ACTA_014-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se recibió, en comisión general, el informe de evaluación de la educación superior presentado por Arturo Villavicencio, presidente del CONEA, quien expuso la categorización de las universidades y escuelas politécnicas en los grupos A, B, C, D y E, advirtió graves deficiencias en varias instituciones y propuso depurar las universidades de menor desempeño, reducir progresivamente las extensiones universitarias, regular la oferta académica y los posgrados, y fortalecer institucionalmente a las universidades que requerían mejoras. Asimismo, se resolvió encargar a la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad la investigación sobre la muerte de Bosco Wisuma y los hechos ocurridos en Macas; Jorge Escala presentó la moción, Rolando Panchana retiró su propuesta inicial para respaldarla y Andrés Páez planteó ajustes a la redacción de la resolución. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, presentado por Jaime Abril, cuyo texto reconoce al agua como derecho humano y patrimonio nacional estratégico, prohíbe su privatización, prioriza el consumo humano, el riego para soberanía alimentaria, el caudal ecológico y las actividades productivas, fortalece la gestión pública y comunitaria, regula las autorizaciones de uso, las tarifas, la prevención de la contaminación, la protección de cuencas y los derechos colectivos de pueblos, comunidades y nacionalidades. Durante el debate se formularon observaciones sobre la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la conformación y atribuciones de la Autoridad Única del Agua, la gratuidad del mínimo vital, las tarifas de riego y servicios, la desprivatización y continuidad de concesiones como la de INTERAGUA, el respeto a los sistemas comunitarios, la consulta a pueblos y nacionalidades, el control de la contaminación, la protección de niños, niñas y adolescentes y el reconocimiento de actividades productivas privadas autorizadas. Intervinieron Jaime Abril, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, Ramiro Terán, Andrés Roche, Gilmar Gutiérrez, Lídice Larrea, Mauro Andino, Luis Almeida, Soledad Vela, Lourdes Tibán, Rolando Panchana, Luis Morales, Jimmy Pinoargote, Silvia Salgado, Andrés Páez, Virgilio Hernández, César Montúfar, Fernando Cordero, Gido Vargas, Gerónimo Yantalema, Richard Guillén, Rosana Alvarado, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco, Susana González, Fernando Bustamante, Nivea Vélez, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Yandri Brunner, Enrique Herrería, Jorge Jurado, Guillermina Cruz, Galo Vaca, Fernando Cáceres y Marco Murillo. Finalmente, Jaime Abril señaló que las observaciones debían remitirse por escrito para ser analizadas antes del segundo debate, tras lo cual se clausuró la sesión sin adoptar una resolución definitiva sobre el proyecto.
Sin títuloACTA_046-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, orientado a reorganizar el sistema universitario y tecnológico mediante normas sobre autonomía responsable, cogobierno, gratuidad, financiamiento, igualdad de oportunidades, becas, nivelación y admisión, evaluación y acreditación, investigación, carrera docente, funcionamiento de institutos técnicos y tecnológicos, creación de nuevas instituciones, rendición de cuentas, sanciones y régimen de transición. Durante la comisión general, Galo Mindiola, Carlos Torres y Abraham Bedrán, en representación estudiantil, solicitaron mayor participación con voz y voto en los organismos del sistema, respeto a la autonomía universitaria, fortalecimiento del cogobierno, garantías para las organizaciones estudiantiles, becas y una revisión de las disposiciones transitorias; Yolanda Albán advirtió que ciertas obligaciones financieras y regulatorias podían afectar la subsistencia de los institutos técnicos y tecnológicos; mientras Gustavo Vega y Enrique Ayala Mora señalaron que existían importantes consensos, pero pidieron completar el diálogo sobre los temas pendientes, especialmente la integración y designación de las autoridades de los organismos de regulación y acreditación, el alcance de la Secretaría Nacional de Educación Superior, el financiamiento, las titulaciones y el régimen de transición. Raúl Abad, Mao Moreno, Eduardo Encalada, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Mary Verduga, Jaime Abril, Juan Fernández, Lídice Larrea, Rocío Valarezo y Zobeida Gudiño defendieron la necesidad de aprobar una normativa que eleve la calidad académica, democratice las universidades, fortalezca la evaluación, la investigación, la rendición de cuentas, la participación estudiantil y la vinculación de la educación superior con el desarrollo nacional; en tanto que Marco Murillo propuso suspender el tratamiento para ampliar el diálogo, y Jorge Escala, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Magali Orellana, Luis Almeida, Salomón Fadúl, César Montúfar y Gioconda Saltos expresaron preocupaciones sobre una posible afectación a la autonomía universitaria, la concentración de atribuciones en organismos vinculados al Ejecutivo, la creación de universidades sin los procedimientos previos, el financiamiento, la situación de las provincias amazónicas y la necesidad de incorporar las observaciones de la comunidad universitaria. También intervinieron Betty Amores y Gerónimo Yantalema; finalmente, al quedar numerosos legisladores inscritos y varios temas pendientes, se suspendió el debate sin que se produjera la votación del proyecto.
