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Sesion 110, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción, orientado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar mediante la reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales y administrativos, la eliminación de trámites duplicados, el establecimiento de plazos máximos para la investigación familiar, la declaratoria de adoptabilidad, la evaluación de idoneidad de los adoptantes, el emparentamiento y la inscripción de las sentencias de adopción, así como la incorporación de sanciones por el incumplimiento injustificado de los plazos, el fortalecimiento del seguimiento posadoptivo, la protección del interés superior del niño y el acceso a oportunidades educativas para adolescentes que egresan de las instituciones de acogida. Previamente, en comisión general, intervinieron John Vargas y Jenny Fernández, padres adoptivos, quienes compartieron su experiencia familiar y expusieron las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes debido a la prolongación de los procesos de adopción y la permanencia en las casas de acogida. Durante el debate intervinieron los asambleístas Diana Jácome, Edmundo Cerda, Isaac Solano, Blasco Luna, Jorge Chamba, Juan Reyes, Paola Jaramillo, Diana Blacio, Josebeth Jaramillo, Naila Quintana, Carmen Tiupul, Mauricio Ordóñez, Luciana Zapata, Bruno Pino, Diego Rosero, Rebeca Veloz, Jorge Guevara y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de adopción, garantizar la protección integral de los menores de edad, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, establecer controles y mecanismos de seguimiento a las casas de acogida, asegurar la disponibilidad de recursos económicos y personal especializado, garantizar el debido proceso y los derechos de las familias biológicas y adoptantes, así como prevenir la discriminación y asegurar que la reducción de los tiempos procesales no afecte la seguridad ni el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Concluido el debate, se aprobó con 118 votos afirmativos, cero negativos y 25 abstenciones la moción presentada por Diana Jácome para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

001_CONVOCATORIA_SESION_110-AN-2025-2029_16-07-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción, orientado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar mediante la reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales y administrativos, la eliminación de trámites duplicados, el establecimiento de plazos máximos para la investigación familiar, la declaratoria de adoptabilidad, la evaluación de idoneidad de los adoptantes, el emparentamiento y la inscripción de las sentencias de adopción, así como la incorporación de sanciones por el incumplimiento injustificado de los plazos, el fortalecimiento del seguimiento posadoptivo, la protección del interés superior del niño y el acceso a oportunidades educativas para adolescentes que egresan de las instituciones de acogida. Previamente, en comisión general, intervinieron John Vargas y Jenny Fernández, padres adoptivos, quienes compartieron su experiencia familiar y expusieron las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes debido a la prolongación de los procesos de adopción y la permanencia en las casas de acogida. Durante el debate intervinieron los asambleístas Diana Jácome, Edmundo Cerda, Isaac Solano, Blasco Luna, Jorge Chamba, Juan Reyes, Paola Jaramillo, Diana Blacio, Josebeth Jaramillo, Naila Quintana, Carmen Tiupul, Mauricio Ordóñez, Luciana Zapata, Bruno Pino, Diego Rosero, Rebeca Veloz, Jorge Guevara y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de adopción, garantizar la protección integral de los menores de edad, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, establecer controles y mecanismos de seguimiento a las casas de acogida, asegurar la disponibilidad de recursos económicos y personal especializado, garantizar el debido proceso y los derechos de las familias biológicas y adoptantes, así como prevenir la discriminación y asegurar que la reducción de los tiempos procesales no afecte la seguridad ni el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Concluido el debate, se aprobó con 118 votos afirmativos, cero negativos y 25 abstenciones la moción presentada por Diana Jácome para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

