ACTA_142-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se incorporaron al orden del día una propuesta para reconocer la importancia histórica de la Batalla de Camino Real y establecer una fecha de conmemoración nacional, asunto que no llegó a tratarse posteriormente, y una resolución de homenaje a los periodistas ecuatorianos, en cuyo debate se destacó el legado de Eugenio Espejo, la importancia del periodismo para la democracia, los riesgos que enfrentan quienes ejercen esta profesión, sus condiciones laborales, la libertad de expresión, la responsabilidad ética, la honra de las personas, la censura y autocensura en los medios y los procesos judiciales relacionados con publicaciones y opiniones; tras posiciones contrapuestas sobre la relación entre el Gobierno, la prensa y la Función Judicial, se aprobó una resolución que expresó respeto y solidaridad con los periodistas y la voluntad de vigilar el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión en todos los ámbitos comunicacionales. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma tributaria relacionada con la caución equivalente a un porcentaje de la obligación impugnada y con la facultad de los funcionarios encargados de la ejecución coactiva para disponer el arraigo o la prohibición de salida del país; algunos legisladores consideraron que estas medidas eran necesarias para evitar recursos dilatorios, fortalecer la cultura tributaria y garantizar el pago de las obligaciones, mientras otros sostuvieron que condicionaban el acceso gratuito a la justicia, discriminaban a quienes carecían de recursos, vulneraban la presunción de inocencia y debían eliminarse, planteándose también exonerar del afianzamiento a los reclamos de menor cuantía y solicitar nuevos pronunciamientos constitucionales; el primer debate concluyó sin votación y las observaciones fueron remitidas a la comisión. Finalmente, continuó el segundo debate de la reforma sobre las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, orientada a permitirles constituir capital propio, reconocer derechos económicos y de propiedad a sus socios mediante certificados de aportación, garantizar voz y voto independientemente del capital aportado, limitar la concentración de la propiedad, ampliar sus inversiones y servicios financieros e inmobiliarios, fortalecer su solvencia y facilitar la recuperación por vía coactiva de pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas; también se discutieron la responsabilidad de accionistas y administradores, la conveniencia de que todos respondieran por los perjuicios y no únicamente quienes superaran determinado porcentaje de participación, y el procedimiento para elegir al defensor del cliente, cuestionándose que su designación dependiera de la autoridad de control en lugar de los propios socios. Ante la necesidad de realizar ajustes técnicos y jurídicos, el proyecto regresó a la comisión y la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Mercedes Diminich, César Rodríguez, María Augusta Calle, María Paula Romo, César Montúfar, Lenín Chica, Stalin Subía, Paco Moncayo, Luis Morales, Francisco Velasco, César Gracia, Betty Amores, Jimmy Pinoargote, Vicente Taiano, Luis Almeida, Fausto Cobo, Juan Carlos Cassinelli, Salomón Fadul, Eduardo Encalada, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, José Portugal, Viviana Bonilla y Jorge Escala; Fernando Cordero dirigió la sesión, Pedro de la Cruz y Juan Carlos Cassinelli asumieron temporalmente su conducción y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.
