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ACTA_049-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum y se instaló la sesión, dándose lectura a la convocatoria y al Orden del Día, que incluía el Himno Nacional y el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo del RO 971 de 1996 y la Ley 2003-5; se presentaron dos solicitudes de cambio del Orden del Día, una del asambleísta Fernando Bustamante para incluir un proyecto de resolución sobre un posible caso de espionaje por parte de Colombia, y otra del asambleísta Jimmy Pinoargote relacionada con la prórroga otorgada por el Vicepresidente Rolando Panchana Farra a la Comisión de Comunicación, ambas rechazadas en votación y rectificación, así como una solicitud de reconsideración de la asambleísta Cynthia Viteri que tampoco fue aceptada por no existir resolución previa que reconsiderar. Tras la entonación del Himno Nacional, el Presidente instaló una Comisión General para recibir al Alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien expuso la necesidad de aprobar la ley interpretativa para regularizar la tenencia de tierras del barrio Atucucho, asentamiento de más de tres mil familias en un predio del Ministerio de Salud Pública. Reinstalada la sesión, se dio lectura al informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio sobre dicho proyecto, lo que generó un incidente cuando el asambleísta Abdalá Bucaram presentó una apelación a la Presidencia por la no inclusión del pedido de Pinoargote en el Orden del Día; asumió temporalmente la dirección el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, se produjo un enfrentamiento verbal entre Bucaram y el Presidente Cordero, y la apelación fue sometida a votación y rectificación, resultando negada en ambas ocasiones, por lo que Cordero reasumió la Presidencia. Retomado el punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, Virgilio Hernández, expuso el informe a favor del proyecto de Ley Interpretativa, que busca facultar al Ministerio de Salud Pública la venta directa sin subasta a los posesionarios de Atucucho, estableciendo mecanismos de avalúo municipal, transferencia de áreas comunales al Municipio y límites a la adjudicación; intervinieron numerosos asambleístas (Luis Morales, Marllely Vásconez, Guillermina Cruz, César Rodríguez, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Eduardo Encalada, Alfredo Ortiz, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Marcelo García, Lourdes Tibán, Andrés Roche y Paco Fierro), quienes en general respaldaron el proyecto y plantearon observaciones sobre el año de referencia para el avalúo, el plazo de venta, la prohibición de adjudicación múltiple, el estudio socioeconómico de las familias y los tiempos de entrega de escrituras, además de pedir disculpas a los moradores de Atucucho por los incidentes ocurridos durante la sesión. Finalmente, el Presidente cerró el debate y dispuso que el proyecto regrese a la Comisión para incorporar las observaciones y preparar la versión definitiva para segundo debate y votación en el Pleno.

ACTA_187-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes de modificación del orden del día: Luis Morales propuso otorgar protección y un reconocimiento a Orlando Ibarra Sarmiento, quien escapó después de permanecer secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, mientras Dora Aguirre planteó retomar la resolución contra la medida del Gobierno español que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud; ambas propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse sus votaciones. Posteriormente se debatió una resolución para instar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales a expedir las normas y realizar los procedimientos necesarios para legalizar o titular los predios municipales ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana que estuvieran ocupados por personas y familias sin escrituras. En comisión general, una representante del barrio San José del Batán, Pilar Fernández y José Guamán expusieron la situación de los barrios de Riobamba, donde numerosas familias poseían terrenos heredados u ocupados durante varios años, pero carecían de títulos de propiedad, lo que les impedía acceder a programas de vivienda, créditos, servicios básicos, obras municipales y transmitir legalmente los inmuebles a sus hijos. Durante el debate legislativo se reconoció que la falta de titularización afectaba a miles de familias en distintos cantones; sin embargo, se discutió si la Asamblea podía intervenir en una competencia exclusiva de los municipios, si una resolución no vinculante realmente solucionaría el problema y si lo adecuado era reformar el régimen territorial vigente. También se analizaron la legalización de asentamientos antiguos, predios costeros y terrenos proindivisos, la diferencia entre ocupaciones legítimas, invasiones, herencias y posesiones que debían resolverse judicialmente, la necesidad de establecer precios justos y procedimientos de expropiación, y el riesgo de que el documento fuera utilizado por traficantes de tierras para legalizar ocupaciones especulativas o asentamientos ubicados en zonas de riesgo, áreas comunales, riberas, playas y espacios de protección. En medio de la discusión, César Rodríguez apeló la Presidencia por considerar vulnerado su derecho a intervenir después de un enfrentamiento verbal, pero la apelación fue negada con catorce votos afirmativos, cincuenta y tres negativos y diecisiete abstenciones. Intervinieron Luis Morales, Dora Aguirre, una representante del barrio San José del Batán, Pilar Fernández, José Guamán, Alfredo Ortiz, Andrés Roche, Armando Aguilar, Marco Murillo, César Rodríguez, Gerónimo Yantalema, Virgilio Hernández, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Dalton Burgos, Jimmy Pinoargote, Mauro Andino, Paola Pabón y Rolando Panchana; finalmente, ante la necesidad de precisar el contenido y evitar una posible intromisión en las competencias municipales, se suspendió el tratamiento para que la Comisión de Gobiernos Autónomos analizara la propuesta y presentara un criterio antes de la reinstalación, por lo que la resolución no fue sometida a votación y la sesión quedó suspendida.

