ACTA_006-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció y debatió la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas, relacionada con la constitución de empresas entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados, la administración y clasificación del talento humano, los programas de retiro voluntario, las inversiones y alianzas estratégicas, la divulgación de información, los mecanismos de control y auditoría, el tratamiento de empresas estatales existentes, las entidades incautadas por la AGD, las empresas vinculadas a la defensa nacional y varias reformas tributarias, financieras y de contratación pública. Durante el debate se expresaron posiciones a favor y en contra del allanamiento, especialmente respecto de la discrecionalidad en las compensaciones por retiro voluntario, la definición de obreros, la transparencia de la información, el alcance de las atribuciones de la Contraloría y la protección de los derechos laborales; intervinieron Irina Cabezas, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Jorge Escala, Armando Aguilar, Galo Vaca, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Humberto Alvarado, Enrique Herrería, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Betty Amores, Eduardo Encalada, César Montúfar, Nívea Vélez, Guillermina Cruz, Andrés Roche, Hólger Chávez, María Molina y María Alejandra Vicuña. Finalmente, se aprobó el allanamiento a la mayor parte de las observaciones presidenciales y no prosperó la ratificación del texto original sobre el retiro voluntario y las reformas finales propuestas. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma al Mandato Constituyente relacionado con la portabilidad numérica, a fin de ampliar el plazo para que las personas usuarias de telefonía móvil puedan conservar su número al cambiar de operadora, garantizando la ejecución de pruebas técnicas y la calidad del servicio; intervinieron Luis Noboa, Saruka Rodríguez, Fernando Vélez, Betty Carrillo, Enrique Herrería, Francisco Ulloa, Aminta Buenaño, Rolando Panchana, Cynthia Viteri, Silvia Salgado, Abdalá Bucaram, Betty Amores y Luis Almeida. La reforma fue aprobada con sesenta y cuatro votos afirmativos, veintiocho negativos, cuatro votos en blanco y trece abstenciones.
Sin títuloACTA_026-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un proyecto de resolución de apoyo y solidaridad con la República de Haití, propuesto por Fernando Bustamante, tras el terremoto que afectó a ese país. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de reforma penal para la tipificación y juzgamiento de los delitos cometidos en el servicio policial y militar, orientado a eliminar los fueros especiales y consolidar la unidad jurisdiccional, de modo que los delitos de función sean conocidos por jueces especializados de la Función Judicial y los delitos comunes por la justicia ordinaria. María Paula Romo y Mauro Andino defendieron la necesidad de adecuar la normativa a la Constitución, diferenciar los delitos de función de las infracciones disciplinarias, regular la obediencia debida, establecer tipos penales aplicables a militares y policías e incorporar normas de Derecho Internacional Humanitario; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo y Vicente Taiano formularon observaciones sobre las diferencias constitucionales, operativas y doctrinarias entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la inclusión de personal movilizado y reservistas, el tratamiento de la deserción, la sedición, las operaciones militares y policiales, la obediencia a autoridades civiles y los conceptos relacionados con estados de excepción y conflicto armado. Fernando Bustamante planteó precisar la intencionalidad en delitos como la alteración de evidencias, la traición a la patria y las acciones hostiles, así como incorporar agravantes por actos motivados por odio o discriminación; Juan Carlos Cassinelli solicitó evitar duplicidades entre insubordinación y sedición, revisar la proporcionalidad de las sanciones por abuso de facultades y proteger expresamente a las personas asiladas; y César Rodríguez propuso aclarar el alcance del juzgamiento de civiles que participen en delitos de función y eliminar disposiciones que pudieran mantener centros de detención especiales como privilegio para militares o policías. Finalmente, María Paula Romo solicitó suspender el debate para integrar las observaciones y remitir un texto revisado para votación posterior, por lo que el proyecto no fue aprobado en esta sesión. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución de solidaridad con Haití, mediante la cual se expresó respaldo al pueblo haitiano y a las víctimas del terremoto, se exhortó a la ciudadanía y a la Función Legislativa a contribuir con ayuda humanitaria y se reconoció la labor de los efectivos ecuatorianos de la Misión de las Naciones Unidas y de la Fuerza Interinstitucional de Rescate que se trasladaría a Puerto Príncipe. En este tema intervinieron Fernando Bustamante, Pamela Falconí, Linda Machuca, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Leonardo Viteri, Gioconda Saltos, Rodolfo Baquerizo, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Elvis Maldonado, Guillermina Cruz y Lídice Larrea, quienes plantearon donaciones voluntarias, provisión de alimentos y equipos para los rescatistas, campañas de donación de sangre, asistencia médica y apoyo a las personas ecuatorianas que residían en Haití.
Sin títuloACTA_028-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Andrés Páez para incorporar el tratamiento de la terminación del encargo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, mientras que se aprobó incluir una resolución sobre la situación de sequía y actividad volcánica en la Sierra central. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, orientado a organizar, transparentar y optimizar el manejo de los inmuebles estatales mediante el Instituto de Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado, INMOBILIAR; César Gracia defendió la necesidad de contar con una institución especializada, mientras Paco Moncayo, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, César Rodríguez, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Guillermina Cruz, Vanessa Fajardo, Edwin Vaca, Mauro Andino, Lenín Chica, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos y Betty Amores formularon observaciones sobre el alcance de la ley, la autonomía de las distintas entidades públicas, la administración de bienes en litigio o incautados, la situación de las instituciones financieras, los mecanismos de transferencia, avalúo, venta, control, rendición de cuentas, responsabilidad de los funcionarios y el uso social de los inmuebles para educación, salud y grupos de atención prioritaria; al concluir, se dispuso remitir observaciones por escrito para preparar el informe correspondiente. Asimismo, se aprobó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, presentada por Luis Morales, que regula mecanismos de democracia directa, iniciativa popular normativa, consulta popular, revocatoria del mandato, participación de organizaciones sociales, presupuestos participativos, audiencias públicas, silla vacía, veedurías, rendición de cuentas y acceso a la información pública, con ochenta y dos votos afirmativos, ocho negativos, cuatro votos en blanco y quince abstenciones. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Marco Murillo y Luis Morales para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi ante los efectos de la sequía, las pérdidas agrícolas y ganaderas y el incremento de la actividad del volcán Tungurahua, solicitando medidas de reactivación económica, salud, atención a pequeños y medianos productores, así como obras viales y habitacionales en los cantones afectados; intervinieron Marco Murillo, Mauro Andino, Grace Almeida, Hólger Chávez, Gerónimo Yantalema y Juan Carlos López, y la resolución fue aprobada con ciento cinco votos afirmativos, sin votos negativos, tres blancos y cinco abstenciones.
