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ACTA_079-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, orientadas a fortalecer la investigación y sanción de delitos graves, ampliar la acumulación de penas, combatir el sicariato, la usura, la utilización de menores por organizaciones delictivas, el tráfico ilícito de combustibles, la minería ilegal y otras formas de criminalidad organizada, así como mejorar las medidas cautelares, la actuación fiscal y la rehabilitación social. César Rodríguez, Marisol Peñafiel, Fernando Bustamante, Carlos Velasco, Gabriel Rivera, Mariángel Muñoz, María Alejandra Vicuña, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán y Paola Pabón cuestionaron que el endurecimiento de penas, por sí solo, resuelva la inseguridad, y defendieron una política integral basada en prevención, inversión social, eficacia judicial, rehabilitación, protección de derechos y un régimen especializado para adolescentes infractores. En contraste, Luis Morales, Paco Fierro, Edwin Vaca, Richard Guillén, Juan Carlos López, Fernando Aguirre y Andrés Páez plantearon penas más severas y acumulativas para delitos graves y reincidentes, mayor protección para las víctimas, control efectivo de jueces y fiscales, mejoras en la investigación policial, centros de rehabilitación funcionales y medidas frente a la impunidad. Marco Murillo y César Montúfar propusieron una mesa nacional o multipartidista que articule a las funciones del Estado y a los gobiernos autónomos para construir una política integral de seguridad, mientras Rolando Panchana solicitó incluir disposiciones sobre vehículos sumergibles, usura y fraudes electrónicos; Guillermina Cruz pidió fortalecer los derechos de las víctimas, la reestructuración policial y la rehabilitación de adolescentes. El debate quedó cerrado para recibir observaciones escritas antes de continuar el trámite, sin que se produjera votación sobre la reforma. Además, se leyó un proyecto de resolución para exhortar a la Función Judicial a agilitar y concluir los procesos por daños ambientales en la Amazonía, especialmente los relacionados con Sucumbíos, pero no llegó a votarse y fue diferido para una siguiente sesión.

ACTA_082-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, con ciento once votos afirmativos, sin votos negativos ni blancos y dos abstenciones, luego de una rectificación de la votación. La norma garantiza el derecho a la salud en materia de trasplantes, crea el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes bajo rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional, regula la promoción, donación, extracción, almacenamiento, transporte, distribución y trasplante de órganos, tejidos y células, y establece principios de altruismo, voluntariedad, gratuidad, solidaridad, transparencia, interculturalidad y bioética. Carlos Velasco defendió el texto final y destacó que los ecuatorianos y extranjeros residentes mayores de edad serán considerados donantes al fallecer, salvo que expresen su negativa o restricción en su documento de identidad; además, la ley garantiza atención gratuita, medicación permanente para personas trasplantadas, confidencialidad de la información, trato preferencial a receptores y donantes vivos que hayan sufrido afectaciones de salud, formación especializada de equipos médicos, una Lista de Espera Única Nacional y campañas educativas para fortalecer la cultura de donación. También se reguló la donación en vida, restringida principalmente a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, cónyuges o convivientes, bajo consentimiento informado, notariado y revocable; la donación de menores fallecidos, autorizada por padres, representantes legales o jueces competentes; y la actuación en casos de muerte violenta, que exige notificación previa al fiscal. La normativa prohíbe la comercialización y el turismo de trasplantes, establece controles, autorizaciones y acreditaciones para hospitales, profesionales y bancos de tejidos o células, regula la investigación con células madre y dispone sanciones administrativas y penales agravadas para tráfico de órganos, procedimientos no autorizados, manipulación de información privilegiada e incumplimiento de la Lista de Espera Única Nacional

ACTA_132-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar la igualdad, inclusión y defensa de las personas con discapacidad, respecto del cual existió un respaldo general, aunque se presentaron numerosas observaciones para asegurar que los derechos reconocidos pudieran cumplirse efectivamente y no quedaran como declaraciones sin financiamiento, plazos, responsables, controles ni sanciones. La discusión abordó la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana de discapacidades, regular con criterios éticos los programas de genética humana, ampliar la atención médica y la rehabilitación integral, garantizar medicamentos y ayudas técnicas gratuitas, facilitar el acceso a seguros de vida y salud y establecer una seguridad social financiada o respaldada por el Estado. En materia educativa se propuso impulsar una verdadera educación inclusiva, con equipos multidisciplinarios, docentes capacitados, adaptaciones curriculares, sistema Braille, lengua de señas, infraestructura accesible y centros especializados únicamente cuando fueran indispensables; mientras que en el ámbito laboral se analizaron los porcentajes de contratación, la evaluación de capacidades y destrezas, la eliminación de restricciones generales basadas en supuestos riesgos, la adecuada asignación de funciones y la protección económica de quienes cuidan permanentemente a personas con discapacidad severa. También se plantearon mejoras en la accesibilidad de edificios, viviendas, calles, transporte público, taxis, medios de comunicación y señalética; la actualización periódica de los montos permitidos para importar vehículos; la aplicación real de tarifas preferenciales y exoneraciones; y la participación de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, se solicitó incorporar las realidades de las zonas rurales, fronterizas y amazónicas, garantizar un enfoque intercultural y lingüístico para pueblos y nacionalidades, fortalecer el Seguro Social Campesino, incluir a los ecuatorianos con discapacidad residentes en el exterior, ampliar la protección a familiares y representantes legales, y desarrollar campañas para eliminar la discriminación y cambiar la percepción social sobre la discapacidad. También se debatió la denominación más adecuada para las personas beneficiarias, aunque se defendió el uso de “personas con discapacidad” por ser el término reconocido constitucionalmente. El primer debate concluyó sin votación, a fin de que la comisión analizara e incorporara las observaciones para preparar el texto del segundo debate. Intervinieron Luis Almeida, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Carlos Velasco, Armando Aguilar, César Gracia, Mao Moreno, Kléver García, Gioconda Saltos, Fernando Flores, Gerónimo Yantalema, Gastón Gagliardo, Rolando Panchana, Betty Amores, Galo Lara, Grace Almeida, María Molina, César Rodríguez, Dora Aguirre, Tamara Chico, Edwin Vaca, Guillermina Cruz y María Cristina Kronfle.

ACTA_113-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la incorporación de una resolución para exigir la reliquidación de las indemnizaciones de los extrabajadores de la extinta Junta de Defensa Nacional, mientras que se aprobó incluir el tratamiento de la situación de los maestros contratados de Esmeraldas, quienes denunciaban falta de pago y ausencia de renovación de contratos, aunque este punto no llegó a debatirse. En comisión general se conmemoró el Día del Cóndor Andino y se reconoció a Juan Carrión por su labor de conservación ambiental y a Guillermo Ayoví, “Papá Roncón”, por su trayectoria y aporte a la cultura afroecuatoriana. Posteriormente, se realizó el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Salud sobre enfermedades raras o huérfanas, orientada a reconocerlas como patologías catastróficas, de alto costo y complejidad, garantizar atención gratuita, prioritaria, integral y especializada, crear un plan nacional de prevención, diagnóstico y seguimiento, implementar un registro de pacientes, promover la investigación científica y asegurar el acceso oportuno a medicamentos. Paulina Hernández expuso las dificultades que enfrentan los pacientes con fibrosis quística y sus familias, mientras los legisladores destacaron la necesidad de fortalecer la atención primaria, capacitar al personal médico, evitar la discriminación, garantizar financiamiento y no limitar mediante una lista cerrada las enfermedades protegidas. Intervinieron Luis Morales, Línder Altafuya, Juan Carrión, Zobeida Gudiño, Petita Palma, Guillermo Ayoví, Paulina Hernández, Carlos Velasco, Scheznarda Fernández, Francisco Ulloa, María Vicuña, Alfredo Ortiz y Gioconda Saltos; las observaciones fueron remitidas a la comisión para preparar el informe de segundo debate

ACTA_149-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la incorporación de una propuesta para pronunciarse sobre el hallazgo de cocaína en una valija diplomática, que planteaba acelerar las investigaciones, determinar responsabilidades, revisar la normativa aplicable, conformar una comisión multipartidista y solicitar la salida del ministro de Relaciones Exteriores; posteriormente, se rindió homenaje a los estudiantes Gerardo Francisco Pérez, Juan José Morales, Henry Xavier Paca, José Vicente Anilema y Manuel Ramiro Moreta, así como a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su rector Romeo Rodríguez y el decano Iván Menes, por el desarrollo de Skillbox, un programa informático reconocido internacionalmente que traduce el lenguaje oral a lengua de señas y permite transformar textos en audio, facilitando la comunicación, educación e inclusión de personas con discapacidad auditiva y del habla. A continuación, se debatió la emergencia ocasionada por la fuerte estación invernal, las inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, pérdidas de viviendas, cultivos, carreteras y medios de subsistencia, así como la aparición de enfermedades y las dificultades para abastecer y atender a las comunidades aisladas; aunque la propuesta inicial se refería al Guayas, se incorporaron Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y se solicitó al Ejecutivo declarar el estado de excepción, coordinar la intervención de las instituciones públicas, brindar auxilio a las poblaciones afectadas, entregar recursos para reconstruir viviendas y bienes y establecer un espacio de diálogo con una comisión legislativa. La resolución fue aprobada, ratificada en la rectificación y su reconsideración fue negada. También se desarrolló el primer debate del proyecto de protección para las personas con epilepsia, orientado a garantizar sus derechos, evitar la discriminación educativa y laboral, establecer programas integrales de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, asegurar medicamentos oportunos, permanentes y gratuitos, promover campañas informativas, investigación, docencia y estadísticas, y mejorar la coordinación entre la atención primaria, los especialistas, las familias y las instituciones públicas. Durante la discusión se reconocieron el impacto médico, psicológico, familiar, social y económico de la enfermedad y la necesidad de combatir los prejuicios; sin embargo, varios legisladores consideraron que el proyecto repetía derechos ya garantizados, carecía de suficiente precisión científica y jurídica, podía generar restricciones inconvenientes mediante peritajes y debía integrarse en un código general de salud, mientras otros defendieron la urgencia de contar con una regulación específica y propusieron precisar que el acceso al trabajo no comprendiera actividades que pudieran representar riesgos para la persona o terceros. La moción para archivar el proyecto y recomendar la elaboración del Código de la Salud fue negada, por lo que la iniciativa continuó su trámite. Posteriormente, se inició el primer debate de la reforma destinada a proteger a las personas adultas mayores, proponiéndose sustituir denominaciones consideradas despectivas, reconocer como beneficiarias a las personas desde los sesenta y cinco años, facilitar el ejercicio inmediato de sus derechos mediante la presentación del documento de identidad, garantizar atención médica especializada y gratuita, acceso a medicinas, trabajo acorde con sus capacidades, jubilación universal, descuentos en servicios públicos, exenciones tributarias y notariales y acceso a vivienda digna. También se plantearon servicios gratuitos y prioritarios, la entrega de ayudas económicas a quienes carecieran de jubilación, la posibilidad de exigir a los hijos una pensión vitalicia para sus padres mediante acción judicial incluso promovida por terceros, el cambio de denominación del fondo nacional correspondiente, sanciones civiles y penales por vulnerar sus derechos y la creación y fortalecimiento de hogares de protección bajo responsabilidad estatal y municipal, con atención médica, terapia ocupacional, cultura y actividad física; este debate quedó suspendido para continuar posteriormente. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó la agresión de la Policía boliviana contra personas con discapacidad que reclamaban una ayuda económica, reconoció el diálogo como mecanismo de solución, exhortó al Gobierno de Bolivia a aceptar la mediación ofrecida por Lenín Moreno, sugirió respetar los instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias; la decisión fue ratificada con cincuenta y nueve votos afirmativos, uno negativo y cuatro abstenciones. Intervinieron Jorge Escala, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Gioconda Saltos, Romeo Rodríguez, Pamela Falconí, Luis Almeida, Vicente Taiano, Xavier Tomalá, Jorge Fadul, Ramón Cedeño, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Vélez, Susana González, Carlos Velasco, Nívea Vélez, Pedro de la Cruz, Rocío Valarezo, Mao Moreno, Richard Guillén, Damacio Santos, Francisco Ulloa, Betty Carrillo, Luis Morales, Fernando González, Gina Godoy, Bolívar Subía, María Molina, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Paco Fierro y Rosa Ponce.

