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ACTA_010-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las solicitudes de Richard Guillén para incorporar de forma permanente la fiscalización de presuntos actos de corrupción en el orden del día, y de Línder Altafuya para tratar una resolución que condenaba la represión y exhortaba al diálogo nacional tras los hechos ocurridos en Morona Santiago; ambas propuestas no alcanzaron los votos necesarios. Posteriormente, se aprobó por unanimidad el Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Chile, luego de las intervenciones de Fernando Bustamante, Wladimir Vargas, Linda Machuca y Rocío Valarezo, quienes destacaron que el instrumento buscaba fortalecer la integración bilateral, facilitar el comercio, promover inversiones, mejorar la cooperación aduanera y ampliar las oportunidades económicas y sociales entre ambos países. Asimismo, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, presentado por Luis Morales, que proponía regular los mecanismos de democracia directa, las organizaciones sociales, la participación en los distintos niveles de gobierno, las veedurías, los presupuestos participativos, la rendición de cuentas, el control social y el acceso a la información pública. Durante el debate, Scheznarda Fernández, Betty Amores, Juan Carlos López, César Montúfar, Virgilio Hernández, Leandro Cadena, Gina Godoy, Gerónimo Yantalema, Aminta Buenaño, Cynthia Viteri, María Soledad Vela, Nivea Vélez, César Rodríguez, Magali Orellana, Vanessa Fajardo, Guillermina Cruz, Marco Murillo, Mercedes Diminich, Hólger Chávez, Gido Vargas, Jorge Escala, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Consuelo Flores, César Gracia, María Augusta Calle, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Susana González, Fernando Bustamante, Édgar Jácome, Zobeida Gudiño, Dennis Cevallos, Andrés Páez, Cléver Jiménez, Mao Moreno y Rodolfo Baquerizo formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones sociales, la inclusión de pueblos y nacionalidades, la paridad de género, la participación de ecuatorianos residentes en el exterior, la rendición de cuentas permanente, la consulta previa y ambiental, y el alcance de los mecanismos de control ciudadano. El principal desacuerdo se centró en la “silla vacía”, pues Luis Morales, Leandro Cadena y Juan Carlos López defendieron que su ocupante intervenga con voz pero sin voto, mientras Betty Amores, Gina Godoy, Aminta Buenaño, María Soledad Vela, Nivea Vélez, César Rodríguez y otros legisladores sostuvieron que debía participar también en la toma de decisiones mediante voto; finalmente, Fernando Cordero Cueva cerró el debate y dispuso que las observaciones fueran remitidas a la Comisión para continuar con la elaboración del informe para segundo debate.

ACTA_015-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, centrado en la transformación del sistema universitario, la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las instituciones, el alcance de la regulación estatal, la conformación y atribuciones del Consejo de Educación Superior, el financiamiento público, la gratuidad, el cogobierno, la participación estudiantil, la libertad de cátedra, los derechos laborales de docentes, empleados y trabajadores, la equidad de género, la inclusión intercultural y el fortalecimiento de la investigación científica. Durante el debate se expresaron posiciones a favor de una reforma orientada a mejorar la calidad, la acreditación, la rendición de cuentas, la planificación nacional y la superación de las deficiencias identificadas en varias universidades; mientras otros legisladores cuestionaron una posible injerencia excesiva de la Función Ejecutiva, la creación de instancias adicionales de control, las restricciones al principio de autonomía y los efectos que podrían producirse sobre las universidades y estudiantes afectados por el informe del CONEA. También se discutió la necesidad de garantizar recursos para investigación, becas, posgrados, gratuidad integral, jubilación complementaria y estabilidad del personal universitario; ampliar la representación de estudiantes, mujeres, pueblos y nacionalidades; crear o fortalecer universidades públicas en provincias y regiones con menor acceso a educación superior, especialmente en la Amazonía, Galápagos, Cañar, Carchi y otras zonas del país; y proteger a los estudiantes de instituciones que eventualmente fueran intervenidas, suspendidas o excluidas del sistema. Intervinieron Salomón Fadul, Juan Fernández, Gastón Gagliardo, Magali Orellana, Betty Amores, Tito Nilton Mendoza, Fernando Bustamante, María Molina, Aminta Buenaño, Paco Fierro, Xavier Tomalá, Marco Murillo, Vethowen Chica, Alfredo Ortiz, Rosana Alvarado, Luis Almeida, Gina Godoy, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, María Alejandra Vicuña, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Ángel Vilema, Juan Carlos López, Zobeida Gudiño, Andrés Páez, Hólger Chávez, José Manuel Portugal, Vanessa Fajardo, Guillermina Cruz, Eduardo Sánchez, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre, Kléver García, Armando Aguilar, César Montúfar, Paola Pabón, Fernando Aguirre, Xavier López, Alex Remache, Wladimir Vargas, Fernando Cordero, Francisco Cisneros y Virgilio Hernández. Finalmente, Fernando Cordero dispuso que las observaciones sean remitidas por escrito para el análisis correspondiente y clausuró la sesión sin que se adoptara una resolución definitiva sobre el proyecto.