002_ACTA_094-A-AN-2025-2029_PLENO_27-05-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientado a fortalecer el sistema de administración de justicia mediante mecanismos de prevención y control de la corrupción judicial, pruebas de confianza y vigilancia patrimonial a los operadores de justicia, transparencia en las audiencias, regulación de los concursos de selección de jueces, fortalecimiento del régimen disciplinario, modernización tecnológica, implementación del expediente electrónico y ampliación del acceso a la justicia mediante los juzgados de paz. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, quien expuso los principales ejes de la reforma y destacó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y recuperar la confianza ciudadana; Juan Reyes, quien respaldó la propuesta y enfatizó la importancia de contar con reglas claras, concursos meritocráticos y una justicia transparente; Steven Ordóñez, quien abordó los problemas de inseguridad y las deficiencias del sistema judicial en la provincia de El Oro, planteando ampliar las pruebas de confianza, fortalecer la protección de jueces y fiscales y establecer controles patrimoniales; Nathaly Farinango, quien destacó la necesidad de combatir la corrupción judicial, garantizar la publicidad de las audiencias y fortalecer los juzgados de paz; Roque Ordóñez, quien expresó observaciones sobre el tratamiento de los proyectos unificados, la falta de presupuesto, el déficit de operadores judiciales y los posibles riesgos para la independencia judicial; y Paola Jaramillo, quien respaldó la aplicación permanente de pruebas de confianza y el control del incremento patrimonial de jueces y fiscales. Finalizadas las intervenciones, se cerró el debate y se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue instalada bajo la presidencia de Niels Olsen y posteriormente fue dirigida por Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, con la actuación de Giovanny Bravo como secretario general.

003_ACTA_114-AN-2025-2029_PLENO_12-08-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_115-AN-2025-2029_11-08-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_094-A-AN-2025-2029_25-05-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientado a fortalecer el sistema de administración de justicia mediante mecanismos de prevención y control de la corrupción judicial, pruebas de confianza y vigilancia patrimonial a los operadores de justicia, transparencia en las audiencias, regulación de los concursos de selección de jueces, fortalecimiento del régimen disciplinario, modernización tecnológica, implementación del expediente electrónico y ampliación del acceso a la justicia mediante los juzgados de paz. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, quien expuso los principales ejes de la reforma y destacó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y recuperar la confianza ciudadana; Juan Reyes, quien respaldó la propuesta y enfatizó la importancia de contar con reglas claras, concursos meritocráticos y una justicia transparente; Steven Ordóñez, quien abordó los problemas de inseguridad y las deficiencias del sistema judicial en la provincia de El Oro, planteando ampliar las pruebas de confianza, fortalecer la protección de jueces y fiscales y establecer controles patrimoniales; Nathaly Farinango, quien destacó la necesidad de combatir la corrupción judicial, garantizar la publicidad de las audiencias y fortalecer los juzgados de paz; Roque Ordóñez, quien expresó observaciones sobre el tratamiento de los proyectos unificados, la falta de presupuesto, el déficit de operadores judiciales y los posibles riesgos para la independencia judicial; y Paola Jaramillo, quien respaldó la aplicación permanente de pruebas de confianza y el control del incremento patrimonial de jueces y fiscales. Finalizadas las intervenciones, se cerró el debate y se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue instalada bajo la presidencia de Niels Olsen y posteriormente fue dirigida por Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, con la actuación de Giovanny Bravo como secretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_114-AN-2025-2029_10-08-26.emlEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_05-08-26.pdfEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PARA _PRIMER_DEBATE_16-08-26.pdfEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 094A, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientado a fortalecer el sistema de administración de justicia mediante mecanismos de prevención y control de la corrupción judicial, pruebas de confianza y vigilancia patrimonial a los operadores de justicia, transparencia en las audiencias, regulación de los concursos de selección de jueces, fortalecimiento del régimen disciplinario, modernización tecnológica, implementación del expediente electrónico y ampliación del acceso a la justicia mediante los juzgados de paz. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, quien expuso los principales ejes de la reforma y destacó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y recuperar la confianza ciudadana; Juan Reyes, quien respaldó la propuesta y enfatizó la importancia de contar con reglas claras, concursos meritocráticos y una justicia transparente; Steven Ordóñez, quien abordó los problemas de inseguridad y las deficiencias del sistema judicial en la provincia de El Oro, planteando ampliar las pruebas de confianza, fortalecer la protección de jueces y fiscales y establecer controles patrimoniales; Nathaly Farinango, quien destacó la necesidad de combatir la corrupción judicial, garantizar la publicidad de las audiencias y fortalecer los juzgados de paz; Roque Ordóñez, quien expresó observaciones sobre el tratamiento de los proyectos unificados, la falta de presupuesto, el déficit de operadores judiciales y los posibles riesgos para la independencia judicial; y Paola Jaramillo, quien respaldó la aplicación permanente de pruebas de confianza y el control del incremento patrimonial de jueces y fiscales. Finalizadas las intervenciones, se cerró el debate y se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue instalada bajo la presidencia de Niels Olsen y posteriormente fue dirigida por Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, con la actuación de Giovanny Bravo como secretario general.