ACTA_148-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a actualizar la normativa estadística vigente desde 1976 y establecer un Sistema Estadístico Nacional que produjera información oficial, confiable, oportuna, integrada y útil para la planificación, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones. La propuesta contempló la creación de un Consejo Nacional de Estadística encargado de coordinar a las instituciones productoras de información, aprobar la política y el plan nacional en esta materia y expedir normas técnicas; el fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos como responsable de las estadísticas de base, los censos, encuestas y registros; la asignación al Banco Central de las estadísticas de síntesis macroeconómica; la formación de comités técnicos; la gratuidad del acceso a la información; la obligación de proporcionar datos veraces; y la protección de la información personal mediante la confidencialidad y el secreto estadístico, con sanciones administrativas, civiles y penales por su uso indebido. Durante el debate se propuso incorporar con mayor claridad los principios de objetividad, proporcionalidad, especialidad, calidad, transparencia y accesibilidad; armonizar las definiciones, metodologías y clasificaciones; evaluar periódicamente la calidad de las estadísticas; difundir los resultados y los métodos utilizados; garantizar que el acceso gratuito no se limitara únicamente a medios informáticos; precisar qué información podía solicitarse obligatoriamente; y coordinar la normativa con las disposiciones sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. También se planteó desagregar la información por sexo, género, orientación sexual, edad, condición migratoria, pertenencia étnica y territorio; crear comités especializados con enfoques de género, generacional, intercultural y plurinacional; reconocer las realidades de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; obtener estadísticas precisas sobre las personas migrantes y retornadas; y realizar censos o estudios periódicos adaptados a las condiciones particulares de Galápagos, la Amazonía, las zonas fronterizas y los gobiernos locales. Varios legisladores cuestionaron la conformación y necesidad del Consejo Nacional de Estadística, el aumento de la burocracia, la influencia de la Función Ejecutiva sobre el sistema y sobre la designación de la máxima autoridad del INEC, proponiendo que esta fuera seleccionada mediante concurso de méritos y oposición y que los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones sociales eligieran directamente a sus representantes. Asimismo, se expresaron temores de que las cifras pudieran ser manipuladas con fines políticos, se debatió si la ley debía abarcar también las estadísticas producidas por instituciones privadas, universidades, observatorios y organizaciones sociales, y se insistió en que la información oficial pudiera ser contrastada con fuentes independientes. También se formularon observaciones sobre la contratación temporal y la estabilidad de los servidores encargados de censos, la correcta redacción de varias disposiciones, la prohibición de formular preguntas no previstas en las boletas, la protección de los derechos laborales y la conveniencia de no denominar “secreto estadístico” a la información agregada que debía ser pública, sino reservar únicamente los datos personales protegidos. El debate concluyó sin votación para que la comisión analizara e incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Virgilio Hernández, Juan Carlos López, María Soledad Vela, Betty Amores, Carlos Velasco, María Molina, Luis Morales, Paola Pabón, Luis Almeida, Linda Machuca, Andrés Páez, Marisol Peñafiel, César Montúfar, Ángel Vilema, Jorge Escala, Gerónimo Yantalema, Edwin Vaca y Fernando Cordero.

ACTA_174-E-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose principalmente el procedimiento penal, la ejecución de las penas y el sistema de rehabilitación social, así como la necesidad de equilibrar la protección de las víctimas, la seguridad ciudadana, la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos de las personas privadas de libertad. En comisión general, Rosa Elisa Balarezo, en representación de las organizaciones de mujeres de Loja, expuso la violencia de género, los embarazos forzados derivados de violaciones —incluidos los sufridos por niñas—, la impunidad de los delitos sexuales, la necesidad de tipificar el femicidio, respetar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, evitar su revictimización y considerar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Durante el debate legislativo se analizaron la despenalización del aborto en casos de violación y las posiciones favorables y contrarias a esta medida; la política sobre consumo y tráfico de drogas; la posible criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y los delitos cometidos mediante medios de comunicación; la regulación de la rebelión, el terrorismo y la delincuencia organizada; el régimen penal militar y policial; la jurisdicción indígena y su coordinación con la justicia ordinaria; la protección de víctimas y testigos; la prescripción de las acciones penales; las pruebas en infracciones de tránsito; el juzgamiento de la violencia intrafamiliar mediante procedimientos especiales y expeditos; y el uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, informantes y dispositivos electrónicos como alternativas a la prisión preventiva. También se discutieron la proporcionalidad y el incremento de las penas, la sexualidad adolescente y la redacción del delito de violación, la diferencia entre personas acusadas y sentenciadas, los límites de la prisión preventiva, el hacinamiento carcelario, la responsabilidad estatal por la seguridad de quienes permanecen bajo su custodia, la organización institucional del sistema penitenciario y la necesidad de que la rehabilitación no se sustente en prejuicios sociales sobre quiénes cometen delitos. Intervinieron Rosa Elisa Balarezo, Stalin Bolívar Subía, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Lídice Larrea, Mauro Andino, César Montúfar, Marco Murillo, Gina Godoy, Consuelo Flores, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Augusta Calle, María Paula Romo y Tito Nilton Mendoza. Finalmente, el debate fue suspendido y se dispuso su continuación al día siguiente.

ACTA_174-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose la necesidad de modernizar la legislación y garantizar un equilibrio entre seguridad ciudadana, derechos humanos, debido proceso e independencia judicial; se debatieron la proporcionalidad y eficacia de las penas, la precisión técnica de los tipos penales, el riesgo de criminalizar la huelga, la protesta, la resistencia y otras expresiones políticas o sociales, así como la regulación del terrorismo, rebelión, sabotaje, corrupción, peculado, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, delitos ambientales, infracciones relacionadas con la pesca, accidentes de tránsito, mala práctica profesional, violencia en espectáculos públicos, delitos propios de las zonas fronterizas y falta de pago de precios oficiales a productores agrícolas. También se discutieron ampliamente el aborto no punible cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o pusiera en riesgo la vida o salud de la mujer, la violencia contra la mujer y la familia, la continuidad de las medidas de protección previstas en la Ley 103 y la necesidad de procedimientos rápidos que eviten la revictimización; además, se analizaron la justicia indígena, el tratamiento especializado de adolescentes en conflicto con la ley, la política de drogas desde una perspectiva de salud pública, la rehabilitación de personas dependientes y la conveniencia de no basar la lucha contra la delincuencia únicamente en el endurecimiento de las penas. En comisión general, Miguel Zambrano, representante de los Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia, defendió la protección especial de sus derechos y rechazó que los adolescentes fueran juzgados como adultos, destacando que requieren una legislación y procedimientos especializados. Intervinieron Edwin Vaca, Soledad Vela, Juan Carlos López, Lourdes Tibán, Wladimir Vargas, María Alejandra Vicuña, Lenín Chica, Miguel Zambrano, Fernando Bustamante, Jimmy Pinoargote, César Gracia, Betty Carrillo, Carlos Velasco, Cristian Viteri, María Paula Romo, Vicente Taiano, Rolando Panchana, Betty Amores, Virgilio Hernández, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo y Luis Morales; finalmente, la sesión fue suspendida para continuar al día siguiente con las intervenciones pendientes y cerrar el debate del primer bloque del proyecto.