Sin títuloACTA_152-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se planteó, aunque no prosperó, incorporar el tratamiento de la situación de los servidores públicos desvinculados mediante la compra obligatoria de renuncias; se aprobó declarar héroe nacional al coronel Luis Vargas Torres, destacando su contribución a la Revolución Liberal, la defensa de las libertades, el laicismo, la democracia y su legado para la historia nacional; y se debatió la suspensión y revisión del proceso de acreditación de héroes y heroínas nacionales vinculados con los conflictos armados, ante denuncias sobre la inclusión de personas que no habrían participado directamente y la exclusión de militares, reservistas y civiles que sí intervinieron, analizándose los criterios para diferenciar a héroes, combatientes y personal que cumplió otras funciones, la transparencia de los listados y la necesidad de revisar la normativa. También se resolvió negar la autorización para iniciar una causa penal contra Enrique Herrería, al considerar que sus actuaciones estaban relacionadas con el ejercicio de la fiscalización legislativa, y se discutieron los alcances de la inmunidad parlamentaria, la libertad de expresión, la responsabilidad por las declaraciones y la prohibición de confundir inmunidad con impunidad. Asimismo, se desarrolló el primer debate de la reforma relacionada con la erradicación de la fiebre aftosa, abordando la sustitución de la comisión existente por una estructura de sanidad agropecuaria, las campañas de vacunación, el control y registro del ganado, la colocación de aretes, la participación de productores, la asignación de recursos, la situación laboral de los trabajadores y la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y mejorar la producción ganadera; finalmente, se inició el primer debate sobre la protección ambiental del ecosistema manglar, con exposiciones acerca de su conservación y restauración, los derechos de las comunidades ancestrales, la actividad camaronera, la productividad acuícola, la contaminación, la reducción de especies, las afectaciones económicas y sociales a concheros y cangrejeros, y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y las actividades productivas. Intervinieron Lourdes Tibán, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, María Paula Romo, Denny Cevallos, César Gracia, Mary Verduga, Vicente Taiano, Enrique Herrería, Paola Pabón, Luis Morales, Elvis Maldonado, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Germán Páez, Kléver García, Linda Machuca, Fernando Aguirre, Paco Fierro, Rolando Panchana, Vethowen Chica, Irina Cabezas, María Molina, Betty Carrillo, Mercedes Diminich, Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, Stalin Subía, José Antonio Camposano y María Dolores Vera.
Sin títuloACTA_184-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conformó una comisión multipartidista para analizar el informe presentado por el Ejecutivo, luego de debatirse la falta de revisión de los informes de años anteriores, la necesidad de garantizar la representación de las distintas fuerzas políticas y la conveniencia de evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; la comisión quedó integrada por Xavier Tomalá, Blanca Ortiz, Mary Verduga, Hólger Chávez, Stalin Subía, Francisco Ulloa, Francisco Cisneros, Fernando Flores, Marco Murillo, Magali Orellana y Galo Vaca, y su conformación fue aprobada con ochenta votos afirmativos. Posteriormente se desarrolló el segundo debate del proyecto destinado a derogar la Ley de Burós de Información Crediticia y reformar varias normas relacionadas con los registros públicos y el sistema financiero; la propuesta buscaba sustituir el manejo privado de la información por un registro público que consolidara los datos remitidos por las entidades de control, garantizar al ciudadano acceso gratuito a su historial, exigir su autorización para la consulta individual, establecer mecanismos para corregir información equivocada y sancionar el uso inadecuado de datos personales, además de limitar el tiempo de permanencia de los antecedentes crediticios, proteger a los garantes y atender las obligaciones menores de los deudores de la banca cerrada. Durante el debate se respaldó la eliminación de abusos, cobros indebidos, discriminación y vulneraciones a la intimidad causadas por los burós privados, pero también se advirtió que la desaparición inmediata de estas entidades podía producir información incompleta, elevar la morosidad y afectar la concesión de créditos, por lo que se propuso que el sistema público y el privado funcionaran paralelamente durante un período de transición; además, se plantearon beneficios para agricultores con préstamos pequeños y mejoras en el flujo y actualización de los datos. La votación de este proyecto quedó aplazada a solicitud del ponente para recoger las observaciones y mejorar el texto. También se efectuó el segundo debate del proyecto que derogaba la ley de creación de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, mediante el cual se trasladaban sus competencias a AGROCALIDAD, se disponía su incorporación inmediata en la estructura administrativa de esa entidad y se establecía un período de ciento ochenta días para liquidar al personal, obligaciones y compromisos pendientes; se reconocieron los avances alcanzados por la CONEFA en la cobertura de vacunación, pero se sostuvo que la sanidad animal y la soberanía alimentaria debían estar bajo la rectoría de una institución pública, evitando interrupciones en la vacunación, movilización y atención a los productores ganaderos. El proyecto fue aprobado con setenta y cinco votos afirmativos y su reconsideración y posterior rectificación fueron negadas. Intervinieron Ángel Vilema, Eduardo Encalada, Fernando Flores, Vicente Taiano, Luis Morales, Edwin Vaca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, María Elena Pontón, Stalin Subía, Fernando Vélez, Gerónimo Yantalema, Zobeida Gudiño, Luis Almeida, Irina Cabezas, Kléver García y Rolando Panchana.
