ACTA_026-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un proyecto de resolución de apoyo y solidaridad con la República de Haití, propuesto por Fernando Bustamante, tras el terremoto que afectó a ese país. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de reforma penal para la tipificación y juzgamiento de los delitos cometidos en el servicio policial y militar, orientado a eliminar los fueros especiales y consolidar la unidad jurisdiccional, de modo que los delitos de función sean conocidos por jueces especializados de la Función Judicial y los delitos comunes por la justicia ordinaria. María Paula Romo y Mauro Andino defendieron la necesidad de adecuar la normativa a la Constitución, diferenciar los delitos de función de las infracciones disciplinarias, regular la obediencia debida, establecer tipos penales aplicables a militares y policías e incorporar normas de Derecho Internacional Humanitario; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo y Vicente Taiano formularon observaciones sobre las diferencias constitucionales, operativas y doctrinarias entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la inclusión de personal movilizado y reservistas, el tratamiento de la deserción, la sedición, las operaciones militares y policiales, la obediencia a autoridades civiles y los conceptos relacionados con estados de excepción y conflicto armado. Fernando Bustamante planteó precisar la intencionalidad en delitos como la alteración de evidencias, la traición a la patria y las acciones hostiles, así como incorporar agravantes por actos motivados por odio o discriminación; Juan Carlos Cassinelli solicitó evitar duplicidades entre insubordinación y sedición, revisar la proporcionalidad de las sanciones por abuso de facultades y proteger expresamente a las personas asiladas; y César Rodríguez propuso aclarar el alcance del juzgamiento de civiles que participen en delitos de función y eliminar disposiciones que pudieran mantener centros de detención especiales como privilegio para militares o policías. Finalmente, María Paula Romo solicitó suspender el debate para integrar las observaciones y remitir un texto revisado para votación posterior, por lo que el proyecto no fue aprobado en esta sesión. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución de solidaridad con Haití, mediante la cual se expresó respaldo al pueblo haitiano y a las víctimas del terremoto, se exhortó a la ciudadanía y a la Función Legislativa a contribuir con ayuda humanitaria y se reconoció la labor de los efectivos ecuatorianos de la Misión de las Naciones Unidas y de la Fuerza Interinstitucional de Rescate que se trasladaría a Puerto Príncipe. En este tema intervinieron Fernando Bustamante, Pamela Falconí, Linda Machuca, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Leonardo Viteri, Gioconda Saltos, Rodolfo Baquerizo, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Elvis Maldonado, Guillermina Cruz y Lídice Larrea, quienes plantearon donaciones voluntarias, provisión de alimentos y equipos para los rescatistas, campañas de donación de sangre, asistencia médica y apoyo a las personas ecuatorianas que residían en Haití.
Sin títuloACTA_111-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el Acuerdo Bilateral entre Ecuador y Perú para brindar atención recíproca de salud a sus nacionales, especialmente a las poblaciones fronterizas, con el propósito de garantizar el acceso a servicios médicos, fortalecer la integración binacional y regularizar la atención que ya se prestaba entre ambos países; durante el análisis se destacaron sus beneficios humanitarios, aunque también se formularon observaciones sobre la falta de precisión en el financiamiento, la infraestructura, la cobertura territorial, la reciprocidad efectiva y los mecanismos específicos para su aplicación. Asimismo, se aprobó el Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, organización intergubernamental destinada a apoyar a los países en desarrollo mediante estudios, asesoría técnica, jurídica y política, así como la formulación de posiciones comunes en asuntos comerciales, económicos y de desarrollo internacional. Finalmente, se aprobó declarar el trabajo infantil en las calles como trabajo infantil peligroso y establecer su erradicación como prioridad estatal; se exhortó al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social a presentar un plan con acciones y recursos para aplicar las recomendaciones de Naciones Unidas, y al Ministerio de Inclusión Económica y Social a fortalecer las becas escolares para niños y adolescentes retirados del trabajo infantil. Intervinieron Nívea Vélez, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Wladimir Vargas, Emilia Jaramillo, Fausto Cobo, Linda Machuca, Edwin Vaca, Eduardo Zambrano, Dora Aguirre, Marisol Peñafiel, Virgilio Hernández, María Calle, Mercedes Diminich, José Portugal, María Vicuña y Luis Morales
Sin títuloACTA_035-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate de la propuesta orientada a incorporar al ordenamiento jurídico nacional los derechos colectivos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de fortalecer el carácter plurinacional e intercultural del Estado, proteger la identidad, territorios, formas de organización, educación intercultural bilingüe, justicia propia, consulta previa y participación de los pueblos y nacionalidades. Edwin Vaca, Lourdes Tibán, Francisco Ulloa, Kléver García, Marco Murillo, Diana Atamaint, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Cléver Jiménez y otros legisladores defendieron la necesidad de reconocer y hacer efectivos estos derechos; mientras César Rodríguez, Nivea Vélez, Hólger Chávez, Betty Amores, Armando Aguilar, Gioconda Saltos, Carlos Velasco, María Augusta Calle, Aminta Buenaño y Betty Carrillo señalaron que el texto debía ser reformulado para convertir los principios internacionales en una normativa aplicable, con mecanismos de exigibilidad e inclusión expresa de pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y demás colectivos. También intervinieron Luis Morales, Zobeida Gudiño, Enrique Herrería y Vicente Taiano. Finalmente, Lourdes Tibán retiró la propuesta original, se negó el pedido de archivo planteado por Enrique Herrería y se dispuso que el tema vuelva a ser trabajado para elaborar una normativa integral sobre derechos colectivos. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, mediante la cual se otorgó inmunidad civil y penal limitada a las actuaciones, conclusiones, análisis y recomendaciones incorporadas en el informe final, así como medidas de reserva y protección para testigos y colaboradores. Washington Cruz, Línder Altafuya y Mao Moreno defendieron la norma como una garantía para esclarecer los hechos, proteger a los investigadores y resguardar la soberanía nacional; María Augusta Calle cuestionó la falta de protección a las fuentes y el posible alcance permanente de la inmunidad; y Fausto Cobo, Alfredo Ortiz, Kléver García, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo expresaron reparos sobre su constitucionalidad, la transparencia del informe, la posible persecución política y la necesidad de conocer plenamente la verdad. La ley fue aprobada luego de una rectificación de la votación.
