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ACTA_008-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Richard Guillén para incorporar el punto de asuntos varios en el orden del día y de Cynthia Viteri para tratar una resolución orientada a investigar los contratos suscritos con empresas vinculadas a Fabricio Correa, por lo que se continuó con los temas convocados. Posteriormente, se conoció la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; Francisco Velasco propuso allanarse a las observaciones relacionadas con las atribuciones del Directorio del Banco Central en materia de corresponsalía bancaria y con la transferencia de bienes culturales, y ratificar el texto originalmente aprobado respecto del reajuste de remuneraciones de funcionarios de dicha institución. Esta propuesta fue respaldada por Marco Murillo, Eduardo Encalada y Francisco Ulloa, y aprobada mediante el allanamiento a los puntos primero y tercero de la objeción, así como la ratificación del texto original sobre las remuneraciones. Finalmente, se realizó el primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo objetivo fue establecer mecanismos para completar la integración del Consejo de Administración Legislativa cuando no existieran suficientes bancadas, regular la elección de autoridades de las comisiones, precisar el procedimiento de requerimiento de información y comparecencia de funcionarios públicos en procesos de fiscalización, y ajustar disposiciones sobre indultos, amnistías y denominaciones de comisiones. Marisol Peñafiel presentó y defendió el informe de mayoría, señalando que la reforma permitía resolver vacíos legales y garantizar la pluralidad; en respaldo de esta posición intervinieron Virgilio Hernández, Rafael Dávila, Mariángel Muñoz, Aminta Buenaño, Silvia Salgado y María Paula Romo. En oposición, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Cléver Jiménez, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Cynthia Viteri, Guillermina Cruz, Tito Nilton Mendoza y Nivea Vélez cuestionaron la constitucionalidad de elegir vocales del CAL fuera de las bancadas existentes y advirtieron posibles restricciones a la fiscalización. También intervinieron Juan Carlos López, Francisco Ulloa, Lenín Chica, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Enrique Herrería, María Soledad Vela y Luis Morales, quienes formularon observaciones sobre la necesidad de fortalecer la representación política, la transparencia, la fiscalización y el funcionamiento institucional. Al concluir, se cerró el primer debate sin una resolución definitiva y se dispuso que las observaciones fueran remitidas por escrito para continuar el trámite legislativo.

ACTA_004-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se designó a Fausto Cobo como Tercer Vocal del Consejo de Administración Legislativa, propuesta presentada por Sylvia Kon en representación de Sociedad Patriótica, quien fue posesionado tras obtener ochenta y ocho votos afirmativos; intervinieron, entre otros, Guillermina Cruz, Luis Almeida, Tito Nilton Mendoza y Fausto Cobo, quien agradeció el respaldo recibido y señaló su compromiso de actuar con independencia y transparencia. Respecto de la elección del Cuarto Vocal, se debatieron las candidaturas de Rocío Valarezo, Diana Atamaint y Guillermina Cruz, así como la falta de una cuarta bancada legalmente constituida; Carlos Zambrano, Zaruka Rodríguez, Andrés Páez, Rafael Dávila, Cléver Jiménez, Gido Vargas, Rolando Panchana, María Paula Romo y Alfredo Ortiz intervinieron sobre la necesidad de mantener la pluralidad y observar el marco legal, resolviéndose suspender esta designación hasta tramitar una reforma que permita resolver dicho vacío. Asimismo, se aprobó la reconsideración de la integración de las comisiones especializadas, solicitada por Virgilio Hernández, y se aceptó la propuesta de María Augusta Calle, complementada por Rolando Panchana, mediante la cual María Augusta Calle pasó a integrar la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y Juan Fernández la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, manteniéndose inalterable la integración de las demás comisiones; en el debate intervinieron Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Abdalá Bucaram, César Montúfar, Francisco Cisneros y Armando Aguilar. Finalmente, se conocieron las comunicaciones remitidas por Línder Altafuya sobre la elección de las autoridades de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social; tras analizarse la legalidad de la autoconvocatoria, la falta de mayoría absoluta para la elección y la actuación de sus integrantes, se aprobó la moción de Armando Aguilar para dejar sin efecto y archivar las comunicaciones de 7 y 12 de agosto y sus anexos, a fin de que dicha Comisión elija nuevamente sus autoridades conforme a la ley. Durante este punto, Luis Almeida apeló la Presidencia de Fernando Cordero Cueva, apelación que fue negada, por lo que Cordero retomó la dirección de la sesión.

ACTA_026-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un proyecto de resolución de apoyo y solidaridad con la República de Haití, propuesto por Fernando Bustamante, tras el terremoto que afectó a ese país. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de reforma penal para la tipificación y juzgamiento de los delitos cometidos en el servicio policial y militar, orientado a eliminar los fueros especiales y consolidar la unidad jurisdiccional, de modo que los delitos de función sean conocidos por jueces especializados de la Función Judicial y los delitos comunes por la justicia ordinaria. María Paula Romo y Mauro Andino defendieron la necesidad de adecuar la normativa a la Constitución, diferenciar los delitos de función de las infracciones disciplinarias, regular la obediencia debida, establecer tipos penales aplicables a militares y policías e incorporar normas de Derecho Internacional Humanitario; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo y Vicente Taiano formularon observaciones sobre las diferencias constitucionales, operativas y doctrinarias entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la inclusión de personal movilizado y reservistas, el tratamiento de la deserción, la sedición, las operaciones militares y policiales, la obediencia a autoridades civiles y los conceptos relacionados con estados de excepción y conflicto armado. Fernando Bustamante planteó precisar la intencionalidad en delitos como la alteración de evidencias, la traición a la patria y las acciones hostiles, así como incorporar agravantes por actos motivados por odio o discriminación; Juan Carlos Cassinelli solicitó evitar duplicidades entre insubordinación y sedición, revisar la proporcionalidad de las sanciones por abuso de facultades y proteger expresamente a las personas asiladas; y César Rodríguez propuso aclarar el alcance del juzgamiento de civiles que participen en delitos de función y eliminar disposiciones que pudieran mantener centros de detención especiales como privilegio para militares o policías. Finalmente, María Paula Romo solicitó suspender el debate para integrar las observaciones y remitir un texto revisado para votación posterior, por lo que el proyecto no fue aprobado en esta sesión. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución de solidaridad con Haití, mediante la cual se expresó respaldo al pueblo haitiano y a las víctimas del terremoto, se exhortó a la ciudadanía y a la Función Legislativa a contribuir con ayuda humanitaria y se reconoció la labor de los efectivos ecuatorianos de la Misión de las Naciones Unidas y de la Fuerza Interinstitucional de Rescate que se trasladaría a Puerto Príncipe. En este tema intervinieron Fernando Bustamante, Pamela Falconí, Linda Machuca, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Leonardo Viteri, Gioconda Saltos, Rodolfo Baquerizo, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Elvis Maldonado, Guillermina Cruz y Lídice Larrea, quienes plantearon donaciones voluntarias, provisión de alimentos y equipos para los rescatistas, campañas de donación de sangre, asistencia médica y apoyo a las personas ecuatorianas que residían en Haití.

ACTA_029-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, orientada a responder a la inseguridad y evitar la impunidad en determinados delitos. La norma incorporó como agravante el homicidio cometido contra miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, fiscales y jueces de garantías penales en el ejercicio de sus funciones; fortaleció la sanción para quienes oculten, custodien, transporten, vendan o transfieran bienes, cosas o semovientes robados o cuya procedencia legal no pueda justificarse; redujo el monto para considerar al hurto como contravención al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada y estableció que la reincidencia sea tratada como delito. Además, restituyó como delitos de acción pública la estafa, el hurto, la violación de domicilio, la revelación de secretos de fábrica y determinadas lesiones; incorporó la prohibición de enajenar como medida cautelar real, reforzó el registro de detenciones para conocimiento de la Fiscalía, devolvió a los jueces la facultad de emitir el auto resolutorio correspondiente y eliminó la apelación del auto de llamamiento a juicio para evitar dilaciones procesales. Durante el debate, Vicente Taiano, Mauro Andino, Andrés Páez y María Paula Romo defendieron la reforma como una respuesta legislativa frente a la delincuencia, mientras Fernando Bustamante planteó precisiones sobre la proporcionalidad y finalidad de las medidas; Luis Almeida, César Rodríguez, Línder Altafuya, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Gilmar Gutiérrez y Tito Nilton Mendoza cuestionaron aspectos relacionados con la presunción de inocencia, la prisión preventiva, la apelación y la proporcionalidad de las sanciones. Leonardo Viteri propuso incluir los semovientes en la regulación de bienes robados; Lourdes Tibán solicitó garantizar el respeto a la jurisdicción indígena; y Hólger Chávez propuso extender la protección penal a fiscales y jueces. Finalmente, María Paula Romo informó que se acogieron varias observaciones, entre ellas la eliminación de la posibilidad de dictar prisión preventiva para delitos con penas inferiores a un año, la inclusión de una auditoría externa a jueces y fiscales, el reconocimiento de la jurisdicción indígena y la ampliación de la protección a operadores de justicia; la reforma fue aprobada con setenta y ocho votos afirmativos, sin votos negativos, un voto en blanco y veintinueve abstenciones.

ACTA_041-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la inclusión de una resolución propuesta por Línder Altafuya para rechazar presuntos actos de represión contra estudiantes y organizaciones indígenas, mientras se aprobó incorporar una iniciativa planteada por Magali Orellana, Cléver Jiménez, Diana Atamaint, Lourdes Tibán y Gerónimo Yantalema para declarar de interés nacional la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y la preservación del Yasuní y la zona intangible; sin embargo, este último tema no llegó a debatirse por falta de quórum y quedó pendiente para una próxima sesión. También se rechazó la propuesta de Leonardo Viteri para elaborar una nueva normativa de soberanía alimentaria y definir previamente procedimientos de consulta prelegislativa. Posteriormente, se realizó el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional y la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, ampliar su plazo de funcionamiento, asignarle presupuesto y regular su integración, atribuciones y mecanismos de participación; María Molina, Fernando González, Gido Vargas, Zobeida Gudiño, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, Silvia Salgado, Marco Murillo, Mercedes Diminich, Gioconda Saltos y Tamara Chico debatieron sobre la consulta prelegislativa, la representación de pueblos y nacionalidades, la autonomía de la Conferencia, sus facultades para proponer políticas y leyes, la necesidad de una socialización más amplia y la continuidad de sus integrantes. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión que investigó los hechos de Angostura, para ampliar la protección a personal técnico, colaboradores, denunciantes, testigos e informantes y permitir que soliciten directamente medidas de protección; María Paula Romo y Francisco Ulloa respaldaron el allanamiento, mientras Vicente Taiano, Fausto Cobo, Luis Morales, Luis Almeida, María Augusta Calle, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo cuestionaron la constitucionalidad y alcance de la inmunidad, por lo que la moción de aceptar la objeción fue negada y, al no prosperar la reconsideración, se mantuvo el texto propuesto por el Ejecutivo. Finalmente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, destinada a reorganizar y transparentar los sistemas contables del Banco Central, preservar el respaldo de los depósitos y reservas, simplificar el balance institucional y facilitar el uso del ahorro público en inversión interna; Viviana Bonilla presentó el informe de mayoría, mientras Rafael Dávila, Sylvia Kon, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco y Patricio Quevedo debatieron sobre la necesidad de mantener sistemas separados para garantizar transparencia, liquidez y seguridad de los recursos.

ACTA_059-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas, orientado a articular el Plan Nacional de Desarrollo, la planificación territorial, el presupuesto, la inversión pública, la gestión de liquidez, el endeudamiento y la programación fiscal plurianual. Francisco Velasco defendió la propuesta como un mecanismo para superar la desconexión entre planificación y presupuesto; mientras Patricio Quevedo, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Paola Pabón, Rafael Dávila, Nívea Vélez, Silvia Kon, Ramiro Terán, Enrique Herrería y Gilmar Gutiérrez cuestionaron su trámite urgente, la posible afectación a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, el IESS y la banca pública, las facultades para modificar el presupuesto, el límite de endeudamiento, la concentración de recursos en la Cuenta Única del Tesoro y la falta de participación ciudadana. María Soledad Vela solicitó fortalecer el presupuesto participativo, la transparencia y el control social; Virgilio Hernández pidió corregir disposiciones que podían generar burocracia y restringir competencias; Gina Godoy propuso incorporar expresamente a los consejos nacionales para la igualdad; y Galo Vaca planteó incluir la equipotencia regional, mayor participación de las funciones del Estado y límites más estrictos al endeudamiento. El debate quedó suspendido sin que se votaran las mociones de archivo. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior; Raúl Abad propuso allanarse en general al veto, con excepciones relacionadas con disposiciones sobre derechos de las estudiantes, autoridades universitarias, evaluación y la creación de una universidad en Santo Domingo de los Tsáchilas. Mary Verduga defendió mantener la disposición que permitía a Santo Domingo contar con una universidad estatal; Fernando Cordero, María Paula Romo, Silvia Salgado, Guillermina Cruz y Aminta Buenaño solicitaron ratificar normas sobre democracia interna, cogobierno, autonomía universitaria, igualdad y protección de estudiantes embarazadas; Elvis Maldonado cuestionó el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Educación Superior por considerar que limitaba la autonomía universitaria; y Armando Aguilar respaldó el tratamiento de la ley. Richard Guillén apeló la conducción del debate, pero la apelación fue negada; finalmente, la votación sobre el veto no se realizó por falta de quórum, por lo que las mociones quedaron sin resolución.

ACTA_047-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo de Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum con setenta y ocho asambleístas, se instaló la sesión y se procedió a la lectura de la convocatoria, tras lo cual se presentaron varias solicitudes de cambio del Orden del Día: la asambleísta Dora Aguirre propuso incorporar un proyecto de resolución de solidaridad con las víctimas del accidente de Castelldefels en Barcelona, moción que fue aprobada; el asambleísta Francisco Ulloa solicitó incluir un proyecto de resolución sobre el espionaje telefónico del DAS colombiano (proyecto Salomón), el cual no fue aceptado tras rectificación de votos; el asambleísta Richard Guillén pidió tratar la suspensión del Impuesto a las Tierras Rurales, moción que tampoco fue aceptada en dos votaciones; y el asambleísta Gido Vargas logró que se incorpore un proyecto de resolución de exhorto al Presidente de la República para declarar el estado de excepción social y ambiental en Sucumbíos. Tras entonar el Himno Nacional, se llevó a cabo el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria N.º 2 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con ponencia de César Gracia, e intervinieron María Paula Romo y Vicente Taiano sin que se sometiera a votación en esta etapa; a continuación se trató la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Derogatoria N.º 1, recomendándose y aprobándose por unanimidad el allanamiento al veto presidencial respecto al artículo sobre la Ley de Abono Tributario. Posteriormente, mediante una comisión general, el biólogo PhD Juan Manuel Guayasamín expuso sobre el tráfico ilegal de especies y la importancia de la investigación científica para su control, tras lo cual la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, con ponencia de Linda Machuca, presentó el informe sobre la enmienda al artículo XXI de la Convención CITES, que tras intervenciones de varios asambleístas fue aprobada por unanimidad. Ya bajo la dirección de la Vicepresidenta Irina Cabezas Rodríguez, se debatió y aprobó, tras rectificación de votos, el proyecto de resolución de solidaridad con las víctimas del accidente de Castelldefels presentado por Dora Aguirre, descartándose una propuesta adicional de Fernando Aguirre sobre el uso de fondos de propaganda; finalmente se discutió extensamente el proyecto de resolución de Gido Vargas para exhortar al Presidente a decretar el estado de excepción social y ambiental en Sucumbíos por la contaminación hidrocarburífera, el cual, pese a las observaciones formales planteadas por varios asambleístas sobre su redacción y fundamentación constitucional, fue finalmente sometido a votación y aprobado.

ACTA_066-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento una propuesta de Alfredo Ortiz orientada a garantizar el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y la atención de las personas migrantes en Galápagos, incluyendo la solicitud de una oficina de la Defensoría del Pueblo en la provincia; sin embargo, el texto no llegó a resolverse durante la jornada. También se aprobó la resolución presentada por María Soledad Vela para declarar al cantón Pedernales, provincia de Manabí, como “Génesis del nombre del Ecuador”, en reconocimiento a Punta Palmar como punto de partida de la Misión Geodésica Francesa; intervinieron María Soledad Vela, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri y Lídice Larrea en respaldo de la iniciativa, mientras Vicente Taiano, Pedro de la Cruz, Marco Murillo y Tito Nilton Mendoza solicitaron reemplazar la denominación inicial de “Cuna de la Identidad Ecuatoriana” por una expresión que no desconozca la diversidad cultural y plurinacional del país. En el segundo debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se aprobó eliminar la referencia a comisiones ciudadanas de selección y establecer que el Consejo designe al Procurador General del Estado y a los superintendentes de las ternas remitidas por el Ejecutivo, luego de los procesos de veeduría e impugnación ciudadana, con alternabilidad de género e interculturalidad; Raúl Abad, Betty Amores, Hugo Quevedo y Juan Carlos Cassinelli defendieron la reforma por ajustarla al texto constitucional, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Luis Morales y César Montúfar cuestionaron que se debilite la participación ciudadana y que el trámite no haya sido conocido por la comisión especializada correspondiente. Asimismo, se aprobó por unanimidad una resolución de solidaridad con las víctimas y familiares de la tragedia minera en el yacimiento Casa Negra de Portovelo, que exhortó a intensificar las labores de búsqueda, verificar las condiciones de seguridad de las minas, investigar los riesgos laborales y brindar apoyo social a las familias afectadas; intervinieron Fernando Bustamante, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Jorge Escala y María Paula Romo. Finalmente, se debatió la denuncia del Convenio de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y China; Fernando Bustamante y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la denuncia por las cláusulas de arbitraje internacional contrarias a la soberanía y al marco constitucional, mientras intervinieron Alfredo Ortiz, Paco Moncayo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Jorge Escala, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Zobeida Gudiño sobre sus efectos jurídicos, económicos y de inversión. Aunque inicialmente se registró la aprobación del informe, en la rectificación se consignó que no fue aprobado, quedando solicitada su reconsideración para una sesión posterior

ACTA_077-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, centrado en la necesidad de ajustar la norma a la Constitución y al COOTAD, precisar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, regular la Agencia Nacional de Tránsito, revisar el rol de la Comisión de Tránsito del Guayas, controlar el transporte informal, mejorar el sistema de puntos y licencias, reformar el SOAT y FONSAT, fortalecer la seguridad vial, la educación vial, la capacitación de conductores, la afiliación a la seguridad social, la protección de usuarios, peatones, niños, estudiantes, personas con discapacidad, comunidades rurales y migrantes retornados. Intervinieron Richard Guillén, Mauro Andino, Rafael Dávila, Luis Morales, José Picoita, Consuelo Flores, Francisco Hagó, Elvis Maldonado, María Soledad Vela, Marco Murillo, Linda Machuca, Gioconda Saltos, Gabriel Rivera, Luis Almeida, César Gracia, Vicente Taiano, María Paula Romo, Nívea Vélez, Armando Aguilar, Kléver García, Hólger Chávez, Lourdes Tibán y Fernando Cordero, quienes plantearon observaciones sobre constitucionalidad, proporcionalidad de sanciones, juzgamiento en ausencia, transporte rural, informalidad, monopolios, seguridad infantil, jornadas de conducción, frecuencias, escuelas de conducción, competencias municipales y necesidad de que el texto vuelva a ser revisado por la Comisión antes de su votación. Cerrado este debate, se trató el proyecto de resolución sobre el asesinato de Jaime Hurtado González, Pablo Tapia y Wellington Borja; Línder Altafuya defendió la necesidad de condenar el fallo que declaró la prescripción de la acción penal a favor de Henry Wilberth Gil Ayerve, mientras María Paula Romo propuso ajustes para evitar una indebida interferencia en la Función Judicial, y Abdalá Bucaram y Betty Carrillo intervinieron resaltando la gravedad del caso, la impunidad y la trascendencia histórica de Jaime Hurtado. Finalmente, se aprobó por unanimidad la resolución que condenó el fallo de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y pidió a la Corte Nacional de Justicia y a la Fiscalía General del Estado adoptar las acciones legales correspondientes para sancionar a todos los responsables del crimen.

