permitir que pequeños productores afectados por fenómenos climáticos y exclusión crediticia volvieran a producir y acceder a financiamiento. La moción de archivo fue negada con treinta y un votos afirmativos, treinta y siete negativos y cinco abstenciones, resultado ratificado en la rectificación, por lo que el proyecto continuó su trámite y la sesión fue clausurada. Intervinieron Karina Panamá Quishpe, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Luis Almeida, Nívea Vélez, Edwin Vaca, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Irina Cabezas, Silvia Salgado, Kléver García, Alfredo Ortiz, María Augusta Calle y Rider Proaño.

ACTA_205-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Nívea Vélez propuso detener el cobro y embargo de supuestas deudas atribuidas a exservidores públicos de Loja, mientras Edwin Vaca pidió priorizar proyectos relacionados con la hora pedagógica, la jubilación docente y otras reformas educativas; las propuestas obtuvieron cuarenta y cinco y cincuenta votos afirmativos, respectivamente. Posteriormente se condecoró al pintor Jorge Perugachy por su trayectoria artística, educativa y su aporte a la cultura andina y ecuatoriana. También se debatió y aprobó una resolución sobre la Franja de Gaza, mediante la cual se condenó el uso de la fuerza y los ataques contra civiles, se respaldó el alto al fuego, se exigió la apertura de los pasos fronterizos y se defendió una solución basada en la existencia de los Estados de Israel y Palestina; tras varias observaciones para equilibrar y corregir el texto, fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, dieciséis negativos y seis abstenciones. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y cinco votos, el Convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades y trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, destinado a evitar la discriminación laboral y facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar; la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del convenio de servicios aéreos entre Ecuador y Singapur. Intervinieron Nívea Vélez, Edwin Vaca, Celso Maldonado, Jorge Perugachy, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Luis Almeida, Gabriel Rivera, César Rodríguez, María Paula Romo, César Montúfar, Betty Carrillo, Luis Morales y Silvia Salgado.

ACTA_217-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el segundo debate de la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, centrado en fortalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes y corregir problemas relacionados con las pensiones alimenticias, el régimen de visitas, la filiación y la responsabilidad familiar. Se propuso que las visitas fueran determinadas según las condiciones particulares de cada familia, mediante evaluaciones sociales y psicológicas, escuchando la opinión de los menores y estableciendo visitas supervisadas cuando existieran antecedentes de violencia; además, se pidió mejorar la coordinación para cobrar alimentos a progenitores residentes en el exterior. El debate también abordó la protección de los abuelos y otros obligados subsidiarios, existiendo posiciones divididas entre quienes solicitaron eliminar su apremio personal —especialmente para mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas o escasos recursos— y quienes advirtieron que una eliminación general podía debilitar la protección alimentaria, por lo que propusieron estudios socioeconómicos individuales. Asimismo, se discutió la posibilidad de mantener las pensiones para estudiantes hasta los veinticuatro años, la aplicación de las tablas según la realidad económica familiar, la devolución de valores pagados por personas cuya paternidad fuera descartada mediante ADN, la realización de pruebas prenatales, las inhabilidades impuestas a los deudores y la necesidad de armonizar las reformas con el Código Civil y las competencias de los jueces de Familia. Concluidas las intervenciones, no se realizó votación y el proyecto regresó a la Comisión para que se reelaborara un texto consensuado. Posteriormente se aprobó, con setenta y cinco votos afirmativos y ocho abstenciones, una resolución para que la Unidad de Técnica Legislativa elaborara la codificación de la Ley de Hidrocarburos y la remitiera a la Comisión de Régimen Económico y Tributario; la sesión fue suspendida debido a que la reforma sobre niñez y adolescencia permanecía pendiente. Intervinieron Soledad Vela, Fernando Vélez, Gabriel Rivera, Galo Vaca, Fernando Bustamante, Luis Almeida, Dora Aguirre, Paco Moncayo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Rosana Alvarado, Paola Pabón, Enriqueta Pulla, Damasio Santos, Francisco Velasco, Blanca Ortiz, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich y Armando Aguilar.

ACTA_015-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, centrado en la transformación del sistema universitario, la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las instituciones, el alcance de la regulación estatal, la conformación y atribuciones del Consejo de Educación Superior, el financiamiento público, la gratuidad, el cogobierno, la participación estudiantil, la libertad de cátedra, los derechos laborales de docentes, empleados y trabajadores, la equidad de género, la inclusión intercultural y el fortalecimiento de la investigación científica. Durante el debate se expresaron posiciones a favor de una reforma orientada a mejorar la calidad, la acreditación, la rendición de cuentas, la planificación nacional y la superación de las deficiencias identificadas en varias universidades; mientras otros legisladores cuestionaron una posible injerencia excesiva de la Función Ejecutiva, la creación de instancias adicionales de control, las restricciones al principio de autonomía y los efectos que podrían producirse sobre las universidades y estudiantes afectados por el informe del CONEA. También se discutió la necesidad de garantizar recursos para investigación, becas, posgrados, gratuidad integral, jubilación complementaria y estabilidad del personal universitario; ampliar la representación de estudiantes, mujeres, pueblos y nacionalidades; crear o fortalecer universidades públicas en provincias y regiones con menor acceso a educación superior, especialmente en la Amazonía, Galápagos, Cañar, Carchi y otras zonas del país; y proteger a los estudiantes de instituciones que eventualmente fueran intervenidas, suspendidas o excluidas del sistema. Intervinieron Salomón Fadul, Juan Fernández, Gastón Gagliardo, Magali Orellana, Betty Amores, Tito Nilton Mendoza, Fernando Bustamante, María Molina, Aminta Buenaño, Paco Fierro, Xavier Tomalá, Marco Murillo, Vethowen Chica, Alfredo Ortiz, Rosana Alvarado, Luis Almeida, Gina Godoy, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, María Alejandra Vicuña, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Ángel Vilema, Juan Carlos López, Zobeida Gudiño, Andrés Páez, Hólger Chávez, José Manuel Portugal, Vanessa Fajardo, Guillermina Cruz, Eduardo Sánchez, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre, Kléver García, Armando Aguilar, César Montúfar, Paola Pabón, Fernando Aguirre, Xavier López, Alex Remache, Wladimir Vargas, Fernando Cordero, Francisco Cisneros y Virgilio Hernández. Finalmente, Fernando Cordero dispuso que las observaciones sean remitidas por escrito para el análisis correspondiente y clausuró la sesión sin que se adoptara una resolución definitiva sobre el proyecto.

ACTA_016-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, centrado en la transformación del sistema universitario, la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las instituciones, el alcance de la regulación estatal, la conformación y atribuciones del Consejo de Educación Superior, el financiamiento público, la gratuidad, el cogobierno, la participación estudiantil, la libertad de cátedra, los derechos laborales de docentes, empleados y trabajadores, la equidad de género, la inclusión intercultural y el fortalecimiento de la investigación científica. Durante el debate se expresaron posiciones a favor de una reforma orientada a mejorar la calidad, la acreditación, la rendición de cuentas, la planificación nacional y la superación de las deficiencias identificadas en varias universidades; mientras otros legisladores cuestionaron una posible injerencia excesiva de la Función Ejecutiva, la creación de instancias adicionales de control, las restricciones al principio de autonomía y los efectos que podrían producirse sobre las universidades y estudiantes afectados por el informe del CONEA. También se discutió la necesidad de garantizar recursos para investigación, becas, posgrados, gratuidad integral, jubilación complementaria y estabilidad del personal universitario; ampliar la representación de estudiantes, mujeres, pueblos y nacionalidades; crear o fortalecer universidades públicas en provincias y regiones con menor acceso a educación superior, especialmente en la Amazonía, Galápagos, Cañar, Carchi y otras zonas del país; y proteger a los estudiantes de instituciones que eventualmente fueran intervenidas, suspendidas o excluidas del sistema. Intervinieron Salomón Fadul, Juan Fernández, Gastón Gagliardo, Magali Orellana, Betty Amores, Tito Nilton Mendoza, Fernando Bustamante, María Molina, Aminta Buenaño, Paco Fierro, Xavier Tomalá, Marco Murillo, Vethowen Chica, Alfredo Ortiz, Rosana Alvarado, Luis Almeida, Gina Godoy, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, María Alejandra Vicuña, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Ángel Vilema, Juan Carlos López, Zobeida Gudiño, Andrés Páez, Hólger Chávez, José Manuel Portugal, Vanessa Fajardo, Guillermina Cruz, Eduardo Sánchez, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre, Kléver García, Armando Aguilar, César Montúfar, Paola Pabón, Fernando Aguirre, Xavier López, Alex Remache, Wladimir Vargas, Fernando Cordero, Francisco Cisneros y Virgilio Hernández. Finalmente, Fernando Cordero dispuso que las observaciones sean remitidas por escrito para el análisis correspondiente y clausuró la sesión sin que se adoptara una resolución definitiva sobre el proyecto.

ACTA_010-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las solicitudes de Richard Guillén para incorporar de forma permanente la fiscalización de presuntos actos de corrupción en el orden del día, y de Línder Altafuya para tratar una resolución que condenaba la represión y exhortaba al diálogo nacional tras los hechos ocurridos en Morona Santiago; ambas propuestas no alcanzaron los votos necesarios. Posteriormente, se aprobó por unanimidad el Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Chile, luego de las intervenciones de Fernando Bustamante, Wladimir Vargas, Linda Machuca y Rocío Valarezo, quienes destacaron que el instrumento buscaba fortalecer la integración bilateral, facilitar el comercio, promover inversiones, mejorar la cooperación aduanera y ampliar las oportunidades económicas y sociales entre ambos países. Asimismo, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, presentado por Luis Morales, que proponía regular los mecanismos de democracia directa, las organizaciones sociales, la participación en los distintos niveles de gobierno, las veedurías, los presupuestos participativos, la rendición de cuentas, el control social y el acceso a la información pública. Durante el debate, Scheznarda Fernández, Betty Amores, Juan Carlos López, César Montúfar, Virgilio Hernández, Leandro Cadena, Gina Godoy, Gerónimo Yantalema, Aminta Buenaño, Cynthia Viteri, María Soledad Vela, Nivea Vélez, César Rodríguez, Magali Orellana, Vanessa Fajardo, Guillermina Cruz, Marco Murillo, Mercedes Diminich, Hólger Chávez, Gido Vargas, Jorge Escala, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Consuelo Flores, César Gracia, María Augusta Calle, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Susana González, Fernando Bustamante, Édgar Jácome, Zobeida Gudiño, Dennis Cevallos, Andrés Páez, Cléver Jiménez, Mao Moreno y Rodolfo Baquerizo formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones sociales, la inclusión de pueblos y nacionalidades, la paridad de género, la participación de ecuatorianos residentes en el exterior, la rendición de cuentas permanente, la consulta previa y ambiental, y el alcance de los mecanismos de control ciudadano. El principal desacuerdo se centró en la “silla vacía”, pues Luis Morales, Leandro Cadena y Juan Carlos López defendieron que su ocupante intervenga con voz pero sin voto, mientras Betty Amores, Gina Godoy, Aminta Buenaño, María Soledad Vela, Nivea Vélez, César Rodríguez y otros legisladores sostuvieron que debía participar también en la toma de decisiones mediante voto; finalmente, Fernando Cordero Cueva cerró el debate y dispuso que las observaciones fueran remitidas a la Comisión para continuar con la elaboración del informe para segundo debate.