Sin títuloACTA_068-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Línder Altafuya para investigar los hechos relacionados con el fallecimiento de la maestra Jenny Nazareno Solano en Esmeraldas, y de Paco Moncayo para conformar una comisión multipartidista que esclarezca los acontecimientos del 30 de septiembre y garantice la presunción de inocencia; en cambio, se aprobó el pedido de César Rodríguez para diferir la designación de delegados legislativos a las comisiones ciudadanas de selección del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía. En segundo debate se aprobaron las Leyes Derogatorias No. 3 y No. 4 para la depuración de la normativa legal: la primera eliminó 195 leyes, decretos supremos, legislativos y acuerdos que habían perdido vigencia o cumplido su finalidad, con intervenciones de César Gracia, Kléver García, Luis Morales y María Paula Romo; la segunda derogó 150 decretos y una resolución legislativa sobre reorganizaciones institucionales, ferrocarriles, indultos, tributos y otras materias obsoletas, siendo defendida por Mariángel Muñoz, Kléver García y María Paula Romo, y excluyendo la norma relativa a la Escuela Normal de Agronomía de Ambato a pedido de Luis Morales. También se trató el informe para segundo debate de la Ley de Defensa y Desarrollo del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, que propuso excluir a los microempresarios de su ámbito, reconocer derechos al trabajo autónomo, seguridad social, crédito público, participación ciudadana y espacios adecuados, así como establecer deberes vinculados al ordenamiento del espacio público y prohibiciones sobre productos ilícitos; Carlos Samaniego presentó las reformas, mientras Carlos Castellanos, Mónica Tenem y Edmundo Narváez solicitaron una norma que proteja a los comerciantes de la precariedad, la falta de afiliación, el acceso limitado a crédito y los decomisos. Paco Moncayo, Kléver García, Línder Altafuya, Dora Aguirre, Nívea Vélez, Juan Narea, María Augusta Calle, Luis Morales, Armando Aguilar, Francisco Cisneros, Silvia Salgado, Gioconda Saltos, Virgilio Hernández, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, Juan Carlos López y Edwin Vaca coincidieron en la necesidad de proteger al sector, aunque plantearon ajustes sobre trabajo infantil, seguridad social, regulación municipal, productos peligrosos, competencias de los gobiernos autónomos y mecanismos de crédito, por lo que se suspendió la votación para incorporar observaciones. Finalmente, se aprobó la resolución de apoyo al levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, impulsada por Silvia Salgado y respaldada en el debate por Betty Carrillo y María Alejandra Vicuña, que exhortó al Gobierno de Estados Unidos a eliminar el bloqueo y solicitó al Estado ecuatoriano ratificar esta posición ante las Naciones Unidas
Sin títuloACTA_198-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Gilmar Gutiérrez retiró su solicitud para conformar una comisión multipartidista que vigilara las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta la proclamación de los resultados de las siguientes elecciones, debido a la ausencia de varios legisladores. Posteriormente se trató la selección de la terna que la Asamblea debía remitir para la designación de su representante ante el Consejo de la Judicatura. Ángel Vilema propuso a Ana Karina Peralta Velásquez, Carlos Teodoro Delgado Alonso y Zaida Patricia Romero Flores, destacando su formación y experiencia jurídica; María Paula Romo cuestionó que la integración del organismo dependiera nuevamente de delegados de las funciones políticas, advirtió sobre una posible designación previamente acordada y pidió que se entregaran las hojas de vida antes de votar. La terna fue aprobada con cincuenta y seis votos afirmativos, treinta y cinco negativos y cinco abstenciones. Finalmente se desarrolló el primer debate de la reforma al Código de la Policía Marítima. La Comisión recomendó archivarla porque, aunque reconoció la urgente necesidad de actualizar la normativa vigente desde 1960, consideró que el proyecto era incompleto, mantenía disposiciones contrarias a los derechos constitucionales y no incorporaba los cambios derivados de la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que propuso elaborar un Código de Legislación Marítima integral. Vethowen Chica respaldó el archivo por considerar necesaria una reforma estructural; en cambio, Paco Moncayo y Alfredo Ortiz sostuvieron que la Asamblea debía corregir y ampliar el proyecto, no desecharlo, debido a que la normativa todavía permitía detener personas por supuesta vagancia, imponer prisión y cauciones desde las capitanías, aplicar multas establecidas en sucres y mantener conflictos de competencias con los municipios. Línder Altafuya coincidió en la necesidad de actualizar el Código, pero centró su intervención en rechazar la adhesión a la Convención por considerar que afectaba la soberanía marítima y perjudicaba a los pescadores. La moción de archivo obtuvo cincuenta y dos votos afirmativos, veintiún negativos y veintitrés abstenciones, por lo que no fue aprobada y el proyecto regresó a la Comisión para continuar su trámite. Intervinieron Gilmar Gutiérrez, Ángel Vilema, María Paula Romo, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz y Línder Altafuya.
