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Sesion 110, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción, orientado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar mediante la reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales y administrativos, la eliminación de trámites duplicados, el establecimiento de plazos máximos para la investigación familiar, la declaratoria de adoptabilidad, la evaluación de idoneidad de los adoptantes, el emparentamiento y la inscripción de las sentencias de adopción, así como la incorporación de sanciones por el incumplimiento injustificado de los plazos, el fortalecimiento del seguimiento posadoptivo, la protección del interés superior del niño y el acceso a oportunidades educativas para adolescentes que egresan de las instituciones de acogida. Previamente, en comisión general, intervinieron John Vargas y Jenny Fernández, padres adoptivos, quienes compartieron su experiencia familiar y expusieron las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes debido a la prolongación de los procesos de adopción y la permanencia en las casas de acogida. Durante el debate intervinieron los asambleístas Diana Jácome, Edmundo Cerda, Isaac Solano, Blasco Luna, Jorge Chamba, Juan Reyes, Paola Jaramillo, Diana Blacio, Josebeth Jaramillo, Naila Quintana, Carmen Tiupul, Mauricio Ordóñez, Luciana Zapata, Bruno Pino, Diego Rosero, Rebeca Veloz, Jorge Guevara y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de adopción, garantizar la protección integral de los menores de edad, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, establecer controles y mecanismos de seguimiento a las casas de acogida, asegurar la disponibilidad de recursos económicos y personal especializado, garantizar el debido proceso y los derechos de las familias biológicas y adoptantes, así como prevenir la discriminación y asegurar que la reducción de los tiempos procesales no afecte la seguridad ni el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Concluido el debate, se aprobó con 118 votos afirmativos, cero negativos y 25 abstenciones la moción presentada por Diana Jácome para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

002_INFORME_PRIMER_DEBATE_LEY_ISSFA_14-04-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), regular las aportaciones estatales y de los afiliados, proteger las prestaciones de los militares en servicio activo y pasivo y sus familias, y cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Marcos Alvarado, Naila Quintana, Ricardo Patiño, Christopher Jaramillo, Patricia Núñez, Pablo Jurado, Rubén Barberán y Jhajaira Urresta, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, los derechos adquiridos de los afiliados, el régimen de jubilaciones y pensiones, la responsabilidad del Estado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del ISSFA sin afectar los derechos de sus beneficiarios; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento Artesanal, con la intervención del asambleísta Alejandro Lara, quien explicó las observaciones identificadas durante el tratamiento de los proyectos unificados, relacionadas con la necesidad de actualizar el marco normativo del sector artesanal, garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los artesanos y fortalecer su desarrollo económico y productivo; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la moción presentada por Alejandro Lara para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a diversas personas naturales y jurídicas, en el marco de los procesos de contratación para la generación eléctrica y las investigaciones relacionadas con el destino de los recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Ana Tapia, Mireya Pazmiño, Juan Reyes, Blasco Luna, Esteban Torres, Pamela Aguirre, Adrián Castro, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Ana Yela, María Villacreses, César Palacios, Álex Morán, Mariana Yumbay, Christopher Jaramillo, Keevin Gallardo, Juan González, Mauricio Ordóñez, Ricardo Patiño y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre la trazabilidad de las transferencias financieras, la identificación de los beneficiarios, las actuaciones de las instituciones competentes, las posibles responsabilidades derivadas de los contratos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y recuperación de los recursos públicos; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Ana Tapia, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de fiscalización sobre la ruta de los fondos entregados por Progen y presente un informe con sus conclusiones y recomendaciones en el plazo de 30 días, además de remitir la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervinieron Mauricio Ordóñez, Ana Tapia y Jhajaira Urresta, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el respaldo institucional a los servidores policiales que enfrentan procesos o sanciones derivados de procedimientos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones, la investigación de la ruta de los fondos de Progen y el análisis de los proyectos paralizados o con avance deficiente en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la asignación de recursos públicos para el subsidio del transporte, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general intervino Martha Chaves, representante de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Chaves, institución que recibió una condecoración y reconocimientos para sus estudiantes y un docente. Se registró la principalización de Nery Merizalde, alterno del asambleísta Johnny Terán. La sesión fue presidida por Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_104-AN-2025-2029_PLENO_30-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad e inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, orientado a fortalecer la planificación territorial, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión del suelo y los mecanismos de control y regulación urbanística. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Julio Lasso, Cristian Benavides, Patricia Núñez, Nuria Butiñá y Juan Reyes, quienes expusieron sus criterios sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo, el dictamen de la Corte Constitucional, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la adecuada planificación territorial; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la primera parte de la moción presentada por Lucía Pozo para acoger los textos adecuados conforme al dictamen de la Corte Constitucional y, con 82 votos afirmativos, la segunda parte correspondiente al allanamiento a la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Ejecutivo. Posteriormente, se conoció en segundo debate el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Lizardo Casanova, Karolina Dueñas, Janeth Cabezas, John Polanco, Cristian Benavides, Julio Lasso, Pablo Jurado, José Nango y Samuel Celleri, quienes abordaron la importancia de la autonomía territorial, la descentralización administrativa, el acceso a los servicios públicos, la delimitación territorial, la distribución de recursos económicos y la necesidad de garantizar una transición institucional, financiera y administrativa que permita el funcionamiento del nuevo cantón sin afectar la continuidad de los servicios en el cantón Eloy Alfaro; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la moción presentada por Samuel Celleri para aprobar el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la presunta participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) en la operación de los sistemas de videovigilancia del Distrito Metropolitano de Quito, con las intervenciones de los asambleístas Inés Alarcón, Franklin Samaniego, Adrián Castro, Juan González, Christopher Jaramillo, Fernando Cedeño y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los posibles riesgos para la seguridad ciudadana, la privacidad de las personas y la protección de información estratégica, así como la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la resolución presentada por Inés Alarcón, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inicie un proceso de fiscalización y presente, en el plazo máximo de 90 días, un informe con sus conclusiones, observaciones y recomendaciones. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de la presunta participación de exfuncionarios de la SENAIN en los sistemas de videovigilancia de Quito, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos. Además, en comisión general intervino Klever Vaca, representante del Distrito 4400 de Rotary Internacional, organización que recibió un acuerdo legislativo en reconocimiento a su trayectoria y aportes al servicio humanitario en el Ecuador. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_110-AN-2025-2029_16-07-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción, orientado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar mediante la reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales y administrativos, la eliminación de trámites duplicados, el establecimiento de plazos máximos para la investigación familiar, la declaratoria de adoptabilidad, la evaluación de idoneidad de los adoptantes, el emparentamiento y la inscripción de las sentencias de adopción, así como la incorporación de sanciones por el incumplimiento injustificado de los plazos, el fortalecimiento del seguimiento posadoptivo, la protección del interés superior del niño y el acceso a oportunidades educativas para adolescentes que egresan de las instituciones de acogida. Previamente, en comisión general, intervinieron John Vargas y Jenny Fernández, padres adoptivos, quienes compartieron su experiencia familiar y expusieron las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes debido a la prolongación de los procesos de adopción y la permanencia en las casas de acogida. Durante el debate intervinieron los asambleístas Diana Jácome, Edmundo Cerda, Isaac Solano, Blasco Luna, Jorge Chamba, Juan Reyes, Paola Jaramillo, Diana Blacio, Josebeth Jaramillo, Naila Quintana, Carmen Tiupul, Mauricio Ordóñez, Luciana Zapata, Bruno Pino, Diego Rosero, Rebeca Veloz, Jorge Guevara y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de adopción, garantizar la protección integral de los menores de edad, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, establecer controles y mecanismos de seguimiento a las casas de acogida, asegurar la disponibilidad de recursos económicos y personal especializado, garantizar el debido proceso y los derechos de las familias biológicas y adoptantes, así como prevenir la discriminación y asegurar que la reducción de los tiempos procesales no afecte la seguridad ni el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Concluido el debate, se aprobó con 118 votos afirmativos, cero negativos y 25 abstenciones la moción presentada por Diana Jácome para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