ACTA_187-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el proyecto de resolución relacionado con la titulación o legalización de predios municipales no inscritos, ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana, y se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social. Al inicio, Rolando Panchana solicitó que la resolución sobre los predios fuera enviada a la Comisión de Gobiernos Autónomos para recopilar información y presentar un criterio al Pleno, mientras Paco Moncayo expuso las medidas aplicadas durante su gestión municipal en Quito para agilizar la regularización de asentamientos, combatir el tráfico de tierras y dotar de servicios básicos a los barrios, señalando que se legalizaron doscientos trece barrios y quedaron ciento cincuenta en proceso. Posteriormente, Mauro Andino presentó el proyecto de Ley de la Función de Transparencia y Control Social, orientado a regular la estructura, funcionamiento e instancia de coordinación del Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las superintendencias, desarrollar sus atribuciones y obligaciones, facilitar el intercambio de información y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la protección de derechos y la prevención y combate de la corrupción. Durante el debate se respaldó la necesidad de contar con una instancia que coordinara, diera seguimiento y verificara el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los organismos de control, aunque se propuso precisar que la nueva estructura correspondía únicamente a la instancia de coordinación, asignarle un equipo y presupuesto mínimos y evitar que interfiriera en las competencias de cada institución; en contraste, se sostuvo que el proyecto repetía disposiciones constitucionales, duplicaba atribuciones ya ejercidas por otros organismos, podía aumentar innecesariamente la burocracia y el gasto público, generar conflictos entre normas y concentrar el control en instituciones vinculadas al Ejecutivo, además de cuestionarse la legitimidad de la Función, la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, los procedimientos de designación de autoridades, el uso de contratos ocasionales sin concursos y las limitaciones existentes para la fiscalización y la participación ciudadana. Andrés Roche aprovechó su intervención para presentar formalmente su renuncia como asambleísta, debido a que pasaría a colaborar con el Municipio de Guayaquil en la transferencia de la competencia de tránsito. La moción de Luis Morales para archivar el proyecto fue negada con treinta y tres votos afirmativos, cuarenta negativos y catorce abstenciones, y su rectificación también fue rechazada con treinta y cinco votos afirmativos, treinta y ocho negativos y trece abstenciones, por lo que el proyecto continuó su trámite legislativo. Finalmente, la moción de Rolando Panchana para remitir el asunto de los predios a la Comisión de Gobiernos Autónomos no alcanzó la mayoría requerida, pese a obtener cincuenta y seis votos afirmativos; después se votó la resolución presentada por Marco Murillo para instar a los municipios a dictar normas que permitieran legalizar predios urbanos, de expansión urbana, costeros y de riberas ocupados por personas y familias, pero fue negada con diecisiete votos afirmativos, cinco negativos, un blanco y sesenta y nueve abstenciones, tras lo cual la sesión fue suspendida. Intervinieron Rolando Panchana, Paco Moncayo, Mauro Andino, Andrés Roche, María Paula Romo, César Montúfar, Andrés Páez, Nívea Vélez, Luis Almeida, César Rodríguez, Luis Morales, Galo Vaca, Gina Godoy y Francisco Velasco.