ACTA_024-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, en el que Rodolfo Baquerizo, Lenín Chica, Gioconda Saltos, Tito Nilton Mendoza y Cléver Jiménez cuestionaron que la Asamblea pueda otorgar inmunidad a integrantes de una comisión, advirtiendo que ello podría dejar en indefensión a las personas mencionadas en sus informes; mientras Paco Moncayo defendió la necesidad de proteger las investigaciones para conocer la verdad y evitar la repetición de hechos de violencia, y Eduardo Encalada sostuvo que el informe debía profundizar en las implicaciones geopolíticas, sociales y de soberanía vinculadas con el conflicto fronterizo. Al concluir este punto, se cerró el debate y se dispuso la presentación de observaciones por escrito, sin aprobarse una decisión definitiva. Posteriormente, se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, presentadas por Mauro Andino, que planteaban restituir como delitos de acción pública conductas como la estafa, el hurto y otras infracciones que habían pasado a acción privada; reducir la cuantía para diferenciar contravenciones y delitos; sancionar la comercialización, ocultamiento y transporte de bienes robados; limitar la sustitución de la prisión preventiva en casos graves o de reincidencia; fortalecer el control sobre jueces, fiscales y audiencias; y eliminar la apelación al auto de llamamiento a juicio. Cynthia Viteri, Andrés Páez, Luis Almeida, María Cristina Kronfle y Gilmar Gutiérrez cuestionaron que las reformas fueran insuficientes frente a la inseguridad, solicitaron medidas más estrictas para evitar la liberación de personas procesadas y advirtieron inconsistencias en algunos artículos; mientras María Paula Romo, Juan Carlos Cassinelli, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Gracia, Hólger Chávez, Lídice Larrea, Marisol Peñafiel y Fernando Bustamante señalaron que la delincuencia no se resuelve únicamente con reformas penales, sino también mediante mejoras en la administración de justicia, la prevención, el empleo, la rehabilitación y el control de fiscales y jueces. También intervinieron César Rodríguez, Abdalá Bucaram, Línder Altafuya, Rafael Dávila, Paco Fierro, Galo Vaca, Edwin Vaca, Luis Morales, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Enrique Herrería, Rodolfo Baquerizo y Juan Carlos López, quienes formularon observaciones sobre proporcionalidad de penas, delitos ambientales, lavado de activos, corrupción, garantías del debido proceso y la necesidad de una reforma penal integral. Finalmente, se aprobó la moción de Xavier Tomalá para que las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sean elaboradas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y las reformas al Régimen Legal de Seguros por la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control; Alfredo Ortiz, Silvia Salgado, Galo Lara, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Jorge Escala y Nivea Vélez intervinieron sobre el trámite y la asignación de estas materias, mientras Cléver Jiménez cuestionó la votación, aclarándose que la resolución fue aprobada por mayoría simple de los asambleístas presentes.

ACTA_031-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el que se discutieron la relación entre autonomía y unidad del Estado, la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, la rectoría estatal, la planificación territorial, la participación ciudadana, el control social, la asistencia técnica y el financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Gioconda Saltos, Vicente Taiano, Juan Carlos López, Andrés Roche y Consuelo Flores expresaron preocupaciones sobre posibles limitaciones a la autonomía local, la claridad de la fórmula de asignación de recursos, la regionalización, la intervención de entidades nacionales en competencias locales y las disposiciones de expropiación para vivienda de interés social; mientras Mao Moreno, Damasio Santos, Marisol Peñafiel, Gido Vargas, Fernando Bustamante, Hólger Chávez, Zobeida Gudiño, Vethowen Chica y Virgilio Hernández defendieron el Código como un instrumento para superar inequidades históricas, fortalecer a juntas parroquiales, municipios y provincias, mejorar la descentralización y establecer una distribución más justa de recursos. También se debatió la vigencia y alcance de los fondos especiales para Loja, la Amazonía y las provincias vinculadas a proyectos hidroeléctricos, así como la posible inclusión de Chimborazo en la distribución de recursos de la Ley Cero Cuarenta y Siete; en este punto intervinieron Gioconda Saltos, Fernando González, Juan Carlos López, Raúl Abad, Fernando Cordero, Gido Vargas, Zobeida Gudiño y Vethowen Chica. Vanessa Fajardo solicitó considerar a Santa Elena en la distribución de beneficios derivados de la actividad petrolera; Dora Aguirre propuso salvaguardias para los bienes inmuebles de personas migrantes; Rolando Panchana planteó precisiones sobre biodiversidad, pesca, acuacultura y política ambiental; y Rodolfo Baquerizo insistió en que la población también debía ser considerada en los criterios de equidad territorial. Al cerrar el debate, Virgilio Hernández informó que la Comisión había recibido más de setenta observaciones por escrito y se comprometió a sistematizarlas antes de continuar el trámite, por lo que no se aprobó todavía el Código. Posteriormente, se aprobó el acuerdo propuesto por Henry Cuji, con observaciones de Pedro de la Cruz, para rendir homenaje a la mujer ecuatoriana e instituir el natalicio de Tránsito Amaguaña como Día de la Plurinacionalidad y la Interculturalidad, destacando su legado en la lucha por los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Nívea Vélez, María Paula Romo e Irina Cabezas para reconocer el aporte de las mujeres ecuatorianas y exhortar a las instituciones públicas a garantizar la representación paritaria de mujeres y hombres en los espacios de decisión y dirección.

ACTA_038-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la resolución para exhortar al Ejecutivo a declarar la emergencia en el cantón Celica, debido al hundimiento progresivo de la ciudad y al riesgo para su población, propuesta y sustentada por Nívea Vélez; en cambio, se negaron las solicitudes de Jorge Escala para tratar la continuidad del enjuiciamiento político al fiscal Washington Pesántez y de Salomón Fadúl sobre la situación de los presos de conciencia en Cuba. Posteriormente, la Asamblea se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reforma penal sobre delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, acogiendo ajustes sobre atenuantes, responsabilidades del Estado, obediencia debida, delitos de función, protección de personas en conflictos armados, jurisdicción y procedimientos disciplinarios; María Paula Romo presentó la recomendación de la Comisión y Luis Morales solicitó la rectificación de la votación. También se concedió amnistía general por delitos políticos a Drino Nieto, Roosevelt Collins, Hortensia Obando, Miguel Revelo, Pedro Panchana, Samuel Vera y demás personas vinculadas con la toma del Municipio de Salinas ocurrida en 2005, disponiéndose el archivo de los procesos e indagaciones; intervinieron Henry Cuji, Luis Almeida, Rolando Panchana, Xavier Tomalá, Washington Quiñónez y Jimmy Pinoargote, quienes defendieron que se trató de una protesta política y solicitaron restituir la tranquilidad a las familias afectadas. Asimismo, se realizó el primer debate de la Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, destinada a eliminar normas obsoletas, caducas o ya cumplidas del ordenamiento jurídico; Andrés Páez y María Paula Romo explicaron que el tratamiento se dividiría en varios proyectos para revisar con mayor detalle cada grupo de disposiciones. Se aprobó además la resolución impulsada por Nívea Vélez para pedir la declaratoria de emergencia en Celica y la asignación de recursos para mitigar los riesgos geológicos. Finalmente, se aprobaron dos resoluciones internacionales: una presentada por Linda Machuca, respaldada por Fausto Cobo, Francisco Hagó, Luis Almeida, Virgilio Hernández, Dora Aguirre y Luis Morales, que rechazó la Ley SB-1070 de Arizona por considerar que promovía persecución, xenofobia y discriminación contra las personas migrantes, y solicitó una reforma migratoria integral en Estados Unidos; y otra propuesta por Fernando Bustamante, enriquecida con observaciones de Paco Moncayo y otros legisladores, que rechazó las declaraciones de Juan Manuel Santos y Noemí Sanín por considerar que atentaban contra la soberanía, la integridad territorial, el derecho internacional y la paz regional.

ACTA_024-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Jorge Escala para incorporar una resolución que cuestionaba la terminación de la concesión de Radio Arútam, y de Enrique Herrería y Abdalá Bucaram para archivar los proyectos de protección e inmunidad; además, Scheznarda Fernández aceptó postergar para una próxima convocatoria su pedido de declarar el estado de excepción en Manabí ante el incremento de la delincuencia. Posteriormente, se realizó el primer debate de la propuesta destinada a otorgar protección e inmunidad a quienes participaron en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, con el fin de impedir represalias civiles o penales derivadas de sus actuaciones investigativas y garantizar el derecho a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición; Marisol Peñafiel, Juan Carlos Cassinelli, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Betty Amores, Silvia Salgado, Francisco Ulloa, Francisco Velasco y Fernando Bustamante defendieron la medida, señalando que la investigación no sustituía a la justicia y que sus resultados debían ser evaluados posteriormente por las autoridades competentes, mientras Luis Almeida, Rodolfo Baquerizo, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Cristina Kronfle, Alfredo Ortiz, Kléver García, Fernando Aguirre y Abdalá Bucaram cuestionaron la falta de una habilitación expresa para conceder inmunidad, su posible alcance indefinido, la ausencia del informe final y el riesgo de que se convierta en un mecanismo de impunidad o persecución política. También intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez y Luis Morales, cuya moción para archivar el proyecto fue negada. Finalmente, se inició el debate sobre la protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos relacionados con Angostura, planteándose que esta se limite a actuaciones civiles y penales vinculadas exclusivamente con la investigación y la obtención de información determinante para el informe; Washington Cruz, María Augusta Calle, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, Nivea Vélez, Mao Moreno, Juan Fernández, César Montúfar, Dora Aguirre, Gido Vargas, Armando Aguilar, Francisco Ulloa y Zobeida Gudiño debatieron sobre la necesidad de proteger a los integrantes de la investigación frente a posibles represalias, el derecho de las personas mencionadas en el informe a ejercer su defensa, la transparencia de las conclusiones y la constitucionalidad de la inmunidad. Al concluir, se suspendió el tratamiento de ambos proyectos sin adoptar una resolución definitiva.

ACTA_032-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Víctor Quirola para incorporar una resolución de rechazo a la inclusión del Ecuador en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional, relacionada con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de ley orientado a derogar una norma de la Ley de Migración que imponía multas a personas extranjeras en situación irregular y a establecer medidas de exoneración económico-tributaria para ciudadanas y ciudadanos haitianos que hubieran ingresado al Ecuador hasta el 31 de enero de 2010, en atención a la emergencia humanitaria causada por el terremoto en Haití. Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Mauro Andino y Vicente Taiano defendieron la derogatoria por considerar que la disposición contravenía principios constitucionales de igualdad, movilidad humana, ciudadanía universal, debido proceso y prohibición de doble sanción, además de dificultar la regularización migratoria y generar situaciones de vulnerabilidad; también resaltaron la necesidad de exonerar multas, reembolsar pagos realizados y garantizar la reunificación familiar de las personas haitianas. Por su parte, Wladimir Vargas, Edwin Vaca, Fausto Cobo, Sonia Mejía, Hugo Quevedo, Tomás Zevallos y Fernando Aguirre cuestionaron que el trámite se calificara como urgente en materia económica y advirtieron que la derogatoria podía beneficiar a personas extranjeras de todas las nacionalidades, afectar los controles migratorios, incrementar la presión sobre el empleo y dejar sin sanción determinadas infracciones, por lo que propusieron limitar los beneficios exclusivamente a ciudadanos haitianos y, en algunos casos, también a ciudadanos chilenos afectados por el terremoto. María Augusta Calle cuestionó los argumentos que relacionaban la migración con inseguridad y desempleo, alertó sobre casos de xenofobia y explotación contra personas en situación irregular, y propuso votar separadamente cada disposición, moción que fue aprobada. Finalmente, se aprobó la derogatoria de la disposición migratoria, así como las medidas para exonerar multas y otros pagos pendientes de ciudadanos haitianos, reembolsar los valores ya cancelados por visas y sanciones, y reconocer su derecho a la reunificación familiar con cónyuges, parejas, hijos menores de edad y determinados parientes huérfanos; la reconsideración planteada por Gabriel Rivera fue negada.

ACTA_018-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se analizaron la proforma presupuestaria correspondiente a los años 2009 y 2010, así como la programación presupuestaria cuatrianual 2010-2013, con un amplio debate sobre los supuestos de crecimiento económico, el precio previsto del petróleo, los ingresos tributarios, el déficit fiscal, el endeudamiento y la prioridad del gasto público. Francisco Velasco presentó el informe y sostuvo que el presupuesto debía orientarse al bienestar social, fortalecer la recaudación progresiva, reducir la carga de la deuda e incorporar mecanismos de seguimiento y control legislativo; Christian Viteri, Betty Amores, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, José Picoita, Armando Aguilar, Juan Carlos López, Enrique Herrería y Fernando Cordero defendieron la necesidad de tramitar las proformas dentro del plazo previsto, formular observaciones sectoriales y priorizar la inversión social, la descentralización, el fortalecimiento de la justicia y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, Sylvia Kon, Gilmar Gutiérrez, Rodolfo Baquerizo, Edwin Vaca, Andrés Roche, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Galo Vaca, Patricio Quevedo, Alfredo Ortiz, Luis Almeida, Luis Morales, Fernando Aguirre, Vicente Taiano y Nivea Vélez cuestionaron la suficiencia y realismo de las proyecciones macroeconómicas, el financiamiento del déficit, la incorporación de ingresos derivados de reformas tributarias aún no aprobadas, el incremento de recursos para la Presidencia, la falta de claridad en las transferencias a municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, así como el incumplimiento de las metas de inversión en educación, salud, vivienda, producción, artesanía, universidades y justicia. Gerónimo Yantalema propuso una distribución más equitativa de los recursos entre provincias y una mayor inversión en sectores agropecuarios, ambientales, comunitarios y de participación ciudadana; mientras Andrés Páez y Betty Amores insistieron en incrementar los recursos para la Función Judicial. Finalmente, luego de recesos y conversaciones entre las bancadas, se informó que existía un acuerdo de fondo, pero persistían aspectos de forma para la votación, por lo que se suspendió la sesión para continuar las negociaciones y procurar una decisión consensuada sobre el Presupuesto General del Estado.