ACTA_016-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, centrado en la transformación del sistema universitario, la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las instituciones, el alcance de la regulación estatal, la conformación y atribuciones del Consejo de Educación Superior, el financiamiento público, la gratuidad, el cogobierno, la participación estudiantil, la libertad de cátedra, los derechos laborales de docentes, empleados y trabajadores, la equidad de género, la inclusión intercultural y el fortalecimiento de la investigación científica. Durante el debate se expresaron posiciones a favor de una reforma orientada a mejorar la calidad, la acreditación, la rendición de cuentas, la planificación nacional y la superación de las deficiencias identificadas en varias universidades; mientras otros legisladores cuestionaron una posible injerencia excesiva de la Función Ejecutiva, la creación de instancias adicionales de control, las restricciones al principio de autonomía y los efectos que podrían producirse sobre las universidades y estudiantes afectados por el informe del CONEA. También se discutió la necesidad de garantizar recursos para investigación, becas, posgrados, gratuidad integral, jubilación complementaria y estabilidad del personal universitario; ampliar la representación de estudiantes, mujeres, pueblos y nacionalidades; crear o fortalecer universidades públicas en provincias y regiones con menor acceso a educación superior, especialmente en la Amazonía, Galápagos, Cañar, Carchi y otras zonas del país; y proteger a los estudiantes de instituciones que eventualmente fueran intervenidas, suspendidas o excluidas del sistema. Intervinieron Salomón Fadul, Juan Fernández, Gastón Gagliardo, Magali Orellana, Betty Amores, Tito Nilton Mendoza, Fernando Bustamante, María Molina, Aminta Buenaño, Paco Fierro, Xavier Tomalá, Marco Murillo, Vethowen Chica, Alfredo Ortiz, Rosana Alvarado, Luis Almeida, Gina Godoy, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, María Alejandra Vicuña, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Ángel Vilema, Juan Carlos López, Zobeida Gudiño, Andrés Páez, Hólger Chávez, José Manuel Portugal, Vanessa Fajardo, Guillermina Cruz, Eduardo Sánchez, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre, Kléver García, Armando Aguilar, César Montúfar, Paola Pabón, Fernando Aguirre, Xavier López, Alex Remache, Wladimir Vargas, Fernando Cordero, Francisco Cisneros y Virgilio Hernández. Finalmente, Fernando Cordero dispuso que las observaciones sean remitidas por escrito para el análisis correspondiente y clausuró la sesión sin que se adoptara una resolución definitiva sobre el proyecto.

ACTA_032-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Víctor Quirola para incorporar una resolución de rechazo a la inclusión del Ecuador en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional, relacionada con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de ley orientado a derogar una norma de la Ley de Migración que imponía multas a personas extranjeras en situación irregular y a establecer medidas de exoneración económico-tributaria para ciudadanas y ciudadanos haitianos que hubieran ingresado al Ecuador hasta el 31 de enero de 2010, en atención a la emergencia humanitaria causada por el terremoto en Haití. Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Mauro Andino y Vicente Taiano defendieron la derogatoria por considerar que la disposición contravenía principios constitucionales de igualdad, movilidad humana, ciudadanía universal, debido proceso y prohibición de doble sanción, además de dificultar la regularización migratoria y generar situaciones de vulnerabilidad; también resaltaron la necesidad de exonerar multas, reembolsar pagos realizados y garantizar la reunificación familiar de las personas haitianas. Por su parte, Wladimir Vargas, Edwin Vaca, Fausto Cobo, Sonia Mejía, Hugo Quevedo, Tomás Zevallos y Fernando Aguirre cuestionaron que el trámite se calificara como urgente en materia económica y advirtieron que la derogatoria podía beneficiar a personas extranjeras de todas las nacionalidades, afectar los controles migratorios, incrementar la presión sobre el empleo y dejar sin sanción determinadas infracciones, por lo que propusieron limitar los beneficios exclusivamente a ciudadanos haitianos y, en algunos casos, también a ciudadanos chilenos afectados por el terremoto. María Augusta Calle cuestionó los argumentos que relacionaban la migración con inseguridad y desempleo, alertó sobre casos de xenofobia y explotación contra personas en situación irregular, y propuso votar separadamente cada disposición, moción que fue aprobada. Finalmente, se aprobó la derogatoria de la disposición migratoria, así como las medidas para exonerar multas y otros pagos pendientes de ciudadanos haitianos, reembolsar los valores ya cancelados por visas y sanciones, y reconocer su derecho a la reunificación familiar con cónyuges, parejas, hijos menores de edad y determinados parientes huérfanos; la reconsideración planteada por Gabriel Rivera fue negada.

ACTA_043-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Gilmar Gutiérrez para incorporar una resolución de amonestación a Fernando Cordero por actuaciones relacionadas con la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas; además, se guardó un minuto de silencio en homenaje a Jéssica Núquez, esposa del asambleísta Carlos Zambrano. Posteriormente, se aprobó el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, presentado por Fernando Bustamante como una herramienta de integración regional, financiamiento del desarrollo, recuperación del ahorro suramericano y toma de decisiones bajo el principio de un país, un voto; Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Francisco Ulloa, Vethowen Chica, Linda Machuca, Marco Murillo, María Augusta Calle, Eduardo Zambrano y Silvia Salgado respaldaron la iniciativa, mientras Paco Fierro, Rafael Dávila y Marco Murillo plantearon observaciones sobre el capital, las condiciones de financiamiento, la transparencia, el alcance de las inmunidades y la necesidad de reglas claras para evitar nuevas dependencias. Asimismo, se aprobó el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE, concebido como una unidad electrónica de cuenta entre bancos centrales para facilitar el comercio regional, reducir costos de transacción y minimizar el uso de divisas; Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Rocío Valarezo, Linda Machuca, Luis Almeida, Nívea Vélez, Juan Carlos López y María Augusta Calle defendieron sus beneficios para exportadores, pequeñas y medianas empresas y la integración económica, mientras Wladimir Vargas, Salomón Fadúl, Fernando Aguirre y Rafael Dávila expresaron inquietudes sobre su vinculación con el ALBA, sus efectos sobre la dolarización, la solidez económica de los países participantes y sus riesgos financieros. También se aprobó la resolución impulsada por Rolando Panchana y enriquecida con aportes de Fausto Cobo, Andrés Roche y Silvia Salgado, mediante la cual se reafirmó el compromiso estatal y legislativo con la protección integral, el interés superior y los derechos de niñas y niños. Finalmente, se debatió la propuesta de Gioconda Saltos para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Tungurahua y Chimborazo ante la actividad eruptiva del volcán Tungurahua y las afectaciones a la producción agrícola, ganadera y avícola; intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez, Kléver García, Juan Carlos López, Marco Murillo y Luis Almeida, pero la sesión fue suspendida antes de que la resolución fuera sometida a votación.

