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Sesion 108, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), unificado, orientado a actualizar el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía política, administrativa y financiera, precisar las competencias de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, garantizar la continuidad de las obras públicas, fortalecer las atribuciones de fiscalización de los concejales y establecer mecanismos de control y responsabilidad de las autoridades locales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Adrián Castro, Saadin Serrano, Gustavo Mateus, Dina Farinango, Fabiola Sanmartín, Nathaly Orellana, Luis Molina, Milton Aguas, Julio Lasso, Henry Bósquez, Franklin Samaniego, Jorge Guevara, Pamela Aguirre y Alejandro Vanegas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la distribución de competencias entre municipios y prefecturas, la planificación territorial y la vialidad rural, la autonomía de los gobiernos locales frente a las competencias del Gobierno central, la asignación de recursos económicos, los procedimientos para la autorización de infraestructura de telecomunicaciones, las causales de remoción de alcaldes y prefectos por la paralización injustificada de obras públicas, la protección del debido proceso y la seguridad jurídica de las autoridades electas, las atribuciones de los concejales, el fuero de corte y los procedimientos de enajenación de bienes públicos, así como la necesidad de garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales de autonomía y descentralización y permitan mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. Previamente, en comisión general, intervino Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, quien fue recibido por el Pleno como parte de las actividades de relacionamiento interparlamentario. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_RESUMEN EJECUTIVO_SESION_101-A-AN-2025-2029_09-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, orientado a establecer un marco normativo para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento de esta enfermedad, mediante la promoción de hábitos alimentarios saludables, actividad física, educación nutricional, atención médica integral, protección contra la discriminación y coordinación entre las instituciones del Estado. Durante el debate intervinieron los asambleístas Juan Reyes, Liliana Durán, Camila Cueva, Eliana Correa, Ana Guim, Sergio Peña, Gustavo Mateus, Diego Matovelle, Cristina Acuña, Keevin Gallardo, Hermel Campos, Fabiola Sanmartín, Inés Alarcón, Boris Andrade, Rosa Torres, Cristina Jácome, Álex Morán y María Molina, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reconocer la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial, fortalecer la atención integral y multidisciplinaria, garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud, incorporar a los profesionales de nutrición en los equipos médicos, promover la educación alimentaria desde la infancia, mejorar el etiquetado nutricional de los productos procesados y ultraprocesados, regular la publicidad de alimentos dirigida a niñas, niños y adolescentes, prevenir la discriminación y establecer mecanismos claros de financiamiento, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Asimismo, se planteó la importancia de garantizar atención especializada a las mujeres embarazadas, fortalecer la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, promover entornos escolares saludables y asegurar que la normativa contemple obligaciones institucionales concretas y mecanismos efectivos para garantizar los derechos de las personas con obesidad. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_108-AN-2025-2029_14-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), unificado, orientado a actualizar el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía política, administrativa y financiera, precisar las competencias de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, garantizar la continuidad de las obras públicas, fortalecer las atribuciones de fiscalización de los concejales y establecer mecanismos de control y responsabilidad de las autoridades locales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Adrián Castro, Saadin Serrano, Gustavo Mateus, Dina Farinango, Fabiola Sanmartín, Nathaly Orellana, Luis Molina, Milton Aguas, Julio Lasso, Henry Bósquez, Franklin Samaniego, Jorge Guevara, Pamela Aguirre y Alejandro Vanegas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la distribución de competencias entre municipios y prefecturas, la planificación territorial y la vialidad rural, la autonomía de los gobiernos locales frente a las competencias del Gobierno central, la asignación de recursos económicos, los procedimientos para la autorización de infraestructura de telecomunicaciones, las causales de remoción de alcaldes y prefectos por la paralización injustificada de obras públicas, la protección del debido proceso y la seguridad jurídica de las autoridades electas, las atribuciones de los concejales, el fuero de corte y los procedimientos de enajenación de bienes públicos, así como la necesidad de garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales de autonomía y descentralización y permitan mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. Previamente, en comisión general, intervino Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, quien fue recibido por el Pleno como parte de las actividades de relacionamiento interparlamentario. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_101-A-AN-2025-2029_07-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, orientado a establecer un marco normativo para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento de esta enfermedad, mediante la promoción de hábitos alimentarios saludables, actividad física, educación nutricional, atención médica integral, protección contra la discriminación y coordinación entre las instituciones del Estado. Durante el debate intervinieron los asambleístas Juan Reyes, Liliana Durán, Camila Cueva, Eliana Correa, Ana Guim, Sergio Peña, Gustavo Mateus, Diego Matovelle, Cristina Acuña, Keevin Gallardo, Hermel Campos, Fabiola Sanmartín, Inés Alarcón, Boris Andrade, Rosa Torres, Cristina Jácome, Álex Morán y María Molina, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reconocer la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial, fortalecer la atención integral y multidisciplinaria, garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud, incorporar a los profesionales de nutrición en los equipos médicos, promover la educación alimentaria desde la infancia, mejorar el etiquetado nutricional de los productos procesados y ultraprocesados, regular la publicidad de alimentos dirigida a niñas, niños y adolescentes, prevenir la discriminación y establecer mecanismos claros de financiamiento, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Asimismo, se planteó la importancia de garantizar atención especializada a las mujeres embarazadas, fortalecer la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, promover entornos escolares saludables y asegurar que la normativa contemple obligaciones institucionales concretas y mecanismos efectivos para garantizar los derechos de las personas con obesidad. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

003_ACTA_102-AN-2025-2029_PLENO_23-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