ACTA_030-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para tratar una resolución de solidaridad con Chile tras el terremoto y una resolución sobre los descuentos de transporte para residentes de Galápagos; en cambio, se negaron las propuestas de Gilmar Gutiérrez para suspender y auditar el proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de Víctor Quirola para debatir una resolución frente a la inclusión del Ecuador en una lista internacional relacionada con prevención de lavado de activos. Posteriormente, se realizó el primer debate de la propuesta orientada a regularizar la situación migratoria de las ciudadanas y ciudadanos haitianos en el Ecuador, exonerarlos de multas y facilitar la reunificación familiar a raíz del terremoto ocurrido en Haití. Gabriel Rivera, Linda Machuca, Francisco Ulloa, Eduardo Zambrano y Fernando Bustamante defendieron el carácter humanitario de la medida, la ciudadanía universal, la protección de derechos y la necesidad de eliminar sanciones que afectaban principalmente a personas en condición de vulnerabilidad; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo, Luis Almeida, Leandro Cadena, Vicente Taiano, Gastón Gagliardo, Cléver Jiménez, Fernando Aguirre, Silvia Kon, Luis Morales, Henry Cuji, Grace Almeida, Gioconda Saltos y Armando Aguilar cuestionaron la denominación de amnistía, la calificación de urgencia económica, la derogatoria general de la norma migratoria y sus posibles efectos sobre personas de otras nacionalidades, proponiendo que la ayuda se limite a una exoneración específica para ciudadanos haitianos. Patricio Rodríguez planteó ajustes de redacción, la sustitución de expresiones por acción afirmativa y la necesidad de elaborar una normativa integral sobre movilidad humana. El debate quedó abierto para que la Comisión incorpore las observaciones y prepare el informe para segundo debate. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución propuesta por Fernando Bustamante, mediante la cual se expresó solidaridad, condolencia y apoyo humanitario al pueblo de Chile. Finalmente, se aprobó la resolución promovida por Alfredo Ortiz para exigir el cumplimiento del beneficio de descuento en el transporte aéreo y marítimo para residentes permanentes y temporales de Galápagos, cuestionando las restricciones establecidas mediante decreto; en este punto intervinieron Ángel Vilema, Geovany Veintimilla y María Augusta Calle.

ACTA_067-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento la propuesta de Lourdes Tibán destinada a promover, mediante medios públicos, privados y comunitarios, la autoidentificación étnica de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias en el censo nacional, aunque el proyecto de resolución quedó pendiente. Se archivó el proyecto de ley para legalizar terrenos en el cantón Playas, al determinarse que, tras la vigencia del COOTAD, la regularización de asentamientos, expropiación y adjudicación de predios corresponde a los gobiernos municipales; Marllely Vásconez defendió el informe y Juan Carlos Cassinelli, proponente de la iniciativa, respaldó el archivo. El principal tema fue la aprobación unánime de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, que estableció incrementos retroactivos desde enero de 2010, entre cuarenta y sesenta dólares según el rango de pensión, mecanismos automáticos de revalorización anual mediante coeficientes porcentuales, mejoras para las pensiones de montepío, reconocimiento de beneficios de viudedad para hombres, ampliación de la atención médica de hijas e hijos de afiliados hasta los dieciocho años y una tabla diferenciada para Galápagos. Nívea Vélez, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Kléver García, Luis Morales, Andrés Páez, Armando Aguilar, Dora Aguirre, Alfredo Ortiz, Tito Nilton Mendoza y Fernando Aguirre intervinieron en el debate sobre el financiamiento, la sostenibilidad del Fondo de Pensiones, el carácter retroactivo y la necesidad de evitar que los incrementos dependan únicamente de la inflación; además, Carmina Molina de Cantos, Teresa Villavicencio, José Hoyos, Edison Lima, Abdón Logroño y Gabriel Riera, en representación de los jubilados, solicitaron una pensión digna y respaldaron el acuerdo alcanzado. También se conoció en primer debate la reforma a las leyes de legalización de tierras de Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Huaquillas, orientada a precisar los requisitos de posesión, los efectos de procesos judiciales, la regularización de predios y el levantamiento de restricciones patrimoniales, quedando el análisis pendiente. Finalmente, se intentó reconsiderar el informe sobre la denuncia del convenio de protección de inversiones entre Ecuador y China, pero Cynthia Viteri cuestionó que no podía reconsiderarse una decisión que no había sido resuelta previamente; tras el retiro de la rectificación solicitada por Alfredo Ortiz y la moción de Fernando Bustamante para votar el informe, el asunto quedó pendiente de análisis jurídico y de una decisión posterior.

ACTA_043-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Gilmar Gutiérrez para incorporar una resolución de amonestación a Fernando Cordero por actuaciones relacionadas con la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas; además, se guardó un minuto de silencio en homenaje a Jéssica Núquez, esposa del asambleísta Carlos Zambrano. Posteriormente, se aprobó el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, presentado por Fernando Bustamante como una herramienta de integración regional, financiamiento del desarrollo, recuperación del ahorro suramericano y toma de decisiones bajo el principio de un país, un voto; Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Francisco Ulloa, Vethowen Chica, Linda Machuca, Marco Murillo, María Augusta Calle, Eduardo Zambrano y Silvia Salgado respaldaron la iniciativa, mientras Paco Fierro, Rafael Dávila y Marco Murillo plantearon observaciones sobre el capital, las condiciones de financiamiento, la transparencia, el alcance de las inmunidades y la necesidad de reglas claras para evitar nuevas dependencias. Asimismo, se aprobó el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE, concebido como una unidad electrónica de cuenta entre bancos centrales para facilitar el comercio regional, reducir costos de transacción y minimizar el uso de divisas; Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Rocío Valarezo, Linda Machuca, Luis Almeida, Nívea Vélez, Juan Carlos López y María Augusta Calle defendieron sus beneficios para exportadores, pequeñas y medianas empresas y la integración económica, mientras Wladimir Vargas, Salomón Fadúl, Fernando Aguirre y Rafael Dávila expresaron inquietudes sobre su vinculación con el ALBA, sus efectos sobre la dolarización, la solidez económica de los países participantes y sus riesgos financieros. También se aprobó la resolución impulsada por Rolando Panchana y enriquecida con aportes de Fausto Cobo, Andrés Roche y Silvia Salgado, mediante la cual se reafirmó el compromiso estatal y legislativo con la protección integral, el interés superior y los derechos de niñas y niños. Finalmente, se debatió la propuesta de Gioconda Saltos para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Tungurahua y Chimborazo ante la actividad eruptiva del volcán Tungurahua y las afectaciones a la producción agrícola, ganadera y avícola; intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez, Kléver García, Juan Carlos López, Marco Murillo y Luis Almeida, pero la sesión fue suspendida antes de que la resolución fuera sometida a votación.

ACTA_055-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje póstumo al asambleísta Humberto Alvarado Prado y, posteriormente, se trató la denuncia del Tratado de Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital suscrito entre Ecuador y Alemania. Fernando Bustamante, Eduardo Zambrano, Línder Altafuya, Linda Machuca y Vethowen Chica respaldaron la denuncia al sostener que las cláusulas de arbitraje internacional vulneraban la soberanía y el artículo 422 de la Constitución, que el tratado respondía a un modelo desigual de protección al capital extranjero y que debía reemplazarse por un marco nacional que otorgue reglas claras para la inversión; mientras Luis Almeida, Paco Moncayo, Edwin Vaca, Wladimir Vargas, Hugo Quevedo y María Paula Romo expresaron reparos o solicitaron una reflexión más profunda, señalando riesgos para la seguridad jurídica, la inversión, el empleo y las relaciones comerciales, y planteando la renegociación de las disposiciones incompatibles antes de una denuncia total. También se retomó la propuesta de Wladimir Vargas para devolver al Ejecutivo el convenio con el Reino Unido y recomendar la renegociación de sus artículos 8 y 9, la cual fue negada tras su rectificación; luego se aprobó la denuncia del convenio con el Reino Unido con sesenta y cinco votos afirmativos y la denuncia del tratado con Alemania con sesenta y seis votos afirmativos. Finalmente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público; María Paula Romo explicó que la propuesta inicial permitía concentrar en una entidad adscrita al Ejecutivo la administración de bienes de diversas instituciones autónomas, incluidos el IESS, ISSFA, ISSPOL, universidades y gobiernos autónomos descentralizados, por lo que la Comisión recomendó su archivo para elaborar una normativa integral que garantice transparencia, acceso público a la información y respeto a la autonomía institucional. Luis Almeida apoyó el informe y cuestionó la concentración de atribuciones prevista en el proyecto; posteriormente, el Pleno aprobó por unanimidad el archivo de la iniciativa.

ACTA_095-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó al orden del día una resolución de solidaridad con el pueblo japonés por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, mientras la propuesta de reconocimiento a las autoridades nacionales por la respuesta ante la alerta se integró al texto principal y la solicitud de José Picoita para exhortar la declaratoria de estado de excepción por sequía en cantones fronterizos de Loja quedó suspendida para una sesión posterior; además, la entrega de acuerdo y condecoración a la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-20 fue diferida para la siguiente sesión. El eje principal fue el tratamiento de las denuncias de los tratados bilaterales de inversión con Suecia y Francia: Linda Machuca, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Fernando Bustamante y otros legisladores defendieron las denuncias por considerar que los convenios sometían al Ecuador a arbitrajes internacionales, especialmente vinculados al CIADI, en contradicción con el nuevo marco constitucional, y que la protección de inversiones debía regirse por la Constitución, el Código de la Producción y eventuales mecanismos regionales como UNASUR; en sentido contrario, Paco Moncayo, Fernando Aguirre, Wladimir Vargas y otros asambleístas advirtieron riesgos para la seguridad jurídica, la confianza internacional, la atracción de inversiones y la imagen del país, planteando la conveniencia de renegociar o enmendar antes que denunciar integralmente los instrumentos. La denuncia del Acuerdo con Suecia fue aprobada tras rectificación con sesenta y un votos afirmativos, treinta y siete negativos, dos blancos y cinco abstenciones, y su reconsideración fue negada; la denuncia del Convenio con Francia fue aprobada tras rectificación con sesenta y cuatro votos afirmativos, treinta y tres negativos, dos blancos y ocho abstenciones, y también fue negada su reconsideración. Posteriormente, se aprobó la resolución sobre los extrabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presentada por Nívea Vélez y ajustada con observaciones de Dora Aguirre, para exhortar al Consejo Directivo del IESS a adoptar medidas administrativas, económicas y financieras destinadas a reparar derechos laborales que pudieron ser vulnerados por el cambio de régimen y la supresión de puestos derivados de las resoluciones 879 y 880 de 1996; asimismo, se pidió cumplir el criterio vinculante de la Procuraduría sobre el Segundo Contrato Colectivo de 1994 y encargar al Ministerio de Relaciones Laborales la vigilancia del procedimiento de reparación, resolución que fue aprobada tras rectificación con noventa y un votos afirmativos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con noventa y siete votos afirmativos, la resolución de pesar y solidaridad con el Gobierno y pueblo del Japón, llamando al Gobierno Nacional y a la ciudadanía a sumarse a los esfuerzos internacionales de ayuda y reconstrucción; durante este debate, Alfredo Ortiz, Xavier Tomalá, César Gracia, Luis Almeida y Luis Morales solicitaron que en una resolución posterior también se atienda a las familias y sectores productivos de la Costa y Galápagos afectados por la alerta de tsunami. La reconsideración solicitada por Silvia Salgado respecto de la resolución que exigía a la Contraloría publicar las declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas y servidores públicos fue negada con tres votos afirmativos, ochenta y nueve negativos y seis blancos, quedando firme la resolución aprobada en la sesión anterior.