004_VOTACIONES_SESION_123-AN-2025-2029_15-09-26 El Pleno de la Asamblea Nacional designó, con 84 votos afirmativos, a la asambleísta Diana Patricia Blacio Carrión como integrante del Comité de Ética, a partir de la moción presentada por Marco Olmedo; conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de Inteligencia Artificial en el Ecuador, con las intervenciones de Rosa Cecilia Baltazar, Julio Lasso, Pablo Jurado y Ana Belén Yela, aprobándose con 88 votos afirmativos la moción de Rosa Cecilia Baltazar para archivar el proyecto; y conoció y resolvió respecto del informe de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en Guayaquil, con las intervenciones de Inés Alarcón, Saadin Serrano, Luigi García, Rebeca Veloz, Sergio Peña, Álex Morán, Isaac Solano, Juan Andrés González, Andrés Castillo, Jhajaira Urresta, Jorge Chamba y Mauricio Ordóñez, aprobándose con 85 votos afirmativos la moción de Inés Alarcón que dispuso remitir el informe a la Fiscalía General del Estado, solicitar exámenes a la Contraloría y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, y exhortar a ECU 911 y a Segura EP a fortalecer sus controles y mecanismos de trazabilidad. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional (con la dirección temporal de Luis Esteban Torres Cobo, primer vicepresidente, durante el tercer punto), y actuaron en la Secretaría Jorge Enrique López Terán y Laura Vanessa Flores Arias, secretario general y prosecretaria general, respectivamente.

Sesion 099, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe de aprobación de la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), mediante el cual se analizó la participación del Ecuador en este mecanismo de compensación comercial, su funcionamiento, las operaciones financieras realizadas, los recursos públicos comprometidos y los aspectos jurídicos y económicos relacionados con la salida del país del tratado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Jaramillo, Bertha Vélez, Saadin Serrano, Johnny Lavayen, Arisdely Parrales, Keevin Gallardo, Doménica Escobar y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre la continuidad del mecanismo de integración regional, la protección de los recursos públicos, las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras y las consecuencias de la denuncia del tratado; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por Lucía Jaramillo para aprobar la denuncia del tratado y disponer las notificaciones correspondientes al Ejecutivo, mientras que la reconsideración solicitada fue negada. Posteriormente, se conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, orientado a prevenir y sancionar la utilización indebida de uniformes, insignias y distintivos de las instituciones de seguridad por parte de personas vinculadas a actividades delictivas, así como fortalecer los mecanismos de control y protección de la identidad institucional. En este debate intervinieron los asambleístas Jhajaira Urresta, Camila León, Juan Gonzaga, Gerardo Machado, John Polanco, Marcos Alvarado, Inés Alarcón, Andrés Castillo y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir la suplantación de identidad de los miembros de la fuerza pública, establecer sanciones para el uso delictivo de uniformes y garantizar el respeto a los derechos constitucionales y la transparencia institucional; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Jhajaira Urresta para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley, mientras que su reconsideración fue negada. A continuación, se conoció el informe no vinculante sobre la objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, con la intervención de Evelyn Zambrano, quien explicó las observaciones presentadas por el Ejecutivo y destacó la importancia de fortalecer la prevención, detección temprana y atención de los problemas de salud mental de niñas, niños y adolescentes, mediante la coordinación entre las instituciones de salud, educación y protección integral; concluido el debate, se aprobó por unanimidad el allanamiento total a la objeción parcial presentada por el Ejecutivo. Al inicio de la sesión intervinieron Andrés Castillo, Adrián Castro y Marcelo Guschmer, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con los resultados de los operativos contra el crimen organizado durante el toque de queda, el reconocimiento de la iniciativa Business Future of the Americas para promover la inversión y el desarrollo económico, y el programa de becas nacionales Jóvenes del Nuevo Ecuador, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general se entregaron condecoraciones a la deportista Karla Jaramillo y al entrenador Miguel Delgado por sus aportes al deporte ecuatoriano. Se registró la principalización de Rebeca Ríos, alterna del asambleísta Jorge Guevara, y consta la participación de Evelyn Zambrano en calidad de asambleísta principalizada. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Samuel Celleri, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa, y Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quienes asumieron la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_078-A-AN-2025-2029_15-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_REMISION_INFORME_SOBRE_DE_LA_DENUNCIA_DEL_TRATADO_CONSTITUTIVO_DEL_SUCRE_03-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe de aprobación de la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), mediante el cual se analizó la participación del Ecuador en este mecanismo de compensación comercial, su funcionamiento, las operaciones financieras realizadas, los recursos públicos comprometidos y los aspectos jurídicos y económicos relacionados con la salida del país del tratado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Jaramillo, Bertha Vélez, Saadin Serrano, Johnny Lavayen, Arisdely Parrales, Keevin Gallardo, Doménica Escobar y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre la continuidad del mecanismo de integración regional, la protección de los recursos públicos, las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras y las consecuencias de la denuncia del tratado; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por Lucía Jaramillo para aprobar la denuncia del tratado y disponer las notificaciones correspondientes al Ejecutivo, mientras que la reconsideración solicitada fue negada. Posteriormente, se conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, orientado a prevenir y sancionar la utilización indebida de uniformes, insignias y distintivos de las instituciones de seguridad por parte de personas vinculadas a actividades delictivas, así como fortalecer los mecanismos de control y protección de la identidad institucional. En este debate intervinieron los asambleístas Jhajaira Urresta, Camila León, Juan Gonzaga, Gerardo Machado, John Polanco, Marcos Alvarado, Inés Alarcón, Andrés Castillo y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir la suplantación de identidad de los miembros de la fuerza pública, establecer sanciones para el uso delictivo de uniformes y garantizar el respeto a los derechos constitucionales y la transparencia institucional; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Jhajaira Urresta para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley, mientras que su reconsideración fue negada. A continuación, se conoció el informe no vinculante sobre la objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, con la intervención de Evelyn Zambrano, quien explicó las observaciones presentadas por el Ejecutivo y destacó la importancia de fortalecer la prevención, detección temprana y atención de los problemas de salud mental de niñas, niños y adolescentes, mediante la coordinación entre las instituciones de salud, educación y protección integral; concluido el debate, se aprobó por unanimidad el allanamiento total a la objeción parcial presentada por el Ejecutivo. Al inicio de la sesión intervinieron Andrés Castillo, Adrián Castro y Marcelo Guschmer, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con los resultados de los operativos contra el crimen organizado durante el toque de queda, el reconocimiento de la iniciativa Business Future of the Americas para promover la inversión y el desarrollo económico, y el programa de becas nacionales Jóvenes del Nuevo Ecuador, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general se entregaron condecoraciones a la deportista Karla Jaramillo y al entrenador Miguel Delgado por sus aportes al deporte ecuatoriano. Se registró la principalización de Rebeca Ríos, alterna del asambleísta Jorge Guevara, y consta la participación de Evelyn Zambrano en calidad de asambleísta principalizada. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Samuel Celleri, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa, y Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quienes asumieron la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_102-AN-2025-2029_PLENO_23-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_103-AN-2025-2029_22-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), regular las aportaciones estatales y de los afiliados, proteger las prestaciones de los militares en servicio activo y pasivo y sus familias, y cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Marcos Alvarado, Naila Quintana, Ricardo Patiño, Christopher Jaramillo, Patricia Núñez, Pablo Jurado, Rubén Barberán y Jhajaira Urresta, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, los derechos adquiridos de los afiliados, el régimen de jubilaciones y pensiones, la responsabilidad del Estado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del ISSFA sin afectar los derechos de sus beneficiarios; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento Artesanal, con la intervención del asambleísta Alejandro Lara, quien explicó las observaciones identificadas durante el tratamiento de los proyectos unificados, relacionadas con la necesidad de actualizar el marco normativo del sector artesanal, garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los artesanos y fortalecer su desarrollo económico y productivo; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la moción presentada por Alejandro Lara para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a diversas personas naturales y jurídicas, en el marco de los procesos de contratación para la generación eléctrica y las investigaciones relacionadas con el destino de los recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Ana Tapia, Mireya Pazmiño, Juan Reyes, Blasco Luna, Esteban Torres, Pamela Aguirre, Adrián Castro, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Ana Yela, María Villacreses, César Palacios, Álex Morán, Mariana Yumbay, Christopher Jaramillo, Keevin Gallardo, Juan González, Mauricio Ordóñez, Ricardo Patiño y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre la trazabilidad de las transferencias financieras, la identificación de los beneficiarios, las actuaciones de las instituciones competentes, las posibles responsabilidades derivadas de los contratos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y recuperación de los recursos públicos; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Ana Tapia, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de fiscalización sobre la ruta de los fondos entregados por Progen y presente un informe con sus conclusiones y recomendaciones en el plazo de 30 días, además de remitir la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervinieron Mauricio Ordóñez, Ana Tapia y Jhajaira Urresta, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el respaldo institucional a los servidores policiales que enfrentan procesos o sanciones derivados de procedimientos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones, la investigación de la ruta de los fondos de Progen y el análisis de los proyectos paralizados o con avance deficiente en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la asignación de recursos públicos para el subsidio del transporte, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general intervino Martha Chaves, representante de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Chaves, institución que recibió una condecoración y reconocimientos para sus estudiantes y un docente. Se registró la principalización de Nery Merizalde, alterno del asambleísta Johnny Terán. La sesión fue presidida por Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_114-AN-2025-2029_PLENO_12-08-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_115-AN-2025-2029_11-08-26.eml El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 078A, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 102, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