ACTA_037-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un reconocimiento a las maestras y maestros del país, propuesto por Jorge Escala, mientras Guillermina Cruz retiró su pedido de homenaje a la ajedrecista Martha Fierro tras el compromiso institucional de otorgarle una condecoración y apoyo técnico; en cambio, se negó la propuesta de Fernando Aguirre para tratar una resolución sobre las afectaciones a las familias perjudicadas por el robo en el Monte de Piedad del IESS de Cuenca. Además, se permitió la participación de Jorge Calderón, representante de los taxistas, en el tratamiento de la reforma de transporte. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orientada a corregir vacíos en la aplicación de la norma, reorganizar las competencias de los organismos de tránsito, fortalecer la seguridad vial, mejorar el sistema de licencias y puntos, regular las contravenciones, el transporte informal, las rutas y frecuencias, los permisos de operación, la capacitación de conductores, el SOAT, las sanciones, la atención a víctimas de accidentes y la coordinación con los municipios. El debate se centró principalmente en la necesidad de respetar las competencias constitucionales de los gobiernos municipales, evitar la excesiva discrecionalidad de los organismos nacionales, mejorar el control a conductores extranjeros e informales, establecer mecanismos eficaces de cobro y juzgamiento, proteger a peatones, pasajeros, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, regular el transporte escolar, revisar las condiciones laborales de los conductores y garantizar tarifas, seguros y sistemas de reparación justos. Intervinieron Saruka Rodríguez, Juan Carlos Cassinelli, Silvia Salgado, Consuelo Flores, Richard Guillén, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Gido Vargas, Luis Morales, Paco Moncayo, María Soledad Vela, María Paula Romo, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Grace Almeida, Vanessa Fajardo, Rafael Dávila, Nivea Vélez, Eduardo Zambrano, María Alejandra Vicuña, Enrique Herrería, Mauro Andino, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Carlos Samaniego, Betty Amores, Guillermina Cruz, Gioconda Saltos y Rodolfo Baquerizo, quienes presentaron observaciones para que sean incorporadas en el informe de segundo debate. Finalmente, se aprobó la resolución de reconocimiento a las maestras y maestros del país, que destacó su aporte a la educación y comprometió a la Asamblea a impulsar normas que garanticen estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, formación, remuneraciones y jubilación digna; en este punto intervinieron Ramiro Terán y Jorge Escala.

ACTA_031-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para incorporar un homenaje a la mujer ecuatoriana y a Tránsito Amaguaña, así como una propuesta para promover la igualdad real entre mujeres y hombres en los organismos públicos, iniciativas sustentadas por Henry Cuji y Nívea Vélez. También se realizó la presentación oficial de la Constitución de la República en kichwa, como instrumento de difusión de derechos y fortalecimiento de la interculturalidad, con la participación de Bernardo Chango Jerez, Pedro de la Cruz, José Caiza y César Guanolema. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, orientado a reorganizar los gobiernos autónomos descentralizados, definir competencias, fortalecer la descentralización, la participación ciudadana, los regímenes especiales, las circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y montubias, y establecer un modelo de distribución de recursos basado en la equidad territorial. Virgilio Hernández defendió la propuesta como un mecanismo para superar desigualdades históricas y garantizar recursos y competencias para todos los niveles de gobierno; Paco Moncayo respaldó el fortalecimiento del Estado y de los gobiernos locales; mientras Andrés Roche cuestionó posibles limitaciones a la autonomía y una excesiva vinculación de los planes locales con la planificación nacional. Jorge Escala, Cléver Jiménez, Luis Morales y Tomás Zevallos expresaron preocupaciones sobre la creación de tributos, la privatización de servicios públicos, la eliminación o congelamiento de recursos destinados a la Amazonía y los efectos de las disposiciones relacionadas con las Leyes 010, 047 y 122. Aminta Buenaño y María Soledad Vela propusieron incorporar normas de gestión de riesgos, prevención ante desastres, protección de grupos de atención prioritaria, niñez y adolescencia, y fortalecimiento de los mecanismos de igualdad. Rocío Valarezo, Juan Carlos Cassinelli, Kléver García y Alfredo Ortiz plantearon ajustes sobre competencias, fiscalización, transporte, expropiaciones, funciones de autoridades locales, financiamiento, Galápagos y recursos para juntas parroquiales. Guillermina Cruz solicitó aclarar la vigencia de los recursos amazónicos y revisar la distribución territorial; Carlos Velasco destacó la necesidad de combatir la pobreza y garantizar la gratuidad de salud y educación; y Eduardo Encalada respaldó una redistribución más equitativa de recursos y propuso ampliar beneficios tributarios para adquisición de vivienda. Finalmente, al no concluir el debate ni producirse una votación definitiva del proyecto, se suspendió la sesión para continuar su tratamiento en una próxima convocatoria.

ACTA_035-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate de la propuesta orientada a incorporar al ordenamiento jurídico nacional los derechos colectivos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de fortalecer el carácter plurinacional e intercultural del Estado, proteger la identidad, territorios, formas de organización, educación intercultural bilingüe, justicia propia, consulta previa y participación de los pueblos y nacionalidades. Edwin Vaca, Lourdes Tibán, Francisco Ulloa, Kléver García, Marco Murillo, Diana Atamaint, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Cléver Jiménez y otros legisladores defendieron la necesidad de reconocer y hacer efectivos estos derechos; mientras César Rodríguez, Nivea Vélez, Hólger Chávez, Betty Amores, Armando Aguilar, Gioconda Saltos, Carlos Velasco, María Augusta Calle, Aminta Buenaño y Betty Carrillo señalaron que el texto debía ser reformulado para convertir los principios internacionales en una normativa aplicable, con mecanismos de exigibilidad e inclusión expresa de pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y demás colectivos. También intervinieron Luis Morales, Zobeida Gudiño, Enrique Herrería y Vicente Taiano. Finalmente, Lourdes Tibán retiró la propuesta original, se negó el pedido de archivo planteado por Enrique Herrería y se dispuso que el tema vuelva a ser trabajado para elaborar una normativa integral sobre derechos colectivos. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, mediante la cual se otorgó inmunidad civil y penal limitada a las actuaciones, conclusiones, análisis y recomendaciones incorporadas en el informe final, así como medidas de reserva y protección para testigos y colaboradores. Washington Cruz, Línder Altafuya y Mao Moreno defendieron la norma como una garantía para esclarecer los hechos, proteger a los investigadores y resguardar la soberanía nacional; María Augusta Calle cuestionó la falta de protección a las fuentes y el posible alcance permanente de la inmunidad; y Fausto Cobo, Alfredo Ortiz, Kléver García, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo expresaron reparos sobre su constitucionalidad, la transparencia del informe, la posible persecución política y la necesidad de conocer plenamente la verdad. La ley fue aprobada luego de una rectificación de la votación.

ACTA_040-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, en medio de un amplio debate sobre la gestión pública y comunitaria del recurso, la participación social, la desprivatización, la redistribución, la protección de fuentes hídricas, los servicios de agua potable y riego, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la regulación de actividades productivas como la minería, el envasado de agua, el turismo termal, la acuacultura y la actividad camaronera. Andrés Roche, José Picoita, María Alejandra Vicuña, Rodolfo Baquerizo, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Cordero, Consuelo Flores y otros legisladores defendieron el proyecto como un avance para reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer prioridades de uso, regular autorizaciones y tarifas, recuperar concesiones irregulares y mantener las concesiones vigentes sujetas a auditorías y procesos de revisión, especialmente en el caso de INTERAGUA; mientras Gido Vargas, Silvia Salgado, Hólger Chávez, Cléver Jiménez, Nívea Vélez, Carlos Velasco, Línder Altafuya, Gioconda Saltos, Franklin Purcachi, Andrés Páez, Juan Carlos López, Tito Nilton Mendoza, Lourdes Tibán, Jorge Escala, Enrique Herrería, Francisco Cisneros y Pedro de la Cruz cuestionaron el carácter centralista de la autoridad única del agua, la posibilidad de que la Secretaría Nacional del Agua concentre decisiones, las disposiciones sobre tarifas, autorizaciones, concesiones, participación de empresas privadas y la falta de garantías suficientes para comunidades, pueblos y nacionalidades, pequeños productores, sistemas comunitarios y gobiernos locales. Varios asambleístas solicitaron que el texto sea revisado para alcanzar consensos sobre la autoridad del agua, la desprivatización, el aprovechamiento económico, la protección ambiental y las competencias territoriales; Nívea Vélez propuso que las observaciones sean analizadas con participación de organizaciones sociales en un plazo de quince días, mientras Tito Nilton Mendoza planteó archivar el proyecto y elaborar uno nuevo. Asimismo, se debatieron las movilizaciones indígenas y las actuaciones policiales ocurridas alrededor de la Asamblea, con denuncias de represión y restricciones a la participación ciudadana, frente a llamados a preservar el diálogo y evitar que las decisiones legislativas se adopten bajo presión. Finalmente, en comisión general, Rodrigo Collahuazo, Manuel Chucchilán y José Agualsaca solicitaron que no se vote apresuradamente, que se recojan las propuestas de las organizaciones campesinas e indígenas, se fortalezca el carácter decisorio del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, se revise la concesión de INTERAGUA y se establezcan controles sobre actividades que afecten manglares, fuentes y ecosistemas; al no concluir el tratamiento ni efectuarse una votación, la sesión fue suspendida.

ACTA_046-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión, reinstalada por el presidente Fernando Cordero Cueva con quórum verificado y la actuación en Secretaría del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se continuó durante todo el día el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) con la intervención sucesiva de numerosos asambleístas —entre ellos César Rodríguez, Gido Vargas, José Picoita, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel, Tito Nilton Mendoza, Paola Pabón, Nivea Vélez, María Paula Romo, Fernando Vélez, Alex Remache, Richard Guillén, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Eduardo Sánchez, Lenin Chica, Eduardo Zambrano, Betty Amores, Francisco Cisneros, Carlos Velasco, Milton Altamirano, Rosana Alvarado, Fernando González, Kléver García, César Gracia, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Luis Morales, Ángel Vilema, Celso Maldonado, Pamela Falconi, Dora Aguirre, Hólger Chávez, Fernando Cordero, Francisco Ulloa, Jorge Escala, Xavier Tomalá, Gioconda Saltos, Juan Fernández, Mary Verduga y Raúl Abad—, con la dirección de la sesión alternándose entre el Presidente Cordero Cueva, la Primera Vicepresidenta Irina Cabezas Rodríguez y el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, e incluyó una Comisión General para recibir al rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, Dr. José Barbosa, quien defendió el reconocimiento del "Modus Vivendi" para las universidades católicas y la valoración de la educación a distancia, así como una suspensión y reinstalación de la sesión entre las doce horas con cincuenta y dos minutos y las quince horas con cuarenta y cinco minutos; posteriormente se trató el punto IV, el proyecto de Resolución presentado por Gerónimo Yantalema de reconocimiento a la contribución histórica de las comunidades, pueblos y nacionalidades en su lucha de liberación de la opresión, la colonización y el neoliberalismo hacia la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural del Sumak Kawsay, que conmemora los veinte años del levantamiento indígena de 1990 y declara el 21 de junio como "Inty Raymy", día de conmemoración nacional, el cual fue debatido con observaciones de Marco Murillo, Marisol Peñafiel y María Augusta Calle, y aprobado con 78 votos afirmativos, 4 en blanco y 7 abstenciones, tras lo cual el Presidente suspendió la sesión.

