ACTA_077-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orientado a adecuar la normativa a la Constitución y al COOTAD, definir las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y de la Agencia Nacional, fortalecer la seguridad vial, regular contravenciones, puntos en las licencias, sanciones por conducción bajo efectos de alcohol, transporte informal, SOAT y FONSAT, capacitación, afiliación a la seguridad social, tarifas diferenciadas y protección de grupos vulnerables. Previamente, Abdalá Bucaram propuso que las Fuerzas Armadas colaboren temporalmente con la Policía en seguridad ciudadana, moción que fue negada; Línder Altafuya logró incorporar al orden del día el análisis de una resolución contra la prescripción de la acción penal por el asesinato de Jaime Hurtado y sus acompañantes, aunque este asunto no llegó a tratarse; y Magaly Orellana planteó exhortar al respeto de las mujeres frente a expresiones ofensivas, propuesta que no fue aceptada. En comisión general, Ricardo Onofre, Jorge Calderón y Sandra Carrera solicitaron participación de los gremios de choferes, sanciones al transporte informal, garantías para escuelas de conducción, cajas de cesantía, estabilidad laboral y continuidad institucional de la Comisión de Tránsito del Guayas. Saruka Rodríguez presentó el informe de la Comisión; Juan Carlos Cassinelli, Silvia Salgado, Aminta Buenaño, Lídice Larrea y otros respaldaron mantener transitoriamente a la Comisión de Tránsito del Guayas, fortalecer la descentralización y endurecer controles; mientras Enrique Herrería, Andrés Roche, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Alfredo Ortiz y Andrés Páez cuestionaron la presentación de observaciones ajenas al informe, la eventual afectación de competencias municipales, la falta de control efectivo sobre infracciones, las facilidades para recuperar puntos, la proporcionalidad de las sanciones, la obligatoriedad de escuelas de conducción y la precariedad laboral de los choferes. Fernando Vélez propuso que el Estado asuma el costo del SOAT; Edwin Vaca y Gido Vargas solicitaron sanciones claras para conductores extranjeros e informales en zonas fronterizas; Guillermina Cruz pidió incluir responsabilidades por mala señalización vial, tarifas preferenciales para estudiantes y protección a transportistas con discapacidad; Pedro de la Cruz planteó revisar el requisito de bachillerato para licencias profesionales y garantizar seguridad social; y Zobeida Gudiño solicitó permitir que personas con discapacidad sean socias de cooperativas de transporte. El debate quedó suspendido, sin votación final, para continuar con el análisis de las observaciones.
Sin títuloACTA_048-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum y se reinstaló la sesión, dando lectura a la convocatoria y al orden del día centrado en la continuación del segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. El asambleísta ponente, Francisco Velasco, presidente de la Comisión, expuso los cambios incorporados al articulado a partir de las observaciones recogidas en el debate previo, fundamentados en el art. 286 de la Constitución, ratificando la prohibición de que el Banco Central (BC) adquiera o invierta en bonos del Estado para financiar gasto corriente, eliminando la posibilidad de que el BC capte títulos del sistema financiero privado, restringiendo las operaciones de reporto exclusivamente a instituciones del sistema financiero público con títulos avalados por el Estado, y corrigiendo la coordinación para la transferencia de bienes culturales del BC al Sistema Nacional de Cultura, que pasa a realizarse con el Instituto Nacional de Patrimonio en lugar del Fondo de Salvamento. Tras un breve incidente con el asambleísta Herrería que el Presidente debió moderar, se sometió a votación el informe para segundo debate, obteniéndose en una primera ronda 59 votos afirmativos, 52 negativos, 2 en blanco y 8 abstenciones; a pedido de la asambleísta Magaly Orellana se rectificó la votación, surgiendo un inconveniente con la tarjeta electrónica del asambleísta Washington Cruz, quien manifestó no poder votar por habérsele retirado la tarjeta al ingresar. En la votación definitiva se registraron 59 votos afirmativos, 59 negativos, cero en blanco y 3 abstenciones, resultado con el cual el informe no fue aprobado.