ACTA_101-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Henry Cuji para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las provincias amazónicas afectadas por el aislamiento, la falta de servicios básicos y la destrucción de vías, y de María Vicuña para respaldar la decisión gubernamental de declarar persona no grata a la embajadora de Estados Unidos, por considerar que existió injerencia en asuntos internos del país. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Control y Regulación del Tabaco y sus Efectos Nocivos, orientado a proteger el derecho a la salud, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo; se analizaron la declaración de espacios públicos y privados completamente libres de humo, la prohibición de fumar en centros educativos, establecimientos sanitarios, lugares de trabajo, transporte público y escenarios deportivos, así como las restricciones a la venta a menores, de cigarrillos sueltos y de paquetes pequeños. También se debatieron la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, el uso de advertencias sanitarias y pictogramas en los empaques, las campañas educativas, el tratamiento de las adicciones, el control del contrabando, las sanciones, la responsabilidad de las autoridades y los posibles efectos económicos y laborales sobre productores, comerciantes y trabajadores de la industria tabacalera. Intervinieron Carlos Velasco, Fernando Vélez, Rocío Valarezo, Celso Maldonado, Andrés Páez, Fernando Bustamante, Rafael Dávila, Luis Almeida, Leonardo Viteri, Linda Machuca, Fausto Cobo, Betty Carrillo, César Montúfar, Víctor Quirola, Alfredo Ortiz y María Vicuña. La sesión fue suspendida para continuar el tratamiento de los asuntos pendientes

ACTA_103-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar exhortos destinados a establecer academias de música y artes para comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, expresar solidaridad con la provincia de Imbabura por las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y tratar la declaratoria de Riobamba como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica. Posteriormente, se debatió una resolución relacionada con las declaraciones de la exembajadora estadounidense Heather Hodges y los cables diplomáticos que atribuían al Presidente conocimiento de presuntos actos de corrupción en la Policía Nacional. Quienes apoyaron la resolución defendieron la soberanía, la dignidad nacional y la facultad del Estado para declarar persona no grata a una representante diplomática; otros cuestionaron que la medida afectara las relaciones internacionales, comerciales y laborales, advirtieron que podía utilizarse como una cortina de humo y solicitaron investigar las denuncias de corrupción contenidas en los cables. Finalmente, se aprobó manifestar el desacuerdo con las afirmaciones divulgadas, respaldar la decisión gubernamental de declarar persona no grata a Heather Hodges, rechazar cualquier injerencia o espionaje extranjero y solicitar a la Contraloría y a la Fiscalía investigar los presuntos hechos de corrupción señalados. Intervinieron Gioconda Saltos, Celso Maldonado, Marco Murillo, Fernando Bustamante, Línder Altafuya, Luis Almeida, Vicente Taiano, César Montúfar, Enrique Herrería, Alfredo Ortiz, Pedro de la Cruz, Cynthia Viteri, Betty Carrillo, Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, María Calle, Eduardo Paredes, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Nívea Vélez, Francisco Velasco, Leonardo Viteri, Cléver Jiménez y César Rodríguez. En comisión general, Juan Salazar y Romeo Rodríguez expusieron la importancia académica, social y económica de Riobamba y solicitaron respaldar su declaratoria como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica; la sesión fue suspendida sin resolver este punto ni los demás asuntos pendientes.

ACTA_140-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se rindió homenaje a la Fundación Vista para Todos por su labor social y humanitaria en favor de personas de escasos recursos, adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, destacándose sus servicios oftalmológicos, la entrega gratuita de lentes y sillas de ruedas y su cobertura nacional, por lo que recibió la condecoración al mérito social; posteriormente, continuó el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados por indemnizaciones ocasionadas por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, concesionarios, delegatarios y otras personas que ejercen potestades públicas. La discusión abordó la necesidad de proteger el patrimonio público y los recursos de los contribuyentes, evitar la impunidad, establecer un procedimiento rápido con derecho a la defensa y determinar judicialmente el dolo o la culpa grave; también se analizaron la competencia de los órganos contencioso-administrativos, las funciones de la Procuraduría y la Contraloría, el plazo de prescripción, la legitimación para presentar las demandas, el llamamiento en garantía, las medidas cautelares, el cálculo de intereses, la cuantificación de las indemnizaciones, la posibilidad de conciliación, los recursos de apelación y casación y la responsabilidad de funcionarios de cualquier jerarquía. Varios legisladores respaldaron la iniciativa como un mecanismo para recuperar valores pagados por casos de violaciones de derechos, errores administrativos, daños ambientales, incumplimientos contractuales y decisiones de organismos internacionales; otros cuestionaron su necesidad, posibles contradicciones con normas existentes, vacíos en la técnica jurídica, el riesgo de persecución política, la discrecionalidad de las autoridades, la posibilidad de sancionar dos veces por los mismos hechos y la falta de claridad sobre los actos de gobierno, el fuero de determinadas autoridades y la responsabilidad de superiores que hayan ejercido presión o coerción sobre funcionarios subordinados. También se debatió el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal por casos históricos de desapariciones, torturas y detenciones ilegales, y la necesidad de diferenciar los errores cometidos de buena fe de las conductas deliberadamente dañinas. Debido a la cantidad y complejidad de las observaciones, se suspendió la votación para que la comisión preparara y distribuyera un nuevo texto. Intervinieron Rocío Valarezo, Diego Benítez, Mauro Andino, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Andrés Páez, Rolando Panchana, María Paula Romo, Fausto Cobo, Luis Morales, Eduardo Encalada, Paco Moncayo, Stalin Subía, Andrés Roche y María Augusta Calle; Fernando Cordero dirigió la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_121-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ley Derogatoria No. 8 para la Depuración de la Normativa Legal, mediante el cual se eliminaron expresamente 150 normas obsoletas o ya cumplidas, entre decretos y acuerdos supremos, resoluciones legislativas y decretos leyes de emergencia, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica; tras la rectificación, el proyecto obtuvo noventa y un votos afirmativos, cinco blancos y diez abstenciones. Posteriormente, se debatió y aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos, destacándose que este instrumento puso fin a la denominada “guerra del banano”, redujo progresivamente los aranceles europeos y mejoró las condiciones de acceso del producto ecuatoriano, aunque también se plantearon inquietudes sobre la competitividad frente a Colombia y Perú, la protección de pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial y la necesidad de políticas complementarias para el sector; la rectificación registró ciento diez votos afirmativos. Finalmente, se discutió qué comisión debía analizar el informe anual de labores del Presidente de la República: las propuestas para remitirlo a las comisiones de Derechos Colectivos y de Soberanía no fueron aprobadas luego de sus respectivas rectificaciones, mientras que también se planteó encargarlo a Fiscalización, conformar una comisión multipartidista o distribuir el análisis entre todas las comisiones; al no existir una propuesta concreta y consensuada, la sesión fue suspendida. Intervinieron María Paula Romo, Rafael Dávila, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Víctor Quirola, Emilia Jaramillo, Nicolás Lapentti, Omar Juez, Línder Altafuya, Dora Aguirre, María Augusta Calle y Fernando Flores.

ACTA_145-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, en el que se reconoció la necesidad de sustituir una normativa antigua por un marco integral acorde con el carácter intercultural y plurinacional del Estado y con las diferentes realidades de las comunas rurales, urbanas, costeras, serranas y amazónicas. La discusión abordó la protección de las tierras comunitarias frente a invasiones, desalojos y ventas irregulares; la diferencia entre la propiedad colectiva de la comuna y la posesión ejercida por cada comunero; los requisitos para adquirir o perder la calidad de comunero; la distinción entre comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y recinto; la autonomía y jurisdicción de los gobiernos comunitarios; la participación de mujeres, jóvenes y demás integrantes en las decisiones; el reconocimiento de las actas comunales; la articulación con los gobiernos locales, la planificación territorial, la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria; y la necesidad de garantizar crédito, inversión pública, infraestructura, salud, educación y proyectos productivos. Varias intervenciones cuestionaron que las comunas pudieran transformarse o disolverse para constituir cooperativas de producción, al considerar que esta posibilidad podría facilitar la privatización, parcelación y pérdida del carácter inalienable, inembargable, imprescriptible e indivisible de sus tierras; también se denunciaron los intentos de desalojo en Montañita y otros conflictos territoriales, la discriminación contra determinados comuneros y las limitaciones de participación de las mujeres. Ante la cantidad de observaciones, se solicitó una amplia socialización y consulta prelegislativa con las comunidades, y el proyecto regresó a la comisión para elaborar una nueva normativa integral. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto sobre libertad e igualdad religiosa, orientado a garantizar el derecho de las personas a conservar, cambiar, profesar y difundir sus creencias, celebrar cultos y festividades, recibir asistencia religiosa, acceder a educación conforme a sus convicciones, proteger el patrimonio de las confesiones, reconocer la personalidad jurídica y autonomía de las organizaciones religiosas y establecer un registro nacional. En comisión general, monseñor Luis Cabrera, en representación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, formuló observaciones sobre la autonomía de la Iglesia católica, su estructura territorial, el régimen de sus autoridades y la creación de un organismo estatal de regulación, mientras Luis Fernando Muñoz, representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, defendió la libertad de conciencia, la posibilidad de adoptar o cambiar de religión y el respeto a las prácticas y días de descanso de cada confesión. Durante el debate se cuestionaron las definiciones imprecisas, la posible injerencia estatal en la organización interna de las iglesias, la creación de un Consejo Nacional cuyas funciones podían duplicar las del Ministerio competente, el tratamiento de los bienes religiosos, los requisitos para ministros extranjeros, la rendición de cuentas, la educación religiosa y la compatibilidad del proyecto con el carácter laico del Estado; finalmente, se aprobó la moción de Kléver García para archivar el proyecto, decisión que se mantuvo después de la rectificación y de negarse su reconsideración. Finalmente, se debatió y aprobó la resolución para solicitar que los doctorados en Ciencias de la Educación, en sus distintas menciones, iniciados y obtenidos antes del cambio del sistema académico fueran reconocidos y registrados como títulos de cuarto nivel, destacándose que miles de docentes habían cursado estos estudios después de obtener su licenciatura, pero no podían utilizarlos para su recategorización y mejora salarial por diferencias en la denominación de las facultades que los emitieron. También se planteó extender el reconocimiento a otras profesiones y especialidades, impulsar programas de graduación y evitar cualquier discriminación entre títulos de igual naturaleza y rigor académico; tras incorporarse varias observaciones, la resolución fue aprobada con setenta y ocho votos afirmativos en la rectificación y su reconsideración fue negada. Intervinieron Jimmy Pinoargote, Virgilio Hernández, Luis Morales, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Guido Vargas, Gerónimo Yantalema, Yoly Rodríguez, Betty Carrillo, María Augusta Calle, Armando Aguilar, Paola Pabón, Hólger Chávez, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, monseñor Luis Cabrera, Luis Fernando Muñoz, Karen Vélez, Luis Almeida, César Montúfar, María Paula Romo, Kléver García, Rolando Panchana, Gioconda Saltos, Silvia Salgado, Mao Moreno, Mery Zamora, Edwin Vaca, Juan Fernández, Consuelo Flores y Francisco Cisneros.

ACTA_159-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retiró una propuesta para debatir el respeto a la independencia y facultades de la Función Legislativa; posteriormente, se aprobó el indulto por razones humanitarias a favor de José Díaz Balboa, ciudadano español privado de libertad que padecía enfermedades graves en etapa terminal, analizándose su precario estado de salud, las condiciones inadecuadas de atención médica dentro del centro penitenciario, el derecho a una vida y muerte dignas, la responsabilidad del Ministerio de Justicia en la tramitación oportuna de estos casos y la coordinación con las autoridades españolas para que, una vez liberado, retornara a su país de origen. Asimismo, se aprobó el proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados dentro de procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, mediante el cual se otorgaron al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas facultades de custodia, conservación, administración y venta de bienes perecibles; se debatieron la devolución de bienes o valores cuando exista sobreseimiento o sentencia absolutoria, su transferencia definitiva al Estado cuando haya condena, la administración de los recursos generados, la rendición periódica de cuentas, la protección del derecho de propiedad y la necesidad de evitar que determinadas instituciones se beneficien directamente de los bienes incautados. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente destinado a regular los créditos para vivienda, orientado a impedir que, luego de entregar o rematar el inmueble hipotecado, las entidades financieras persiguieran otros bienes del deudor o de sus garantes; se analizaron la dación en pago, la extinción de las obligaciones con la entrega de la vivienda, la protección de las familias afectadas por desempleo, enfermedad o reducción de ingresos, la corresponsabilidad de las instituciones financieras en la valoración del riesgo, la prohibición de cláusulas abusivas, el ámbito de aplicación respecto de la vivienda única, la construcción y remodelación, los límites económicos, los créditos concedidos antes de la vigencia de la ley, la posible inclusión de préstamos vehiculares y productivos, y los efectos que estas medidas podrían tener sobre las tasas de interés, las garantías y el acceso futuro al crédito. Intervinieron Rafael Dávila, Mauro Andino, Luis Morales, María Molina, Enrique Herrería, César Gracia, Rolando Panchana, Jimmy Pinoargote, Leonardo Viteri, Andrés Roche, Francisco Velasco, Betty Carrillo, Cléver Jiménez, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Bustamante, José Portugal, Ramiro Terán, Zobeida Gudiño, Silvia Kon, Paco Moncayo, Fernando González, César Montúfar, Betty Amores, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Salomón Fadúl, Bolívar Subía, Eduardo Encalada, Gabriel Rivera, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Flores, Marllely Vásconez y Ángel Vilema.