Sesion 103, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), regular las aportaciones estatales y de los afiliados, proteger las prestaciones de los militares en servicio activo y pasivo y sus familias, y cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Marcos Alvarado, Naila Quintana, Ricardo Patiño, Christopher Jaramillo, Patricia Núñez, Pablo Jurado, Rubén Barberán y Jhajaira Urresta, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, los derechos adquiridos de los afiliados, el régimen de jubilaciones y pensiones, la responsabilidad del Estado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del ISSFA sin afectar los derechos de sus beneficiarios; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento Artesanal, con la intervención del asambleísta Alejandro Lara, quien explicó las observaciones identificadas durante el tratamiento de los proyectos unificados, relacionadas con la necesidad de actualizar el marco normativo del sector artesanal, garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los artesanos y fortalecer su desarrollo económico y productivo; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la moción presentada por Alejandro Lara para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a diversas personas naturales y jurídicas, en el marco de los procesos de contratación para la generación eléctrica y las investigaciones relacionadas con el destino de los recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Ana Tapia, Mireya Pazmiño, Juan Reyes, Blasco Luna, Esteban Torres, Pamela Aguirre, Adrián Castro, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Ana Yela, María Villacreses, César Palacios, Álex Morán, Mariana Yumbay, Christopher Jaramillo, Keevin Gallardo, Juan González, Mauricio Ordóñez, Ricardo Patiño y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre la trazabilidad de las transferencias financieras, la identificación de los beneficiarios, las actuaciones de las instituciones competentes, las posibles responsabilidades derivadas de los contratos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y recuperación de los recursos públicos; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Ana Tapia, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de fiscalización sobre la ruta de los fondos entregados por Progen y presente un informe con sus conclusiones y recomendaciones en el plazo de 30 días, además de remitir la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervinieron Mauricio Ordóñez, Ana Tapia y Jhajaira Urresta, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el respaldo institucional a los servidores policiales que enfrentan procesos o sanciones derivados de procedimientos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones, la investigación de la ruta de los fondos de Progen y el análisis de los proyectos paralizados o con avance deficiente en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la asignación de recursos públicos para el subsidio del transporte, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general intervino Martha Chaves, representante de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Chaves, institución que recibió una condecoración y reconocimientos para sus estudiantes y un docente. Se registró la principalización de Nery Merizalde, alterno del asambleísta Johnny Terán. La sesión fue presidida por Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 104, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad e inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, orientado a fortalecer la planificación territorial, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión del suelo y los mecanismos de control y regulación urbanística. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Julio Lasso, Cristian Benavides, Patricia Núñez, Nuria Butiñá y Juan Reyes, quienes expusieron sus criterios sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo, el dictamen de la Corte Constitucional, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la adecuada planificación territorial; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la primera parte de la moción presentada por Lucía Pozo para acoger los textos adecuados conforme al dictamen de la Corte Constitucional y, con 82 votos afirmativos, la segunda parte correspondiente al allanamiento a la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Ejecutivo. Posteriormente, se conoció en segundo debate el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Lizardo Casanova, Karolina Dueñas, Janeth Cabezas, John Polanco, Cristian Benavides, Julio Lasso, Pablo Jurado, José Nango y Samuel Celleri, quienes abordaron la importancia de la autonomía territorial, la descentralización administrativa, el acceso a los servicios públicos, la delimitación territorial, la distribución de recursos económicos y la necesidad de garantizar una transición institucional, financiera y administrativa que permita el funcionamiento del nuevo cantón sin afectar la continuidad de los servicios en el cantón Eloy Alfaro; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la moción presentada por Samuel Celleri para aprobar el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la presunta participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) en la operación de los sistemas de videovigilancia del Distrito Metropolitano de Quito, con las intervenciones de los asambleístas Inés Alarcón, Franklin Samaniego, Adrián Castro, Juan González, Christopher Jaramillo, Fernando Cedeño y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los posibles riesgos para la seguridad ciudadana, la privacidad de las personas y la protección de información estratégica, así como la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la resolución presentada por Inés Alarcón, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inicie un proceso de fiscalización y presente, en el plazo máximo de 90 días, un informe con sus conclusiones, observaciones y recomendaciones. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de la presunta participación de exfuncionarios de la SENAIN en los sistemas de videovigilancia de Quito, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos. Además, en comisión general intervino Klever Vaca, representante del Distrito 4400 de Rotary Internacional, organización que recibió un acuerdo legislativo en reconocimiento a su trayectoria y aportes al servicio humanitario en el Ecuador. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_RESUMEN EJECUTIVO_SESION_078-A-AN-2025-2029_17-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_078-A-AN-2025-2029_PLENO_17-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, analizando las metodologías de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía, la continuidad de los servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y seguridad jurídica. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Patricia Núñez, Jorge Chamba, Roque Ordóñez, Naila Quintana y Fernando Jácome, quienes expusieron diferentes criterios sobre los mecanismos de recaudación de las tasas municipales, especialmente las correspondientes a la recolección de basura en Quito, Guayaquil y Cuenca, la necesidad de transparentar los valores cobrados, atender los reclamos ciudadanos, garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez, mediante la cual se exhortó a los gobiernos municipales y metropolitanos a revisar las metodologías de cálculo de las tasas cobradas mediante planillas de servicios básicos, adoptar las medidas correctivas correspondientes, fortalecer los mecanismos de transparencia e información ciudadana y garantizar canales accesibles para la atención de reclamos. Posteriormente, el Pleno conoció y debatió sobre la situación laboral de los trabajadores de limpieza conocidos como hormiguitas chúas de la ciudad de Cuenca, frente a denuncias de presunta precarización laboral, tercerización, retrasos en el pago de remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, descuentos salariales y falta de estabilidad laboral; durante este punto intervinieron los asambleístas Anthony Becerra y Gerardo Machado, quienes expusieron sus criterios sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de trabajo, revisar los mecanismos de contratación y proteger los derechos laborales del personal de limpieza municipal; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Anthony Becerra, mediante la cual se rechazaron las prácticas de tercerización que vulneren los derechos laborales, se exhortó a los gobiernos municipales a revisar sus procesos de contratación y se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social inicie un proceso de fiscalización sobre los presuntos mecanismos de tercerización e intermediación laboral utilizados por determinadas empresas públicas municipales. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que contienen indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados, con las intervenciones de los asambleístas Adrián Castro, Fernando Molina, Edwin Jarrín y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, los procesos de contratación, los posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; concluido el debate, se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Adrián Castro, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control inicie un proceso de fiscalización sobre los informes de la Contraloría relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, requiera información actualizada sobre los indicios de responsabilidad penal identificados y sus principales irregularidades, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado a dar el tratamiento correspondiente a los casos dentro del ámbito de sus competencias. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_DEL_PROCESO_DE_FISCALIZACION_TROLEBUSES_27-05-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