ACTA_080-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la nueva Proforma Presupuestaria 2011 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011-2014, luego de que la Función Ejecutiva acogiera las observaciones formuladas por la Asamblea; la moción presentada por Francisco Velasco obtuvo, tras rectificación, cincuenta y tres votos afirmativos, veintinueve negativos, cuatro blancos y once abstenciones. En primer debate se trató la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que propuso restablecer períodos de vacancia judicial, regular la atención de garantías constitucionales durante dichos períodos, sancionar a jueces, fiscales y defensores por acciones u omisiones que ocasionen la caducidad de la prisión preventiva, establecer reglas para la designación del fiscal subrogante, fortalecer la atención a víctimas y ampliar el patrocinio de la Defensoría Pública; María Paula Romo defendió el informe, mientras Línder Altafuya cuestionó que una auditoría a la Función Judicial pudiera ser realizada por el Ministerio de Justicia, Luis Morales solicitó revisar la inclusión de juzgados de Niñez y Adolescencia en la vacancia judicial, Kléver García apoyó el retorno a este régimen, Luis Almeida pidió incrementar el número de jueces y limitar las designaciones temporales, Mauro Andino respaldó reformas sobre reparación integral y responsabilidad disciplinaria, y Andrés Páez propuso regular el alcance de las garantías constitucionales y redireccionar la Defensoría Pública hacia trabajadores, familias y grupos vulnerables; el debate se cerró sin votación final para que la Comisión incorpore observaciones. También se aprobó la resolución presentada por Luis Morales para exhortar a SENAGUA a dejar sin efecto los valores pendientes por tasas de uso de agua aplicadas a actividades piscícolas y turísticas, y reclasificar a la piscicultura del sector hidroeléctrico al agroalimentario, con ochenta y dos votos afirmativos. Posteriormente, el Pleno se allanó a la objeción parcial al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, planteada sobre normas relativas a las ZEDE, delegación de inversiones en sectores estratégicos, correcciones técnicas aduaneras y promoción de exportaciones e inversiones; Francisco Velasco defendió el allanamiento, aprobado con cincuenta y ocho votos afirmativos. Se aprobó además el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 46 entre Ecuador y Cuba, orientado a facilitar el comercio bilateral, otorgar preferencias arancelarias y estimular inversiones conjuntas; Scheznarda Fernández, Linda Machuca, Guillermina Cruz y Gabriel Rivera intervinieron en respaldo del instrumento, que obtuvo sesenta y siete votos afirmativos. Finalmente, se debatió el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela: Eduardo Zambrano destacó la transferencia tecnológica, la capacitación y la integración regional, mientras Fausto Cobo, Francisco Ulloa, Paco Moncayo y César Montúfar expresaron reparos sobre su orientación, la independencia política de las Fuerzas Armadas, el riesgo de militarización y la necesidad de una política nacional de defensa clara; el tratamiento concluyó sin votación antes de la clausura.

ACTA_087-AN-2009-2011_PLENO.pdf En segundo debate se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientada a mejorar el funcionamiento y control de la administración de justicia. La norma restableció el régimen de vacancia judicial en períodos diferenciados para Sierra y Amazonía, Costa e Insular y todo el país, manteniendo atención permanente mediante turnos en materias penales, tránsito, niñez y adolescencia; endureció el régimen disciplinario al considerar falta gravísima la caducidad injustificada de la prisión preventiva y al sancionar la falta de entrega de información, el incumplimiento de plazos procesales y la inasistencia injustificada a audiencias. También reguló la designación, requisitos y atribuciones del Fiscal General Subrogante, fortaleció la atención de la Fiscalía a las víctimas y de la Defensoría Pública a personas en condición de vulnerabilidad, dispuso informes periódicos de jueces sobre audiencias realizadas y fallidas, incorporó mecanismos de notificación electrónica, estableció controles sobre notarías y bienes en depósito judicial, y confirmó el carácter provisional de nombramientos realizados durante la transición, incluidos los registradores de la propiedad designados por el Consejo de la Judicatura. María Paula Romo defendió el informe; Luis Morales propuso denominar “vacancia judicial” al régimen de descanso; Fernando Bustamante solicitó mayores garantías de independencia para fiscales; Luis Almeida, Silvia Salgado, Viviana Bonilla y José Picoita formularon observaciones sobre nombramientos, registradores y el Fiscal subrogante; mientras Mauro Andino, Vicente Taiano y otros legisladores respaldaron la reforma como una respuesta a la impunidad, falta de control y deficiencias del sistema judicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con sesenta y siete votos afirmativos, dos negativos, tres blancos y treinta y tres abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, se aprobó con noventa y cinco votos afirmativos la resolución propuesta por Mary Verduga para exhortar al Ejecutivo a asignar y reasignar recursos, mediante las entidades competentes, para atender la emergencia vial y humanitaria ocasionada por lluvias, derrumbes y daños en vías, puentes y viviendas de Santo Domingo de los Tsáchilas, especialmente en Alluriquín, Santa María del Toachi, Luz de América, El Esfuerzo, Puerto Limón, Nuevo Israel y Las Mercedes.

ACTA_088-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general se debatieron las preguntas remitidas por el Presidente de la República a la Corte Constitucional para su calificación, en el marco de una eventual consulta popular y referéndum. Vicente Taiano, Paco Moncayo, Luis Almeida, Enrique Herrería, César Montúfar, Línder Altafuya, Gerónimo Yantalema, Silvia Kon, Andrés Páez, Luis Morales y otros legisladores cuestionaron principalmente que las preguntas sobre prisión preventiva, medidas sustitutivas y reestructuración del Consejo de la Judicatura pudieran restringir derechos constitucionales, alterar la estructura del Estado, debilitar la independencia judicial o trasladar atribuciones legislativas al Ejecutivo mediante un mecanismo plebiscitario; además, advirtieron que la seguridad ciudadana no se resuelve únicamente con reformas penales y solicitaron respetar los procedimientos constitucionales para enmiendas, reformas o convocatoria a una Asamblea Constituyente. Desde distintas perspectivas, también plantearon que la consulta debió abordar problemas estructurales como la desigualdad, la redistribución de la riqueza, la corrupción, la situación de los pueblos indígenas, la protección de la naturaleza y la transformación integral de la justicia. En respaldo a la consulta, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Virgilio Hernández, Abdalá Bucaram y Mauro Andino sostuvieron que el pueblo tiene derecho a pronunciarse directamente sobre asuntos de interés nacional y que la crisis de la administración de justicia, las caducidades de prisión preventiva, la falta de sanción a operadores judiciales y la ineficacia del Consejo de la Judicatura justificaban una reforma profunda; Hernández y Andino reconocieron, no obstante, que los problemas de seguridad requieren políticas integrales y no solamente modificaciones normativas. María Paula Romo y Silvia Salgado manifestaron reparos frente al contenido de varias preguntas, especialmente aquellas que podrían afectar derechos o reproducir enfoques punitivos, pero defendieron que el debate debía centrarse en los límites constitucionales de la consulta y en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana. La Comisión General fue suspendida sin adoptar resoluciones, y posteriormente la sesión terminó por falta de quórum

ACTA_133-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Enrique Herrería para incorporar al orden del día una resolución que condenara las actuaciones de Patricio Pazmiño y Tania Arias, por considerar que su participación en una delegación gubernamental comprometía la independencia e imparcialidad que debían mantener frente a la Función Ejecutiva. Posteriormente, se analizó y aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador e Italia, destinado a fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y experiencias en políticas de seguridad y defensa, logística y adquisición de equipos, educación, entrenamiento y adiestramiento militar, operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, protección ambiental, servicio médico, historia y deporte militar; se aclaró que el instrumento no constituía una alianza política o militar ni comprometía la planificación estratégica nacional, y su aprobación se mantuvo luego de la rectificación y de que fuera negada la reconsideración. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados en procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, orientado a que el CONSEP dejara de actuar únicamente como depositario y asumiera facultades para custodiar, conservar y administrar los bienes mientras se resolvieran los procesos judiciales. Durante la discusión se plantearon observaciones sobre la venta inmediata de bienes perecibles y semovientes, el mantenimiento y avalúo de propiedades, empresas, vehículos y haciendas, la creación de cuentas especiales para conservar el dinero obtenido y devolverlo con sus intereses cuando existiera una sentencia absolutoria, la transferencia definitiva de los bienes al Estado cuando hubiera condena, la obligación de rendir informes a los jueces, la identificación de la institución pública que asumiría los bienes, la protección de la presunción de inocencia, la prevención de abusos y corrupción dentro del CONSEP y la posibilidad de destinar parte de los recursos a la prevención del consumo de drogas y a la rehabilitación de personas con adicciones. El primer debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Enrique Herrería, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Galo Lara, Paco Moncayo, Luis Morales, Luis Almeida, Guillermina Cruz, María Paula Romo, Vicente Taiano y Francisco Cisneros.

ACTA_142-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se incorporaron al orden del día una propuesta para reconocer la importancia histórica de la Batalla de Camino Real y establecer una fecha de conmemoración nacional, asunto que no llegó a tratarse posteriormente, y una resolución de homenaje a los periodistas ecuatorianos, en cuyo debate se destacó el legado de Eugenio Espejo, la importancia del periodismo para la democracia, los riesgos que enfrentan quienes ejercen esta profesión, sus condiciones laborales, la libertad de expresión, la responsabilidad ética, la honra de las personas, la censura y autocensura en los medios y los procesos judiciales relacionados con publicaciones y opiniones; tras posiciones contrapuestas sobre la relación entre el Gobierno, la prensa y la Función Judicial, se aprobó una resolución que expresó respeto y solidaridad con los periodistas y la voluntad de vigilar el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión en todos los ámbitos comunicacionales. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma tributaria relacionada con la caución equivalente a un porcentaje de la obligación impugnada y con la facultad de los funcionarios encargados de la ejecución coactiva para disponer el arraigo o la prohibición de salida del país; algunos legisladores consideraron que estas medidas eran necesarias para evitar recursos dilatorios, fortalecer la cultura tributaria y garantizar el pago de las obligaciones, mientras otros sostuvieron que condicionaban el acceso gratuito a la justicia, discriminaban a quienes carecían de recursos, vulneraban la presunción de inocencia y debían eliminarse, planteándose también exonerar del afianzamiento a los reclamos de menor cuantía y solicitar nuevos pronunciamientos constitucionales; el primer debate concluyó sin votación y las observaciones fueron remitidas a la comisión. Finalmente, continuó el segundo debate de la reforma sobre las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, orientada a permitirles constituir capital propio, reconocer derechos económicos y de propiedad a sus socios mediante certificados de aportación, garantizar voz y voto independientemente del capital aportado, limitar la concentración de la propiedad, ampliar sus inversiones y servicios financieros e inmobiliarios, fortalecer su solvencia y facilitar la recuperación por vía coactiva de pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas; también se discutieron la responsabilidad de accionistas y administradores, la conveniencia de que todos respondieran por los perjuicios y no únicamente quienes superaran determinado porcentaje de participación, y el procedimiento para elegir al defensor del cliente, cuestionándose que su designación dependiera de la autoridad de control en lugar de los propios socios. Ante la necesidad de realizar ajustes técnicos y jurídicos, el proyecto regresó a la comisión y la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Mercedes Diminich, César Rodríguez, María Augusta Calle, María Paula Romo, César Montúfar, Lenín Chica, Stalin Subía, Paco Moncayo, Luis Morales, Francisco Velasco, César Gracia, Betty Amores, Jimmy Pinoargote, Vicente Taiano, Luis Almeida, Fausto Cobo, Juan Carlos Cassinelli, Salomón Fadul, Eduardo Encalada, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, José Portugal, Viviana Bonilla y Jorge Escala; Fernando Cordero dirigió la sesión, Pedro de la Cruz y Juan Carlos Cassinelli asumieron temporalmente su conducción y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_152-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se planteó, aunque no prosperó, incorporar el tratamiento de la situación de los servidores públicos desvinculados mediante la compra obligatoria de renuncias; se aprobó declarar héroe nacional al coronel Luis Vargas Torres, destacando su contribución a la Revolución Liberal, la defensa de las libertades, el laicismo, la democracia y su legado para la historia nacional; y se debatió la suspensión y revisión del proceso de acreditación de héroes y heroínas nacionales vinculados con los conflictos armados, ante denuncias sobre la inclusión de personas que no habrían participado directamente y la exclusión de militares, reservistas y civiles que sí intervinieron, analizándose los criterios para diferenciar a héroes, combatientes y personal que cumplió otras funciones, la transparencia de los listados y la necesidad de revisar la normativa. También se resolvió negar la autorización para iniciar una causa penal contra Enrique Herrería, al considerar que sus actuaciones estaban relacionadas con el ejercicio de la fiscalización legislativa, y se discutieron los alcances de la inmunidad parlamentaria, la libertad de expresión, la responsabilidad por las declaraciones y la prohibición de confundir inmunidad con impunidad. Asimismo, se desarrolló el primer debate de la reforma relacionada con la erradicación de la fiebre aftosa, abordando la sustitución de la comisión existente por una estructura de sanidad agropecuaria, las campañas de vacunación, el control y registro del ganado, la colocación de aretes, la participación de productores, la asignación de recursos, la situación laboral de los trabajadores y la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y mejorar la producción ganadera; finalmente, se inició el primer debate sobre la protección ambiental del ecosistema manglar, con exposiciones acerca de su conservación y restauración, los derechos de las comunidades ancestrales, la actividad camaronera, la productividad acuícola, la contaminación, la reducción de especies, las afectaciones económicas y sociales a concheros y cangrejeros, y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y las actividades productivas. Intervinieron Lourdes Tibán, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, María Paula Romo, Denny Cevallos, César Gracia, Mary Verduga, Vicente Taiano, Enrique Herrería, Paola Pabón, Luis Morales, Elvis Maldonado, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Germán Páez, Kléver García, Linda Machuca, Fernando Aguirre, Paco Fierro, Rolando Panchana, Vethowen Chica, Irina Cabezas, María Molina, Betty Carrillo, Mercedes Diminich, Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, Stalin Subía, José Antonio Camposano y María Dolores Vera.

ACTA_187-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el proyecto de resolución relacionado con la titulación o legalización de predios municipales no inscritos, ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana, y se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social. Al inicio, Rolando Panchana solicitó que la resolución sobre los predios fuera enviada a la Comisión de Gobiernos Autónomos para recopilar información y presentar un criterio al Pleno, mientras Paco Moncayo expuso las medidas aplicadas durante su gestión municipal en Quito para agilizar la regularización de asentamientos, combatir el tráfico de tierras y dotar de servicios básicos a los barrios, señalando que se legalizaron doscientos trece barrios y quedaron ciento cincuenta en proceso. Posteriormente, Mauro Andino presentó el proyecto de Ley de la Función de Transparencia y Control Social, orientado a regular la estructura, funcionamiento e instancia de coordinación del Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las superintendencias, desarrollar sus atribuciones y obligaciones, facilitar el intercambio de información y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la protección de derechos y la prevención y combate de la corrupción. Durante el debate se respaldó la necesidad de contar con una instancia que coordinara, diera seguimiento y verificara el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los organismos de control, aunque se propuso precisar que la nueva estructura correspondía únicamente a la instancia de coordinación, asignarle un equipo y presupuesto mínimos y evitar que interfiriera en las competencias de cada institución; en contraste, se sostuvo que el proyecto repetía disposiciones constitucionales, duplicaba atribuciones ya ejercidas por otros organismos, podía aumentar innecesariamente la burocracia y el gasto público, generar conflictos entre normas y concentrar el control en instituciones vinculadas al Ejecutivo, además de cuestionarse la legitimidad de la Función, la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, los procedimientos de designación de autoridades, el uso de contratos ocasionales sin concursos y las limitaciones existentes para la fiscalización y la participación ciudadana. Andrés Roche aprovechó su intervención para presentar formalmente su renuncia como asambleísta, debido a que pasaría a colaborar con el Municipio de Guayaquil en la transferencia de la competencia de tránsito. La moción de Luis Morales para archivar el proyecto fue negada con treinta y tres votos afirmativos, cuarenta negativos y catorce abstenciones, y su rectificación también fue rechazada con treinta y cinco votos afirmativos, treinta y ocho negativos y trece abstenciones, por lo que el proyecto continuó su trámite legislativo. Finalmente, la moción de Rolando Panchana para remitir el asunto de los predios a la Comisión de Gobiernos Autónomos no alcanzó la mayoría requerida, pese a obtener cincuenta y seis votos afirmativos; después se votó la resolución presentada por Marco Murillo para instar a los municipios a dictar normas que permitieran legalizar predios urbanos, de expansión urbana, costeros y de riberas ocupados por personas y familias, pero fue negada con diecisiete votos afirmativos, cinco negativos, un blanco y sesenta y nueve abstenciones, tras lo cual la sesión fue suspendida. Intervinieron Rolando Panchana, Paco Moncayo, Mauro Andino, Andrés Roche, María Paula Romo, César Montúfar, Andrés Páez, Nívea Vélez, Luis Almeida, César Rodríguez, Luis Morales, Galo Vaca, Gina Godoy y Francisco Velasco.

ACTA_174-E-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose principalmente el procedimiento penal, la ejecución de las penas y el sistema de rehabilitación social, así como la necesidad de equilibrar la protección de las víctimas, la seguridad ciudadana, la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos de las personas privadas de libertad. En comisión general, Rosa Elisa Balarezo, en representación de las organizaciones de mujeres de Loja, expuso la violencia de género, los embarazos forzados derivados de violaciones —incluidos los sufridos por niñas—, la impunidad de los delitos sexuales, la necesidad de tipificar el femicidio, respetar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, evitar su revictimización y considerar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Durante el debate legislativo se analizaron la despenalización del aborto en casos de violación y las posiciones favorables y contrarias a esta medida; la política sobre consumo y tráfico de drogas; la posible criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y los delitos cometidos mediante medios de comunicación; la regulación de la rebelión, el terrorismo y la delincuencia organizada; el régimen penal militar y policial; la jurisdicción indígena y su coordinación con la justicia ordinaria; la protección de víctimas y testigos; la prescripción de las acciones penales; las pruebas en infracciones de tránsito; el juzgamiento de la violencia intrafamiliar mediante procedimientos especiales y expeditos; y el uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, informantes y dispositivos electrónicos como alternativas a la prisión preventiva. También se discutieron la proporcionalidad y el incremento de las penas, la sexualidad adolescente y la redacción del delito de violación, la diferencia entre personas acusadas y sentenciadas, los límites de la prisión preventiva, el hacinamiento carcelario, la responsabilidad estatal por la seguridad de quienes permanecen bajo su custodia, la organización institucional del sistema penitenciario y la necesidad de que la rehabilitación no se sustente en prejuicios sociales sobre quiénes cometen delitos. Intervinieron Rosa Elisa Balarezo, Stalin Bolívar Subía, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Lídice Larrea, Mauro Andino, César Montúfar, Marco Murillo, Gina Godoy, Consuelo Flores, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Augusta Calle, María Paula Romo y Tito Nilton Mendoza. Finalmente, el debate fue suspendido y se dispuso su continuación al día siguiente.

ACTA_174-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose la necesidad de modernizar la legislación y garantizar un equilibrio entre seguridad ciudadana, derechos humanos, debido proceso e independencia judicial; se debatieron la proporcionalidad y eficacia de las penas, la precisión técnica de los tipos penales, el riesgo de criminalizar la huelga, la protesta, la resistencia y otras expresiones políticas o sociales, así como la regulación del terrorismo, rebelión, sabotaje, corrupción, peculado, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, delitos ambientales, infracciones relacionadas con la pesca, accidentes de tránsito, mala práctica profesional, violencia en espectáculos públicos, delitos propios de las zonas fronterizas y falta de pago de precios oficiales a productores agrícolas. También se discutieron ampliamente el aborto no punible cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o pusiera en riesgo la vida o salud de la mujer, la violencia contra la mujer y la familia, la continuidad de las medidas de protección previstas en la Ley 103 y la necesidad de procedimientos rápidos que eviten la revictimización; además, se analizaron la justicia indígena, el tratamiento especializado de adolescentes en conflicto con la ley, la política de drogas desde una perspectiva de salud pública, la rehabilitación de personas dependientes y la conveniencia de no basar la lucha contra la delincuencia únicamente en el endurecimiento de las penas. En comisión general, Miguel Zambrano, representante de los Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia, defendió la protección especial de sus derechos y rechazó que los adolescentes fueran juzgados como adultos, destacando que requieren una legislación y procedimientos especializados. Intervinieron Edwin Vaca, Soledad Vela, Juan Carlos López, Lourdes Tibán, Wladimir Vargas, María Alejandra Vicuña, Lenín Chica, Miguel Zambrano, Fernando Bustamante, Jimmy Pinoargote, César Gracia, Betty Carrillo, Carlos Velasco, Cristian Viteri, María Paula Romo, Vicente Taiano, Rolando Panchana, Betty Amores, Virgilio Hernández, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo y Luis Morales; finalmente, la sesión fue suspendida para continuar al día siguiente con las intervenciones pendientes y cerrar el debate del primer bloque del proyecto.

ACTA_203-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Rafael Dávila propuso financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano reduciendo gastos estatales en publicidad, espectáculos y viáticos, pero el cambio del orden del día fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, cuarenta y uno negativos y trece abstenciones. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que eliminó beneficios tributarios de la banca, modificó el anticipo del impuesto a la renta, gravó los servicios financieros, aumentó el impuesto sobre fondos e inversiones en el exterior, facilitó al SRI el acceso reservado a información financiera y prohibió trasladar las nuevas cargas tributarias a los usuarios. Sus defensores señalaron que permitiría financiar políticas sociales mediante una mayor contribución del sector financiero, mientras sus críticos cuestionaron su finalidad electoral, constitucionalidad, efectos sobre el crédito y la liquidez, posible traslado de costos a los consumidores y falta de una asignación exclusiva de los recursos al bono. La ley fue aprobada y ratificada con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos y diez abstenciones; posteriormente se negó su reconsideración y la rectificación de esta última votación. Intervinieron Rafael Dávila, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Enrique Herrería, Eduardo Encalada, Luis Almeida, Vicente Taiano, Juan Carlos Cassinelli, Cléver Jiménez, Christian Viteri, César Rodríguez, Silvia Salgado, María Paula Romo, Paco Fierro, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Susana González, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Edwin Vaca, Fernando González, Mauro Andino, Galo Vaca, Juan Carlos López, Nívea Vélez, Luis Morales, César Montúfar, Guillermina Cruz, Gerónimo Yantalema y Francisco Cisneros.