ACTA_170-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se recibió a una comitiva cubana encabezada por Aída Guevara March, a la cual se entregaron acuerdos de solidaridad mediante los que se solicitaba el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, así como la liberación de cinco ciudadanos cubanos condenados en Estados Unidos y la concesión de visas humanitarias para sus familiares; la representante agradeció el respaldo, destacó los históricos vínculos entre los pueblos ecuatoriano y cubano y llamó a fortalecer la unidad latinoamericana. Posteriormente, se debatió y aprobó una resolución de solidaridad con el pueblo y el régimen democrático de Bolivia, ante amenazas contra Evo Morales y expresiones racistas, xenófobas y violentas atribuidas a determinados sectores opositores; durante la discusión se defendieron la solución pacífica de las diferencias políticas, la democracia, los derechos humanos y la participación de los pueblos indígenas, aunque también se formularon críticas a los gobiernos de Bolivia y Ecuador por la criminalización de la protesta social, el autoritarismo y el trato hacia la oposición. Finalmente, se desarrolló el segundo debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para solucionar los conflictos de límites territoriales internos, analizando la indefinición histórica de numerosas fronteras entre provincias, cantones y parroquias, la desatención de las poblaciones ubicadas en zonas disputadas y la necesidad de sustituir la confrontación por mecanismos de negociación directa, mediación, arbitraje, resolución institucional y consulta popular. También se discutieron la participación de las comunidades, pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios; la intervención de los gobiernos autónomos descentralizados; la importancia de los informes jurídicos, técnicos, históricos, sociales, culturales y cartográficos; el empleo del Instituto Geográfico Militar y sistemas de posicionamiento satelital; la prestación de servicios públicos en las zonas no delimitadas y la conveniencia de incorporar los procedimientos esenciales directamente en la ley. El debate quedó suspendido para continuar en otra convocatoria. Intervinieron Aída Guevara March, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, María Paula Romo, Paola Pabón, Luis Morales, César Gracia, Línder Altafuya, Darío Pito, Tarquino Orellana, Virgilio Hernández, Francisco Ulloa, Bolívar Subía, Guido Vargas, Rolando Panchana, Jimmy Pinoargote y Fernando Bustamante.

ACTA_166-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó y aprobó la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, luego de un extenso debate jurídico, político, económico, ambiental y estratégico sobre sus efectos en la soberanía marítima nacional. Quienes respaldaron la adhesión sostuvieron que el país conservaría sus derechos soberanos sobre los recursos existentes dentro de las doscientas millas, obtendría reconocimiento y mecanismos internacionales para defenderlos, mantendría la Reserva Marina y las líneas de base de Galápagos, fortalecería la protección ambiental, la investigación científica, la transferencia de tecnología, la actividad pesquera y el comercio marítimo, y podría ampliar la plataforma continental alrededor del archipiélago hasta trescientas cincuenta millas, incorporando una importante superficie submarina adicional. Quienes se opusieron señalaron que sustituir el mar territorial de doscientas millas por un mar territorial de doce millas y una zona económica exclusiva implicaría reducir la soberanía, someter al país a normas y organismos supranacionales, afectar la integridad territorial, facilitar el acceso de potencias extranjeras a los recursos pesqueros y minerales y poner en riesgo los derechos históricos establecidos mediante la Declaración de Santiago. También se discutieron la protección de Galápagos, los límites marítimos con los países vecinos, el paso de buques y aeronaves, los ejercicios militares, el transporte de materiales peligrosos, la solución internacional de controversias, la pesca de especies migratorias y los beneficios para la industria atunera. Antes del debate legislativo comparecieron Héctor Villagrán, Jimmy Villavicencio, Marcelo Larrea, Rafael Trujillo y Andrés Pazmiño; posteriormente intervinieron María Paula Romo, Fernando Bustamante, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Luis Almeida, Eduardo Zambrano, Andrés Roche, Betty Carrillo, Jorge Escala, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Montúfar, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Betty Amores, Vethowen Chica, Susana González y Fernando Aguirre. Finalmente, se aprobó la Convención junto con una declaración mediante la cual el Ecuador ratificó sus derechos sobre sus espacios marítimos, la protección especial de Galápagos, la posibilidad de ampliar su plataforma continental y varias reservas destinadas a preservar su jurisdicción y soberanía.

ACTA_169-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conmemoraron la Revolución Liberal y los cien años de la Hoguera Bárbara, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción de un Estado moderno, laico y democrático, la educación pública, la separación entre la Iglesia y el Estado, las libertades individuales, la integración territorial mediante el ferrocarril, la emancipación de los pueblos indígenas, los avances de las mujeres y la lucha contra las estructuras feudales, la injusticia y la opresión. Posteriormente, Hugo de Jesús Jácome Estrella fue posesionado como primera autoridad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. También se conoció el informe favorable para conceder un indulto humanitario a Víctor Manuel Díaz Almeida, adulto mayor de ochenta y cuatro años condenado por falsedad ideológica, cuya avanzada edad, enfermedades, situación económica y vulneración de derechos fueron consideradas razones suficientes para condonar el tiempo restante de la pena y solicitar la revisión de las actuaciones judiciales; sin embargo, el tratamiento fue suspendido por la ausencia de la ponente y la falta del número de votos requerido. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto de arrendamiento de inmuebles con promesa de compraventa, analizándose su posible utilidad como alternativa para facilitar el acceso a viviendas y predios productivos mediante ahorro previo, pago de cánones destinados a la futura adquisición, seguros, subsidios y participación de instituciones financieras; frente a ello, se sostuvo que el leasing mercantil, el crédito hipotecario, la promesa de compraventa y otras figuras civiles ya permitían estas operaciones, por lo que una nueva ley sería innecesaria. Aunque inicialmente se aprobó archivar el proyecto, la rectificación de la votación negó esa recomendación, por lo que la propuesta continuó su trámite. Intervinieron Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Luis Almeida, María Soledad Vela, Hugo de Jesús Jácome Estrella, Mauro Andino, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Luis Morales y Fernando Vélez

ACTA_195-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron cuatro solicitudes para modificar el orden del día antes de iniciar el primer debate del proyecto relacionado con la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Francisco Cisneros propuso exhortar al Ejecutivo para que los ministros entregaran la información requerida por los legisladores y respetaran las facultades de fiscalización de la Asamblea, pero su propuesta y la rectificación solicitada por Kléver García fueron negadas, ambas con cuarenta votos afirmativos; Virgilio Hernández planteó declarar asunto de Estado la defensa del Ecuador frente al laudo arbitral favorable a la petrolera OXY, argumentando que estaban en juego la soberanía, la seguridad jurídica y más de dos mil trescientos millones de dólares, pero la moción obtuvo sesenta y dos votos afirmativos y, en la rectificación, cincuenta y nueve, sin alcanzar la mayoría necesaria; Marco Murillo solicitó rechazar las declaraciones del Ejecutivo que pretendían restringir la función fiscalizadora y ratificar el derecho de los asambleístas a solicitar información, propuesta negada con cincuenta y un votos afirmativos y nuevamente rechazada en la rectificación solicitada por Mariángel Muñoz con cuarenta y ocho; y Paco Fierro pidió conformar una comisión ocasional multipartidista que, junto con la Contraloría y la Fiscalía, auditara la gestión y los estados financieros de las aproximadamente ciento cincuenta empresas incautadas administradas por el fideicomiso AGD-CFN, considerando las denuncias sobre créditos vinculados, garantías con bienes públicos y las irregularidades de COFIEC, pero su moción y posterior rectificación fueron negadas con cuarenta y nueve y cuarenta y ocho votos afirmativos, respectivamente. En comisión general, Fernando Bustamante informó sobre la realización en Ecuador de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, que reuniría a legisladores de numerosos países para promover la paz, la democracia, el diálogo político y debatir nuevos enfoques sobre el desarrollo, la sostenibilidad y el buen vivir, destacándose también el reconocimiento internacional alcanzado por la Asamblea ecuatoriana. Posteriormente se debatió el proyecto sobre cáncer de mama, respecto del cual la Comisión de Salud recomendó inicialmente el archivo, al considerar que el tratamiento de las enfermedades debía abordarse integralmente dentro del Código Orgánico de Salud, evitando crear una ley por cada patología; además, sostuvo que el cáncer de mama ya podía ser considerado una enfermedad catastrófica bajo la legislación vigente, que los protocolos médicos no debían elevarse a rango legal porque cambian con los avances científicos y que los aportes del proyecto podían incorporarse al futuro Código mediante programas nacionales de prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica, educación, participación ciudadana y protección de los derechos de las pacientes. En oposición al archivo se argumentó que la demora del Código de Salud podía dejar sin una respuesta inmediata a miles de mujeres, que la prevención y detección temprana tenían costos considerablemente menores que el tratamiento avanzado, que existían deficiencias en la disponibilidad de mamógrafos, medicamentos, atención hospitalaria y cobertura para las mujeres rurales o sin seguridad social, y que la iniciativa ciudadana debía continuar su trámite, enriquecerse y posteriormente incorporarse al Código mediante una disposición transitoria; también se defendió la necesidad de convertir la prevención en política de Estado, promover el autoexamen, la educación, los registros epidemiológicos, la atención gratuita, la rehabilitación y la reconstrucción mamaria, sin desconocer que el sistema debía atender integralmente otros tipos de cáncer y enfermedades. En una segunda comisión general, Blanca “Poly” Ugarte relató su experiencia como sobreviviente y el trabajo de prevención realizado por su fundación, señalando que numerosas mujeres llegaban a los centros médicos cuando la enfermedad ya estaba avanzada por desconocimiento o falta de recursos, mientras María Sol Corral pidió que la iniciativa ciudadana no fuera archivada y que el Estado asumiera institucionalmente las campañas de prevención y detección temprana. Finalmente no se votó el archivo del proyecto: el debate fue suspendido, la iniciativa regresó a la Comisión de Salud para que incorporara las observaciones y presentara un nuevo informe dentro de cuarenta y cinco días, y la sesión fue clausurada. Intervinieron Francisco Cisneros, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Paco Fierro, Fernando Bustamante, Víctor Quirola, Silvia Salgado, Rolando Panchana, Luis Almeida, Fausto Cobo, Marisol Peñafiel, Hólger Chávez, Hugo Quevedo, Francisco Ulloa, César Rodríguez, Blanca Ugarte, María Sol Corral, Pamela Falconí, María Cristina Kronfle, Carlos Velasco, Fernando Aguirre, Nívea Vélez, Lídice Larrea y Luis Morales; Kléver García y Mariángel Muñoz participaron mediante solicitudes de rectificación.

ACTA_188-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la propuesta de Francisco Cisneros para incorporar al orden del día un exhorto al Ejecutivo y al Ministerio de Relaciones Laborales, con el fin de investigar las denuncias sobre condiciones laborales precarias, hacinamiento y presuntas vulneraciones de derechos de trabajadores ecuatorianos y extranjeros en empresas chinas vinculadas con proyectos hidroeléctricos; la moción obtuvo cuarenta y ocho votos afirmativos, trece negativos y treinta y seis abstenciones. Posteriormente se trató la objeción parcial al proyecto reformatorio de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales. El veto planteó limitar los beneficios a quienes ya habían sido reconocidos por la legislación aplicable a los combatientes del conflicto de 1995 y a quienes participaron en el conflicto de 1981, evitando abrir un nuevo proceso general de calificación; además, eliminó el descuento del cincuenta por ciento en espectáculos públicos, servicios básicos y transporte, suprimió la bonificación mensual equivalente a la mitad de una remuneración básica unificada y dispuso que una entidad estatal determinara la situación de vulnerabilidad de los beneficiarios. La mayoría de la Comisión recomendó allanarse, argumentando que se preservaban los derechos adquiridos, que los dos beneficios eliminados generaban un gasto público estimado en al menos diez millones de dólares sin una fuente de financiamiento y que una iniciativa legislativa no podía crear esa erogación; también sostuvo que se mantenían otros derechos, como becas, puntaje adicional en concursos públicos, capacitación laboral, atención preferente de salud, créditos, insignias y protección para personas lesionadas en el levantamiento de minas. En oposición al veto se defendió que todos los excombatientes de 1981 y 1995 merecían igualdad de reconocimiento, se cuestionó que la vulnerabilidad dependiera del criterio del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se denunció que el anterior proceso de acreditación había incluido personas que no participaron en los conflictos y excluido a soldados que sí estuvieron en las zonas de combate, y se afirmó que los descuentos y la bonificación constituían una compensación mínima para personas de edad avanzada, con lesiones o con pensiones reducidas; asimismo, se criticó que los representantes de los excombatientes no fueran recibidos en el Pleno y que se produjeran enfrentamientos y el uso de gases en el exterior del recinto. Ramiro Terán presentó una moción para que la Asamblea insistiera en el texto originalmente aprobado; esta obtuvo inicialmente cincuenta y un votos afirmativos, veintiocho negativos y veintidós abstenciones, sin alcanzar los votos necesarios, y en la rectificación recibió cincuenta y un votos afirmativos y cincuenta negativos, por lo que tampoco fue aprobada y la sesión fue clausurada. Intervinieron Francisco Cisneros, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Ramiro Terán, Cléver Jiménez, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Henry Cuji, Paco Moncayo, María Augusta Calle, Jorge Escala y Hugo Quevedo.