Sin títuloACTA_053-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se trató primero la lectura de la convocatoria y orden del día, con intervenciones de los asambleístas Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca y Fernando Bustamante, guardándose además un minuto de silencio por los ecuatorianos fallecidos en México y por el padre político de la asambleísta Betty Carrillo; a continuación se conoció el informe de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre la ratificación del Estatuto a la Agencia Internacional para las Energías Renovables (IRENA), con intervenciones de Fernando Bustamante, Luis Almeida, Gabriel Rivera, Ramiro Terán, Grace Almeida, Linda Machuca, Juan Carlos López y Marisol Peñafiel, aprobándose el proyecto de resolución respectivo; luego se trató el informe de la misma Comisión sobre la ratificación del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, con intervenciones de Gabriel Rivera y Francisco Ulloa, aprobándose igualmente la resolución; después se debatió la designación de la Comisión Especializada para analizar el informe presentado por el Presidente de la República el 10 de agosto de 2010, interviniendo Juan Carlos Cassinelli, Jorge Escala, Grace Almeida, Luis Almeida, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram, Scheznarda Fernández, Línder Altafuya, Mauro Andino, Ramiro Terán, César Rodríguez, Guillermina Cruz y Fausto Cobo; posteriormente se conoció el proyecto de resolución que demanda y condena la violación de los derechos humanos de los 72 migrantes asesinados en México, con intervenciones de Linda Machuca, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Fernando Flores, Eduardo Zambrano, Cinthya Viteri y María Augusta Calle; enseguida se trató el proyecto de resolución de solidaridad y respaldo del pueblo ecuatoriano a los 33 mineros atrapados en una mina de Copiapó, Chile, con intervenciones de Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Grace Almeida, aprobándose el texto de la resolución; y finalmente se retomó y votó el proyecto de resolución sobre los 72 migrantes asesinados en México, procediéndose a su lectura y votación antes de la clausura de la sesión.
Sin títuloACTA_077-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orientado a adecuar la normativa a la Constitución y al COOTAD, definir las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y de la Agencia Nacional, fortalecer la seguridad vial, regular contravenciones, puntos en las licencias, sanciones por conducción bajo efectos de alcohol, transporte informal, SOAT y FONSAT, capacitación, afiliación a la seguridad social, tarifas diferenciadas y protección de grupos vulnerables. Previamente, Abdalá Bucaram propuso que las Fuerzas Armadas colaboren temporalmente con la Policía en seguridad ciudadana, moción que fue negada; Línder Altafuya logró incorporar al orden del día el análisis de una resolución contra la prescripción de la acción penal por el asesinato de Jaime Hurtado y sus acompañantes, aunque este asunto no llegó a tratarse; y Magaly Orellana planteó exhortar al respeto de las mujeres frente a expresiones ofensivas, propuesta que no fue aceptada. En comisión general, Ricardo Onofre, Jorge Calderón y Sandra Carrera solicitaron participación de los gremios de choferes, sanciones al transporte informal, garantías para escuelas de conducción, cajas de cesantía, estabilidad laboral y continuidad institucional de la Comisión de Tránsito del Guayas. Saruka Rodríguez presentó el informe de la Comisión; Juan Carlos Cassinelli, Silvia Salgado, Aminta Buenaño, Lídice Larrea y otros respaldaron mantener transitoriamente a la Comisión de Tránsito del Guayas, fortalecer la descentralización y endurecer controles; mientras Enrique Herrería, Andrés Roche, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Alfredo Ortiz y Andrés Páez cuestionaron la presentación de observaciones ajenas al informe, la eventual afectación de competencias municipales, la falta de control efectivo sobre infracciones, las facilidades para recuperar puntos, la proporcionalidad de las sanciones, la obligatoriedad de escuelas de conducción y la precariedad laboral de los choferes. Fernando Vélez propuso que el Estado asuma el costo del SOAT; Edwin Vaca y Gido Vargas solicitaron sanciones claras para conductores extranjeros e informales en zonas fronterizas; Guillermina Cruz pidió incluir responsabilidades por mala señalización vial, tarifas preferenciales para estudiantes y protección a transportistas con discapacidad; Pedro de la Cruz planteó revisar el requisito de bachillerato para licencias profesionales y garantizar seguridad social; y Zobeida Gudiño solicitó permitir que personas con discapacidad sean socias de cooperativas de transporte. El debate quedó suspendido, sin votación final, para continuar con el análisis de las observaciones.