Sin títuloACTA_103-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó una resolución para exhortar al Ministerio de Cultura a establecer academias de música y artes destinadas a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, inicialmente en Peguche y en homenaje a Jesús Fichamba; también se solicitó al Municipio de Otavalo asignar un terreno y crear un plan nacional para fomentar el arte y la música. Posteriormente, se aprobó declarar a San Pedro de Riobamba como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica del Ecuador, en reconocimiento a su oferta educativa, instituciones de educación superior, ubicación estratégica y contribución académica, social y económica. Asimismo, se aprobó por unanimidad expresar solidaridad con la provincia de Imbabura por las afectaciones provocadas por las lluvias y el aluvión, y solicitar la atención de los damnificados, la rehabilitación de la infraestructura, los servicios básicos y la producción agrícola. Finalmente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que planteaba permitir el apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para la protección interna y el mantenimiento del orden público. Quienes respaldaron la propuesta sostuvieron que era constitucional y necesaria para enfrentar la inseguridad, mientras que sus opositores advirtieron sobre el riesgo de militarizar la sociedad, afectar los derechos humanos, emplear a los militares contra protestas sociales y conceder excesiva discrecionalidad al Ejecutivo, por lo que propusieron fortalecer a la Policía y utilizar el estado de excepción únicamente en situaciones extraordinarias. Intervinieron Gioconda Saltos, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Paco Fierro, Luis Morales, Paco Moncayo, Gerónimo Yantalema, Celso Maldonado, Silvia Salgado, Marisol Peñafiel, Ramiro Terán, Raúl Abad, César Montúfar, Lourdes Tibán, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Magaly Orellana, Línder Altafuya y María Calle; la sesión fue suspendida sin que se votara el proyecto reformatorio.
Sin títuloACTA_141-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron el momento de las elecciones presidenciales y legislativas, la separación de los comicios locales, la fórmula para asignar escaños, la representación de las minorías, la gobernabilidad y el riesgo de modificar las reglas electorales en función de intereses políticos. También se debatieron la licencia de las autoridades que busquen la reelección, la igualdad de condiciones entre los candidatos, la prohibición de utilizar recursos e infraestructura estatal y propaganda gubernamental durante la campaña, el silencio electoral, la publicación de resultados y actas, el conteo manual de votos y los procedimientos de impugnación y apelación. Se incorporaron disposiciones sobre paridad, alternancia y secuencialidad entre hombres y mujeres, así como sanciones económicas por actos de presión, hostigamiento o amenazas destinados a impedir que una mujer acceda a un cargo de elección popular o ejerza sus funciones. El texto aprobado estableció que las elecciones presidenciales, legislativas y del Parlamento Andino se realicen el mismo día; adoptó para la asignación de escaños una fórmula basada en divisores impares; reguló las juntas electorales, los plazos de la justicia electoral, la publicidad pública autorizada excepcionalmente por el Consejo Nacional Electoral y las obligaciones de los movimientos políticos. La reforma fue aprobada, la rectificación confirmó el resultado y la reconsideración fue negada. Intervinieron Jorge Escala, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Fernando González, María Romo, Andrés Roche, Marisol Peñafiel, Fernando Flores, Xavier Tomalá, Silvia Salgado, Elvis Maldonado, Virgilio Hernández, César Montúfar, Andrés Páez, Galo Lara, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Magaly Orellana, Tito Mendoza, Bolívar Subía, Betty Amores, Mariángel Muñoz, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, María Calle, Lenin Chica, Betty Carrillo y Mauro Andino.
Sin títuloACTA_191-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto reformatorio de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y se intentó elegir a las autoridades de la comisión encargada de analizar el informe anual del Presidente de la República. En el debate legislativo existió un respaldo general a la incorporación de los gobiernos parroquiales rurales como accionistas y miembros del Directorio y de la Comisión Ejecutiva del Banco del Estado, al considerarse que constituían el nivel de gobierno más cercano a las comunidades y necesitaban participar directamente en las decisiones relacionadas con el financiamiento de obras, servicios básicos, vialidad, agua potable, alcantarillado, producción y desarrollo rural; sin embargo, se advirtió que la sola representación no garantizaba el acceso efectivo a los recursos, por lo que se propuso reservar porcentajes de crédito para las parroquias, brindarles asistencia técnica para preparar estudios y proyectos, distribuir equitativamente los recursos petroleros, priorizar las zonas fronterizas y amazónicas, evitar que una misma persona representara a varios niveles de gobierno y asegurar que todos los integrantes del Directorio contaran con alternos. También se planteó incluir en el Directorio a los gobiernos regionales, distritos metropolitanos y regímenes especiales, equilibrar la representación de los gobiernos autónomos frente al Gobierno central, mantener o justificar adecuadamente la exclusión del representante de los trabajadores, corregir la denominación del Ministerio de Finanzas y establecer que los préstamos se destinaran prioritariamente a infraestructura y servicios esenciales, evitando inversiones que no respondieran a las necesidades urgentes de la población; concluido el primer debate, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones presentadas. Posteriormente, Mary Verduga propuso a Hólger Chávez como presidente y a Xavier Tomalá como vicepresidente de la comisión que debía examinar el informe presidencial, pero la moción fue negada con cincuenta votos afirmativos, treinta y ocho negativos y seis abstenciones; Marco Murillo presentó otra fórmula integrada por Magaly Orellana y Francisco Cisneros, que tampoco fue aprobada, al obtener cuarenta y ocho votos afirmativos, cuarenta y siete negativos, un blanco y tres abstenciones. Richard Guillén propuso después a Mary Verduga y Francisco Cisneros, pero Verduga no aceptó la candidatura; Eduardo Encalada planteó finalmente a Hólger Chávez y Francisco Cisneros, fórmula que tampoco llegó a votarse porque Chávez rechazó participar junto al representante de Sociedad Patriótica y desistió de presidir la comisión, por lo que las autoridades no fueron elegidas y la sesión fue clausurada, quedando los integrantes obligados a preparar el informe correspondiente. Intervinieron Marisol Peñafiel, Jimmy Pinoargote, Luis Morales, Edwin Vaca, Xavier Tomalá, Paco Moncayo, José Picoita, Guillermina Cruz, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, Carlos Samaniego, Hólger Chávez, Mary Verduga, Marco Murillo y Richard Guillén.