ACTA_055-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje póstumo al asambleísta Humberto Alvarado Prado y, posteriormente, se trató la denuncia del Tratado de Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital suscrito entre Ecuador y Alemania. Fernando Bustamante, Eduardo Zambrano, Línder Altafuya, Linda Machuca y Vethowen Chica respaldaron la denuncia al sostener que las cláusulas de arbitraje internacional vulneraban la soberanía y el artículo 422 de la Constitución, que el tratado respondía a un modelo desigual de protección al capital extranjero y que debía reemplazarse por un marco nacional que otorgue reglas claras para la inversión; mientras Luis Almeida, Paco Moncayo, Edwin Vaca, Wladimir Vargas, Hugo Quevedo y María Paula Romo expresaron reparos o solicitaron una reflexión más profunda, señalando riesgos para la seguridad jurídica, la inversión, el empleo y las relaciones comerciales, y planteando la renegociación de las disposiciones incompatibles antes de una denuncia total. También se retomó la propuesta de Wladimir Vargas para devolver al Ejecutivo el convenio con el Reino Unido y recomendar la renegociación de sus artículos 8 y 9, la cual fue negada tras su rectificación; luego se aprobó la denuncia del convenio con el Reino Unido con sesenta y cinco votos afirmativos y la denuncia del tratado con Alemania con sesenta y seis votos afirmativos. Finalmente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público; María Paula Romo explicó que la propuesta inicial permitía concentrar en una entidad adscrita al Ejecutivo la administración de bienes de diversas instituciones autónomas, incluidos el IESS, ISSFA, ISSPOL, universidades y gobiernos autónomos descentralizados, por lo que la Comisión recomendó su archivo para elaborar una normativa integral que garantice transparencia, acceso público a la información y respeto a la autonomía institucional. Luis Almeida apoyó el informe y cuestionó la concentración de atribuciones prevista en el proyecto; posteriormente, el Pleno aprobó por unanimidad el archivo de la iniciativa.

ACTA_055-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el informe sobre la denuncia del Convenio de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo principal punto de debate fue la incompatibilidad de sus cláusulas de arbitraje internacional con la Constitución, particularmente por permitir que controversias entre el Estado e inversionistas privados se sometan a instancias externas a la jurisdicción ecuatoriana. Fernando Bustamante, Betty Amores, Soledad Buendía, Gabriel Rivera, Eduardo Zambrano, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca respaldaron la denuncia, al considerar que el convenio vulneraba la soberanía nacional, respondía a un modelo de protección privilegiada para inversionistas extranjeros, no había generado un impacto significativo en la inversión y debía sustituirse por un marco jurídico nacional que otorgue seguridad equitativa a inversionistas nacionales y extranjeros. En contraste, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Paco Moncayo, Luis Almeida, Enrique Herrería, Rafael Dávila y Luis Morales cuestionaron la denuncia total por los posibles efectos negativos sobre la seguridad jurídica, la inversión extranjera, el empleo, las relaciones comerciales y la imagen internacional del país, por lo que plantearon renegociar las disposiciones incompatibles con la Constitución, especialmente las relacionadas con el arbitraje. Wladimir Vargas presentó formalmente una moción para recomendar la renegociación del convenio, apoyada por varios legisladores; sin embargo, no se realizó la votación ni se adoptó una resolución final, quedando el tratamiento pendiente.

ACTA_071-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, orientado a reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías y militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz, mediante un procedimiento con veeduría e impugnación ciudadana, pensiones, becas, compensaciones económicas, beneficios para familiares y medidas de inclusión laboral; Linda Machuca, Fausto Cobo, Guillermina Cruz, Washington Quiñónez, Luis Morales, Enrique Herrería, Rosana Alvarado, Kléver García, José Portugal, Fernando Aguirre, Zobeida Gudiño y Wladimir Vargas respaldaron la iniciativa, aunque plantearon ampliar la definición de heroísmo a bomberos, rescatistas, reservistas y ciudadanos civiles, incorporar una mayor protección para familiares, precisar los criterios de calificación, fortalecer el reconocimiento a las mujeres y elevar la pensión prevista. También se aprobó por unanimidad la resolución que declaró héroe nacional a Fernando Daquilema y heroína nacional a Manuela León, en reconocimiento a su lucha por la justicia, la libertad y los derechos de los pueblos originarios. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, cuya denominación pasó a ser Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; la norma fortaleció las facultades de la Unidad de Análisis Financiero, amplió los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales —incluidos instituciones financieras, aseguradoras, casas de valores, cooperativas, fundaciones, inmobiliarias, casinos, notarios y registradores—, reguló el control de ingreso y salida de efectivo, la cooperación en zonas fronterizas, la administración temporal de bienes incautados y el decomiso de activos ilícitos, procurando respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Francisco Velasco, Leonardo Viteri, Sylvia Kon, Ramiro Terán, Juan Carlos Cassinelli, Rodolfo Baquerizo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Enrique Herrería, Edwin Vaca, Rosana Alvarado y María Augusta Calle intervinieron con observaciones sobre casinos, control de transacciones, financiamiento de delitos, derechos constitucionales, gestión de bienes incautados, seguridad fronteriza y precisión institucional; luego de incorporar ajustes sobre la Secretaría Nacional de Inteligencia, cooperación territorial y designación de autoridades, la reforma fue aprobada con ciento un votos afirmativos, sin votos negativos, cuatro abstenciones y ningún voto en blanco

ACTA_074-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, orientado a establecer que el Estado gestione directamente la exploración y explotación de hidrocarburos mediante empresas públicas y que, de forma excepcional, pueda delegar estas actividades a empresas privadas nacionales o extranjeras, previa justificación técnica por riesgo, inversión requerida, falta de capacidad estatal o razones operativas; además, se planteó la nulidad de los contratos sustentados en informes falsos o incompletos y la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Francisco Velasco defendió la incorporación de criterios para proteger los campos petroleros ya en producción y limitar la reducción de utilidades a trabajadores directamente vinculados con exploración y explotación; mientras Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Juan Carlos López y César Montúfar cuestionaron que las disposiciones centrales constaran en el reglamento y no en la ley, advirtieron riesgos de delegación de recursos estratégicos, falta de controles independientes, ausencia de licitaciones, debilidad de garantías ambientales y concentración de atribuciones en entidades adscritas al Ejecutivo. Ante estas observaciones, se suspendió el tratamiento de la reforma para propiciar una nueva reunión y revisar el texto. Posteriormente, se aprobó el Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 59 entre los países del MERCOSUR y de la Comunidad Andina, mediante el cual Brasil otorgó a Ecuador preferencias arancelarias del cien por ciento para más de tres mil partidas, con el propósito de facilitar el ingreso de productos ecuatorianos al mercado brasileño, reducir el déficit comercial y fortalecer la integración regional; Wladimir Vargas, Gabriel Rivera y Fernando Bustamante respaldaron el instrumento y destacaron la necesidad de complementarlo con mejoras logísticas, sanitarias, productivas y de promoción de exportaciones. La aprobación obtuvo noventa y cuatro votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