Sin títuloACTA_066-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento una propuesta de Alfredo Ortiz orientada a garantizar el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y la atención de las personas migrantes en Galápagos, incluyendo la solicitud de una oficina de la Defensoría del Pueblo en la provincia; sin embargo, el texto no llegó a resolverse durante la jornada. También se aprobó la resolución presentada por María Soledad Vela para declarar al cantón Pedernales, provincia de Manabí, como “Génesis del nombre del Ecuador”, en reconocimiento a Punta Palmar como punto de partida de la Misión Geodésica Francesa; intervinieron María Soledad Vela, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri y Lídice Larrea en respaldo de la iniciativa, mientras Vicente Taiano, Pedro de la Cruz, Marco Murillo y Tito Nilton Mendoza solicitaron reemplazar la denominación inicial de “Cuna de la Identidad Ecuatoriana” por una expresión que no desconozca la diversidad cultural y plurinacional del país. En el segundo debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se aprobó eliminar la referencia a comisiones ciudadanas de selección y establecer que el Consejo designe al Procurador General del Estado y a los superintendentes de las ternas remitidas por el Ejecutivo, luego de los procesos de veeduría e impugnación ciudadana, con alternabilidad de género e interculturalidad; Raúl Abad, Betty Amores, Hugo Quevedo y Juan Carlos Cassinelli defendieron la reforma por ajustarla al texto constitucional, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Luis Morales y César Montúfar cuestionaron que se debilite la participación ciudadana y que el trámite no haya sido conocido por la comisión especializada correspondiente. Asimismo, se aprobó por unanimidad una resolución de solidaridad con las víctimas y familiares de la tragedia minera en el yacimiento Casa Negra de Portovelo, que exhortó a intensificar las labores de búsqueda, verificar las condiciones de seguridad de las minas, investigar los riesgos laborales y brindar apoyo social a las familias afectadas; intervinieron Fernando Bustamante, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Jorge Escala y María Paula Romo. Finalmente, se debatió la denuncia del Convenio de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y China; Fernando Bustamante y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la denuncia por las cláusulas de arbitraje internacional contrarias a la soberanía y al marco constitucional, mientras intervinieron Alfredo Ortiz, Paco Moncayo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Jorge Escala, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Zobeida Gudiño sobre sus efectos jurídicos, económicos y de inversión. Aunque inicialmente se registró la aprobación del informe, en la rectificación se consignó que no fue aprobado, quedando solicitada su reconsideración para una sesión posterior
Sin títuloACTA_133-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Enrique Herrería para incorporar al orden del día una resolución que condenara las actuaciones de Patricio Pazmiño y Tania Arias, por considerar que su participación en una delegación gubernamental comprometía la independencia e imparcialidad que debían mantener frente a la Función Ejecutiva. Posteriormente, se analizó y aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador e Italia, destinado a fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y experiencias en políticas de seguridad y defensa, logística y adquisición de equipos, educación, entrenamiento y adiestramiento militar, operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, protección ambiental, servicio médico, historia y deporte militar; se aclaró que el instrumento no constituía una alianza política o militar ni comprometía la planificación estratégica nacional, y su aprobación se mantuvo luego de la rectificación y de que fuera negada la reconsideración. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados en procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, orientado a que el CONSEP dejara de actuar únicamente como depositario y asumiera facultades para custodiar, conservar y administrar los bienes mientras se resolvieran los procesos judiciales. Durante la discusión se plantearon observaciones sobre la venta inmediata de bienes perecibles y semovientes, el mantenimiento y avalúo de propiedades, empresas, vehículos y haciendas, la creación de cuentas especiales para conservar el dinero obtenido y devolverlo con sus intereses cuando existiera una sentencia absolutoria, la transferencia definitiva de los bienes al Estado cuando hubiera condena, la obligación de rendir informes a los jueces, la identificación de la institución pública que asumiría los bienes, la protección de la presunción de inocencia, la prevención de abusos y corrupción dentro del CONSEP y la posibilidad de destinar parte de los recursos a la prevención del consumo de drogas y a la rehabilitación de personas con adicciones. El primer debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Enrique Herrería, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Galo Lara, Paco Moncayo, Luis Morales, Luis Almeida, Guillermina Cruz, María Paula Romo, Vicente Taiano y Francisco Cisneros.
Sin títuloACTA_149-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la incorporación de una propuesta para pronunciarse sobre el hallazgo de cocaína en una valija diplomática, que planteaba acelerar las investigaciones, determinar responsabilidades, revisar la normativa aplicable, conformar una comisión multipartidista y solicitar la salida del ministro de Relaciones Exteriores; posteriormente, se rindió homenaje a los estudiantes Gerardo Francisco Pérez, Juan José Morales, Henry Xavier Paca, José Vicente Anilema y Manuel Ramiro Moreta, así como a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su rector Romeo Rodríguez y el decano Iván Menes, por el desarrollo de Skillbox, un programa informático reconocido internacionalmente que traduce el lenguaje oral a lengua de señas y permite transformar textos en audio, facilitando la comunicación, educación e inclusión de personas con discapacidad auditiva y del habla. A continuación, se debatió la emergencia ocasionada por la fuerte estación invernal, las inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, pérdidas de viviendas, cultivos, carreteras y medios de subsistencia, así como la aparición de enfermedades y las dificultades para abastecer y atender a las comunidades aisladas; aunque la propuesta inicial se refería al Guayas, se incorporaron Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y se solicitó al Ejecutivo declarar el estado de excepción, coordinar la intervención de las instituciones públicas, brindar auxilio a las poblaciones afectadas, entregar recursos para reconstruir viviendas y bienes y establecer un espacio de diálogo con una comisión legislativa. La resolución fue aprobada, ratificada en la rectificación y su reconsideración fue negada. También se desarrolló el primer debate del proyecto de protección para las personas con epilepsia, orientado a garantizar sus derechos, evitar la discriminación educativa y laboral, establecer programas integrales de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, asegurar medicamentos oportunos, permanentes y gratuitos, promover campañas informativas, investigación, docencia y estadísticas, y mejorar la coordinación entre la atención primaria, los especialistas, las familias y las instituciones públicas. Durante la discusión se reconocieron el impacto médico, psicológico, familiar, social y económico de la enfermedad y la necesidad de combatir los prejuicios; sin embargo, varios legisladores consideraron que el proyecto repetía derechos ya garantizados, carecía de suficiente precisión científica y jurídica, podía generar restricciones inconvenientes mediante peritajes y debía integrarse en un código general de salud, mientras otros defendieron la urgencia de contar con una regulación específica y propusieron precisar que el acceso al trabajo no comprendiera actividades que pudieran representar riesgos para la persona o terceros. La moción para archivar el proyecto y recomendar la elaboración del Código de la Salud fue negada, por lo que la iniciativa continuó su trámite. Posteriormente, se inició el primer debate de la reforma destinada a proteger a las personas adultas mayores, proponiéndose sustituir denominaciones consideradas despectivas, reconocer como beneficiarias a las personas desde los sesenta y cinco años, facilitar el ejercicio inmediato de sus derechos mediante la presentación del documento de identidad, garantizar atención médica especializada y gratuita, acceso a medicinas, trabajo acorde con sus capacidades, jubilación universal, descuentos en servicios públicos, exenciones tributarias y notariales y acceso a vivienda digna. También se plantearon servicios gratuitos y prioritarios, la entrega de ayudas económicas a quienes carecieran de jubilación, la posibilidad de exigir a los hijos una pensión vitalicia para sus padres mediante acción judicial incluso promovida por terceros, el cambio de denominación del fondo nacional correspondiente, sanciones civiles y penales por vulnerar sus derechos y la creación y fortalecimiento de hogares de protección bajo responsabilidad estatal y municipal, con atención médica, terapia ocupacional, cultura y actividad física; este debate quedó suspendido para continuar posteriormente. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó la agresión de la Policía boliviana contra personas con discapacidad que reclamaban una ayuda económica, reconoció el diálogo como mecanismo de solución, exhortó al Gobierno de Bolivia a aceptar la mediación ofrecida por Lenín Moreno, sugirió respetar los instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias; la decisión fue ratificada con cincuenta y nueve votos afirmativos, uno negativo y cuatro abstenciones. Intervinieron Jorge Escala, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Gioconda Saltos, Romeo Rodríguez, Pamela Falconí, Luis Almeida, Vicente Taiano, Xavier Tomalá, Jorge Fadul, Ramón Cedeño, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Vélez, Susana González, Carlos Velasco, Nívea Vélez, Pedro de la Cruz, Rocío Valarezo, Mao Moreno, Richard Guillén, Damacio Santos, Francisco Ulloa, Betty Carrillo, Luis Morales, Fernando González, Gina Godoy, Bolívar Subía, María Molina, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Paco Fierro y Rosa Ponce.