ACTA_057-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Paco Moncayo para exhortar a que el Código Orgánico de la Producción sea tramitado por la vía ordinaria y no como ley económica urgente, debido a la necesidad de garantizar consulta prelegislativa y participación ciudadana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a definir la estructura, integración y atribuciones del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional, crear una Secretaría Coordinadora Técnica y convertir la Conferencia Nacional en una instancia permanente, plurinacional e intercultural de deliberación, veeduría y formulación de propuestas. María Molina, Gido Vargas y Rosana Alvarado respaldaron la reforma para viabilizar el funcionamiento de estos organismos; Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Silvia Salgado, Marco Murillo y Carlos Velasco cuestionaron la adscripción de la Conferencia y de la Secretaría Técnica al Ministerio de Agricultura, solicitaron mayor autonomía, representación territorial y social, plazos más breves y menos trámites para presentar propuestas legislativas; Jaime Abril propuso precisiones sobre tecnificación, representación de los gobiernos autónomos, rectoría de políticas públicas y selección de la Secretaría Técnica. Al existir numerosas observaciones, se difirió la votación para incorporar los aportes. También se trató la objeción parcial al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Virgilio Hernández propuso allanarse a la mayoría de observaciones de forma y ratificarse en artículos considerados esenciales para la autonomía y financiamiento de los gobiernos autónomos. Andrés Roche, Diana Atamaint, Paco Moncayo, Paco Fierro, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Jorge Escala, Edwin Vaca, Guillermina Cruz, Vicente Taiano, Paola Pabón, Luis Almeida y Marco Murillo debatieron sobre la fórmula de distribución de recursos, las competencias de los gobiernos locales, la representación de las circunscripciones territoriales indígenas, los límites para la conformación de regiones, la situación de Santo Domingo de los Tsáchilas, la designación del Secretario del Consejo Nacional de Competencias y el riesgo de recentralización. Finalmente, se aprobaron los allanamientos a las observaciones planteadas, incluidos los artículos relacionados con regiones y circunscripciones territoriales indígenas; además, se ratificaron los textos originales sobre sectores estratégicos, planificación, amnistías tributarias, normativa propia de los gobiernos autónomos, comodatos y ponderación para cantones fronterizos, mientras no prosperó la ratificación de otros artículos y disposiciones transitorias

ACTA_057-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN) y la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. María Molina explicó que se incorporaron observaciones de Washington Cruz, Paco Moncayo, Omar Juez, Fernando Bustamante, Jaime Abril, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Carlos Velasco, Raúl Abad, el bloque del MPD y los integrantes de la Conferencia, con el fin de mejorar la redacción y alcanzar consensos. Entre los cambios principales se eliminó la creación de una nueva Secretaría Técnica para el SISAN, asignando la coordinación a la Secretaría Técnica ya existente de la Conferencia; se definieron las funciones, composición y mecanismos de articulación del SISAN; se consolidó a la Conferencia como instancia de debate, deliberación, veeduría y generación de propuestas desde la sociedad civil, con autonomía técnica, administrativa y financiera; se reguló su integración mediante concurso público, incorporando representantes de sectores académicos, consumidores, pequeños y medianos productores, agricultores, ganaderos, pescadores, campesinos, regantes, pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; y se establecieron plazos para que las propuestas ciudadanas sean remitidas al Ejecutivo y posteriormente a la Asamblea, incluyendo informes sobre consensos, discrepancias y las razones para acoger o descartar propuestas. El proyecto fue aprobado inicialmente con ciento cuatro votos afirmativos y, tras una rectificación, con ciento cinco votos afirmativos; la reconsideración solicitada posteriormente fue negada.

ACTA_099-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto reformatorio a la Ley de Gestión Ambiental, orientado a fortalecer las facultades de la autoridad ambiental para retener, decomisar, inutilizar o, excepcionalmente, destruir las maquinarias e instrumentos empleados en infracciones ambientales. Durante el análisis se destacó la necesidad de proteger los derechos de la naturaleza y actuar oportunamente frente a la contaminación, pero también se formularon observaciones sobre la proporcionalidad de las medidas, el respeto al debido proceso y al derecho de propiedad, la prohibición de confiscaciones, la determinación de la gravedad de la infracción, el destino de los bienes decomisados y de la flora y fauna recuperadas, así como la protección de los pequeños mineros y la aplicación de controles similares a las grandes empresas. Intervinieron Rosana Alvarado, Fernando González, Guillermina Cruz, José Portugal, Ángel Vilema, Galo Vaca, Alfredo Ortiz, Luis Morales, Gioconda Saltos, César Gracia, Betty Carrillo, Cléver Jiménez y Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, dirigido a enfrentar el abandono histórico de las zonas limítrofes mediante políticas diferenciadas, planificación, inversión pública, incentivos tributarios y productivos, fortalecimiento institucional y coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Se planteó mejorar la infraestructura vial, educativa, sanitaria, turística, comercial, de telecomunicaciones y servicios básicos; garantizar seguridad, empleo y atención a las comunidades; impulsar la integración con los países vecinos y asegurar recursos permanentes para evitar la migración y las desigualdades territoriales. Intervinieron Virgilio Hernández, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Víctor Quirola, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Línder Altafuya y Gabriel Rivera. Las observaciones formuladas en ambos debates fueron remitidas a las respectivas comisiones para su análisis y preparación de los informes para segundo debate

ACTA_080-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general, Gerardo Morán, el padre Robert García y un representante del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle expusieron la situación de niñas, niños y adolescentes en condición de calle, solicitaron respaldo solidario y destacaron la necesidad de atender las causas estructurales de pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Posteriormente, se aprobó el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela, orientado a la cooperación en capacitación, investigación, intercambio académico, tecnología, inteligencia, operaciones de paz, apoyo logístico y gestión de riesgos; María Augusta Calle, Francisco Velasco, Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Armando Aguilar, Virgilio Hernández, Hólger Chávez, Carlos Velasco y Guillermina Cruz defendieron el instrumento como una expresión de integración latinoamericana, cooperación horizontal, fortalecimiento de la soberanía y diversificación de las relaciones internacionales, mientras Paco Moncayo aclaró su oposición histórica al convenio de la Base de Manta, y Fernando Aguirre, Línder Altafuya, Luis Almeida, Edwin Vaca, Enrique Herrería, Wladimir Vargas y Paco Fierro cuestionaron los posibles efectos del acuerdo sobre la profesionalización e independencia de las Fuerzas Armadas, la cooperación en inteligencia, el contexto político venezolano, la oportunidad diplomática frente al restablecimiento de relaciones con Colombia y la conveniencia de canalizar estos asuntos mediante el marco regional de UNASUR. El acuerdo fue aprobado, tras rectificación, con sesenta y tres votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y once abstenciones. Finalmente, se aprobó el Acuerdo entre Ecuador y Brasil sobre Cooperación en el Dominio de la Defensa, destinado a promover investigación, desarrollo, capacitación, entrenamiento, apoyo logístico, transferencia tecnológica y adquisición de productos y servicios de defensa; Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca resaltaron la capacidad tecnológica, industrial y estratégica de Brasil, la relación histórica entre ambos países, la transparencia en el gasto de defensa y los beneficios de una cooperación ordenada en igualdad de condiciones. La aprobación obtuvo setenta y nueve votos afirmativos, uno negativo, tres blancos y diecinueve abstenciones.

ACTA_109-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Marco Murillo para exhortar a las funciones del Estado a aplicar los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y paridad de género en la designación de sus delegados al Consejo de la Judicatura de Transición, mientras que se aprobó incorporar al orden del día la creación de una comisión especializada ocasional encargada de tratar los derechos de los grupos de atención prioritaria, especialmente de las personas con discapacidad, propuesta por Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco, orientado a proteger la salud pública, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo mediante espacios completamente libres de tabaco, restricciones a la venta a menores y por unidades, prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, advertencias gráficas en los empaques, campañas educativas, tratamiento de las adicciones y sanciones para quienes incumplieran la normativa. Plutarco Naranjo expuso los daños sanitarios y sociales ocasionados por el consumo de tabaco. Durante el debate también se analizaron las libertades individuales, la proporcionalidad de las sanciones, la responsabilidad de los propietarios de establecimientos, el control del contrabando y los posibles efectos sobre productores, trabajadores, comerciantes y la industria tabacalera. Intervinieron Marco Murillo, Rolando Panchana, Plutarco Naranjo, Carlos Velasco, Margarita Carranco, Andrés Páez, María Vicuña, Fernando Aguirre, César Rodríguez, Gioconda Saltos, Juan Cassinelli, Alfredo Ortiz, Juan López, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, Kléver García, Celso Maldonado, Fernando Flores, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Calle, Luis Almeida, Rafael Dávila y Marllely Vásconez. La sesión fue suspendida sin que se sometiera el proyecto a votación.

ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_135-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Marco Murillo para incorporar al orden del día una resolución que exigiera al Ministerio de Educación cumplir con el pago completo de las compensaciones correspondientes a la jubilación de los docentes del sector público, señalándose que miles de maestros jubilados habrían recibido valores inferiores a los establecidos. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma destinada a garantizar la atención de las personas que padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, reconociéndolas como un asunto de interés nacional y estableciendo la obligación del Estado de brindar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, medicamentos e insumos de manera oportuna, permanente y gratuita. Durante el debate se planteó elaborar protocolos médicos, fortalecer la formación del personal de salud, crear un registro nacional de pacientes, promover investigaciones y convenios con instituciones nacionales e internacionales, agilizar la importación de medicamentos, regular el cumplimiento de las coberturas de seguros y medicina prepagada, apoyar psicológica y socialmente a las familias, atender los casos que no pudieran diagnosticarse en el país y extender la protección a los ecuatorianos residentes en el exterior. También se propuso precisar las definiciones y diferencias entre las enfermedades catastróficas y las raras o huérfanas, garantizar la doble vulnerabilidad de los pacientes, actualizar periódicamente el listado de enfermedades, incorporar el autismo, crear institutos especializados de investigación y asegurar los recursos presupuestarios necesarios para que la normativa pudiera aplicarse efectivamente. Luego de un receso se incorporaron varias observaciones y el proyecto fue aprobado inicialmente con noventa y nueve votos afirmativos y, tras la rectificación, por unanimidad con ciento un votos afirmativos y dos blancos. Intervinieron Marco Murillo, Víctor Quirola, Scheznarda Fernández, Carlos Velasco, Fausto Cobo, María Soledad Vela, María Molina, Fernando Flores, Gioconda Saltos, César Gracia y Tomás Zevallos.