003_ACTA_103-AN-2025-2029_PLENO_24-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), regular las aportaciones estatales y de los afiliados, proteger las prestaciones de los militares en servicio activo y pasivo y sus familias, y cumplir con las disposiciones de la Corte Constitucional. Durante este debate intervinieron los asambleístas Eckenner Recalde, Marcos Alvarado, Naila Quintana, Ricardo Patiño, Christopher Jaramillo, Patricia Núñez, Pablo Jurado, Rubén Barberán y Jhajaira Urresta, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre el financiamiento del sistema, los estudios actuariales, los derechos adquiridos de los afiliados, el régimen de jubilaciones y pensiones, la responsabilidad del Estado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del ISSFA sin afectar los derechos de sus beneficiarios; concluido el debate, se dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la elaboración del informe para segundo debate. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fomento Artesanal, con la intervención del asambleísta Alejandro Lara, quien explicó las observaciones identificadas durante el tratamiento de los proyectos unificados, relacionadas con la necesidad de actualizar el marco normativo del sector artesanal, garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los artesanos y fortalecer su desarrollo económico y productivo; concluido el debate, se aprobó con 82 votos afirmativos la moción presentada por Alejandro Lara para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a diversas personas naturales y jurídicas, en el marco de los procesos de contratación para la generación eléctrica y las investigaciones relacionadas con el destino de los recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Ana Tapia, Mireya Pazmiño, Juan Reyes, Blasco Luna, Esteban Torres, Pamela Aguirre, Adrián Castro, Saadin Serrano, Jorge Chamba, Ana Yela, María Villacreses, César Palacios, Álex Morán, Mariana Yumbay, Christopher Jaramillo, Keevin Gallardo, Juan González, Mauricio Ordóñez, Ricardo Patiño y Andrés Castillo, quienes expusieron sus criterios sobre la trazabilidad de las transferencias financieras, la identificación de los beneficiarios, las actuaciones de las instituciones competentes, las posibles responsabilidades derivadas de los contratos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y recuperación de los recursos públicos; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Ana Tapia, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de fiscalización sobre la ruta de los fondos entregados por Progen y presente un informe con sus conclusiones y recomendaciones en el plazo de 30 días, además de remitir la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervinieron Mauricio Ordóñez, Ana Tapia y Jhajaira Urresta, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con el respaldo institucional a los servidores policiales que enfrentan procesos o sanciones derivados de procedimientos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones, la investigación de la ruta de los fondos de Progen y el análisis de los proyectos paralizados o con avance deficiente en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la asignación de recursos públicos para el subsidio del transporte, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general intervino Martha Chaves, representante de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Chaves, institución que recibió una condecoración y reconocimientos para sus estudiantes y un docente. Se registró la principalización de Nery Merizalde, alterno del asambleísta Johnny Terán. La sesión fue presidida por Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PARA_SEGUNDO_DEBATE_26-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad e inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, orientado a fortalecer la planificación territorial, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión del suelo y los mecanismos de control y regulación urbanística. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Julio Lasso, Cristian Benavides, Patricia Núñez, Nuria Butiñá y Juan Reyes, quienes expusieron sus criterios sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo, el dictamen de la Corte Constitucional, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la adecuada planificación territorial; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la primera parte de la moción presentada por Lucía Pozo para acoger los textos adecuados conforme al dictamen de la Corte Constitucional y, con 82 votos afirmativos, la segunda parte correspondiente al allanamiento a la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Ejecutivo. Posteriormente, se conoció en segundo debate el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Lizardo Casanova, Karolina Dueñas, Janeth Cabezas, John Polanco, Cristian Benavides, Julio Lasso, Pablo Jurado, José Nango y Samuel Celleri, quienes abordaron la importancia de la autonomía territorial, la descentralización administrativa, el acceso a los servicios públicos, la delimitación territorial, la distribución de recursos económicos y la necesidad de garantizar una transición institucional, financiera y administrativa que permita el funcionamiento del nuevo cantón sin afectar la continuidad de los servicios en el cantón Eloy Alfaro; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la moción presentada por Samuel Celleri para aprobar el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la presunta participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) en la operación de los sistemas de videovigilancia del Distrito Metropolitano de Quito, con las intervenciones de los asambleístas Inés Alarcón, Franklin Samaniego, Adrián Castro, Juan González, Christopher Jaramillo, Fernando Cedeño y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los posibles riesgos para la seguridad ciudadana, la privacidad de las personas y la protección de información estratégica, así como la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la resolución presentada por Inés Alarcón, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inicie un proceso de fiscalización y presente, en el plazo máximo de 90 días, un informe con sus conclusiones, observaciones y recomendaciones. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de la presunta participación de exfuncionarios de la SENAIN en los sistemas de videovigilancia de Quito, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos. Además, en comisión general intervino Klever Vaca, representante del Distrito 4400 de Rotary Internacional, organización que recibió un acuerdo legislativo en reconocimiento a su trayectoria y aportes al servicio humanitario en el Ecuador. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_114-AN-2025-2029_10-08-26.emlEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_05-08-26.pdfEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PARA _PRIMER_DEBATE_16-08-26.pdfEl Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_INFORME_DE_FISCALIZACION_SEGURA_EP_10-09-26 El Pleno de la Asamblea Nacional designó, con 84 votos afirmativos, a la asambleísta Diana Patricia Blacio Carrión como integrante del Comité de Ética, a partir de la moción presentada por Marco Olmedo; conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de Inteligencia Artificial en el Ecuador, con las intervenciones de Rosa Cecilia Baltazar, Julio Lasso, Pablo Jurado y Ana Belén Yela, aprobándose con 88 votos afirmativos la moción de Rosa Cecilia Baltazar para archivar el proyecto; y conoció y resolvió respecto del informe de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en Guayaquil, con las intervenciones de Inés Alarcón, Saadin Serrano, Luigi García, Rebeca Veloz, Sergio Peña, Álex Morán, Isaac Solano, Juan Andrés González, Andrés Castillo, Jhajaira Urresta, Jorge Chamba y Mauricio Ordóñez, aprobándose con 85 votos afirmativos la moción de Inés Alarcón que dispuso remitir el informe a la Fiscalía General del Estado, solicitar exámenes a la Contraloría y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, y exhortar a ECU 911 y a Segura EP a fortalecer sus controles y mecanismos de trazabilidad. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional (con la dirección temporal de Luis Esteban Torres Cobo, primer vicepresidente, durante el tercer punto), y actuaron en la Secretaría Jorge Enrique López Terán y Laura Vanessa Flores Arias, secretario general y prosecretaria general, respectivamente.