Sin títuloACTA_142-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se incorporaron al orden del día una propuesta para reconocer la importancia histórica de la Batalla de Camino Real y establecer una fecha de conmemoración nacional, asunto que no llegó a tratarse posteriormente, y una resolución de homenaje a los periodistas ecuatorianos, en cuyo debate se destacó el legado de Eugenio Espejo, la importancia del periodismo para la democracia, los riesgos que enfrentan quienes ejercen esta profesión, sus condiciones laborales, la libertad de expresión, la responsabilidad ética, la honra de las personas, la censura y autocensura en los medios y los procesos judiciales relacionados con publicaciones y opiniones; tras posiciones contrapuestas sobre la relación entre el Gobierno, la prensa y la Función Judicial, se aprobó una resolución que expresó respeto y solidaridad con los periodistas y la voluntad de vigilar el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión en todos los ámbitos comunicacionales. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma tributaria relacionada con la caución equivalente a un porcentaje de la obligación impugnada y con la facultad de los funcionarios encargados de la ejecución coactiva para disponer el arraigo o la prohibición de salida del país; algunos legisladores consideraron que estas medidas eran necesarias para evitar recursos dilatorios, fortalecer la cultura tributaria y garantizar el pago de las obligaciones, mientras otros sostuvieron que condicionaban el acceso gratuito a la justicia, discriminaban a quienes carecían de recursos, vulneraban la presunción de inocencia y debían eliminarse, planteándose también exonerar del afianzamiento a los reclamos de menor cuantía y solicitar nuevos pronunciamientos constitucionales; el primer debate concluyó sin votación y las observaciones fueron remitidas a la comisión. Finalmente, continuó el segundo debate de la reforma sobre las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, orientada a permitirles constituir capital propio, reconocer derechos económicos y de propiedad a sus socios mediante certificados de aportación, garantizar voz y voto independientemente del capital aportado, limitar la concentración de la propiedad, ampliar sus inversiones y servicios financieros e inmobiliarios, fortalecer su solvencia y facilitar la recuperación por vía coactiva de pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas; también se discutieron la responsabilidad de accionistas y administradores, la conveniencia de que todos respondieran por los perjuicios y no únicamente quienes superaran determinado porcentaje de participación, y el procedimiento para elegir al defensor del cliente, cuestionándose que su designación dependiera de la autoridad de control en lugar de los propios socios. Ante la necesidad de realizar ajustes técnicos y jurídicos, el proyecto regresó a la comisión y la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Mercedes Diminich, César Rodríguez, María Augusta Calle, María Paula Romo, César Montúfar, Lenín Chica, Stalin Subía, Paco Moncayo, Luis Morales, Francisco Velasco, César Gracia, Betty Amores, Jimmy Pinoargote, Vicente Taiano, Luis Almeida, Fausto Cobo, Juan Carlos Cassinelli, Salomón Fadul, Eduardo Encalada, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, José Portugal, Viviana Bonilla y Jorge Escala; Fernando Cordero dirigió la sesión, Pedro de la Cruz y Juan Carlos Cassinelli asumieron temporalmente su conducción y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.
Sin títuloACTA_136-C-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, en el que existió coincidencia sobre la necesidad de expedir una normativa que cumpliera el mandato constitucional y ciudadano, pero se mantuvieron posiciones contrapuestas respecto de la libertad de expresión y de información, la veracidad y contextualización de las noticias, la responsabilidad ulterior, los derechos de rectificación y réplica, la posible censura y el riesgo de que la regulación fuera utilizada para controlar o perseguir a medios y periodistas. También se discutieron la integración e independencia del Consejo de Regulación; la concentración de la propiedad de los medios; la distribución, reversión y adjudicación de frecuencias entre los sectores público, privado y comunitario; el funcionamiento, financiamiento y destino de los medios públicos e incautados; la distribución de la publicidad estatal; la autonomía editorial; los derechos laborales, la profesionalización, la reserva de la fuente y la cláusula de conciencia de los comunicadores; la participación de pueblos, nacionalidades y sectores sociales; la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos; y la conveniencia de armonizar esta normativa con las leyes de Telecomunicaciones y Penal, así como aprobarla por artículos o capítulos para facilitar acuerdos. En comisión general, Jorge Luis Serrano, representante del Consejo Nacional de Cinematografía, destacó la necesidad de establecer cuotas de pantalla, fomentar la producción audiovisual ecuatoriana y evitar que los contenidos extranjeros de bajo costo desplazaran al cine y a la televisión nacional. El debate fue suspendido sin votación para continuar recibiendo e incorporando observaciones, por lo que quedó pendiente el tratamiento de la propuesta relacionada con el reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos. Intervinieron Paco Moncayo, Juan Carlos López, Juan Carlos Cassinelli, Luis Morales, Pedro de la Cruz, César Rodríguez, Cléver Jiménez, Rolando Panchana, Paola Pabón, Silvia Salgado, Scheznarda Fernández, Eduardo Zambrano, Nívea Vélez, Mercedes Diminich, Jorge Escala, César Gracia, Mauro Andino, Rocío Valarezo, Fernando Aguirre, Jorge Luis Serrano, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Enrique Herrería, María Alejandra Vicuña, Andrés Páez, Emilia Jaramillo, Fernando González, Armando Aguilar, Tomás Zevallos, Manuel Portugal, Viviana Bonilla, Kléver García, Jaime Abril, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Marco Murillo, Gilberto Cisneros y Bolívar Subía.