Sin títuloACTA_050-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva, se constató el quórum y se instaló la sesión con la lectura de la convocatoria y el orden del día, que incluía el himno nacional y el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, calificado por el Presidente de la República con carácter económico-urgente; antes de entrar a este punto se presentaron y votaron (todas rechazadas, con sus respectivas rectificaciones) varias solicitudes de cambio del orden del día: la del asambleísta Murillo para incorporar un mecanismo de consulta prelegislativa, la de Escala para devolver el proyecto al Ejecutivo por presunta inconstitucionalidad, la de Fierro para tratar primero la consulta previa a pueblos indígenas, y la de Cobo para analizar la validez de una sesión anterior. Tras entonarse el himno, se dio lectura al informe de la Comisión de Régimen Económico y Tributario (ponente Francisco Velasco Andrade), que detallaba antecedentes, comparecencias de funcionarios y representantes del sector petrolero (Carlos Marx Carrasco, Andrés Donoso, Wilson Pástor, Jorge Pareja Cucalón, José Luis Ziritt, Gustavo Pinto) y el análisis del cambio de contratos de participación a contratos de prestación de servicios, la creación de la Secretaría de Hidrocarburos y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), el margen de soberanía del 25%, la reducción del impuesto a la renta al 25% y la limitación de utilidades laborales al 3%. En el debate intervinieron numerosos asambleístas: Velasco defendió el proyecto como un mecanismo para frenar la caída de inversión y producción; Moncayo, Orellana, Cabezas, Encalada, Quevedo, Viteri, Guzmán, Aguilar, Dávila, Kon, Amores, Páez, Rodríguez César, Escala y Almeida plantearon observaciones que iban desde cuestionamientos de inconstitucionalidad (unidad de materia, reforma de ley orgánica mediante ley ordinaria, vulneración de derechos laborales, falta de licitación para empresas estatales) hasta sugerencias técnicas sobre tarifas, plazos transitorios, la naturaleza jurídica de la nueva Agencia (algunos proponían convertirla en Superintendencia) y la necesidad de consulta prelegislativa; durante el debate la dirección de la sesión fue asumida temporalmente por la primera vicepresidenta Irina Cabezas y luego retomada por Cordero. Hacia el final, la asambleísta Magaly Orellana presentó una moción para archivar el proyecto por considerarlo inconstitucional e ilegal, la cual fue sometida a votación en dos ocasiones (incluida una rectificación), resultando rechazada ambas veces por mayoría simple, por lo que el conjunto del debate quedó remitido a la Comisión correspondiente para continuar su trámite.