ACTA_147-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para analizar la declaratoria de emergencia sanitaria en Manabí por el aumento de casos de dengue y para solicitar medidas excepcionales frente a los daños ocasionados por el invierno en Carchi y en el eje vial Palanda-Chinchipe, asuntos que finalmente quedaron pendientes; en cambio, se negaron las propuestas para debatir la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible incorporación a la iniciativa de conservación Yasuní-ITT, así como para rechazar editoriales publicados por periódicos estadounidenses que fueron considerados atentatorios contra la soberanía nacional. En comisión general, representantes de los municipios, gobiernos provinciales y parroquias rurales expusieron sus criterios sobre la futura regulación de los límites territoriales, destacando la necesidad de respetar la tradición histórica, el sentido de pertenencia, la autonomía de los gobiernos locales y la decisión de las poblaciones involucradas. Posteriormente, se aprobó el reconocimiento de las festividades del Carnaval de Guamote como patrimonio cultural intangible, resaltándose su origen ancestral, la convivencia intercultural entre los pueblos indígenas y mestizos, sus personajes, música, gastronomía, rituales y prácticas comunitarias; además, se solicitó a las instituciones competentes proceder con su declaración y registro, incorporarlo al calendario nacional y destinar recursos para su promoción, preservación y salvaguarda. El tema central fue el primer debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para fijar límites y solucionar los conflictos territoriales existentes entre parroquias, cantones y provincias, originados por la falta de delimitaciones jurídicas, la contradicción entre normas, los cambios geográficos, las decisiones políticas y las diferencias sobre la pertenencia e identidad de las comunidades. La propuesta planteó que, en lugar de definir directamente cada límite, se establecieran mecanismos amistosos como la negociación y la mediación territorial, y mecanismos institucionales como el arbitraje, la consulta popular y la resolución de las autoridades competentes; también contempló sustituir al organismo anterior por una nueva entidad nacional encargada de los límites internos. Durante la discusión se insistió en garantizar la participación ciudadana, definir quiénes podrían votar en las consultas y acreditar su residencia, respetar los acuerdos y delimitaciones legalmente consolidados, proteger la integridad de las comunidades indígenas y evitar que fueran divididas entre distintas jurisdicciones, establecer plazos obligatorios para resolver los conflictos y reconocer factores históricos, culturales, sociales, ambientales, geográficos, étnicos e hidrográficos. Asimismo, se cuestionó la actuación del organismo técnico que anteriormente manejaba los límites, la validez de mapas elaborados sin una ley definitiva, la posibilidad de que el Ejecutivo resolviera determinadas controversias, la centralización y politización de las decisiones y la falta de representación directa de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales en la nueva entidad; se propuso incorporar al Instituto Geográfico Militar como apoyo técnico y otorgar un papel más activo a la Asamblea y a los gobiernos autónomos descentralizados. También se aprobó reconsiderar una resolución adoptada previamente sobre Ernesto “Che” Guevara, después de señalarse errores históricos y de redacción que afectaban la imagen institucional. El debate sobre los límites territoriales quedó interrumpido y la sesión concluyó por falta de quórum, por lo que las observaciones debían ser remitidas a la comisión y varios asuntos incorporados al orden del día no llegaron a resolverse. Intervinieron Scheznarda Fernández, María Paula Romo, Marco Murillo, Stalin Subía, Edwin Vaca, Zobeida Gudiño, Paúl Granda, Jorge Olmedo, Néstor Chapa, Juan de Dios Roldán Arellano, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Kléver García, Mauro Andino, Luis Morales, Pedro de la Cruz, Carlos Velasco, Paco Fierro, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Francisco Velasco, Línder Altafuya, Lenín Chica, Mary Verduga, Betty Amores, Tomás Zevallos, Enrique Herrería, César Gracia, Galo Vaca, Hugo Quevedo, María Molina, Betty Carrillo, Rosana Alvarado y Francisco Ulloa.

ACTA_151-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó una propuesta para reconocer la trayectoria histórica y el aporte del coronel Luis Vargas Torres a la Revolución Liberal; posteriormente, se rindió homenaje y se otorgó una condecoración a Luis Alfonso Chango Pacha, fundador y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, destacando su historia de superación, su lucha contra la discriminación, el impulso al cooperativismo indígena, la inclusión financiera, la educación, el emprendimiento, la identidad cultural y el deporte. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, centrado en la regulación del transporte comunitario e intercultural en las zonas rurales y de difícil acceso, el uso de camionetas, camiones, mototaxis y otros medios alternativos, las condiciones técnicas y de seguridad para el traslado de personas y productos, la legalización de los servicios diferenciados, la capacitación y entrega de licencias de conducir, el funcionamiento y control de las escuelas de conducción, las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito y de los gobiernos autónomos descentralizados, la revisión de rutas y frecuencias, la prevención de accidentes, el SOAT, el sistema de puntos de las licencias, el uso de taxímetros en la Amazonía y la necesidad de evitar privilegios, monopolios, actos de corrupción y discrecionalidad en la administración del transporte. Intervinieron Línder Altafuya, Pedro de la Cruz, Luis Alfonso Chango Pacha, Fernando Vélez, Mauro Andino, Galo Vaca, María Molina, Virgilio Hernández, Consuelo Flores, Guido Vargas, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Nívea Vélez, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, María Soledad Vela, Tomás Zevallos, Carlos Velasco, Luis Almeida, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Mao Moreno, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_173-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Edwin Vaca propuso incorporar al orden del día una resolución para revisar el sistema de “tarjeta inteligente” utilizado en la distribución de gas licuado de petróleo en la provincia del Carchi y restituir los cupos anteriores de cilindros, al considerar que el mecanismo ocasionaba largos períodos de espera y afectaba a la población fronteriza; sin embargo, su propuesta fue negada. Posteriormente se debatió la objeción parcial al proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, principalmente sobre la eliminación del porcentaje fijo que las instituciones financieras debían destinar a operaciones hipotecarias, la facultad del organismo regulador para determinarlo anualmente y la protección de los deudores mediante la extinción de la deuda con la entrega o ejecución del bien dado en garantía; Francisco Velasco respaldó el allanamiento a la objeción, Ramiro Terán cuestionó que el porcentaje quedara sujeto a una autoridad gubernamental, Dora Aguirre defendió la protección de las familias y migrantes afectados por deudas hipotecarias, Fernando Flores sostuvo que debía mantenerse la obligación para ampliar el acceso al crédito, César Rodríguez criticó tanto la ley como la política económica gubernamental y Rafael Dávila consideró inadecuado imponer el mismo porcentaje a todas las entidades, aunque reconoció deficiencias en la objeción; finalmente, el allanamiento fue aprobado y la reconsideración solicitada fue negada. Además, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades: Ximena Cabrera y Vinicio Baquero expusieron las necesidades de las personas sordas y solicitaron fortalecer la lengua de señas, la educación bilingüe y bicultural, la formación de docentes, la disponibilidad de intérpretes y la accesibilidad a la comunicación; María Cristina Kronfle explicó que la propuesta buscaba prevenir y detectar oportunamente las discapacidades, garantizar la salud, educación, rehabilitación, inclusión y eliminación de la discriminación, establecer un sistema de calificación y registro, y organizar la protección integral mediante el Consejo Nacional de Igualdad, la Defensoría del Pueblo y las instituciones ejecutoras; Fernando Aguirre destacó la igualdad de oportunidades y la responsabilidad de las entidades públicas y privadas; María Molina abordó la calificación voluntaria, gratuita y personalizada, el registro en la cédula, la aplicación directa de los derechos y la cooperación internacional; Víctor Quirola analizó la atención sanitaria, prevención, rehabilitación, rebajas tributarias y la inclusión de entidades semipúblicas; Scheznarda Fernández se refirió a la estabilidad e inclusión laboral, los permisos para tratamiento y cuidado, la capacitación de servidores públicos y el acceso preferente a créditos; y Carlos Velasco defendió la educación inclusiva, la cobertura de seguros de salud, la protección laboral de quienes cuidan a personas con discapacidad, la ampliación de la licencia de maternidad en determinados casos y el tamizaje neonatal, tras lo cual el debate quedó suspendido para continuar en una nueva convocatoria debido a la posible pérdida del quórum.