Sin títuloACTA_210-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó, con treinta y seis votos afirmativos, trece negativos y veinte abstenciones, la solicitud de Francisco Cisneros para exigir el cumplimiento de la norma que permitía la venta de gas licuado de petróleo a pequeños comerciantes inscritos en el RISE. Posteriormente se rindieron homenajes y se entregaron condecoraciones al embajador Luis Valencia Rodríguez, por su trayectoria diplomática, defensa de la soberanía, los derechos humanos y la tesis de las doscientas millas marítimas, y al pintor, escultor y poeta Ivo Uquillas Bermeo, por su contribución al arte, la cultura y la identidad ecuatoriana. El tema principal fue el primer debate del proyecto interpretativo de la Ley de Jubilación Especial para los Trabajadores de la Industria del Cemento, que buscaba aclarar que el aporte de dos centavos por cada kilo de cemento debía entenderse en sucres hasta enero de 2000 y, desde entonces, en dólares, para que las empresas entregaran al IESS los valores retenidos y se financiaran las pensiones especiales de quienes laboraron expuestos a enfermedades y riesgos profesionales. En comisión general, Oswaldo Maldonado, José Herrera, Jaime Mendoza, Iván Villavicencio y Luis Valle denunciaron el incumplimiento de la ley, la falta de auditorías y pagos, el deterioro de la salud de los trabajadores y la exclusión de quienes fueron tercerizados, despedidos antes de completar las trescientas aportaciones o laboraron menos de veinticinco años, por lo que solicitaron pagos proporcionales y la inclusión de todos los afectados. Durante el debate existió respaldo a la interpretación y se propuso incorporar veedurías de los jubilados, auditorías a las cementeras, sanciones a las empresas y autoridades del IESS que incumplieran, y mecanismos para beneficiar proporcionalmente a ex trabajadores y tercerizados; Fausto Cobo precisó que una ley interpretativa únicamente podía aclarar el tipo de moneda y no reformar otros requisitos, mientras Línder Altafuya sostuvo que la interpretación tendría efecto desde la vigencia de la ley original. La sesión fue suspendida sin concluir el primer debate ni realizar votación, quedando el proyecto pendiente para una sesión posterior. Intervinieron Francisco Cisneros, Luis Valencia Rodríguez, Scheznarda Fernández, Oswaldo Maldonado, José Herrera, Jaime Mendoza, Iván Villavicencio, Luis Valle, Stalin Subía, Línder Altafuya, Fausto Cobo, Silvia Salgado y Marco Murillo.
Sin títuloACTA_225-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto sobre consulta prelegislativa, discutiéndose su alcance, la diferencia entre consulta y consentimiento, su posible carácter vinculante, la representación de los pueblos, las atribuciones de la Asamblea y del Consejo Nacional Electoral y la propuesta de unificar los proyectos existentes; el debate se cerró sin votación. También se leyó el informe del proyecto para fomentar la pesca y la acuicultura, que recomendaba su archivo por deficiencias técnicas, legales y presupuestarias, pero el debate no pudo iniciarse por ausencia de la ponente y la sesión fue suspendida. Intervinieron Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán, Paco Moncayo, Kléver García, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, César Rodríguez, Guido Vargas, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, Stalin Subía, María Molina, Luis Morales, Rodrigo Collahuazo y Leonardo Viteri.
