Mostrando 45 resultados

ACTA_008-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Richard Guillén para incorporar el punto de asuntos varios en el orden del día y de Cynthia Viteri para tratar una resolución orientada a investigar los contratos suscritos con empresas vinculadas a Fabricio Correa, por lo que se continuó con los temas convocados. Posteriormente, se conoció la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; Francisco Velasco propuso allanarse a las observaciones relacionadas con las atribuciones del Directorio del Banco Central en materia de corresponsalía bancaria y con la transferencia de bienes culturales, y ratificar el texto originalmente aprobado respecto del reajuste de remuneraciones de funcionarios de dicha institución. Esta propuesta fue respaldada por Marco Murillo, Eduardo Encalada y Francisco Ulloa, y aprobada mediante el allanamiento a los puntos primero y tercero de la objeción, así como la ratificación del texto original sobre las remuneraciones. Finalmente, se realizó el primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo objetivo fue establecer mecanismos para completar la integración del Consejo de Administración Legislativa cuando no existieran suficientes bancadas, regular la elección de autoridades de las comisiones, precisar el procedimiento de requerimiento de información y comparecencia de funcionarios públicos en procesos de fiscalización, y ajustar disposiciones sobre indultos, amnistías y denominaciones de comisiones. Marisol Peñafiel presentó y defendió el informe de mayoría, señalando que la reforma permitía resolver vacíos legales y garantizar la pluralidad; en respaldo de esta posición intervinieron Virgilio Hernández, Rafael Dávila, Mariángel Muñoz, Aminta Buenaño, Silvia Salgado y María Paula Romo. En oposición, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Cléver Jiménez, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Cynthia Viteri, Guillermina Cruz, Tito Nilton Mendoza y Nivea Vélez cuestionaron la constitucionalidad de elegir vocales del CAL fuera de las bancadas existentes y advirtieron posibles restricciones a la fiscalización. También intervinieron Juan Carlos López, Francisco Ulloa, Lenín Chica, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Enrique Herrería, María Soledad Vela y Luis Morales, quienes formularon observaciones sobre la necesidad de fortalecer la representación política, la transparencia, la fiscalización y el funcionamiento institucional. Al concluir, se cerró el primer debate sin una resolución definitiva y se dispuso que las observaciones fueran remitidas por escrito para continuar el trámite legislativo.

ACTA_001-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se expresó solidaridad con el asambleísta Ramiro Terán por la situación de salud de su hermano Gustavo Terán, intervención en la que agradeció el respaldo recibido y exhortó a mantener la lucha por los cambios sociales. Posteriormente, se trató la designación de las vocalías del Consejo de Administración Legislativa; Gilmar Gutiérrez presentó la candidatura de Fausto Cobo para la Segunda Vocalía, la cual no alcanzó los votos necesarios, mientras que Nivea Vélez destacó la necesidad de garantizar la representación paritaria de las mujeres y Gido Vargas solicitó la rectificación de la votación. Asimismo, se debatió y aprobó la conformación de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional, mediante una propuesta presentada por Abdalá Bucaram, que fue aprobada con ochenta y seis votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y una abstención; durante el tratamiento intervinieron Rolando Panchana, Cynthia Viteri, Luis Almeida, Jorge Escala, Juan Fernández, Mao Moreno, Andrés Roche, Fernando Vélez, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Virgilio Hernández y Alfredo Ortiz, quienes formularon observaciones sobre la representación de los distintos sectores políticos, estudiantiles y sociales, así como sobre la integración de la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, a la que se incorporó Edwin Vaca. Finalmente, se informó la conformación de la Bancada Progresista Democrática de Izquierda, Intercultural y Plurinacional de Derechos, coordinada por Jorge Escala y Cléver Jiménez, y se retomó la designación de la Segunda Vocalía del Consejo de Administración Legislativa; Jorge Escala presentó la candidatura de Lourdes Tibán, quien fue designada con ochenta y cinco votos afirmativos, once negativos y veintiséis abstenciones, tomó juramento de posesión y manifestó su compromiso de impulsar la interculturalidad, la plurinacionalidad, los derechos colectivos y la participación de sectores históricamente excluidos.

ACTA_014-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se recibió, en comisión general, el informe de evaluación de la educación superior presentado por Arturo Villavicencio, presidente del CONEA, quien expuso la categorización de las universidades y escuelas politécnicas en los grupos A, B, C, D y E, advirtió graves deficiencias en varias instituciones y propuso depurar las universidades de menor desempeño, reducir progresivamente las extensiones universitarias, regular la oferta académica y los posgrados, y fortalecer institucionalmente a las universidades que requerían mejoras. Asimismo, se resolvió encargar a la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad la investigación sobre la muerte de Bosco Wisuma y los hechos ocurridos en Macas; Jorge Escala presentó la moción, Rolando Panchana retiró su propuesta inicial para respaldarla y Andrés Páez planteó ajustes a la redacción de la resolución. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, presentado por Jaime Abril, cuyo texto reconoce al agua como derecho humano y patrimonio nacional estratégico, prohíbe su privatización, prioriza el consumo humano, el riego para soberanía alimentaria, el caudal ecológico y las actividades productivas, fortalece la gestión pública y comunitaria, regula las autorizaciones de uso, las tarifas, la prevención de la contaminación, la protección de cuencas y los derechos colectivos de pueblos, comunidades y nacionalidades. Durante el debate se formularon observaciones sobre la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la conformación y atribuciones de la Autoridad Única del Agua, la gratuidad del mínimo vital, las tarifas de riego y servicios, la desprivatización y continuidad de concesiones como la de INTERAGUA, el respeto a los sistemas comunitarios, la consulta a pueblos y nacionalidades, el control de la contaminación, la protección de niños, niñas y adolescentes y el reconocimiento de actividades productivas privadas autorizadas. Intervinieron Jaime Abril, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, Ramiro Terán, Andrés Roche, Gilmar Gutiérrez, Lídice Larrea, Mauro Andino, Luis Almeida, Soledad Vela, Lourdes Tibán, Rolando Panchana, Luis Morales, Jimmy Pinoargote, Silvia Salgado, Andrés Páez, Virgilio Hernández, César Montúfar, Fernando Cordero, Gido Vargas, Gerónimo Yantalema, Richard Guillén, Rosana Alvarado, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco, Susana González, Fernando Bustamante, Nivea Vélez, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Yandri Brunner, Enrique Herrería, Jorge Jurado, Guillermina Cruz, Galo Vaca, Fernando Cáceres y Marco Murillo. Finalmente, Jaime Abril señaló que las observaciones debían remitirse por escrito para ser analizadas antes del segundo debate, tras lo cual se clausuró la sesión sin adoptar una resolución definitiva sobre el proyecto.

ACTA_029-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, orientada a responder a la inseguridad y evitar la impunidad en determinados delitos. La norma incorporó como agravante el homicidio cometido contra miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, fiscales y jueces de garantías penales en el ejercicio de sus funciones; fortaleció la sanción para quienes oculten, custodien, transporten, vendan o transfieran bienes, cosas o semovientes robados o cuya procedencia legal no pueda justificarse; redujo el monto para considerar al hurto como contravención al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada y estableció que la reincidencia sea tratada como delito. Además, restituyó como delitos de acción pública la estafa, el hurto, la violación de domicilio, la revelación de secretos de fábrica y determinadas lesiones; incorporó la prohibición de enajenar como medida cautelar real, reforzó el registro de detenciones para conocimiento de la Fiscalía, devolvió a los jueces la facultad de emitir el auto resolutorio correspondiente y eliminó la apelación del auto de llamamiento a juicio para evitar dilaciones procesales. Durante el debate, Vicente Taiano, Mauro Andino, Andrés Páez y María Paula Romo defendieron la reforma como una respuesta legislativa frente a la delincuencia, mientras Fernando Bustamante planteó precisiones sobre la proporcionalidad y finalidad de las medidas; Luis Almeida, César Rodríguez, Línder Altafuya, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Gilmar Gutiérrez y Tito Nilton Mendoza cuestionaron aspectos relacionados con la presunción de inocencia, la prisión preventiva, la apelación y la proporcionalidad de las sanciones. Leonardo Viteri propuso incluir los semovientes en la regulación de bienes robados; Lourdes Tibán solicitó garantizar el respeto a la jurisdicción indígena; y Hólger Chávez propuso extender la protección penal a fiscales y jueces. Finalmente, María Paula Romo informó que se acogieron varias observaciones, entre ellas la eliminación de la posibilidad de dictar prisión preventiva para delitos con penas inferiores a un año, la inclusión de una auditoría externa a jueces y fiscales, el reconocimiento de la jurisdicción indígena y la ampliación de la protección a operadores de justicia; la reforma fue aprobada con setenta y ocho votos afirmativos, sin votos negativos, un voto en blanco y veintinueve abstenciones.

ACTA_023-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se expresó solidaridad con el asambleísta Ramiro Terán por la situación de salud de su hermano Gustavo Terán, intervención en la que agradeció el respaldo recibido y exhortó a mantener la lucha por los cambios sociales. Posteriormente, se trató la designación de las vocalías del Consejo de Administración Legislativa; Gilmar Gutiérrez presentó la candidatura de Fausto Cobo para la Segunda Vocalía, la cual no alcanzó los votos necesarios, mientras que Nivea Vélez destacó la necesidad de garantizar la representación paritaria de las mujeres y Gido Vargas solicitó la rectificación de la votación. Asimismo, se debatió y aprobó la conformación de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional, mediante una propuesta presentada por Abdalá Bucaram, que fue aprobada con ochenta y seis votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y una abstención; durante el tratamiento intervinieron Rolando Panchana, Cynthia Viteri, Luis Almeida, Jorge Escala, Juan Fernández, Mao Moreno, Andrés Roche, Fernando Vélez, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Virgilio Hernández y Alfredo Ortiz, quienes formularon observaciones sobre la representación de los distintos sectores políticos, estudiantiles y sociales, así como sobre la integración de la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, a la que se incorporó Edwin Vaca. Finalmente, se informó la conformación de la Bancada Progresista Democrática de Izquierda, Intercultural y Plurinacional de Derechos, coordinada por Jorge Escala y Cléver Jiménez, y se retomó la designación de la Segunda Vocalía del Consejo de Administración Legislativa; Jorge Escala presentó la candidatura de Lourdes Tibán, quien fue designada con ochenta y cinco votos afirmativos, once negativos y veintiséis abstenciones, tomó juramento de posesión y manifestó su compromiso de impulsar la interculturalidad, la plurinacionalidad, los derechos colectivos y la participación de sectores históricamente excluidos.

ACTA_046-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, orientado a reorganizar el sistema universitario y tecnológico mediante normas sobre autonomía responsable, cogobierno, gratuidad, financiamiento, igualdad de oportunidades, becas, nivelación y admisión, evaluación y acreditación, investigación, carrera docente, funcionamiento de institutos técnicos y tecnológicos, creación de nuevas instituciones, rendición de cuentas, sanciones y régimen de transición. Durante la comisión general, Galo Mindiola, Carlos Torres y Abraham Bedrán, en representación estudiantil, solicitaron mayor participación con voz y voto en los organismos del sistema, respeto a la autonomía universitaria, fortalecimiento del cogobierno, garantías para las organizaciones estudiantiles, becas y una revisión de las disposiciones transitorias; Yolanda Albán advirtió que ciertas obligaciones financieras y regulatorias podían afectar la subsistencia de los institutos técnicos y tecnológicos; mientras Gustavo Vega y Enrique Ayala Mora señalaron que existían importantes consensos, pero pidieron completar el diálogo sobre los temas pendientes, especialmente la integración y designación de las autoridades de los organismos de regulación y acreditación, el alcance de la Secretaría Nacional de Educación Superior, el financiamiento, las titulaciones y el régimen de transición. Raúl Abad, Mao Moreno, Eduardo Encalada, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Mary Verduga, Jaime Abril, Juan Fernández, Lídice Larrea, Rocío Valarezo y Zobeida Gudiño defendieron la necesidad de aprobar una normativa que eleve la calidad académica, democratice las universidades, fortalezca la evaluación, la investigación, la rendición de cuentas, la participación estudiantil y la vinculación de la educación superior con el desarrollo nacional; en tanto que Marco Murillo propuso suspender el tratamiento para ampliar el diálogo, y Jorge Escala, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Magali Orellana, Luis Almeida, Salomón Fadúl, César Montúfar y Gioconda Saltos expresaron preocupaciones sobre una posible afectación a la autonomía universitaria, la concentración de atribuciones en organismos vinculados al Ejecutivo, la creación de universidades sin los procedimientos previos, el financiamiento, la situación de las provincias amazónicas y la necesidad de incorporar las observaciones de la comunidad universitaria. También intervinieron Betty Amores y Gerónimo Yantalema; finalmente, al quedar numerosos legisladores inscritos y varios temas pendientes, se suspendió el debate sin que se produjera la votación del proyecto.