ACTA_022-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció la respuesta del Ejecutivo a las observaciones formuladas a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual, ratificándose la Asamblea en que los fondos especiales destinados a determinados gobiernos autónomos descentralizados debían mantenerse vigentes y pagarse sin descontarlos de las asignaciones generales, así como en la redistribución de ochenta millones de dólares para modernizar la Función Judicial, financiar nuevos jueces y fortalecer los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia; intervinieron Betty Amores, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, Rafael Dávila y Armando Aguilar, quienes debatieron también sobre el endeudamiento, las proyecciones económicas, las asignaciones para educación, salud, jubilación docente y gobiernos locales. La resolución fue aprobada luego de la rectificación de la votación y se negó la reconsideración solicitada. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe fue presentado por Betty Carrillo y planteaba garantizar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, la regulación de contenidos, la protección de niñas, niños y adolescentes, la producción nacional, los derechos de periodistas y comunicadores, la desconcentración de la propiedad de medios, la transparencia de sus propietarios, el funcionamiento de medios públicos, privados y comunitarios, y la creación de mecanismos de regulación, vigilancia y participación ciudadana. Antes del debate se dio lectura al acuerdo suscrito por Fernando Cordero, Luis Morales, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Cynthia Viteri, César Montúfar y Abdalá Bucaram, orientado a garantizar la libertad de expresión sin censura previa, establecer responsabilidad ulterior, impedir la clausura o suspensión administrativa de medios y crear un Consejo de Comunicación autónomo e independiente. Durante el debate intervinieron Betty Carrillo, Paco Moncayo, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, César Rodríguez y Luis Morales; mientras Carrillo y Rodríguez defendieron la necesidad de una ley para democratizar el acceso a la comunicación, evitar monopolios y garantizar derechos ciudadanos, Moncayo, Cobo, Viteri y Morales expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, las facultades sancionadoras del Consejo y la suspensión de medios de comunicación. Finalmente, ante la falta de condiciones para continuar el debate, se suspendió el tratamiento del proyecto para retomarlo en una próxima sesión.

ACTA_037-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un reconocimiento a las maestras y maestros del país, propuesto por Jorge Escala, mientras Guillermina Cruz retiró su pedido de homenaje a la ajedrecista Martha Fierro tras el compromiso institucional de otorgarle una condecoración y apoyo técnico; en cambio, se negó la propuesta de Fernando Aguirre para tratar una resolución sobre las afectaciones a las familias perjudicadas por el robo en el Monte de Piedad del IESS de Cuenca. Además, se permitió la participación de Jorge Calderón, representante de los taxistas, en el tratamiento de la reforma de transporte. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orientada a corregir vacíos en la aplicación de la norma, reorganizar las competencias de los organismos de tránsito, fortalecer la seguridad vial, mejorar el sistema de licencias y puntos, regular las contravenciones, el transporte informal, las rutas y frecuencias, los permisos de operación, la capacitación de conductores, el SOAT, las sanciones, la atención a víctimas de accidentes y la coordinación con los municipios. El debate se centró principalmente en la necesidad de respetar las competencias constitucionales de los gobiernos municipales, evitar la excesiva discrecionalidad de los organismos nacionales, mejorar el control a conductores extranjeros e informales, establecer mecanismos eficaces de cobro y juzgamiento, proteger a peatones, pasajeros, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, regular el transporte escolar, revisar las condiciones laborales de los conductores y garantizar tarifas, seguros y sistemas de reparación justos. Intervinieron Saruka Rodríguez, Juan Carlos Cassinelli, Silvia Salgado, Consuelo Flores, Richard Guillén, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Gido Vargas, Luis Morales, Paco Moncayo, María Soledad Vela, María Paula Romo, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Grace Almeida, Vanessa Fajardo, Rafael Dávila, Nivea Vélez, Eduardo Zambrano, María Alejandra Vicuña, Enrique Herrería, Mauro Andino, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Carlos Samaniego, Betty Amores, Guillermina Cruz, Gioconda Saltos y Rodolfo Baquerizo, quienes presentaron observaciones para que sean incorporadas en el informe de segundo debate. Finalmente, se aprobó la resolución de reconocimiento a las maestras y maestros del país, que destacó su aporte a la educación y comprometió a la Asamblea a impulsar normas que garanticen estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, formación, remuneraciones y jubilación digna; en este punto intervinieron Ramiro Terán y Jorge Escala.

ACTA_017-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate del proyecto de reforma penal para tipificar y juzgar los delitos cometidos en el servicio militar y policial, orientado a integrar la justicia militar y policial en la jurisdicción ordinaria, delimitar los delitos de función, diferenciar las conductas disciplinarias de las penales, establecer reglas de juzgamiento especializado y adecuar la normativa a los principios de igualdad, debido proceso y derechos humanos. María Paula Romo presentó el informe y defendió la unificación normativa; Paco Moncayo, Luis Almeida y Carlos Poveda plantearon observaciones sobre las particularidades de la actividad militar y policial, la obediencia debida, el tratamiento de conflictos armados, las minas, la proporcionalidad de las sanciones y el juzgamiento de violaciones de derechos humanos; mientras Tito Nilton Mendoza, Mauro Andino, Abdalá Bucaram, César Gracia, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Rodríguez, Carlos Samaniego y Mary Verduga respaldaron la eliminación de privilegios y el fortalecimiento de la unidad jurisdiccional. También intervinieron Yorinson Tenorio y Fernando Bustamante, quienes solicitaron incorporar medidas contra la discriminación, el racismo, el abuso de autoridad y las prácticas de espionaje ilegal; Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli formularon observaciones sobre el alcance del fuero, la participación de civiles en delitos de función y la precisión de las normas procesales. Posteriormente, se inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Abdalá Bucaram y Celso Maldonado, que planteaba fortalecer la rectoría estatal, organizar el sistema deportivo, promover la actividad física, la recreación, la educación física y el deporte de alto rendimiento, garantizar apoyo integral a las y los deportistas, regular la distribución de recursos públicos y exigir rendición de cuentas a las organizaciones deportivas. Durante el debate, Fernando Romo, Gabriel Rivera, Línder Altafuya, María Soledad Vela, Saruka Rodríguez, Xavier Tomalá, Eduardo Encalada, Zobeida Gudiño, María Cristina Kronfle, Luis Morales y Ramiro Terán formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de las ligas barriales, parroquiales, estudiantiles y universitarias, la distribución equitativa de recursos, el control de las federaciones, la inclusión de personas con discapacidad, el fortalecimiento de la educación física y la necesidad de diferenciar el deporte formativo, competitivo y recreativo; Marco Murillo intervino sobre el desarrollo del trámite. Finalmente, al quedar varias intervenciones pendientes, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto de ley en una próxima reunión.

ACTA_033-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Fernando Aguirre para suspender la posesión de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e investigar las denuncias sobre su proceso de designación; posteriormente, fueron posesionados como consejeros principales Patricia Ordeñana, David Rosero, Juana Miranda, Luis Pachala, Mónica Vanegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera, y como suplentes William Arias, Evans Herrera, Óscar Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera, Linda Vidal y Franklin Moreno. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la reforma penal y procesal penal, respecto de la cual María Paula Romo propuso acogerse a las correcciones relacionadas con penas, contravenciones, procedimientos de archivo y garantías para los denunciantes, pero mantener el texto aprobado sobre la restitución de determinados delitos como de acción pública y la protección de los procesos previamente archivados; la propuesta fue aprobada. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, luego de que Betty Amores defendiera las precisiones sobre rectoría, interconexión, financiamiento y plazos de implementación; Paco Moncayo cuestionó errores de forma y redacción en los proyectos legislativos, mientras Alfredo Ortiz planteó mantener ciertos plazos y garantizar que la información de entidades como la Superintendencia de Compañías se integre al sistema. De igual manera, se aprobó la reforma penal para regular los delitos cometidos en el servicio militar y policial, impulsada por María Paula Romo, orientada a consolidar la unidad jurisdiccional, eliminar los fueros especiales, establecer delitos de función, incorporar garantías del debido proceso y normas de Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, se aprobó la resolución para declarar el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y exhortar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía a desarrollar acciones permanentes contra el racismo; Fernando Bustamante destacó la necesidad de combatir toda forma de exclusión, Rodolfo Baquerizo solicitó la votación inmediata, María Cristina Kronfle propuso reforzar el carácter progresivo de las medidas, Viviana Bonilla planteó ajustes de redacción institucional, Pedro de la Cruz resaltó la persistencia de prácticas discriminatorias, Gabriel Rivera defendió la interculturalidad y Fausto Cobo expresó su respaldo a la resolución, que incorporó las observaciones presentadas.

ACTA_046-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión, reinstalada por el presidente Fernando Cordero Cueva con quórum verificado y la actuación en Secretaría del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se continuó durante todo el día el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) con la intervención sucesiva de numerosos asambleístas —entre ellos César Rodríguez, Gido Vargas, José Picoita, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel, Tito Nilton Mendoza, Paola Pabón, Nivea Vélez, María Paula Romo, Fernando Vélez, Alex Remache, Richard Guillén, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Eduardo Sánchez, Lenin Chica, Eduardo Zambrano, Betty Amores, Francisco Cisneros, Carlos Velasco, Milton Altamirano, Rosana Alvarado, Fernando González, Kléver García, César Gracia, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Luis Morales, Ángel Vilema, Celso Maldonado, Pamela Falconi, Dora Aguirre, Hólger Chávez, Fernando Cordero, Francisco Ulloa, Jorge Escala, Xavier Tomalá, Gioconda Saltos, Juan Fernández, Mary Verduga y Raúl Abad—, con la dirección de la sesión alternándose entre el Presidente Cordero Cueva, la Primera Vicepresidenta Irina Cabezas Rodríguez y el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, e incluyó una Comisión General para recibir al rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, Dr. José Barbosa, quien defendió el reconocimiento del "Modus Vivendi" para las universidades católicas y la valoración de la educación a distancia, así como una suspensión y reinstalación de la sesión entre las doce horas con cincuenta y dos minutos y las quince horas con cuarenta y cinco minutos; posteriormente se trató el punto IV, el proyecto de Resolución presentado por Gerónimo Yantalema de reconocimiento a la contribución histórica de las comunidades, pueblos y nacionalidades en su lucha de liberación de la opresión, la colonización y el neoliberalismo hacia la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural del Sumak Kawsay, que conmemora los veinte años del levantamiento indígena de 1990 y declara el 21 de junio como "Inty Raymy", día de conmemoración nacional, el cual fue debatido con observaciones de Marco Murillo, Marisol Peñafiel y María Augusta Calle, y aprobado con 78 votos afirmativos, 4 en blanco y 7 abstenciones, tras lo cual el Presidente suspendió la sesión.

ACTA_068-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Línder Altafuya para investigar los hechos relacionados con el fallecimiento de la maestra Jenny Nazareno Solano en Esmeraldas, y de Paco Moncayo para conformar una comisión multipartidista que esclarezca los acontecimientos del 30 de septiembre y garantice la presunción de inocencia; en cambio, se aprobó el pedido de César Rodríguez para diferir la designación de delegados legislativos a las comisiones ciudadanas de selección del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía. En segundo debate se aprobaron las Leyes Derogatorias No. 3 y No. 4 para la depuración de la normativa legal: la primera eliminó 195 leyes, decretos supremos, legislativos y acuerdos que habían perdido vigencia o cumplido su finalidad, con intervenciones de César Gracia, Kléver García, Luis Morales y María Paula Romo; la segunda derogó 150 decretos y una resolución legislativa sobre reorganizaciones institucionales, ferrocarriles, indultos, tributos y otras materias obsoletas, siendo defendida por Mariángel Muñoz, Kléver García y María Paula Romo, y excluyendo la norma relativa a la Escuela Normal de Agronomía de Ambato a pedido de Luis Morales. También se trató el informe para segundo debate de la Ley de Defensa y Desarrollo del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, que propuso excluir a los microempresarios de su ámbito, reconocer derechos al trabajo autónomo, seguridad social, crédito público, participación ciudadana y espacios adecuados, así como establecer deberes vinculados al ordenamiento del espacio público y prohibiciones sobre productos ilícitos; Carlos Samaniego presentó las reformas, mientras Carlos Castellanos, Mónica Tenem y Edmundo Narváez solicitaron una norma que proteja a los comerciantes de la precariedad, la falta de afiliación, el acceso limitado a crédito y los decomisos. Paco Moncayo, Kléver García, Línder Altafuya, Dora Aguirre, Nívea Vélez, Juan Narea, María Augusta Calle, Luis Morales, Armando Aguilar, Francisco Cisneros, Silvia Salgado, Gioconda Saltos, Virgilio Hernández, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, Juan Carlos López y Edwin Vaca coincidieron en la necesidad de proteger al sector, aunque plantearon ajustes sobre trabajo infantil, seguridad social, regulación municipal, productos peligrosos, competencias de los gobiernos autónomos y mecanismos de crédito, por lo que se suspendió la votación para incorporar observaciones. Finalmente, se aprobó la resolución de apoyo al levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, impulsada por Silvia Salgado y respaldada en el debate por Betty Carrillo y María Alejandra Vicuña, que exhortó al Gobierno de Estados Unidos a eliminar el bloqueo y solicitó al Estado ecuatoriano ratificar esta posición ante las Naciones Unidas

ACTA_058-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de César Montúfar para incorporar una resolución de rechazo a las presuntas amenazas de la entonces Ministra de Transporte y Obras Públicas contra periodistas vinculadas con la circulación del libro “El gran hermano”, al considerar que podían afectar la libertad de expresión. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, que planteaba eliminar 150 decretos supremos, decretos legislativos y una resolución legislativa que habían perdido vigencia, cumplido su finalidad o sido sustituidos por normas posteriores; María Paula Romo explicó que la Comisión de Justicia había revisado individualmente las normas y solicitó observaciones para el segundo debate, Vicente Taiano propuso crear una institución dependiente de la Función Legislativa que mantenga un registro actualizado de la normativa vigente, y Luis Morales pidió preservar las disposiciones relacionadas con la Escuela Normal de Agricultura Luis A. Martínez de Ambato y considerar su proyección como institución de educación superior. Además, se conoció el informe favorable para aprobar el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y España, destinado a garantizar la acumulación de aportes, acceso a jubilaciones, prestaciones de salud y protección social para trabajadores migrantes y sus familias; Linda Machuca destacó que el instrumento beneficiaría especialmente a los ecuatorianos residentes en España, permitiría recibir pensiones en el país de residencia y fortalecería la protección de las personas en movilidad humana. Finalmente, el tratamiento fue suspendido y luego clausurado debido al ingreso abrupto de integrantes de la UNE a la sala, por lo que no se concluyó el análisis del convenio ni se trató el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_122-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó la resolución que dispuso a la Unidad de Técnica Legislativa elaborar el proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y asignó su posterior trámite a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, con ochenta y ocho votos afirmativos, siete blancos y diecisiete abstenciones. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, centrado en garantizar la autonomía administrativa, laboral y presupuestaria de la Función Legislativa frente al Ministerio de Relaciones Laborales; durante el análisis se propuso precisar la aplicación de la normativa para asambleístas y servidores legislativos, ampliar la autonomía a otras funciones del Estado y considerar los regímenes especiales del sistema educativo y de educación superior, tras lo cual se cerró el debate sin votación. También se aprobó la resolución que exhortó al Ministerio de Educación a reconstruir, mediante contratación de emergencia, la escuela Belisario Quevedo de Ambato, afectada por un incendio, y al Municipio de Ambato y demás gobiernos seccionales a legalizar los terrenos donde funcionan instituciones educativas; en la rectificación se registraron ochenta y tres votos afirmativos y siete blancos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y un votos afirmativos y dos blancos, una resolución sobre la crisis bananera que exhortó al Ministerio de Agricultura a aplicar efectivamente la normativa vigente, establecer políticas claras de precios y comercialización, combatir los monopolios y la intermediación injusta, fortalecer las compras públicas de producción nacional, atender prioritariamente a los pequeños y medianos productores, promover la diversificación de cultivos y estudiar la conformación de una exportadora de economía mixta. Intervinieron Gioconda Saltos, Gerónimo Yantalema, Viviana Bonilla, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Rolando Panchana, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Andrés Roche, Luis Morales, Línder Altafuya, Kléver García, Tito Nilton Mendoza, Andrés Páez, Edwin Vaca, Fernando Cordero, Nívea Vélez, César Gracia, María Alejandra Vicuña, Katty Vélez, Dalton Burgos, Rocío Barriga y Víctor Quirola.

ACTA_147-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para analizar la declaratoria de emergencia sanitaria en Manabí por el aumento de casos de dengue y para solicitar medidas excepcionales frente a los daños ocasionados por el invierno en Carchi y en el eje vial Palanda-Chinchipe, asuntos que finalmente quedaron pendientes; en cambio, se negaron las propuestas para debatir la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible incorporación a la iniciativa de conservación Yasuní-ITT, así como para rechazar editoriales publicados por periódicos estadounidenses que fueron considerados atentatorios contra la soberanía nacional. En comisión general, representantes de los municipios, gobiernos provinciales y parroquias rurales expusieron sus criterios sobre la futura regulación de los límites territoriales, destacando la necesidad de respetar la tradición histórica, el sentido de pertenencia, la autonomía de los gobiernos locales y la decisión de las poblaciones involucradas. Posteriormente, se aprobó el reconocimiento de las festividades del Carnaval de Guamote como patrimonio cultural intangible, resaltándose su origen ancestral, la convivencia intercultural entre los pueblos indígenas y mestizos, sus personajes, música, gastronomía, rituales y prácticas comunitarias; además, se solicitó a las instituciones competentes proceder con su declaración y registro, incorporarlo al calendario nacional y destinar recursos para su promoción, preservación y salvaguarda. El tema central fue el primer debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para fijar límites y solucionar los conflictos territoriales existentes entre parroquias, cantones y provincias, originados por la falta de delimitaciones jurídicas, la contradicción entre normas, los cambios geográficos, las decisiones políticas y las diferencias sobre la pertenencia e identidad de las comunidades. La propuesta planteó que, en lugar de definir directamente cada límite, se establecieran mecanismos amistosos como la negociación y la mediación territorial, y mecanismos institucionales como el arbitraje, la consulta popular y la resolución de las autoridades competentes; también contempló sustituir al organismo anterior por una nueva entidad nacional encargada de los límites internos. Durante la discusión se insistió en garantizar la participación ciudadana, definir quiénes podrían votar en las consultas y acreditar su residencia, respetar los acuerdos y delimitaciones legalmente consolidados, proteger la integridad de las comunidades indígenas y evitar que fueran divididas entre distintas jurisdicciones, establecer plazos obligatorios para resolver los conflictos y reconocer factores históricos, culturales, sociales, ambientales, geográficos, étnicos e hidrográficos. Asimismo, se cuestionó la actuación del organismo técnico que anteriormente manejaba los límites, la validez de mapas elaborados sin una ley definitiva, la posibilidad de que el Ejecutivo resolviera determinadas controversias, la centralización y politización de las decisiones y la falta de representación directa de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales en la nueva entidad; se propuso incorporar al Instituto Geográfico Militar como apoyo técnico y otorgar un papel más activo a la Asamblea y a los gobiernos autónomos descentralizados. También se aprobó reconsiderar una resolución adoptada previamente sobre Ernesto “Che” Guevara, después de señalarse errores históricos y de redacción que afectaban la imagen institucional. El debate sobre los límites territoriales quedó interrumpido y la sesión concluyó por falta de quórum, por lo que las observaciones debían ser remitidas a la comisión y varios asuntos incorporados al orden del día no llegaron a resolverse. Intervinieron Scheznarda Fernández, María Paula Romo, Marco Murillo, Stalin Subía, Edwin Vaca, Zobeida Gudiño, Paúl Granda, Jorge Olmedo, Néstor Chapa, Juan de Dios Roldán Arellano, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Kléver García, Mauro Andino, Luis Morales, Pedro de la Cruz, Carlos Velasco, Paco Fierro, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Francisco Velasco, Línder Altafuya, Lenín Chica, Mary Verduga, Betty Amores, Tomás Zevallos, Enrique Herrería, César Gracia, Galo Vaca, Hugo Quevedo, María Molina, Betty Carrillo, Rosana Alvarado y Francisco Ulloa.