Sin títuloACTA_166-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó y aprobó la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, luego de un extenso debate jurídico, político, económico, ambiental y estratégico sobre sus efectos en la soberanía marítima nacional. Quienes respaldaron la adhesión sostuvieron que el país conservaría sus derechos soberanos sobre los recursos existentes dentro de las doscientas millas, obtendría reconocimiento y mecanismos internacionales para defenderlos, mantendría la Reserva Marina y las líneas de base de Galápagos, fortalecería la protección ambiental, la investigación científica, la transferencia de tecnología, la actividad pesquera y el comercio marítimo, y podría ampliar la plataforma continental alrededor del archipiélago hasta trescientas cincuenta millas, incorporando una importante superficie submarina adicional. Quienes se opusieron señalaron que sustituir el mar territorial de doscientas millas por un mar territorial de doce millas y una zona económica exclusiva implicaría reducir la soberanía, someter al país a normas y organismos supranacionales, afectar la integridad territorial, facilitar el acceso de potencias extranjeras a los recursos pesqueros y minerales y poner en riesgo los derechos históricos establecidos mediante la Declaración de Santiago. También se discutieron la protección de Galápagos, los límites marítimos con los países vecinos, el paso de buques y aeronaves, los ejercicios militares, el transporte de materiales peligrosos, la solución internacional de controversias, la pesca de especies migratorias y los beneficios para la industria atunera. Antes del debate legislativo comparecieron Héctor Villagrán, Jimmy Villavicencio, Marcelo Larrea, Rafael Trujillo y Andrés Pazmiño; posteriormente intervinieron María Paula Romo, Fernando Bustamante, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Luis Almeida, Eduardo Zambrano, Andrés Roche, Betty Carrillo, Jorge Escala, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Montúfar, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Betty Amores, Vethowen Chica, Susana González y Fernando Aguirre. Finalmente, se aprobó la Convención junto con una declaración mediante la cual el Ecuador ratificó sus derechos sobre sus espacios marítimos, la protección especial de Galápagos, la posibilidad de ampliar su plataforma continental y varias reservas destinadas a preservar su jurisdicción y soberanía.
Sin títuloACTA_182-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conoció la comunicación remitida por el Gobierno del Reino Unido a la Cancillería ecuatoriana, en la que se rechazaba conceder un salvoconducto a Julián Assange y se advertía que la legislación británica permitía adoptar acciones para arrestarlo dentro de la Embajada del Ecuador en Londres, lo que fue analizado como una posible vulneración de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, la soberanía nacional, la Convención de Viena y los principios de solución pacífica de las controversias internacionales. Durante el debate existió un amplio rechazo a cualquier ingreso forzado en la sede diplomática y respaldo al derecho del Ecuador a conceder asilo; sin embargo, también se cuestionaron los fundamentos jurídicos utilizados para otorgarlo, el respeto a la soberanía y al sistema judicial de otros países, las acusaciones que motivaban el pedido de extradición y la coherencia del Gobierno ecuatoriano al defender internacionalmente la libertad de expresión mientras, según varias intervenciones, mantenía procesos y restricciones contra periodistas, dirigentes sociales y opositores dentro del país. La resolución aprobada condenó y rechazó las amenazas de uso de la fuerza contra la Embajada, reconoció el respaldo diplomático de organismos regionales, recomendó solicitar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reafirmó la superioridad de la Convención de Viena frente a la legislación interna británica, pidió encontrar soluciones diplomáticas, solicitó apoyo a instancias parlamentarias internacionales, respaldó las acciones del Estado para defender su soberanía y convocó a la unidad nacional; fue aprobada con setenta y tres votos afirmativos y su reconsideración, solicitada por Gabriel Rivera, fue negada. Intervinieron Martha Bazurto, Scheznarda Fernández, Ramiro Terán, Andrés Páez, Lourdes Tibán, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema, Galo Vaca, César Montúfar, Betty Amores, Gioconda Saltos, César Rodríguez, Fernando Flores, Tomás Zevallos, Silvia Salgado, Fernando Aguirre, Francisco Ulloa y Gabriel Rivera.
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