Sin títuloACTA_136-C-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, en el que existió coincidencia sobre la necesidad de expedir una normativa que cumpliera el mandato constitucional y ciudadano, pero se mantuvieron posiciones contrapuestas respecto de la libertad de expresión y de información, la veracidad y contextualización de las noticias, la responsabilidad ulterior, los derechos de rectificación y réplica, la posible censura y el riesgo de que la regulación fuera utilizada para controlar o perseguir a medios y periodistas. También se discutieron la integración e independencia del Consejo de Regulación; la concentración de la propiedad de los medios; la distribución, reversión y adjudicación de frecuencias entre los sectores público, privado y comunitario; el funcionamiento, financiamiento y destino de los medios públicos e incautados; la distribución de la publicidad estatal; la autonomía editorial; los derechos laborales, la profesionalización, la reserva de la fuente y la cláusula de conciencia de los comunicadores; la participación de pueblos, nacionalidades y sectores sociales; la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos; y la conveniencia de armonizar esta normativa con las leyes de Telecomunicaciones y Penal, así como aprobarla por artículos o capítulos para facilitar acuerdos. En comisión general, Jorge Luis Serrano, representante del Consejo Nacional de Cinematografía, destacó la necesidad de establecer cuotas de pantalla, fomentar la producción audiovisual ecuatoriana y evitar que los contenidos extranjeros de bajo costo desplazaran al cine y a la televisión nacional. El debate fue suspendido sin votación para continuar recibiendo e incorporando observaciones, por lo que quedó pendiente el tratamiento de la propuesta relacionada con el reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos. Intervinieron Paco Moncayo, Juan Carlos López, Juan Carlos Cassinelli, Luis Morales, Pedro de la Cruz, César Rodríguez, Cléver Jiménez, Rolando Panchana, Paola Pabón, Silvia Salgado, Scheznarda Fernández, Eduardo Zambrano, Nívea Vélez, Mercedes Diminich, Jorge Escala, César Gracia, Mauro Andino, Rocío Valarezo, Fernando Aguirre, Jorge Luis Serrano, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Enrique Herrería, María Alejandra Vicuña, Andrés Páez, Emilia Jaramillo, Fernando González, Armando Aguilar, Tomás Zevallos, Manuel Portugal, Viviana Bonilla, Kléver García, Jaime Abril, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Marco Murillo, Gilberto Cisneros y Bolívar Subía.
Sin títuloACTA_196-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó una comisión general para rendir homenaje al educador y escritor Gustavo Alfredo Jácome Jácome por el centenario de su nacimiento y por su trayectoria dedicada a la enseñanza, la literatura, la defensa de la identidad indígena y la difusión de la cultura ecuatoriana; debido a sus condiciones de salud, la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural y Educativo fue recibida por sus familiares, y uno de sus hijos agradeció el reconocimiento concedido a la vida y obra de su padre. Posteriormente continuó el debate sobre el laudo arbitral del CIADI favorable a la empresa Occidental, que obligaba al Ecuador a pagar aproximadamente mil setecientos sesenta y nueve millones de dólares, cifra que, con intereses, superaba los dos mil doscientos millones; existió coincidencia en rechazar el fallo, respaldar el pedido de nulidad y defender la soberanía y los recursos públicos, al sostenerse que la empresa había incumplido el contrato y la legislación ecuatoriana al transferir derechos sin autorización y que el tribunal había subestimado dichas infracciones. Durante las intervenciones también se discutieron las responsabilidades de gobiernos, legisladores, procuradores, ministros y abogados que aprobaron los tratados, aceptaron el arbitraje o participaron en la defensa del Estado; algunos legisladores condicionaron su respaldo a que se investigaran las actuaciones de los funcionarios y se aplicara el derecho de repetición, mientras otros consideraron que aquello podía debilitar la posición del país y defendieron una acción política y jurídica unificada frente a la empresa y los organismos internacionales. La resolución aprobada declaró política de Estado la defensa del Ecuador y el reclamo de nulidad, convocó a las funciones estatales y a la ciudadanía a permanecer unidas y movilizadas, rechazó el laudo, dispuso que la Asamblea realizara seguimiento al proceso, urgió el pronunciamiento necesario para denunciar el Tratado Bilateral de Inversiones, promovió la condena internacional —especialmente entre los países latinoamericanos y caribeños— y pidió a los actores públicos, privados y medios de comunicación actuar de manera consecuente con la dignidad y la soberanía nacional. El texto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos, dieciséis blancos y seis abstenciones; la reconsideración solicitada por Pedro de la Cruz y Luis Almeida fue negada, y su rectificación, pedida por Jaime Abril, también fue rechazada, con lo cual la resolución quedó ratificada. Finalmente se desarrolló el primer debate de los proyectos para garantizar la seguridad en los eventos deportivos y prevenir y controlar la violencia en los escenarios deportivos, iniciativas que buscaban erradicar las conductas violentas, promover una cultura de paz, regular la actuación de organizadores, clubes, autoridades, deportistas, árbitros y aficionados, y prohibir o restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. La Comisión recomendó archivar ambas propuestas porque consideró que la violencia no se limitaba a los estadios ni al consumo de alcohol, que ya existían leyes, reglamentos, ordenanzas y competencias municipales aplicables, que las infracciones debían concentrarse en la legislación penal y que la creación de una nueva entidad nacional duplicaría funciones y aumentaría el gasto público; en su lugar, propuso reformar la Ley del Deporte, fortalecer las competencias de los gobiernos locales, categorizar los escenarios según su tamaño y nivel de riesgo, establecer protocolos y certificados de seguridad, regular los eventos masivos y debatir la prohibición de bebidas alcohólicas y de su publicidad. En oposición al archivo se sostuvo que la Comisión debía corregir, enriquecer y unificar los proyectos, en lugar de desecharlos; se pidió considerar no solo el fútbol profesional, sino también el deporte aficionado, barrial y otras disciplinas, así como la conducta de dirigentes, árbitros, jugadores, medios de comunicación y barras organizadas. Otros legisladores apoyaron el archivo, pero coincidieron en la necesidad de prohibir el alcohol y su publicidad, reforzar el control municipal, organizar y autorregular las hinchadas, mejorar la seguridad de los recintos, diferenciar los estadios grandes de los escenarios pequeños e incorporar las reformas necesarias en las leyes ya existentes. La moción de archivo obtuvo inicialmente cincuenta y ocho votos afirmativos y, en la rectificación, sesenta votos afirmativos, pero en ambos casos no alcanzó la mayoría requerida, por lo que no fue aprobada y la sesión fue clausurada. Intervinieron Armando Aguilar, Galo Vaca, Betty Carrillo, Marco Murillo, María Soledad Vela, César Rodríguez, Zobeida Gudiño, Blanca Ortiz, Rafael Dávila, Xavier Tomalá, Virgilio Hernández, Cléver Jiménez, Rocío Valarezo, Ramiro Terán, Susana González, Luis Morales, Kléver García, Wladimir Vargas, Fernando Bustamante y Fernando Flores; Pedro de la Cruz, Luis Almeida y Jaime Abril participaron mediante solicitudes relacionadas con la reconsideración y rectificación de la votación.