ACTA_177-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrollaron dos primeros debates. En el primero se analizó la reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientada a que la retención del cuarenta por ciento del aporte estatal a la pensión militar se aplicara únicamente cuando el pensionista volviera a trabajar en el sector público y no en el privado, a actualizar anualmente el valor de la canasta básica y a excluir del descuento las décimas tercera y cuarta pensiones; Roberto Freire y Fausto Cobo defendieron la reforma al considerar que facilitaría la reinserción laboral de los militares retirados, María Paula Romo pidió incorporar protección social para las esposas de militares que quedaban desamparadas después del divorcio, Betty Carrillo cuestionó que el beneficio se limitara al trabajo privado y sostuvo que los principios de solidaridad debían aplicarse de manera general, Hugo Quevedo respaldó la propuesta y Fernando Flores planteó emitir un saludo al pueblo venezolano por el natalicio de Simón Bolívar, tras lo cual el debate fue cerrado y el proyecto regresó a la Comisión correspondiente. Posteriormente se debatió la reforma al régimen especial de Galápagos, destinada a fortalecer la conservación y el desarrollo sustentable mediante una nueva organización y mayores competencias del Consejo de Gobierno, regulación de la migración y la residencia, auditorías a las residencias y permisos turísticos, sanciones ambientales y migratorias, control de embarcaciones y especies invasoras, regulación de la pesca artesanal, creación de una agencia de bioseguridad, establecimiento de un servicio de ambulancia aérea, redistribución de los ingresos turísticos y recuperación estatal de las concesiones para democratizar la actividad turística y favorecer a residentes y organizaciones de la economía popular y solidaria. Ángel Placencia solicitó reconocer la residencia permanente de las personas que habían establecido su proyecto de vida en las islas antes de septiembre de 2007; Marcela Aguiñaga expuso el crecimiento poblacional, la falta de servicios básicos, los problemas de migración, bioseguridad y concentración de permisos turísticos; Virgilio Hernández explicó el contenido consensuado de la reforma y los asuntos aún pendientes; y Ángel Vilema, Grace Almeida, Alfredo Ortiz, Gerónimo Yantalema, Betty Carrillo, Francisco Ulloa, Fernando González y María Paula Romo presentaron observaciones sobre la participación ciudadana y de los pueblos y nacionalidades, la representación científica, las competencias del Consejo de Gobierno, la democratización del turismo, la protección de los residentes, el control poblacional, la preservación ambiental, las urbanizaciones, las concesiones y los posibles incentivos contrarios a los objetivos de conservación; finalmente, la sesión fue clausurada ante la posibilidad de perder el quórum, quedando pendientes varias intervenciones y la continuación del tratamiento.

ACTA_163-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se posesionó a Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo como primera autoridad de la Defensoría Pública, luego de haber sido designado mediante concurso público de méritos y oposición. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó el proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, orientado a proteger a las familias y evitar que, ante la imposibilidad de pagar un préstamo, las instituciones financieras pudieran perseguir otros bienes del deudor, de su cónyuge, herederos, fiadores o garantes, una vez entregado, embargado o rematado el inmueble o vehículo que garantizaba la obligación. Se analizaron la extinción de la deuda con la entrega del bien, la prohibición de garantías y pagarés adicionales, el cese del cálculo de intereses desde el embargo, el traslado de créditos hacia instituciones que ofrecieran mejores condiciones, el levantamiento del patrimonio familiar para financiar la construcción de la vivienda y la prohibición de ejecutar en Ecuador sentencias extranjeras derivadas de créditos hipotecarios que contravinieran el ordenamiento nacional, especialmente para proteger a migrantes afectados por la crisis inmobiliaria en España. También se debatieron los límites económicos y el carácter no retroactivo de la normativa, la valoración y depreciación de viviendas y automotores, la inclusión o exclusión de motocicletas y tricimotos, la protección de los depositantes, los posibles efectos sobre las tasas, los plazos y el acceso futuro al crédito, la situación de la industria automotriz, la contaminación, la balanza de pagos, el riesgo de incentivar el incumplimiento de obligaciones y la constitucionalidad de la propuesta; finalmente, se incorporaron varias reformas y disposiciones derogatorias, el proyecto fue aprobado y la solicitud para reconsiderar esa decisión fue negada. Intervinieron Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Andrés Roche, Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Luis Morales, Virgilio Hernández, Eduardo Encalada, Galo Vaca, Enrique Herrería, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Fernando González, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Rosana Alvarado, Marco Murillo, Cristian Viteri, Fernando Flores, Dora Aguirre, María Paula Romo y Silvia Salgado.

ACTA_198-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Gilmar Gutiérrez retiró su solicitud para conformar una comisión multipartidista que vigilara las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta la proclamación de los resultados de las siguientes elecciones, debido a la ausencia de varios legisladores. Posteriormente se trató la selección de la terna que la Asamblea debía remitir para la designación de su representante ante el Consejo de la Judicatura. Ángel Vilema propuso a Ana Karina Peralta Velásquez, Carlos Teodoro Delgado Alonso y Zaida Patricia Romero Flores, destacando su formación y experiencia jurídica; María Paula Romo cuestionó que la integración del organismo dependiera nuevamente de delegados de las funciones políticas, advirtió sobre una posible designación previamente acordada y pidió que se entregaran las hojas de vida antes de votar. La terna fue aprobada con cincuenta y seis votos afirmativos, treinta y cinco negativos y cinco abstenciones. Finalmente se desarrolló el primer debate de la reforma al Código de la Policía Marítima. La Comisión recomendó archivarla porque, aunque reconoció la urgente necesidad de actualizar la normativa vigente desde 1960, consideró que el proyecto era incompleto, mantenía disposiciones contrarias a los derechos constitucionales y no incorporaba los cambios derivados de la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que propuso elaborar un Código de Legislación Marítima integral. Vethowen Chica respaldó el archivo por considerar necesaria una reforma estructural; en cambio, Paco Moncayo y Alfredo Ortiz sostuvieron que la Asamblea debía corregir y ampliar el proyecto, no desecharlo, debido a que la normativa todavía permitía detener personas por supuesta vagancia, imponer prisión y cauciones desde las capitanías, aplicar multas establecidas en sucres y mantener conflictos de competencias con los municipios. Línder Altafuya coincidió en la necesidad de actualizar el Código, pero centró su intervención en rechazar la adhesión a la Convención por considerar que afectaba la soberanía marítima y perjudicaba a los pescadores. La moción de archivo obtuvo cincuenta y dos votos afirmativos, veintiún negativos y veintitrés abstenciones, por lo que no fue aprobada y el proyecto regresó a la Comisión para continuar su trámite. Intervinieron Gilmar Gutiérrez, Ángel Vilema, María Paula Romo, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz y Línder Altafuya.

ACTA_205-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Nívea Vélez propuso detener el cobro y embargo de supuestas deudas atribuidas a exservidores públicos de Loja, mientras Edwin Vaca pidió priorizar proyectos relacionados con la hora pedagógica, la jubilación docente y otras reformas educativas; las propuestas obtuvieron cuarenta y cinco y cincuenta votos afirmativos, respectivamente. Posteriormente se condecoró al pintor Jorge Perugachy por su trayectoria artística, educativa y su aporte a la cultura andina y ecuatoriana. También se debatió y aprobó una resolución sobre la Franja de Gaza, mediante la cual se condenó el uso de la fuerza y los ataques contra civiles, se respaldó el alto al fuego, se exigió la apertura de los pasos fronterizos y se defendió una solución basada en la existencia de los Estados de Israel y Palestina; tras varias observaciones para equilibrar y corregir el texto, fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, dieciséis negativos y seis abstenciones. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y cinco votos, el Convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades y trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, destinado a evitar la discriminación laboral y facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar; la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del convenio de servicios aéreos entre Ecuador y Singapur. Intervinieron Nívea Vélez, Edwin Vaca, Celso Maldonado, Jorge Perugachy, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Luis Almeida, Gabriel Rivera, César Rodríguez, María Paula Romo, César Montúfar, Betty Carrillo, Luis Morales y Silvia Salgado.

ACTA_221-2011-2013_PLENO.pdf Se debatieron en primer debate el proyecto de Ley General de Cambio Climático, centrado en la gestión de riesgos, la mitigación y adaptación ambiental, cuyo texto regresó a comisión tras no aprobarse la moción planteada; y el proyecto de Código de Ética de la Función Legislativa, relativo a la conducta y sanciones de los asambleístas, que fue archivado y cuya reconsideración fue rechazada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, María Molina, Paco Moncayo, Luis Almeida, María Paula Romo, Betty Amores, Fausto Cobo, César Rodríguez, Mauro Andino, Cynthia Viteri, Xavier Tomalá, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Nívea Vélez, Marisol Peñafiel, Gabriel Rivera y Eduardo Encalada.

ACTA_011-AN-2009-2011_PLENO.pdfEn la sesión se negó la solicitud de Richard Guillén para incorporar el análisis del incumplimiento del plazo constitucional para aprobar varias leyes prioritarias, mientras que la propuesta de Silvia Salgado para profundizar la investigación de los hechos ocurridos en Morona Santiago no avanzó al señalarse que ya existía una instancia encargada de ese análisis. Posteriormente, se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientada a completar la integración plural del Consejo de Administración Legislativa cuando no existieran suficientes bancadas, regular la elección de autoridades de las comisiones, permitir la presentación y tratamiento de informes de minoría, precisar la convocatoria de suplentes de representantes del exterior, fortalecer los mecanismos de comunicación y rendición de cuentas mediante el uso de franjas gratuitas en medios de comunicación, y ampliar el equipo de trabajo de las y los asambleístas. El principal debate se centró en la constitucionalidad de la integración del Consejo de Administración Legislativa y en el fortalecimiento de la fiscalización; María Paula Romo, Mauro Andino, Rosana Alvarado y María Augusta Calle defendieron que la reforma desarrollaba mecanismos necesarios para asegurar pluralidad y funcionamiento institucional, mientras César Montúfar, Gilmar Gutiérrez, María Cristina Kronfle, Enrique Herrería, Luis Almeida, Línder Altafuya y Cléver Jiménez cuestionaron que la propuesta pudiera contravenir la Constitución y limitar el control político. Silvia Salgado, Abdalá Bucaram, Alfredo Ortiz y Eduardo Encalada impulsaron que se habilite expresamente la investigación de actuaciones de funcionarios públicos y de hechos de interés ciudadano que generen conmoción social o crisis política; esta propuesta fue incorporada, mientras que se eliminó la modificación inicialmente prevista al procedimiento de entrega de información por parte de funcionarios públicos. También intervinieron Mercedes Diminich, Galo Lara, Francisco Velasco, Lourdes Tibán, Gioconda Saltos y Gabriel Rivera, quienes formularon observaciones sobre transparencia, representatividad, fiscalización, rendición de cuentas, inclusión y responsabilidad en el debate público. Finalmente, la reforma fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, quince negativos, cuatro votos en blanco y quince abstenciones.

ACTA_024-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, en el que Rodolfo Baquerizo, Lenín Chica, Gioconda Saltos, Tito Nilton Mendoza y Cléver Jiménez cuestionaron que la Asamblea pueda otorgar inmunidad a integrantes de una comisión, advirtiendo que ello podría dejar en indefensión a las personas mencionadas en sus informes; mientras Paco Moncayo defendió la necesidad de proteger las investigaciones para conocer la verdad y evitar la repetición de hechos de violencia, y Eduardo Encalada sostuvo que el informe debía profundizar en las implicaciones geopolíticas, sociales y de soberanía vinculadas con el conflicto fronterizo. Al concluir este punto, se cerró el debate y se dispuso la presentación de observaciones por escrito, sin aprobarse una decisión definitiva. Posteriormente, se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, presentadas por Mauro Andino, que planteaban restituir como delitos de acción pública conductas como la estafa, el hurto y otras infracciones que habían pasado a acción privada; reducir la cuantía para diferenciar contravenciones y delitos; sancionar la comercialización, ocultamiento y transporte de bienes robados; limitar la sustitución de la prisión preventiva en casos graves o de reincidencia; fortalecer el control sobre jueces, fiscales y audiencias; y eliminar la apelación al auto de llamamiento a juicio. Cynthia Viteri, Andrés Páez, Luis Almeida, María Cristina Kronfle y Gilmar Gutiérrez cuestionaron que las reformas fueran insuficientes frente a la inseguridad, solicitaron medidas más estrictas para evitar la liberación de personas procesadas y advirtieron inconsistencias en algunos artículos; mientras María Paula Romo, Juan Carlos Cassinelli, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Gracia, Hólger Chávez, Lídice Larrea, Marisol Peñafiel y Fernando Bustamante señalaron que la delincuencia no se resuelve únicamente con reformas penales, sino también mediante mejoras en la administración de justicia, la prevención, el empleo, la rehabilitación y el control de fiscales y jueces. También intervinieron César Rodríguez, Abdalá Bucaram, Línder Altafuya, Rafael Dávila, Paco Fierro, Galo Vaca, Edwin Vaca, Luis Morales, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Enrique Herrería, Rodolfo Baquerizo y Juan Carlos López, quienes formularon observaciones sobre proporcionalidad de penas, delitos ambientales, lavado de activos, corrupción, garantías del debido proceso y la necesidad de una reforma penal integral. Finalmente, se aprobó la moción de Xavier Tomalá para que las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sean elaboradas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y las reformas al Régimen Legal de Seguros por la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control; Alfredo Ortiz, Silvia Salgado, Galo Lara, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Jorge Escala y Nivea Vélez intervinieron sobre el trámite y la asignación de estas materias, mientras Cléver Jiménez cuestionó la votación, aclarándose que la resolución fue aprobada por mayoría simple de los asambleístas presentes.

ACTA_031-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el que se discutieron la relación entre autonomía y unidad del Estado, la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, la rectoría estatal, la planificación territorial, la participación ciudadana, el control social, la asistencia técnica y el financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Gioconda Saltos, Vicente Taiano, Juan Carlos López, Andrés Roche y Consuelo Flores expresaron preocupaciones sobre posibles limitaciones a la autonomía local, la claridad de la fórmula de asignación de recursos, la regionalización, la intervención de entidades nacionales en competencias locales y las disposiciones de expropiación para vivienda de interés social; mientras Mao Moreno, Damasio Santos, Marisol Peñafiel, Gido Vargas, Fernando Bustamante, Hólger Chávez, Zobeida Gudiño, Vethowen Chica y Virgilio Hernández defendieron el Código como un instrumento para superar inequidades históricas, fortalecer a juntas parroquiales, municipios y provincias, mejorar la descentralización y establecer una distribución más justa de recursos. También se debatió la vigencia y alcance de los fondos especiales para Loja, la Amazonía y las provincias vinculadas a proyectos hidroeléctricos, así como la posible inclusión de Chimborazo en la distribución de recursos de la Ley Cero Cuarenta y Siete; en este punto intervinieron Gioconda Saltos, Fernando González, Juan Carlos López, Raúl Abad, Fernando Cordero, Gido Vargas, Zobeida Gudiño y Vethowen Chica. Vanessa Fajardo solicitó considerar a Santa Elena en la distribución de beneficios derivados de la actividad petrolera; Dora Aguirre propuso salvaguardias para los bienes inmuebles de personas migrantes; Rolando Panchana planteó precisiones sobre biodiversidad, pesca, acuacultura y política ambiental; y Rodolfo Baquerizo insistió en que la población también debía ser considerada en los criterios de equidad territorial. Al cerrar el debate, Virgilio Hernández informó que la Comisión había recibido más de setenta observaciones por escrito y se comprometió a sistematizarlas antes de continuar el trámite, por lo que no se aprobó todavía el Código. Posteriormente, se aprobó el acuerdo propuesto por Henry Cuji, con observaciones de Pedro de la Cruz, para rendir homenaje a la mujer ecuatoriana e instituir el natalicio de Tránsito Amaguaña como Día de la Plurinacionalidad y la Interculturalidad, destacando su legado en la lucha por los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Nívea Vélez, María Paula Romo e Irina Cabezas para reconocer el aporte de las mujeres ecuatorianas y exhortar a las instituciones públicas a garantizar la representación paritaria de mujeres y hombres en los espacios de decisión y dirección.

ACTA_038-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la resolución para exhortar al Ejecutivo a declarar la emergencia en el cantón Celica, debido al hundimiento progresivo de la ciudad y al riesgo para su población, propuesta y sustentada por Nívea Vélez; en cambio, se negaron las solicitudes de Jorge Escala para tratar la continuidad del enjuiciamiento político al fiscal Washington Pesántez y de Salomón Fadúl sobre la situación de los presos de conciencia en Cuba. Posteriormente, la Asamblea se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reforma penal sobre delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, acogiendo ajustes sobre atenuantes, responsabilidades del Estado, obediencia debida, delitos de función, protección de personas en conflictos armados, jurisdicción y procedimientos disciplinarios; María Paula Romo presentó la recomendación de la Comisión y Luis Morales solicitó la rectificación de la votación. También se concedió amnistía general por delitos políticos a Drino Nieto, Roosevelt Collins, Hortensia Obando, Miguel Revelo, Pedro Panchana, Samuel Vera y demás personas vinculadas con la toma del Municipio de Salinas ocurrida en 2005, disponiéndose el archivo de los procesos e indagaciones; intervinieron Henry Cuji, Luis Almeida, Rolando Panchana, Xavier Tomalá, Washington Quiñónez y Jimmy Pinoargote, quienes defendieron que se trató de una protesta política y solicitaron restituir la tranquilidad a las familias afectadas. Asimismo, se realizó el primer debate de la Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, destinada a eliminar normas obsoletas, caducas o ya cumplidas del ordenamiento jurídico; Andrés Páez y María Paula Romo explicaron que el tratamiento se dividiría en varios proyectos para revisar con mayor detalle cada grupo de disposiciones. Se aprobó además la resolución impulsada por Nívea Vélez para pedir la declaratoria de emergencia en Celica y la asignación de recursos para mitigar los riesgos geológicos. Finalmente, se aprobaron dos resoluciones internacionales: una presentada por Linda Machuca, respaldada por Fausto Cobo, Francisco Hagó, Luis Almeida, Virgilio Hernández, Dora Aguirre y Luis Morales, que rechazó la Ley SB-1070 de Arizona por considerar que promovía persecución, xenofobia y discriminación contra las personas migrantes, y solicitó una reforma migratoria integral en Estados Unidos; y otra propuesta por Fernando Bustamante, enriquecida con observaciones de Paco Moncayo y otros legisladores, que rechazó las declaraciones de Juan Manuel Santos y Noemí Sanín por considerar que atentaban contra la soberanía, la integridad territorial, el derecho internacional y la paz regional.

ACTA_051-AN-2009-2011_PLENO.pdf Segundo debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial 971 de 1996 y a la Ley 2003-5, orientado a la regularización y venta directa de predios a los posesionarios de los barrios de Atucucho, San Jacinto, Nuevos Horizontes y Rumiloma sin subasta pública, debate en el que intervinieron los asambleístas Virgilio Hernández (ponente), Alfredo Ortiz, Carlos Samaniego, Cléver Jiménez, Rolando Panchana y César Rodríguez, además de una Comisión General en la que se escuchó al presidente del barrio Atucucho, Luis Robles, aprobándose finalmente el proyecto por unanimidad; seguidamente, bajo la conducción del segundo vicepresidente Rolando Panchana Farra, se instaló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa a partir de los informes de mayoría (presentado por María Paula Romo) y de minoría, con intervenciones de Cynthia Viteri, María Soledad Vela, Andrés Páez, Betty Amores, Gilmar Gutiérrez, Vicente Taiano, Silvia Salgado y otros asambleístas sobre temas como la consulta prelegislativa, la fiscalización y una disposición transitoria relativa a la muerte cruzada, debate que fue interrumpido para un receso y luego reasumido por el presidente Cordero, hasta que se decidió suspender su tratamiento y remitirlo a una sesión posterior; en el interín se conoció, con la reasunción de la dirección por parte de Panchana, la objeción parcial del señor Presidente de la República al proyecto de Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, expuesta por el asambleísta Abdalá Bucaram, presidente de la Comisión respectiva, resolviéndose allanarse a la objeción con excepción del literal k) del artículo 14, en el cual el Pleno se ratificó en el texto originalmente enviado al Ejecutivo; finalmente, se retomó el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria N.° 2 para la Depuración de la Normativa Legal, sustentado por María Paula Romo, que fue aprobado por unanimidad tras no recibir observaciones adicionales.