Sin títuloACTA_081-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, que reguló el orden de reemplazo de alternos de asambleístas, concejales y vocales de juntas parroquiales cuando estos no puedan asistir; sustituyó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas” para efectos del Fondo Partidario Permanente; permitió, de manera transitoria y hasta el siguiente proceso electoral pluripersonal, distribuir dicho fondo con base en la participación y resultados electorales de 2009 mientras las organizaciones culminaban su inscripción o reinscripción; y precisó el período de vicealcaldes y de integrantes de comisiones legislativas municipales y parroquiales. María Paula Romo, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Vicente Taiano y Fernando Cordero defendieron la reforma como un mecanismo para viabilizar un mandato constitucional, fortalecer las organizaciones políticas y evitar su dependencia de aportes privados, mientras César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo cuestionaron su constitucionalidad, un posible conflicto de intereses y que se convierta en una distribución de recursos públicos a agrupaciones no inscritas; Jorge Escala apoyó la entrega únicamente a organizaciones que cumplieran los requisitos constitucionales, Rocío Valarezo solicitó incluir a movimientos provinciales y regionales, y Magaly Orellana objetó la incorporación de reformas adicionales al texto inicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con setenta y nueve votos afirmativos, seis negativos, cinco blancos y dieciocho abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, en primer debate se trató la Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 sobre asignaciones provenientes de la venta de energía de las hidroeléctricas Paute, Pisayambo y Agoyán, que planteó mantener las rentas destinadas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, reasignar los recursos antes administrados por el extinto CREA a los gobiernos provinciales, en coordinación con municipios y juntas parroquiales, y destinarlos principalmente a protección de cuencas, páramos, reforestación y gestión ambiental. Virgilio Hernández defendió el informe; Gioconda Saltos solicitó que el cálculo se realice sobre la venta efectiva de energía, ampliar los usos a vialidad y obra social y cancelar valores pendientes; Luis Morales, Betty Carrillo y Juan Carlos López defendieron los recursos para Tungurahua como compensación por los impactos ambientales y turísticos de las centrales; Paco Fierro, Mauro Andino, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Armando Aguilar pidieron incorporar a Chimborazo y a otras provincias aportantes de recursos hídricos; María Molina planteó ajustes por la supresión del CREA y cuestionó considerar al agua como recurso no renovable; Guillermina Cruz solicitó una ley general que incluya a todas las provincias con proyectos hidroeléctricos, y Fernando Cordero propuso avanzar directamente hacia una norma nacional que distribuya recursos sin disminuir los ya existentes. El debate quedó cerrado para que la Comisión recoja las observaciones antes del segundo debate.
Sin títuloACTA_069-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se designó a Libia Rivas y Andrés Segovia como delegados de la Función Legislativa para integrar la comisión ciudadana de selección de los miembros del Consejo de la Judicatura, y a Lorena Cáceres y Juan Pablo Pozo para la comisión encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Aminta Buenaño presentó y defendió estas nominaciones, destacando la experiencia y trayectoria profesional de los postulados; Mauro Andino sostuvo que la designación debía resolverse por mayoría simple y respaldó a los candidatos por su perfil técnico y su calidad de funcionarios legislativos. Alfredo Ortiz propuso como alternativa a Cristóbal Napoleón Balanzategui, Gisela Torres, Luz María Otavalo y Abel Zarango, argumentando que los delegados debían ser independientes de la Función Legislativa e incorporar representación indígena; esta postura fue respaldada por Jorge Escala y Francisco Cisneros, quienes solicitaron transparencia, revisión de hojas de vida y garantías de autonomía de las entidades de justicia. Cynthia Viteri cuestionó la falta de verificación pública de los requisitos y documentos de respaldo de los candidatos, mientras Andrés Páez, Magaly Orellana y Luis Almeida plantearon observaciones sobre las excusas y reemplazos de legisladores ausentes. La designación propuesta por Buenaño fue aprobada y la reconsideración solicitada posteriormente fue negada. También se debatió una resolución presentada por Alfredo Ortiz para garantizar los derechos humanos y el debido proceso de las personas en situación migratoria irregular en Galápagos, promover la participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y exhortar a la Defensoría del Pueblo a establecer una estructura institucional en la provincia; Ortiz defendió que la regulación migratoria no podía derivar en expulsiones arbitrarias, mientras Ángel Vilema sostuvo que el control y la regularización eran necesarios para proteger el ecosistema de Galápagos y cuestionó que existieran vulneraciones de derechos, y Luis Almeida defendió la libertad de circulación de los ecuatorianos dentro del territorio nacional. La resolución no obtuvo los votos necesarios, incluso después de su rectificación.