Sin títuloACTA_203-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Rafael Dávila propuso financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano reduciendo gastos estatales en publicidad, espectáculos y viáticos, pero el cambio del orden del día fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, cuarenta y uno negativos y trece abstenciones. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que eliminó beneficios tributarios de la banca, modificó el anticipo del impuesto a la renta, gravó los servicios financieros, aumentó el impuesto sobre fondos e inversiones en el exterior, facilitó al SRI el acceso reservado a información financiera y prohibió trasladar las nuevas cargas tributarias a los usuarios. Sus defensores señalaron que permitiría financiar políticas sociales mediante una mayor contribución del sector financiero, mientras sus críticos cuestionaron su finalidad electoral, constitucionalidad, efectos sobre el crédito y la liquidez, posible traslado de costos a los consumidores y falta de una asignación exclusiva de los recursos al bono. La ley fue aprobada y ratificada con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos y diez abstenciones; posteriormente se negó su reconsideración y la rectificación de esta última votación. Intervinieron Rafael Dávila, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Enrique Herrería, Eduardo Encalada, Luis Almeida, Vicente Taiano, Juan Carlos Cassinelli, Cléver Jiménez, Christian Viteri, César Rodríguez, Silvia Salgado, María Paula Romo, Paco Fierro, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Susana González, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Edwin Vaca, Fernando González, Mauro Andino, Galo Vaca, Juan Carlos López, Nívea Vélez, Luis Morales, César Montúfar, Guillermina Cruz, Gerónimo Yantalema y Francisco Cisneros.
Sin títuloACTA_208-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate de la reforma a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Las intervenciones se concentraron en la modernización y digitalización del Registro Civil, la coordinación con consulados y países fronterizos para inscribir y cedular a ecuatorianos nacidos o residentes en el exterior, y la necesidad de uniformar y precisar la redacción del proyecto. También se debatió la posibilidad de que los padres decidieran el orden de los apellidos de sus hijos, proponiéndose incluso utilizar el orden alfabético cuando no existiera acuerdo; el uso voluntario del apellido del cónyuge; la inclusión en la cédula de la condición de donante; y la diferencia entre sexo e identidad de género, respecto de la cual se solicitaron reglas más claras y mayores garantías jurídicas. Algunos legisladores defendieron las reformas como mecanismos de igualdad y modernización, mientras otros pidieron una mayor socialización y expresaron reparos relacionados con las tradiciones familiares, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la sustitución del dato “sexo” por “género” en la cédula. Finalmente, el debate fue suspendido sin votación y el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones; posteriormente se clausuró la sesión, sin tratarse la reforma sobre la revocatoria del mandato. Intervinieron Edwin Vaca, Rolando Panchana, María Elena Pontón, Juan Carlos Cassinelli, Eduardo Encalada y Jimmy Pinoargote.
Sin títuloACTA_037-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un reconocimiento a las maestras y maestros del país, propuesto por Jorge Escala, mientras Guillermina Cruz retiró su pedido de homenaje a la ajedrecista Martha Fierro tras el compromiso institucional de otorgarle una condecoración y apoyo técnico; en cambio, se negó la propuesta de Fernando Aguirre para tratar una resolución sobre las afectaciones a las familias perjudicadas por el robo en el Monte de Piedad del IESS de Cuenca. Además, se permitió la participación de Jorge Calderón, representante de los taxistas, en el tratamiento de la reforma de transporte. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orientada a corregir vacíos en la aplicación de la norma, reorganizar las competencias de los organismos de tránsito, fortalecer la seguridad vial, mejorar el sistema de licencias y puntos, regular las contravenciones, el transporte informal, las rutas y frecuencias, los permisos de operación, la capacitación de conductores, el SOAT, las sanciones, la atención a víctimas de accidentes y la coordinación con los municipios. El debate se centró principalmente en la necesidad de respetar las competencias constitucionales de los gobiernos municipales, evitar la excesiva discrecionalidad de los organismos nacionales, mejorar el control a conductores extranjeros e informales, establecer mecanismos eficaces de cobro y juzgamiento, proteger a peatones, pasajeros, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, regular el transporte escolar, revisar las condiciones laborales de los conductores y garantizar tarifas, seguros y sistemas de reparación justos. Intervinieron Saruka Rodríguez, Juan Carlos Cassinelli, Silvia Salgado, Consuelo Flores, Richard Guillén, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Gido Vargas, Luis Morales, Paco Moncayo, María Soledad Vela, María Paula Romo, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Grace Almeida, Vanessa Fajardo, Rafael Dávila, Nivea Vélez, Eduardo Zambrano, María Alejandra Vicuña, Enrique Herrería, Mauro Andino, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Carlos Samaniego, Betty Amores, Guillermina Cruz, Gioconda Saltos y Rodolfo Baquerizo, quienes presentaron observaciones para que sean incorporadas en el informe de segundo debate. Finalmente, se aprobó la resolución de reconocimiento a las maestras y maestros del país, que destacó su aporte a la educación y comprometió a la Asamblea a impulsar normas que garanticen estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, formación, remuneraciones y jubilación digna; en este punto intervinieron Ramiro Terán y Jorge Escala.