ACTA_055-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje póstumo al asambleísta Humberto Alvarado Prado y, posteriormente, se trató la denuncia del Tratado de Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital suscrito entre Ecuador y Alemania. Fernando Bustamante, Eduardo Zambrano, Línder Altafuya, Linda Machuca y Vethowen Chica respaldaron la denuncia al sostener que las cláusulas de arbitraje internacional vulneraban la soberanía y el artículo 422 de la Constitución, que el tratado respondía a un modelo desigual de protección al capital extranjero y que debía reemplazarse por un marco nacional que otorgue reglas claras para la inversión; mientras Luis Almeida, Paco Moncayo, Edwin Vaca, Wladimir Vargas, Hugo Quevedo y María Paula Romo expresaron reparos o solicitaron una reflexión más profunda, señalando riesgos para la seguridad jurídica, la inversión, el empleo y las relaciones comerciales, y planteando la renegociación de las disposiciones incompatibles antes de una denuncia total. También se retomó la propuesta de Wladimir Vargas para devolver al Ejecutivo el convenio con el Reino Unido y recomendar la renegociación de sus artículos 8 y 9, la cual fue negada tras su rectificación; luego se aprobó la denuncia del convenio con el Reino Unido con sesenta y cinco votos afirmativos y la denuncia del tratado con Alemania con sesenta y seis votos afirmativos. Finalmente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público; María Paula Romo explicó que la propuesta inicial permitía concentrar en una entidad adscrita al Ejecutivo la administración de bienes de diversas instituciones autónomas, incluidos el IESS, ISSFA, ISSPOL, universidades y gobiernos autónomos descentralizados, por lo que la Comisión recomendó su archivo para elaborar una normativa integral que garantice transparencia, acceso público a la información y respeto a la autonomía institucional. Luis Almeida apoyó el informe y cuestionó la concentración de atribuciones prevista en el proyecto; posteriormente, el Pleno aprobó por unanimidad el archivo de la iniciativa.

ACTA_079-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Derogatoria No. 5 para la Depuración de la Normativa Legal, que eliminó 150 decretos supremos, legislativos y resoluciones obsoletas, principalmente vinculados con reorganizaciones de concejos cantonales y medidas ya cumplidas; María Paula Romo presentó el informe y Kléver García respaldó su votación. En primer debate se trató la reforma al Código de la Democracia para regular transitoriamente la entrega del Fondo Partidario Permanente y de reposición del gasto electoral mientras las organizaciones políticas culminaban su reinscripción; María Paula Romo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Lourdes Tibán, Silvia Salgado y Rosendo Nurinkias defendieron la necesidad de fortalecer a partidos y movimientos, mientras Jorge Escala, Marco Murillo, Tomás Zevallos y César Montúfar cuestionaron su constitucionalidad, el posible beneficio a organizaciones no reinscritas y la exclusión de movimientos locales, por lo que la Comisión anunció que revisaría las observaciones y consultaría al Consejo Nacional Electoral antes del segundo debate. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, que modificó la integración del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, incorporó al Ministerio del Interior, reguló la libre designación y remoción de las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero y tipificó el financiamiento de delitos como infracción autónoma; Francisco Velasco defendió el allanamiento y María Paula Romo solicitó preservar la obligación de la Fiscalía de demostrar el origen ilícito de los activos. El tema principal fue el primer debate de las reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas, que propusieron agravar sanciones por sicariato, uso de niñas, niños y adolescentes para delinquir, delitos de odio, usura, comercialización ilícita de combustibles, minería ilegal y uso de vehículos sumergibles; ampliar las herramientas de investigación policial, acumular penas hasta treinta y cinco años, reforzar medidas cautelares, sancionar a fiscales por prevaricato y aumentar las medidas socioeducativas para adolescentes infractores. En comisión general, Sara Oviedo y Joffre Vélez solicitaron no reducir la edad de imputabilidad ni responder a la delincuencia juvenil únicamente con prisión, sino fortalecer prevención, justicia especializada y rehabilitación; Vicente Sarmiento y Enrique Alcívar, en representación de víctimas, exigieron una respuesta más firme contra la impunidad, mayor protección para víctimas y sanciones por negligencia médica. María Paula Romo, Vicente Taiano, Aminta Buenaño, Paco Moncayo, Viviana Bonilla, Mauro Andino y Gina Godoy sostuvieron que las reformas son necesarias pero insuficientes sin una transformación de la Fiscalía, judicaturas, Policía, rehabilitación social y políticas de prevención; Gilmar Gutiérrez, Cynthia Viteri, Luis Almeida, Tito Nilton Mendoza, Alfredo Ortiz y Enrique Herrería plantearon endurecer las penas, revisar la caducidad de la prisión preventiva, ampliar la capacidad judicial y adoptar medidas más severas para delitos graves y adolescentes infractores. El debate quedó suspendido sin votación final, al igual que la resolución incorporada a propuesta de Armando Aguilar para exhortar a la Función Judicial a agilitar los procesos, especialmente los vinculados con causas ambientales de Sucumbíos.

ACTA_081-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, que reguló el orden de reemplazo de alternos de asambleístas, concejales y vocales de juntas parroquiales cuando estos no puedan asistir; sustituyó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas” para efectos del Fondo Partidario Permanente; permitió, de manera transitoria y hasta el siguiente proceso electoral pluripersonal, distribuir dicho fondo con base en la participación y resultados electorales de 2009 mientras las organizaciones culminaban su inscripción o reinscripción; y precisó el período de vicealcaldes y de integrantes de comisiones legislativas municipales y parroquiales. María Paula Romo, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Vicente Taiano y Fernando Cordero defendieron la reforma como un mecanismo para viabilizar un mandato constitucional, fortalecer las organizaciones políticas y evitar su dependencia de aportes privados, mientras César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo cuestionaron su constitucionalidad, un posible conflicto de intereses y que se convierta en una distribución de recursos públicos a agrupaciones no inscritas; Jorge Escala apoyó la entrega únicamente a organizaciones que cumplieran los requisitos constitucionales, Rocío Valarezo solicitó incluir a movimientos provinciales y regionales, y Magaly Orellana objetó la incorporación de reformas adicionales al texto inicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con setenta y nueve votos afirmativos, seis negativos, cinco blancos y dieciocho abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, en primer debate se trató la Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 sobre asignaciones provenientes de la venta de energía de las hidroeléctricas Paute, Pisayambo y Agoyán, que planteó mantener las rentas destinadas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, reasignar los recursos antes administrados por el extinto CREA a los gobiernos provinciales, en coordinación con municipios y juntas parroquiales, y destinarlos principalmente a protección de cuencas, páramos, reforestación y gestión ambiental. Virgilio Hernández defendió el informe; Gioconda Saltos solicitó que el cálculo se realice sobre la venta efectiva de energía, ampliar los usos a vialidad y obra social y cancelar valores pendientes; Luis Morales, Betty Carrillo y Juan Carlos López defendieron los recursos para Tungurahua como compensación por los impactos ambientales y turísticos de las centrales; Paco Fierro, Mauro Andino, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Armando Aguilar pidieron incorporar a Chimborazo y a otras provincias aportantes de recursos hídricos; María Molina planteó ajustes por la supresión del CREA y cuestionó considerar al agua como recurso no renovable; Guillermina Cruz solicitó una ley general que incluya a todas las provincias con proyectos hidroeléctricos, y Fernando Cordero propuso avanzar directamente hacia una norma nacional que distribuya recursos sin disminuir los ya existentes. El debate quedó cerrado para que la Comisión recoja las observaciones antes del segundo debate.

ACTA_076-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el debate sobre la Proforma Presupuestaria 2011 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011-2014. Silvia Salgado planteó reforzar los recursos para la Función Judicial, gobiernos autónomos descentralizados, Conferencia de Soberanía Alimentaria, proyecto montubio y programas antes vinculados al CODENPE; Guillermina Cruz solicitó mayor inversión en vialidad, justicia, Defensoría del Pueblo y obras para Napo y la Amazonía; y Gerónimo Yantalema cuestionó la falta de participación ciudadana y la reducción de recursos para salud indígena, educación intercultural bilingüe, CODENPE, FODEPI, justicia indígena y circunscripciones territoriales indígenas. Vanesa Fajardo, Juan Carlos Cassinelli y Francisco Velasco defendieron la proforma, al señalar que priorizaba inversión social, productiva, energética y de seguridad, que cumplía con los incrementos constitucionales para educación y salud, y que el déficit se originaba principalmente en inversión pública. María Paula Romo sostuvo que la Función Judicial debía mejorar su ejecución presupuestaria antes de exigir mayores asignaciones, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Fernando González, Galo Lara, Tito Nilton Mendoza, Gido Vargas, Rodolfo Baquerizo, Sylvia Kon y Mery Zamora cuestionaron las proyecciones de crecimiento, el déficit, las fuentes de financiamiento, el gasto corriente, la publicidad gubernamental, la insuficiencia de recursos para educación, salud, justicia, gobiernos locales y Amazonía, así como la falta de claridad sobre indemnizaciones y ejecución de inversiones. Finalmente, se aprobó la resolución que acogió los informes de la Comisión respecto de la Proforma Presupuestaria 2011 y la programación cuatrianual, incorporando observaciones sobre la distribución de transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y la asignación complementaria de recursos para la Asamblea Nacional; la decisión obtuvo sesenta y cuatro votos afirmativos, cuarenta y ocho negativos, un voto en blanco y dos abstenciones tras rectificación, y la reconsideración fue negada.

ACTA_139-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó por unanimidad incorporar al orden del día una propuesta para exhortar al Ejecutivo a mantener el subsidio del combustible destinado al transporte aéreo hacia Galápagos, argumentándose que el avión constituía el principal medio de conexión de la provincia y que la eliminación de esta ayuda incrementaría considerablemente el precio de los pasajes, el transporte de alimentos, medicinas y demás productos esenciales; sin embargo, este asunto no llegó a resolverse antes de la suspensión. El tema central fue el análisis de dos solicitudes de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de causas penales contra Tito Galo Lara Yépez, originadas en querellas presentadas por Rafael Correa y Ximena Ponce por expresiones consideradas injuriosas. La discusión se concentró en determinar si dichas declaraciones correspondían al ejercicio de las funciones de fiscalización y, por tanto, estaban protegidas por la inmunidad parlamentaria, o si constituían acusaciones que afectaban la honra y debían ser examinadas por la justicia ordinaria; también se debatieron la diferencia entre inmunidad e impunidad, la libertad de expresión, la responsabilidad de los legisladores, la independencia de la Función Judicial, la protección institucional de la Asamblea, el riesgo de judicializar la actividad política y el número de votos requerido para autorizar un proceso penal. La propuesta de Virgilio Hernández para que estas decisiones necesitaran la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea fue negada y ratificada su negativa en la rectificación, por lo que se aplicó la mayoría simple. Finalmente, se rechazó autorizar la causa promovida por Rafael Correa, con cincuenta y un votos afirmativos, setenta y un negativos y dos abstenciones, y también se negó la solicitud relacionada con Ximena Ponce, con treinta y cinco votos afirmativos, setenta y siete negativos, cuatro blancos y ocho abstenciones; las reconsideraciones de ambas votaciones fueron igualmente negadas, por lo que se mantuvo la inmunidad del legislador y quedaron pendientes el proyecto relacionado con la protección del cóndor andino y la resolución sobre el subsidio aéreo para Galápagos. Intervinieron Alfredo Ortiz, Ángel Vilema, Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Fausto Cobo, Tomás Zevallos, Jorge Escala, César Rodríguez, Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Andrés Páez, María Paula Romo, Cléver Jiménez, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Francisco Cisneros, Enrique Herrería, Betty Amores, César Gracia, Hólger Chávez, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Zobeida Gudiño, Fernando Cordero, Richard Guillén, Abdalá Bucaram, Roberto Rodríguez, César Montúfar, Dora Aguirre y Eduardo Zambrano.

ACTA_140-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se rindió homenaje a la Fundación Vista para Todos por su labor social y humanitaria en favor de personas de escasos recursos, adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, destacándose sus servicios oftalmológicos, la entrega gratuita de lentes y sillas de ruedas y su cobertura nacional, por lo que recibió la condecoración al mérito social; posteriormente, continuó el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados por indemnizaciones ocasionadas por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, concesionarios, delegatarios y otras personas que ejercen potestades públicas. La discusión abordó la necesidad de proteger el patrimonio público y los recursos de los contribuyentes, evitar la impunidad, establecer un procedimiento rápido con derecho a la defensa y determinar judicialmente el dolo o la culpa grave; también se analizaron la competencia de los órganos contencioso-administrativos, las funciones de la Procuraduría y la Contraloría, el plazo de prescripción, la legitimación para presentar las demandas, el llamamiento en garantía, las medidas cautelares, el cálculo de intereses, la cuantificación de las indemnizaciones, la posibilidad de conciliación, los recursos de apelación y casación y la responsabilidad de funcionarios de cualquier jerarquía. Varios legisladores respaldaron la iniciativa como un mecanismo para recuperar valores pagados por casos de violaciones de derechos, errores administrativos, daños ambientales, incumplimientos contractuales y decisiones de organismos internacionales; otros cuestionaron su necesidad, posibles contradicciones con normas existentes, vacíos en la técnica jurídica, el riesgo de persecución política, la discrecionalidad de las autoridades, la posibilidad de sancionar dos veces por los mismos hechos y la falta de claridad sobre los actos de gobierno, el fuero de determinadas autoridades y la responsabilidad de superiores que hayan ejercido presión o coerción sobre funcionarios subordinados. También se debatió el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal por casos históricos de desapariciones, torturas y detenciones ilegales, y la necesidad de diferenciar los errores cometidos de buena fe de las conductas deliberadamente dañinas. Debido a la cantidad y complejidad de las observaciones, se suspendió la votación para que la comisión preparara y distribuyera un nuevo texto. Intervinieron Rocío Valarezo, Diego Benítez, Mauro Andino, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Andrés Páez, Rolando Panchana, María Paula Romo, Fausto Cobo, Luis Morales, Eduardo Encalada, Paco Moncayo, Stalin Subía, Andrés Roche y María Augusta Calle; Fernando Cordero dirigió la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_121-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ley Derogatoria No. 8 para la Depuración de la Normativa Legal, mediante el cual se eliminaron expresamente 150 normas obsoletas o ya cumplidas, entre decretos y acuerdos supremos, resoluciones legislativas y decretos leyes de emergencia, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica; tras la rectificación, el proyecto obtuvo noventa y un votos afirmativos, cinco blancos y diez abstenciones. Posteriormente, se debatió y aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos, destacándose que este instrumento puso fin a la denominada “guerra del banano”, redujo progresivamente los aranceles europeos y mejoró las condiciones de acceso del producto ecuatoriano, aunque también se plantearon inquietudes sobre la competitividad frente a Colombia y Perú, la protección de pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial y la necesidad de políticas complementarias para el sector; la rectificación registró ciento diez votos afirmativos. Finalmente, se discutió qué comisión debía analizar el informe anual de labores del Presidente de la República: las propuestas para remitirlo a las comisiones de Derechos Colectivos y de Soberanía no fueron aprobadas luego de sus respectivas rectificaciones, mientras que también se planteó encargarlo a Fiscalización, conformar una comisión multipartidista o distribuir el análisis entre todas las comisiones; al no existir una propuesta concreta y consensuada, la sesión fue suspendida. Intervinieron María Paula Romo, Rafael Dávila, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Víctor Quirola, Emilia Jaramillo, Nicolás Lapentti, Omar Juez, Línder Altafuya, Dora Aguirre, María Augusta Calle y Fernando Flores.

ACTA_145-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, en el que se reconoció la necesidad de sustituir una normativa antigua por un marco integral acorde con el carácter intercultural y plurinacional del Estado y con las diferentes realidades de las comunas rurales, urbanas, costeras, serranas y amazónicas. La discusión abordó la protección de las tierras comunitarias frente a invasiones, desalojos y ventas irregulares; la diferencia entre la propiedad colectiva de la comuna y la posesión ejercida por cada comunero; los requisitos para adquirir o perder la calidad de comunero; la distinción entre comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y recinto; la autonomía y jurisdicción de los gobiernos comunitarios; la participación de mujeres, jóvenes y demás integrantes en las decisiones; el reconocimiento de las actas comunales; la articulación con los gobiernos locales, la planificación territorial, la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria; y la necesidad de garantizar crédito, inversión pública, infraestructura, salud, educación y proyectos productivos. Varias intervenciones cuestionaron que las comunas pudieran transformarse o disolverse para constituir cooperativas de producción, al considerar que esta posibilidad podría facilitar la privatización, parcelación y pérdida del carácter inalienable, inembargable, imprescriptible e indivisible de sus tierras; también se denunciaron los intentos de desalojo en Montañita y otros conflictos territoriales, la discriminación contra determinados comuneros y las limitaciones de participación de las mujeres. Ante la cantidad de observaciones, se solicitó una amplia socialización y consulta prelegislativa con las comunidades, y el proyecto regresó a la comisión para elaborar una nueva normativa integral. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto sobre libertad e igualdad religiosa, orientado a garantizar el derecho de las personas a conservar, cambiar, profesar y difundir sus creencias, celebrar cultos y festividades, recibir asistencia religiosa, acceder a educación conforme a sus convicciones, proteger el patrimonio de las confesiones, reconocer la personalidad jurídica y autonomía de las organizaciones religiosas y establecer un registro nacional. En comisión general, monseñor Luis Cabrera, en representación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, formuló observaciones sobre la autonomía de la Iglesia católica, su estructura territorial, el régimen de sus autoridades y la creación de un organismo estatal de regulación, mientras Luis Fernando Muñoz, representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, defendió la libertad de conciencia, la posibilidad de adoptar o cambiar de religión y el respeto a las prácticas y días de descanso de cada confesión. Durante el debate se cuestionaron las definiciones imprecisas, la posible injerencia estatal en la organización interna de las iglesias, la creación de un Consejo Nacional cuyas funciones podían duplicar las del Ministerio competente, el tratamiento de los bienes religiosos, los requisitos para ministros extranjeros, la rendición de cuentas, la educación religiosa y la compatibilidad del proyecto con el carácter laico del Estado; finalmente, se aprobó la moción de Kléver García para archivar el proyecto, decisión que se mantuvo después de la rectificación y de negarse su reconsideración. Finalmente, se debatió y aprobó la resolución para solicitar que los doctorados en Ciencias de la Educación, en sus distintas menciones, iniciados y obtenidos antes del cambio del sistema académico fueran reconocidos y registrados como títulos de cuarto nivel, destacándose que miles de docentes habían cursado estos estudios después de obtener su licenciatura, pero no podían utilizarlos para su recategorización y mejora salarial por diferencias en la denominación de las facultades que los emitieron. También se planteó extender el reconocimiento a otras profesiones y especialidades, impulsar programas de graduación y evitar cualquier discriminación entre títulos de igual naturaleza y rigor académico; tras incorporarse varias observaciones, la resolución fue aprobada con setenta y ocho votos afirmativos en la rectificación y su reconsideración fue negada. Intervinieron Jimmy Pinoargote, Virgilio Hernández, Luis Morales, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Guido Vargas, Gerónimo Yantalema, Yoly Rodríguez, Betty Carrillo, María Augusta Calle, Armando Aguilar, Paola Pabón, Hólger Chávez, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, monseñor Luis Cabrera, Luis Fernando Muñoz, Karen Vélez, Luis Almeida, César Montúfar, María Paula Romo, Kléver García, Rolando Panchana, Gioconda Saltos, Silvia Salgado, Mao Moreno, Mery Zamora, Edwin Vaca, Juan Fernández, Consuelo Flores y Francisco Cisneros.

ACTA_167-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conoció la solicitud para que la Función Legislativa presentara nueve candidaturas dentro del proceso de selección y designación de quienes integrarían la primera Corte Constitucional, lo que generó un amplio debate sobre la trascendencia de este organismo para garantizar la supremacía de la Constitución, los derechos ciudadanos, la independencia de las funciones del Estado y el control de los poderes políticos y económicos. Se cuestionaron la legitimidad, independencia y actuaciones de la Corte Constitucional de transición, particularmente por su presunta subordinación al Ejecutivo, la demora o falta de pronunciamiento en causas relevantes, la autorización del veto presidencial a normas interpretativas y diversas decisiones consideradas contrarias a la institucionalidad; asimismo, se discutió si las candidaturas debían votarse en una sola lista o individualmente, la necesidad de conocer previamente las hojas de vida, méritos, experiencia, probidad, independencia y trayectoria de cada postulante, así como la conveniencia de alcanzar consensos entre los bloques. También se analizaron la paridad de género, la alternancia, la representación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, la acción afirmativa y la importancia de incluir especialistas en pluralismo jurídico y derecho indígena para consolidar el carácter intercultural y plurinacional del Estado. Durante el debate se presentaron distintas nóminas y candidaturas, entre ellas las de Julio César Trujillo, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Raúl Ilaquiche, Ramiro García Falconí, Judith Salgado, Juan Vizueta, Nina Pacari y Carlos Poveda; finalmente, se aprobó la lista integrada por Alfredo Tirso Ruiz Guzmán, Yoli Patricia Rodríguez Quinde, Claudio Hernán Rivadeneira Játiva, Marcia Dolores Ramos Benalcázar, Carlos Gualberto Jaramillo Díaz, Libia Fernanda Rivas Ordóñez, Tito Livio Mendoza Guillén, María Meyboth Hernández Loza y Fabián Marcelo Jaramillo Villa, aunque la sesión concluyó sin poder realizarse la rectificación de la votación por falta de quórum. Intervinieron Gina Godoy, Leonardo Viteri, Galo Lara, María Paula Romo, Alfredo Ortiz, Hólger Chávez, Andrés Páez, Gerónimo Yantalema, Enrique Herrería, César Gracia, César Montúfar, Jorge Escala y Francisco Velasco.