ACTA_080-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general, Gerardo Morán, el padre Robert García y un representante del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle expusieron la situación de niñas, niños y adolescentes en condición de calle, solicitaron respaldo solidario y destacaron la necesidad de atender las causas estructurales de pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Posteriormente, se aprobó el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela, orientado a la cooperación en capacitación, investigación, intercambio académico, tecnología, inteligencia, operaciones de paz, apoyo logístico y gestión de riesgos; María Augusta Calle, Francisco Velasco, Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Armando Aguilar, Virgilio Hernández, Hólger Chávez, Carlos Velasco y Guillermina Cruz defendieron el instrumento como una expresión de integración latinoamericana, cooperación horizontal, fortalecimiento de la soberanía y diversificación de las relaciones internacionales, mientras Paco Moncayo aclaró su oposición histórica al convenio de la Base de Manta, y Fernando Aguirre, Línder Altafuya, Luis Almeida, Edwin Vaca, Enrique Herrería, Wladimir Vargas y Paco Fierro cuestionaron los posibles efectos del acuerdo sobre la profesionalización e independencia de las Fuerzas Armadas, la cooperación en inteligencia, el contexto político venezolano, la oportunidad diplomática frente al restablecimiento de relaciones con Colombia y la conveniencia de canalizar estos asuntos mediante el marco regional de UNASUR. El acuerdo fue aprobado, tras rectificación, con sesenta y tres votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y once abstenciones. Finalmente, se aprobó el Acuerdo entre Ecuador y Brasil sobre Cooperación en el Dominio de la Defensa, destinado a promover investigación, desarrollo, capacitación, entrenamiento, apoyo logístico, transferencia tecnológica y adquisición de productos y servicios de defensa; Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca resaltaron la capacidad tecnológica, industrial y estratégica de Brasil, la relación histórica entre ambos países, la transparencia en el gasto de defensa y los beneficios de una cooperación ordenada en igualdad de condiciones. La aprobación obtuvo setenta y nueve votos afirmativos, uno negativo, tres blancos y diecinueve abstenciones.

ACTA_089-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar proyectos de resolución orientados a exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice el trabajo de las veedurías ciudadanas, exhortar al Ejecutivo a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en la emergencia sanitaria y requerir la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas; en cambio, fue negada la propuesta de Galo Lara para solicitar la renuncia inmediata de los integrantes de la Corte Constitucional. En primer debate se trató la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que buscaba habilitar el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas, sin descuidar la defensa externa, en circunstancias de evidente necesidad o inminente alteración del orden público, mediante planificación previa, coordinación institucional y asesoría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Fernando Bustamante, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Eduardo Zambrano, Víctor Quirola y Marllely Vásconez defendieron la propuesta como una herramienta excepcional para apoyar a la Policía Nacional frente a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad ciudadana; mientras Fausto Cobo, Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Galo Vaca, María Augusta Calle, Nívea Vélez, Tomás Zevallos, César Montúfar, Cléver Jiménez y Jorge Escala cuestionaron su constitucionalidad, advirtieron sobre el riesgo de militarización, uso represivo de la fuerza y desnaturalización de las funciones de defensa nacional, y solicitaron construir una política integral de seguridad que priorice prevención, empleo, desarrollo, profesionalización policial, justicia y atención a las zonas fronterizas. El debate quedó cerrado para que la Comisión incorpore las observaciones, sin votación definitiva. Posteriormente, en primer debate se analizó la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana para regular la revocatoria del mandato, estableciendo requisitos de identificación y motivación de la solicitud, causales relacionadas con incumplimiento injustificado del plan de trabajo, obligaciones legales y normas de participación ciudadana; porcentajes y plazos diferenciados para recolectar firmas según el tamaño de la circunscripción; reglas para la verificación de respaldos; límites de gasto electoral y prohibición de utilizar recursos públicos en campañas. Virgilio Hernández defendió la propuesta como una forma de garantizar la participación directa sin convertir la revocatoria en un instrumento de presión política; Rocío Valarezo pidió reforzar el debido proceso y añadir actos de corrupción comprobados como causal; María Soledad Vela, Luis Morales y Guillermina Cruz plantearon precisiones sobre el lenguaje, respaldos, residencia de los electores y protección del derecho ciudadano a controlar a sus autoridades. La sesión fue suspendida sin resolución final sobre esta reforma

ACTA_095-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó al orden del día una resolución de solidaridad con el pueblo japonés por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, mientras la propuesta de reconocimiento a las autoridades nacionales por la respuesta ante la alerta se integró al texto principal y la solicitud de José Picoita para exhortar la declaratoria de estado de excepción por sequía en cantones fronterizos de Loja quedó suspendida para una sesión posterior; además, la entrega de acuerdo y condecoración a la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-20 fue diferida para la siguiente sesión. El eje principal fue el tratamiento de las denuncias de los tratados bilaterales de inversión con Suecia y Francia: Linda Machuca, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Fernando Bustamante y otros legisladores defendieron las denuncias por considerar que los convenios sometían al Ecuador a arbitrajes internacionales, especialmente vinculados al CIADI, en contradicción con el nuevo marco constitucional, y que la protección de inversiones debía regirse por la Constitución, el Código de la Producción y eventuales mecanismos regionales como UNASUR; en sentido contrario, Paco Moncayo, Fernando Aguirre, Wladimir Vargas y otros asambleístas advirtieron riesgos para la seguridad jurídica, la confianza internacional, la atracción de inversiones y la imagen del país, planteando la conveniencia de renegociar o enmendar antes que denunciar integralmente los instrumentos. La denuncia del Acuerdo con Suecia fue aprobada tras rectificación con sesenta y un votos afirmativos, treinta y siete negativos, dos blancos y cinco abstenciones, y su reconsideración fue negada; la denuncia del Convenio con Francia fue aprobada tras rectificación con sesenta y cuatro votos afirmativos, treinta y tres negativos, dos blancos y ocho abstenciones, y también fue negada su reconsideración. Posteriormente, se aprobó la resolución sobre los extrabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presentada por Nívea Vélez y ajustada con observaciones de Dora Aguirre, para exhortar al Consejo Directivo del IESS a adoptar medidas administrativas, económicas y financieras destinadas a reparar derechos laborales que pudieron ser vulnerados por el cambio de régimen y la supresión de puestos derivados de las resoluciones 879 y 880 de 1996; asimismo, se pidió cumplir el criterio vinculante de la Procuraduría sobre el Segundo Contrato Colectivo de 1994 y encargar al Ministerio de Relaciones Laborales la vigilancia del procedimiento de reparación, resolución que fue aprobada tras rectificación con noventa y un votos afirmativos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con noventa y siete votos afirmativos, la resolución de pesar y solidaridad con el Gobierno y pueblo del Japón, llamando al Gobierno Nacional y a la ciudadanía a sumarse a los esfuerzos internacionales de ayuda y reconstrucción; durante este debate, Alfredo Ortiz, Xavier Tomalá, César Gracia, Luis Almeida y Luis Morales solicitaron que en una resolución posterior también se atienda a las familias y sectores productivos de la Costa y Galápagos afectados por la alerta de tsunami. La reconsideración solicitada por Silvia Salgado respecto de la resolución que exigía a la Contraloría publicar las declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas y servidores públicos fue negada con tres votos afirmativos, ochenta y nueve negativos y seis blancos, quedando firme la resolución aprobada en la sesión anterior.