Sin títuloACTA_212-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y se votó la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. Esta última incorporó a los gobiernos parroquiales rurales como accionistas y miembros del Directorio del Banco del Estado, reguló la representación de los gobiernos autónomos descentralizados y permitió que sus acciones fueran transferidas únicamente entre entidades públicas; además, se eliminó la obligación de priorizar exclusivamente créditos para agua potable, alcantarillado y recolección de basura, respetando la autonomía de los gobiernos locales para definir sus proyectos. La reforma fue aprobada con noventa y cuatro votos afirmativos y cinco abstenciones; su reconsideración fue negada con cinco votos afirmativos y noventa y tres negativos, y la rectificación confirmó el resultado con cuatro votos afirmativos, noventa y tres negativos y cuatro abstenciones. En cuanto a la reforma judicial, se debatió la redistribución de la carga procesal entre las salas de la Corte Nacional, el restablecimiento de períodos comunes de vacancia judicial, la especialización de jueces y salas, el tratamiento de delitos tributarios y aduaneros, y la permanencia de los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario. Algunos legisladores respaldaron las reformas por considerar que mejorarían la celeridad y eficiencia de la justicia, mientras otros solicitaron separar las materias de familia, niñez y adolescentes infractores, descentralizar los tribunales para acercarlos a las provincias, fortalecer la protección de mujeres y víctimas de violencia, capacitar a los jueces constitucionales y garantizar la independencia judicial. El primer debate concluyó sin votación, quedando las observaciones para conocimiento de la Comisión, y posteriormente se clausuró la sesión. Intervinieron Soledad Vela, María Molina, Rolando Panchana, Luis Morales, Francisco Velasco, Marisol Peñafiel, Tito Nilton Mendoza, Christian Viteri, Margarita Carranco, Rosana Alvarado, Yolanda Martínez, Rider Proaño, Richard Guillén, Paola Pabón, Jaime Abril, Paúl Jácome y Diego Falconí.
Sin títuloACTA_031-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, centrado en la definición de competencias, autonomía, planificación, participación ciudadana y distribución equitativa de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Edwin Vaca propuso una atención preferencial para las provincias fronterizas por la presencia de población refugiada y planteó impulsar una norma específica de desarrollo fronterizo; Paola Pabón, César Rodríguez, José Picoita, Mary Verduga, Gina Godoy y Armando Aguilar defendieron el Código como una herramienta para superar el centralismo, fortalecer las juntas parroquiales, ordenar competencias y establecer una distribución más justa de recursos. Gilmar Gutiérrez, Francisco Cisneros, Andrés Páez, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Francisco Ulloa y Nivea Vélez expresaron reparos sobre posibles limitaciones a la autonomía, la fórmula de redistribución, la creación de tributos, la delegación de servicios públicos y las disposiciones sobre expropiación de inmuebles para vivienda de interés social. Ángel Vilema solicitó reconocer los costos de insularidad de Galápagos; Xavier Tomalá y Jimmy Pinoargote plantearon mayores recursos y competencias para Santa Elena, particularmente por la explotación petrolera y el turismo; Rafael Dávila y Nivea Vélez defendieron la permanencia de recursos destinados a Loja; Magali Orellana, Guillermina Cruz, Francisco Cisneros y otros representantes amazónicos solicitaron garantizar los fondos de compensación para esa región; mientras Paco Fierro, Mauro Andino, María Molina y Jaime Abril debatieron la distribución de beneficios vinculados con la generación hidroeléctrica y las provincias afectadas. Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Lourdes Tibán formularon observaciones sobre las circunscripciones territoriales indígenas, el reconocimiento de comunas, pueblos y nacionalidades, la consulta conforme a sus procedimientos propios y el respeto a la libre determinación. Pedro de la Cruz y Jaime Abril solicitaron proteger la gestión pública y comunitaria del agua y del riego; Silvia Salgado planteó evitar que la educación y la salud sean tratadas como servicios sujetos a delegación; Línder Altafuya cuestionó que la regionalización pudiera imponerse sin consulta popular; y Richard Guillén, Marllely Vásconez, Fausto Cobo, Galo Vaca, Cynthia Viteri, Luis Morales y Gabriel Rivera también presentaron observaciones sobre financiamiento, competencias, participación y autonomía local. Finalmente, al permanecer pendientes varias intervenciones y temas adicionales incorporados al orden del día, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto en una próxima convocatoria.
Sin títuloACTA_051-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf La sesión continuó con el tratamiento del primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que numerosos asambleístas presentaron observaciones a los informes de mayoría y minoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado: Alfredo Ortiz insistió en fortalecer la fiscalización y la iniciativa legislativa frente al CAL y cuestionó el artículo sobre objeción parcial presidencial; Tito Nilton Mendoza calificó a la ley vigente de ineficaz y pidió la figura de la autoconvocatoria y la eliminación de filtros a la fiscalización; Juan Carlos Cassinelli propuso reformas sobre subrogación de funciones, tiempos de comparecencia y voto dirimente en comisiones; Leonardo Viteri planteó normar la destitución de autoridades del CAL, ampliar la Unidad de Control de Ejecución Presupuestaria y eliminar el voto en blanco electrónico; Aminta Buenaño defendió los avances de la ley frente al antiguo Congreso y sugirió uniformar la terminología sobre pueblos y nacionalidades y revisar el rol del ponente en segundo debate; Richard Guillén propuso reformas sobre sesiones ordinarias y extraordinarias, sanciones por inasistencia, integración equitativa de comisiones, votación por artículos y sanciones al Secretario por distorsionar resultados; César Rodríguez detalló un procedimiento ágil para la consulta prelegislativa y cuestionó la disposición transitoria sobre la Comisión de Fiscalización; Nivea Vélez criticó el rol del CAL como elemento de demora y la concentración de decisiones en presidentes de comisión; Juan Carlos López denunció la falta de independencia entre funciones del Estado y los juicios políticos archivados; Paola Pabón valoró el trabajo de la Comisión y propuso precisar las etapas de la consulta prelegislativa y el mecanismo de decisión sobre juicios políticos; Luis Morales cuestionó la proliferación de debates y pidió mayor apego a la ley; César Montúfar exigió una reforma integral orientada al fortalecimiento del Pleno frente a los "nueve filtros" que, según dijo, obstaculizan la fiscalización, y criticó la conducción del presidente Cordero; Jaime Abril desarrolló una propuesta detallada sobre las etapas de la consulta prelegislativa, la inclusión de las comunas y la participación de CODENPE, CODAE y CODEPMOC; María Cristina Kronfle aclaró su propuesta sobre el cambio del Orden del Día en sesiones ordinarias con mayoría simple; Marco Murillo insistió en que la consulta prelegislativa debe buscar consensos reales mediante asambleas comunitarias y no limitarse a un trámite; Línder Altafuya cuestionó la inacción de la Comisión de Fiscalización citando casos concretos y propuso que el Pleno decida con debate sobre el inicio de juicios políticos; Xavier Tomalá pidió precisar el quórum, los plazos para cambios de Orden del Día y la reconsideración de votaciones; Galo Lara citó casos de obras públicas cuestionadas y presentó reformas puntuales a los artículos sobre fiscalización y enjuiciamiento político; Enrique Herrería denunció que el proyecto carece de una reforma integral y señaló presuntas inconstitucionalidades, además de referirse a un incidente previo con Gilmar Gutiérrez sobre entrega de información; Saruka Rodríguez presentó seis observaciones puntuales sobre terminología y comisiones ocasionales; Fernando Bustamante advirtió contra la nostalgia de las prácticas del antiguo Congreso y defendió que la fiscalización no se agota en el juicio político; Fernando Aguirre cuestionó el servilismo de la Asamblea frente al Ejecutivo y pidió recuperar su independencia; y finalmente el presidente Fernando Cordero expuso su posición sobre el momento y alcance de la consulta prelegislativa y presentó cifras sobre solicitudes de información y resultados de fiscalización durante el año legislativo.