Sin títuloACTA_082-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, que reguló el orden de reemplazo de alternos de asambleístas, concejales y vocales de juntas parroquiales cuando estos no puedan asistir; sustituyó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas” para efectos del Fondo Partidario Permanente; permitió, de manera transitoria y hasta el siguiente proceso electoral pluripersonal, distribuir dicho fondo con base en la participación y resultados electorales de 2009 mientras las organizaciones culminaban su inscripción o reinscripción; y precisó el período de vicealcaldes y de integrantes de comisiones legislativas municipales y parroquiales. María Paula Romo, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Vicente Taiano y Fernando Cordero defendieron la reforma como un mecanismo para viabilizar un mandato constitucional, fortalecer las organizaciones políticas y evitar su dependencia de aportes privados, mientras César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo cuestionaron su constitucionalidad, un posible conflicto de intereses y que se convierta en una distribución de recursos públicos a agrupaciones no inscritas; Jorge Escala apoyó la entrega únicamente a organizaciones que cumplieran los requisitos constitucionales, Rocío Valarezo solicitó incluir a movimientos provinciales y regionales, y Magaly Orellana objetó la incorporación de reformas adicionales al texto inicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con setenta y nueve votos afirmativos, seis negativos, cinco blancos y dieciocho abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, en primer debate se trató la Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 sobre asignaciones provenientes de la venta de energía de las hidroeléctricas Paute, Pisayambo y Agoyán, que planteó mantener las rentas destinadas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, reasignar los recursos antes administrados por el extinto CREA a los gobiernos provinciales, en coordinación con municipios y juntas parroquiales, y destinarlos principalmente a protección de cuencas, páramos, reforestación y gestión ambiental. Virgilio Hernández defendió el informe; Gioconda Saltos solicitó que el cálculo se realice sobre la venta efectiva de energía, ampliar los usos a vialidad y obra social y cancelar valores pendientes; Luis Morales, Betty Carrillo y Juan Carlos López defendieron los recursos para Tungurahua como compensación por los impactos ambientales y turísticos de las centrales; Paco Fierro, Mauro Andino, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Armando Aguilar pidieron incorporar a Chimborazo y a otras provincias aportantes de recursos hídricos; María Molina planteó ajustes por la supresión del CREA y cuestionó considerar al agua como recurso no renovable; Guillermina Cruz solicitó una ley general que incluya a todas las provincias con proyectos hidroeléctricos, y Fernando Cordero propuso avanzar directamente hacia una norma nacional que distribuya recursos sin disminuir los ya existentes. El debate quedó cerrado para que la Comisión recoja las observaciones antes del segundo debate.
Sin títuloACTA_139-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a las demás especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción, mediante la conservación de sus hábitats, la prohibición de la caza, captura, recolección, tenencia, transporte y comercialización, la elaboración de inventarios, la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos locales, la creación de una instancia nacional de protección y la aplicación de sanciones administrativas. Aunque existió respaldo general a la iniciativa, se propuso ampliar su enfoque y modificar su denominación para que comprendiera integralmente a todas las especies; avanzar hacia un código ambiental; actualizar los registros de especies amenazadas; promover centros de rescate, reproducción y estaciones científicas; regular la introducción de especies exóticas, la caza deportiva, la pesca destructiva, el tráfico de vida silvestre y el aprovechamiento científico de los recursos genéticos; proteger los ecosistemas, páramos, bosques y áreas naturales; y establecer excepciones controladas para la investigación, rehabilitación y reproducción. También se planteó incorporar la participación, los conocimientos y la jurisdicción de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; diferenciar sus prácticas tradicionales de las actividades depredadoras; precisar las competencias institucionales; evitar márgenes excesivos de discrecionalidad, contradicciones entre sanciones administrativas y penales y duplicaciones normativas; y garantizar recursos económicos para que la ley pudiera aplicarse. Varios legisladores cuestionaron además la contradicción entre la protección ambiental y las actividades mineras, petroleras, madereras y agrícolas que destruyen los hábitats; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Posteriormente, se analizó y aprobó una resolución que exhortó al Ejecutivo a mantener el subsidio al combustible utilizado en el transporte aéreo hacia Galápagos, conservar el descuento del cincuenta por ciento en los pasajes de sus residentes, aplicar el mismo porcentaje al transporte de alimentos perecibles y medicinas y considerar el subsidio vigente para los habitantes de las zonas fronterizas y amazónicas, debido a las dificultades de acceso, las distancias, las necesidades de salud y movilidad, la dependencia del turismo y el posible incremento del costo de vida; la propuesta obtuvo ciento nueve votos afirmativos, cuatro blancos y seis abstenciones, y su reconsideración fue negada. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Consuelo Flores, Francisco Ulloa, Fernando Bustamante, Luis Morales, Guido Vargas, Leonardo Viteri, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, María Augusta Calle, María Paula Romo, Zobeida Gudiño, María Molina, Cléver Jiménez, María Soledad Vela, Magaly Orellana, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Francisco Cisneros, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.
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