005_ACTA_123-AN-2025-2029_PLENO_15-09-26 El Pleno de la Asamblea Nacional designó, con 84 votos afirmativos, a la asambleísta Diana Patricia Blacio Carrión como integrante del Comité de Ética, a partir de la moción presentada por Marco Olmedo; conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de Inteligencia Artificial en el Ecuador, con las intervenciones de Rosa Cecilia Baltazar, Julio Lasso, Pablo Jurado y Ana Belén Yela, aprobándose con 88 votos afirmativos la moción de Rosa Cecilia Baltazar para archivar el proyecto; y conoció y resolvió respecto del informe de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en Guayaquil, con las intervenciones de Inés Alarcón, Saadin Serrano, Luigi García, Rebeca Veloz, Sergio Peña, Álex Morán, Isaac Solano, Juan Andrés González, Andrés Castillo, Jhajaira Urresta, Jorge Chamba y Mauricio Ordóñez, aprobándose con 85 votos afirmativos la moción de Inés Alarcón que dispuso remitir el informe a la Fiscalía General del Estado, solicitar exámenes a la Contraloría y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, y exhortar a ECU 911 y a Segura EP a fortalecer sus controles y mecanismos de trazabilidad. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional (con la dirección temporal de Luis Esteban Torres Cobo, primer vicepresidente, durante el tercer punto), y actuaron en la Secretaría Jorge Enrique López Terán y Laura Vanessa Flores Arias, secretario general y prosecretaria general, respectivamente.

Sesion 114, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, orientado a fortalecer el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, segura y adecuada mediante la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, la actualización y publicación del banco de suelos, la incorporación de criterios de seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos, la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y acceso a soluciones habitacionales para las familias de menores recursos económicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Pablo Jurado, Patricia Núñez, Maite Levi, Cristian Benavides, Mauricio Ordóñez, Sandra Figueroa, Milton Aguas, Mariana Yumbay, Jimmy Erazo, Ana Guim, Roque Ordóñez y Luigi García, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional, garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo, respetar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la planificación territorial, promover el mejoramiento de viviendas existentes y desarrollar alternativas de arrendamiento social y mecanismos de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad; concluido el debate, se dispuso que el proyecto de ley retorne a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para la elaboración del informe para segundo debate, incorporando las observaciones presentadas por los legisladores. Posteriormente, el Pleno conoció y resolvió sobre la solicitud de prórroga presentada por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político para la elaboración de los informes correspondientes a los casos Sucre-Foglocons y Progen, relacionados con la actualización de las investigaciones sobre operaciones comerciales y financieras realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la fiscalización de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas. Durante este punto intervinieron María Villacreses y Luigi García, quienes presentaron mociones para ampliar los plazos de investigación, permitir la recepción de documentación adicional, realizar comparecencias y contrastar la información obtenida; concluidas las intervenciones, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por María Villacreses para conceder una prórroga de 30 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para actualizar, ampliar y remitir el informe del caso Sucre-Foglocons y, con 86 votos afirmativos, la moción presentada por Luigi García para conceder una prórroga de 30 días para concluir y presentar el informe sobre la ruta de los fondos de Progen, sin suspender las diligencias de fiscalización en curso. Al inicio de la sesión intervino Paola Jaramillo, quien presentó una solicitud de cambio del orden del día para conocer, debatir y resolver sobre el Decreto Ejecutivo 424, relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y de la ciudadanía y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos e incorporada al orden del día para su posterior tratamiento. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 115, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