Sin títuloACTA_057-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Paco Moncayo para exhortar a que el Código Orgánico de la Producción sea tramitado por la vía ordinaria y no como ley económica urgente, debido a la necesidad de garantizar consulta prelegislativa y participación ciudadana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a definir la estructura, integración y atribuciones del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional, crear una Secretaría Coordinadora Técnica y convertir la Conferencia Nacional en una instancia permanente, plurinacional e intercultural de deliberación, veeduría y formulación de propuestas. María Molina, Gido Vargas y Rosana Alvarado respaldaron la reforma para viabilizar el funcionamiento de estos organismos; Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Silvia Salgado, Marco Murillo y Carlos Velasco cuestionaron la adscripción de la Conferencia y de la Secretaría Técnica al Ministerio de Agricultura, solicitaron mayor autonomía, representación territorial y social, plazos más breves y menos trámites para presentar propuestas legislativas; Jaime Abril propuso precisiones sobre tecnificación, representación de los gobiernos autónomos, rectoría de políticas públicas y selección de la Secretaría Técnica. Al existir numerosas observaciones, se difirió la votación para incorporar los aportes. También se trató la objeción parcial al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Virgilio Hernández propuso allanarse a la mayoría de observaciones de forma y ratificarse en artículos considerados esenciales para la autonomía y financiamiento de los gobiernos autónomos. Andrés Roche, Diana Atamaint, Paco Moncayo, Paco Fierro, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Jorge Escala, Edwin Vaca, Guillermina Cruz, Vicente Taiano, Paola Pabón, Luis Almeida y Marco Murillo debatieron sobre la fórmula de distribución de recursos, las competencias de los gobiernos locales, la representación de las circunscripciones territoriales indígenas, los límites para la conformación de regiones, la situación de Santo Domingo de los Tsáchilas, la designación del Secretario del Consejo Nacional de Competencias y el riesgo de recentralización. Finalmente, se aprobaron los allanamientos a las observaciones planteadas, incluidos los artículos relacionados con regiones y circunscripciones territoriales indígenas; además, se ratificaron los textos originales sobre sectores estratégicos, planificación, amnistías tributarias, normativa propia de los gobiernos autónomos, comodatos y ponderación para cantones fronterizos, mientras no prosperó la ratificación de otros artículos y disposiciones transitorias
Sin títuloACTA_057-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN) y la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. María Molina explicó que se incorporaron observaciones de Washington Cruz, Paco Moncayo, Omar Juez, Fernando Bustamante, Jaime Abril, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Carlos Velasco, Raúl Abad, el bloque del MPD y los integrantes de la Conferencia, con el fin de mejorar la redacción y alcanzar consensos. Entre los cambios principales se eliminó la creación de una nueva Secretaría Técnica para el SISAN, asignando la coordinación a la Secretaría Técnica ya existente de la Conferencia; se definieron las funciones, composición y mecanismos de articulación del SISAN; se consolidó a la Conferencia como instancia de debate, deliberación, veeduría y generación de propuestas desde la sociedad civil, con autonomía técnica, administrativa y financiera; se reguló su integración mediante concurso público, incorporando representantes de sectores académicos, consumidores, pequeños y medianos productores, agricultores, ganaderos, pescadores, campesinos, regantes, pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; y se establecieron plazos para que las propuestas ciudadanas sean remitidas al Ejecutivo y posteriormente a la Asamblea, incluyendo informes sobre consensos, discrepancias y las razones para acoger o descartar propuestas. El proyecto fue aprobado inicialmente con ciento cuatro votos afirmativos y, tras una rectificación, con ciento cinco votos afirmativos; la reconsideración solicitada posteriormente fue negada.