ACTA_059-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas, orientado a articular el Plan Nacional de Desarrollo, la planificación territorial, el presupuesto, la inversión pública, la gestión de liquidez, el endeudamiento y la programación fiscal plurianual. Francisco Velasco defendió la propuesta como un mecanismo para superar la desconexión entre planificación y presupuesto; mientras Patricio Quevedo, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Paola Pabón, Rafael Dávila, Nívea Vélez, Silvia Kon, Ramiro Terán, Enrique Herrería y Gilmar Gutiérrez cuestionaron su trámite urgente, la posible afectación a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, el IESS y la banca pública, las facultades para modificar el presupuesto, el límite de endeudamiento, la concentración de recursos en la Cuenta Única del Tesoro y la falta de participación ciudadana. María Soledad Vela solicitó fortalecer el presupuesto participativo, la transparencia y el control social; Virgilio Hernández pidió corregir disposiciones que podían generar burocracia y restringir competencias; Gina Godoy propuso incorporar expresamente a los consejos nacionales para la igualdad; y Galo Vaca planteó incluir la equipotencia regional, mayor participación de las funciones del Estado y límites más estrictos al endeudamiento. El debate quedó suspendido sin que se votaran las mociones de archivo. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior; Raúl Abad propuso allanarse en general al veto, con excepciones relacionadas con disposiciones sobre derechos de las estudiantes, autoridades universitarias, evaluación y la creación de una universidad en Santo Domingo de los Tsáchilas. Mary Verduga defendió mantener la disposición que permitía a Santo Domingo contar con una universidad estatal; Fernando Cordero, María Paula Romo, Silvia Salgado, Guillermina Cruz y Aminta Buenaño solicitaron ratificar normas sobre democracia interna, cogobierno, autonomía universitaria, igualdad y protección de estudiantes embarazadas; Elvis Maldonado cuestionó el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Educación Superior por considerar que limitaba la autonomía universitaria; y Armando Aguilar respaldó el tratamiento de la ley. Richard Guillén apeló la conducción del debate, pero la apelación fue negada; finalmente, la votación sobre el veto no se realizó por falta de quórum, por lo que las mociones quedaron sin resolución.

ACTA_107-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de César Montúfar para crear una comisión multipartidista que investigara los cables de WikiLeaks relacionados con Ecuador, de Tomás Zevallos para exigir la transferencia de recursos adeudados a los gobiernos locales de Orellana y Sucumbíos, y de Gilmar Gutiérrez para investigar presuntas irregularidades en el proceso electoral; en cambio, se aprobó incorporar el tratamiento de la situación de los extrabajadores de ANDINATEL. Posteriormente, se analizó el informe que recomendaba denunciar el convenio entre Ecuador y Venezuela para la promoción y protección recíproca de inversiones, debido a que sus disposiciones sobre arbitraje internacional fueron consideradas contrarias a la Constitución y a la jurisdicción nacional. Quienes apoyaron la denuncia defendieron la soberanía del Estado y señalaron que el Código de la Producción ofrecía garantías suficientes a los inversionistas; sus opositores advirtieron que la decisión podía afectar la seguridad jurídica, las relaciones bilaterales, la inversión extranjera y el empleo, y propusieron renegociar el convenio en lugar de eliminarlo. Intervinieron Linda Machuca, Vicente Taiano, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Fernando Flores, Fernando Aguirre, Rocío Valarezo, Vethowen Chica, Susana González, Francisco Velasco, Edwin Vaca, Luis Almeida y Dora Aguirre. Aunque inicialmente se anunció la aprobación de la denuncia, la rectificación de la votación determinó que no alcanzó los votos requeridos. Finalmente, se analizó la situación de los 358 extrabajadores de ANDINATEL despedidos de manera irregular y, con las intervenciones de Nívea Vélez, María Calle, Gerónimo Yantalema, Kléver García, Armando Aguilar, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Silvia Salgado, Luis Morales y Pedro de la Cruz, se aprobó por unanimidad exhortar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a conceder una amnistía sobre las aportaciones adeudadas e incorporarlos a la nómina de pensionistas, al Ministerio de Telecomunicaciones a reconocer su derecho a la jubilación patronal y al Ministerio de Finanzas a proporcionar los recursos necesarios para cumplir la resolución.

ACTA_125-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión 125 del Pleno, realizada el 20 de septiembre de 2011, se desarrolló inicialmente un acto conmemorativo por los 180 años de la primera sesión del Congreso Nacional del Ecuador, durante el cual ingresó al salón la primera Constitución ecuatoriana, se interpretó el Himno Nacional en idioma shuar y se entregó oficialmente la Constitución de la República traducida al shuar chicham, trabajo destinado a facilitar a esta nacionalidad el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones; intervinieron el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el lingüista Pedro Andicha Chayuqui y la asambleísta Diana Atamaint, quienes destacaron la importancia de la memoria histórica, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la conservación de las lenguas ancestrales y la inclusión de los pueblos indígenas. Posteriormente, se inició un extenso y polarizado debate sobre el proyecto de resolución relacionado con los hechos del 30 de septiembre de 2010: María Augusta Calle y otros legisladores sostuvieron que existió un intento de golpe de Estado, el secuestro del Presidente de la República y una acción coordinada destinada a quebrantar el orden constitucional, por lo que solicitaron investigar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales y evitar la impunidad; en contraste, varios asambleístas de oposición negaron que hubiera existido golpe de Estado o magnicidio, atribuyeron los acontecimientos a una protesta policial originada por la Ley de Servicio Público, cuestionaron la actuación del Ejecutivo y de las fuerzas que participaron en el operativo de rescate, denunciaron una posible utilización política de la justicia y propusieron conformar una investigación independiente, desclasificar los documentos reservados o acudir a organismos internacionales para determinar responsabilidades. El debate fue suspendido al mediodía y reinstalado con setenta y cinco legisladores, pero, luego de nuevas intervenciones, la sesión volvió a suspenderse a las 16h20 sin que el proyecto de resolución fuera sometido a votación y sin que se trataran los segundos debates de los proyectos de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Intervinieron María Augusta Calle, Lenín Chica, Ramiro Terán, Cléver Jiménez, Irina Cabezas, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Pedro de la Cruz, Cynthia Viteri, Fernando Flores, Viviana Bonilla, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Enrique Herrería, Paola Pabón, Fausto Cobo, Gastón Gagliardo, Virgilio Hernández, Jorge Escala, Mao Moreno, Xavier Tomalá, Marco Murillo y Fernando Aguirre.

ACTA_116-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas para incorporar al orden del día el rechazo al decreto sobre la compra obligatoria de renuncias de servidores públicos y un exhorto para ampliar el acceso de los jóvenes a las universidades estatales. Posteriormente, se posesionó a Paulo Rodríguez, Tania Arias y José Yávar como integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio. Se debatió la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de una causa penal contra el Presidente de la República por una querella de injurias; quienes respaldaron la autorización sostuvieron que la inmunidad no debía impedir la investigación judicial y que correspondía garantizar el debido proceso, mientras sus opositores consideraron que la petición carecía de fundamento constitucional, perseguía fines políticos y pretendía desestabilizar al Gobierno. La autorización fue negada y la rectificación confirmó el resultado. También se aprobó la Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, mediante la cual se eliminaron ciento cincuenta y una normas obsoletas o inaplicables. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial sobre las prácticas preprofesionales de los estudiantes de Derecho, analizando su aplicación únicamente a quienes iniciaron sus estudios después de la vigencia del Código, la falta del reglamento correspondiente, la posibilidad de realizarlas durante la carrera y en distintas instituciones públicas, su remuneración, la protección de quienes estudian y trabajan, la diferencia entre pasantías y prácticas profesionales y la coordinación con las autoridades de educación superior; las observaciones fueron remitidas a la comisión para elaborar el informe de segundo debate. Intervinieron Nívea Vélez, Luis Morales, Silvia Kon, Enrique Herrería, Jorge Escala, Tito Mendoza, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Hólger Chávez, Andrés Páez, Cynthia Viteri, César Rodríguez, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, César Montúfar, Lourdes Tibán, Armando Aguilar, Luis Almeida, César Gracia, Mauro Andino, Eduardo Encalada, María Romo, Juan Cassinelli, Gerónimo Yantalema, María Vela, Francisco Ulloa y Viviana Bonilla.

ACTA_194-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron tres solicitudes para modificar el orden del día: Virgilio Hernández propuso debatir una resolución que declarara asunto de Estado la defensa del Ecuador frente al laudo arbitral favorable a la petrolera OXY, al advertir que obligaría al país a pagar más de dos mil millones de dólares pese al incumplimiento contractual de la empresa, pero la propuesta y su rectificación fueron negadas con sesenta y un votos afirmativos; César Rodríguez planteó que el Pleno respondiera a las declaraciones del Ejecutivo sobre las facultades de fiscalización de la Asamblea y reafirmara la independencia de las funciones del Estado, moción que tampoco fue aprobada al obtener cincuenta y tres votos afirmativos; y Pedro de la Cruz solicitó tratar una resolución por el Día Mundial de la Alimentación, orientada a combatir el hambre, defender el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y la agricultura familiar campesina, propuesta que inicialmente recibió sesenta y cuatro votos afirmativos, pero quedó sin aprobación después de la rectificación solicitada por Fernando Flores. Posteriormente se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a derogar la Ley Especial del Sector Cafetalero, mediante el cual se propuso eliminar al Consejo Cafetalero Nacional —COFENAC— como entidad privada financiada con una contribución equivalente al dos por ciento de las exportaciones de café y trasladar la rectoría de las políticas, recursos y programas del sector al Ministerio de Agricultura, particularmente a la unidad encargada de reactivar los cultivos de café y cacao; la Comisión sostuvo que el proyecto sustitutivo originalmente presentado no podía aprobarse porque creaba organismos, fondos, becas, incentivos y otras obligaciones que aumentaban el gasto público y correspondían a la iniciativa del Ejecutivo, pero recomendó conservar la derogatoria, garantizar la participación de los productores y solicitar a la Contraloría un examen especial sobre el manejo de los recursos administrados por el COFENAC. Irina Cabezas explicó que el sector atravesaba una baja productividad, envejecimiento de las plantaciones, dependencia de importaciones y pérdida de competitividad, y señaló que el Estado planteaba renovar los cafetales, aumentar la producción, coordinar investigación, crédito, control de calidad, asociatividad y comercialización mediante el Ministerio de Agricultura, el INIAP, AGROCALIDAD, el Banco Nacional de Fomento y otras instituciones, sin dejar desprotegidas a las familias productoras. En oposición, Gilmar Gutiérrez difundió testimonios de Enrique Sabando y de varios productores de Manabí, Loja, Zamora, Sucumbíos, Bolívar y Orellana, quienes afirmaron que el COFENAC les había proporcionado asistencia técnica, capacitación, plantas, organización y apoyo para reactivar los cultivos, mientras el Ministerio y la banca pública no llegaban adecuadamente a sus territorios, por lo que solicitaron aplazar la derogatoria hasta contar con una alternativa efectiva. Gerónimo Yantalema manifestó que la derogatoria era constitucionalmente necesaria, pero advirtió que debía garantizar la continuidad de los derechos y beneficios existentes, como la investigación, los créditos preferenciales, la renovación de plantaciones y la asistencia a los pequeños productores, mediante una transición clara y una normativa alternativa; Virgilio Hernández defendió la derogatoria al considerar que el COFENAC respondía a un modelo que entregaba funciones públicas a entidades privadas y beneficiaba principalmente a comerciantes y exportadores, por lo que pidió que el Ministerio asumiera las competencias bajo vigilancia de la Asamblea; Jorge Escala rechazó la eliminación del organismo sin mecanismos que aseguraran créditos, precios justos y protección a los caficultores; Fausto Cobo formuló observaciones sobre la redacción y la incorrecta ubicación de disposiciones administrativas dentro del proyecto; y Luis Almeida sostuvo que el problema central era la falta de producción, financiamiento barato, asistencia técnica y renovación de cultivos, advirtiendo contra el incremento de la burocracia y el retorno de prácticas irregulares relacionadas con los cupos de exportación. Finalmente, el proyecto no fue sometido a votación por encontrarse en primer debate; se dispuso que continuara su trámite hacia el segundo debate después de incorporar las correcciones y observaciones presentadas, y la sesión fue clausurada ante el riesgo de perder el quórum. Intervinieron Virgilio Hernández, César Rodríguez, Pedro de la Cruz, Fernando Flores, Irina Cabezas, Gilmar Gutiérrez, Enrique Sabando, Gerónimo Yantalema, Jorge Escala, Fausto Cobo y Luis Almeida.