ACTA_199-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Francisco Cisneros propuso exigir que la comisión encargada de analizar el informe presidencial sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo se reuniera y presentara sus conclusiones, mientras Gilmar Gutiérrez pidió conformar una comisión multipartidista para vigilar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta las elecciones de febrero de 2013; las propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse la primera votación. Posteriormente se posesionó constitucional y legalmente a las juezas y jueces principales y suplentes que conformarían la primera Corte Constitucional, luego de conocer los resultados del proceso de selección y de que prestaran el juramento correspondiente. El tema central fue el segundo debate de la reforma destinada a incorporar al cantón La Concordia a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cumplimiento de la consulta popular en la que el 64,92 % de los votantes respaldó esa pertenencia; el proyecto también regulaba la transferencia de recursos, instituciones, servidores públicos y servicios, sin reducir las asignaciones de Esmeraldas. En comisión general, Lucía Sosa y Rosaura Bastidas defendieron la pertenencia histórica y jurídica de La Concordia a Esmeraldas y denunciaron abandono, discriminación y posibles irregularidades administrativas; Geovanny Benítez y Walter Ocampo sostuvieron que debía respetarse la decisión mayoritaria de los concordenses y afirmaron que el cambio permitiría superar décadas de indefinición y falta de servicios. Durante el debate legislativo, unos defendieron el carácter obligatorio y vinculante de la consulta y pidieron aprobar inmediatamente la reforma; otros cuestionaron la constitucionalidad del proceso, la ausencia de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, presuntos cambios irregulares de domicilio electoral y el riesgo de profundizar el enfrentamiento entre provincias hermanas. Ante las dudas jurídicas y las mociones para postergar la votación o consultar sus consecuencias, el tratamiento fue suspendido y se dispuso solicitar un informe jurídico, por lo que la ley no fue votada. Finalmente se aprobó por unanimidad, con ochenta y tres votos afirmativos, una resolución que declaró al general Julio Andrade Prócer e Insigne Luchador, reconoció su aporte al alfarismo y a la vida republicana, solicitó incluir el estudio de su vida en la educación y saludó a la parroquia que lleva su nombre por su aniversario; la denominación inicial de Héroe Nacional fue modificada debido a las observaciones sobre el procedimiento establecido en la ley vigente. Intervinieron Francisco Cisneros, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Lucía Sosa, Rosaura Bastidas, Geovanny Benítez, Walter Ocampo, Virgilio Hernández, Línder Altafuya, Carlos Samaniego, Luis Morales, César Gracia, María Augusta Calle, Mary Verduga, Lenín Chica, Gabriel Rivera, Fernando Vélez, Tito Nilton Mendoza, Fausto Cobo y Carlos Velasco; Fernando Flores participó solicitando la rectificación de una votación.

ACTA_017-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Deportes, Educación Física y Recreación, en el que se propuso fortalecer la práctica masiva de la actividad física, la recreación y el deporte como políticas públicas vinculadas a la salud, la educación, la inclusión social y el buen vivir. Ramiro Terán planteó que la norma se denomine Ley de Cultura Física; Fernando Cáceres defendió el proceso de socialización realizado y propuso garantizar seguridad social, seguros y mecanismos de democratización y rendición de cuentas para las federaciones que administren recursos públicos. Juan Carlos López, Armando Aguilar, Leonardo Viteri, Jimmy Pinoargote, Kléver García y Edwin Vaca formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones deportivas, la conformación de sus directorios, el riesgo de centralización, la estabilidad de los dirigentes y trabajadores, la distribución equitativa de recursos y la necesidad de priorizar a deportistas, ligas barriales, parroquiales, estudiantiles y de alto rendimiento. Carlos Velasco, Mary Verduga, Silvia Salgado, Gioconda Saltos, Scheznarda Fernández, Rosa Ponce y Grace Almeida destacaron la relación entre deporte, salud pública, prevención del sedentarismo, equidad de género, inclusión de personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades, protección de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, así como la necesidad de una gestión transparente, descentralizada y orientada al acceso universal. Dora Aguirre solicitó incorporar expresamente a las personas ecuatorianas residentes en el exterior y reconocer sus organizaciones deportivas, mientras José Picoita planteó fortalecer el deporte formativo, parroquial y estudiantil, diferenciar las competencias de los gobiernos locales y del Ministerio, y asegurar recursos para infraestructura y profesionales de educación física. Rodolfo Baquerizo señaló que la propuesta debía respetar la autonomía exigida por organismos deportivos internacionales y recogerse las observaciones para perfeccionar el texto. Finalmente, se cerró el primer debate y se dispuso que las observaciones sean remitidas por escrito para su análisis antes de la elaboración del informe para segundo debate.

ACTA_109-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el tratamiento de la creación de una comisión especializada ocasional para las personas con discapacidad. María Kronfle propuso reformar una resolución anterior para permitir su conformación inmediata, asignarle exclusivamente el tratamiento del proyecto de Ley de las Personas con Discapacidad y cambiar su denominación. María Calle sostuvo que los derechos de estos grupos debían incorporarse transversalmente en todas las leyes, pero planteó que, de crearse la comisión, esta se limitara al proyecto señalado y concluyera al finalizarlo. Paco Moncayo respaldó su creación, aunque pidió garantizar una representación plural de las fuerzas políticas, mientras que Nívea Vélez cuestionó que la integración propuesta otorgara mayoría a un solo bloque y excluyera a otros sectores. La reforma fue aprobada y, a propuesta de César Rodríguez, se conformó la comisión con María Kronfle, Carlos Velasco, Celso Maldonado, Irina Cabezas, Víctor Quirola, María Vicuña, Pamela Falconí, Maruja Jaramillo, Fernando Aguirre, Scheznarda Fernández, Wladimir Vargas, María Molina y Mercedes Villacrés; la rectificación de la votación confirmó su aprobación. Intervinieron María Calle, César Rodríguez, María Kronfle, Paco Moncayo y Nívea Vélez.

ACTA_109-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco. Carlos Velasco informó que el texto incorporó las observaciones formuladas durante el debate, entre ellas la participación de los gobiernos municipales en el control, el fortalecimiento de la educación y prevención, el tratamiento de las adicciones, la revisión de ciertas sanciones y la posibilidad de que los pequeños comerciantes continuaran vendiendo cigarrillos por unidades. Fernando Flores propuso que la votación se realizara artículo por artículo, pero su moción y las posteriores rectificaciones fueron negadas. Finalmente, se aprobó la ley destinada a proteger la salud frente al consumo y la exposición al humo de tabaco, mediante políticas educativas y sanitarias, espacios libres de humo, restricciones a la publicidad y venta, advertencias en los empaques, control del comercio ilícito, tratamiento para las adicciones y sanciones por incumplimiento; la reconsideración solicitada por Rolando Panchana y su rectificación, planteada por Eduardo Encalada, fueron negadas, por lo que se mantuvo la aprobación. La creación de la Comisión Especializada Ocasional de los Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria no fue tratada porque no se presentó una propuesta para su integración, y la sesión fue suspendida. Intervinieron Carlos Velasco, Fernando Flores, Rolando Panchana y Eduardo Encalada.

ACTA_141-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó, luego de una rectificación, la propuesta de Edwin Vaca para suspender el orden previsto y retomar inmediatamente la votación de las reformas a la normativa de la Función Legislativa; en cambio, se incorporaron el análisis de una amnistía para siete dirigentes y comuneros de Cochapata, en el cantón Nabón, y una resolución sobre la emergencia provocada por deslizamientos en varias comunidades del Azuay. Posteriormente, se aprobó la amnistía para Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez, quienes habían sido condenados por sabotaje tras participar en una movilización contra una actividad minera que afectaba las fuentes de agua; se consideró que su actuación respondía a la defensa de la naturaleza, los derechos comunitarios y la protesta social, que ya habían sido beneficiarios de una amnistía anterior que no fue aplicada correctamente y que la persecución había deteriorado gravemente su salud y la convivencia de sus familias, por lo que se dispuso archivar definitivamente el proceso y dejar sin efecto la sentencia. A continuación, se realizó el primer debate de la propuesta sobre práctica intercultural y acompañamiento durante el parto, en el que la comisión recomendó inicialmente su archivo por considerar que la legislación, los protocolos sanitarios y las normas técnicas vigentes ya reconocían el parto culturalmente adecuado, el acompañamiento familiar, la participación de parteras y el respeto a los saberes ancestrales; sin embargo, otros legisladores defendieron la necesidad de fortalecer su aplicación, reconocer y formar a parteras y comadronas, disminuir la mortalidad materna, garantizar estos servicios en zonas rurales e indígenas y ampliar el enfoque hacia un parto humanizado para toda la población, por lo que se retiró la propuesta de archivo y el proyecto regresó a la comisión para ser reformulado. También se resolvió la objeción parcial a la reforma destinada a atender las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas: el Pleno aceptó varias observaciones relacionadas con las obligaciones de la autoridad sanitaria y la definición de las enfermedades catastróficas, pero ratificó su texto sobre la definición de las enfermedades raras o huérfanas; la normativa reconoció estas patologías como asunto de interés nacional y contempló protocolos de atención, investigación, diagnóstico y tratamiento, medicamentos e insumos, registro de pacientes, capacitación médica, regulación de seguros y apoyo social para las familias. Posteriormente, continuó el segundo debate de las reformas electorales, abordándose la paridad de género en los organismos electorales, la prevención y sanción del acoso político, las licencias de las autoridades que buscaran la reelección, la utilización de bienes y publicidad estatal durante las campañas, el control del gasto electoral, las encuestas, las impugnaciones, el conteo de votos y los métodos de distribución de escaños; mientras algunos defendieron las reformas como necesarias para ampliar la participación y proteger a las mujeres, otros cuestionaron que se cambiaran las reglas cerca de las elecciones, advirtieron posibles ventajas para el oficialismo y solicitaron archivar el proyecto, cuyo debate quedó suspendido sin votación. Finalmente, se aprobó por unanimidad, luego de la rectificación, una resolución para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las comunidades y parroquias del Azuay afectadas por las lluvias y los deslizamientos, coordinar la atención de las familias damnificadas, asignar recursos para reconstruir viviendas, garantizar servicios de salud, asistencia social y agua potable, realizar estudios geológicos y disponer acciones conjuntas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y los gobiernos municipales; la reconsideración de esta decisión fue negada. Intervinieron Edwin Vaca, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Rosana Alvarado, Lourdes Tibán, Luis Morales, Marco Murillo, César Gracia, César Rodríguez, Jorge Escala, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Víctor Quirola, Rolando Panchana, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri, Paco Moncayo, Mauro Andino, Mariángel Muñoz, Fernando Cordero, Kléver García, María Soledad Vela, Vicente Taiano, Gioconda Saltos y Eduardo Encalada; Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_195-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron cuatro solicitudes para modificar el orden del día antes de iniciar el primer debate del proyecto relacionado con la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Francisco Cisneros propuso exhortar al Ejecutivo para que los ministros entregaran la información requerida por los legisladores y respetaran las facultades de fiscalización de la Asamblea, pero su propuesta y la rectificación solicitada por Kléver García fueron negadas, ambas con cuarenta votos afirmativos; Virgilio Hernández planteó declarar asunto de Estado la defensa del Ecuador frente al laudo arbitral favorable a la petrolera OXY, argumentando que estaban en juego la soberanía, la seguridad jurídica y más de dos mil trescientos millones de dólares, pero la moción obtuvo sesenta y dos votos afirmativos y, en la rectificación, cincuenta y nueve, sin alcanzar la mayoría necesaria; Marco Murillo solicitó rechazar las declaraciones del Ejecutivo que pretendían restringir la función fiscalizadora y ratificar el derecho de los asambleístas a solicitar información, propuesta negada con cincuenta y un votos afirmativos y nuevamente rechazada en la rectificación solicitada por Mariángel Muñoz con cuarenta y ocho; y Paco Fierro pidió conformar una comisión ocasional multipartidista que, junto con la Contraloría y la Fiscalía, auditara la gestión y los estados financieros de las aproximadamente ciento cincuenta empresas incautadas administradas por el fideicomiso AGD-CFN, considerando las denuncias sobre créditos vinculados, garantías con bienes públicos y las irregularidades de COFIEC, pero su moción y posterior rectificación fueron negadas con cuarenta y nueve y cuarenta y ocho votos afirmativos, respectivamente. En comisión general, Fernando Bustamante informó sobre la realización en Ecuador de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, que reuniría a legisladores de numerosos países para promover la paz, la democracia, el diálogo político y debatir nuevos enfoques sobre el desarrollo, la sostenibilidad y el buen vivir, destacándose también el reconocimiento internacional alcanzado por la Asamblea ecuatoriana. Posteriormente se debatió el proyecto sobre cáncer de mama, respecto del cual la Comisión de Salud recomendó inicialmente el archivo, al considerar que el tratamiento de las enfermedades debía abordarse integralmente dentro del Código Orgánico de Salud, evitando crear una ley por cada patología; además, sostuvo que el cáncer de mama ya podía ser considerado una enfermedad catastrófica bajo la legislación vigente, que los protocolos médicos no debían elevarse a rango legal porque cambian con los avances científicos y que los aportes del proyecto podían incorporarse al futuro Código mediante programas nacionales de prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica, educación, participación ciudadana y protección de los derechos de las pacientes. En oposición al archivo se argumentó que la demora del Código de Salud podía dejar sin una respuesta inmediata a miles de mujeres, que la prevención y detección temprana tenían costos considerablemente menores que el tratamiento avanzado, que existían deficiencias en la disponibilidad de mamógrafos, medicamentos, atención hospitalaria y cobertura para las mujeres rurales o sin seguridad social, y que la iniciativa ciudadana debía continuar su trámite, enriquecerse y posteriormente incorporarse al Código mediante una disposición transitoria; también se defendió la necesidad de convertir la prevención en política de Estado, promover el autoexamen, la educación, los registros epidemiológicos, la atención gratuita, la rehabilitación y la reconstrucción mamaria, sin desconocer que el sistema debía atender integralmente otros tipos de cáncer y enfermedades. En una segunda comisión general, Blanca “Poly” Ugarte relató su experiencia como sobreviviente y el trabajo de prevención realizado por su fundación, señalando que numerosas mujeres llegaban a los centros médicos cuando la enfermedad ya estaba avanzada por desconocimiento o falta de recursos, mientras María Sol Corral pidió que la iniciativa ciudadana no fuera archivada y que el Estado asumiera institucionalmente las campañas de prevención y detección temprana. Finalmente no se votó el archivo del proyecto: el debate fue suspendido, la iniciativa regresó a la Comisión de Salud para que incorporara las observaciones y presentara un nuevo informe dentro de cuarenta y cinco días, y la sesión fue clausurada. Intervinieron Francisco Cisneros, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Paco Fierro, Fernando Bustamante, Víctor Quirola, Silvia Salgado, Rolando Panchana, Luis Almeida, Fausto Cobo, Marisol Peñafiel, Hólger Chávez, Hugo Quevedo, Francisco Ulloa, César Rodríguez, Blanca Ugarte, María Sol Corral, Pamela Falconí, María Cristina Kronfle, Carlos Velasco, Fernando Aguirre, Nívea Vélez, Lídice Larrea y Luis Morales; Kléver García y Mariángel Muñoz participaron mediante solicitudes de rectificación.

