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ACTA_036-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Henry Cuji para incorporar una resolución destinada a proteger los territorios y derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenani frente a actividades extractivas en el Yasuní, y de Línder Altafuya para exhortar al Gobierno Nacional a cancelar la deuda pendiente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; además, se aceptó postergar una iniciativa presentada por Saruka Rodríguez. Por otro lado, se aprobó incluir el tratamiento de una resolución sobre los hechos ocurridos en San José de Chimbo, propuesta por Hólger Chávez. Posteriormente, Fernando Flores y Luis Morales solicitaron reconsiderar la votación relacionada con la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de insistir en el texto aprobado originalmente por la Asamblea, pero la reconsideración fue negada incluso después de rectificarse la votación. Asimismo, se aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que permite a personas y colectivos acudir a mecanismos internacionales para reclamar vulneraciones de derechos como salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda y condiciones de vida adecuadas, una vez agotadas las instancias nacionales; defendieron su aprobación Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Linda Machuca y Rocío Valarezo. Finalmente, se debatió la resolución sobre el operativo policial realizado en Chimbo contra talleres de fabricación de armas, en el que Hólger Chávez, Juan Fernández, Gerardo Morán, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Vicente Taiano, Marco Murillo y otros legisladores denunciaron presuntos excesos de la fuerza pública, afectaciones a artesanos y la necesidad de investigar responsabilidades y generar alternativas laborales; mientras María Augusta Calle, Mao Moreno y otros asambleístas destacaron la necesidad de combatir la fabricación ilegal de armas y solicitar información completa sobre el operativo. La propuesta de suspender el debate para requerir un informe fue negada y, posteriormente, tampoco se aprobó la resolución planteada por Hólger Chávez.

ACTA_085-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del enjuiciamiento político a Gloria Sabando García, exsuperintendenta de Bancos y Seguros, se debatió su presunto incumplimiento de las funciones de control y vigilancia durante la liquidación de instituciones financieras cerradas, especialmente por no exigir a los liquidadores la aplicación efectiva de los artículos 127 y 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, no determinar responsables de los déficits patrimoniales, no sancionar irregularidades y permitir que los procedimientos de cobro quedaran debilitados. Silvia Salgado presentó las conclusiones de la Comisión de Fiscalización; Rolando Panchana defendió la moción de censura e incorporó recomendaciones para ampliar las investigaciones; César Rodríguez, Mauro Andino, Gastón Gagliardo, Betty Carrillo y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la censura, señalando que la responsabilidad política del juicio recaía en la máxima autoridad de la Superintendencia. Marco Murillo, Ramiro Terán, Galo Lara, Enrique Herrería, Paco Moncayo, Línder Altafuya, Jorge Escala, Andrés Páez, Alfredo Ortiz, Nívea Vélez, Vicente Taiano, Grace Almeida y otros legisladores cuestionaron que la responsabilidad se concentrara únicamente en Sabando y solicitaron investigar también a liquidadores, miembros de la Junta Bancaria, funcionarios de la AGD, Banco Central, Ministerio de Finanzas y demás entidades relacionadas con la crisis bancaria; María Augusta Calle planteó ajustes al texto final, que fueron acogidos. La apelación procesal presentada por Andrés Páez fue negada. Finalmente, se aprobó la censura contra Gloria Sabando con ochenta y seis votos afirmativos, cero negativos, cuatro blancos y veintisiete abstenciones, tras rectificación; además, se dispuso solicitar a la Junta Bancaria una evaluación técnica de las liquidaciones, requerir a la Contraloría exámenes especiales para establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales, pedir al Banco Central informes sobre recuperación de cartera y pago a acreedores, y solicitar a Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y al fideicomiso AGD-CFN investigaciones e informes sobre las actuaciones vinculadas con la crisis bancaria; la reconsideración fue negada. También se aprobó la resolución propuesta por Kléver García para exhortar la declaratoria de estado de excepción en San José de Chimbo, a fin de atender al barrio Tambán afectado por lluvias y movimientos telúricos, con setenta y nueve votos afirmativos tras rectificación; se aprobó la resolución planteada por Diana Atamaint para expresar pesar por las víctimas del accidente del avión Twin Otter FAE 449, reconocer la labor de la Fuerza Aérea y fortalecer el programa de transporte aéreo para comunidades amazónicas aisladas, con ochenta y cuatro votos afirmativos; y se aprobó la resolución de Lídice Larrea que declaró a la vía Chone-Quito como Ruta de los Raidistas, en homenaje a Carlos Aray, Juan de Dios Zambrano, Emilio Hidalgo, Plutarco Moreira y Artemio Aray, con setenta y ocho votos afirmativos.