ACTA_203-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Rafael Dávila propuso financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano reduciendo gastos estatales en publicidad, espectáculos y viáticos, pero el cambio del orden del día fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, cuarenta y uno negativos y trece abstenciones. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que eliminó beneficios tributarios de la banca, modificó el anticipo del impuesto a la renta, gravó los servicios financieros, aumentó el impuesto sobre fondos e inversiones en el exterior, facilitó al SRI el acceso reservado a información financiera y prohibió trasladar las nuevas cargas tributarias a los usuarios. Sus defensores señalaron que permitiría financiar políticas sociales mediante una mayor contribución del sector financiero, mientras sus críticos cuestionaron su finalidad electoral, constitucionalidad, efectos sobre el crédito y la liquidez, posible traslado de costos a los consumidores y falta de una asignación exclusiva de los recursos al bono. La ley fue aprobada y ratificada con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos y diez abstenciones; posteriormente se negó su reconsideración y la rectificación de esta última votación. Intervinieron Rafael Dávila, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Enrique Herrería, Eduardo Encalada, Luis Almeida, Vicente Taiano, Juan Carlos Cassinelli, Cléver Jiménez, Christian Viteri, César Rodríguez, Silvia Salgado, María Paula Romo, Paco Fierro, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Susana González, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Edwin Vaca, Fernando González, Mauro Andino, Galo Vaca, Juan Carlos López, Nívea Vélez, Luis Morales, César Montúfar, Guillermina Cruz, Gerónimo Yantalema y Francisco Cisneros.

ACTA_031-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, centrado en la definición de competencias, autonomía, planificación, participación ciudadana y distribución equitativa de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Edwin Vaca propuso una atención preferencial para las provincias fronterizas por la presencia de población refugiada y planteó impulsar una norma específica de desarrollo fronterizo; Paola Pabón, César Rodríguez, José Picoita, Mary Verduga, Gina Godoy y Armando Aguilar defendieron el Código como una herramienta para superar el centralismo, fortalecer las juntas parroquiales, ordenar competencias y establecer una distribución más justa de recursos. Gilmar Gutiérrez, Francisco Cisneros, Andrés Páez, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Francisco Ulloa y Nivea Vélez expresaron reparos sobre posibles limitaciones a la autonomía, la fórmula de redistribución, la creación de tributos, la delegación de servicios públicos y las disposiciones sobre expropiación de inmuebles para vivienda de interés social. Ángel Vilema solicitó reconocer los costos de insularidad de Galápagos; Xavier Tomalá y Jimmy Pinoargote plantearon mayores recursos y competencias para Santa Elena, particularmente por la explotación petrolera y el turismo; Rafael Dávila y Nivea Vélez defendieron la permanencia de recursos destinados a Loja; Magali Orellana, Guillermina Cruz, Francisco Cisneros y otros representantes amazónicos solicitaron garantizar los fondos de compensación para esa región; mientras Paco Fierro, Mauro Andino, María Molina y Jaime Abril debatieron la distribución de beneficios vinculados con la generación hidroeléctrica y las provincias afectadas. Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Lourdes Tibán formularon observaciones sobre las circunscripciones territoriales indígenas, el reconocimiento de comunas, pueblos y nacionalidades, la consulta conforme a sus procedimientos propios y el respeto a la libre determinación. Pedro de la Cruz y Jaime Abril solicitaron proteger la gestión pública y comunitaria del agua y del riego; Silvia Salgado planteó evitar que la educación y la salud sean tratadas como servicios sujetos a delegación; Línder Altafuya cuestionó que la regionalización pudiera imponerse sin consulta popular; y Richard Guillén, Marllely Vásconez, Fausto Cobo, Galo Vaca, Cynthia Viteri, Luis Morales y Gabriel Rivera también presentaron observaciones sobre financiamiento, competencias, participación y autonomía local. Finalmente, al permanecer pendientes varias intervenciones y temas adicionales incorporados al orden del día, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto en una próxima convocatoria.

ACTA_022-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció la respuesta del Ejecutivo a las observaciones formuladas a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual, ratificándose la Asamblea en que los fondos especiales destinados a determinados gobiernos autónomos descentralizados debían mantenerse vigentes y pagarse sin descontarlos de las asignaciones generales, así como en la redistribución de ochenta millones de dólares para modernizar la Función Judicial, financiar nuevos jueces y fortalecer los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia; intervinieron Betty Amores, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, Rafael Dávila y Armando Aguilar, quienes debatieron también sobre el endeudamiento, las proyecciones económicas, las asignaciones para educación, salud, jubilación docente y gobiernos locales. La resolución fue aprobada luego de la rectificación de la votación y se negó la reconsideración solicitada. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe fue presentado por Betty Carrillo y planteaba garantizar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, la regulación de contenidos, la protección de niñas, niños y adolescentes, la producción nacional, los derechos de periodistas y comunicadores, la desconcentración de la propiedad de medios, la transparencia de sus propietarios, el funcionamiento de medios públicos, privados y comunitarios, y la creación de mecanismos de regulación, vigilancia y participación ciudadana. Antes del debate se dio lectura al acuerdo suscrito por Fernando Cordero, Luis Morales, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Cynthia Viteri, César Montúfar y Abdalá Bucaram, orientado a garantizar la libertad de expresión sin censura previa, establecer responsabilidad ulterior, impedir la clausura o suspensión administrativa de medios y crear un Consejo de Comunicación autónomo e independiente. Durante el debate intervinieron Betty Carrillo, Paco Moncayo, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, César Rodríguez y Luis Morales; mientras Carrillo y Rodríguez defendieron la necesidad de una ley para democratizar el acceso a la comunicación, evitar monopolios y garantizar derechos ciudadanos, Moncayo, Cobo, Viteri y Morales expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, las facultades sancionadoras del Consejo y la suspensión de medios de comunicación. Finalmente, ante la falta de condiciones para continuar el debate, se suspendió el tratamiento del proyecto para retomarlo en una próxima sesión.

ACTA_051-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf La sesión continuó con el tratamiento del primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que numerosos asambleístas presentaron observaciones a los informes de mayoría y minoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado: Alfredo Ortiz insistió en fortalecer la fiscalización y la iniciativa legislativa frente al CAL y cuestionó el artículo sobre objeción parcial presidencial; Tito Nilton Mendoza calificó a la ley vigente de ineficaz y pidió la figura de la autoconvocatoria y la eliminación de filtros a la fiscalización; Juan Carlos Cassinelli propuso reformas sobre subrogación de funciones, tiempos de comparecencia y voto dirimente en comisiones; Leonardo Viteri planteó normar la destitución de autoridades del CAL, ampliar la Unidad de Control de Ejecución Presupuestaria y eliminar el voto en blanco electrónico; Aminta Buenaño defendió los avances de la ley frente al antiguo Congreso y sugirió uniformar la terminología sobre pueblos y nacionalidades y revisar el rol del ponente en segundo debate; Richard Guillén propuso reformas sobre sesiones ordinarias y extraordinarias, sanciones por inasistencia, integración equitativa de comisiones, votación por artículos y sanciones al Secretario por distorsionar resultados; César Rodríguez detalló un procedimiento ágil para la consulta prelegislativa y cuestionó la disposición transitoria sobre la Comisión de Fiscalización; Nivea Vélez criticó el rol del CAL como elemento de demora y la concentración de decisiones en presidentes de comisión; Juan Carlos López denunció la falta de independencia entre funciones del Estado y los juicios políticos archivados; Paola Pabón valoró el trabajo de la Comisión y propuso precisar las etapas de la consulta prelegislativa y el mecanismo de decisión sobre juicios políticos; Luis Morales cuestionó la proliferación de debates y pidió mayor apego a la ley; César Montúfar exigió una reforma integral orientada al fortalecimiento del Pleno frente a los "nueve filtros" que, según dijo, obstaculizan la fiscalización, y criticó la conducción del presidente Cordero; Jaime Abril desarrolló una propuesta detallada sobre las etapas de la consulta prelegislativa, la inclusión de las comunas y la participación de CODENPE, CODAE y CODEPMOC; María Cristina Kronfle aclaró su propuesta sobre el cambio del Orden del Día en sesiones ordinarias con mayoría simple; Marco Murillo insistió en que la consulta prelegislativa debe buscar consensos reales mediante asambleas comunitarias y no limitarse a un trámite; Línder Altafuya cuestionó la inacción de la Comisión de Fiscalización citando casos concretos y propuso que el Pleno decida con debate sobre el inicio de juicios políticos; Xavier Tomalá pidió precisar el quórum, los plazos para cambios de Orden del Día y la reconsideración de votaciones; Galo Lara citó casos de obras públicas cuestionadas y presentó reformas puntuales a los artículos sobre fiscalización y enjuiciamiento político; Enrique Herrería denunció que el proyecto carece de una reforma integral y señaló presuntas inconstitucionalidades, además de referirse a un incidente previo con Gilmar Gutiérrez sobre entrega de información; Saruka Rodríguez presentó seis observaciones puntuales sobre terminología y comisiones ocasionales; Fernando Bustamante advirtió contra la nostalgia de las prácticas del antiguo Congreso y defendió que la fiscalización no se agota en el juicio político; Fernando Aguirre cuestionó el servilismo de la Asamblea frente al Ejecutivo y pidió recuperar su independencia; y finalmente el presidente Fernando Cordero expuso su posición sobre el momento y alcance de la consulta prelegislativa y presentó cifras sobre solicitudes de información y resultados de fiscalización durante el año legislativo.

ACTA_039-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Francisco Ulloa para incorporar una resolución de rechazo al fallo arbitral favorable a Chevron y Texaco, y de Gilmar Gutiérrez para tratar la situación del enjuiciamiento político al Fiscal General del Estado; en cambio, se aprobaron las inclusiones de las resoluciones propuestas por Lídice Larrea y Armando Aguilar. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Celso Maldonado, orientado a fortalecer la actividad física, la recreación, el deporte formativo y de alto rendimiento, regular la estructura y funcionamiento de las organizaciones deportivas, establecer una distribución más equitativa de recursos, impulsar la planificación, garantizar becas, seguros, pensiones, atención médica y apoyo a deportistas, así como promover la democratización, transparencia y rendición de cuentas en las federaciones y demás entidades deportivas. Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Ramiro Terán, Kléver García, Mercedes Diminich, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Leonardo Viteri, María Soledad Vela, Luis Morales, Linda Machuca, Luis Almeida, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Luis Noboa, Jimmy Pinoargote, Marllely Vásconez, Yorinson Tenorio, Lídice Larrea, Francisco Ulloa, Paola Pabón, José Picoita, Fernando Cáceres, César Rodríguez, Gido Vargas, María Alejandra Vicuña, Marisol Peñafiel y Ángel Vilema presentaron observaciones sobre la categoría de la ley, la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de ligas barriales, cantonales y parroquiales, la integración de directorios, las funciones del Ministerio del Deporte, el financiamiento, las exoneraciones de servicios básicos, la protección de deportistas, la inclusión de ecuatorianos en el exterior y las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; por lo que se dispuso recoger los aportes y diferir la votación para una sesión posterior. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Lídice Larrea para declarar el 5 de mayo como fecha cívica nacional en conmemoración de la Primera Proclama de la Revolución Alfarista en Chone, y la resolución promovida por Armando Aguilar, con intervenciones de Nívea Vélez, Fausto Cobo, César Montúfar, Línder Altafuya, Luis Morales, Gido Vargas y Washington Quiñónez, mediante la cual se reconoció a las trabajadoras y trabajadores del país, se reafirmó el compromiso de legislar en favor de sus derechos y se exhortó al Gobierno a vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y promover la generación de empleo productivo.