ACTA_012-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó modificar el orden del día para incorporar el tratamiento de la investigación de los hechos ocurridos en Macas el 30 de septiembre de 2009, a propuesta de Rolando Panchana, mientras que no prosperaron las solicitudes de Fernando Aguirre para exhortar al Parlamento colombiano a contribuir al restablecimiento de las relaciones bilaterales ni de Fernando Vélez para declarar como día de descanso obligatorio la conmemoración de la provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, se aprobaron por unanimidad la Convención sobre Municiones en Racimo y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; en el primer tema intervinieron Gabriel Rivera, Scheznarda Fernández, Francisco Cisneros, Abdalá Bucaram, Humberto Alvarado y Mary Verduga, destacándose la vocación de paz del Ecuador, la prohibición de estas armas y la protección de la población civil, mientras que en el segundo intervinieron Linda Machuca, Eduardo Zambrano, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, María Augusta Calle, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Luis Morales, Jorge Escala, Zobeida Gudiño y Marisol Peñafiel, quienes debatieron sobre la prevención de la tortura, la protección de las personas privadas de libertad, la creación de mecanismos de visitas y control, y la necesidad de adecuar la legislación nacional. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma tributaria, presentada por Juan Carlos Cassinelli, que proponía cambios al impuesto a la renta, IVA, impuestos a consumos especiales e impuesto a la salida de divisas, con el propósito de reducir la evasión, mejorar la equidad y fortalecer la recaudación; María Cristina Kronfle, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Patricio Quevedo, Luis Noboa, Rafael Dávila, Andrés Páez, Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Luis Almeida y otros legisladores cuestionaron el incremento de impuestos durante una crisis económica, sus posibles efectos sobre la producción, el empleo, las pequeñas empresas, los consumidores y la seguridad jurídica, mientras Rosana Alvarado, Carlos Velasco, Vanessa Fajardo, Juan Carlos López, Lenín Chica, Susana González, Jorge Escala, Edwin Vaca, José Picoita y Grace Almeida formularon observaciones sobre la redistribución, la evasión fiscal, la inversión social y la necesidad de mejorar el texto. El debate quedó sin resolución, debido a la falta de quórum al final de la jornada, y se dispuso que las intervenciones pendientes fueran presentadas por escrito.

ACTA_013-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la solicitud de Cynthia Viteri para incorporar una resolución sobre presuntas vulneraciones a la libertad de expresión relacionadas con la detención de ciudadanos en Guayaquil, mientras que se aprobó incluir el tratamiento de un proyecto de resolución para rechazar el Acuerdo Complementario de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad suscrito entre Colombia y Estados Unidos, planteado por Línder Altafuya, María Molina, Cléver Jiménez, Jorge Escala, Francisco Ulloa, Magali Orellana y Ramiro Terán, y defendido por Francisco Ulloa. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público, presentado por Nivea Vélez, orientado a regular el ingreso por méritos y oposición, la carrera administrativa, la capacitación, evaluación, remuneraciones, estabilidad, derechos y obligaciones de las servidoras y servidores públicos. Durante el debate se plantearon observaciones sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, el alcance de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales, la protección de los trabajadores de empresas públicas, la estabilidad laboral, los procesos disciplinarios, la jubilación, la inclusión de personas con discapacidad y la necesidad de que el Magisterio conserve su régimen especial de carrera y escalafón. Intervinieron Fernando Cordero, Francisco Cisneros, César Rodríguez, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Armando Aguilar, Paco Moncayo, Henry Cuji, Consuelo Flores, Dora Aguirre, Kléver García, María Augusta Calle, Rocío Valarezo, Irina Cabezas, Ramiro Terán, Edwin Vaca, María Cristina Kronfle, Silvia Kon, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Linda Machuca, Aminta Buenaño, María Molina, Geovanny Veintimilla, Gina Godoy, Gioconda Saltos, Betty Amores, Eduardo Encalada, Carlos Velasco, Guillermina Cruz, Carlos Samaniego y Hólger Chávez, quien destacó que el texto debía revisarse integralmente antes del siguiente debate. Finalmente, se conoció la propuesta de resolución contra el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, pero, luego de la intervención de Francisco Ulloa y de negarse la moción para trasladar su tratamiento a una próxima sesión, no se pudo adoptar una resolución debido a la falta de quórum, por lo que se clausuró la sesión.

ACTA_069-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, orientado a actualizar la normativa vigente, promover la donación, fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, regular la obtención, conservación, transporte y utilización clínica de órganos, tejidos y células, garantizar la gratuidad, confidencialidad, calidad y acceso equitativo a los procedimientos, y prevenir el tráfico y turismo de órganos. Carlos Velasco explicó que la propuesta incorpora el consentimiento presuntivo —por el cual toda persona sería potencial donante salvo manifestación contraria—, la inclusión de esta decisión en la cédula de identidad, una lista nacional única de espera basada en criterios médicos y de vulnerabilidad, y el fortalecimiento de la autoridad sanitaria; Leonardo Viteri, Pamela Falconí, Paco Fierro, María Alejandra Vicuña, Martha Bazurto, Jorge Fadul y Celso Maldonado respaldaron la iniciativa, destacando la necesidad de crear una cultura de donación, ampliar el número de donantes, asegurar la intervención de instituciones y profesionales autorizados, proteger a donantes y receptores, y establecer sanciones severas contra la comercialización y las redes de tráfico. Henry Cuji, María Molina, Jaime Abril y Fernando Flores propusieron precisiones sobre las atribuciones de la autoridad sanitaria, la conservación de órganos, el tratamiento preferente y postrasplante de donantes y receptores, la incorporación del Registro Civil, la protección de menores y personas con discapacidad, la cooperación internacional y la inclusión de ecuatorianos residentes en el exterior en la lista de espera; mientras Rolando Panchana solicitó garantizar recursos permanentes para campañas de difusión, Kléver García pidió eliminar disposiciones que pudieran facilitar cualquier forma de comercio de órganos, Mauro Andino planteó revisar el procedimiento administrativo y la proporcionalidad de las sanciones, Luis Almeida insistió en tipificar con mayor fuerza los delitos de secuestro, robo y asesinato vinculados a la extracción de órganos, y Rafael Dávila, Luis Morales y Lídice Larrea expresaron reparos sobre el consentimiento presuntivo, defendiendo que la donación debe respetar la voluntad individual, las creencias y la decisión expresa de cada persona. Fernando Bustamante cuestionó que donantes y receptores sean considerados automáticamente como personas con discapacidad y propuso revisar los criterios de prioridad en favor de padres o madres responsables de menores, mientras Bolívar Subía alertó sobre el riesgo de lucro de clínicas, laboratorios, transportistas y otros actores vinculados con la actividad trasplantológica. Además, se negó la propuesta de César Montúfar para modificar el orden de tratamiento de la designación de delegados legislativos a comisiones ciudadanas de selección, y se aprobó un acuerdo de condolencia por el fallecimiento de Néstor Kirchner, con una observación de Fausto Cobo para mantener un texto sobrio y centrado en el reconocimiento de su legado democrático, ético y político

