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001_CONVOCATORIA_SESION_078-A-AN-2025-2029_15-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_ACTA_094-A-AN-2025-2029_PLENO_27-05-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientado a fortalecer el sistema de administración de justicia mediante mecanismos de prevención y control de la corrupción judicial, pruebas de confianza y vigilancia patrimonial a los operadores de justicia, transparencia en las audiencias, regulación de los concursos de selección de jueces, fortalecimiento del régimen disciplinario, modernización tecnológica, implementación del expediente electrónico y ampliación del acceso a la justicia mediante los juzgados de paz. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, quien expuso los principales ejes de la reforma y destacó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y recuperar la confianza ciudadana; Juan Reyes, quien respaldó la propuesta y enfatizó la importancia de contar con reglas claras, concursos meritocráticos y una justicia transparente; Steven Ordóñez, quien abordó los problemas de inseguridad y las deficiencias del sistema judicial en la provincia de El Oro, planteando ampliar las pruebas de confianza, fortalecer la protección de jueces y fiscales y establecer controles patrimoniales; Nathaly Farinango, quien destacó la necesidad de combatir la corrupción judicial, garantizar la publicidad de las audiencias y fortalecer los juzgados de paz; Roque Ordóñez, quien expresó observaciones sobre el tratamiento de los proyectos unificados, la falta de presupuesto, el déficit de operadores judiciales y los posibles riesgos para la independencia judicial; y Paola Jaramillo, quien respaldó la aplicación permanente de pruebas de confianza y el control del incremento patrimonial de jueces y fiscales. Finalizadas las intervenciones, se cerró el debate y se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue instalada bajo la presidencia de Niels Olsen y posteriormente fue dirigida por Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, con la actuación de Giovanny Bravo como secretario general.

003_ACTA_114-AN-2025-2029_PLENO_12-08-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_115-AN-2025-2029_11-08-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 078A, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_RESUMEN EJECUTIVO_SESION_078-A-AN-2025-2029_17-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_078-A-AN-2025-2029_PLENO_17-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_094-A-AN-2025-2029_25-05-26 El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientado a fortalecer el sistema de administración de justicia mediante mecanismos de prevención y control de la corrupción judicial, pruebas de confianza y vigilancia patrimonial a los operadores de justicia, transparencia en las audiencias, regulación de los concursos de selección de jueces, fortalecimiento del régimen disciplinario, modernización tecnológica, implementación del expediente electrónico y ampliación del acceso a la justicia mediante los juzgados de paz. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, quien expuso los principales ejes de la reforma y destacó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y recuperar la confianza ciudadana; Juan Reyes, quien respaldó la propuesta y enfatizó la importancia de contar con reglas claras, concursos meritocráticos y una justicia transparente; Steven Ordóñez, quien abordó los problemas de inseguridad y las deficiencias del sistema judicial en la provincia de El Oro, planteando ampliar las pruebas de confianza, fortalecer la protección de jueces y fiscales y establecer controles patrimoniales; Nathaly Farinango, quien destacó la necesidad de combatir la corrupción judicial, garantizar la publicidad de las audiencias y fortalecer los juzgados de paz; Roque Ordóñez, quien expresó observaciones sobre el tratamiento de los proyectos unificados, la falta de presupuesto, el déficit de operadores judiciales y los posibles riesgos para la independencia judicial; y Paola Jaramillo, quien respaldó la aplicación permanente de pruebas de confianza y el control del incremento patrimonial de jueces y fiscales. Finalizadas las intervenciones, se cerró el debate y se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue instalada bajo la presidencia de Niels Olsen y posteriormente fue dirigida por Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, con la actuación de Giovanny Bravo como secretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_114-AN-2025-2029_10-08-26.emlEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_05-08-26.pdfEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PARA _PRIMER_DEBATE_16-08-26.pdfEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 094A, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientado a fortalecer el sistema de administración de justicia mediante mecanismos de prevención y control de la corrupción judicial, pruebas de confianza y vigilancia patrimonial a los operadores de justicia, transparencia en las audiencias, regulación de los concursos de selección de jueces, fortalecimiento del régimen disciplinario, modernización tecnológica, implementación del expediente electrónico y ampliación del acceso a la justicia mediante los juzgados de paz. Durante el debate intervinieron los asambleístas Rosa Torres, quien expuso los principales ejes de la reforma y destacó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y recuperar la confianza ciudadana; Juan Reyes, quien respaldó la propuesta y enfatizó la importancia de contar con reglas claras, concursos meritocráticos y una justicia transparente; Steven Ordóñez, quien abordó los problemas de inseguridad y las deficiencias del sistema judicial en la provincia de El Oro, planteando ampliar las pruebas de confianza, fortalecer la protección de jueces y fiscales y establecer controles patrimoniales; Nathaly Farinango, quien destacó la necesidad de combatir la corrupción judicial, garantizar la publicidad de las audiencias y fortalecer los juzgados de paz; Roque Ordóñez, quien expresó observaciones sobre el tratamiento de los proyectos unificados, la falta de presupuesto, el déficit de operadores judiciales y los posibles riesgos para la independencia judicial; y Paola Jaramillo, quien respaldó la aplicación permanente de pruebas de confianza y el control del incremento patrimonial de jueces y fiscales. Finalizadas las intervenciones, se cerró el debate y se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate. La sesión fue instalada bajo la presidencia de Niels Olsen y posteriormente fue dirigida por Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, con la actuación de Giovanny Bravo como secretario general.

Sesion 114, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 115, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_115-AN-2025-2029_PLENO_13-08-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.