Sin títuloACTA_017-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate del proyecto de reforma penal para tipificar y juzgar los delitos cometidos en el servicio militar y policial, orientado a integrar la justicia militar y policial en la jurisdicción ordinaria, delimitar los delitos de función, diferenciar las conductas disciplinarias de las penales, establecer reglas de juzgamiento especializado y adecuar la normativa a los principios de igualdad, debido proceso y derechos humanos. María Paula Romo presentó el informe y defendió la unificación normativa; Paco Moncayo, Luis Almeida y Carlos Poveda plantearon observaciones sobre las particularidades de la actividad militar y policial, la obediencia debida, el tratamiento de conflictos armados, las minas, la proporcionalidad de las sanciones y el juzgamiento de violaciones de derechos humanos; mientras Tito Nilton Mendoza, Mauro Andino, Abdalá Bucaram, César Gracia, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Rodríguez, Carlos Samaniego y Mary Verduga respaldaron la eliminación de privilegios y el fortalecimiento de la unidad jurisdiccional. También intervinieron Yorinson Tenorio y Fernando Bustamante, quienes solicitaron incorporar medidas contra la discriminación, el racismo, el abuso de autoridad y las prácticas de espionaje ilegal; Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli formularon observaciones sobre el alcance del fuero, la participación de civiles en delitos de función y la precisión de las normas procesales. Posteriormente, se inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Abdalá Bucaram y Celso Maldonado, que planteaba fortalecer la rectoría estatal, organizar el sistema deportivo, promover la actividad física, la recreación, la educación física y el deporte de alto rendimiento, garantizar apoyo integral a las y los deportistas, regular la distribución de recursos públicos y exigir rendición de cuentas a las organizaciones deportivas. Durante el debate, Fernando Romo, Gabriel Rivera, Línder Altafuya, María Soledad Vela, Saruka Rodríguez, Xavier Tomalá, Eduardo Encalada, Zobeida Gudiño, María Cristina Kronfle, Luis Morales y Ramiro Terán formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de las ligas barriales, parroquiales, estudiantiles y universitarias, la distribución equitativa de recursos, el control de las federaciones, la inclusión de personas con discapacidad, el fortalecimiento de la educación física y la necesidad de diferenciar el deporte formativo, competitivo y recreativo; Marco Murillo intervino sobre el desarrollo del trámite. Finalmente, al quedar varias intervenciones pendientes, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto de ley en una próxima reunión.
Sin títuloACTA_031-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para incorporar un homenaje a la mujer ecuatoriana y a Tránsito Amaguaña, así como una propuesta para promover la igualdad real entre mujeres y hombres en los organismos públicos, iniciativas sustentadas por Henry Cuji y Nívea Vélez. También se realizó la presentación oficial de la Constitución de la República en kichwa, como instrumento de difusión de derechos y fortalecimiento de la interculturalidad, con la participación de Bernardo Chango Jerez, Pedro de la Cruz, José Caiza y César Guanolema. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, orientado a reorganizar los gobiernos autónomos descentralizados, definir competencias, fortalecer la descentralización, la participación ciudadana, los regímenes especiales, las circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y montubias, y establecer un modelo de distribución de recursos basado en la equidad territorial. Virgilio Hernández defendió la propuesta como un mecanismo para superar desigualdades históricas y garantizar recursos y competencias para todos los niveles de gobierno; Paco Moncayo respaldó el fortalecimiento del Estado y de los gobiernos locales; mientras Andrés Roche cuestionó posibles limitaciones a la autonomía y una excesiva vinculación de los planes locales con la planificación nacional. Jorge Escala, Cléver Jiménez, Luis Morales y Tomás Zevallos expresaron preocupaciones sobre la creación de tributos, la privatización de servicios públicos, la eliminación o congelamiento de recursos destinados a la Amazonía y los efectos de las disposiciones relacionadas con las Leyes 010, 047 y 122. Aminta Buenaño y María Soledad Vela propusieron incorporar normas de gestión de riesgos, prevención ante desastres, protección de grupos de atención prioritaria, niñez y adolescencia, y fortalecimiento de los mecanismos de igualdad. Rocío Valarezo, Juan Carlos Cassinelli, Kléver García y Alfredo Ortiz plantearon ajustes sobre competencias, fiscalización, transporte, expropiaciones, funciones de autoridades locales, financiamiento, Galápagos y recursos para juntas parroquiales. Guillermina Cruz solicitó aclarar la vigencia de los recursos amazónicos y revisar la distribución territorial; Carlos Velasco destacó la necesidad de combatir la pobreza y garantizar la gratuidad de salud y educación; y Eduardo Encalada respaldó una redistribución más equitativa de recursos y propuso ampliar beneficios tributarios para adquisición de vivienda. Finalmente, al no concluir el debate ni producirse una votación definitiva del proyecto, se suspendió la sesión para continuar su tratamiento en una próxima convocatoria.