Sin títuloACTA_226-2011-2013_PLENO.pdf Se debatieron las reformas para regular la revocatoria del mandato, abordando sus causales, requisitos, porcentajes de firmas, garantías del debido proceso, diferencias con la remoción y prevención de su uso como persecución política; su tratamiento quedó suspendido. También se discutió el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, coincidiendo en la necesidad de adecuarlo a la Constitución e incorporarlo dentro de una reforma integral a la legislación militar; aunque se recomendó archivar el proyecto, la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Marisol Peñafiel, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Línder Altafuya, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Jimmy Pinoargote, Stalin Subía, María Soledad Vela, José Picoita, César Rodríguez, Gabriel Rivera y Fausto Cobo.
Sin títuloACTA_147-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para analizar la declaratoria de emergencia sanitaria en Manabí por el aumento de casos de dengue y para solicitar medidas excepcionales frente a los daños ocasionados por el invierno en Carchi y en el eje vial Palanda-Chinchipe, asuntos que finalmente quedaron pendientes; en cambio, se negaron las propuestas para debatir la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible incorporación a la iniciativa de conservación Yasuní-ITT, así como para rechazar editoriales publicados por periódicos estadounidenses que fueron considerados atentatorios contra la soberanía nacional. En comisión general, representantes de los municipios, gobiernos provinciales y parroquias rurales expusieron sus criterios sobre la futura regulación de los límites territoriales, destacando la necesidad de respetar la tradición histórica, el sentido de pertenencia, la autonomía de los gobiernos locales y la decisión de las poblaciones involucradas. Posteriormente, se aprobó el reconocimiento de las festividades del Carnaval de Guamote como patrimonio cultural intangible, resaltándose su origen ancestral, la convivencia intercultural entre los pueblos indígenas y mestizos, sus personajes, música, gastronomía, rituales y prácticas comunitarias; además, se solicitó a las instituciones competentes proceder con su declaración y registro, incorporarlo al calendario nacional y destinar recursos para su promoción, preservación y salvaguarda. El tema central fue el primer debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para fijar límites y solucionar los conflictos territoriales existentes entre parroquias, cantones y provincias, originados por la falta de delimitaciones jurídicas, la contradicción entre normas, los cambios geográficos, las decisiones políticas y las diferencias sobre la pertenencia e identidad de las comunidades. La propuesta planteó que, en lugar de definir directamente cada límite, se establecieran mecanismos amistosos como la negociación y la mediación territorial, y mecanismos institucionales como el arbitraje, la consulta popular y la resolución de las autoridades competentes; también contempló sustituir al organismo anterior por una nueva entidad nacional encargada de los límites internos. Durante la discusión se insistió en garantizar la participación ciudadana, definir quiénes podrían votar en las consultas y acreditar su residencia, respetar los acuerdos y delimitaciones legalmente consolidados, proteger la integridad de las comunidades indígenas y evitar que fueran divididas entre distintas jurisdicciones, establecer plazos obligatorios para resolver los conflictos y reconocer factores históricos, culturales, sociales, ambientales, geográficos, étnicos e hidrográficos. Asimismo, se cuestionó la actuación del organismo técnico que anteriormente manejaba los límites, la validez de mapas elaborados sin una ley definitiva, la posibilidad de que el Ejecutivo resolviera determinadas controversias, la centralización y politización de las decisiones y la falta de representación directa de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales en la nueva entidad; se propuso incorporar al Instituto Geográfico Militar como apoyo técnico y otorgar un papel más activo a la Asamblea y a los gobiernos autónomos descentralizados. También se aprobó reconsiderar una resolución adoptada previamente sobre Ernesto “Che” Guevara, después de señalarse errores históricos y de redacción que afectaban la imagen institucional. El debate sobre los límites territoriales quedó interrumpido y la sesión concluyó por falta de quórum, por lo que las observaciones debían ser remitidas a la comisión y varios asuntos incorporados al orden del día no llegaron a resolverse. Intervinieron Scheznarda Fernández, María Paula Romo, Marco Murillo, Stalin Subía, Edwin Vaca, Zobeida Gudiño, Paúl Granda, Jorge Olmedo, Néstor Chapa, Juan de Dios Roldán Arellano, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Kléver García, Mauro Andino, Luis Morales, Pedro de la Cruz, Carlos Velasco, Paco Fierro, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Francisco Velasco, Línder Altafuya, Lenín Chica, Mary Verduga, Betty Amores, Tomás Zevallos, Enrique Herrería, César Gracia, Galo Vaca, Hugo Quevedo, María Molina, Betty Carrillo, Rosana Alvarado y Francisco Ulloa.