ACTA_215-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje al cantante lírico Diego Javier Zamora Mendieta, ganador del primer lugar en el Festival de Salzburgo, a quien se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración “Doctor Vicente Rocafuerte” al Mérito Cultural por su aporte y proyección artística internacional. Posteriormente se desarrolló el primer debate de la reforma al Código Civil, orientada a actualizar las normas sobre familia, matrimonio, divorcio, unión de hecho y administración de los bienes conyugales, eliminar disposiciones consideradas discriminatorias y garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes. El análisis se concentró en elevar e igualar la edad mínima para contraer matrimonio —debatiéndose entre dieciséis y dieciocho años— para proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos del matrimonio y embarazo precoces; incorporar el divorcio unilateral, revisar o eliminar causales difíciles de demostrar como el adulterio, precisar los procedimientos y plazos, reconocer las nuevas realidades familiares y evitar la discrecionalidad judicial en la declaración de las uniones de hecho. Concluido el primer debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión. Finalmente se leyó el informe unificado de once propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, relacionadas con la autonomía de las instituciones, derechos y estabilidad de los servidores, concursos, jornadas especiales para profesionales de la salud, remuneraciones, jubilaciones, restitución en el cargo y creación de un nuevo organismo rector; la Comisión recomendó archivarlas por considerar que varias materias ya estaban reguladas, algunas generaban desigualdad o duplicidad institucional y otras eran contrarias a la Constitución. El debate no llegó a iniciarse ni hubo votación debido a la ausencia del ponente, por lo que la sesión fue suspendida. Intervinieron Diego Javier Zamora Mendieta, Rosana Alvarado, Rolando Panchana, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Betty Amores, Virgilio Hernández, Silvia Salgado, Luis Almeida, María Molina y Tito Nilton Mendoza.

ACTA_214-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se posesionó como vocales principales del Consejo de la Judicatura a Tania Arias, Néstor Arbito, Ana Peralta, Gustavo Jalkh y Héctor Rodríguez, y como suplentes a Rosa Jiménez, María Dávalos, Carlos Delgado, Marco Maldonado y Alejandro Subía; además, se comunicó la renuncia irrevocable del Secretario General de la Asamblea Nacional. Posteriormente se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento. En comisión general, Luis del Valle relató las enfermedades profesionales, accidentes, despidos y condiciones de desprotección sufridas por los extrabajadores, y pidió reconocer beneficios proporcionales y exigir que las empresas cementeras entregaran los valores retenidos para financiar una jubilación digna. Durante el debate existió consenso en que el proyecto debía archivarse porque pretendía entregar a las propias empresas cementeras la administración del fondo, excluía a trabajadores del sector público, carecía de estudios actuariales y no resolvía las obligaciones acumuladas; en su lugar, se pidió tramitar de inmediato la ley interpretativa que aclarara que el aporte debía calcularse en centavos de sucre antes de la dolarización y en centavos de dólar posteriormente. El archivo fue aprobado por unanimidad con setenta y seis votos afirmativos y se solicitó incluir la ley interpretativa en una próxima sesión. Intervinieron Luis del Valle, Scheznarda Fernández, Rider Proaño, Edwin Vaca, Fernando Bustamante, Paco Fierro, María Kronfle, Margarita Carranco, César Rodríguez, María Almeida, Paúl Jácome, Kléver García, Carlos Samaniego, Cecilia Jaramillo y Yolanda Martínez.

ACTA_227-2011-2013_PLENO.pdf Se rechazó la propuesta de debatir la inmunidad parlamentaria; posteriormente, se trató la reforma relacionada con la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica y su posible transformación en institución pública, sin aprobarse la moción para archivar el proyecto. También se debatió la protección de animales domésticos y de compañía, abordando el maltrato, la atención veterinaria, la identificación, las responsabilidades de propietarios y municipios y el régimen de sanciones, pero la votación fue suspendida para incorporar nuevas observaciones. Intervinieron Lourdes Tibán, Mao Moreno, César Rodríguez, Rolando Panchana, Jorge Escala, Raúl Abad, Magali Orellana, Zobeida Gudiño, Guido Vargas, María Soledad Vela, Leonardo Viteri, Betty Carrillo, Alfredo Ortiz, Rosana Alvarado y Fernando Bustamante.

ACTA_005-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó el cambio del orden del día para incorporar el debate y resolución sobre la instalación de siete bases estadounidenses en Colombia, propuesta impulsada por Fernando Bustamante y Francisco Ulloa, con el respaldo de varios asambleístas. Posteriormente, se trató la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto de aspectos relacionados con las atribuciones del organismo, los procesos de investigación y control, la selección e impugnación de postulantes, la integración de las comisiones ciudadanas y las designaciones de autoridades; intervinieron Luis Morales, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Gina Godoy, Cléver Jiménez, César Montúfar, Eduardo Encalada, Richard Guillén, María Soledad Vela, Andrés Páez y Guillermina Cruz. Tras el debate, se aprobó el allanamiento a la objeción parcial. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, orientada a adecuar la integración y funcionamiento de los consejos provinciales a la Constitución, regular las funciones de prefectos y viceprefectos, fortalecer la gobernabilidad, la paridad de género, la interculturalidad y la autonomía provincial; intervinieron Virgilio Hernández, Gilmar Gutiérrez, Diana Atamaint, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Yolanda Martínez, Ángel Vilema, Zobeida Gudiño, Kléver García, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, César Gracia, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Edwin Vaca, Fernando Vélez y José Picoita. La reconsideración planteada por Kléver García fue negada, incluso después de la rectificación solicitada por Eduardo Encalada. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó la instalación y uso de siete bases militares colombianas por fuerzas estadounidenses, al considerarse que podía afectar la soberanía, la seguridad regional, la paz y la estabilidad de América del Sur; en este debate participaron Francisco Ulloa, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Cynthia Viteri, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Galo Lara, María Augusta Calle, Mao Moreno, Cléver Jiménez, Fausto Cobo, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, César Montúfar, Dora Aguirre, Marco Murillo y Fernando Bustamante.

ACTA_025-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la incorporación al orden del día de la propuesta presentada por Tomás Zevallos para tratar la revocatoria del encargo del Superintendente de Telecomunicaciones y la situación de Radio La Voz de Arútam, mientras que se aprobó incluir el proyecto de resolución sobre la iniciativa Yasuní-ITT planteado por Jorge Escala. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, orientado a regular la participación individual y colectiva en la gestión pública, la democracia directa, la iniciativa popular normativa, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las organizaciones sociales, el voluntariado, la participación en los distintos niveles de gobierno, la planificación y los presupuestos participativos, la silla vacía, las veedurías, el control social, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. El principal debate se centró en la inclusión efectiva de comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; el carácter vinculante de la consulta previa; la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados; la representación en los consejos de planificación; la participación de las personas ecuatorianas en el exterior; y la posibilidad de que la silla vacía intervenga con voz y voto, aspecto respaldado por Luis Morales, Pedro de la Cruz, Paola Pabón, Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli, pero cuestionado por Leandro Cadena, Juan Carlos López, Fernando Bustamante y otros legisladores por considerar que podía afectar la representatividad o generar conflictos en los gobiernos locales. María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Eduardo Zambrano, Virgilio Hernández y Hólger Chávez insistieron en fortalecer el enfoque intercultural, plurinacional y colectivo de la norma, así como en garantizar mecanismos propios de representación para pueblos y nacionalidades; mientras Paco Moncayo, César Montúfar, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Rodolfo Baquerizo, Mercedes Diminich, Ramiro Terán, José Picoita, Armando Aguilar, Lenín Chica, María Augusta Calle, Gioconda Saltos, Dora Aguirre y otros asambleístas formularon observaciones sobre la aplicación práctica de los mecanismos de participación, los porcentajes requeridos para consultas y revocatorias, la rendición de cuentas, el control constitucional y la necesidad de evitar la politización o cooptación de la participación ciudadana. Al finalizar este punto, Fernando Cordero cerró el debate y dispuso que no se votara el proyecto en esa sesión, a fin de que la Comisión procese las observaciones presentadas. Asimismo, se aprobó la resolución propuesta por Scheznarda Fernández para exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Manabí, incrementar los efectivos policiales y movilizar recursos y personal de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad, los robos, el sicariato y la presunta presencia de actividades vinculadas con grupos irregulares; en este tema intervinieron, entre otros, Saruka Rodríguez, Leandro Cadena, Gabriel Rivera, Leonardo Viteri, Gido Vargas, Sylvia Kon, Lenín Chica, María Soledad Vela, Richard Guillén, Fernando Bustamante y Andrés Roche. Finalmente, se aprobó una resolución de respaldo a la iniciativa Yasuní-ITT, mediante la cual se ratificó la defensa de mantener bajo tierra las reservas del campo ITT y se exhortó al Gobierno Nacional a continuar una negociación soberana que permita proteger la naturaleza y la biodiversidad; participaron Jorge Escala, Tomás Zevallos, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Rosana Alvarado, Francisco Cisneros, Ramiro Terán y María Paula Romo.

ACTA_027-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se guardó un minuto de silencio en homenaje a los héroes del Cenepa, a propuesta de Paco Moncayo, y se recibió a la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyo representante Juan Ruales solicitó que se preserve su autonomía institucional dentro del proyecto de Ley de Culturas. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión de la Verdad, destinada a proteger a sus integrantes, colaboradores y testigos frente a acciones civiles o penales derivadas de sus labores investigativas, garantizar la reserva de información y facilitar medidas de protección para quienes participaran en el esclarecimiento de posibles violaciones de derechos humanos; María Paula Romo, Fernando Bustamante, Jorge Escala, César Montúfar y Tomás Zevallos defendieron la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y evitar represalias, mientras Vicente Taiano, Enrique Herrería, Kléver García, Jorge Fadul, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram y Leonardo Viteri cuestionaron la constitucionalidad de otorgar inmunidad, la imparcialidad de la Comisión y la falta de información sobre el contenido de su informe. También se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que regula la organización, interconexión, publicidad, protección y administración de la información contenida en registros públicos, incluidos los de propiedad y mercantiles; Francisco Velasco, Betty Amores, Yandri Brunner, Andrés Roche, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, Andrés Páez y Rodolfo Baquerizo debatieron principalmente sobre el régimen de transición, la infraestructura de las nuevas oficinas, la situación laboral de las y los trabajadores y las responsabilidades de los registradores salientes. Asimismo, se aprobó una resolución que rechazó el fallo de los conjueces en el caso Filanbanco, por considerar que podía favorecer la impunidad respecto de los presuntos responsables del perjuicio ocasionado al Estado, y se exhortó a las autoridades competentes a investigar las actuaciones judiciales y continuar el seguimiento del caso; intervinieron Línder Altafuya, Rolando Panchana, Jorge Escala, Rodolfo Baquerizo, María Paula Romo y Gioconda Saltos. De igual manera, se debatieron las actuaciones del fiscal general Washington Pesántez en relación con las presuntas irregularidades surgidas tras el accidente de tránsito en el que falleció Natalia Emme Bedoya; Silvia Salgado, Guillermina Cruz, Cynthia Viteri, Francisco Velasco, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Marco Murillo, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Paola Pabón, Enrique Herrería, Marisol Peñafiel, Luis Almeida, César Rodríguez, César Montúfar, Linda Machuca, Luis Morales, César Gracia y María Paula Romo expusieron posiciones sobre la imparcialidad de la Fiscalía, el respeto a los derechos de la víctima y la posible responsabilidad de sus funcionarios. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó las actuaciones de la Fiscalía, solicitó la destitución de los funcionarios que respaldaron un comunicado público sobre el caso, dispuso mantener vigilancia legislativa y consideró necesaria la renuncia inmediata del Fiscal General; la reconsideración solicitada por Francisco Velasco fue negada. También se aprobó por unanimidad un homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, propuesto por Marisol Peñafiel, en reconocimiento a su defensa de los pueblos indígenas, campesinos y sectores excluidos, su aporte a la educación y alfabetización, y la difusión de sus valores de justicia, solidaridad y paz.