ACTA_044-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron varias resoluciones de carácter nacional e internacional. Se unificaron y aprobaron las propuestas de Línder Altafuya y María Alejandra Vicuña para condenar el ataque del Ejército israelí contra la flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, expresar solidaridad con las víctimas y activistas, solicitar una investigación y sanción internacional, respaldar el llamado a consultas del embajador ecuatoriano y demandar el cese del bloqueo a la Franja de Gaza; en este debate intervinieron Fernando Bustamante, Línder Altafuya, María Alejandra Vicuña y María Augusta Calle. También se aprobó la resolución impulsada por Fausto Cobo para exhortar al Servicio Social de la Fuerza Terrestre y al Ministerio de Relaciones Laborales a garantizar el pago de indemnizaciones a las exservidoras y exservidores del Comisariato del Ejército que fueron cesados, con aportes de Luis Morales, Armando Aguilar, Hólger Chávez, María Augusta Calle y Línder Altafuya. De igual manera, se aprobó la resolución propuesta por Rosana Alvarado con motivo del Día Mundial del Ambiente, mediante la cual la Asamblea reafirmó su compromiso con el desarrollo sustentable, los derechos de la naturaleza y el uso responsable de los recursos naturales. Posteriormente, se debatió la propuesta de Magali Orellana para declarar de interés nacional la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y la preservación de la biodiversidad del Yasuní y la zona intangible; Magali Orellana, Francisco Cisneros, Rosendo Nurinkias, Alfredo Ortiz y Paco Moncayo defendieron la necesidad de proteger estos territorios y pueblos, mientras César Rodríguez cuestionó la pertinencia jurídica de la propuesta, por lo que la resolución fue negada. Finalmente, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Mercedes Diminich para expresar condolencias a Carlos Zambrano y su familia por el fallecimiento de su esposa, Jéssica Núquez, y se planteó la necesidad de fortalecer las acciones frente a la inseguridad y el sicariato, con intervención de Gido Vargas; además, Gilmar Gutiérrez advirtió que la votación de la Ley del Deporte debía realizarse al continuar la sesión en que se desarrolló su segundo debate, por lo que se clausuró la sesión sin tratar dicha votación.

ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_199-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Francisco Cisneros propuso exigir que la comisión encargada de analizar el informe presidencial sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo se reuniera y presentara sus conclusiones, mientras Gilmar Gutiérrez pidió conformar una comisión multipartidista para vigilar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta las elecciones de febrero de 2013; las propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse la primera votación. Posteriormente se posesionó constitucional y legalmente a las juezas y jueces principales y suplentes que conformarían la primera Corte Constitucional, luego de conocer los resultados del proceso de selección y de que prestaran el juramento correspondiente. El tema central fue el segundo debate de la reforma destinada a incorporar al cantón La Concordia a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cumplimiento de la consulta popular en la que el 64,92 % de los votantes respaldó esa pertenencia; el proyecto también regulaba la transferencia de recursos, instituciones, servidores públicos y servicios, sin reducir las asignaciones de Esmeraldas. En comisión general, Lucía Sosa y Rosaura Bastidas defendieron la pertenencia histórica y jurídica de La Concordia a Esmeraldas y denunciaron abandono, discriminación y posibles irregularidades administrativas; Geovanny Benítez y Walter Ocampo sostuvieron que debía respetarse la decisión mayoritaria de los concordenses y afirmaron que el cambio permitiría superar décadas de indefinición y falta de servicios. Durante el debate legislativo, unos defendieron el carácter obligatorio y vinculante de la consulta y pidieron aprobar inmediatamente la reforma; otros cuestionaron la constitucionalidad del proceso, la ausencia de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, presuntos cambios irregulares de domicilio electoral y el riesgo de profundizar el enfrentamiento entre provincias hermanas. Ante las dudas jurídicas y las mociones para postergar la votación o consultar sus consecuencias, el tratamiento fue suspendido y se dispuso solicitar un informe jurídico, por lo que la ley no fue votada. Finalmente se aprobó por unanimidad, con ochenta y tres votos afirmativos, una resolución que declaró al general Julio Andrade Prócer e Insigne Luchador, reconoció su aporte al alfarismo y a la vida republicana, solicitó incluir el estudio de su vida en la educación y saludó a la parroquia que lleva su nombre por su aniversario; la denominación inicial de Héroe Nacional fue modificada debido a las observaciones sobre el procedimiento establecido en la ley vigente. Intervinieron Francisco Cisneros, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Lucía Sosa, Rosaura Bastidas, Geovanny Benítez, Walter Ocampo, Virgilio Hernández, Línder Altafuya, Carlos Samaniego, Luis Morales, César Gracia, María Augusta Calle, Mary Verduga, Lenín Chica, Gabriel Rivera, Fernando Vélez, Tito Nilton Mendoza, Fausto Cobo y Carlos Velasco; Fernando Flores participó solicitando la rectificación de una votación.

ACTA_198-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Gilmar Gutiérrez retiró su solicitud para conformar una comisión multipartidista que vigilara las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta la proclamación de los resultados de las siguientes elecciones, debido a la ausencia de varios legisladores. Posteriormente se trató la selección de la terna que la Asamblea debía remitir para la designación de su representante ante el Consejo de la Judicatura. Ángel Vilema propuso a Ana Karina Peralta Velásquez, Carlos Teodoro Delgado Alonso y Zaida Patricia Romero Flores, destacando su formación y experiencia jurídica; María Paula Romo cuestionó que la integración del organismo dependiera nuevamente de delegados de las funciones políticas, advirtió sobre una posible designación previamente acordada y pidió que se entregaran las hojas de vida antes de votar. La terna fue aprobada con cincuenta y seis votos afirmativos, treinta y cinco negativos y cinco abstenciones. Finalmente se desarrolló el primer debate de la reforma al Código de la Policía Marítima. La Comisión recomendó archivarla porque, aunque reconoció la urgente necesidad de actualizar la normativa vigente desde 1960, consideró que el proyecto era incompleto, mantenía disposiciones contrarias a los derechos constitucionales y no incorporaba los cambios derivados de la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que propuso elaborar un Código de Legislación Marítima integral. Vethowen Chica respaldó el archivo por considerar necesaria una reforma estructural; en cambio, Paco Moncayo y Alfredo Ortiz sostuvieron que la Asamblea debía corregir y ampliar el proyecto, no desecharlo, debido a que la normativa todavía permitía detener personas por supuesta vagancia, imponer prisión y cauciones desde las capitanías, aplicar multas establecidas en sucres y mantener conflictos de competencias con los municipios. Línder Altafuya coincidió en la necesidad de actualizar el Código, pero centró su intervención en rechazar la adhesión a la Convención por considerar que afectaba la soberanía marítima y perjudicaba a los pescadores. La moción de archivo obtuvo cincuenta y dos votos afirmativos, veintiún negativos y veintitrés abstenciones, por lo que no fue aprobada y el proyecto regresó a la Comisión para continuar su trámite. Intervinieron Gilmar Gutiérrez, Ángel Vilema, María Paula Romo, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz y Línder Altafuya.

ACTA_009-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, orientado a modernizar, digitalizar e interconectar los registros civiles, de la propiedad, mercantiles y demás bases de datos públicas, mediante mecanismos de control cruzado, acceso a la información y protección de datos personales. Juan Carlos Cassinelli presentó la propuesta y defendió la necesidad de organizar la información registral a escala nacional; durante el debate, Paco Moncayo, César Rodríguez, Cecilia Jaramillo, Bolívar Subía, Luis Morales, Andrés Roche, Luis Almeida, Edwin Vaca, Pamela Falconí, Gioconda Saltos, Tito Nilton Mendoza, Fernando Cordero, Vicente Taiano, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Linda Machuca, Lenín Chica, Julio Vega, Francisco Velasco, María Soledad Vela y Kléver García formularon observaciones relacionadas con la protección de la intimidad y los datos personales, la administración concurrente de los registros de la propiedad, la necesidad de evitar la centralización y politización de las designaciones, la participación ciudadana, el respeto a los trabajadores de los registros, el financiamiento de la digitalización, los plazos de implementación y la conveniencia de precisar el carácter, alcance y competencia institucional de la norma. Algunos legisladores solicitaron el archivo o reformulación integral del proyecto, mientras que Fernando Cordero y Francisco Velasco señalaron que, al tratarse de un primer debate, las observaciones debían remitirse por escrito para que el texto sea mejorado antes de continuar su trámite. Asimismo, se incorporó al orden del día el proyecto de resolución presentado por Silvia Salgado en respaldo al Gobierno Constitucional de Honduras presidido por Manuel Zelaya Rosales, mediante el cual se proponía condenar el golpe de Estado, rechazar la represión y el asedio a la Embajada de Brasil, respaldar la democracia y promover una acción conjunta de los parlamentos latinoamericanos. La propuesta fue apoyada por Línder Altafuya y Abdalá Bucaram, mientras Gilmar Gutiérrez cuestionó la legalidad del procedimiento y el alcance de las atribuciones de la Asamblea en materia de política exterior; María Cristina Kronfle intervino para rechazar expresiones discriminatorias hacia las personas con discapacidad, y Paco Moncayo participó en la búsqueda de un texto consensuado. Sin embargo, antes de someter la resolución a votación se declaró un receso para acordar su redacción y, al no recuperarse el quórum, la sesión fue clausurada sin adoptar una decisión sobre este punto.

ACTA_011-AN-2009-2011_PLENO.pdfEn la sesión se negó la solicitud de Richard Guillén para incorporar el análisis del incumplimiento del plazo constitucional para aprobar varias leyes prioritarias, mientras que la propuesta de Silvia Salgado para profundizar la investigación de los hechos ocurridos en Morona Santiago no avanzó al señalarse que ya existía una instancia encargada de ese análisis. Posteriormente, se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientada a completar la integración plural del Consejo de Administración Legislativa cuando no existieran suficientes bancadas, regular la elección de autoridades de las comisiones, permitir la presentación y tratamiento de informes de minoría, precisar la convocatoria de suplentes de representantes del exterior, fortalecer los mecanismos de comunicación y rendición de cuentas mediante el uso de franjas gratuitas en medios de comunicación, y ampliar el equipo de trabajo de las y los asambleístas. El principal debate se centró en la constitucionalidad de la integración del Consejo de Administración Legislativa y en el fortalecimiento de la fiscalización; María Paula Romo, Mauro Andino, Rosana Alvarado y María Augusta Calle defendieron que la reforma desarrollaba mecanismos necesarios para asegurar pluralidad y funcionamiento institucional, mientras César Montúfar, Gilmar Gutiérrez, María Cristina Kronfle, Enrique Herrería, Luis Almeida, Línder Altafuya y Cléver Jiménez cuestionaron que la propuesta pudiera contravenir la Constitución y limitar el control político. Silvia Salgado, Abdalá Bucaram, Alfredo Ortiz y Eduardo Encalada impulsaron que se habilite expresamente la investigación de actuaciones de funcionarios públicos y de hechos de interés ciudadano que generen conmoción social o crisis política; esta propuesta fue incorporada, mientras que se eliminó la modificación inicialmente prevista al procedimiento de entrega de información por parte de funcionarios públicos. También intervinieron Mercedes Diminich, Galo Lara, Francisco Velasco, Lourdes Tibán, Gioconda Saltos y Gabriel Rivera, quienes formularon observaciones sobre transparencia, representatividad, fiscalización, rendición de cuentas, inclusión y responsabilidad en el debate público. Finalmente, la reforma fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, quince negativos, cuatro votos en blanco y quince abstenciones.