ACTA_170-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se recibió a una comitiva cubana encabezada por Aída Guevara March, a la cual se entregaron acuerdos de solidaridad mediante los que se solicitaba el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, así como la liberación de cinco ciudadanos cubanos condenados en Estados Unidos y la concesión de visas humanitarias para sus familiares; la representante agradeció el respaldo, destacó los históricos vínculos entre los pueblos ecuatoriano y cubano y llamó a fortalecer la unidad latinoamericana. Posteriormente, se debatió y aprobó una resolución de solidaridad con el pueblo y el régimen democrático de Bolivia, ante amenazas contra Evo Morales y expresiones racistas, xenófobas y violentas atribuidas a determinados sectores opositores; durante la discusión se defendieron la solución pacífica de las diferencias políticas, la democracia, los derechos humanos y la participación de los pueblos indígenas, aunque también se formularon críticas a los gobiernos de Bolivia y Ecuador por la criminalización de la protesta social, el autoritarismo y el trato hacia la oposición. Finalmente, se desarrolló el segundo debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para solucionar los conflictos de límites territoriales internos, analizando la indefinición histórica de numerosas fronteras entre provincias, cantones y parroquias, la desatención de las poblaciones ubicadas en zonas disputadas y la necesidad de sustituir la confrontación por mecanismos de negociación directa, mediación, arbitraje, resolución institucional y consulta popular. También se discutieron la participación de las comunidades, pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios; la intervención de los gobiernos autónomos descentralizados; la importancia de los informes jurídicos, técnicos, históricos, sociales, culturales y cartográficos; el empleo del Instituto Geográfico Militar y sistemas de posicionamiento satelital; la prestación de servicios públicos en las zonas no delimitadas y la conveniencia de incorporar los procedimientos esenciales directamente en la ley. El debate quedó suspendido para continuar en otra convocatoria. Intervinieron Aída Guevara March, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, María Paula Romo, Paola Pabón, Luis Morales, César Gracia, Línder Altafuya, Darío Pito, Tarquino Orellana, Virgilio Hernández, Francisco Ulloa, Bolívar Subía, Guido Vargas, Rolando Panchana, Jimmy Pinoargote y Fernando Bustamante.

ACTA_166-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó y aprobó la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, luego de un extenso debate jurídico, político, económico, ambiental y estratégico sobre sus efectos en la soberanía marítima nacional. Quienes respaldaron la adhesión sostuvieron que el país conservaría sus derechos soberanos sobre los recursos existentes dentro de las doscientas millas, obtendría reconocimiento y mecanismos internacionales para defenderlos, mantendría la Reserva Marina y las líneas de base de Galápagos, fortalecería la protección ambiental, la investigación científica, la transferencia de tecnología, la actividad pesquera y el comercio marítimo, y podría ampliar la plataforma continental alrededor del archipiélago hasta trescientas cincuenta millas, incorporando una importante superficie submarina adicional. Quienes se opusieron señalaron que sustituir el mar territorial de doscientas millas por un mar territorial de doce millas y una zona económica exclusiva implicaría reducir la soberanía, someter al país a normas y organismos supranacionales, afectar la integridad territorial, facilitar el acceso de potencias extranjeras a los recursos pesqueros y minerales y poner en riesgo los derechos históricos establecidos mediante la Declaración de Santiago. También se discutieron la protección de Galápagos, los límites marítimos con los países vecinos, el paso de buques y aeronaves, los ejercicios militares, el transporte de materiales peligrosos, la solución internacional de controversias, la pesca de especies migratorias y los beneficios para la industria atunera. Antes del debate legislativo comparecieron Héctor Villagrán, Jimmy Villavicencio, Marcelo Larrea, Rafael Trujillo y Andrés Pazmiño; posteriormente intervinieron María Paula Romo, Fernando Bustamante, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Luis Almeida, Eduardo Zambrano, Andrés Roche, Betty Carrillo, Jorge Escala, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Montúfar, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Betty Amores, Vethowen Chica, Susana González y Fernando Aguirre. Finalmente, se aprobó la Convención junto con una declaración mediante la cual el Ecuador ratificó sus derechos sobre sus espacios marítimos, la protección especial de Galápagos, la posibilidad de ampliar su plataforma continental y varias reservas destinadas a preservar su jurisdicción y soberanía.

ACTA_215-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje al cantante lírico Diego Javier Zamora Mendieta, ganador del primer lugar en el Festival de Salzburgo, a quien se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración “Doctor Vicente Rocafuerte” al Mérito Cultural por su aporte y proyección artística internacional. Posteriormente se desarrolló el primer debate de la reforma al Código Civil, orientada a actualizar las normas sobre familia, matrimonio, divorcio, unión de hecho y administración de los bienes conyugales, eliminar disposiciones consideradas discriminatorias y garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes. El análisis se concentró en elevar e igualar la edad mínima para contraer matrimonio —debatiéndose entre dieciséis y dieciocho años— para proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos del matrimonio y embarazo precoces; incorporar el divorcio unilateral, revisar o eliminar causales difíciles de demostrar como el adulterio, precisar los procedimientos y plazos, reconocer las nuevas realidades familiares y evitar la discrecionalidad judicial en la declaración de las uniones de hecho. Concluido el primer debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión. Finalmente se leyó el informe unificado de once propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, relacionadas con la autonomía de las instituciones, derechos y estabilidad de los servidores, concursos, jornadas especiales para profesionales de la salud, remuneraciones, jubilaciones, restitución en el cargo y creación de un nuevo organismo rector; la Comisión recomendó archivarlas por considerar que varias materias ya estaban reguladas, algunas generaban desigualdad o duplicidad institucional y otras eran contrarias a la Constitución. El debate no llegó a iniciarse ni hubo votación debido a la ausencia del ponente, por lo que la sesión fue suspendida. Intervinieron Diego Javier Zamora Mendieta, Rosana Alvarado, Rolando Panchana, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Betty Amores, Virgilio Hernández, Silvia Salgado, Luis Almeida, María Molina y Tito Nilton Mendoza.

ACTA_224-2011-2013_PLENO.pdf Se debatió en primer debate la interpretación del Mandato Constituyente N.º 8 para garantizar la contratación directa, estabilidad, antigüedad y demás derechos de trabajadores que permanecían bajo modalidades de intermediación, tercerización o servicios técnicos especializados, especialmente en el sector petrolero; también se cuestionó el incumplimiento de esta normativa por empresas e instituciones públicas. La sesión fue suspendida sin votación por riesgo de falta de quórum. Intervinieron Armando Aguilar, Jonny Tasichana, Guido Vargas, María Paula Romo, Línder Altafuya, Silvia Salgado, Kléver García y Nívea Vélez.

ACTA_025-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la incorporación al orden del día de la propuesta presentada por Tomás Zevallos para tratar la revocatoria del encargo del Superintendente de Telecomunicaciones y la situación de Radio La Voz de Arútam, mientras que se aprobó incluir el proyecto de resolución sobre la iniciativa Yasuní-ITT planteado por Jorge Escala. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, orientado a regular la participación individual y colectiva en la gestión pública, la democracia directa, la iniciativa popular normativa, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las organizaciones sociales, el voluntariado, la participación en los distintos niveles de gobierno, la planificación y los presupuestos participativos, la silla vacía, las veedurías, el control social, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. El principal debate se centró en la inclusión efectiva de comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; el carácter vinculante de la consulta previa; la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados; la representación en los consejos de planificación; la participación de las personas ecuatorianas en el exterior; y la posibilidad de que la silla vacía intervenga con voz y voto, aspecto respaldado por Luis Morales, Pedro de la Cruz, Paola Pabón, Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli, pero cuestionado por Leandro Cadena, Juan Carlos López, Fernando Bustamante y otros legisladores por considerar que podía afectar la representatividad o generar conflictos en los gobiernos locales. María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Eduardo Zambrano, Virgilio Hernández y Hólger Chávez insistieron en fortalecer el enfoque intercultural, plurinacional y colectivo de la norma, así como en garantizar mecanismos propios de representación para pueblos y nacionalidades; mientras Paco Moncayo, César Montúfar, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Rodolfo Baquerizo, Mercedes Diminich, Ramiro Terán, José Picoita, Armando Aguilar, Lenín Chica, María Augusta Calle, Gioconda Saltos, Dora Aguirre y otros asambleístas formularon observaciones sobre la aplicación práctica de los mecanismos de participación, los porcentajes requeridos para consultas y revocatorias, la rendición de cuentas, el control constitucional y la necesidad de evitar la politización o cooptación de la participación ciudadana. Al finalizar este punto, Fernando Cordero cerró el debate y dispuso que no se votara el proyecto en esa sesión, a fin de que la Comisión procese las observaciones presentadas. Asimismo, se aprobó la resolución propuesta por Scheznarda Fernández para exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Manabí, incrementar los efectivos policiales y movilizar recursos y personal de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad, los robos, el sicariato y la presunta presencia de actividades vinculadas con grupos irregulares; en este tema intervinieron, entre otros, Saruka Rodríguez, Leandro Cadena, Gabriel Rivera, Leonardo Viteri, Gido Vargas, Sylvia Kon, Lenín Chica, María Soledad Vela, Richard Guillén, Fernando Bustamante y Andrés Roche. Finalmente, se aprobó una resolución de respaldo a la iniciativa Yasuní-ITT, mediante la cual se ratificó la defensa de mantener bajo tierra las reservas del campo ITT y se exhortó al Gobierno Nacional a continuar una negociación soberana que permita proteger la naturaleza y la biodiversidad; participaron Jorge Escala, Tomás Zevallos, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Rosana Alvarado, Francisco Cisneros, Ramiro Terán y María Paula Romo.

ACTA_027-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se guardó un minuto de silencio en homenaje a los héroes del Cenepa, a propuesta de Paco Moncayo, y se recibió a la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyo representante Juan Ruales solicitó que se preserve su autonomía institucional dentro del proyecto de Ley de Culturas. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión de la Verdad, destinada a proteger a sus integrantes, colaboradores y testigos frente a acciones civiles o penales derivadas de sus labores investigativas, garantizar la reserva de información y facilitar medidas de protección para quienes participaran en el esclarecimiento de posibles violaciones de derechos humanos; María Paula Romo, Fernando Bustamante, Jorge Escala, César Montúfar y Tomás Zevallos defendieron la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y evitar represalias, mientras Vicente Taiano, Enrique Herrería, Kléver García, Jorge Fadul, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram y Leonardo Viteri cuestionaron la constitucionalidad de otorgar inmunidad, la imparcialidad de la Comisión y la falta de información sobre el contenido de su informe. También se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que regula la organización, interconexión, publicidad, protección y administración de la información contenida en registros públicos, incluidos los de propiedad y mercantiles; Francisco Velasco, Betty Amores, Yandri Brunner, Andrés Roche, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, Andrés Páez y Rodolfo Baquerizo debatieron principalmente sobre el régimen de transición, la infraestructura de las nuevas oficinas, la situación laboral de las y los trabajadores y las responsabilidades de los registradores salientes. Asimismo, se aprobó una resolución que rechazó el fallo de los conjueces en el caso Filanbanco, por considerar que podía favorecer la impunidad respecto de los presuntos responsables del perjuicio ocasionado al Estado, y se exhortó a las autoridades competentes a investigar las actuaciones judiciales y continuar el seguimiento del caso; intervinieron Línder Altafuya, Rolando Panchana, Jorge Escala, Rodolfo Baquerizo, María Paula Romo y Gioconda Saltos. De igual manera, se debatieron las actuaciones del fiscal general Washington Pesántez en relación con las presuntas irregularidades surgidas tras el accidente de tránsito en el que falleció Natalia Emme Bedoya; Silvia Salgado, Guillermina Cruz, Cynthia Viteri, Francisco Velasco, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Marco Murillo, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Paola Pabón, Enrique Herrería, Marisol Peñafiel, Luis Almeida, César Rodríguez, César Montúfar, Linda Machuca, Luis Morales, César Gracia y María Paula Romo expusieron posiciones sobre la imparcialidad de la Fiscalía, el respeto a los derechos de la víctima y la posible responsabilidad de sus funcionarios. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó las actuaciones de la Fiscalía, solicitó la destitución de los funcionarios que respaldaron un comunicado público sobre el caso, dispuso mantener vigilancia legislativa y consideró necesaria la renuncia inmediata del Fiscal General; la reconsideración solicitada por Francisco Velasco fue negada. También se aprobó por unanimidad un homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, propuesto por Marisol Peñafiel, en reconocimiento a su defensa de los pueblos indígenas, campesinos y sectores excluidos, su aporte a la educación y alfabetización, y la difusión de sus valores de justicia, solidaridad y paz.

ACTA_022-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció la respuesta del Ejecutivo a las observaciones formuladas a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual, ratificándose la Asamblea en que los fondos especiales destinados a determinados gobiernos autónomos descentralizados debían mantenerse vigentes y pagarse sin descontarlos de las asignaciones generales, así como en la redistribución de ochenta millones de dólares para modernizar la Función Judicial, financiar nuevos jueces y fortalecer los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia; intervinieron Betty Amores, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, Rafael Dávila y Armando Aguilar, quienes debatieron también sobre el endeudamiento, las proyecciones económicas, las asignaciones para educación, salud, jubilación docente y gobiernos locales. La resolución fue aprobada luego de la rectificación de la votación y se negó la reconsideración solicitada. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe fue presentado por Betty Carrillo y planteaba garantizar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, la regulación de contenidos, la protección de niñas, niños y adolescentes, la producción nacional, los derechos de periodistas y comunicadores, la desconcentración de la propiedad de medios, la transparencia de sus propietarios, el funcionamiento de medios públicos, privados y comunitarios, y la creación de mecanismos de regulación, vigilancia y participación ciudadana. Antes del debate se dio lectura al acuerdo suscrito por Fernando Cordero, Luis Morales, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Cynthia Viteri, César Montúfar y Abdalá Bucaram, orientado a garantizar la libertad de expresión sin censura previa, establecer responsabilidad ulterior, impedir la clausura o suspensión administrativa de medios y crear un Consejo de Comunicación autónomo e independiente. Durante el debate intervinieron Betty Carrillo, Paco Moncayo, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, César Rodríguez y Luis Morales; mientras Carrillo y Rodríguez defendieron la necesidad de una ley para democratizar el acceso a la comunicación, evitar monopolios y garantizar derechos ciudadanos, Moncayo, Cobo, Viteri y Morales expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, las facultades sancionadoras del Consejo y la suspensión de medios de comunicación. Finalmente, ante la falta de condiciones para continuar el debate, se suspendió el tratamiento del proyecto para retomarlo en una próxima sesión.

ACTA_015-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se debatió y aprobó una resolución que rechazó el Acuerdo Complementario de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad suscrito entre Colombia y Estados Unidos, al considerarse que la utilización de instalaciones militares estadounidenses en territorio colombiano podía afectar la soberanía, la paz, la estabilidad regional y el restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y Colombia; la resolución también exhortó a los organismos internacionales a examinar el acuerdo, solicitó transparencia sobre su contenido y rechazó la presencia de tropas o bases militares extranjeras en la región. En este punto intervinieron Francisco Ulloa, Edwin Vaca, Gabriel Rivera, Gido Vargas, Eduardo Zambrano, Abdalá Bucaram y César Montúfar, quienes abordaron, entre otros aspectos, la situación de inseguridad, desplazamiento y afectaciones económicas en la zona fronteriza. Asimismo, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, cuyo informe fue presentado por Raúl Abad y contemplaba disposiciones sobre autonomía responsable, cogobierno, gratuidad, igualdad de oportunidades, calidad, acreditación, financiamiento, pertinencia, régimen académico, derechos estudiantiles, creación y control de instituciones, así como la organización de los organismos del sistema de educación superior. Durante una comisión general intervinieron Gustavo Vega, Carlos Cedeño, Santiago Guarderas, David Almeida, Marcelo Rivera, Yolanda Albán, Ernesto Álvarez y Édgar Samaniego, quienes formularon observaciones sobre la autonomía universitaria, la participación de estudiantes, docentes y trabajadores, la representación de los institutos técnicos y tecnológicos, el financiamiento, los derechos laborales y la necesidad de evitar una injerencia excesiva del Ejecutivo. En el posterior debate participaron Raúl Abad, María Paula Romo, Gioconda Saltos, Paco Moncayo, Mao Moreno, Galo Vaca, César Rodríguez, Jorge Escala y Linda Machuca, quienes expusieron posiciones sobre la necesidad de transformar y evaluar el sistema universitario, garantizar la calidad, respetar la autonomía, fortalecer el cogobierno, asegurar la gratuidad y ampliar el acceso de las personas migrantes a la educación superior; finalmente, el debate del proyecto de ley quedó suspendido para continuar en una próxima sesión.

ACTA_042-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 042 documenta la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional realizada el 20 de mayo de 2010, instalada por el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra (en reemplazo del presidente Fernando Cordero, ausente por un duelo familiar) y con Francisco Vergara Ortiz como Secretario General; tras constatar el quórum y leer el Orden del Día, se rechazó una moción de cambio presentada por Ramiro Terán sobre reestructuración de la Comisión de Fiscalización, se retiró una moción de Henry Cuji sobre jubilados del Ingenio San Carlos, y se tomó nota de un pedido de Gilmar Gutiérrez. Tras el Himno Nacional, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado (ponente María Paula Romo) con intervenciones de Vicente Taiano y Luis Almeida, ley que fue finalmente aprobada por amplia mayoría tras rectificación de la votación. A continuación se trató el conocimiento de la solicitud del Consejo de Administración Legislativa para encargar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la elaboración de un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que incorpore el procedimiento normativo de consulta prelegislativa (numeral 17 del artículo 57 de la Constitución), punto que generó un extenso debate con las intervenciones de Virgilio Hernández, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Paula Romo y Jorge Escala. La sesión se interrumpió para una Comisión General en homenaje a la recepción de los restos simbólicos de la Generala Manuela Sáenz, con un acto conmemorativo, proyección audiovisual e intervención de María Augusta Calle; reinstalada la sesión, continuó el debate sobre la reforma legislativa con las participaciones de Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema (parte de su intervención en kichwa), Cynthia Viteri, Betty Carrillo y Silvia Salgado. Finalmente, sin llegar a una votación formal sobre el proyecto de resolución, el Presidente encargado, recogiendo el consenso expresado por los asambleístas, dispuso que el Consejo de Administración Legislativa reciba todos los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionados con la consulta prelegislativa, y clausuró la sesión.

ACTA_048-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo de Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum con setenta y ocho asambleístas y se instaló la sesión, guardándose previamente un minuto de silencio a pedido de Vicente Taiano por el fallecimiento del padre del asambleísta Luis Morales; tras el Himno Nacional, se conoció el oficio de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia que solicitaba autorización para iniciar causa penal contra el Presidente Rafael Correa Delgado por una querella de injurias presentada por Gil Leonardo López Monsalve, petición que fue negada en votación (once afirmativos, cincuenta y nueve negativos). A continuación se trató el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, con el informe de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, e intervinieron Paco Moncayo, Enrique Herrería, Juan Carlos Cassinelli, Francisco Ulloa, Rafael Dávila, Rosana Alvarado, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco y Nivea Vélez debatiendo principalmente el porcentaje (10%, 25% o 50%) que el Banco Central podría invertir con cargo al Sistema del Resto de Operaciones y Cuentas Patrimoniales excluyendo los depósitos del IESS, ISSFA, ISSPOL, gobiernos autónomos y universidades; el tema quedó suspendido para redacción final sin llegar a votarse. Posteriormente, la Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, expuso extensas denuncias documentadas contra el Consejo de la Judicatura (nombramientos a dedo de notarios y jueces, homologación salarial irregular, falta de sanción a jueces por caducidad de prisión preventiva, un incidente de agresión física entre un vocal y un juez, y casos de presunta intervención judicial indebida), generando un amplio debate con intervenciones de Línder Altafuya, Mauro Andino, Luis Almeida, Andrés Páez, Marisol Peñafiel, Lourdes Tibán, Jorge Escala, César Rodríguez y Marco Murillo; durante una comisión general el Rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo Romero, expuso sobre la judicialización excesiva de los concursos de oposición y méritos universitarios, tras lo cual la sesión se suspendió hasta las 15h30. Al reanudarse, mientras presidía Irina Cabezas Rodríguez y luego Lourdes Tibán, continuaron las intervenciones sobre el Consejo de la Judicatura, incluyendo la propuesta del propio Presidente Cordero de recoger firmas para un eventual juicio político a sus vocales, iniciativa respaldada por Marco Murillo, quien planteó extenderla también a la Corte Constitucional; el tema se cerró sin votación, acordándose convocar a una reunión de jefes de bloque. Finalmente, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de resolución presentado por Saruka Rodríguez para exhortar al cumplimiento del Acuerdo Interministerial sobre el cacao nacional fino de aroma, y se aprobó la resolución que declara el 20 de octubre como Día de la Estadística Nacional y el 2010 como Año de los Censos Nacionales, con intervención de Marcelo García; la sesión se suspendió a las diecisiete horas veinticuatro minutos, pendiente de continuar en otra sesión que sería oportunamente convocada, ante la falta de acuerdo sobre el porcentaje de inversión del Banco Central.