Sesion 102, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

003_ACTA_101-A-AN-2025-2029_PLENO_09-07-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, orientado a establecer un marco normativo para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento de esta enfermedad, mediante la promoción de hábitos alimentarios saludables, actividad física, educación nutricional, atención médica integral, protección contra la discriminación y coordinación entre las instituciones del Estado. Durante el debate intervinieron los asambleístas Juan Reyes, Liliana Durán, Camila Cueva, Eliana Correa, Ana Guim, Sergio Peña, Gustavo Mateus, Diego Matovelle, Cristina Acuña, Keevin Gallardo, Hermel Campos, Fabiola Sanmartín, Inés Alarcón, Boris Andrade, Rosa Torres, Cristina Jácome, Álex Morán y María Molina, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reconocer la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial, fortalecer la atención integral y multidisciplinaria, garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud, incorporar a los profesionales de nutrición en los equipos médicos, promover la educación alimentaria desde la infancia, mejorar el etiquetado nutricional de los productos procesados y ultraprocesados, regular la publicidad de alimentos dirigida a niñas, niños y adolescentes, prevenir la discriminación y establecer mecanismos claros de financiamiento, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Asimismo, se planteó la importancia de garantizar atención especializada a las mujeres embarazadas, fortalecer la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, promover entornos escolares saludables y asegurar que la normativa contemple obligaciones institucionales concretas y mecanismos efectivos para garantizar los derechos de las personas con obesidad. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_INFORME_DEL_PROCESO_DE_FISCALIZACION_TROLEBUSES_27-05-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_COOTAD_13-07-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), unificado, orientado a actualizar el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía política, administrativa y financiera, precisar las competencias de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, garantizar la continuidad de las obras públicas, fortalecer las atribuciones de fiscalización de los concejales y establecer mecanismos de control y responsabilidad de las autoridades locales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Adrián Castro, Saadin Serrano, Gustavo Mateus, Dina Farinango, Fabiola Sanmartín, Nathaly Orellana, Luis Molina, Milton Aguas, Julio Lasso, Henry Bósquez, Franklin Samaniego, Jorge Guevara, Pamela Aguirre y Alejandro Vanegas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la distribución de competencias entre municipios y prefecturas, la planificación territorial y la vialidad rural, la autonomía de los gobiernos locales frente a las competencias del Gobierno central, la asignación de recursos económicos, los procedimientos para la autorización de infraestructura de telecomunicaciones, las causales de remoción de alcaldes y prefectos por la paralización injustificada de obras públicas, la protección del debido proceso y la seguridad jurídica de las autoridades electas, las atribuciones de los concejales, el fuero de corte y los procedimientos de enajenación de bienes públicos, así como la necesidad de garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales de autonomía y descentralización y permitan mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. Previamente, en comisión general, intervino Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, quien fue recibido por el Pleno como parte de las actividades de relacionamiento interparlamentario. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_108-A-AN-2025-2029_PLENO_28-07-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), unificado, orientado a actualizar el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la autonomía política, administrativa y financiera, precisar las competencias de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, garantizar la continuidad de las obras públicas, fortalecer las atribuciones de fiscalización de los concejales y establecer mecanismos de control y responsabilidad de las autoridades locales. Durante el debate intervinieron los asambleístas Adrián Castro, Saadin Serrano, Gustavo Mateus, Dina Farinango, Fabiola Sanmartín, Nathaly Orellana, Luis Molina, Milton Aguas, Julio Lasso, Henry Bósquez, Franklin Samaniego, Jorge Guevara, Pamela Aguirre y Alejandro Vanegas, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la distribución de competencias entre municipios y prefecturas, la planificación territorial y la vialidad rural, la autonomía de los gobiernos locales frente a las competencias del Gobierno central, la asignación de recursos económicos, los procedimientos para la autorización de infraestructura de telecomunicaciones, las causales de remoción de alcaldes y prefectos por la paralización injustificada de obras públicas, la protección del debido proceso y la seguridad jurídica de las autoridades electas, las atribuciones de los concejales, el fuero de corte y los procedimientos de enajenación de bienes públicos, así como la necesidad de garantizar que las reformas respeten los principios constitucionales de autonomía y descentralización y permitan mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. Previamente, en comisión general, intervino Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, quien fue recibido por el Pleno como parte de las actividades de relacionamiento interparlamentario. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 101A, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, orientado a establecer un marco normativo para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento de esta enfermedad, mediante la promoción de hábitos alimentarios saludables, actividad física, educación nutricional, atención médica integral, protección contra la discriminación y coordinación entre las instituciones del Estado. Durante el debate intervinieron los asambleístas Juan Reyes, Liliana Durán, Camila Cueva, Eliana Correa, Ana Guim, Sergio Peña, Gustavo Mateus, Diego Matovelle, Cristina Acuña, Keevin Gallardo, Hermel Campos, Fabiola Sanmartín, Inés Alarcón, Boris Andrade, Rosa Torres, Cristina Jácome, Álex Morán y María Molina, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reconocer la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial, fortalecer la atención integral y multidisciplinaria, garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud, incorporar a los profesionales de nutrición en los equipos médicos, promover la educación alimentaria desde la infancia, mejorar el etiquetado nutricional de los productos procesados y ultraprocesados, regular la publicidad de alimentos dirigida a niñas, niños y adolescentes, prevenir la discriminación y establecer mecanismos claros de financiamiento, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Asimismo, se planteó la importancia de garantizar atención especializada a las mujeres embarazadas, fortalecer la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, promover entornos escolares saludables y asegurar que la normativa contemple obligaciones institucionales concretas y mecanismos efectivos para garantizar los derechos de las personas con obesidad. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate y se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones y aportes presentados por los legisladores. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_102-AN-2025-2029_21-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.