ACTA_040-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Enrique Herrería para impulsar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el fin de corregir vacíos relacionados con los procesos de fiscalización y juicio político; sin embargo, este tema no llegó a tratarse. Previamente, en comisión general, Carlos Pazmiño, Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Luis Andrango y José Gualichico, en representación de organizaciones de regantes, pueblos indígenas y sistemas comunitarios de agua, solicitaron una normativa que garantice la gestión pública y comunitaria, la participación vinculante, la desprivatización, redistribución y protección de las fuentes de agua, así como el respeto a los sistemas comunitarios y a la soberanía alimentaria. También se conoció la renuncia de Betty Amores a la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentada tras las controversias surgidas durante el trámite del enjuiciamiento político al fiscal general; Mao Moreno propuso no aceptar la renuncia, mientras Luis Morales planteó aceptarla y designar a Vicente Taiano en su reemplazo, pero ambas mociones fueron negadas luego de las respectivas rectificaciones, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, defendido por Jaime Abril, Jimmy Pinoargote y Lídice Larrea como una norma orientada a reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer una cantidad vital, regular tarifas, priorizar el consumo humano, la soberanía alimentaria y la conservación ecológica, fortalecer la gestión pública y comunitaria, crear una institucionalidad integrada por la Secretaría Nacional del Agua, el Consejo Intercultural y Plurinacional y la Agencia de Regulación y Control, y regular el aprovechamiento productivo en actividades como minería, envasado, aguas termales, turismo y acuacultura. Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Paola Pabón, Stalin Subía, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Irina Cabezas, Gerardo Morán, Susana González, Richard Guillén, Armando Aguilar, Vicente Taiano, Omar Juez, Scheznarda Fernández, Mercedes Diminich, Galo Vaca, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Yandri Brunner, Guillermina Cruz, Mariángel Muñoz, Paco Fierro, Fernando González, César Montúfar, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Kléver García, Francisco Velasco, Línder Altafuya y César Rodríguez presentaron observaciones sobre la redistribución del agua, la protección de páramos, manglares y fuentes hídricas, el papel de los gobiernos autónomos descentralizados, la autonomía de las juntas comunitarias, la situación de INTERAGUA, las tarifas, las concesiones, la minería, el agua embotellada y la necesidad de que la autoridad del agua tenga una integración más participativa y vinculante. Al no concluir el debate ni producirse una votación final, la sesión fue suspendida para continuar posteriormente, en medio de llamados al diálogo, preocupaciones por movilizaciones sociales y denuncias sobre la criminalización de la protesta.

ACTA_024-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, en el que Rodolfo Baquerizo, Lenín Chica, Gioconda Saltos, Tito Nilton Mendoza y Cléver Jiménez cuestionaron que la Asamblea pueda otorgar inmunidad a integrantes de una comisión, advirtiendo que ello podría dejar en indefensión a las personas mencionadas en sus informes; mientras Paco Moncayo defendió la necesidad de proteger las investigaciones para conocer la verdad y evitar la repetición de hechos de violencia, y Eduardo Encalada sostuvo que el informe debía profundizar en las implicaciones geopolíticas, sociales y de soberanía vinculadas con el conflicto fronterizo. Al concluir este punto, se cerró el debate y se dispuso la presentación de observaciones por escrito, sin aprobarse una decisión definitiva. Posteriormente, se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, presentadas por Mauro Andino, que planteaban restituir como delitos de acción pública conductas como la estafa, el hurto y otras infracciones que habían pasado a acción privada; reducir la cuantía para diferenciar contravenciones y delitos; sancionar la comercialización, ocultamiento y transporte de bienes robados; limitar la sustitución de la prisión preventiva en casos graves o de reincidencia; fortalecer el control sobre jueces, fiscales y audiencias; y eliminar la apelación al auto de llamamiento a juicio. Cynthia Viteri, Andrés Páez, Luis Almeida, María Cristina Kronfle y Gilmar Gutiérrez cuestionaron que las reformas fueran insuficientes frente a la inseguridad, solicitaron medidas más estrictas para evitar la liberación de personas procesadas y advirtieron inconsistencias en algunos artículos; mientras María Paula Romo, Juan Carlos Cassinelli, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Gracia, Hólger Chávez, Lídice Larrea, Marisol Peñafiel y Fernando Bustamante señalaron que la delincuencia no se resuelve únicamente con reformas penales, sino también mediante mejoras en la administración de justicia, la prevención, el empleo, la rehabilitación y el control de fiscales y jueces. También intervinieron César Rodríguez, Abdalá Bucaram, Línder Altafuya, Rafael Dávila, Paco Fierro, Galo Vaca, Edwin Vaca, Luis Morales, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Enrique Herrería, Rodolfo Baquerizo y Juan Carlos López, quienes formularon observaciones sobre proporcionalidad de penas, delitos ambientales, lavado de activos, corrupción, garantías del debido proceso y la necesidad de una reforma penal integral. Finalmente, se aprobó la moción de Xavier Tomalá para que las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sean elaboradas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y las reformas al Régimen Legal de Seguros por la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control; Alfredo Ortiz, Silvia Salgado, Galo Lara, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Jorge Escala y Nivea Vélez intervinieron sobre el trámite y la asignación de estas materias, mientras Cléver Jiménez cuestionó la votación, aclarándose que la resolución fue aprobada por mayoría simple de los asambleístas presentes.

ACTA_018-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se analizaron la proforma presupuestaria correspondiente a los años 2009 y 2010, así como la programación presupuestaria cuatrianual 2010-2013, con un amplio debate sobre los supuestos de crecimiento económico, el precio previsto del petróleo, los ingresos tributarios, el déficit fiscal, el endeudamiento y la prioridad del gasto público. Francisco Velasco presentó el informe y sostuvo que el presupuesto debía orientarse al bienestar social, fortalecer la recaudación progresiva, reducir la carga de la deuda e incorporar mecanismos de seguimiento y control legislativo; Christian Viteri, Betty Amores, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, José Picoita, Armando Aguilar, Juan Carlos López, Enrique Herrería y Fernando Cordero defendieron la necesidad de tramitar las proformas dentro del plazo previsto, formular observaciones sectoriales y priorizar la inversión social, la descentralización, el fortalecimiento de la justicia y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, Sylvia Kon, Gilmar Gutiérrez, Rodolfo Baquerizo, Edwin Vaca, Andrés Roche, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Galo Vaca, Patricio Quevedo, Alfredo Ortiz, Luis Almeida, Luis Morales, Fernando Aguirre, Vicente Taiano y Nivea Vélez cuestionaron la suficiencia y realismo de las proyecciones macroeconómicas, el financiamiento del déficit, la incorporación de ingresos derivados de reformas tributarias aún no aprobadas, el incremento de recursos para la Presidencia, la falta de claridad en las transferencias a municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, así como el incumplimiento de las metas de inversión en educación, salud, vivienda, producción, artesanía, universidades y justicia. Gerónimo Yantalema propuso una distribución más equitativa de los recursos entre provincias y una mayor inversión en sectores agropecuarios, ambientales, comunitarios y de participación ciudadana; mientras Andrés Páez y Betty Amores insistieron en incrementar los recursos para la Función Judicial. Finalmente, luego de recesos y conversaciones entre las bancadas, se informó que existía un acuerdo de fondo, pero persistían aspectos de forma para la votación, por lo que se suspendió la sesión para continuar las negociaciones y procurar una decisión consensuada sobre el Presupuesto General del Estado.

ACTA_030-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para tratar una resolución de solidaridad con Chile tras el terremoto y una resolución sobre los descuentos de transporte para residentes de Galápagos; en cambio, se negaron las propuestas de Gilmar Gutiérrez para suspender y auditar el proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de Víctor Quirola para debatir una resolución frente a la inclusión del Ecuador en una lista internacional relacionada con prevención de lavado de activos. Posteriormente, se realizó el primer debate de la propuesta orientada a regularizar la situación migratoria de las ciudadanas y ciudadanos haitianos en el Ecuador, exonerarlos de multas y facilitar la reunificación familiar a raíz del terremoto ocurrido en Haití. Gabriel Rivera, Linda Machuca, Francisco Ulloa, Eduardo Zambrano y Fernando Bustamante defendieron el carácter humanitario de la medida, la ciudadanía universal, la protección de derechos y la necesidad de eliminar sanciones que afectaban principalmente a personas en condición de vulnerabilidad; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo, Luis Almeida, Leandro Cadena, Vicente Taiano, Gastón Gagliardo, Cléver Jiménez, Fernando Aguirre, Silvia Kon, Luis Morales, Henry Cuji, Grace Almeida, Gioconda Saltos y Armando Aguilar cuestionaron la denominación de amnistía, la calificación de urgencia económica, la derogatoria general de la norma migratoria y sus posibles efectos sobre personas de otras nacionalidades, proponiendo que la ayuda se limite a una exoneración específica para ciudadanos haitianos. Patricio Rodríguez planteó ajustes de redacción, la sustitución de expresiones por acción afirmativa y la necesidad de elaborar una normativa integral sobre movilidad humana. El debate quedó abierto para que la Comisión incorpore las observaciones y prepare el informe para segundo debate. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución propuesta por Fernando Bustamante, mediante la cual se expresó solidaridad, condolencia y apoyo humanitario al pueblo de Chile. Finalmente, se aprobó la resolución promovida por Alfredo Ortiz para exigir el cumplimiento del beneficio de descuento en el transporte aéreo y marítimo para residentes permanentes y temporales de Galápagos, cuestionando las restricciones establecidas mediante decreto; en este punto intervinieron Ángel Vilema, Geovany Veintimilla y María Augusta Calle.

ACTA_040-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 040-B documenta la continuación de la Sesión No. 40 del Pleno de la Asamblea Nacional, realizada el 13 de mayo de 2010 bajo la presidencia de Fernando Cordero Cueva (con la asambleísta Irina Cabezas Rodríguez asumiendo temporalmente la dirección) y la Secretaría General a cargo de Francisco Vergara Ortiz, cuyo único punto sustantivo fue la continuación del segundo debate y votación del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. Tras una intervención inicial de Leonardo Viteri cuestionando la legalidad del cierre del debate anterior, el presidente Cordero presentó una moción previa con proyecto de Resolución fundamentada en la Sentencia de la Corte Constitucional No. 001-10-SIN-CC, orientada a suspender la votación del informe de mayoría hasta realizar la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas conforme al artículo 57 numeral 17 de la Constitución; dicha moción, tras una primera votación aprobatoria, fue rectificada y finalmente rechazada (58 a favor, 50 en contra, 10 abstenciones). A continuación, el asambleísta Jorge Escala presentó una moción previa alternativa que proponía crear un "Consejo de Consulta", con una modificación sugerida por Paco Moncayo y aceptada por Escala; sobre este punto intervinieron Rolando Panchana, Andrés Páez, César Rodríguez, Gilmar Gutiérrez, Cynthia Viteri y Marisol Peñafiel, exponiendo posiciones divididas sobre las competencias de la Corte Constitucional y la conveniencia política de la consulta, y la moción fue finalmente rechazada (38 a favor, 13 en contra, 65 abstenciones). Ante la imposibilidad de votar la ley sin consulta previa, el presidente Cordero anunció que la Ley de Aguas no sería votada hasta que esta se realizara, intentó dar paso al siguiente punto del orden del día (objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión sobre los hechos de Angostura)

ACTA_051-AN-2009-2011_PLENO.pdf Segundo debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial 971 de 1996 y a la Ley 2003-5, orientado a la regularización y venta directa de predios a los posesionarios de los barrios de Atucucho, San Jacinto, Nuevos Horizontes y Rumiloma sin subasta pública, debate en el que intervinieron los asambleístas Virgilio Hernández (ponente), Alfredo Ortiz, Carlos Samaniego, Cléver Jiménez, Rolando Panchana y César Rodríguez, además de una Comisión General en la que se escuchó al presidente del barrio Atucucho, Luis Robles, aprobándose finalmente el proyecto por unanimidad; seguidamente, bajo la conducción del segundo vicepresidente Rolando Panchana Farra, se instaló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa a partir de los informes de mayoría (presentado por María Paula Romo) y de minoría, con intervenciones de Cynthia Viteri, María Soledad Vela, Andrés Páez, Betty Amores, Gilmar Gutiérrez, Vicente Taiano, Silvia Salgado y otros asambleístas sobre temas como la consulta prelegislativa, la fiscalización y una disposición transitoria relativa a la muerte cruzada, debate que fue interrumpido para un receso y luego reasumido por el presidente Cordero, hasta que se decidió suspender su tratamiento y remitirlo a una sesión posterior; en el interín se conoció, con la reasunción de la dirección por parte de Panchana, la objeción parcial del señor Presidente de la República al proyecto de Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, expuesta por el asambleísta Abdalá Bucaram, presidente de la Comisión respectiva, resolviéndose allanarse a la objeción con excepción del literal k) del artículo 14, en el cual el Pleno se ratificó en el texto originalmente enviado al Ejecutivo; finalmente, se retomó el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria N.° 2 para la Depuración de la Normativa Legal, sustentado por María Paula Romo, que fue aprobado por unanimidad tras no recibir observaciones adicionales.