Sesion 123, 2025-2029, el Pleno de la Asamblea Nacional designó, con 84 votos afirmativos, a la asambleísta Diana Patricia Blacio Carrión como integrante del Comité de Ética, a partir de la moción presentada por Marco Olmedo; conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de Inteligencia Artificial en el Ecuador, con las intervenciones de Rosa Cecilia Baltazar, Julio Lasso, Pablo Jurado y Ana Belén Yela, aprobándose con 88 votos afirmativos la moción de Rosa Cecilia Baltazar para archivar el proyecto; y conoció y resolvió respecto del informe de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en Guayaquil, con las intervenciones de Inés Alarcón, Saadin Serrano, Luigi García, Rebeca Veloz, Sergio Peña, Álex Morán, Isaac Solano, Juan Andrés González, Andrés Castillo, Jhajaira Urresta, Jorge Chamba y Mauricio Ordóñez, aprobándose con 85 votos afirmativos la moción de Inés Alarcón que dispuso remitir el informe a la Fiscalía General del Estado, solicitar exámenes a la Contraloría y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, y exhortar a ECU 911 y a Segura EP a fortalecer sus controles y mecanismos de trazabilidad. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional (con la dirección temporal de Luis Esteban Torres Cobo, primer vicepresidente, durante el tercer punto), y actuaron en la Secretaría Jorge Enrique López Terán y Laura Vanessa Flores Arias, secretario general y prosecretaria general, respectivamente.

001_CONVOCATORIA_SESION_099-AN-2025-2029_07-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe de aprobación de la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), mediante el cual se analizó la participación del Ecuador en este mecanismo de compensación comercial, su funcionamiento, las operaciones financieras realizadas, los recursos públicos comprometidos y los aspectos jurídicos y económicos relacionados con la salida del país del tratado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Jaramillo, Bertha Vélez, Saadin Serrano, Johnny Lavayen, Arisdely Parrales, Keevin Gallardo, Doménica Escobar y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre la continuidad del mecanismo de integración regional, la protección de los recursos públicos, las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras y las consecuencias de la denuncia del tratado; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por Lucía Jaramillo para aprobar la denuncia del tratado y disponer las notificaciones correspondientes al Ejecutivo, mientras que la reconsideración solicitada fue negada. Posteriormente, se conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, orientado a prevenir y sancionar la utilización indebida de uniformes, insignias y distintivos de las instituciones de seguridad por parte de personas vinculadas a actividades delictivas, así como fortalecer los mecanismos de control y protección de la identidad institucional. En este debate intervinieron los asambleístas Jhajaira Urresta, Camila León, Juan Gonzaga, Gerardo Machado, John Polanco, Marcos Alvarado, Inés Alarcón, Andrés Castillo y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir la suplantación de identidad de los miembros de la fuerza pública, establecer sanciones para el uso delictivo de uniformes y garantizar el respeto a los derechos constitucionales y la transparencia institucional; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Jhajaira Urresta para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley, mientras que su reconsideración fue negada. A continuación, se conoció el informe no vinculante sobre la objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, con la intervención de Evelyn Zambrano, quien explicó las observaciones presentadas por el Ejecutivo y destacó la importancia de fortalecer la prevención, detección temprana y atención de los problemas de salud mental de niñas, niños y adolescentes, mediante la coordinación entre las instituciones de salud, educación y protección integral; concluido el debate, se aprobó por unanimidad el allanamiento total a la objeción parcial presentada por el Ejecutivo. Al inicio de la sesión intervinieron Andrés Castillo, Adrián Castro y Marcelo Guschmer, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con los resultados de los operativos contra el crimen organizado durante el toque de queda, el reconocimiento de la iniciativa Business Future of the Americas para promover la inversión y el desarrollo económico, y el programa de becas nacionales Jóvenes del Nuevo Ecuador, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general se entregaron condecoraciones a la deportista Karla Jaramillo y al entrenador Miguel Delgado por sus aportes al deporte ecuatoriano. Se registró la principalización de Rebeca Ríos, alterna del asambleísta Jorge Guevara, y consta la participación de Evelyn Zambrano en calidad de asambleísta principalizada. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Samuel Celleri, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa, y Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quienes asumieron la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

003_ACTA_099-AN-2025-2029_PLENO_09-06-2026 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe de aprobación de la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), mediante el cual se analizó la participación del Ecuador en este mecanismo de compensación comercial, su funcionamiento, las operaciones financieras realizadas, los recursos públicos comprometidos y los aspectos jurídicos y económicos relacionados con la salida del país del tratado. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Jaramillo, Bertha Vélez, Saadin Serrano, Johnny Lavayen, Arisdely Parrales, Keevin Gallardo, Doménica Escobar y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre la continuidad del mecanismo de integración regional, la protección de los recursos públicos, las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras y las consecuencias de la denuncia del tratado; concluido el debate, se aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por Lucía Jaramillo para aprobar la denuncia del tratado y disponer las notificaciones correspondientes al Ejecutivo, mientras que la reconsideración solicitada fue negada. Posteriormente, se conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, orientado a prevenir y sancionar la utilización indebida de uniformes, insignias y distintivos de las instituciones de seguridad por parte de personas vinculadas a actividades delictivas, así como fortalecer los mecanismos de control y protección de la identidad institucional. En este debate intervinieron los asambleístas Jhajaira Urresta, Camila León, Juan Gonzaga, Gerardo Machado, John Polanco, Marcos Alvarado, Inés Alarcón, Andrés Castillo y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir la suplantación de identidad de los miembros de la fuerza pública, establecer sanciones para el uso delictivo de uniformes y garantizar el respeto a los derechos constitucionales y la transparencia institucional; concluido el debate, se aprobó con 87 votos afirmativos la moción presentada por Jhajaira Urresta para aprobar el texto íntegro del proyecto de ley, mientras que su reconsideración fue negada. A continuación, se conoció el informe no vinculante sobre la objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, con la intervención de Evelyn Zambrano, quien explicó las observaciones presentadas por el Ejecutivo y destacó la importancia de fortalecer la prevención, detección temprana y atención de los problemas de salud mental de niñas, niños y adolescentes, mediante la coordinación entre las instituciones de salud, educación y protección integral; concluido el debate, se aprobó por unanimidad el allanamiento total a la objeción parcial presentada por el Ejecutivo. Al inicio de la sesión intervinieron Andrés Castillo, Adrián Castro y Marcelo Guschmer, quienes presentaron solicitudes de cambio del orden del día relacionadas con los resultados de los operativos contra el crimen organizado durante el toque de queda, el reconocimiento de la iniciativa Business Future of the Americas para promover la inversión y el desarrollo económico, y el programa de becas nacionales Jóvenes del Nuevo Ecuador, respectivamente, solicitudes que fueron aprobadas para su incorporación al orden del día. Además, en comisión general se entregaron condecoraciones a la deportista Karla Jaramillo y al entrenador Miguel Delgado por sus aportes al deporte ecuatoriano. Se registró la principalización de Rebeca Ríos, alterna del asambleísta Jorge Guevara, y consta la participación de Evelyn Zambrano en calidad de asambleísta principalizada. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Samuel Celleri, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa, y Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quienes asumieron la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_102-AN-2025-2029_21-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los procedimientos de contratación pública, el acuerdo suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de recursos públicos. Durante este debate intervinieron los asambleístas Mauricio Ordóñez, Liliana Durán, Johnny Lavayen, Franklin Samaniego, Edwin Jarrín, Sergio Peña, Arisdely Parrales y Adrián Castro, quienes expusieron sus criterios sobre los hallazgos del informe, la legalidad del procedimiento contractual, la transparencia en la adquisición de los trolebuses y la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, tras lo cual se aprobó con 83 votos afirmativos la moción presentada por Mauricio Ordóñez para acoger el informe de fiscalización y remitirlo al Concejo Metropolitano de Quito, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. Posteriormente, se conoció en primer debate el Proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, con las intervenciones de Cecilia Baltazar, Juan Reyes y Gustavo Mateus, quienes expusieron observaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, así como la necesidad de evitar duplicidades normativas y establecer mecanismos de regulación técnicamente sustentados; concluido el debate, se aprobó con 139 votos afirmativos la moción presentada por Cecilia Baltazar para archivar el proyecto de ley. A continuación, el Pleno conoció y analizó los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del Ecuador durante el período 2023-2025, con las intervenciones de Fernando Jaramillo, Edwin Jarrín y Mónica Salazar, quienes expusieron sus criterios sobre las variaciones patrimoniales registradas en las declaraciones de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la transparencia en la administración de recursos públicos y la necesidad de verificar la información patrimonial mediante los organismos de control competentes; concluido el debate, se aprobó con 85 votos afirmativos la resolución presentada por Fernando Jaramillo, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio inicie un proceso de fiscalización y presente un informe en el plazo máximo de 90 días, además de notificar a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Fiscalía General del Estado. Al inicio de la sesión intervino Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales, solicitud que fue aprobada con 86 votos afirmativos. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, con la participación temporal de Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general.