ACTA_108-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Línder Altafuya para incorporar al orden del día una resolución que exigiera medidas urgentes frente a la escasez de agua potable en Esmeraldas, Río Verde y Atacames. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones al pabellón, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-17, en reconocimiento a su desempeño en el campeonato sudamericano y a su clasificación para la Copa Mundial y los Juegos Panamericanos; también fueron reconocidos José Rodríguez, Amílcar Mantilla y Luis Chiriboga, mientras que Galo Sánchez agradeció el homenaje en representación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Finalmente, se analizó el informe que recomendaba denunciar el convenio entre Ecuador y Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones, debido a que sus disposiciones sobre arbitraje internacional fueron consideradas contrarias a la Constitución y a la jurisdicción nacional. Quienes respaldaron la denuncia defendieron la soberanía del Estado y la aplicación de la legislación ecuatoriana, mientras que sus opositores advirtieron que la medida podía generar inseguridad jurídica, afectar las inversiones ecuatorianas y chilenas y deteriorar las relaciones económicas bilaterales, por lo que plantearon renegociar el acuerdo en lugar de eliminarlo. Intervinieron Línder Altafuya, Galo Sánchez, Fernando Bustamante, Wladimir Vargas, José Portugal y Luis Morales. La propuesta de denunciar el convenio fue negada y la rectificación de la votación confirmó esa decisión.

ACTA_109-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el tratamiento de la creación de una comisión especializada ocasional para las personas con discapacidad. María Kronfle propuso reformar una resolución anterior para permitir su conformación inmediata, asignarle exclusivamente el tratamiento del proyecto de Ley de las Personas con Discapacidad y cambiar su denominación. María Calle sostuvo que los derechos de estos grupos debían incorporarse transversalmente en todas las leyes, pero planteó que, de crearse la comisión, esta se limitara al proyecto señalado y concluyera al finalizarlo. Paco Moncayo respaldó su creación, aunque pidió garantizar una representación plural de las fuerzas políticas, mientras que Nívea Vélez cuestionó que la integración propuesta otorgara mayoría a un solo bloque y excluyera a otros sectores. La reforma fue aprobada y, a propuesta de César Rodríguez, se conformó la comisión con María Kronfle, Carlos Velasco, Celso Maldonado, Irina Cabezas, Víctor Quirola, María Vicuña, Pamela Falconí, Maruja Jaramillo, Fernando Aguirre, Scheznarda Fernández, Wladimir Vargas, María Molina y Mercedes Villacrés; la rectificación de la votación confirmó su aprobación. Intervinieron María Calle, César Rodríguez, María Kronfle, Paco Moncayo y Nívea Vélez.

ACTA_110-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporaron al orden del día dos propuestas relacionadas con la protección de los migrantes ecuatorianos y el reconocimiento cultural de San Antonio de Ibarra. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización con Fines de Exportación del Banano y Afines, en el que se analizaron la protección de los pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial, la investigación técnica, la regulación de exportadores, la creación de una corporación bananera y la necesidad de incluir productos alternativos; también se señaló que varias disposiciones ya estaban contempladas en el Código de la Producción y que el proyecto requería mayor socialización. Finalmente, se aprobó su archivo y se negó la reconsideración. Se aprobó el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y Venezuela, destinado a proteger a los trabajadores migrantes y sus familias, permitir la acumulación y portabilidad de los periodos de aportación y facilitar el acceso a prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, aunque se debatió sobre el alcance exacto de sus beneficios. También se aprobó una resolución que rechazó la ley antimigrante HB-87 del estado de Georgia por considerarla discriminatoria y contraria a los derechos humanos, solicitando a las autoridades estadounidenses impulsar una reforma migratoria integral. Finalmente, se declaró a San Antonio de Ibarra como Patrimonio Cultural y Artístico del Ecuador y se exhortó a las instituciones nacionales y locales a proteger su memoria histórica, promover su producción artística y artesanal y asignar los recursos correspondientes. Intervinieron Francisco Hagó, Marisol Peñafiel, Jaime Abril, Ramiro Terán, Omar Juez, Gerónimo Yantalema, Víctor Quirola, José Portugal, Eduardo Zambrano, Emilia Jaramillo, Juan López, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Linda Machuca y Wladimir Vargas.