ACTA_085-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporaron al orden del día propuestas de resolución para exhortar la declaratoria de estado de excepción en el cantón San José de Chimbo, por los daños ocasionados en el barrio Tambán; expresar solidaridad por el accidente del Escuadrón Twin Otter en la Amazonía y solicitar la continuidad de su labor de acción cívica; y declarar a la vía Chone-Quito como Ruta de los Raidistas, en homenaje a la expedición que abrió la conexión entre la Costa y la Sierra; estas iniciativas fueron planteadas por Kléver García, Diana Atamaint y Lídice Larrea, respectivamente, pero no llegaron a tratarse de fondo. El punto central fue el enjuiciamiento político a Gloria Sabando García, exsuperintendenta de Bancos y Seguros. Sabando rechazó las acusaciones de omisión en la liquidación de treinta y dos instituciones financieras, sostuvo que el artículo 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero no podía aplicarse por la inexistencia de bienes registrados a nombre de exaccionistas y porque la antigua AGD ya tenía atribuciones de incautación; afirmó que impulsó la aplicación del artículo 127 tras el pronunciamiento de la Procuraduría, notificó a 173 exdirectores, exadministradores y exfuncionarios por pérdidas patrimoniales superiores a dos mil doscientos millones de dólares, y defendió su gestión de control, recuperación de activos, regulación financiera y estabilidad del sistema bancario. Rolando Panchana, como interpelante, sostuvo que Sabando no verificó ni sancionó a los liquidadores que incumplieron sus obligaciones, no aplicó oportunamente los mecanismos para administrar bienes de exaccionistas, no individualizó responsabilidades ni valores exigibles para iniciar cobros coactivos, y emitió notificaciones con deficiencias legales; por ello presentó una moción de censura e incorporó testimonios de Nicolás Brito, Segundo Merizalde, Teresa Lavalle, Jeaneth Murillo, Bertha Pineda, Alfonso Sáenz, Felipe Valladares y Xavier Durán, quienes relataron afectaciones económicas y la falta de recuperación total de sus depósitos tras la crisis bancaria. En su réplica, Sabando insistió en que el proceso de recuperación continuaba, que sus actuaciones fueron avaladas por la Junta Bancaria y otras instituciones del Estado, y solicitó el archivo del juicio; el tratamiento quedó suspendido antes del debate legislativo y de cualquier votación sobre la censura

ACTA_084-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporaron al orden del día propuestas de resolución para exhortar la declaratoria de estado de excepción en el cantón San José de Chimbo, por los daños ocasionados en el barrio Tambán; expresar solidaridad por el accidente del Escuadrón Twin Otter en la Amazonía y solicitar la continuidad de su labor de acción cívica; y declarar a la vía Chone-Quito como Ruta de los Raidistas, en homenaje a la expedición que abrió la conexión entre la Costa y la Sierra; estas iniciativas fueron planteadas por Kléver García, Diana Atamaint y Lídice Larrea, respectivamente, pero no llegaron a tratarse de fondo. El punto central fue el enjuiciamiento político a Gloria Sabando García, exsuperintendenta de Bancos y Seguros. Sabando rechazó las acusaciones de omisión en la liquidación de treinta y dos instituciones financieras, sostuvo que el artículo 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero no podía aplicarse por la inexistencia de bienes registrados a nombre de exaccionistas y porque la antigua AGD ya tenía atribuciones de incautación; afirmó que impulsó la aplicación del artículo 127 tras el pronunciamiento de la Procuraduría, notificó a 173 exdirectores, exadministradores y exfuncionarios por pérdidas patrimoniales superiores a dos mil doscientos millones de dólares, y defendió su gestión de control, recuperación de activos, regulación financiera y estabilidad del sistema bancario. Rolando Panchana, como interpelante, sostuvo que Sabando no verificó ni sancionó a los liquidadores que incumplieron sus obligaciones, no aplicó oportunamente los mecanismos para administrar bienes de exaccionistas, no individualizó responsabilidades ni valores exigibles para iniciar cobros coactivos, y emitió notificaciones con deficiencias legales; por ello presentó una moción de censura e incorporó testimonios de Nicolás Brito, Segundo Merizalde, Teresa Lavalle, Jeaneth Murillo, Bertha Pineda, Alfonso Sáenz, Felipe Valladares y Xavier Durán, quienes relataron afectaciones económicas y la falta de recuperación total de sus depósitos tras la crisis bancaria. En su réplica, Sabando insistió en que el proceso de recuperación continuaba, que sus actuaciones fueron avaladas por la Junta Bancaria y otras instituciones del Estado, y solicitó el archivo del juicio; el tratamiento quedó suspendido antes del debate legislativo y de cualquier votación sobre la censura.