ACTA_043-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Gilmar Gutiérrez para incorporar una resolución de amonestación a Fernando Cordero por actuaciones relacionadas con la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas; además, se guardó un minuto de silencio en homenaje a Jéssica Núquez, esposa del asambleísta Carlos Zambrano. Posteriormente, se aprobó el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, presentado por Fernando Bustamante como una herramienta de integración regional, financiamiento del desarrollo, recuperación del ahorro suramericano y toma de decisiones bajo el principio de un país, un voto; Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Francisco Ulloa, Vethowen Chica, Linda Machuca, Marco Murillo, María Augusta Calle, Eduardo Zambrano y Silvia Salgado respaldaron la iniciativa, mientras Paco Fierro, Rafael Dávila y Marco Murillo plantearon observaciones sobre el capital, las condiciones de financiamiento, la transparencia, el alcance de las inmunidades y la necesidad de reglas claras para evitar nuevas dependencias. Asimismo, se aprobó el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE, concebido como una unidad electrónica de cuenta entre bancos centrales para facilitar el comercio regional, reducir costos de transacción y minimizar el uso de divisas; Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Rocío Valarezo, Linda Machuca, Luis Almeida, Nívea Vélez, Juan Carlos López y María Augusta Calle defendieron sus beneficios para exportadores, pequeñas y medianas empresas y la integración económica, mientras Wladimir Vargas, Salomón Fadúl, Fernando Aguirre y Rafael Dávila expresaron inquietudes sobre su vinculación con el ALBA, sus efectos sobre la dolarización, la solidez económica de los países participantes y sus riesgos financieros. También se aprobó la resolución impulsada por Rolando Panchana y enriquecida con aportes de Fausto Cobo, Andrés Roche y Silvia Salgado, mediante la cual se reafirmó el compromiso estatal y legislativo con la protección integral, el interés superior y los derechos de niñas y niños. Finalmente, se debatió la propuesta de Gioconda Saltos para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Tungurahua y Chimborazo ante la actividad eruptiva del volcán Tungurahua y las afectaciones a la producción agrícola, ganadera y avícola; intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez, Kléver García, Juan Carlos López, Marco Murillo y Luis Almeida, pero la sesión fue suspendida antes de que la resolución fuera sometida a votación.

ACTA_079-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Derogatoria No. 5 para la Depuración de la Normativa Legal, que eliminó 150 decretos supremos, legislativos y resoluciones obsoletas, principalmente vinculados con reorganizaciones de concejos cantonales y medidas ya cumplidas; María Paula Romo presentó el informe y Kléver García respaldó su votación. En primer debate se trató la reforma al Código de la Democracia para regular transitoriamente la entrega del Fondo Partidario Permanente y de reposición del gasto electoral mientras las organizaciones políticas culminaban su reinscripción; María Paula Romo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Lourdes Tibán, Silvia Salgado y Rosendo Nurinkias defendieron la necesidad de fortalecer a partidos y movimientos, mientras Jorge Escala, Marco Murillo, Tomás Zevallos y César Montúfar cuestionaron su constitucionalidad, el posible beneficio a organizaciones no reinscritas y la exclusión de movimientos locales, por lo que la Comisión anunció que revisaría las observaciones y consultaría al Consejo Nacional Electoral antes del segundo debate. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, que modificó la integración del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, incorporó al Ministerio del Interior, reguló la libre designación y remoción de las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero y tipificó el financiamiento de delitos como infracción autónoma; Francisco Velasco defendió el allanamiento y María Paula Romo solicitó preservar la obligación de la Fiscalía de demostrar el origen ilícito de los activos. El tema principal fue el primer debate de las reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas, que propusieron agravar sanciones por sicariato, uso de niñas, niños y adolescentes para delinquir, delitos de odio, usura, comercialización ilícita de combustibles, minería ilegal y uso de vehículos sumergibles; ampliar las herramientas de investigación policial, acumular penas hasta treinta y cinco años, reforzar medidas cautelares, sancionar a fiscales por prevaricato y aumentar las medidas socioeducativas para adolescentes infractores. En comisión general, Sara Oviedo y Joffre Vélez solicitaron no reducir la edad de imputabilidad ni responder a la delincuencia juvenil únicamente con prisión, sino fortalecer prevención, justicia especializada y rehabilitación; Vicente Sarmiento y Enrique Alcívar, en representación de víctimas, exigieron una respuesta más firme contra la impunidad, mayor protección para víctimas y sanciones por negligencia médica. María Paula Romo, Vicente Taiano, Aminta Buenaño, Paco Moncayo, Viviana Bonilla, Mauro Andino y Gina Godoy sostuvieron que las reformas son necesarias pero insuficientes sin una transformación de la Fiscalía, judicaturas, Policía, rehabilitación social y políticas de prevención; Gilmar Gutiérrez, Cynthia Viteri, Luis Almeida, Tito Nilton Mendoza, Alfredo Ortiz y Enrique Herrería plantearon endurecer las penas, revisar la caducidad de la prisión preventiva, ampliar la capacidad judicial y adoptar medidas más severas para delitos graves y adolescentes infractores. El debate quedó suspendido sin votación final, al igual que la resolución incorporada a propuesta de Armando Aguilar para exhortar a la Función Judicial a agilitar los procesos, especialmente los vinculados con causas ambientales de Sucumbíos.

ACTA_138-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron la incorporación de una propuesta para atender las enfermedades tropicales que afectaban a las comunidades indígenas amazónicas y se negaron los pedidos para votar inmediatamente la reforma de la normativa de la Función Legislativa y para expresar solidaridad con las juezas María Leonor Jiménez y Vanesa Cevallos ante sus destituciones; posteriormente, se posesionó a las consejeras y consejeros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. El tema central fue el primer debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron la realización simultánea de las elecciones presidenciales y legislativas; la posibilidad de que votaran quienes se encontraran dentro de los recintos electorales al momento del cierre; la paridad entre hombres y mujeres en los organismos electorales; la incorporación y definición del acoso y la violencia política; el fortalecimiento de los partidos y movimientos; la sustitución del método de adjudicación de escaños vigente por el método D’Hondt; la creación de un registro pasivo de electores; la organización y funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral; el juzgamiento de infracciones; la publicidad estatal durante las campañas; el control del gasto electoral; la regulación de encuestas y sondeos; la seguridad de las papeletas; y la igualdad de condiciones entre las organizaciones políticas. Mientras algunos legisladores defendieron las reformas como mecanismos para simplificar los procesos, reducir la fragmentación política, fortalecer la gobernabilidad y garantizar la participación de las mujeres, otros advirtieron que el método D’Hondt favorecería a las organizaciones mayoritarias, limitaría la representación de las minorías y podría facilitar la concentración del poder, además de cuestionar la independencia de las autoridades electorales y el uso de recursos públicos con fines políticos; el debate concluyó sin votación y se concedió un plazo para presentar observaciones. También se aprobó por unanimidad el reconocimiento de Jumandy como héroe nacional y símbolo de la resistencia anticolonial, resaltando su liderazgo en la rebelión del pueblo Quijos, la defensa de los territorios, la identidad, los recursos naturales y la libertad de los pueblos amazónicos, así como la necesidad de recuperar la memoria histórica, fortalecer el patrimonio cultural y reconocer las luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Asimismo, se aprobó por unanimidad exhortar al Ministerio de Salud a implementar un programa especial contra las enfermedades tropicales en las comunidades amazónicas y ejecutar acciones inmediatas de prevención, vacunación, control, mapeo de zonas de riesgo, entrega de toldos y capacitación frente a los casos de rabia registrados en Morona Santiago. Finalmente, se inició el análisis de la objeción presidencial a la reforma sobre la gestión de la cuenca del río Paute y la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en Esmeraldas, Atacames y Río Verde; se debatieron la autonomía del organismo de gestión hídrica, la conformación de una mancomunidad, la creación de una empresa pública, la transferencia de competencias, el plazo para que los municipios asumieran los servicios y la obligación de constituir un fideicomiso para pagar los créditos de la empresa San Mateo, pero, ante la falta de legisladores suficientes para ratificar el texto aprobado previamente, el tratamiento quedó suspendido. Intervinieron Diana Atamaint, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Rosa Cerda, Pedro de la Cruz, Zobeida Gudiño, Lourdes Tibán, Gilmar Gutiérrez, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema, Marcos Tanguila, Erika Sylva Charvet, una representante del grupo cultural Jumandy Jatari, José Luis Acacho, Inés Siguango, Mauro Andino, César Montúfar, Paco Moncayo, Marisol Peñafiel, César Gracia, Nívea Vélez, Richard Guillén, Fernando Cordero, Rafael Dávila, Silvia Salgado, Luis Almeida, Francisco Ulloa, Rolando Panchana, Paco Fierro, Luis Morales y Línder Altafuya.

ACTA_136-B-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el análisis de la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, remitido por el Ejecutivo con carácter económico urgente, y se sometió a votación la propuesta de Gilmar Gutiérrez para negar íntegramente la iniciativa. Luego de una votación anulada por inconvenientes en el registro electrónico y de una confusión inicial al proclamar los resultados, la moción fue aceptada con cincuenta y tres votos afirmativos y cuarenta y siete negativos; posteriormente, la reconsideración fue rechazada con sesenta y siete votos negativos y cuarenta y seis abstenciones, resultado que se mantuvo tras la rectificación solicitada. En consecuencia, quedó firme la decisión del Pleno de negar el proyecto, tras lo cual Fernando Cordero suspendió la sesión y señaló que el debate de la Ley de Comunicación se retomaría posteriormente, cuando existieran condiciones adecuadas para alcanzar una normativa que garantizara la libertad y respetara la Constitución. Intervinieron Gilmar Gutiérrez, como proponente de la moción; Fernando Cordero Cueva, quien dirigió el procedimiento; Andrés Segovia Salcedo, quien condujo las votaciones y proclamó sus resultados; y Rolando Panchana y Pedro de la Cruz, quienes solicitaron la rectificación de la reconsideración.