Sin títuloACTA_209-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Antes de abordar el proyecto, se expresó solidaridad con las poblaciones afectadas por la erupción del volcán Tungurahua y se exhortó a las instituciones estatales a coordinar la atención de la emergencia. En el debate se propuso ampliar las competencias de los municipios para atender la vialidad rural, garantizar que las competencias transferidas a los gobiernos autónomos estén acompañadas de recursos, agilizar la legalización de asentamientos sin beneficiar a traficantes de tierras y respetar la exención tributaria de los territorios indígenas y comunitarios. También se respaldó la eliminación del ganado y otros semovientes del cálculo del impuesto predial rural, pero se solicitaron precisiones sobre la maquinaria agrícola, los trámites de escrituración, las diferencias de superficie de los predios, las áreas verdes y la protección de terrenos destinados a la producción y la soberanía alimentaria. Se planteó fortalecer la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos locales, controlar el incremento de tasas e impuestos, asegurar la participación ciudadana en la planificación y elaboración de presupuestos, mejorar el procedimiento de remoción y reemplazo de autoridades, establecer reglas especiales para la creación de cantones y parroquias en la Amazonía, zonas fronterizas y Galápagos, y evitar que se creen circunscripciones sin cumplir los requisitos legales. Finalmente, se cerró el primer debate sin votación, las observaciones quedaron para conocimiento de la Comisión y la sesión fue clausurada. Intervinieron Marco Murillo, Luis Morales, Rolando Panchana, Cecilia Jaramillo, Cléver Jiménez, Alfredo Ortiz, Guido Vargas y Stalin Subía.
Sin títuloACTA_040-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Enrique Herrería para impulsar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el fin de corregir vacíos relacionados con los procesos de fiscalización y juicio político; sin embargo, este tema no llegó a tratarse. Previamente, en comisión general, Carlos Pazmiño, Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Luis Andrango y José Gualichico, en representación de organizaciones de regantes, pueblos indígenas y sistemas comunitarios de agua, solicitaron una normativa que garantice la gestión pública y comunitaria, la participación vinculante, la desprivatización, redistribución y protección de las fuentes de agua, así como el respeto a los sistemas comunitarios y a la soberanía alimentaria. También se conoció la renuncia de Betty Amores a la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentada tras las controversias surgidas durante el trámite del enjuiciamiento político al fiscal general; Mao Moreno propuso no aceptar la renuncia, mientras Luis Morales planteó aceptarla y designar a Vicente Taiano en su reemplazo, pero ambas mociones fueron negadas luego de las respectivas rectificaciones, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, defendido por Jaime Abril, Jimmy Pinoargote y Lídice Larrea como una norma orientada a reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer una cantidad vital, regular tarifas, priorizar el consumo humano, la soberanía alimentaria y la conservación ecológica, fortalecer la gestión pública y comunitaria, crear una institucionalidad integrada por la Secretaría Nacional del Agua, el Consejo Intercultural y Plurinacional y la Agencia de Regulación y Control, y regular el aprovechamiento productivo en actividades como minería, envasado, aguas termales, turismo y acuacultura. Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Paola Pabón, Stalin Subía, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Irina Cabezas, Gerardo Morán, Susana González, Richard Guillén, Armando Aguilar, Vicente Taiano, Omar Juez, Scheznarda Fernández, Mercedes Diminich, Galo Vaca, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Yandri Brunner, Guillermina Cruz, Mariángel Muñoz, Paco Fierro, Fernando González, César Montúfar, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Kléver García, Francisco Velasco, Línder Altafuya y César Rodríguez presentaron observaciones sobre la redistribución del agua, la protección de páramos, manglares y fuentes hídricas, el papel de los gobiernos autónomos descentralizados, la autonomía de las juntas comunitarias, la situación de INTERAGUA, las tarifas, las concesiones, la minería, el agua embotellada y la necesidad de que la autoridad del agua tenga una integración más participativa y vinculante. Al no concluir el debate ni producirse una votación final, la sesión fue suspendida para continuar posteriormente, en medio de llamados al diálogo, preocupaciones por movilizaciones sociales y denuncias sobre la criminalización de la protesta.