001_CONVOCATORIA_SESION_104-AN-2025-2029_28-06-26 El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y resolvió sobre el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad e inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, orientado a fortalecer la planificación territorial, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión del suelo y los mecanismos de control y regulación urbanística. Durante este debate intervinieron los asambleístas Lucía Pozo, Julio Lasso, Cristian Benavides, Patricia Núñez, Nuria Butiñá y Juan Reyes, quienes expusieron sus criterios sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo, el dictamen de la Corte Constitucional, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la adecuada planificación territorial; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la primera parte de la moción presentada por Lucía Pozo para acoger los textos adecuados conforme al dictamen de la Corte Constitucional y, con 82 votos afirmativos, la segunda parte correspondiente al allanamiento a la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Ejecutivo. Posteriormente, se conoció en segundo debate el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, con las intervenciones de los asambleístas Lucía Pozo, Lizardo Casanova, Karolina Dueñas, Janeth Cabezas, John Polanco, Cristian Benavides, Julio Lasso, Pablo Jurado, José Nango y Samuel Celleri, quienes abordaron la importancia de la autonomía territorial, la descentralización administrativa, el acceso a los servicios públicos, la delimitación territorial, la distribución de recursos económicos y la necesidad de garantizar una transición institucional, financiera y administrativa que permita el funcionamiento del nuevo cantón sin afectar la continuidad de los servicios en el cantón Eloy Alfaro; concluido el debate, se aprobó por unanimidad la moción presentada por Samuel Celleri para aprobar el Proyecto de Ley de Creación del Cantón Borbón. A continuación, el Pleno conoció y debatió sobre la presunta participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) en la operación de los sistemas de videovigilancia del Distrito Metropolitano de Quito, con las intervenciones de los asambleístas Inés Alarcón, Franklin Samaniego, Adrián Castro, Juan González, Christopher Jaramillo, Fernando Cedeño y Mauricio Ordóñez, quienes expusieron sus criterios sobre las denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los posibles riesgos para la seguridad ciudadana, la privacidad de las personas y la protección de información estratégica, así como la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes; concluido el debate, se aprobó con 81 votos afirmativos la resolución presentada por Inés Alarcón, mediante la cual se dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inicie un proceso de fiscalización y presente, en el plazo máximo de 90 días, un informe con sus conclusiones, observaciones y recomendaciones. Al inicio de la sesión intervino Inés Alarcón, quien presentó la solicitud de cambio del orden del día para incorporar el tratamiento de la presunta participación de exfuncionarios de la SENAIN en los sistemas de videovigilancia de Quito, solicitud que fue aprobada con 82 votos afirmativos. Además, en comisión general intervino Klever Vaca, representante del Distrito 4400 de Rotary Internacional, organización que recibió un acuerdo legislativo en reconocimiento a su trayectoria y aportes al servicio humanitario en el Ecuador. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, con la participación temporal de Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta, quien asumió la dirección de la sesión; actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

002_INFORME_PARA_SEGUNDO_DEBATE_16-07-26.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción, orientado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar mediante la reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales y administrativos, la eliminación de trámites duplicados, el establecimiento de plazos máximos para la investigación familiar, la declaratoria de adoptabilidad, la evaluación de idoneidad de los adoptantes, el emparentamiento y la inscripción de las sentencias de adopción, así como la incorporación de sanciones por el incumplimiento injustificado de los plazos, el fortalecimiento del seguimiento posadoptivo, la protección del interés superior del niño y el acceso a oportunidades educativas para adolescentes que egresan de las instituciones de acogida. Previamente, en comisión general, intervinieron John Vargas y Jenny Fernández, padres adoptivos, quienes compartieron su experiencia familiar y expusieron las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes debido a la prolongación de los procesos de adopción y la permanencia en las casas de acogida. Durante el debate intervinieron los asambleístas Diana Jácome, Edmundo Cerda, Isaac Solano, Blasco Luna, Jorge Chamba, Juan Reyes, Paola Jaramillo, Diana Blacio, Josebeth Jaramillo, Naila Quintana, Carmen Tiupul, Mauricio Ordóñez, Luciana Zapata, Bruno Pino, Diego Rosero, Rebeca Veloz, Jorge Guevara y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de adopción, garantizar la protección integral de los menores de edad, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, establecer controles y mecanismos de seguimiento a las casas de acogida, asegurar la disponibilidad de recursos económicos y personal especializado, garantizar el debido proceso y los derechos de las familias biológicas y adoptantes, así como prevenir la discriminación y asegurar que la reducción de los tiempos procesales no afecte la seguridad ni el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Concluido el debate, se aprobó con 118 votos afirmativos, cero negativos y 25 abstenciones la moción presentada por Diana Jácome para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