Sin títuloACTA_078-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la resolución propuesta por Gabriel Rivera que condena el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por fuerzas regulares o irregulares, nacionales o extranjeras, para conflictos, delitos, explotación sexual u otras formas degradantes, y exhorta a Ecuador y Colombia a reforzar la protección de la niñez en la frontera; intervinieron María Soledad Vela, Fernando Flores, Carlos Cassinelli, Edwin Vaca, Gido Vargas, Jaime Abril y Kléver García, quienes plantearon reforzar el sustento jurídico internacional, las políticas de prevención y la atención social en las zonas fronterizas. También se aprobó la resolución impulsada por Jorge Escala para incorporar en la Ley Orgánica de Educación Intercultural una disposición que otorgue nombramientos a docentes contratados que constaban como elegibles, cree las partidas necesarias en sesenta días y garantice igualdad salarial respecto de docentes con nombramiento; Escala y Nívea Vélez defendieron la estabilidad laboral de los maestros elegibles, mientras Armando Aguilar y Guillermina Cruz sostuvieron que los nombramientos debían sujetarse a concursos de méritos y oposición y a la disponibilidad institucional. El tema central fue la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, presentada por César Rodríguez, que estableció principios de gratuidad, laicidad, interculturalidad, inclusión, participación, evaluación integral y calidad educativa; fortaleció los derechos de estudiantes, docentes y familias; reguló la carrera docente, estabilidad, capacitación, remuneración, educación sexual integral, protección frente a la violencia, atención a personas con discapacidad y adolescentes embarazadas, así como el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la rectoría nacional de la política educativa. La ley fue aprobada inicialmente con noventa y ocho votos afirmativos y ratificada, tras rectificación, con ciento ocho votos afirmativos; la reconsideración fue negada. Finalmente, se aprobó la resolución de Gioconda Saltos para exhortar la declaratoria de estado de excepción en Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Los Ríos por la actividad del volcán Tungurahua, incluyendo reactivación productiva, apoyo a ganaderos y agricultores, protección social, ejecución de proyectos de los gobiernos autónomos y fortalecimiento técnico del Instituto Geofísico; Francisco Cisneros, Fernando González, Marco Murillo, Elvis Maldonado, Luis Morales, Mauro Andino, Juan Carlos López, Kléver García y Hólger Chávez solicitaron ampliar la cobertura territorial y asegurar la entrega efectiva de recursos
Sin títuloACTA_110-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporaron al orden del día dos propuestas relacionadas con la protección de los migrantes ecuatorianos y el reconocimiento cultural de San Antonio de Ibarra. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización con Fines de Exportación del Banano y Afines, en el que se analizaron la protección de los pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial, la investigación técnica, la regulación de exportadores, la creación de una corporación bananera y la necesidad de incluir productos alternativos; también se señaló que varias disposiciones ya estaban contempladas en el Código de la Producción y que el proyecto requería mayor socialización. Finalmente, se aprobó su archivo y se negó la reconsideración. Se aprobó el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y Venezuela, destinado a proteger a los trabajadores migrantes y sus familias, permitir la acumulación y portabilidad de los periodos de aportación y facilitar el acceso a prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, aunque se debatió sobre el alcance exacto de sus beneficios. También se aprobó una resolución que rechazó la ley antimigrante HB-87 del estado de Georgia por considerarla discriminatoria y contraria a los derechos humanos, solicitando a las autoridades estadounidenses impulsar una reforma migratoria integral. Finalmente, se declaró a San Antonio de Ibarra como Patrimonio Cultural y Artístico del Ecuador y se exhortó a las instituciones nacionales y locales a proteger su memoria histórica, promover su producción artística y artesanal y asignar los recursos correspondientes. Intervinieron Francisco Hagó, Marisol Peñafiel, Jaime Abril, Ramiro Terán, Omar Juez, Gerónimo Yantalema, Víctor Quirola, José Portugal, Eduardo Zambrano, Emilia Jaramillo, Juan López, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Linda Machuca y Wladimir Vargas.
Sin títuloACTA_112-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, destinado a eliminar ciento cincuenta y una normas obsoletas y sin aplicación práctica, entre decretos, acuerdos, resoluciones legislativas y leyes, con lo que se completaría la revisión de aproximadamente mil cuatrocientas disposiciones antiguas; el debate fue cerrado y se dispuso remitir las observaciones a la comisión para preparar el informe de segundo debate. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Propiedad Horizontal, orientada a sustituir la exigencia de unanimidad por la aprobación de los dos tercios de las alícuotas para determinadas decisiones, evitar que un solo copropietario paralice mejoras, regular las expensas en conjuntos conformados por varios bloques o torres y facilitar el cobro judicial de las alícuotas vencidas mediante títulos ejecutivos. También se analizaron la administración de los condominios, la adecuación de sus reglamentos internos, la seguridad de las edificaciones, las competencias municipales, la accesibilidad, el uso y mantenimiento de los bienes comunes y la conveniencia de efectuar una reforma integral que considere las distintas realidades urbanas, habitacionales y sociales. Intervinieron María Romo, Francisco Ulloa, Rolando Panchana, Juan López, Silvia Salgado, Paco Moncayo, Jaime Abril, Vicente Taiano, Mauro Andino, Luis Almeida, Mercedes Diminich, Andrés Roche, Gioconda Saltos, Luis Morales y Fernando Cordero. La sesión fue suspendida sin que el proyecto reformatorio fuera sometido a votación.
Sin títuloACTA_040-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Enrique Herrería para impulsar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el fin de corregir vacíos relacionados con los procesos de fiscalización y juicio político; sin embargo, este tema no llegó a tratarse. Previamente, en comisión general, Carlos Pazmiño, Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Luis Andrango y José Gualichico, en representación de organizaciones de regantes, pueblos indígenas y sistemas comunitarios de agua, solicitaron una normativa que garantice la gestión pública y comunitaria, la participación vinculante, la desprivatización, redistribución y protección de las fuentes de agua, así como el respeto a los sistemas comunitarios y a la soberanía alimentaria. También se conoció la renuncia de Betty Amores a la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentada tras las controversias surgidas durante el trámite del enjuiciamiento político al fiscal general; Mao Moreno propuso no aceptar la renuncia, mientras Luis Morales planteó aceptarla y designar a Vicente Taiano en su reemplazo, pero ambas mociones fueron negadas luego de las respectivas rectificaciones, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, defendido por Jaime Abril, Jimmy Pinoargote y Lídice Larrea como una norma orientada a reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer una cantidad vital, regular tarifas, priorizar el consumo humano, la soberanía alimentaria y la conservación ecológica, fortalecer la gestión pública y comunitaria, crear una institucionalidad integrada por la Secretaría Nacional del Agua, el Consejo Intercultural y Plurinacional y la Agencia de Regulación y Control, y regular el aprovechamiento productivo en actividades como minería, envasado, aguas termales, turismo y acuacultura. Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Paola Pabón, Stalin Subía, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Irina Cabezas, Gerardo Morán, Susana González, Richard Guillén, Armando Aguilar, Vicente Taiano, Omar Juez, Scheznarda Fernández, Mercedes Diminich, Galo Vaca, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Yandri Brunner, Guillermina Cruz, Mariángel Muñoz, Paco Fierro, Fernando González, César Montúfar, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Kléver García, Francisco Velasco, Línder Altafuya y César Rodríguez presentaron observaciones sobre la redistribución del agua, la protección de páramos, manglares y fuentes hídricas, el papel de los gobiernos autónomos descentralizados, la autonomía de las juntas comunitarias, la situación de INTERAGUA, las tarifas, las concesiones, la minería, el agua embotellada y la necesidad de que la autoridad del agua tenga una integración más participativa y vinculante. Al no concluir el debate ni producirse una votación final, la sesión fue suspendida para continuar posteriormente, en medio de llamados al diálogo, preocupaciones por movilizaciones sociales y denuncias sobre la criminalización de la protesta.