Sin títuloACTA_051-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf La sesión continuó con el tratamiento del primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que numerosos asambleístas presentaron observaciones a los informes de mayoría y minoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado: Alfredo Ortiz insistió en fortalecer la fiscalización y la iniciativa legislativa frente al CAL y cuestionó el artículo sobre objeción parcial presidencial; Tito Nilton Mendoza calificó a la ley vigente de ineficaz y pidió la figura de la autoconvocatoria y la eliminación de filtros a la fiscalización; Juan Carlos Cassinelli propuso reformas sobre subrogación de funciones, tiempos de comparecencia y voto dirimente en comisiones; Leonardo Viteri planteó normar la destitución de autoridades del CAL, ampliar la Unidad de Control de Ejecución Presupuestaria y eliminar el voto en blanco electrónico; Aminta Buenaño defendió los avances de la ley frente al antiguo Congreso y sugirió uniformar la terminología sobre pueblos y nacionalidades y revisar el rol del ponente en segundo debate; Richard Guillén propuso reformas sobre sesiones ordinarias y extraordinarias, sanciones por inasistencia, integración equitativa de comisiones, votación por artículos y sanciones al Secretario por distorsionar resultados; César Rodríguez detalló un procedimiento ágil para la consulta prelegislativa y cuestionó la disposición transitoria sobre la Comisión de Fiscalización; Nivea Vélez criticó el rol del CAL como elemento de demora y la concentración de decisiones en presidentes de comisión; Juan Carlos López denunció la falta de independencia entre funciones del Estado y los juicios políticos archivados; Paola Pabón valoró el trabajo de la Comisión y propuso precisar las etapas de la consulta prelegislativa y el mecanismo de decisión sobre juicios políticos; Luis Morales cuestionó la proliferación de debates y pidió mayor apego a la ley; César Montúfar exigió una reforma integral orientada al fortalecimiento del Pleno frente a los "nueve filtros" que, según dijo, obstaculizan la fiscalización, y criticó la conducción del presidente Cordero; Jaime Abril desarrolló una propuesta detallada sobre las etapas de la consulta prelegislativa, la inclusión de las comunas y la participación de CODENPE, CODAE y CODEPMOC; María Cristina Kronfle aclaró su propuesta sobre el cambio del Orden del Día en sesiones ordinarias con mayoría simple; Marco Murillo insistió en que la consulta prelegislativa debe buscar consensos reales mediante asambleas comunitarias y no limitarse a un trámite; Línder Altafuya cuestionó la inacción de la Comisión de Fiscalización citando casos concretos y propuso que el Pleno decida con debate sobre el inicio de juicios políticos; Xavier Tomalá pidió precisar el quórum, los plazos para cambios de Orden del Día y la reconsideración de votaciones; Galo Lara citó casos de obras públicas cuestionadas y presentó reformas puntuales a los artículos sobre fiscalización y enjuiciamiento político; Enrique Herrería denunció que el proyecto carece de una reforma integral y señaló presuntas inconstitucionalidades, además de referirse a un incidente previo con Gilmar Gutiérrez sobre entrega de información; Saruka Rodríguez presentó seis observaciones puntuales sobre terminología y comisiones ocasionales; Fernando Bustamante advirtió contra la nostalgia de las prácticas del antiguo Congreso y defendió que la fiscalización no se agota en el juicio político; Fernando Aguirre cuestionó el servilismo de la Asamblea frente al Ejecutivo y pidió recuperar su independencia; y finalmente el presidente Fernando Cordero expuso su posición sobre el momento y alcance de la consulta prelegislativa y presentó cifras sobre solicitudes de información y resultados de fiscalización durante el año legislativo.
Sin títuloACTA_040-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, en medio de un amplio debate sobre la gestión pública y comunitaria del recurso, la participación social, la desprivatización, la redistribución, la protección de fuentes hídricas, los servicios de agua potable y riego, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la regulación de actividades productivas como la minería, el envasado de agua, el turismo termal, la acuacultura y la actividad camaronera. Andrés Roche, José Picoita, María Alejandra Vicuña, Rodolfo Baquerizo, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Cordero, Consuelo Flores y otros legisladores defendieron el proyecto como un avance para reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer prioridades de uso, regular autorizaciones y tarifas, recuperar concesiones irregulares y mantener las concesiones vigentes sujetas a auditorías y procesos de revisión, especialmente en el caso de INTERAGUA; mientras Gido Vargas, Silvia Salgado, Hólger Chávez, Cléver Jiménez, Nívea Vélez, Carlos Velasco, Línder Altafuya, Gioconda Saltos, Franklin Purcachi, Andrés Páez, Juan Carlos López, Tito Nilton Mendoza, Lourdes Tibán, Jorge Escala, Enrique Herrería, Francisco Cisneros y Pedro de la Cruz cuestionaron el carácter centralista de la autoridad única del agua, la posibilidad de que la Secretaría Nacional del Agua concentre decisiones, las disposiciones sobre tarifas, autorizaciones, concesiones, participación de empresas privadas y la falta de garantías suficientes para comunidades, pueblos y nacionalidades, pequeños productores, sistemas comunitarios y gobiernos locales. Varios asambleístas solicitaron que el texto sea revisado para alcanzar consensos sobre la autoridad del agua, la desprivatización, el aprovechamiento económico, la protección ambiental y las competencias territoriales; Nívea Vélez propuso que las observaciones sean analizadas con participación de organizaciones sociales en un plazo de quince días, mientras Tito Nilton Mendoza planteó archivar el proyecto y elaborar uno nuevo. Asimismo, se debatieron las movilizaciones indígenas y las actuaciones policiales ocurridas alrededor de la Asamblea, con denuncias de represión y restricciones a la participación ciudadana, frente a llamados a preservar el diálogo y evitar que las decisiones legislativas se adopten bajo presión. Finalmente, en comisión general, Rodrigo Collahuazo, Manuel Chucchilán y José Agualsaca solicitaron que no se vote apresuradamente, que se recojan las propuestas de las organizaciones campesinas e indígenas, se fortalezca el carácter decisorio del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, se revise la concesión de INTERAGUA y se establezcan controles sobre actividades que afecten manglares, fuentes y ecosistemas; al no concluir el tratamiento ni efectuarse una votación, la sesión fue suspendida.