Sin títuloACTA_140-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se rindió homenaje a la Fundación Vista para Todos por su labor social y humanitaria en favor de personas de escasos recursos, adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, destacándose sus servicios oftalmológicos, la entrega gratuita de lentes y sillas de ruedas y su cobertura nacional, por lo que recibió la condecoración al mérito social; posteriormente, continuó el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados por indemnizaciones ocasionadas por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, concesionarios, delegatarios y otras personas que ejercen potestades públicas. La discusión abordó la necesidad de proteger el patrimonio público y los recursos de los contribuyentes, evitar la impunidad, establecer un procedimiento rápido con derecho a la defensa y determinar judicialmente el dolo o la culpa grave; también se analizaron la competencia de los órganos contencioso-administrativos, las funciones de la Procuraduría y la Contraloría, el plazo de prescripción, la legitimación para presentar las demandas, el llamamiento en garantía, las medidas cautelares, el cálculo de intereses, la cuantificación de las indemnizaciones, la posibilidad de conciliación, los recursos de apelación y casación y la responsabilidad de funcionarios de cualquier jerarquía. Varios legisladores respaldaron la iniciativa como un mecanismo para recuperar valores pagados por casos de violaciones de derechos, errores administrativos, daños ambientales, incumplimientos contractuales y decisiones de organismos internacionales; otros cuestionaron su necesidad, posibles contradicciones con normas existentes, vacíos en la técnica jurídica, el riesgo de persecución política, la discrecionalidad de las autoridades, la posibilidad de sancionar dos veces por los mismos hechos y la falta de claridad sobre los actos de gobierno, el fuero de determinadas autoridades y la responsabilidad de superiores que hayan ejercido presión o coerción sobre funcionarios subordinados. También se debatió el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal por casos históricos de desapariciones, torturas y detenciones ilegales, y la necesidad de diferenciar los errores cometidos de buena fe de las conductas deliberadamente dañinas. Debido a la cantidad y complejidad de las observaciones, se suspendió la votación para que la comisión preparara y distribuyera un nuevo texto. Intervinieron Rocío Valarezo, Diego Benítez, Mauro Andino, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Andrés Páez, Rolando Panchana, María Paula Romo, Fausto Cobo, Luis Morales, Eduardo Encalada, Paco Moncayo, Stalin Subía, Andrés Roche y María Augusta Calle; Fernando Cordero dirigió la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.