Sin títuloACTA_190-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Marco Murillo propuso modificar el orden del día para que el Pleno eligiera las autoridades de la comisión encargada de analizar el informe presidencial sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, debido a que había vencido el plazo para su instalación; sin embargo, la propuesta fue negada con cincuenta y un votos afirmativos, treinta y dos negativos y diecisiete abstenciones, y su rectificación volvió a ser rechazada con cincuenta y un votos afirmativos, treinta y tres negativos y quince abstenciones. Posteriormente se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, destinado a proteger, recuperar y dinamizar la diversidad agrícola y los conocimientos ancestrales asociados; garantizar la producción, conservación, libre circulación, intercambio y acceso a semillas de calidad; fortalecer la agricultura familiar, campesina, agroecológica y orgánica; establecer bancos vivos de semillas y un Banco Nacional de Germoplasma; promover créditos preferenciales, asistencia técnica, compras públicas y mecanismos de regulación de precios; reconocer la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades; impulsar la investigación mediante el diálogo entre los conocimientos científicos y ancestrales; regular los monocultivos, la certificación, los registros, las infracciones y las sanciones; y mantener al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, respetando la excepción constitucional aplicable únicamente por razones de interés nacional y bajo estrictas normas de bioseguridad. En comisión general, Roberto Gortaire, Hilario Morocho, Fausto Falconí y Elizabeth Bravo defendieron la agroecología como alternativa frente al monocultivo, los agroquímicos, la pérdida de fertilidad, la concentración empresarial y la dependencia tecnológica; destacaron la contribución de los pequeños agricultores a la alimentación nacional, la capacidad de la producción orgánica para generar empleo y rentabilidad, la necesidad de proteger la salud de los consumidores y la importancia de impedir el ingreso de transgénicos y garantizar el libre intercambio de las semillas campesinas. María del Carmen Estévez y Gabriela Vásquez expusieron la experiencia ambiental del Colegio Víctor Mideros mediante el proyecto Muyu, que comprendía reforestación, huertos orgánicos, conservación e intercambio de semillas y educación para el consumo saludable y el cuidado de la naturaleza. Durante el debate legislativo se resaltaron la soberanía alimentaria, la igualdad de las mujeres rurales, el reconocimiento de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, la protección de los saberes tradicionales, la necesidad de convertir a las comunas y organizaciones campesinas en sujetos de crédito y la importancia de que el Estado financie, asegure y adquiera parte de la producción agroecológica; también se discutieron la autoridad que debía administrar el germoplasma, la libertad de intercambio y comercialización de semillas, los incentivos tributarios, la relación de esta normativa con las leyes de aguas, tierras, comunas y biodiversidad, la prioridad concedida a determinados proyectos legislativos y la conveniencia de mantener un debate científico sobre la biotecnología sin desconocer la prohibición constitucional de los transgénicos. Jaime Abril propuso realizar una consulta prelegislativa al considerar que la ley podía afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, pero la moción no alcanzó la mayoría absoluta requerida: obtuvo inicialmente sesenta y un votos afirmativos y trece abstenciones y, en la rectificación solicitada por Ramiro Terán y Francisco Ulloa, sesenta y dos votos afirmativos y doce abstenciones; por ello, no fue aprobada y la sesión quedó suspendida con doce intervenciones todavía pendientes. Intervinieron Marco Murillo, Roberto Gortaire, Hilario Morocho, Fausto Falconí, Elizabeth Bravo, María del Carmen Estévez, Gabriela Vásquez, María Augusta Calle, Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Jaime Abril, María Molina, Irina Cabezas, Eduardo Encalada y Lourdes Tibán.