ACTA_067-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a las normas de legalización de la tenencia de tierras en los cantones Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Huaquillas. Marllely Vásconez explicó que, aunque estas materias son competencia municipal conforme a la Constitución y el COOTAD, las leyes vigentes debían ser reformadas por la Asamblea al no haber sido derogadas; planteó mantener como requisito una posesión ininterrumpida de más de tres años para la adjudicación de predios, regular los efectos de las demandas de reivindicación y permitir al Municipio de Huaquillas cancelar patrimonios familiares y levantar prohibiciones de enajenar únicamente cuando no existan obligaciones pendientes. Rocío Valarezo destacó que el COOTAD ya había eliminado las limitaciones de patrimonio familiar y prohibición de enajenar establecidas para predios de Huaquillas, mientras Carlos Zambrano defendió la necesidad de complementar esta derogatoria para facilitar el acceso de los posesionarios a créditos y prevenir la concentración o tráfico de terrenos; el debate quedó pendiente para el siguiente trámite legislativo. Además, se aprobó la resolución propuesta por Lourdes Tibán para exhortar al Gobierno Nacional, al INEC y a los medios públicos, privados y comunitarios a ejecutar una campaña de sensibilización sobre la autoidentificación étnica en el Censo Nacional, garantizando la participación de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; Gerónimo Yantalema respaldó la iniciativa como un mecanismo de visibilización de la diversidad cultural y fortalecimiento del Estado intercultural y plurinacional, y Carlos Velasco destacó la importancia de obtener información étnica útil para las políticas públicas, productivas, sociales e interculturales. La resolución fue aprobada, tras rectificación, con ochenta y tres votos afirmativos.

ACTA_090-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, aprobado previamente por el Pleno. La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud recomendó el allanamiento a las observaciones del Ejecutivo, al considerar pertinentes los ajustes propuestos sobre la sanción de destitución al funcionario que divulgue información confidencial de donantes o receptores; la acreditación no solo de médicos sino de profesionales de la salud que intervengan en el proceso trasplantológico; la incorporación de la muerte a corazón parado o asistolia como supuesto para la donación; la aclaración de que, en casos de muerte violenta, debe existir notificación previa al fiscal de turno antes de la ablación; la regulación de bancos de tejidos, progenitores hematopoyéticos y células no embrionarias ni fetales; la prohibición expresa del uso de embriones humanos y células madre embrionarias o fetales; y la precisión de responsabilidades administrativas, civiles y penales para aseguradoras, empresas de medicina prepagada y sus representantes legales. Carlos Velasco defendió el allanamiento como un paso final para consolidar una política pública de salud basada en la solidaridad, la bioética, la confidencialidad, la gratuidad y la posibilidad de salvar vidas mediante la donación y el trasplante. El Pleno aprobó por unanimidad el allanamiento a la objeción parcial, con noventa y ocho votos afirmativos, cero negativos, seis blancos y cero abstenciones; posteriormente se transcribió el texto final de la ley, que regula el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, la donación presunta con posibilidad de negativa expresa, la Lista de Espera Única Nacional, la donación en vida y cadavérica, los bancos de tejidos y células, las campañas de educación, el control administrativo y las sanciones contra la comercialización, tráfico, turismo de trasplantes y procedimientos no autorizados

ACTA_102-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Control y Regulación del Tabaco y sus Efectos Nocivos, en el que se destacó la necesidad de priorizar la salud pública, prevenir el consumo desde edades tempranas, regular la publicidad engañosa, establecer espacios libres de humo, informar sobre los riesgos del tabaco y garantizar tratamiento para las adicciones; también se analizó el equilibrio entre las libertades individuales y los derechos colectivos, así como la protección de productores, trabajadores y pequeños comerciantes frente a los posibles efectos económicos de la normativa. Intervinieron Pamela Falconí, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Calle, Fernando Aguirre y Carlos Velasco. Posteriormente, se realizó el primer debate de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código Civil relacionadas con el derecho de alimentos, orientadas a garantizar el interés superior de niños y adolescentes, mejorar la aplicación de las pensiones y corregir los problemas generados por interpretaciones inadecuadas de la reforma anterior; se propuso que las pensiones sean determinadas mediante tablas técnicas, establecer excepciones al apremio personal para adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, definir la responsabilidad de los obligados subsidiarios según sus condiciones económicas, separar las obligaciones de las ramas paterna y materna, citar conjuntamente a los responsables, tramitar por separado los asuntos de alimentos y divorcio y promover la corresponsabilidad de ambos progenitores. También se planteó fortalecer la infraestructura, el presupuesto y el número de jueces especializados para agilizar los procesos. Intervinieron María Calle, Nívea Vélez, Margarita Carranco, Juan Cassinelli y Vicente Taiano; las observaciones quedaron destinadas al análisis de las comisiones encargadas de preparar los respectivos informes para segundo debate

ACTA_130-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron varias modificaciones del orden del día para incorporar posteriormente el análisis de la situación de los migrantes ecuatorianos afectados por fraudes hipotecarios en España, una resolución relacionada con la muerte de Ernesto “Che” Guevara y dos propuestas de reconocimiento a San José de Ancón por su importancia histórica, cultural, industrial y petrolera. A continuación, se rindió homenaje al músico y compositor Segundo Bautista Vasco, destacándose su trayectoria, talento, aporte a la música nacional y ejemplo de superación, por lo que recibió la condecoración al mérito cultural y agradeció el reconocimiento mediante una interpretación musical. Posteriormente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, orientado a garantizar atención preferente a las poblaciones ubicadas en las fronteras, fortalecer la inversión pública, los servicios básicos, la educación, la salud, la conectividad, el turismo, la producción, el comercio, el transporte, el empleo local, la seguridad y la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, además de promover una cultura de paz, buena vecindad e integración con los países limítrofes; durante la discusión se expusieron los problemas de pobreza, migración, abandono institucional, falta de infraestructura, inseguridad, narcotráfico, contrabando, presencia de grupos irregulares, desplazamiento de refugiados, deterioro de destacamentos militares y explotación de recursos naturales, así como la necesidad de establecer mecanismos efectivos de financiamiento, incentivos tributarios y productivos, protección ambiental y criterios claros para distribuir los recursos, aunque también se advirtió que la Asamblea no podía crear directamente nuevas asignaciones presupuestarias. El debate quedó suspendido sin votación para continuar recogiendo observaciones. Asimismo, se aprobó una resolución que exhortó al Ministerio de Defensa a cancelar los valores retroactivos adeudados por los años 2008 y 2009 a militares activos y pasivos de las jerarquías de mayor, capitán, suboficial mayor y suboficial primero, solicitó al Ministerio de Finanzas entregar los recursos correspondientes y demandó al ISSFA realizar los pagos inmediatamente; la aprobación se mantuvo luego de negarse su reconsideración. Intervinieron Gerónimo Yantalema, Tomás Zevallos, Vanesa Fajardo, Fernando Aguirre, Jimmy Pinoargote, Gerardo Morán, Francisco Ulloa, Segundo Bautista Vasco, Julio Robles, Luis Nacevilla, Virgilio Hernández, Zobeida Gudiño, Magali Orellana, Línder Altafuya, Fausto Cobo, Edwin Vaca, Nicolás Lapentti, Carlos Velasco, Leandro Cadena, Guido Vargas, Diana Atamaint, Vethowen Chica y César Gracia.

ACTA_162-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, destacándose su participación histórica en la independencia y en la construcción económica, social y cultural del país, así como la trayectoria de figuras representativas y la importancia de preservar expresiones como la música, la danza, la medicina ancestral, la etnoeducación y las tradiciones comunitarias. Se analizaron el racismo, la discriminación y la exclusión histórica que afectan a esta población, reflejados en mayores niveles de pobreza, desempleo, analfabetismo, falta de vivienda, limitado acceso a la educación superior, servicios básicos, salud, tierra, empleo público y espacios de decisión; por ello se propusieron acciones afirmativas, asignación de recursos, recuperación de territorios ancestrales, acceso equitativo al trabajo y la educación, mecanismos de prevención, protección, reparación y sanción frente a actos racistas, así como una institucionalidad clara encargada de ejecutar y vigilar las políticas públicas. También se debatió si debía aprobarse una ley específica para el pueblo afroecuatoriano o unificarse con la normativa sobre derechos colectivos de indígenas y montubios, señalándose la necesidad de evitar duplicidades sin invisibilizar las particularidades de cada pueblo; además, se formularon observaciones sobre la organización territorial, la consulta y el consentimiento previo, la presencia militar en territorios y zonas fronterizas, la defensa de la soberanía y la coherencia constitucional del texto. De manera adicional, se expresó preocupación por la situación de estudiantes ecuatorianos becados en Brasil, se cuestionó una publicación sobre el cumplimiento de la rendición de cuentas de los legisladores y se aclararon aspectos históricos relacionados con la participación de Abdón Calderón en la Batalla de Pichincha. Intervinieron Luis Morales, Carlos Velasco, Edwin Vaca, Silvia Salgado, Fausto Cobo, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Guillermina Cruz, Luis Almeida, Marisol Peñafiel, Elvia Quintana, Wladimir Vargas, Susana González, María Pilar Almeida, María Augusta Calle, Juan Carlos López, Francisco Velasco, Margarita Carranco y Jorge Escala.