ACTA_111-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el Acuerdo Bilateral entre Ecuador y Perú para brindar atención recíproca de salud a sus nacionales, especialmente a las poblaciones fronterizas, con el propósito de garantizar el acceso a servicios médicos, fortalecer la integración binacional y regularizar la atención que ya se prestaba entre ambos países; durante el análisis se destacaron sus beneficios humanitarios, aunque también se formularon observaciones sobre la falta de precisión en el financiamiento, la infraestructura, la cobertura territorial, la reciprocidad efectiva y los mecanismos específicos para su aplicación. Asimismo, se aprobó el Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, organización intergubernamental destinada a apoyar a los países en desarrollo mediante estudios, asesoría técnica, jurídica y política, así como la formulación de posiciones comunes en asuntos comerciales, económicos y de desarrollo internacional. Finalmente, se aprobó declarar el trabajo infantil en las calles como trabajo infantil peligroso y establecer su erradicación como prioridad estatal; se exhortó al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social a presentar un plan con acciones y recursos para aplicar las recomendaciones de Naciones Unidas, y al Ministerio de Inclusión Económica y Social a fortalecer las becas escolares para niños y adolescentes retirados del trabajo infantil. Intervinieron Nívea Vélez, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Wladimir Vargas, Emilia Jaramillo, Fausto Cobo, Linda Machuca, Edwin Vaca, Eduardo Zambrano, Dora Aguirre, Marisol Peñafiel, Virgilio Hernández, María Calle, Mercedes Diminich, José Portugal, María Vicuña y Luis Morales

ACTA_156-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la propuesta de incorporar al orden del día el análisis de la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado mayoritariamente dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible inclusión en la iniciativa Yasuní-ITT; posteriormente, se aprobó el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Argentina en materia de actividades espaciales, orientado al desarrollo tecnológico, la investigación científica, la teleobservación terrestre, el seguimiento de satélites, el intercambio de información, la capacitación técnica y la aplicación de tecnología espacial en la prevención de desastres, agricultura, salud, comunicaciones, cartografía, seguridad y protección ambiental. También se aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador y Uruguay, destinado al intercambio de conocimientos y experiencias militares, la formación y capacitación, el desarrollo científico y tecnológico, los ejercicios conjuntos, el control marítimo y la participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, debatiéndose sus alcances respecto de la soberanía, la responsabilidad civil, los gastos, la integración regional y la protección de los derechos humanos. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, con la comparecencia del defensor del Pueblo, abordándose los casos investigados por la Comisión de la Verdad, las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas; el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; la responsabilidad estatal, la imprescriptibilidad de estos delitos, la apertura de archivos, la investigación y sanción de los responsables, la protección de víctimas y testigos, las reparaciones materiales e inmateriales, la atención médica y psicológica, la restitución de derechos, la recuperación de restos, las disculpas públicas y la preservación de la memoria histórica, así como la necesidad de evitar que la ley sea utilizada con fines de persecución política o excluya a víctimas de otros periodos. Intervinieron María Paula Romo, Wladimir Vargas, Luis Morales, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Linda Machuca, Rolando Panchana, Eduardo Encalada, Ramiro Rivadeneira Silva, Mauro Andino, Luis Almeida, Silvia Salgado, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Línder Altafuya, Andrés Páez, Gabriel Rivera, Betty Carrillo, Galo Vaca, José Portugal, Juan Fernández, María Augusta Calle, Guido Vargas, Jorge Escala, Gina Godoy, Denny Cevallos, Raúl Abad y Julio César Ruiz.

ACTA_162-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, destacándose su participación histórica en la independencia y en la construcción económica, social y cultural del país, así como la trayectoria de figuras representativas y la importancia de preservar expresiones como la música, la danza, la medicina ancestral, la etnoeducación y las tradiciones comunitarias. Se analizaron el racismo, la discriminación y la exclusión histórica que afectan a esta población, reflejados en mayores niveles de pobreza, desempleo, analfabetismo, falta de vivienda, limitado acceso a la educación superior, servicios básicos, salud, tierra, empleo público y espacios de decisión; por ello se propusieron acciones afirmativas, asignación de recursos, recuperación de territorios ancestrales, acceso equitativo al trabajo y la educación, mecanismos de prevención, protección, reparación y sanción frente a actos racistas, así como una institucionalidad clara encargada de ejecutar y vigilar las políticas públicas. También se debatió si debía aprobarse una ley específica para el pueblo afroecuatoriano o unificarse con la normativa sobre derechos colectivos de indígenas y montubios, señalándose la necesidad de evitar duplicidades sin invisibilizar las particularidades de cada pueblo; además, se formularon observaciones sobre la organización territorial, la consulta y el consentimiento previo, la presencia militar en territorios y zonas fronterizas, la defensa de la soberanía y la coherencia constitucional del texto. De manera adicional, se expresó preocupación por la situación de estudiantes ecuatorianos becados en Brasil, se cuestionó una publicación sobre el cumplimiento de la rendición de cuentas de los legisladores y se aclararon aspectos históricos relacionados con la participación de Abdón Calderón en la Batalla de Pichincha. Intervinieron Luis Morales, Carlos Velasco, Edwin Vaca, Silvia Salgado, Fausto Cobo, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Guillermina Cruz, Luis Almeida, Marisol Peñafiel, Elvia Quintana, Wladimir Vargas, Susana González, María Pilar Almeida, María Augusta Calle, Juan Carlos López, Francisco Velasco, Margarita Carranco y Jorge Escala.

ACTA_166-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó y aprobó la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, luego de un extenso debate jurídico, político, económico, ambiental y estratégico sobre sus efectos en la soberanía marítima nacional. Quienes respaldaron la adhesión sostuvieron que el país conservaría sus derechos soberanos sobre los recursos existentes dentro de las doscientas millas, obtendría reconocimiento y mecanismos internacionales para defenderlos, mantendría la Reserva Marina y las líneas de base de Galápagos, fortalecería la protección ambiental, la investigación científica, la transferencia de tecnología, la actividad pesquera y el comercio marítimo, y podría ampliar la plataforma continental alrededor del archipiélago hasta trescientas cincuenta millas, incorporando una importante superficie submarina adicional. Quienes se opusieron señalaron que sustituir el mar territorial de doscientas millas por un mar territorial de doce millas y una zona económica exclusiva implicaría reducir la soberanía, someter al país a normas y organismos supranacionales, afectar la integridad territorial, facilitar el acceso de potencias extranjeras a los recursos pesqueros y minerales y poner en riesgo los derechos históricos establecidos mediante la Declaración de Santiago. También se discutieron la protección de Galápagos, los límites marítimos con los países vecinos, el paso de buques y aeronaves, los ejercicios militares, el transporte de materiales peligrosos, la solución internacional de controversias, la pesca de especies migratorias y los beneficios para la industria atunera. Antes del debate legislativo comparecieron Héctor Villagrán, Jimmy Villavicencio, Marcelo Larrea, Rafael Trujillo y Andrés Pazmiño; posteriormente intervinieron María Paula Romo, Fernando Bustamante, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Luis Almeida, Eduardo Zambrano, Andrés Roche, Betty Carrillo, Jorge Escala, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Montúfar, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Betty Amores, Vethowen Chica, Susana González y Fernando Aguirre. Finalmente, se aprobó la Convención junto con una declaración mediante la cual el Ecuador ratificó sus derechos sobre sus espacios marítimos, la protección especial de Galápagos, la posibilidad de ampliar su plataforma continental y varias reservas destinadas a preservar su jurisdicción y soberanía.