ACTA_130-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron varias modificaciones del orden del día para incorporar posteriormente el análisis de la situación de los migrantes ecuatorianos afectados por fraudes hipotecarios en España, una resolución relacionada con la muerte de Ernesto “Che” Guevara y dos propuestas de reconocimiento a San José de Ancón por su importancia histórica, cultural, industrial y petrolera. A continuación, se rindió homenaje al músico y compositor Segundo Bautista Vasco, destacándose su trayectoria, talento, aporte a la música nacional y ejemplo de superación, por lo que recibió la condecoración al mérito cultural y agradeció el reconocimiento mediante una interpretación musical. Posteriormente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, orientado a garantizar atención preferente a las poblaciones ubicadas en las fronteras, fortalecer la inversión pública, los servicios básicos, la educación, la salud, la conectividad, el turismo, la producción, el comercio, el transporte, el empleo local, la seguridad y la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, además de promover una cultura de paz, buena vecindad e integración con los países limítrofes; durante la discusión se expusieron los problemas de pobreza, migración, abandono institucional, falta de infraestructura, inseguridad, narcotráfico, contrabando, presencia de grupos irregulares, desplazamiento de refugiados, deterioro de destacamentos militares y explotación de recursos naturales, así como la necesidad de establecer mecanismos efectivos de financiamiento, incentivos tributarios y productivos, protección ambiental y criterios claros para distribuir los recursos, aunque también se advirtió que la Asamblea no podía crear directamente nuevas asignaciones presupuestarias. El debate quedó suspendido sin votación para continuar recogiendo observaciones. Asimismo, se aprobó una resolución que exhortó al Ministerio de Defensa a cancelar los valores retroactivos adeudados por los años 2008 y 2009 a militares activos y pasivos de las jerarquías de mayor, capitán, suboficial mayor y suboficial primero, solicitó al Ministerio de Finanzas entregar los recursos correspondientes y demandó al ISSFA realizar los pagos inmediatamente; la aprobación se mantuvo luego de negarse su reconsideración. Intervinieron Gerónimo Yantalema, Tomás Zevallos, Vanesa Fajardo, Fernando Aguirre, Jimmy Pinoargote, Gerardo Morán, Francisco Ulloa, Segundo Bautista Vasco, Julio Robles, Luis Nacevilla, Virgilio Hernández, Zobeida Gudiño, Magali Orellana, Línder Altafuya, Fausto Cobo, Edwin Vaca, Nicolás Lapentti, Carlos Velasco, Leandro Cadena, Guido Vargas, Diana Atamaint, Vethowen Chica y César Gracia.

ACTA_187-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes de modificación del orden del día: Luis Morales propuso otorgar protección y un reconocimiento a Orlando Ibarra Sarmiento, quien escapó después de permanecer secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, mientras Dora Aguirre planteó retomar la resolución contra la medida del Gobierno español que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud; ambas propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse sus votaciones. Posteriormente se debatió una resolución para instar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales a expedir las normas y realizar los procedimientos necesarios para legalizar o titular los predios municipales ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana que estuvieran ocupados por personas y familias sin escrituras. En comisión general, una representante del barrio San José del Batán, Pilar Fernández y José Guamán expusieron la situación de los barrios de Riobamba, donde numerosas familias poseían terrenos heredados u ocupados durante varios años, pero carecían de títulos de propiedad, lo que les impedía acceder a programas de vivienda, créditos, servicios básicos, obras municipales y transmitir legalmente los inmuebles a sus hijos. Durante el debate legislativo se reconoció que la falta de titularización afectaba a miles de familias en distintos cantones; sin embargo, se discutió si la Asamblea podía intervenir en una competencia exclusiva de los municipios, si una resolución no vinculante realmente solucionaría el problema y si lo adecuado era reformar el régimen territorial vigente. También se analizaron la legalización de asentamientos antiguos, predios costeros y terrenos proindivisos, la diferencia entre ocupaciones legítimas, invasiones, herencias y posesiones que debían resolverse judicialmente, la necesidad de establecer precios justos y procedimientos de expropiación, y el riesgo de que el documento fuera utilizado por traficantes de tierras para legalizar ocupaciones especulativas o asentamientos ubicados en zonas de riesgo, áreas comunales, riberas, playas y espacios de protección. En medio de la discusión, César Rodríguez apeló la Presidencia por considerar vulnerado su derecho a intervenir después de un enfrentamiento verbal, pero la apelación fue negada con catorce votos afirmativos, cincuenta y tres negativos y diecisiete abstenciones. Intervinieron Luis Morales, Dora Aguirre, una representante del barrio San José del Batán, Pilar Fernández, José Guamán, Alfredo Ortiz, Andrés Roche, Armando Aguilar, Marco Murillo, César Rodríguez, Gerónimo Yantalema, Virgilio Hernández, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Dalton Burgos, Jimmy Pinoargote, Mauro Andino, Paola Pabón y Rolando Panchana; finalmente, ante la necesidad de precisar el contenido y evitar una posible intromisión en las competencias municipales, se suspendió el tratamiento para que la Comisión de Gobiernos Autónomos analizara la propuesta y presentara un criterio antes de la reinstalación, por lo que la resolución no fue sometida a votación y la sesión quedó suspendida.