ACTA_150-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordó la situación del ciudadano ecuatoriano Jesús Vélez Loor y la actuación de las autoridades diplomáticas para garantizar sus derechos; la emergencia ocasionada por el temporal invernal, la inseguridad y las necesidades sociales de la provincia de Los Ríos; y se aprobó una resolución de respaldo a la postulación de Lenín Moreno Garcés al Premio Nobel de la Paz, destacando su labor en favor de las personas con discapacidad mediante los programas Ecuador Sin Barreras, Misión Solidaria Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas relacionadas con la distribución de las utilidades y excedentes derivados de la actividad hidrocarburífera, la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y a las comunidades afectadas, la compensación por daños ambientales, la equidad territorial, la consulta previa y la conveniencia de archivar o continuar el tratamiento de las propuestas; también se resolvió sobre la objeción parcial formulada al proyecto reformatorio del sistema financiero y del ordenamiento tributario-financiero, y se inició el análisis del proyecto destinado a regular la comercialización, el transporte, la fundición, el reciclaje, la exportación y la importación de chatarra ferrosa, con énfasis en el control de esta actividad, la prevención del robo de bienes públicos, la protección ambiental y el impulso al reciclaje. Intervinieron Fernando Flores, Mercedes Villacrés, César Rodríguez, Irina Cabezas, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Gabriel Rivera, Francisco Cisneros, Francisco Velasco, Juan Carlos Cassinelli, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Gerónimo Yantalema, Jimmy Pinoargote, Jorge Escala, Gioconda Saltos, Guido Vargas, Luis Morales, Cléver Jiménez, María Almeida, Rolando Panchana, Paco Moncayo, Francisco Ulloa y Luis Almeida.

ACTA_181-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Gilmar Gutiérrez propuso conformar una comisión multipartidista para controlar y vigilar las labores del Consejo Nacional Electoral hasta la proclamación de los resultados de las elecciones de febrero de 2013, al denunciar inconsistencias en el sistema informático utilizado para comparar las firmas y la aparición de ciudadanos afiliados a organizaciones políticas sin su consentimiento; la moción fue negada y, tras solicitarse la rectificación, se produjo un empate que dejó al Pleno sin pronunciamiento. Jorge Escala planteó que, después de la comparecencia de las autoridades electorales, el Pleno se declarara en sesión permanente para debatir y adoptar resoluciones sobre la presunta falsificación de firmas, las afiliaciones irregulares y la transparencia del proceso electoral, pero su propuesta tampoco fue aprobada. Posteriormente, en comisión general, Domingo Paredes explicó que el Consejo Nacional Electoral había detectado irregularidades en la inscripción y reinscripción de organizaciones políticas, entre ellas la presunta falsificación de firmas y la afiliación no consentida de doscientos noventa y tres funcionarios electorales, incluidos tres consejeros; informó sobre una verificación aleatoria del diez por ciento de las fichas, la recepción de veinte mil cuatrocientas ochenta y siete denuncias ciudadanas y la existencia de porcentajes importantes de firmas inválidas, inexistentes o suspendidas en distintas organizaciones. También señaló que se habían remitido los indicios a la Fiscalía, solicitado auditorías a la Contraloría, creado mecanismos para que la ciudadanía consultara y denunciara afiliaciones no autorizadas, dispuesto auditorías informáticas y decidido revisar el cien por ciento de las fichas y formularios; las organizaciones que no alcanzaran el respaldo mínimo podrían completar las firmas faltantes hasta septiembre y, si las ya inscritas no cumplían el requisito, perderían su personería jurídica, sin que estas revisiones modificaran el calendario electoral. Finalmente, Domingo Paredes atribuyó las irregularidades a la falta de control de las organizaciones políticas, a empresas que habrían entregado firmas adulteradas y a las debilidades de los procedimientos y sistemas del propio organismo electoral, y propuso sancionar con mayor dureza la falsificación de firmas con fines electorales y prohibir la contratación de empresas recolectoras; intervinieron Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala y Domingo Paredes, y la sesión fue clausurada después de concluir la comparecencia.

ACTA_005-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó el cambio del orden del día para incorporar el debate y resolución sobre la instalación de siete bases estadounidenses en Colombia, propuesta impulsada por Fernando Bustamante y Francisco Ulloa, con el respaldo de varios asambleístas. Posteriormente, se trató la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto de aspectos relacionados con las atribuciones del organismo, los procesos de investigación y control, la selección e impugnación de postulantes, la integración de las comisiones ciudadanas y las designaciones de autoridades; intervinieron Luis Morales, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Gina Godoy, Cléver Jiménez, César Montúfar, Eduardo Encalada, Richard Guillén, María Soledad Vela, Andrés Páez y Guillermina Cruz. Tras el debate, se aprobó el allanamiento a la objeción parcial. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, orientada a adecuar la integración y funcionamiento de los consejos provinciales a la Constitución, regular las funciones de prefectos y viceprefectos, fortalecer la gobernabilidad, la paridad de género, la interculturalidad y la autonomía provincial; intervinieron Virgilio Hernández, Gilmar Gutiérrez, Diana Atamaint, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Yolanda Martínez, Ángel Vilema, Zobeida Gudiño, Kléver García, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, César Gracia, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Edwin Vaca, Fernando Vélez y José Picoita. La reconsideración planteada por Kléver García fue negada, incluso después de la rectificación solicitada por Eduardo Encalada. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó la instalación y uso de siete bases militares colombianas por fuerzas estadounidenses, al considerarse que podía afectar la soberanía, la seguridad regional, la paz y la estabilidad de América del Sur; en este debate participaron Francisco Ulloa, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Cynthia Viteri, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Galo Lara, María Augusta Calle, Mao Moreno, Cléver Jiménez, Fausto Cobo, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, César Montúfar, Dora Aguirre, Marco Murillo y Fernando Bustamante.

000_ACTA_INSTALACION-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se efectuó la instalación formal de la Asamblea Nacional, mediante la revisión de las credenciales e identidad de los asambleístas, la constatación del quórum y el cumplimiento de los actos protocolarios; posteriormente, el debate se concentró en la designación de las autoridades legislativas, la forma de votación que debía aplicarse, la necesidad de garantizar la representación de las distintas bancadas, la participación de las minorías y de la oposición, la inclusión de las mujeres, la independencia de la Función Legislativa frente al Ejecutivo, la fiscalización, el respeto a los derechos de trabajadores, maestros, jóvenes, campesinos y pueblos indígenas, así como la construcción de una Asamblea democrática, plural y orientada a los intereses nacionales. Como resultado de las votaciones, fueron elegidos y posesionados Fernando Cordero Cueva como presidente, Irina Cabezas Rodríguez como primera vicepresidenta, Rolando Panchana Farra como segundo vicepresidente y Pedro de la Cruz como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa; además, Francisco Vergara Ortiz y Andrés Segovia Salcedo fueron designados secretario general y prosecretario general, respectivamente. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Fernando Bustamante Ponce, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Virgilio Hernández, Raúl Abad, Luis Almeida, Andrés Páez, César Rodríguez, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, María Augusta Calle, Lenín Chica, Juan Carlos López, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Lourdes Tibán, Abdalá Bucaram, Edwin Vaca, Francisco Cisneros, Irina Cabezas, Leandro Cadena, Gastón Gagliardo, Fernando Aguirre, Ramiro Terán, Gido Vargas, Marco Murillo, Rolando Panchana, Silvia Salgado, Gilmar Gutiérrez, Tomás Zevallos, Luis Morales, Rafael Dávila, César Montúfar y Ángel Vilema.

ACTA_022-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció la respuesta del Ejecutivo a las observaciones formuladas a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual, ratificándose la Asamblea en que los fondos especiales destinados a determinados gobiernos autónomos descentralizados debían mantenerse vigentes y pagarse sin descontarlos de las asignaciones generales, así como en la redistribución de ochenta millones de dólares para modernizar la Función Judicial, financiar nuevos jueces y fortalecer los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia; intervinieron Betty Amores, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, Rafael Dávila y Armando Aguilar, quienes debatieron también sobre el endeudamiento, las proyecciones económicas, las asignaciones para educación, salud, jubilación docente y gobiernos locales. La resolución fue aprobada luego de la rectificación de la votación y se negó la reconsideración solicitada. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe fue presentado por Betty Carrillo y planteaba garantizar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, la regulación de contenidos, la protección de niñas, niños y adolescentes, la producción nacional, los derechos de periodistas y comunicadores, la desconcentración de la propiedad de medios, la transparencia de sus propietarios, el funcionamiento de medios públicos, privados y comunitarios, y la creación de mecanismos de regulación, vigilancia y participación ciudadana. Antes del debate se dio lectura al acuerdo suscrito por Fernando Cordero, Luis Morales, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Cynthia Viteri, César Montúfar y Abdalá Bucaram, orientado a garantizar la libertad de expresión sin censura previa, establecer responsabilidad ulterior, impedir la clausura o suspensión administrativa de medios y crear un Consejo de Comunicación autónomo e independiente. Durante el debate intervinieron Betty Carrillo, Paco Moncayo, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, César Rodríguez y Luis Morales; mientras Carrillo y Rodríguez defendieron la necesidad de una ley para democratizar el acceso a la comunicación, evitar monopolios y garantizar derechos ciudadanos, Moncayo, Cobo, Viteri y Morales expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, las facultades sancionadoras del Consejo y la suspensión de medios de comunicación. Finalmente, ante la falta de condiciones para continuar el debate, se suspendió el tratamiento del proyecto para retomarlo en una próxima sesión.

ACTA_019-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se analizaron la proforma presupuestaria correspondiente a los años 2009 y 2010, así como la programación presupuestaria cuatrianual 2010-2013, con un amplio debate sobre los supuestos de crecimiento económico, el precio previsto del petróleo, los ingresos tributarios, el déficit fiscal, el endeudamiento y la prioridad del gasto público. Francisco Velasco presentó el informe y sostuvo que el presupuesto debía orientarse al bienestar social, fortalecer la recaudación progresiva, reducir la carga de la deuda e incorporar mecanismos de seguimiento y control legislativo; Christian Viteri, Betty Amores, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, José Picoita, Armando Aguilar, Juan Carlos López, Enrique Herrería y Fernando Cordero defendieron la necesidad de tramitar las proformas dentro del plazo previsto, formular observaciones sectoriales y priorizar la inversión social, la descentralización, el fortalecimiento de la justicia y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, Sylvia Kon, Gilmar Gutiérrez, Rodolfo Baquerizo, Edwin Vaca, Andrés Roche, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Galo Vaca, Patricio Quevedo, Alfredo Ortiz, Luis Almeida, Luis Morales, Fernando Aguirre, Vicente Taiano y Nivea Vélez cuestionaron la suficiencia y realismo de las proyecciones macroeconómicas, el financiamiento del déficit, la incorporación de ingresos derivados de reformas tributarias aún no aprobadas, el incremento de recursos para la Presidencia, la falta de claridad en las transferencias a municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, así como el incumplimiento de las metas de inversión en educación, salud, vivienda, producción, artesanía, universidades y justicia. Gerónimo Yantalema propuso una distribución más equitativa de los recursos entre provincias y una mayor inversión en sectores agropecuarios, ambientales, comunitarios y de participación ciudadana; mientras Andrés Páez y Betty Amores insistieron en incrementar los recursos para la Función Judicial. Finalmente, luego de recesos y conversaciones entre las bancadas, se informó que existía un acuerdo de fondo, pero persistían aspectos de forma para la votación, por lo que se suspendió la sesión para continuar las negociaciones y procurar una decisión consensuada sobre el Presupuesto General del Estado.

ACTA_042-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 042 documenta la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional realizada el 20 de mayo de 2010, instalada por el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra (en reemplazo del presidente Fernando Cordero, ausente por un duelo familiar) y con Francisco Vergara Ortiz como Secretario General; tras constatar el quórum y leer el Orden del Día, se rechazó una moción de cambio presentada por Ramiro Terán sobre reestructuración de la Comisión de Fiscalización, se retiró una moción de Henry Cuji sobre jubilados del Ingenio San Carlos, y se tomó nota de un pedido de Gilmar Gutiérrez. Tras el Himno Nacional, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado (ponente María Paula Romo) con intervenciones de Vicente Taiano y Luis Almeida, ley que fue finalmente aprobada por amplia mayoría tras rectificación de la votación. A continuación se trató el conocimiento de la solicitud del Consejo de Administración Legislativa para encargar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la elaboración de un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que incorpore el procedimiento normativo de consulta prelegislativa (numeral 17 del artículo 57 de la Constitución), punto que generó un extenso debate con las intervenciones de Virgilio Hernández, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Paula Romo y Jorge Escala. La sesión se interrumpió para una Comisión General en homenaje a la recepción de los restos simbólicos de la Generala Manuela Sáenz, con un acto conmemorativo, proyección audiovisual e intervención de María Augusta Calle; reinstalada la sesión, continuó el debate sobre la reforma legislativa con las participaciones de Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema (parte de su intervención en kichwa), Cynthia Viteri, Betty Carrillo y Silvia Salgado. Finalmente, sin llegar a una votación formal sobre el proyecto de resolución, el Presidente encargado, recogiendo el consenso expresado por los asambleístas, dispuso que el Consejo de Administración Legislativa reciba todos los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionados con la consulta prelegislativa, y clausuró la sesión.