Sesion 114, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 115, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PARA_SEGUNDO_DEBATE_16-07-26.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción, orientado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar mediante la reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales y administrativos, la eliminación de trámites duplicados, el establecimiento de plazos máximos para la investigación familiar, la declaratoria de adoptabilidad, la evaluación de idoneidad de los adoptantes, el emparentamiento y la inscripción de las sentencias de adopción, así como la incorporación de sanciones por el incumplimiento injustificado de los plazos, el fortalecimiento del seguimiento posadoptivo, la protección del interés superior del niño y el acceso a oportunidades educativas para adolescentes que egresan de las instituciones de acogida. Previamente, en comisión general, intervinieron John Vargas y Jenny Fernández, padres adoptivos, quienes compartieron su experiencia familiar y expusieron las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes debido a la prolongación de los procesos de adopción y la permanencia en las casas de acogida. Durante el debate intervinieron los asambleístas Diana Jácome, Edmundo Cerda, Isaac Solano, Blasco Luna, Jorge Chamba, Juan Reyes, Paola Jaramillo, Diana Blacio, Josebeth Jaramillo, Naila Quintana, Carmen Tiupul, Mauricio Ordóñez, Luciana Zapata, Bruno Pino, Diego Rosero, Rebeca Veloz, Jorge Guevara y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de adopción, garantizar la protección integral de los menores de edad, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, establecer controles y mecanismos de seguimiento a las casas de acogida, asegurar la disponibilidad de recursos económicos y personal especializado, garantizar el debido proceso y los derechos de las familias biológicas y adoptantes, así como prevenir la discriminación y asegurar que la reducción de los tiempos procesales no afecte la seguridad ni el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Concluido el debate, se aprobó con 118 votos afirmativos, cero negativos y 25 abstenciones la moción presentada por Diana Jácome para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

003_ACTA_110-AN-2025-2029_PLENO_28-07-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción, orientado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar mediante la reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales y administrativos, la eliminación de trámites duplicados, el establecimiento de plazos máximos para la investigación familiar, la declaratoria de adoptabilidad, la evaluación de idoneidad de los adoptantes, el emparentamiento y la inscripción de las sentencias de adopción, así como la incorporación de sanciones por el incumplimiento injustificado de los plazos, el fortalecimiento del seguimiento posadoptivo, la protección del interés superior del niño y el acceso a oportunidades educativas para adolescentes que egresan de las instituciones de acogida. Previamente, en comisión general, intervinieron John Vargas y Jenny Fernández, padres adoptivos, quienes compartieron su experiencia familiar y expusieron las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes debido a la prolongación de los procesos de adopción y la permanencia en las casas de acogida. Durante el debate intervinieron los asambleístas Diana Jácome, Edmundo Cerda, Isaac Solano, Blasco Luna, Jorge Chamba, Juan Reyes, Paola Jaramillo, Diana Blacio, Josebeth Jaramillo, Naila Quintana, Carmen Tiupul, Mauricio Ordóñez, Luciana Zapata, Bruno Pino, Diego Rosero, Rebeca Veloz, Jorge Guevara y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de adopción, garantizar la protección integral de los menores de edad, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, establecer controles y mecanismos de seguimiento a las casas de acogida, asegurar la disponibilidad de recursos económicos y personal especializado, garantizar el debido proceso y los derechos de las familias biológicas y adoptantes, así como prevenir la discriminación y asegurar que la reducción de los tiempos procesales no afecte la seguridad ni el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Concluido el debate, se aprobó con 118 votos afirmativos, cero negativos y 25 abstenciones la moción presentada por Diana Jácome para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

003_ACTA_115-AN-2025-2029_PLENO_13-08-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.