ACTA_045-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Ramiro Terán para incorporar una resolución sobre presuntos actos discriminatorios y xenófobos contra pueblos y nacionalidades, y de Richard Guillén para tratar el manejo de los recursos del IESS y sus inversiones en bonos estatales; posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Servicio Público, presentada por Nívea Vélez, orientada a profesionalizar la administración pública, regular el ingreso mediante concursos de méritos y oposición, homologar remuneraciones, fortalecer la estabilidad, capacitación, evaluación, régimen disciplinario, licencias, jubilación, protección frente al nepotismo y contratos ocasionales, así como garantizar servicios de calidad para la ciudadanía. Línder Altafuya, Eduardo Encalada, Francisco Cisneros, Henry Cuji, Ramiro Terán, Ángel Vilema, Galo Vaca, Edwin Vaca y Alfredo Ortiz solicitaron proteger los derechos de docentes, servidores de la Amazonía, Galápagos y zonas de difícil acceso, reforzar la estabilidad laboral, reconocer beneficios geográficos y limitar las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales; mientras Paco Moncayo, Betty Amores y Fernando Bustamante insistieron en que la norma debía priorizar también los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos y evitar evaluaciones o sanciones arbitrarias. María Alejandra Vicuña, Silvia Salgado, Armando Aguilar y Tito Nilton Mendoza respaldaron el proyecto y pidieron incorporar las observaciones para alcanzar un texto consensuado; Mauro Andino, Andrés Páez, César Rodríguez y Paco Fierro plantearon reparos sobre inhabilidades, indemnizaciones, régimen disciplinario, períodos de prueba, atribuciones institucionales y criterios de remuneración. Gerónimo Yantalema propuso incluir interculturalidad, saberes ancestrales y participación de pueblos y nacionalidades; Leonardo Viteri solicitó incorporar la carrera sanitaria; Guillermina Cruz pidió garantizar la independencia de los organismos de control y beneficios para servidores de sectores rurales; y Linda Machuca, Virgilio Hernández y Fernando Bustamante defendieron la no discriminación de personas extranjeras residentes en el acceso al trabajo público. Además, Enrique Herrería realizó una aclaración personal sobre su mención en el informe de la Comisión de la Verdad. Finalmente, debido a que quedaron intervenciones y observaciones pendientes, la sesión fue suspendida sin votar el proyecto, para reinstalarse posteriormente.

ACTA_019-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se analizaron la proforma presupuestaria correspondiente a los años 2009 y 2010, así como la programación presupuestaria cuatrianual 2010-2013, con un amplio debate sobre los supuestos de crecimiento económico, el precio previsto del petróleo, los ingresos tributarios, el déficit fiscal, el endeudamiento y la prioridad del gasto público. Francisco Velasco presentó el informe y sostuvo que el presupuesto debía orientarse al bienestar social, fortalecer la recaudación progresiva, reducir la carga de la deuda e incorporar mecanismos de seguimiento y control legislativo; Christian Viteri, Betty Amores, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, José Picoita, Armando Aguilar, Juan Carlos López, Enrique Herrería y Fernando Cordero defendieron la necesidad de tramitar las proformas dentro del plazo previsto, formular observaciones sectoriales y priorizar la inversión social, la descentralización, el fortalecimiento de la justicia y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, Sylvia Kon, Gilmar Gutiérrez, Rodolfo Baquerizo, Edwin Vaca, Andrés Roche, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Galo Vaca, Patricio Quevedo, Alfredo Ortiz, Luis Almeida, Luis Morales, Fernando Aguirre, Vicente Taiano y Nivea Vélez cuestionaron la suficiencia y realismo de las proyecciones macroeconómicas, el financiamiento del déficit, la incorporación de ingresos derivados de reformas tributarias aún no aprobadas, el incremento de recursos para la Presidencia, la falta de claridad en las transferencias a municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, así como el incumplimiento de las metas de inversión en educación, salud, vivienda, producción, artesanía, universidades y justicia. Gerónimo Yantalema propuso una distribución más equitativa de los recursos entre provincias y una mayor inversión en sectores agropecuarios, ambientales, comunitarios y de participación ciudadana; mientras Andrés Páez y Betty Amores insistieron en incrementar los recursos para la Función Judicial. Finalmente, luego de recesos y conversaciones entre las bancadas, se informó que existía un acuerdo de fondo, pero persistían aspectos de forma para la votación, por lo que se suspendió la sesión para continuar las negociaciones y procurar una decisión consensuada sobre el Presupuesto General del Estado.

ACTA_069-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, orientado a actualizar la normativa vigente, promover la donación, fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, regular la obtención, conservación, transporte y utilización clínica de órganos, tejidos y células, garantizar la gratuidad, confidencialidad, calidad y acceso equitativo a los procedimientos, y prevenir el tráfico y turismo de órganos. Carlos Velasco explicó que la propuesta incorpora el consentimiento presuntivo —por el cual toda persona sería potencial donante salvo manifestación contraria—, la inclusión de esta decisión en la cédula de identidad, una lista nacional única de espera basada en criterios médicos y de vulnerabilidad, y el fortalecimiento de la autoridad sanitaria; Leonardo Viteri, Pamela Falconí, Paco Fierro, María Alejandra Vicuña, Martha Bazurto, Jorge Fadul y Celso Maldonado respaldaron la iniciativa, destacando la necesidad de crear una cultura de donación, ampliar el número de donantes, asegurar la intervención de instituciones y profesionales autorizados, proteger a donantes y receptores, y establecer sanciones severas contra la comercialización y las redes de tráfico. Henry Cuji, María Molina, Jaime Abril y Fernando Flores propusieron precisiones sobre las atribuciones de la autoridad sanitaria, la conservación de órganos, el tratamiento preferente y postrasplante de donantes y receptores, la incorporación del Registro Civil, la protección de menores y personas con discapacidad, la cooperación internacional y la inclusión de ecuatorianos residentes en el exterior en la lista de espera; mientras Rolando Panchana solicitó garantizar recursos permanentes para campañas de difusión, Kléver García pidió eliminar disposiciones que pudieran facilitar cualquier forma de comercio de órganos, Mauro Andino planteó revisar el procedimiento administrativo y la proporcionalidad de las sanciones, Luis Almeida insistió en tipificar con mayor fuerza los delitos de secuestro, robo y asesinato vinculados a la extracción de órganos, y Rafael Dávila, Luis Morales y Lídice Larrea expresaron reparos sobre el consentimiento presuntivo, defendiendo que la donación debe respetar la voluntad individual, las creencias y la decisión expresa de cada persona. Fernando Bustamante cuestionó que donantes y receptores sean considerados automáticamente como personas con discapacidad y propuso revisar los criterios de prioridad en favor de padres o madres responsables de menores, mientras Bolívar Subía alertó sobre el riesgo de lucro de clínicas, laboratorios, transportistas y otros actores vinculados con la actividad trasplantológica. Además, se negó la propuesta de César Montúfar para modificar el orden de tratamiento de la designación de delegados legislativos a comisiones ciudadanas de selección, y se aprobó un acuerdo de condolencia por el fallecimiento de Néstor Kirchner, con una observación de Fausto Cobo para mantener un texto sobrio y centrado en el reconocimiento de su legado democrático, ético y político

ACTA_063-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se analizó ampliamente lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, con posiciones contrapuestas: Paco Moncayo, Cynthia Viteri, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Leonardo Viteri, Gilmar Gutiérrez, Andrés Páez, César Montúfar, Línder Altafuya, Jimmy Pinoargote y Luis Almeida condenaron la violencia e insubordinación, pero cuestionaron el manejo de la crisis, la suspensión de actividades legislativas, el veto a la Ley de Servicio Público, el operativo en el Hospital de la Policía y solicitaron una investigación independiente, internacional o multipartidista, así como medidas de diálogo y reconciliación nacional; mientras Francisco Velasco, César Rodríguez, Marisol Peñafiel, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Irina Cabezas, María Alejandra Vicuña, Eduardo Encalada, Guillermina Cruz, Eduardo Zambrano, Hólger Chávez, Juan Carlos López, Lenin Chica y Aminta Buenaño sostuvieron que existió una tentativa de golpe de Estado, secuestro y acciones de desestabilización, demandando sanciones para los responsables y la defensa del orden constitucional. Abdalá Bucaram planteó que se investigue a todos los responsables y se promueva una política de paz. El tratamiento concluyó con un proyecto de resolución consensuado presentado por César Rodríguez, pero la votación quedó pendiente. Además, se recibió a Wladimir Paspuel, Juan Carlos Piedra, Rosana Sanabria, Bernarda Jiménez y Carlos Jiménez, representantes de organizaciones migrantes, quienes expusieron sobre los derechos de las personas en movilidad humana; a propuesta de Dora Aguirre se aprobó una resolución de bienvenida, reconocimiento y felicitación a los participantes del IV Foro Social Mundial de las Migraciones. Finalmente, Fernando Bustamante, Linda Machuca, Guillermina Cruz, Víctor Quirola y Eduardo Zambrano intervinieron en el análisis del Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano, destinado a regularizar y proteger la situación de trabajadores migrantes de ambos países, facilitar su permanencia y evitar condiciones de explotación, instrumento que fue aprobado con ciento seis votos afirmativos.

ACTA_065-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas, destinado a articular la planificación nacional y territorial con el presupuesto, la inversión pública, la programación fiscal plurianual, la gestión de liquidez, el endeudamiento, la transparencia y el control de los recursos públicos, además de derogar varias normas financieras dispersas. Francisco Velasco presentó los cambios incorporados luego del diálogo con gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones territoriales, destacando el respeto a sus planes de desarrollo, la separación entre planificación y ordenamiento territorial, la protección de recursos de la seguridad social y la reducción del límite de endeudamiento al 40 % del PIB; Viviana Bonilla, Virgilio Hernández, Betty Amores y Fernando Cordero defendieron el texto por considerar que fortalecía la planificación participativa, la articulación entre niveles de gobierno y el control fiscal. En contraste, Sylvia Kon, Andrés Roche, Rafael Dávila, Francisco Ulloa, Andrés Páez, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Vicente Taiano, César Montúfar, Paco Fierro, Edwin Vaca, Luis Almeida, Ramiro Terán, Nivea Vélez, Jorge Escala y Juan Carlos López cuestionaron el trámite urgente, el posible centralismo de la planificación, las facultades para modificar el presupuesto, el endeudamiento, el uso de la Cuenta Única del Tesoro, los recursos del IESS y de los gobiernos locales, el encaje bancario en instrumentos estatales, el arbitraje internacional, la participación de pueblos y nacionalidades y la prioridad de inversión para zonas fronterizas, amazónicas y Galápagos. Tras incorporar varias observaciones, el Código fue aprobado con setenta y tres votos afirmativos, treinta y uno negativos, un voto en blanco y once abstenciones, manteniéndose la decisión luego de la reconsideración. También se aprobó una resolución presentada por Luis Morales, con aportes de Fernando Bustamante y César Rodríguez, para expresar beneplácito por el rescate de los 33 mineros chilenos, reconocer al Gobierno de Chile, al equipo técnico y de salvamento, y resaltar los valores de solidaridad, protección de la vida y seguridad laboral; se eliminó del texto la propuesta inicial de postular a Sebastián Piñera al Premio Nobel de la Paz

ACTA_055-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el informe sobre la denuncia del Convenio de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo principal punto de debate fue la incompatibilidad de sus cláusulas de arbitraje internacional con la Constitución, particularmente por permitir que controversias entre el Estado e inversionistas privados se sometan a instancias externas a la jurisdicción ecuatoriana. Fernando Bustamante, Betty Amores, Soledad Buendía, Gabriel Rivera, Eduardo Zambrano, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca respaldaron la denuncia, al considerar que el convenio vulneraba la soberanía nacional, respondía a un modelo de protección privilegiada para inversionistas extranjeros, no había generado un impacto significativo en la inversión y debía sustituirse por un marco jurídico nacional que otorgue seguridad equitativa a inversionistas nacionales y extranjeros. En contraste, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Paco Moncayo, Luis Almeida, Enrique Herrería, Rafael Dávila y Luis Morales cuestionaron la denuncia total por los posibles efectos negativos sobre la seguridad jurídica, la inversión extranjera, el empleo, las relaciones comerciales y la imagen internacional del país, por lo que plantearon renegociar las disposiciones incompatibles con la Constitución, especialmente las relacionadas con el arbitraje. Wladimir Vargas presentó formalmente una moción para recomendar la renegociación del convenio, apoyada por varios legisladores; sin embargo, no se realizó la votación ni se adoptó una resolución final, quedando el tratamiento pendiente.