Sin títuloACTA_146-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para solicitar la expedición urgente del reglamento que permitiera aplicar la normativa sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células; exigir medidas frente a la insuficiencia del transporte marítimo de carga hacia Galápagos, donde la reducción del número de embarcaciones autorizadas amenazaba el abastecimiento de alimentos, materiales y productos esenciales; y convocar a Tania Arias y Carlos Delgado para que explicaran el procedimiento aplicado en la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, aunque estos asuntos no llegaron a tratarse posteriormente. También se debatió y aprobó una resolución para solicitar la declaratoria del estado de excepción en Loja y otras provincias del sur afectadas por el invierno, debido a los fallecimientos, deslizamientos, fallas geológicas, destrucción de viviendas, vías, canales de riego y sistemas de agua potable; el texto definitivo incluyó a Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe, pidió recursos extraordinarios, estudios geológicos para prevenir futuros riesgos y la rehabilitación urgente de varias carreteras, y fue ratificado con noventa y dos votos afirmativos. A continuación, se realizó el primer debate de una reforma relacionada con la participación ciudadana, la revocatoria del mandato y las normas electorales, cuyo archivo fue recomendado porque sus propuestas ya habían sido incorporadas en una reforma anterior y porque no podían efectuarse cambios electorales dentro del período previo a las elecciones; la discusión se concentró en la interpretación de dicha prohibición, la validez de otras reformas electorales tramitadas recientemente, la actuación futura del Consejo Nacional Electoral y el riesgo de modificar el calendario o las reglas en beneficio de determinados sectores políticos, tras lo cual el proyecto fue archivado con noventa y seis votos afirmativos. Asimismo, se archivó la propuesta de reforma al régimen de soberanía alimentaria, al determinarse que sus planteamientos sobre el sistema de soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la conformación y atribuciones de la conferencia correspondiente y la tramitación de propuestas ya habían sido recogidos en una normativa anterior; esta decisión fue ratificada con ochenta y dos votos afirmativos. Posteriormente, se designó a Francisco Vergara Ortiz e Ivet Zapata Rodríguez como representantes de la Asamblea ante la comisión encargada de seleccionar a los integrantes de la primera Corte Constitucional, luego de que sus candidaturas fueran aprobadas en las respectivas rectificaciones. Finalmente, se inició el segundo debate de la reforma al sistema nacional de contratación pública, orientada a fortalecer la transparencia y el control, aclarar los regímenes especiales, sustituir al anterior instituto rector por el Servicio Nacional de Contratación Pública, facultarlo para emitir alertas y suspender procedimientos irregulares, exigir la publicación de información y documentos precontractuales, verificar la participación nacional y local, regular las ferias inclusivas, favorecer a pequeños productores y actores de la economía popular y solidaria, excluir ofertas sustentadas en información falsa y determinar responsabilidades en los estudios y contratos. Durante el debate se cuestionaron la posible duplicación de competencias con el Instituto de Contratación de Obras, la centralización de proyectos que podían ejecutar los gobiernos locales, los contratos complementarios, la falta de preferencia efectiva para proveedores de la localidad, los montos de ínfima cuantía aplicables en Galápagos y el alcance de las prohibiciones para contratar con familiares de autoridades; el tratamiento quedó suspendido sin votación. Intervinieron Leonardo Viteri, Ángel Vilema, José Picoita, Nivea Vélez, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Zobeida Gudiño, Mao Moreno, Stalin Subía, Mariángel Muñoz, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Línder Altafuya, Tito Nilton Mendoza, Dora Aguirre, Vicente Taiano, César Rodríguez, Marllely Vásconez, Fernando Flores, Luis Morales, Armando Aguilar, Irina Cabezas, Marco Murillo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Gina Godoy, Roberto Rodríguez, Eduardo Encalada, Ramiro Terán y Alfredo Ortiz.