003_ACTA_110-AN-2025-2029_PLENO_28-07-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción, orientado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar mediante la reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales y administrativos, la eliminación de trámites duplicados, el establecimiento de plazos máximos para la investigación familiar, la declaratoria de adoptabilidad, la evaluación de idoneidad de los adoptantes, el emparentamiento y la inscripción de las sentencias de adopción, así como la incorporación de sanciones por el incumplimiento injustificado de los plazos, el fortalecimiento del seguimiento posadoptivo, la protección del interés superior del niño y el acceso a oportunidades educativas para adolescentes que egresan de las instituciones de acogida. Previamente, en comisión general, intervinieron John Vargas y Jenny Fernández, padres adoptivos, quienes compartieron su experiencia familiar y expusieron las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes debido a la prolongación de los procesos de adopción y la permanencia en las casas de acogida. Durante el debate intervinieron los asambleístas Diana Jácome, Edmundo Cerda, Isaac Solano, Blasco Luna, Jorge Chamba, Juan Reyes, Paola Jaramillo, Diana Blacio, Josebeth Jaramillo, Naila Quintana, Carmen Tiupul, Mauricio Ordóñez, Luciana Zapata, Bruno Pino, Diego Rosero, Rebeca Veloz, Jorge Guevara y Jahiren Noriega, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de adopción, garantizar la protección integral de los menores de edad, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, establecer controles y mecanismos de seguimiento a las casas de acogida, asegurar la disponibilidad de recursos económicos y personal especializado, garantizar el debido proceso y los derechos de las familias biológicas y adoptantes, así como prevenir la discriminación y asegurar que la reducción de los tiempos procesales no afecte la seguridad ni el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Concluido el debate, se aprobó con 118 votos afirmativos, cero negativos y 25 abstenciones la moción presentada por Diana Jácome para aprobar el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción. La sesión fue presidida por Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general. No se registraron principalizaciones de asambleístas durante la sesión

003_ACTA_115-AN-2025-2029_PLENO_13-08-2026.pdf El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para Reforzar el Derecho a la Dignidad, Reputación, Honor e Imagen de Niñas, Niños y Adolescentes, orientado a fortalecer la protección integral de los menores de edad en los entornos digitales mediante la regulación del acceso y uso de las redes sociales según rangos de edad, la prevención del ciberacoso, la explotación sexual infantil, la captación de menores por organizaciones delictivas y otras formas de violencia digital, así como el establecimiento de obligaciones para las plataformas tecnológicas relacionadas con la verificación de edad, la protección de datos personales, la privacidad de las cuentas, la eliminación de contenidos que vulneren los derechos de los menores y la aplicación de sanciones administrativas y económicas por incumplimiento. Durante el debate intervinieron los asambleístas Janeth Cabezas, Katherine Pacheco, Dina Farinango, Saadin Serrano, Rebeca Veloz, Maite Levi, Ricardo Patiño, Roñal González, Esteban Torres, Inés Alarcón y Marco Olmedo, quienes expusieron sus criterios y observaciones sobre la necesidad de establecer restricciones de acceso a redes sociales para menores de edad, garantizar mecanismos efectivos de verificación de identidad y control parental, fortalecer la educación y alfabetización digital, prevenir los riesgos relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y sus posibles afectaciones a la salud mental, proteger la intimidad y los datos personales, promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como garantizar que las disposiciones propuestas sean técnicamente aplicables y guarden concordancia con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Asimismo, se plantearon diferentes posiciones respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para menores de quince años, la conveniencia de establecer restricciones progresivas según la edad y madurez de los adolescentes, la responsabilidad de las empresas tecnológicas, la aplicación efectiva de sanciones a plataformas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de los organismos competentes para prevenir y sancionar los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes. Debido a que existían intervenciones y observaciones pendientes, se suspendió el debate del proyecto para continuar su tratamiento posteriormente, sin someterlo a votación. Previamente, en comisión general intervino Edwin Jarrín, quien destacó la historia, identidad cultural y aportes del pueblo macabeo de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, al que se entregó un acuerdo legislativo y una condecoración en reconocimiento a su contribución a la preservación de la identidad, la memoria colectiva y la herencia ancestral de la Amazonía ecuatoriana. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, y actuó como secretario Jorge López, prosecretario general de la Asamblea Nacional.

001_CONVOCATORIA_SESION_123-AN-2025-2029_13-09-26 El Pleno de la Asamblea Nacional designó, con 84 votos afirmativos, a la asambleísta Diana Patricia Blacio Carrión como integrante del Comité de Ética, a partir de la moción presentada por Marco Olmedo; conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de Inteligencia Artificial en el Ecuador, con las intervenciones de Rosa Cecilia Baltazar, Julio Lasso, Pablo Jurado y Ana Belén Yela, aprobándose con 88 votos afirmativos la moción de Rosa Cecilia Baltazar para archivar el proyecto; y conoció y resolvió respecto del informe de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en Guayaquil, con las intervenciones de Inés Alarcón, Saadin Serrano, Luigi García, Rebeca Veloz, Sergio Peña, Álex Morán, Isaac Solano, Juan Andrés González, Andrés Castillo, Jhajaira Urresta, Jorge Chamba y Mauricio Ordóñez, aprobándose con 85 votos afirmativos la moción de Inés Alarcón que dispuso remitir el informe a la Fiscalía General del Estado, solicitar exámenes a la Contraloría y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, y exhortar a ECU 911 y a Segura EP a fortalecer sus controles y mecanismos de trazabilidad. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional (con la dirección temporal de Luis Esteban Torres Cobo, primer vicepresidente, durante el tercer punto), y actuaron en la Secretaría Jorge Enrique López Terán y Laura Vanessa Flores Arias, secretario general y prosecretaria general, respectivamente.

002_INFORME_PARA_PRIMER_DEBATE_31-08-26 El Pleno de la Asamblea Nacional designó, con 84 votos afirmativos, a la asambleísta Diana Patricia Blacio Carrión como integrante del Comité de Ética, a partir de la moción presentada por Marco Olmedo; conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de Inteligencia Artificial en el Ecuador, con las intervenciones de Rosa Cecilia Baltazar, Julio Lasso, Pablo Jurado y Ana Belén Yela, aprobándose con 88 votos afirmativos la moción de Rosa Cecilia Baltazar para archivar el proyecto; y conoció y resolvió respecto del informe de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en Guayaquil, con las intervenciones de Inés Alarcón, Saadin Serrano, Luigi García, Rebeca Veloz, Sergio Peña, Álex Morán, Isaac Solano, Juan Andrés González, Andrés Castillo, Jhajaira Urresta, Jorge Chamba y Mauricio Ordóñez, aprobándose con 85 votos afirmativos la moción de Inés Alarcón que dispuso remitir el informe a la Fiscalía General del Estado, solicitar exámenes a la Contraloría y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, y exhortar a ECU 911 y a Segura EP a fortalecer sus controles y mecanismos de trazabilidad. La sesión fue presidida por Mishel Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional (con la dirección temporal de Luis Esteban Torres Cobo, primer vicepresidente, durante el tercer punto), y actuaron en la Secretaría Jorge Enrique López Terán y Laura Vanessa Flores Arias, secretario general y prosecretaria general, respectivamente.