ACTA_072-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó por unanimidad el Acuerdo entre Ecuador y Perú para crear la Comisión Binacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, destinada a impulsar la integración fronteriza, el manejo sostenible del agua, el control de inundaciones, el riego y el desarrollo agrícola en zonas de El Oro y Tumbes; Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Zobeida Gudiño, Linda Machuca, Fausto Cobo, Vethowen Chica, Luis Morales, Eduardo Zambrano, Luis Almeida, Carlos Zambrano, Mao Moreno, Mauro Andino, Rafael Dávila, Rosa Santos, Pedro de la Cruz y Víctor Quirola respaldaron la iniciativa, mientras Gerónimo Yantalema solicitó incorporar de forma efectiva a campesinos, montubios, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como medidas de protección de zonas de recarga hídrica, biodiversidad y soberanía alimentaria. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Servicio Público; Nívea Vélez propuso ratificar artículos relacionados con la autonomía de las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados, derechos de trabajadores, jornada especial de salud, maternidad y lactancia, evaluación, estabilidad, jubilación y debido proceso. En comisión general, Héctor Terán, Eduardo Valdez, Miguel García Falconí y Noemí Marcillo, en representación de organizaciones de servidores públicos y trabajadores, cuestionaron la renuncia obligatoria, los pagos mediante bonos, la afectación a la estabilidad, la evaluación como causal de desvinculación, la reducción de derechos laborales y la concentración de atribuciones en el Ministerio de Relaciones Laborales. Francisco Cisneros, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Tito Nilton Mendoza, Galo Lara, Galo Vaca y Dora Aguirre intervinieron en el debate con posiciones sobre la defensa de derechos laborales, la autonomía institucional, el control de la corrupción, la jubilación y la aplicación del veto. En las votaciones se ratificaron algunos textos originales, entre ellos el artículo 25 y los artículos 130, 134 y 135, además de la disposición general vigésima primera; no prosperaron varias ratificaciones vinculadas con autonomía, evaluación, estabilidad, jubilación y disposiciones transitorias, y se aprobó el allanamiento a un amplio grupo de observaciones del Ejecutivo. Finalmente, quedaron solicitadas reconsideraciones de varias mociones para una sesión posterior.

ACTA_092-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el cambio del orden del día para tratar una resolución sobre la inclusión del Hospital Docente Ambato en el estado de excepción sanitaria, mientras fue negada la propuesta de Alfredo Ortiz para incorporar una resolución sobre el precio del diésel dos para el sector turístico de Galápagos. Se rindió homenaje al tenista Nicolás Lapentti Gómez y se le otorgó la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al Mérito Deportivo”, en reconocimiento a su trayectoria nacional e internacional, sus logros en torneos ATP y Copa Davis, y su aporte a la promoción del tenis ecuatoriano. Luego, el Pleno aprobó por unanimidad, con ciento ocho votos afirmativos y un voto blanco, el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela; Eduardo Zambrano, Emilia Jaramillo, Luis Almeida, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca respaldaron el instrumento por facilitar la regularización migratoria, la reunificación familiar, la residencia temporal y permanente, la libre movilidad y el acceso a derechos de ecuatorianos residentes en Venezuela y venezolanos en Ecuador, mientras Andrés Páez dejó constancia de sus reparos sobre la legitimidad del dictamen de la Corte Constitucional que sirvió de base al trámite. En el tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, César Rodríguez propuso ratificar varios textos aprobados originalmente por la Asamblea y allanarse en los demás; se ratificaron los artículos 6, 12, 13 y 68, así como la disposición transitoria quinta, relacionados con obligaciones del Estado, derechos y obligaciones de madres, padres y estudiantes, autonomía del sistema nacional de evaluación y escala salarial docente. Luis Almeida, Ramiro Terán, María Paula Romo, Gerónimo Yantalema, Paco Moncayo, Galo Vaca, Juan Fernández y Jorge Escala debatieron sobre la defensa del Estado laico, la educación religiosa, la autonomía de evaluación, la educación intercultural bilingüe, la jornada laboral docente, la representación paritaria, las acciones afirmativas, las juntas distritales, el régimen disciplinario estudiantil y la situación de educadores populares y madres comunitarias; sin embargo, el allanamiento global a los artículos no ratificados no prosperó tras rectificación, y las posteriores mociones de Jorge Escala para ratificar otros artículos y disposiciones tampoco alcanzaron los votos necesarios. Finalmente, se aprobó con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos, seis blancos y dieciocho abstenciones la resolución propuesta por Juan Carlos López para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Docente Ambato en el Decreto Ejecutivo 618 de estado de excepción sanitaria, a fin de atender urgentemente sus necesidades de infraestructura, equipamiento, personal médico, administrativo, medicinas e insumos para la atención de pacientes de Tungurahua y la zona central del país

ACTA_093-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para tratar resoluciones sobre la emergencia del sector lechero, la ampliación del estado de excepción sanitaria a unidades de salud del país y los derechos de los extrabajadores del Ingenio AZTRA; en cambio, fueron negadas las propuestas de Lourdes Tibán sobre el traslado de policías investigados por los hechos del 30 de septiembre y de Fernando Aguirre sobre la declaratoria de estado de excepción en Cuenca por inseguridad. En el tratamiento de la objeción parcial a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, la Comisión de Soberanía recomendó el allanamiento al veto presidencial, al considerar que complementaba las disposiciones sobre excombatientes, beneficios, becas, reformas a la seguridad social militar y derechos derivados del reconocimiento; Paco Moncayo, Alfredo Ortiz y Luis Morales cuestionaron aspectos de fondo y forma del texto, especialmente la redacción, los criterios de cupos y la diferenciación socioeconómica, mientras Fausto Cobo y Fernando Bustamante defendieron el allanamiento por razones prácticas y por la necesidad de que la ley entre en vigencia a favor de los beneficiarios. El Pleno aprobó el allanamiento con sesenta y un votos afirmativos, once negativos, diez blancos y dieciséis abstenciones. También se aprobó, tras rectificación, con cincuenta y un votos afirmativos, la resolución para solicitar a la Corte Constitucional una interpretación del artículo 131 de la Constitución, a fin de determinar si la expresión “ministras o ministros” incluye a secretarios nacionales y autoridades con rango ministerial para efectos de juicio político; Vicente Taiano sostuvo que la interpretación era innecesaria, mientras Jorge Escala cuestionó que la consulta pudiera limitar la fiscalización legislativa. Posteriormente, se aprobó con ochenta y ocho votos afirmativos la resolución que exhorta al Gobierno Nacional a declarar en emergencia al sector lechero, restringir importaciones de suero, leche en polvo, queso, yogurt, mantequilla y derivados, fortalecer controles sanitarios y aduaneros, implementar políticas agrarias y proteger a pequeños productores campesinos e indígenas. Asimismo, se aprobó con ochenta y siete votos afirmativos la resolución que exhorta al Presidente de la República a incluir a todas las unidades de salud del país en el Decreto Ejecutivo 618 de estado de excepción sanitaria, para atender necesidades de infraestructura, equipamiento, personal, medicinas e insumos. Finalmente, se aprobó con ochenta y cinco votos afirmativos la resolución sobre los extrabajadores del Ingenio AZTRA, mediante la cual se exhortó a la Corte Constitucional a atender el recurso extraordinario de protección, se pidió al Consejo de la Judicatura investigar la actuación de jueces que conocieron sus demandas, se requirió a la Comisión de Derechos de los Trabajadores emitir un informe y, de ser procedente, presentar un amicus curiae, y se solicitó a la Secretaría de Transparencia investigar el proceso de liquidación de la compañía INGSA Ingenio La Troncal S.A.

ACTA_097-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó incorporar al orden del día una resolución sobre la necesidad de invertir urgentemente en infraestructura hídrica, mientras que fue negada la propuesta de Enrique Herrería para exhortar al Presidente de la República a respetar y garantizar la libertad de expresión y comunicación. Se entregaron acuerdos y condecoraciones a la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-20, a su director técnico Sixto Vizuete, al pabellón de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a los jugadores, en reconocimiento a su participación en el torneo sudamericano y su clasificación al campeonato mundial de la categoría. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a que el Estado recupere las indemnizaciones pagadas por daños ocasionados por servidores, exservidores públicos o personas que ejercen potestades públicas y que hayan actuado con dolo o culpa grave; durante el análisis se formularon observaciones sobre la identificación de los responsables, el respeto al debido proceso, los plazos de prescripción, las medidas cautelares, las competencias de la Procuraduría y la Contraloría, la recuperación efectiva de los recursos públicos y la protección de los funcionarios que actúan de buena fe. Intervinieron Mauro Andino, César Gracia, Vicente Taiano, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Zobeida Gudiño, Betty Amores, Luis Morales, Fernando Bustamante, Alfredo Ortiz, Soledad Vela, Andrés Roche, Línder Altafuya, Virgilio Hernández y Tito Mendoza. Finalmente, con las intervenciones de Rocío Valarezo y Ramón Cedeño, se aprobó una resolución que exige la protección de las fuentes de agua, la prevención de la contaminación y la deforestación, el traspaso de competencias y recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para agua potable, riego y saneamiento, la declaratoria de emergencia por sequía en El Oro, Manabí y las demás provincias afectadas, la movilización de recursos para atender a la población y una moratoria en el pago de préstamos concedidos por la banca pública al sector productivo.

ACTA_123-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión del Pleno se retiró la solicitud de Marco Murillo para incorporar al orden del día la reinstalación de la sesión 115, luego del compromiso de convocar a los jefes de bancada para acordar la continuación del segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; mientras que la propuesta de Nívea Vélez para debatir el estado de excepción decretado en la Función Judicial fue negada, registrándose en la rectificación cincuenta y un votos afirmativos, ocho negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente, la Asamblea rindió homenaje a la delegación ecuatoriana de Olimpiadas Especiales que participó en los Juegos Mundiales de Verano de Atenas 2011, donde obtuvo veinticinco medallas de oro, veintiséis de plata y catorce de bronce; se otorgó la condecoración “Doctor Vicente Rocafuerte” al Pabellón de Olimpiadas Especiales Ecuador, se reconoció la labor de su presidente Héctor Cueva Jiménez, del equipo técnico y de los deportistas, y se destacó su ejemplo de inclusión, perseverancia y superación. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, orientado a prevenir, corregir y sancionar los abusos de posición dominante, las prácticas anticompetitivas y la concentración perjudicial para consumidores y pequeños productores; aunque existió coincidencia sobre la necesidad de contar con una normativa contra los monopolios y oligopolios, se formularon numerosas observaciones respecto de la concentración de facultades en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la independencia de los organismos de control, la amplitud y discrecionalidad de sus atribuciones, el respeto al debido proceso, la intimidad y la acción de protección, la proporcionalidad de las multas, la definición del mercado relevante, la relación con los sectores financiero, público y estratégico, y la protección de consumidores, pequeñas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria. El debate concluyó sin votación, para que la Comisión incorporara las observaciones antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Silvia Kon, Rolando Panchana, Rafael Dávila, Fernando Bustamante, César Montúfar, Viviana Bonilla, Juan Carlos López, Betty Amores, Fernando González, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Eduardo Encalada, Rosana Alvarado, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Jaime Abril, Marco Murillo, Andrés Roche, María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Luis Morales, Paola Pabón, María Augusta Calle, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Kléver García, Celso Maldonado, Jorge Fadúl, María Alejandra Vicuña, Mauro Andino, Francisco Cevallos y Francisco Ulloa.

ACTA_126-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la recategorización y capacitación de los docentes, la declaratoria de emergencia sanitaria en Quisapincha ante el incremento de casos de sarampión y la atención urgente a las familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Napo; posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, respecto del cual existió consenso sobre la necesidad de prevenir y sancionar los monopolios, los acuerdos colusorios, la competencia desleal y los abusos contra consumidores, pequeños productores y empresas, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre la concentración de atribuciones en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la intervención del Ejecutivo, la independencia de los organismos de control, las facultades de investigación e inspección, la protección de la privacidad y el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones, la regulación de las empresas públicas y privadas, la protección de las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria, la inversión, el empleo y las disposiciones aplicables a los sectores financiero y de comunicación. Durante una comisión general, Pablo Dávila Jaramillo, representante de las cámaras de industrias, respaldó la existencia de una normativa de competencia, pero solicitó limitar la discrecionalidad de las autoridades, establecer controles colegiados y otorgar un período de transición. Finalmente, se negó la propuesta de Rafael Dávila para archivar el proyecto y sustituirlo por otra iniciativa antimonopolio, con cuarenta y cuatro votos afirmativos, sesenta negativos, dos blancos y diez abstenciones; sin embargo, no se efectuó la votación definitiva de la ley, pues el debate fue suspendido para incorporar las observaciones formuladas y buscar un texto de mayor consenso, quedando pendientes los demás puntos incorporados al orden del día. Intervinieron Gioconda Saltos, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Francisco Velasco, Pablo Dávila Jaramillo, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Zobeida Gudiño, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Patricio Quevedo, Silvia Salgado, Nicolás Lapentti, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Fernando González, Alfredo Bautista, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Betty Amores, Rafael Dávila, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Luis Morales, Francisco Cevallos, Jorge Fadul, Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Lenín Chica, Richard Guillén, Jorge Escala, Rosana Alvarado y Fernando Flores.