Sin títuloACTA_152-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión concluyó el primer debate del proyecto orientado a proteger ambientalmente el ecosistema manglar, destacándose su importancia para la biodiversidad, la reproducción de peces, moluscos y crustáceos, la protección de las costas frente a la erosión y fenómenos naturales, la soberanía alimentaria y el sustento económico y cultural de las comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y pescadoras. Se analizó la reducción histórica de las áreas de manglar, atribuida principalmente a la expansión camaronera, las ocupaciones irregulares y la falta de control estatal, así como la necesidad de detener nuevas talas, recuperar y reforestar las zonas degradadas, revertir al Estado las concesiones u ocupaciones ilegales y garantizar la participación de las comunidades en su conservación. También se discutió la eliminación de disposiciones relativas a las zonas de transición y amortiguamiento, los derechos de la naturaleza, las competencias del Ministerio del Ambiente y de los gobiernos autónomos descentralizados, las responsabilidades civiles, administrativas y penales por daños ambientales, la investigación científica y la educación ambiental. Paralelamente, se resaltó la importancia económica y laboral de la actividad camaronera, especialmente para pequeños y medianos productores, por lo que se propuso evitar una confrontación entre protección ambiental y producción, establecer reglas claras, sanciones proporcionales, procesos de regularización y un equilibrio entre la conservación del manglar y una acuacultura sustentable. Intervinieron María Molina, Stalin Subía, Susana González, Pedro de la Cruz, Leonardo Viteri, César Montúfar, Rolando Panchana y Línder Altafuya.
Sin títuloACTA_216-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía, reformulado para limitar su alcance a las mascotas y evitar duplicidades con las normas que regulaban la fauna silvestre y los animales destinados al consumo. La propuesta buscaba establecer una regulación nacional coordinada entre el Gobierno central y los municipios, crear registros y censos de perros y gatos, identificar a sus propietarios, fijar obligaciones de cuidado, alimentación, transporte y atención veterinaria, regular la crianza, comercialización, esterilización y eutanasia, promover cementerios para mascotas y aplicar sanciones administrativas por abandono o maltrato. Aunque existió respaldo a la protección y el bienestar animal, se pidió precisar las infracciones y procedimientos sancionatorios, fortalecer el control de las enfermedades transmisibles a las personas, regular a los animales potencialmente peligrosos, responsabilizar a sus dueños, revisar la prohibición de su venta en ferias y mercados, diferenciar las mascotas de los animales utilizados para alimentación, carga o trabajo y respetar las prácticas y autoridades de los pueblos y nacionalidades. También se cuestionó si era necesaria una ley específica o si estos asuntos debían regularse mediante ordenanzas municipales, el Código Ambiental y el Código Integral Penal, y se solicitó mayor claridad en el texto y recursos estatales para programas educativos y sanitarios. La sesión fue suspendida temporalmente para realizar otra convocatoria y luego reinstalada; finalmente se cerró el primer debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones y la sesión fue clausurada. Intervinieron Rolando Panchana, Leonardo Viteri, Mauro Andino, Eduardo Encalada, María Paula Romo, Betty Carrillo, Roberto Rodríguez, Stalin Subía, Juan Carlos Cassinelli, Gerónimo Yantalema, Xavier Tomalá, Luis Morales y María Soledad Vela.
Sin títuloACTA_210-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez, a solicitud de Mauro Andino, y posteriormente continuó y concluyó el primer debate del proyecto interpretativo sobre la jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento. Existió respaldo general a aclarar que, desde la dolarización, el aporte destinado a financiar estas pensiones debía calcularse como dos centavos de dólar por cada kilo de cemento, debido a los graves riesgos y enfermedades profesionales sufridos por los trabajadores. Además, se propuso establecer plazos para que las cementeras entregaran los valores adeudados al IESS, realizar auditorías, ordenar el pago inmediato de las pensiones, reconocer beneficios proporcionales a quienes fueron despedidos antes de completar los años o aportaciones requeridos e incluir a trabajadores tercerizados y extrabajadores afectados. Jorge Escala advirtió que la simple aclaración de la moneda no solucionaría todos los reclamos y pidió garantizar el cumplimiento de las sentencias favorables a los jubilados de Holcim y proteger a quienes fueron despedidos para impedirles acceder a la jubilación; Stalin Subía defendió la iniciativa como una reparación histórica para los trabajadores y sus familias. El primer debate concluyó sin votación, quedando las observaciones para la elaboración del informe de segundo debate, y la sesión fue clausurada. Intervinieron Mauro Andino, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, María Molina, Kléver García, Luis Morales, Eduardo Encalada, Jorge Escala y Stalin Subía.
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