ACTA_173-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades, centrado en garantizar una protección integral y efectiva mediante políticas de prevención, detección temprana, atención médica, habilitación y rehabilitación; inclusión educativa con infraestructura accesible, materiales en braille, lengua de señas y equipos multidisciplinarios; inserción, estabilidad y protección laboral; afiliación, pensiones y jubilación especial dentro de la seguridad social; accesibilidad al transporte, espacios públicos, comunicación e información; tarifas preferenciales, exenciones tributarias, créditos para emprendimientos, protección social y apoyo a las familias y personas cuidadoras; además, se discutieron mecanismos administrativos para reclamar vulneraciones de derechos, sanciones por incumplimiento, participación de las personas con discapacidad en los organismos de decisión y reformas para eliminar expresiones discriminatorias de la legislación y reconocer la capacidad de comunicación de las personas sordas mediante la lengua de señas. Intervinieron Emilia Jaramillo, Fernando Vélez, Francisco Cisneros, Betty Amores, Pamela Falconí, Nívea Vélez, Bolívar Subía, Lourdes Tibán, Fernando Bustamante, Eduardo Encalada, César Gracia, Vanessa Fajardo, María Romo, Dora Aguirre, Kléver García, Gastón Gagliardo, Wladimir Vargas, Fausto Cobo, Soledad Vela, Ramiro Terán, Paola Pabón, Susana González, Luis Almeida, Mauro Andino, Zobeida Gudiño, Jimmy Pinoargote, Luis Morales, Betty Carrillo, Hugo Quevedo, Marco Murillo, Hólger Chávez, Consuelo Flores, Fernando Flores, Magali Orellana, Juan Fernández y María Kronfle. Finalmente, el proyecto, con los cambios y observaciones aceptados por la ponente, fue aprobado por unanimidad con noventa y cuatro votos afirmativos, y posteriormente se negaron tanto su reconsideración como la rectificación solicitada.

ACTA_174-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose la necesidad de modernizar la legislación y garantizar un equilibrio entre seguridad ciudadana, derechos humanos, debido proceso e independencia judicial; se debatieron la proporcionalidad y eficacia de las penas, la precisión técnica de los tipos penales, el riesgo de criminalizar la huelga, la protesta, la resistencia y otras expresiones políticas o sociales, así como la regulación del terrorismo, rebelión, sabotaje, corrupción, peculado, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, delitos ambientales, infracciones relacionadas con la pesca, accidentes de tránsito, mala práctica profesional, violencia en espectáculos públicos, delitos propios de las zonas fronterizas y falta de pago de precios oficiales a productores agrícolas. También se discutieron ampliamente el aborto no punible cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o pusiera en riesgo la vida o salud de la mujer, la violencia contra la mujer y la familia, la continuidad de las medidas de protección previstas en la Ley 103 y la necesidad de procedimientos rápidos que eviten la revictimización; además, se analizaron la justicia indígena, el tratamiento especializado de adolescentes en conflicto con la ley, la política de drogas desde una perspectiva de salud pública, la rehabilitación de personas dependientes y la conveniencia de no basar la lucha contra la delincuencia únicamente en el endurecimiento de las penas. En comisión general, Miguel Zambrano, representante de los Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia, defendió la protección especial de sus derechos y rechazó que los adolescentes fueran juzgados como adultos, destacando que requieren una legislación y procedimientos especializados. Intervinieron Edwin Vaca, Soledad Vela, Juan Carlos López, Lourdes Tibán, Wladimir Vargas, María Alejandra Vicuña, Lenín Chica, Miguel Zambrano, Fernando Bustamante, Jimmy Pinoargote, César Gracia, Betty Carrillo, Carlos Velasco, Cristian Viteri, María Paula Romo, Vicente Taiano, Rolando Panchana, Betty Amores, Virgilio Hernández, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo y Luis Morales; finalmente, la sesión fue suspendida para continuar al día siguiente con las intervenciones pendientes y cerrar el debate del primer bloque del proyecto.