ACTA_078-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural, centrado en la transformación del sistema educativo, la revalorización docente, la interculturalidad, la inclusión y la garantía del derecho a una educación pública de calidad. Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Eduardo Encalada, Kléver García, Jimmy Pinoargote, Ramiro Terán, Juan Fernández, Enma Palacios, Vicente Iza, Jorge Escala y otros legisladores defendieron la estabilidad laboral de docentes contratados, supervisores, técnicos docentes, educadores comunitarios y personal de instituciones municipales, así como la vigencia o fortalecimiento de la carrera docente, el escalafón, los permisos gremiales, una evaluación integral de todo el sistema y una remuneración que no reduzca los ingresos existentes; además, solicitaron que los incrementos salariales sean retroactivos, que se reconozcan bonos para zonas fronterizas, amazónicas, insulares y de difícil acceso, y que la jubilación se ajuste expresamente a los beneficios de la Ley Orgánica de Servicio Público, con una compensación de hasta ciento cincuenta salarios básicos unificados. César Rodríguez señaló que la Comisión acogería el criterio de homologar la jubilación docente con dicha ley. Gerónimo Yantalema, Lourdes Tibán, Rosendo Nurinkias, Rodrigo Collahuazo y otros representantes de pueblos y nacionalidades insistieron en preservar la autonomía administrativa, técnica y financiera, la jurisdicción y el modelo propio del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, cuestionando que se lo convierta en una dependencia subordinada; mientras Pedro de la Cruz planteó una Subsecretaría desconcentrada bajo rectoría del Ministerio de Educación, con asignación preferente de recursos y participación de organizaciones representativas. María Soledad Vela, Betty Amores, Gina Godoy, María Augusta Calle y Dora Aguirre propusieron incorporar educación sexual integral, protección de estudiantes embarazadas, inclusión efectiva de personas con discapacidad, prevención y sanción de la violencia y abuso sexual en establecimientos educativos, coordinación con las juntas de protección de derechos y mecanismos especiales para estudiantes migrantes y ecuatorianos residentes en el exterior. También se debatió el reconocimiento de la educación municipal, la participación de gobiernos locales en el Consejo Nacional de Educación, la educación fiscomisional, militar y policial, el carácter laico de la enseñanza, la necesidad de currículos flexibles y pertinentes, la enseñanza de lenguas ancestrales y extranjeras, y el fortalecimiento de la infraestructura, la formación docente y la inversión pública. Silvia Salgado, Francisco Cisneros, María Paula Romo, César Montúfar, Raúl Abad, José Picoita, Salomón Fadul, Zobeida Gudiño, Paco Fierro, Hólger Chávez, Juan Carlos López, Marco Murillo y otros asambleístas presentaron observaciones sobre estos temas, con posiciones diversas respecto de la autonomía de la educación bilingüe, el rol de la UNE, la descentralización y el alcance de las competencias municipales. La Comisión anunció que incorporaría los consensos y observaciones en un texto revisado antes de la votación; por tanto, el debate concluyó sin aprobación final y quedó suspendido para continuar posteriormente

ACTA_082-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, que reguló el orden de reemplazo de alternos de asambleístas, concejales y vocales de juntas parroquiales cuando estos no puedan asistir; sustituyó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas” para efectos del Fondo Partidario Permanente; permitió, de manera transitoria y hasta el siguiente proceso electoral pluripersonal, distribuir dicho fondo con base en la participación y resultados electorales de 2009 mientras las organizaciones culminaban su inscripción o reinscripción; y precisó el período de vicealcaldes y de integrantes de comisiones legislativas municipales y parroquiales. María Paula Romo, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Vicente Taiano y Fernando Cordero defendieron la reforma como un mecanismo para viabilizar un mandato constitucional, fortalecer las organizaciones políticas y evitar su dependencia de aportes privados, mientras César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo cuestionaron su constitucionalidad, un posible conflicto de intereses y que se convierta en una distribución de recursos públicos a agrupaciones no inscritas; Jorge Escala apoyó la entrega únicamente a organizaciones que cumplieran los requisitos constitucionales, Rocío Valarezo solicitó incluir a movimientos provinciales y regionales, y Magaly Orellana objetó la incorporación de reformas adicionales al texto inicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con setenta y nueve votos afirmativos, seis negativos, cinco blancos y dieciocho abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, en primer debate se trató la Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 sobre asignaciones provenientes de la venta de energía de las hidroeléctricas Paute, Pisayambo y Agoyán, que planteó mantener las rentas destinadas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, reasignar los recursos antes administrados por el extinto CREA a los gobiernos provinciales, en coordinación con municipios y juntas parroquiales, y destinarlos principalmente a protección de cuencas, páramos, reforestación y gestión ambiental. Virgilio Hernández defendió el informe; Gioconda Saltos solicitó que el cálculo se realice sobre la venta efectiva de energía, ampliar los usos a vialidad y obra social y cancelar valores pendientes; Luis Morales, Betty Carrillo y Juan Carlos López defendieron los recursos para Tungurahua como compensación por los impactos ambientales y turísticos de las centrales; Paco Fierro, Mauro Andino, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Armando Aguilar pidieron incorporar a Chimborazo y a otras provincias aportantes de recursos hídricos; María Molina planteó ajustes por la supresión del CREA y cuestionó considerar al agua como recurso no renovable; Guillermina Cruz solicitó una ley general que incluya a todas las provincias con proyectos hidroeléctricos, y Fernando Cordero propuso avanzar directamente hacia una norma nacional que distribuya recursos sin disminuir los ya existentes. El debate quedó cerrado para que la Comisión recoja las observaciones antes del segundo debate.

ACTA_086-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje y se otorgó la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural e investigativo” a Jaime Galarza Zavala, en reconocimiento a su trayectoria como escritor, investigador, docente, activista y servidor público; Aminta Buenaño destacó su aporte intelectual y compromiso con las transformaciones sociales, mientras Galarza agradeció la distinción y reafirmó su vocación por la justicia, la poesía y la defensa de los sectores populares. En primer debate se trató el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal, que plantea reemplazar el requisito de unanimidad por la aprobación de dos tercios de los copropietarios para realizar aumentos en las edificaciones, modificaciones de fachadas, mejoras voluntarias, gravámenes extraordinarios y alteraciones en el uso de bienes comunes. María Paula Romo y Vicente Taiano defendieron la reforma como una solución para evitar que la oposición de un solo propietario impida decisiones colectivas; Juan Carlos Cassinelli propuso revisar disposiciones sobre alícuotas y uso de los inmuebles; Enrique Herrería advirtió que la medida podría afectar la armonía arquitectónica y generar conflictos; Guillermina Cruz solicitó incorporar la autorización del arquitecto diseñador para cambios relevantes; Silvia Salgado planteó sustituir los dos tercios por mayoría absoluta; y Aminta Buenaño y Jaime Abril coincidieron en que debe impulsarse una reforma integral que incorpore aspectos de vivienda, seguridad, calidad de construcción, administración y protección de los copropietarios. Finalmente, se aprobó con noventa y siete votos afirmativos y uno en blanco la resolución propuesta por Jimmy Pinoargote, mediante la cual se reconoció el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, se destacó la fortaleza de las personas con enfermedades catastróficas y se exhortó al Ejecutivo a fortalecer los programas de prevención, detección temprana y atención gratuita, oportuna y especializada para pacientes con cáncer y otras enfermedades de alta complejidad.

ACTA_092-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el cambio del orden del día para tratar una resolución sobre la inclusión del Hospital Docente Ambato en el estado de excepción sanitaria, mientras fue negada la propuesta de Alfredo Ortiz para incorporar una resolución sobre el precio del diésel dos para el sector turístico de Galápagos. Se rindió homenaje al tenista Nicolás Lapentti Gómez y se le otorgó la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al Mérito Deportivo”, en reconocimiento a su trayectoria nacional e internacional, sus logros en torneos ATP y Copa Davis, y su aporte a la promoción del tenis ecuatoriano. Luego, el Pleno aprobó por unanimidad, con ciento ocho votos afirmativos y un voto blanco, el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela; Eduardo Zambrano, Emilia Jaramillo, Luis Almeida, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca respaldaron el instrumento por facilitar la regularización migratoria, la reunificación familiar, la residencia temporal y permanente, la libre movilidad y el acceso a derechos de ecuatorianos residentes en Venezuela y venezolanos en Ecuador, mientras Andrés Páez dejó constancia de sus reparos sobre la legitimidad del dictamen de la Corte Constitucional que sirvió de base al trámite. En el tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, César Rodríguez propuso ratificar varios textos aprobados originalmente por la Asamblea y allanarse en los demás; se ratificaron los artículos 6, 12, 13 y 68, así como la disposición transitoria quinta, relacionados con obligaciones del Estado, derechos y obligaciones de madres, padres y estudiantes, autonomía del sistema nacional de evaluación y escala salarial docente. Luis Almeida, Ramiro Terán, María Paula Romo, Gerónimo Yantalema, Paco Moncayo, Galo Vaca, Juan Fernández y Jorge Escala debatieron sobre la defensa del Estado laico, la educación religiosa, la autonomía de evaluación, la educación intercultural bilingüe, la jornada laboral docente, la representación paritaria, las acciones afirmativas, las juntas distritales, el régimen disciplinario estudiantil y la situación de educadores populares y madres comunitarias; sin embargo, el allanamiento global a los artículos no ratificados no prosperó tras rectificación, y las posteriores mociones de Jorge Escala para ratificar otros artículos y disposiciones tampoco alcanzaron los votos necesarios. Finalmente, se aprobó con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos, seis blancos y dieciocho abstenciones la resolución propuesta por Juan Carlos López para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Docente Ambato en el Decreto Ejecutivo 618 de estado de excepción sanitaria, a fin de atender urgentemente sus necesidades de infraestructura, equipamiento, personal médico, administrativo, medicinas e insumos para la atención de pacientes de Tungurahua y la zona central del país

ACTA_145-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Francisco Cisneros para exhortar a la ejecución urgente de la rehabilitación y construcción de un nuevo bloque para el Hospital del IESS de Puyo, pese a que señaló que existían recursos asignados y que su cancelación afectaba a miles de afiliados de Pastaza; en cambio, se incorporaron al orden del día las propuestas de Gioconda Saltos para solicitar el reconocimiento de los doctorados en Ciencias de la Educación obtenidos bajo el régimen anterior como títulos de cuarto nivel, con el fin de facilitar la recategorización de los docentes, y de María Augusta Calle para pronunciarse sobre los proyectos estadounidenses SOPA y PIPA, cuestionados por sus posibles efectos extraterritoriales sobre la privacidad, el acceso a la información y la libertad de expresión en Internet, aunque ambos asuntos quedaron pendientes. Posteriormente, se debatió y aprobó la resolución para promover el conocimiento y estudio de la Gesta Alfarista, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción del Estado laico, la educación pública, la integración nacional, la soberanía, la libertad, la igualdad, los derechos de las mujeres y la transformación política y social del país; durante la discusión se propuso esclarecer las responsabilidades históricas de su asesinato, reconocer a otros protagonistas de la Revolución Liberal, visibilizar la participación de las mujeres, revisar los compromisos estatales incompatibles con el laicismo, evitar la utilización política de su figura y mejorar la redacción del documento. El texto aprobado dispuso incorporar el estudio de la Gesta Alfarista en los distintos niveles educativos, promover contenidos curriculares sobre este proceso histórico, declarar el 28 de enero como Día de la Reparación Nacional, realizar actividades públicas de memoria y condena de su asesinato e incluir los estudios alfaristas en la formación de docentes. También se inició el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, dirigida a actualizar una normativa antigua conforme al carácter intercultural y plurinacional del Estado, reconocer los derechos colectivos, la autonomía y los gobiernos comunitarios, proteger las tierras y territorios ancestrales, fortalecer la participación en los gobiernos locales, la jurisdicción indígena y la consulta prelegislativa. La discusión se concentró especialmente en la posibilidad de que las comunas se transformaran voluntariamente en cooperativas de producción: algunos legisladores sostuvieron que esta opción respondía a la libre determinación y a las distintas realidades comunitarias, mientras otros advirtieron que podía facilitar la parcelación y pérdida del carácter indivisible, inembargable e imprescriptible de las tierras comunales. Asimismo, se propuso que la normativa tuviera carácter orgánico, reforzara los derechos de los comuneros, reconociera las particularidades de los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y comuneros de la Costa, regulara cuidadosamente la creación de nuevas comunas y garantizara beneficios tributarios, seguros agrícolas y coordinación con los gobiernos descentralizados. El debate quedó suspendido sin votación y con intervenciones pendientes, por lo que tampoco se trató el proyecto relacionado con la libertad e igualdad religiosa. Intervinieron Francisco Cisneros, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Gabriela Cuadros Alcívar y los integrantes del grupo musical Ariel; además de Lídice Larrea, Mery Zamora, Paco Moncayo, Luis Almeida, Scheznarda Fernández, Silvia Salgado, María Paula Romo, Luis Morales, Richard Guillén, Hólger Chávez, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, César Montúfar, Fausto Cobo, Lourdes Tibán, Ramón Vicente Cedeño, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Kléver García, María Soledad Vela y Ramiro Terán.

ACTA_143-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron las propuestas para condenar la decisión judicial que favoreció a Alberto Dahik y expresar solidaridad con dirigentes sociales procesados, así como para rechazar la visita al Ecuador del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a Denisse Delgado, Fernando Unda, Rodney Chiluiza y Danny Mero, en reconocimiento a su talento artístico, espíritu de superación y aporte a la inclusión de las personas con discapacidad. Se desarrolló el primer debate de la reforma orientada a garantizar el principio de interculturalidad en los procesos de designación de autoridades públicas, proponiéndose que las ternas incluyeran representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con paridad de género y reconocimiento de los idiomas castellano, kichwa y shuar; durante la discusión se destacó la necesidad de aplicar acciones afirmativas reales, evitar que la inclusión quedara como una simple formalidad, adaptar los concursos a las diferentes realidades culturales, fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar que las personas seleccionadas cumplieran los perfiles profesionales sin sufrir discriminación. También se analizó el proyecto para promover las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo archivo fue recomendado por considerar que gran parte de sus disposiciones ya estaban contempladas en la normativa de producción; sin embargo, la moción de archivo no fue aceptada y el proyecto regresó a la comisión, mientras Leonardo Viteri cuestionó la demora en tramitar su iniciativa y denunció un trato desigual hacia los proyectos presentados por legisladores de oposición. En cambio, se aprobó el archivo de la reforma relacionada con el sector cafetalero, al estimarse que su propuesta de incorporar representantes privados en organismos públicos contradecía normas constitucionales y duplicaba entidades y competencias ya existentes. Finalmente, se examinó la objeción parcial a las reformas electorales, debatiéndose la reducción de los plazos de la justicia electoral, los métodos para distribuir escaños, la proporcionalidad y representación de las minorías, las restricciones a la publicidad gubernamental y privada durante las campañas, el uso de recursos públicos, el silencio electoral, la libertad de expresión y el acceso de candidatos a los medios de comunicación, las sanciones por infracciones electorales, la regulación del acoso político contra las mujeres y la contratación temporal de personal por parte de los organismos electorales. El Pleno aceptó las observaciones relacionadas con la celeridad de los procesos, la adjudicación de escaños, el período de prohibición de propaganda, determinadas sanciones y la contratación de personal electoral; no obstante, no alcanzó los votos necesarios para ratificar los textos previamente aprobados sobre propaganda durante las campañas y acoso político. Intervinieron Jorge Escala, Leonardo Viteri, Cynthia Viteri, Enrique Herrería, María Cristina Kronfle, Danny Mero, Rodney Chiluiza, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Lourdes Tibán, María Augusta Calle, Juan Carlos López, María Pilar Almeida, Rolando Panchana, Luis Morales, Omar Juez, Mauro Andino, Paco Moncayo, Luis Almeida, Línder Altafuya, María Paula Romo, Francisco Velasco, Betty Amores, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Xavier Tomalá, Galo Vaca, Nívea Vélez, Marco Murillo, César Rodríguez, Fernando González, Fernando Aguirre, César Gracia y Susana González.

ACTA_139-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a las demás especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción, mediante la conservación de sus hábitats, la prohibición de la caza, captura, recolección, tenencia, transporte y comercialización, la elaboración de inventarios, la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos locales, la creación de una instancia nacional de protección y la aplicación de sanciones administrativas. Aunque existió respaldo general a la iniciativa, se propuso ampliar su enfoque y modificar su denominación para que comprendiera integralmente a todas las especies; avanzar hacia un código ambiental; actualizar los registros de especies amenazadas; promover centros de rescate, reproducción y estaciones científicas; regular la introducción de especies exóticas, la caza deportiva, la pesca destructiva, el tráfico de vida silvestre y el aprovechamiento científico de los recursos genéticos; proteger los ecosistemas, páramos, bosques y áreas naturales; y establecer excepciones controladas para la investigación, rehabilitación y reproducción. También se planteó incorporar la participación, los conocimientos y la jurisdicción de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; diferenciar sus prácticas tradicionales de las actividades depredadoras; precisar las competencias institucionales; evitar márgenes excesivos de discrecionalidad, contradicciones entre sanciones administrativas y penales y duplicaciones normativas; y garantizar recursos económicos para que la ley pudiera aplicarse. Varios legisladores cuestionaron además la contradicción entre la protección ambiental y las actividades mineras, petroleras, madereras y agrícolas que destruyen los hábitats; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Posteriormente, se analizó y aprobó una resolución que exhortó al Ejecutivo a mantener el subsidio al combustible utilizado en el transporte aéreo hacia Galápagos, conservar el descuento del cincuenta por ciento en los pasajes de sus residentes, aplicar el mismo porcentaje al transporte de alimentos perecibles y medicinas y considerar el subsidio vigente para los habitantes de las zonas fronterizas y amazónicas, debido a las dificultades de acceso, las distancias, las necesidades de salud y movilidad, la dependencia del turismo y el posible incremento del costo de vida; la propuesta obtuvo ciento nueve votos afirmativos, cuatro blancos y seis abstenciones, y su reconsideración fue negada. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Consuelo Flores, Francisco Ulloa, Fernando Bustamante, Luis Morales, Guido Vargas, Leonardo Viteri, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, María Augusta Calle, María Paula Romo, Zobeida Gudiño, María Molina, Cléver Jiménez, María Soledad Vela, Magaly Orellana, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Francisco Cisneros, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_131-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Jorge Escala para incorporar al orden del día una resolución que rechazara el anuncio de una posible amnistía para la agrupación denominada “Los Choneros” y exigiera garantías para quienes realizaban tareas de fiscalización. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de reforma sobre la gestión de la cuenca hidrográfica del río Paute y la reorganización de las entidades encargadas de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en varios cantones de Manabí y Esmeraldas. El debate se centró en adecuar las competencias institucionales, transformar el Consejo de Gestión de Aguas del Paute en un organismo adscrito a la Autoridad Única del Agua, transferir determinadas funciones, bienes y recursos, y entregar a los gobiernos municipales o a sus mancomunidades la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. También se analizaron la continuidad de los servicios durante la transición, la distribución de bienes y obligaciones, la estabilidad y evaluación de los servidores públicos, la participación de usuarios y organizaciones comunitarias, la consulta a pueblos y nacionalidades, la protección del derecho humano al agua y las diferencias existentes entre la realidad de la cuenca del Paute y la situación de las instituciones hídricas de Manabí. Mientras algunos legisladores respaldaron la propuesta por considerarla una medida de descentralización y ordenamiento institucional, otros advirtieron sobre una posible concentración de atribuciones en el Gobierno central, afectaciones laborales, insuficiente representación comunitaria y la necesidad de tramitar una normativa integral sobre los recursos hídricos. Tras incorporarse varias observaciones técnicas y disposiciones para garantizar la continuidad del servicio, el proyecto fue aprobado mediante rectificación y posteriormente se negó su reconsideración. Intervinieron Jorge Escala, Mauro Andino, Luis Almeida, María Soledad Vela, María Paula Romo, Pedro de la Cruz, Richard Guillén, Rocío Valarezo, Lídice Larrea, Gerónimo Yantalema, Fernando Aguirre, Ramiro Terán, Luis Morales, Mariángel Muñoz, Eduardo Encalada, Fernando Romo, Betty Amores, Marllely Vásconez y Paco Moncayo.