Sin títuloACTA_069-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, orientado a actualizar la normativa vigente, promover la donación, fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, regular la obtención, conservación, transporte y utilización clínica de órganos, tejidos y células, garantizar la gratuidad, confidencialidad, calidad y acceso equitativo a los procedimientos, y prevenir el tráfico y turismo de órganos. Carlos Velasco explicó que la propuesta incorpora el consentimiento presuntivo —por el cual toda persona sería potencial donante salvo manifestación contraria—, la inclusión de esta decisión en la cédula de identidad, una lista nacional única de espera basada en criterios médicos y de vulnerabilidad, y el fortalecimiento de la autoridad sanitaria; Leonardo Viteri, Pamela Falconí, Paco Fierro, María Alejandra Vicuña, Martha Bazurto, Jorge Fadul y Celso Maldonado respaldaron la iniciativa, destacando la necesidad de crear una cultura de donación, ampliar el número de donantes, asegurar la intervención de instituciones y profesionales autorizados, proteger a donantes y receptores, y establecer sanciones severas contra la comercialización y las redes de tráfico. Henry Cuji, María Molina, Jaime Abril y Fernando Flores propusieron precisiones sobre las atribuciones de la autoridad sanitaria, la conservación de órganos, el tratamiento preferente y postrasplante de donantes y receptores, la incorporación del Registro Civil, la protección de menores y personas con discapacidad, la cooperación internacional y la inclusión de ecuatorianos residentes en el exterior en la lista de espera; mientras Rolando Panchana solicitó garantizar recursos permanentes para campañas de difusión, Kléver García pidió eliminar disposiciones que pudieran facilitar cualquier forma de comercio de órganos, Mauro Andino planteó revisar el procedimiento administrativo y la proporcionalidad de las sanciones, Luis Almeida insistió en tipificar con mayor fuerza los delitos de secuestro, robo y asesinato vinculados a la extracción de órganos, y Rafael Dávila, Luis Morales y Lídice Larrea expresaron reparos sobre el consentimiento presuntivo, defendiendo que la donación debe respetar la voluntad individual, las creencias y la decisión expresa de cada persona. Fernando Bustamante cuestionó que donantes y receptores sean considerados automáticamente como personas con discapacidad y propuso revisar los criterios de prioridad en favor de padres o madres responsables de menores, mientras Bolívar Subía alertó sobre el riesgo de lucro de clínicas, laboratorios, transportistas y otros actores vinculados con la actividad trasplantológica. Además, se negó la propuesta de César Montúfar para modificar el orden de tratamiento de la designación de delegados legislativos a comisiones ciudadanas de selección, y se aprobó un acuerdo de condolencia por el fallecimiento de Néstor Kirchner, con una observación de Fausto Cobo para mantener un texto sobrio y centrado en el reconocimiento de su legado democrático, ético y político
Sin títuloACTA_073-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate y se aprobó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, orientado a impulsar la transformación productiva, la diversificación económica, la innovación, las exportaciones, las MIPYMES, las zonas especiales de desarrollo, el acceso a financiamiento, la modernización aduanera y los incentivos tributarios para nuevas inversiones, incluyendo la reducción progresiva del impuesto a la renta, beneficios para zonas deprimidas y fronterizas, exoneraciones para determinados sectores, mecanismos de salario digno y disposiciones sobre tierras rurales. Francisco Velasco defendió el texto y sus incentivos; Silvia Salgado, Betty Amores, Armando Aguilar, Pedro de la Cruz, Gioconda Saltos, Diana Atamaint, Gido Vargas, Mauro Andino, Juan Carlos Cassinelli, Irina Cabezas, Viviana Bonilla, Marllely Vásconez, Marco Murillo, Salomón Fadul y Henry Cuji plantearon aportes para fortalecer la economía popular y solidaria, la agricultura familiar, el comercio justo, la producción amazónica, la protección ambiental, el acceso a tierra, crédito y tecnología, así como la exoneración del impuesto a tierras rurales para campesinos y productores de la Amazonía. Enrique Herrería, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Ramiro Terán, Hugo Quevedo, Nicolás Lapentti, César Montúfar, Sylvia Kon y Luis Morales cuestionaron el trámite urgente, la seguridad jurídica, la amplitud de facultades reglamentarias del Ejecutivo, el anticipo al impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, la fórmula del salario digno, los mecanismos de contratación laboral y aspectos aduaneros; Jaime Abril propuso mejoras de técnica legislativa y proporcionalidad de sanciones, mientras Patricio Rodríguez solicitó incentivos y financiamiento para migrantes retornados. En comisión general, Orlando Grefa, Jofre Poma y Carlos Pinzón solicitaron la condonación del impuesto, multas e intereses de 2010 para agricultores amazónicos y del noroccidente de Pichincha, así como catastros técnicos que consideren productividad, topografía, conservación de fuentes de agua y condiciones ambientales. La moción de Luis Morales para votar el Código capítulo por capítulo fue negada; posteriormente, el Código fue aprobado con sesenta y ocho votos afirmativos, treinta y ocho negativos y tres abstenciones, y la reconsideración fue rechazada. Además, se aprobó la resolución propuesta por Edwin Vaca para exhortar al Gobierno a mantener la ayuda humanitaria y asignar recursos para Tulcán, afectada por lluvias y granizo que inundaron gran parte de la ciudad, destruyeron viviendas y centros educativos y dejaron numerosas familias damnificadas; la resolución obtuvo ciento cinco votos afirmativos
Sin títuloACTA_086-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje y se otorgó la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural e investigativo” a Jaime Galarza Zavala, en reconocimiento a su trayectoria como escritor, investigador, docente, activista y servidor público; Aminta Buenaño destacó su aporte intelectual y compromiso con las transformaciones sociales, mientras Galarza agradeció la distinción y reafirmó su vocación por la justicia, la poesía y la defensa de los sectores populares. En primer debate se trató el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal, que plantea reemplazar el requisito de unanimidad por la aprobación de dos tercios de los copropietarios para realizar aumentos en las edificaciones, modificaciones de fachadas, mejoras voluntarias, gravámenes extraordinarios y alteraciones en el uso de bienes comunes. María Paula Romo y Vicente Taiano defendieron la reforma como una solución para evitar que la oposición de un solo propietario impida decisiones colectivas; Juan Carlos Cassinelli propuso revisar disposiciones sobre alícuotas y uso de los inmuebles; Enrique Herrería advirtió que la medida podría afectar la armonía arquitectónica y generar conflictos; Guillermina Cruz solicitó incorporar la autorización del arquitecto diseñador para cambios relevantes; Silvia Salgado planteó sustituir los dos tercios por mayoría absoluta; y Aminta Buenaño y Jaime Abril coincidieron en que debe impulsarse una reforma integral que incorpore aspectos de vivienda, seguridad, calidad de construcción, administración y protección de los copropietarios. Finalmente, se aprobó con noventa y siete votos afirmativos y uno en blanco la resolución propuesta por Jimmy Pinoargote, mediante la cual se reconoció el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, se destacó la fortaleza de las personas con enfermedades catastróficas y se exhortó al Ejecutivo a fortalecer los programas de prevención, detección temprana y atención gratuita, oportuna y especializada para pacientes con cáncer y otras enfermedades de alta complejidad.