ACTA_185-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizaron y aprobaron tres instrumentos internacionales relacionados con la cooperación y la integración del Ecuador con Perú y Rusia. En primer lugar, se debatió el acuerdo de cooperación diplomática entre Ecuador y Perú, mediante el cual ambos países podrían representarse recíprocamente ante terceros Estados en los que uno de ellos no tuviera una misión propia, con el propósito de reducir costos, mejorar la atención de sus ciudadanos en el exterior, fortalecer sus intereses políticos y comerciales y consolidar la confianza y la integración después de los antiguos conflictos fronterizos; aunque existió un amplio respaldo, también se plantearon inquietudes sobre la falta de claridad de los mecanismos operativos, los límites de la representación y la posibilidad de que ambos países no coincidieran en determinados intereses internacionales. Este acuerdo fue aprobado con noventa y tres votos afirmativos y una abstención. Posteriormente se aprobó el instrumento complementario para la cooperación entre las administraciones tributarias de Ecuador y Perú, orientado a intercambiar información reservada sobre operaciones y rentas, conocer recíprocamente las legislaciones y métodos de control, mejorar la determinación y recaudación de impuestos, combatir la evasión y elusión fiscal, investigar delitos tributarios, verificar transacciones económicas internacionales y fortalecer la lucha contra el contrabando y el crimen organizado, garantizando a la vez que los datos se emplearan dentro de los límites establecidos por las legislaciones de ambos países; este instrumento recibió noventa votos afirmativos y una abstención. Finalmente se trató el acuerdo con Rusia para suprimir las visas en viajes recíprocos, permitiendo visitas de hasta noventa días dentro de cada período de ciento ochenta días, principalmente con fines turísticos, académicos o de negocios, mientras las estadías prolongadas y las actividades laborales o comerciales continuarían sujetas a visado; además, se mantuvo la potestad de ambos Estados para negar el ingreso o suspender el acuerdo por motivos de seguridad y orden público, y se estableció que los visitantes quedaran sometidos a las leyes del país de destino. Se sostuvo que esta medida beneficiaría especialmente a estudiantes, turistas y empresarios ecuatorianos, fomentaría los intercambios económicos, científicos y culturales y avanzaría hacia la libre movilidad y la ciudadanía universal, aunque también se pidió aplicar principios similares a ciudadanos de otros países; el acuerdo fue aprobado con ochenta y siete votos afirmativos y siete abstenciones, resultado que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Víctor Quirola. Intervinieron Fernando Bustamante, Linda Machuca, Fausto Cobo, Paco Moncayo, César Rodríguez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Gerónimo Yantalema, Guillermina Cruz, Luis Morales, Betty Amores, Wladimir Vargas, María Soledad Vela, Betty Carrillo y Víctor Quirola.

ACTA_196-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó una comisión general para rendir homenaje al educador y escritor Gustavo Alfredo Jácome Jácome por el centenario de su nacimiento y por su trayectoria dedicada a la enseñanza, la literatura, la defensa de la identidad indígena y la difusión de la cultura ecuatoriana; debido a sus condiciones de salud, la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural y Educativo fue recibida por sus familiares, y uno de sus hijos agradeció el reconocimiento concedido a la vida y obra de su padre. Posteriormente continuó el debate sobre el laudo arbitral del CIADI favorable a la empresa Occidental, que obligaba al Ecuador a pagar aproximadamente mil setecientos sesenta y nueve millones de dólares, cifra que, con intereses, superaba los dos mil doscientos millones; existió coincidencia en rechazar el fallo, respaldar el pedido de nulidad y defender la soberanía y los recursos públicos, al sostenerse que la empresa había incumplido el contrato y la legislación ecuatoriana al transferir derechos sin autorización y que el tribunal había subestimado dichas infracciones. Durante las intervenciones también se discutieron las responsabilidades de gobiernos, legisladores, procuradores, ministros y abogados que aprobaron los tratados, aceptaron el arbitraje o participaron en la defensa del Estado; algunos legisladores condicionaron su respaldo a que se investigaran las actuaciones de los funcionarios y se aplicara el derecho de repetición, mientras otros consideraron que aquello podía debilitar la posición del país y defendieron una acción política y jurídica unificada frente a la empresa y los organismos internacionales. La resolución aprobada declaró política de Estado la defensa del Ecuador y el reclamo de nulidad, convocó a las funciones estatales y a la ciudadanía a permanecer unidas y movilizadas, rechazó el laudo, dispuso que la Asamblea realizara seguimiento al proceso, urgió el pronunciamiento necesario para denunciar el Tratado Bilateral de Inversiones, promovió la condena internacional —especialmente entre los países latinoamericanos y caribeños— y pidió a los actores públicos, privados y medios de comunicación actuar de manera consecuente con la dignidad y la soberanía nacional. El texto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos, dieciséis blancos y seis abstenciones; la reconsideración solicitada por Pedro de la Cruz y Luis Almeida fue negada, y su rectificación, pedida por Jaime Abril, también fue rechazada, con lo cual la resolución quedó ratificada. Finalmente se desarrolló el primer debate de los proyectos para garantizar la seguridad en los eventos deportivos y prevenir y controlar la violencia en los escenarios deportivos, iniciativas que buscaban erradicar las conductas violentas, promover una cultura de paz, regular la actuación de organizadores, clubes, autoridades, deportistas, árbitros y aficionados, y prohibir o restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. La Comisión recomendó archivar ambas propuestas porque consideró que la violencia no se limitaba a los estadios ni al consumo de alcohol, que ya existían leyes, reglamentos, ordenanzas y competencias municipales aplicables, que las infracciones debían concentrarse en la legislación penal y que la creación de una nueva entidad nacional duplicaría funciones y aumentaría el gasto público; en su lugar, propuso reformar la Ley del Deporte, fortalecer las competencias de los gobiernos locales, categorizar los escenarios según su tamaño y nivel de riesgo, establecer protocolos y certificados de seguridad, regular los eventos masivos y debatir la prohibición de bebidas alcohólicas y de su publicidad. En oposición al archivo se sostuvo que la Comisión debía corregir, enriquecer y unificar los proyectos, en lugar de desecharlos; se pidió considerar no solo el fútbol profesional, sino también el deporte aficionado, barrial y otras disciplinas, así como la conducta de dirigentes, árbitros, jugadores, medios de comunicación y barras organizadas. Otros legisladores apoyaron el archivo, pero coincidieron en la necesidad de prohibir el alcohol y su publicidad, reforzar el control municipal, organizar y autorregular las hinchadas, mejorar la seguridad de los recintos, diferenciar los estadios grandes de los escenarios pequeños e incorporar las reformas necesarias en las leyes ya existentes. La moción de archivo obtuvo inicialmente cincuenta y ocho votos afirmativos y, en la rectificación, sesenta votos afirmativos, pero en ambos casos no alcanzó la mayoría requerida, por lo que no fue aprobada y la sesión fue clausurada. Intervinieron Armando Aguilar, Galo Vaca, Betty Carrillo, Marco Murillo, María Soledad Vela, César Rodríguez, Zobeida Gudiño, Blanca Ortiz, Rafael Dávila, Xavier Tomalá, Virgilio Hernández, Cléver Jiménez, Rocío Valarezo, Ramiro Terán, Susana González, Luis Morales, Kléver García, Wladimir Vargas, Fernando Bustamante y Fernando Flores; Pedro de la Cruz, Luis Almeida y Jaime Abril participaron mediante solicitudes relacionadas con la reconsideración y rectificación de la votación.