ACTA_156-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la propuesta de incorporar al orden del día el análisis de la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado mayoritariamente dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible inclusión en la iniciativa Yasuní-ITT; posteriormente, se aprobó el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Argentina en materia de actividades espaciales, orientado al desarrollo tecnológico, la investigación científica, la teleobservación terrestre, el seguimiento de satélites, el intercambio de información, la capacitación técnica y la aplicación de tecnología espacial en la prevención de desastres, agricultura, salud, comunicaciones, cartografía, seguridad y protección ambiental. También se aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador y Uruguay, destinado al intercambio de conocimientos y experiencias militares, la formación y capacitación, el desarrollo científico y tecnológico, los ejercicios conjuntos, el control marítimo y la participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, debatiéndose sus alcances respecto de la soberanía, la responsabilidad civil, los gastos, la integración regional y la protección de los derechos humanos. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, con la comparecencia del defensor del Pueblo, abordándose los casos investigados por la Comisión de la Verdad, las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas; el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; la responsabilidad estatal, la imprescriptibilidad de estos delitos, la apertura de archivos, la investigación y sanción de los responsables, la protección de víctimas y testigos, las reparaciones materiales e inmateriales, la atención médica y psicológica, la restitución de derechos, la recuperación de restos, las disculpas públicas y la preservación de la memoria histórica, así como la necesidad de evitar que la ley sea utilizada con fines de persecución política o excluya a víctimas de otros periodos. Intervinieron María Paula Romo, Wladimir Vargas, Luis Morales, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Linda Machuca, Rolando Panchana, Eduardo Encalada, Ramiro Rivadeneira Silva, Mauro Andino, Luis Almeida, Silvia Salgado, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Línder Altafuya, Andrés Páez, Gabriel Rivera, Betty Carrillo, Galo Vaca, José Portugal, Juan Fernández, María Augusta Calle, Guido Vargas, Jorge Escala, Gina Godoy, Denny Cevallos, Raúl Abad y Julio César Ruiz.

ACTA_155-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje a la Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador por sus cincuenta años de labor en favor de las comunidades indígenas, campesinas y sectores históricamente excluidos, resaltando su aporte a la alfabetización, la educación a distancia, la comunicación comunitaria, la salud, la agricultura orgánica, la recuperación de cultivos andinos y la democratización de la palabra, por lo que recibió una condecoración al mérito educativo, cultural y social. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud, con la participación de representantes de organizaciones juveniles, quienes solicitaron una normativa que no se limite a declarar derechos, sino que establezca oportunidades y mecanismos efectivos en materia de educación, salud, empleo, primer trabajo, pasantías remuneradas, seguridad social, emprendimiento, vivienda, cultura, recreación, libertad de asociación, uso del espacio público y participación política; también se analizaron el rango de edad aplicable, el reconocimiento de la diversidad de las juventudes, la prevención de su criminalización, la institucionalidad encargada de ejecutar las políticas públicas, la representación juvenil en los organismos de decisión, la articulación con los gobiernos locales, el financiamiento de programas, la necesidad de evitar estructuras burocráticas y la creación de mecanismos de exigibilidad y control. Asimismo, se aprobó una resolución para solicitar atención urgente frente al fuerte temporal invernal en la provincia del Azuay, abordándose los riesgos de deslizamientos, inundaciones, aislamiento vial y posibles afectaciones a poblaciones e infraestructura hidroeléctrica, así como la necesidad de ejecutar obras preventivas, estudios técnicos, atención a los damnificados y coordinación entre las instituciones estatales. Intervinieron Eduardo Encalada, Mauro Andino, Juan Pérez, Darío Masaquiza, Camila Martínez, Jorge Almeida, César Rodríguez, Ember Horna, Johana Rojas, Paco Moncayo, Luis Morales, María Soledad Vela, Vicente Taiano, María Alejandra Vicuña, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, María Augusta Calle, Fernando Aguirre, Mariángel Muñoz, Jaime Abril, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Mary Verduga, Kléver García, Silvia Salgado, Jorge Escala, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel y Marco Murillo

ACTA_155-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud, en el que se cuestionó que la propuesta repitiera derechos ya reconocidos constitucionalmente sin establecer políticas públicas, procedimientos, responsabilidades ni mecanismos efectivos para su cumplimiento; se analizaron la definición del rango de edad de la juventud, la necesidad de diferenciar a jóvenes y adolescentes, la simplificación de la institucionalidad propuesta, la determinación de una entidad rectora y la participación de los gobiernos autónomos descentralizados y de las organizaciones juveniles. También se plantearon medidas concretas para garantizar el acceso a la educación media y superior, el primer empleo, las pasantías remuneradas, la seguridad social, la vivienda y las residencias estudiantiles, el emprendimiento y el crédito, la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia, el alcoholismo y la drogadicción, la alimentación saludable, la libertad de expresión, asociación, protesta y participación política, la protección frente a la criminalización y la explotación laboral, el reconocimiento de la justicia indígena, la inclusión de jóvenes migrantes y el respeto a la diversidad cultural, territorial, étnica y sexual. Posteriormente, se inició el primer debate del proyecto de Ley Notarial, abordándose la modernización y organización del servicio notarial, su carácter público, la selección y control de los notarios, la fijación de tarifas, el uso de medios tecnológicos, la conservación de archivos, la seguridad jurídica de los actos y contratos, las atribuciones notariales y la necesidad de evitar duplicidad de trámites, discrecionalidad y prácticas que afecten a los usuarios. Intervinieron Rosana Alvarado, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Fernando González, Marllely Vásconez, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Xavier Tomalá, Mao Moreno, Rolando Panchana, Mariángel Muñoz, Eduardo Encalada, Lourdes Tibán, Blanca Ortiz, Jorge Escala, Edwin Vaca, Mauro Andino, Fausto Cobo y María Paula Romo.

ACTA_154-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentó el informe sobre el proceso de registro y acreditación relacionado con el reconocimiento de héroes y heroínas nacionales, explicándose las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la elaboración de los listados por parte del Ministerio de Defensa, la conformación de la comisión verificadora y las dificultades surgidas por la inclusión y exclusión de participantes en los conflictos armados. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una propuesta reformatoria, en el que se discutió la diferencia entre héroes y excombatientes, señalándose que el heroísmo exige un acto individual, extraordinario y superior al cumplimiento del deber, mientras que la participación en una guerra constituye un esfuerzo colectivo que merece reconocimiento y beneficios propios; también se cuestionaron la confiabilidad de los listados, la utilización de los partes de guerra, los encomios y condecoraciones como criterios de calificación, la posible discriminación de conscriptos, reservistas, civiles y miembros de comunidades indígenas, el incremento del gasto público y la necesidad de revisar tanto la ley como su reglamento. Ante las discrepancias entre archivar la propuesta o corregirla, se retiró la moción de archivo y el proyecto regresó a la comisión para profundizar su análisis. Asimismo, se inició el primer debate del proyecto destinado a garantizar la repatriación de los restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior, abordándose el derecho de las familias migrantes a recibir apoyo estatal, los procedimientos y estudios socioeconómicos aplicados para determinar la vulnerabilidad, los costos de traslado desde América y Europa, la coordinación entre las instituciones diplomáticas y migratorias, la cobertura de gastos funerarios y ayudas para los familiares, así como la conveniencia de expedir una ley o mantener el procedimiento administrativo vigente, considerando que la propuesta podía incrementar el gasto público. Intervinieron Marcela Miranda, Luis Almeida, Fausto Cobo, Paco Moncayo, María Paula Romo, Cléver Jiménez, Edwin Vaca, Kléver García, Vethowen Chica, Jorge Escala, Eduardo Zambrano, Fernando Vélez, Nívea Vélez, Betty Carrillo y Francisco Ulloa.

ACTA_176-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, calificado como urgente en materia económica, que buscaba garantizar las prestaciones de seguridad social frente a la mora patronal, fortalecer los procedimientos coactivos para cobrar obligaciones incluso cuando se hubieran utilizado empresas o terceros para ocultar bienes, disponer que el Servicio de Rentas Internas informara sobre mayores utilidades para asegurar la participación correspondiente a los trabajadores, equiparar la jornada y los días de descanso de quienes prestan servicios domésticos, ampliar los derechos de lactancia y guardería y, de manera excepcional, permitir que el Estado pagara las indemnizaciones pendientes a los extrabajadores de casinos y salas de juego, subrogándose posteriormente en sus derechos para recuperar esos recursos de los antiguos empleadores. Aunque existió consenso sobre la necesidad de proteger a las madres trabajadoras, las empleadas domésticas, los afiliados al IESS y las familias afectadas por el cierre de los casinos, se cuestionaron la constitucionalidad y el carácter económico urgente del proyecto, la inclusión de varias materias en una sola ley, la posible utilización de fondos públicos para cubrir obligaciones privadas, la responsabilidad de las autoridades que no cobraron oportunamente las deudas, la afectación al debido proceso, la propiedad de terceros, los herederos, la seguridad jurídica, el régimen societario y la economía popular y solidaria; por ello, se propuso establecer procedimientos judiciales previos, aplicar el derecho de repetición contra los funcionarios responsables, excluir disposiciones consideradas excesivas y mejorar el texto antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Richard Guillén, Xavier Tomalá, Vicente Taiano, Ramiro Terán, Salomón Fadúl, Andrés Páez, Andrés Roche, César Rodríguez, Diana Atamaint, María Paula Romo, Enrique Herrería, Galo Vaca, Lourdes Tibán, Christian Viteri, Nívea Vélez, Eduardo Encalada, Luis Morales, Pedro de la Cruz, María Molina, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Fernando González, Francisco Cisneros, Jorge Escala y Marco Murillo; finalmente, el primer debate fue cerrado y la sesión fue clausurada.

ACTA_174-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, específicamente sobre sus normas rectoras y el régimen de infracciones, analizando la necesidad de modernizar y unificar la legislación penal, mantener el equilibrio entre la seguridad ciudadana y las garantías constitucionales, establecer penas proporcionales, evitar la criminalización de la protesta social y mejorar el tratamiento de delitos como corrupción, cohecho, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, mala práctica profesional, terrorismo, delitos cometidos por adolescentes, falta de afiliación y retención de aportes a la seguridad social, femicidio, violencia intrafamiliar, aborto en casos de violación, tenencia y consumo de drogas y reparación a las víctimas. En comisión general, Nidia Solís, Sandra Peñaherrera y Dalila Cárdenas solicitaron conservar las medidas inmediatas de protección previstas para las mujeres víctimas de violencia y corregir los vacíos que podrían dejarlas en indefensión; Tatiana Ortiz defendió la tipificación autónoma del femicidio, mientras Virginia Gómez de la Torre apoyó la despenalización del aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación. Posteriormente, Sonia Crespo y Javier Aguirre se pronunciaron en defensa de la vida desde la concepción y en contra de ampliar los casos de aborto no punible; Verónica Vera expuso las consecuencias de los abortos clandestinos y defendió que las mujeres no fueran criminalizadas, mientras Gabriel Buitrón abordó la política de drogas, el tratamiento de la marihuana y la necesidad de establecer cantidades mínimas para diferenciar el consumo del tráfico. En el debate legislativo intervinieron Vicente Taiano, Mauro Andino, María Paula Romo, Cristian Viteri, Silvia Salgado, Línder Altafuya, Linda Machuca, Galo Vaca, Paola Pabón, Betty Amores, Abdalá Bucaram, Mariángel Muñoz, Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Rodríguez, Jorge Escala, María Augusta Calle, Paco Fierro, Juan Carlos Cassinelli, Alfredo Ortiz, Marisol Peñafiel, César Montúfar, María del Pilar Almeida y Luis Morales, quienes presentaron observaciones sobre la proporcionalidad y acumulación de las penas, la independencia de la justicia, los derechos de las víctimas, la eficacia del sistema penal y los riesgos de utilizar sus disposiciones para perseguir a opositores, dirigentes sociales o manifestantes. Finalmente, la sesión fue suspendida y se dispuso que el debate continuara al día siguiente.

ACTA_174-C-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, concluyendo el análisis de las normas rectoras y las infracciones e iniciando el estudio del procedimiento penal. Se discutieron la tipificación del femicidio, la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, los delitos sexuales, la trata y explotación de personas, así como la necesidad de mantener medidas inmediatas de protección y establecer procedimientos especiales, rápidos y gratuitos para las víctimas de violencia intrafamiliar; también se analizaron la proporcionalidad de las penas, el enriquecimiento injustificado, la corrupción, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la mala práctica profesional, la falsificación de firmas, el secuestro, el sicariato, la libertad de expresión, las injurias, el derecho a la resistencia y el riesgo de criminalizar las huelgas, movilizaciones y protestas sociales. Asimismo, se debatieron ampliamente el aborto en casos de violación y la política sobre drogas, enfrentándose posiciones relacionadas con el derecho de las mujeres a decidir, la protección de la vida desde la concepción, el tratamiento de las adicciones como un problema de salud pública, la diferenciación entre consumidores, pequeños vendedores y grandes narcotraficantes, y las cantidades permitidas para el consumo personal. Amanda Paredes pidió que no se criminalizara a las mujeres y que se despenalizara el aborto cuando el embarazo fuera producto de una violación, mientras José Villamarín intentó exponer la posición de las organizaciones defensoras del cáñamo, pero su intervención fue suspendida debido a expresiones consideradas irrespetuosas hacia el Pleno. Al iniciar el análisis del procedimiento penal se abordaron la caducidad de la prisión preventiva, la reincidencia y acumulación de penas, las reglas para conceder fianzas, las medidas cautelares, la protección y representación de las víctimas, las atribuciones de la Fiscalía y la Defensoría Pública, los fueros, el uso de grabaciones como prueba, las operaciones encubiertas, la creación de juzgados nacionales para delitos graves, la jurisdicción indígena y los procedimientos aplicables a las infracciones de tránsito. Intervinieron Marisol Peñafiel, María Paula Romo, Jimmy Pinoargote, Cynthia Viteri, Leonardo Viteri, César Rodríguez, Lourdes Tibán, Mauro Andino, Andrés Páez, Vicente Taiano, Luis Almeida, María Augusta Calle, Susana González, Amanda Paredes, José Villamarín, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Xavier Tomalá, Richard Guillén, César Gracia y Consuelo Flores; finalmente, la sesión fue suspendida para que los legisladores dispusieran de más tiempo para preparar sus intervenciones sobre el procedimiento penal, quedando pendiente la continuación del debate.

ACTA_171-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa de educación superior, centrado principalmente en determinar el régimen jurídico, académico y administrativo aplicable a los conservatorios de música y artes. Se discutió si todos los conservatorios debían integrarse al sistema de educación superior o si correspondía diferenciar la formación musical inicial, básica y de bachillerato, dirigida a niñas, niños y adolescentes, de las carreras profesionales de tercer nivel; asimismo, se analizaron los requisitos de ingreso, la evaluación y acreditación institucional, la continuidad de la enseñanza artística desde edades tempranas, las titulaciones de músicos y artistas, las competencias del Ministerio de Educación y de los organismos de educación superior, la designación y preparación de las autoridades, el financiamiento, las remuneraciones y el posible pluriempleo de docentes que también integraban orquestas y bandas sinfónicas. También se advirtió que incorporar íntegramente los conservatorios al nivel superior podría excluir a estudiantes menores de edad, exigirles requisitos universitarios y provocar el cierre de instituciones que no contaban con infraestructura ni docentes con las titulaciones requeridas, mientras otros participantes sostuvieron que la normativa vigente contradecía el reconocimiento constitucional de los conservatorios como parte de la educación superior y generaba una división institucional perjudicial. De manera complementaria, se plantearon reformas relacionadas con los institutos técnicos y tecnológicos, la homologación y continuidad de estudios, la creación de instituciones y extensiones universitarias en la Amazonía y Galápagos, la situación de estudiantes y trabajadores afectados por el cierre de universidades, el acceso limitado a cupos, la autonomía universitaria, los aranceles diferenciados y la necesidad de efectuar una reforma integral, en lugar de modificaciones aisladas. Intervinieron Raúl Escobar Guevara, Gioconda Saltos, Gastón Gagliardo, María Augusta Calle, Guido Vargas, Juan Fernández, Xavier Tomalá, Alfredo Ortiz, Jorge Escala, Mao Moreno, Nívea Vélez, Soledad Vela, Marco Murillo, Raúl Abad, María Paula Romo, Armando Aguilar, Luis Morales y Betty Carrillo.

ACTA_205-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Nívea Vélez propuso detener el cobro y embargo de supuestas deudas atribuidas a exservidores públicos de Loja, mientras Edwin Vaca pidió priorizar proyectos relacionados con la hora pedagógica, la jubilación docente y otras reformas educativas; las propuestas obtuvieron cuarenta y cinco y cincuenta votos afirmativos, respectivamente. Posteriormente se condecoró al pintor Jorge Perugachy por su trayectoria artística, educativa y su aporte a la cultura andina y ecuatoriana. También se debatió y aprobó una resolución sobre la Franja de Gaza, mediante la cual se condenó el uso de la fuerza y los ataques contra civiles, se respaldó el alto al fuego, se exigió la apertura de los pasos fronterizos y se defendió una solución basada en la existencia de los Estados de Israel y Palestina; tras varias observaciones para equilibrar y corregir el texto, fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, dieciséis negativos y seis abstenciones. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y cinco votos, el Convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades y trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, destinado a evitar la discriminación laboral y facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar; la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del convenio de servicios aéreos entre Ecuador y Singapur. Intervinieron Nívea Vélez, Edwin Vaca, Celso Maldonado, Jorge Perugachy, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Luis Almeida, Gabriel Rivera, César Rodríguez, María Paula Romo, César Montúfar, Betty Carrillo, Luis Morales y Silvia Salgado.

ACTA_208-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes de cambio del orden del día: Fernando Flores propuso condenar las declaraciones atribuidas a Julián Assange, declararlo persona no grata y solicitar su salida de la Embajada ecuatoriana en Londres, pero la moción obtuvo treinta y ocho votos afirmativos, cuarenta y cuatro negativos y ocho abstenciones; Lourdes Tibán pidió incorporar el segundo debate de la reforma a la Ley del Adulto Mayor, al señalar que el informe llevaba varios meses pendiente, pero la propuesta fue negada con cuarenta y nueve votos afirmativos y cuarenta y tres abstenciones, resultado que se mantuvo en la rectificación con cincuenta votos afirmativos. Posteriormente se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. El proyecto buscaba modernizar una normativa considerada obsoleta mediante la digitalización de los archivos, la entrega de cédulas y realización de trámites en los consulados, el registro obligatorio de las uniones de hecho, la posibilidad de que los padres acordaran cuál apellido llevarían primero sus hijos, la eliminación del uso obligatorio del apellido del esposo precedido de “de”, la rectificación del sexo registral y el cambio de nombre conforme a la identidad de género, la supresión de datos considerados innecesarios o discriminatorios en la cédula, la solución de dobles inscripciones y la actualización de multas. Sus defensores destacaron la igualdad entre hombres y mujeres, la atención a los migrantes y la eliminación de barreras discriminatorias contra las personas GLBTI; mientras otros legisladores pidieron incorporar información relacionada con la donación de órganos, el tipo de sangre y la discapacidad, corregir problemas de redacción y precisar los conceptos utilizados, y expresaron reparos sobre la identidad de género, las uniones y las distintas formas de familia. Finalmente, la sesión fue suspendida por encontrarse al límite del quórum y permanecer catorce legisladores pendientes de intervenir, por lo que no hubo votación ni se trató la reforma sobre la revocatoria del mandato. Intervinieron Fernando Flores, Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Leonardo Viteri, Sylvia Kon, María Paula Romo, Paco Fierro, Eduardo Zambrano, Abdalá Bucaram, Rosana Alvarado, Alfredo Ortiz, Soledad Vela, María Molina y Paola Pabón.

ACTA_216-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía, reformulado para limitar su alcance a las mascotas y evitar duplicidades con las normas que regulaban la fauna silvestre y los animales destinados al consumo. La propuesta buscaba establecer una regulación nacional coordinada entre el Gobierno central y los municipios, crear registros y censos de perros y gatos, identificar a sus propietarios, fijar obligaciones de cuidado, alimentación, transporte y atención veterinaria, regular la crianza, comercialización, esterilización y eutanasia, promover cementerios para mascotas y aplicar sanciones administrativas por abandono o maltrato. Aunque existió respaldo a la protección y el bienestar animal, se pidió precisar las infracciones y procedimientos sancionatorios, fortalecer el control de las enfermedades transmisibles a las personas, regular a los animales potencialmente peligrosos, responsabilizar a sus dueños, revisar la prohibición de su venta en ferias y mercados, diferenciar las mascotas de los animales utilizados para alimentación, carga o trabajo y respetar las prácticas y autoridades de los pueblos y nacionalidades. También se cuestionó si era necesaria una ley específica o si estos asuntos debían regularse mediante ordenanzas municipales, el Código Ambiental y el Código Integral Penal, y se solicitó mayor claridad en el texto y recursos estatales para programas educativos y sanitarios. La sesión fue suspendida temporalmente para realizar otra convocatoria y luego reinstalada; finalmente se cerró el primer debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones y la sesión fue clausurada. Intervinieron Rolando Panchana, Leonardo Viteri, Mauro Andino, Eduardo Encalada, María Paula Romo, Betty Carrillo, Roberto Rodríguez, Stalin Subía, Juan Carlos Cassinelli, Gerónimo Yantalema, Xavier Tomalá, Luis Morales y María Soledad Vela.