Sin títuloACTA_123-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión del Pleno se retiró la solicitud de Marco Murillo para incorporar al orden del día la reinstalación de la sesión 115, luego del compromiso de convocar a los jefes de bancada para acordar la continuación del segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; mientras que la propuesta de Nívea Vélez para debatir el estado de excepción decretado en la Función Judicial fue negada, registrándose en la rectificación cincuenta y un votos afirmativos, ocho negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente, la Asamblea rindió homenaje a la delegación ecuatoriana de Olimpiadas Especiales que participó en los Juegos Mundiales de Verano de Atenas 2011, donde obtuvo veinticinco medallas de oro, veintiséis de plata y catorce de bronce; se otorgó la condecoración “Doctor Vicente Rocafuerte” al Pabellón de Olimpiadas Especiales Ecuador, se reconoció la labor de su presidente Héctor Cueva Jiménez, del equipo técnico y de los deportistas, y se destacó su ejemplo de inclusión, perseverancia y superación. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, orientado a prevenir, corregir y sancionar los abusos de posición dominante, las prácticas anticompetitivas y la concentración perjudicial para consumidores y pequeños productores; aunque existió coincidencia sobre la necesidad de contar con una normativa contra los monopolios y oligopolios, se formularon numerosas observaciones respecto de la concentración de facultades en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la independencia de los organismos de control, la amplitud y discrecionalidad de sus atribuciones, el respeto al debido proceso, la intimidad y la acción de protección, la proporcionalidad de las multas, la definición del mercado relevante, la relación con los sectores financiero, público y estratégico, y la protección de consumidores, pequeñas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria. El debate concluyó sin votación, para que la Comisión incorporara las observaciones antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Silvia Kon, Rolando Panchana, Rafael Dávila, Fernando Bustamante, César Montúfar, Viviana Bonilla, Juan Carlos López, Betty Amores, Fernando González, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Eduardo Encalada, Rosana Alvarado, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Jaime Abril, Marco Murillo, Andrés Roche, María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Luis Morales, Paola Pabón, María Augusta Calle, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Kléver García, Celso Maldonado, Jorge Fadúl, María Alejandra Vicuña, Mauro Andino, Francisco Cevallos y Francisco Ulloa.
Sin títuloACTA_155-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje a la Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador por sus cincuenta años de labor en favor de las comunidades indígenas, campesinas y sectores históricamente excluidos, resaltando su aporte a la alfabetización, la educación a distancia, la comunicación comunitaria, la salud, la agricultura orgánica, la recuperación de cultivos andinos y la democratización de la palabra, por lo que recibió una condecoración al mérito educativo, cultural y social. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud, con la participación de representantes de organizaciones juveniles, quienes solicitaron una normativa que no se limite a declarar derechos, sino que establezca oportunidades y mecanismos efectivos en materia de educación, salud, empleo, primer trabajo, pasantías remuneradas, seguridad social, emprendimiento, vivienda, cultura, recreación, libertad de asociación, uso del espacio público y participación política; también se analizaron el rango de edad aplicable, el reconocimiento de la diversidad de las juventudes, la prevención de su criminalización, la institucionalidad encargada de ejecutar las políticas públicas, la representación juvenil en los organismos de decisión, la articulación con los gobiernos locales, el financiamiento de programas, la necesidad de evitar estructuras burocráticas y la creación de mecanismos de exigibilidad y control. Asimismo, se aprobó una resolución para solicitar atención urgente frente al fuerte temporal invernal en la provincia del Azuay, abordándose los riesgos de deslizamientos, inundaciones, aislamiento vial y posibles afectaciones a poblaciones e infraestructura hidroeléctrica, así como la necesidad de ejecutar obras preventivas, estudios técnicos, atención a los damnificados y coordinación entre las instituciones estatales. Intervinieron Eduardo Encalada, Mauro Andino, Juan Pérez, Darío Masaquiza, Camila Martínez, Jorge Almeida, César Rodríguez, Ember Horna, Johana Rojas, Paco Moncayo, Luis Morales, María Soledad Vela, Vicente Taiano, María Alejandra Vicuña, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, María Augusta Calle, Fernando Aguirre, Mariángel Muñoz, Jaime Abril, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Mary Verduga, Kléver García, Silvia Salgado, Jorge Escala, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel y Marco Murillo
Sin títuloACTA_213-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Integración de Franjas Fronterizas, orientado a mejorar los servicios, la seguridad, la actividad productiva y la coordinación institucional en los territorios ubicados junto a las fronteras. Sus defensores señalaron que estas zonas habían permanecido abandonadas y enfrentaban pobreza, contrabando de combustibles, tráfico de drogas y armas, trata de personas, falta de infraestructura y escasa presencia estatal, por lo que respaldaron la creación de mecanismos locales de integración y políticas públicas diferenciadas. Otros legisladores y la Comisión consideraron que el proyecto contenía disposiciones inconstitucionales relacionadas con exoneraciones tributarias, relaciones internacionales, suscripción de convenios con autoridades extranjeras y creación de organismos, además de tratar una materia similar a una ley previamente objetada totalmente por el Ejecutivo antes de cumplirse el plazo constitucional para reconsiderarla. La moción para archivarlo fue negada con cuarenta y tres votos afirmativos, veinticinco negativos, un blanco y diecisiete abstenciones, por lo que el proyecto regresó a la Comisión para continuar su trámite. Posteriormente se inició el primer debate del informe que unificó varios proyectos de reforma laboral, relacionados con el incremento de la jubilación patronal, la regulación de las renuncias, la imprescriptibilidad de determinadas acciones laborales, el fortalecimiento de los sindicatos y la negociación colectiva, así como la igualdad y no discriminación en el acceso al empleo, incluyendo una atención prioritaria para personas de entre treinta y cinco y sesenta años. La Comisión recomendó archivar las iniciativas por considerar que varias disposiciones ya estaban reguladas, carecían de estudios técnicos, podían generar inseguridad jurídica, afectaban los derechos de los jóvenes, confundían las normas aplicables a los sectores público y privado y creaban acciones o procedimientos incompatibles con la Constitución. La sesión fue suspendida sin votación para recibir posteriormente a organizaciones laborales y continuar las intervenciones. Intervinieron Fernando Vélez, Yolanda Martínez, Margarita Carranco, Leandro Cadena, Guillermina Cruz, José Picoita, Cléver Jiménez, Guido Vargas, Fernando Flores, Christian Viteri, Edwin Vaca, Gerónimo Yantalema, Rafael Dávila, Tito Nilton Mendoza, Ana Bolaños, Mao Moreno, Fausto Cobo, Jaime Abril y Scheznarda Fernández.
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