ACTA_018-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el tratamiento de las proformas presupuestarias de 2009 y 2010, así como de la programación cuatrianual 2010-2013, alcanzándose acuerdos entre las distintas bancadas para formular observaciones al Ejecutivo. Francisco Velasco presentó las propuestas, que incluyeron reasignar recursos para garantizar las transferencias pendientes a los gobiernos autónomos descentralizados, establecer una partida única para su financiamiento, fortalecer la asignación presupuestaria de la Asamblea Nacional, fijar el límite de endeudamiento público, redistribuir recursos para la modernización de la Función Judicial y la creación de nuevos juzgados, implementar una oficina técnica legislativa de seguimiento presupuestario y vigilar el cumplimiento de los incrementos constitucionales para educación y salud, incluyendo la provisión de fondos para la jubilación de docentes. Alfredo Ortiz intervino respecto de la correcta identificación de las partidas y la distribución de recursos; Richard Guillén y Gilmar Gutiérrez cuestionaron la oportunidad y constitucionalidad del trámite, así como las proyecciones y fuentes de financiamiento; Jorge Escala y Edwin Vaca solicitaron garantizar recursos para cumplir las obligaciones estatales con el magisterio; César Montúfar y Rodolfo Baquerizo plantearon reducir el incremento del sector administrativo y destinar mayores recursos a educación, salud y justicia; Andrés Roche precisó el carácter constitucional de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados; y Cléver Jiménez solicitó fortalecer la inversión en el sector agropecuario y productivo. Finalmente, se aprobaron las observaciones a la proforma de 2009, orientadas a transferir recursos pendientes a los consejos provinciales; se aprobaron las observaciones a la proforma de 2010, con las reasignaciones y disposiciones de control señaladas; y se resolvió devolver la programación cuatrianual al Ejecutivo para que sea ajustada conforme a las modificaciones realizadas a la proforma de 2010.

ACTA_063-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se analizó ampliamente lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, con posiciones contrapuestas: Paco Moncayo, Cynthia Viteri, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Leonardo Viteri, Gilmar Gutiérrez, Andrés Páez, César Montúfar, Línder Altafuya, Jimmy Pinoargote y Luis Almeida condenaron la violencia e insubordinación, pero cuestionaron el manejo de la crisis, la suspensión de actividades legislativas, el veto a la Ley de Servicio Público, el operativo en el Hospital de la Policía y solicitaron una investigación independiente, internacional o multipartidista, así como medidas de diálogo y reconciliación nacional; mientras Francisco Velasco, César Rodríguez, Marisol Peñafiel, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Irina Cabezas, María Alejandra Vicuña, Eduardo Encalada, Guillermina Cruz, Eduardo Zambrano, Hólger Chávez, Juan Carlos López, Lenin Chica y Aminta Buenaño sostuvieron que existió una tentativa de golpe de Estado, secuestro y acciones de desestabilización, demandando sanciones para los responsables y la defensa del orden constitucional. Abdalá Bucaram planteó que se investigue a todos los responsables y se promueva una política de paz. El tratamiento concluyó con un proyecto de resolución consensuado presentado por César Rodríguez, pero la votación quedó pendiente. Además, se recibió a Wladimir Paspuel, Juan Carlos Piedra, Rosana Sanabria, Bernarda Jiménez y Carlos Jiménez, representantes de organizaciones migrantes, quienes expusieron sobre los derechos de las personas en movilidad humana; a propuesta de Dora Aguirre se aprobó una resolución de bienvenida, reconocimiento y felicitación a los participantes del IV Foro Social Mundial de las Migraciones. Finalmente, Fernando Bustamante, Linda Machuca, Guillermina Cruz, Víctor Quirola y Eduardo Zambrano intervinieron en el análisis del Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano, destinado a regularizar y proteger la situación de trabajadores migrantes de ambos países, facilitar su permanencia y evitar condiciones de explotación, instrumento que fue aprobado con ciento seis votos afirmativos.

ACTA_073-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate y se aprobó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, orientado a impulsar la transformación productiva, la diversificación económica, la innovación, las exportaciones, las MIPYMES, las zonas especiales de desarrollo, el acceso a financiamiento, la modernización aduanera y los incentivos tributarios para nuevas inversiones, incluyendo la reducción progresiva del impuesto a la renta, beneficios para zonas deprimidas y fronterizas, exoneraciones para determinados sectores, mecanismos de salario digno y disposiciones sobre tierras rurales. Francisco Velasco defendió el texto y sus incentivos; Silvia Salgado, Betty Amores, Armando Aguilar, Pedro de la Cruz, Gioconda Saltos, Diana Atamaint, Gido Vargas, Mauro Andino, Juan Carlos Cassinelli, Irina Cabezas, Viviana Bonilla, Marllely Vásconez, Marco Murillo, Salomón Fadul y Henry Cuji plantearon aportes para fortalecer la economía popular y solidaria, la agricultura familiar, el comercio justo, la producción amazónica, la protección ambiental, el acceso a tierra, crédito y tecnología, así como la exoneración del impuesto a tierras rurales para campesinos y productores de la Amazonía. Enrique Herrería, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Ramiro Terán, Hugo Quevedo, Nicolás Lapentti, César Montúfar, Sylvia Kon y Luis Morales cuestionaron el trámite urgente, la seguridad jurídica, la amplitud de facultades reglamentarias del Ejecutivo, el anticipo al impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, la fórmula del salario digno, los mecanismos de contratación laboral y aspectos aduaneros; Jaime Abril propuso mejoras de técnica legislativa y proporcionalidad de sanciones, mientras Patricio Rodríguez solicitó incentivos y financiamiento para migrantes retornados. En comisión general, Orlando Grefa, Jofre Poma y Carlos Pinzón solicitaron la condonación del impuesto, multas e intereses de 2010 para agricultores amazónicos y del noroccidente de Pichincha, así como catastros técnicos que consideren productividad, topografía, conservación de fuentes de agua y condiciones ambientales. La moción de Luis Morales para votar el Código capítulo por capítulo fue negada; posteriormente, el Código fue aprobado con sesenta y ocho votos afirmativos, treinta y ocho negativos y tres abstenciones, y la reconsideración fue rechazada. Además, se aprobó la resolución propuesta por Edwin Vaca para exhortar al Gobierno a mantener la ayuda humanitaria y asignar recursos para Tulcán, afectada por lluvias y granizo que inundaron gran parte de la ciudad, destruyeron viviendas y centros educativos y dejaron numerosas familias damnificadas; la resolución obtuvo ciento cinco votos afirmativos

ACTA_126-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la recategorización y capacitación de los docentes, la declaratoria de emergencia sanitaria en Quisapincha ante el incremento de casos de sarampión y la atención urgente a las familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Napo; posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, respecto del cual existió consenso sobre la necesidad de prevenir y sancionar los monopolios, los acuerdos colusorios, la competencia desleal y los abusos contra consumidores, pequeños productores y empresas, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre la concentración de atribuciones en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la intervención del Ejecutivo, la independencia de los organismos de control, las facultades de investigación e inspección, la protección de la privacidad y el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones, la regulación de las empresas públicas y privadas, la protección de las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria, la inversión, el empleo y las disposiciones aplicables a los sectores financiero y de comunicación. Durante una comisión general, Pablo Dávila Jaramillo, representante de las cámaras de industrias, respaldó la existencia de una normativa de competencia, pero solicitó limitar la discrecionalidad de las autoridades, establecer controles colegiados y otorgar un período de transición. Finalmente, se negó la propuesta de Rafael Dávila para archivar el proyecto y sustituirlo por otra iniciativa antimonopolio, con cuarenta y cuatro votos afirmativos, sesenta negativos, dos blancos y diez abstenciones; sin embargo, no se efectuó la votación definitiva de la ley, pues el debate fue suspendido para incorporar las observaciones formuladas y buscar un texto de mayor consenso, quedando pendientes los demás puntos incorporados al orden del día. Intervinieron Gioconda Saltos, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Francisco Velasco, Pablo Dávila Jaramillo, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Zobeida Gudiño, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Patricio Quevedo, Silvia Salgado, Nicolás Lapentti, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Fernando González, Alfredo Bautista, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Betty Amores, Rafael Dávila, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Luis Morales, Francisco Cevallos, Jorge Fadul, Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Lenín Chica, Richard Guillén, Jorge Escala, Rosana Alvarado y Fernando Flores.

ACTA_115-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó modificar el orden del día para incorporar el segundo debate y la votación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientado a fortalecer las facultades de legislación y fiscalización del Pleno y evitar que una minoría de la Comisión de Fiscalización pudiera archivar juicios políticos. La propuesta presentada por Vicente Taiano fue inicialmente negada, pero una rectificación de la votación permitió su aprobación. Posteriormente, surgió una controversia sobre el orden en que debían tratarse los puntos, pues la Presidencia dispuso continuar primero con la designación del delegado de la Función Legislativa al Consejo de la Judicatura de Transición, mientras varios legisladores sostuvieron que debía respetarse el orden aprobado por el Pleno. Gilmar Gutiérrez afirmó que el Pleno era la máxima autoridad de la Asamblea y Abdalá Bucaram solicitó que continuara la sesión. Ante los desacuerdos y las protestas, la sesión fue suspendida sin debatir la reforma legislativa ni designar al delegado para el Consejo de la Judicatura de Transición. Intervinieron Vicente Taiano, Abdalá Bucaram y Gilmar Gutiérrez.

ACTA_140-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron tres solicitudes para modificar el orden del día y retomar inmediatamente la votación de la reforma a la normativa de la Función Legislativa; durante estas intervenciones se discutieron la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar el procedimiento de elaboración de las leyes, regular la consulta prelegislativa, definir las mayorías para levantar la inmunidad y destituir autoridades legislativas, eliminar la posibilidad de fiscalizar a alcaldes y prefectos y retirar la propuesta de crear una veeduría electoral, señalándose que debía elaborarse un texto adicional que recogiera los acuerdos alcanzados antes de someter la reforma a votación. Posteriormente, Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva fue posesionado como Defensor del Pueblo. En comisión general, la Fundación Brass Band del Ecuador realizó una presentación musical y recibió un reconocimiento por su trabajo social, cultural y educativo en favor de niñas, niños y jóvenes, destacándose la música como herramienta de formación, disciplina e integración social. A continuación, se aprobó el indulto de Blanca Marina Villegas Paredes, adulta mayor sentenciada a ocho años de prisión por la tenencia de una pequeña cantidad de marihuana y cocaína, tomando en consideración su avanzada edad, sus problemas de salud, su conducta ejemplar durante la reclusión, el tiempo cumplido de la condena y la falta de proporcionalidad entre la cantidad incautada y la sanción impuesta; en consecuencia, su pena fue reducida al tiempo ya cumplido y la reconsideración de esta decisión fue negada. Finalmente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados para reparar daños ocasionados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, proteger el patrimonio estatal y evitar que este mecanismo se convierta en un instrumento de persecución; durante la lectura del informe se explicó que la acción debía proceder después de que el Estado realizara el pago, garantizar el debido proceso, aplicarse a funcionarios de cualquier jerarquía y complementar las normas existentes sobre responsabilidad estatal, pero la sesión fue suspendida antes de concluir la lectura y sin realizarse el debate ni la votación. Intervinieron Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Ramiro Alfredo Rivadeneira, Linda Machuca, Jorge Pachacama, Gabriel Rivera, Mauro Andino, Fernando Cordero y Andrés Segovia; además, Gilmar Gutiérrez y Juan Fernández solicitaron la rectificación y reconsideración de determinadas votaciones.