Sin títuloACTA_071-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, orientado a reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías y militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz, mediante un procedimiento con veeduría e impugnación ciudadana, pensiones, becas, compensaciones económicas, beneficios para familiares y medidas de inclusión laboral; Linda Machuca, Fausto Cobo, Guillermina Cruz, Washington Quiñónez, Luis Morales, Enrique Herrería, Rosana Alvarado, Kléver García, José Portugal, Fernando Aguirre, Zobeida Gudiño y Wladimir Vargas respaldaron la iniciativa, aunque plantearon ampliar la definición de heroísmo a bomberos, rescatistas, reservistas y ciudadanos civiles, incorporar una mayor protección para familiares, precisar los criterios de calificación, fortalecer el reconocimiento a las mujeres y elevar la pensión prevista. También se aprobó por unanimidad la resolución que declaró héroe nacional a Fernando Daquilema y heroína nacional a Manuela León, en reconocimiento a su lucha por la justicia, la libertad y los derechos de los pueblos originarios. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, cuya denominación pasó a ser Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; la norma fortaleció las facultades de la Unidad de Análisis Financiero, amplió los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales —incluidos instituciones financieras, aseguradoras, casas de valores, cooperativas, fundaciones, inmobiliarias, casinos, notarios y registradores—, reguló el control de ingreso y salida de efectivo, la cooperación en zonas fronterizas, la administración temporal de bienes incautados y el decomiso de activos ilícitos, procurando respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Francisco Velasco, Leonardo Viteri, Sylvia Kon, Ramiro Terán, Juan Carlos Cassinelli, Rodolfo Baquerizo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Enrique Herrería, Edwin Vaca, Rosana Alvarado y María Augusta Calle intervinieron con observaciones sobre casinos, control de transacciones, financiamiento de delitos, derechos constitucionales, gestión de bienes incautados, seguridad fronteriza y precisión institucional; luego de incorporar ajustes sobre la Secretaría Nacional de Inteligencia, cooperación territorial y designación de autoridades, la reforma fue aprobada con ciento un votos afirmativos, sin votos negativos, cuatro abstenciones y ningún voto en blanco
Sin títuloACTA_085-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del enjuiciamiento político a Gloria Sabando García, exsuperintendenta de Bancos y Seguros, se debatió su presunto incumplimiento de las funciones de control y vigilancia durante la liquidación de instituciones financieras cerradas, especialmente por no exigir a los liquidadores la aplicación efectiva de los artículos 127 y 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, no determinar responsables de los déficits patrimoniales, no sancionar irregularidades y permitir que los procedimientos de cobro quedaran debilitados. Silvia Salgado presentó las conclusiones de la Comisión de Fiscalización; Rolando Panchana defendió la moción de censura e incorporó recomendaciones para ampliar las investigaciones; César Rodríguez, Mauro Andino, Gastón Gagliardo, Betty Carrillo y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la censura, señalando que la responsabilidad política del juicio recaía en la máxima autoridad de la Superintendencia. Marco Murillo, Ramiro Terán, Galo Lara, Enrique Herrería, Paco Moncayo, Línder Altafuya, Jorge Escala, Andrés Páez, Alfredo Ortiz, Nívea Vélez, Vicente Taiano, Grace Almeida y otros legisladores cuestionaron que la responsabilidad se concentrara únicamente en Sabando y solicitaron investigar también a liquidadores, miembros de la Junta Bancaria, funcionarios de la AGD, Banco Central, Ministerio de Finanzas y demás entidades relacionadas con la crisis bancaria; María Augusta Calle planteó ajustes al texto final, que fueron acogidos. La apelación procesal presentada por Andrés Páez fue negada. Finalmente, se aprobó la censura contra Gloria Sabando con ochenta y seis votos afirmativos, cero negativos, cuatro blancos y veintisiete abstenciones, tras rectificación; además, se dispuso solicitar a la Junta Bancaria una evaluación técnica de las liquidaciones, requerir a la Contraloría exámenes especiales para establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales, pedir al Banco Central informes sobre recuperación de cartera y pago a acreedores, y solicitar a Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y al fideicomiso AGD-CFN investigaciones e informes sobre las actuaciones vinculadas con la crisis bancaria; la reconsideración fue negada. También se aprobó la resolución propuesta por Kléver García para exhortar la declaratoria de estado de excepción en San José de Chimbo, a fin de atender al barrio Tambán afectado por lluvias y movimientos telúricos, con setenta y nueve votos afirmativos tras rectificación; se aprobó la resolución planteada por Diana Atamaint para expresar pesar por las víctimas del accidente del avión Twin Otter FAE 449, reconocer la labor de la Fuerza Aérea y fortalecer el programa de transporte aéreo para comunidades amazónicas aisladas, con ochenta y cuatro votos afirmativos; y se aprobó la resolución de Lídice Larrea que declaró a la vía Chone-Quito como Ruta de los Raidistas, en homenaje a Carlos Aray, Juan de Dios Zambrano, Emilio Hidalgo, Plutarco Moreira y Artemio Aray, con setenta y ocho votos afirmativos.
Sin títuloACTA_094-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó al orden del día la intervención de Irina Cabezas con motivo del 8 de marzo, en la que reivindicó la lucha histórica de las mujeres, la equidad de género, la participación femenina en la vida pública y la necesidad de enfrentar la violencia contra las mujeres. También se entregó el Acuerdo Legislativo y la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito profesional” a Francisco Xavier Vergara Ortiz, exsecretario general de la Asamblea, en reconocimiento a su labor en la Asamblea Constituyente, la Comisión Legislativa y de Fiscalización y la Asamblea Nacional. En materia legislativa, se aprobaron por unanimidad la Ley Derogatoria No. 6, con noventa y tres votos afirmativos tras rectificación, y la Ley Derogatoria No. 7, con noventa y dos votos afirmativos, ambas orientadas a depurar el ordenamiento jurídico mediante la eliminación de decretos supremos, decretos legislativos y acuerdos legislativos obsoletos o ya cumplidos, especialmente relacionados con reorganizaciones de concejos cantonales, cortes, nombramientos y disposiciones administrativas antiguas. Posteriormente se debatió la denuncia del Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y el Reino de los Países Bajos: Vethowen Chica, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca defendieron la denuncia por considerar que el tratado cedía jurisdicción soberana a arbitrajes internacionales, contrariaba la Constitución y debía ser reemplazado por mecanismos regionales y normas internas de protección de inversiones; mientras Fausto Cobo, Gioconda Saltos y Luis Morales cuestionaron la denuncia total, advirtiendo riesgos para la seguridad jurídica, la confianza internacional y la inversión extranjera, y plantearon la posibilidad de enmienda o renegociación. Aunque la denuncia fue aprobada inicialmente, tras rectificación no alcanzó los votos necesarios, con sesenta y dos afirmativos, treinta y seis negativos, cero blancos y cinco abstenciones, por lo que quedó negada. Además, se designó como delegados de la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral a Diana Lucía Espinoza Valdez y Fausto Javier Holguín Ochoa, con cincuenta y seis votos afirmativos; para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública a Carlos Germán Vega Castellanos y María Angélica Campoverde Ortiz, con cincuenta y cinco votos afirmativos; y para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo a Norman Raúl Gaona Salinas y María Gabriela López Sánchez, con cincuenta y siete votos afirmativos. Finalmente, se aprobó con noventa y nueve votos afirmativos la resolución propuesta por Enrique Herrería para exigir a la Contraloría General del Estado la derogatoria del artículo 8 del Acuerdo No. 011-CG y la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de todos los integrantes de la Asamblea Nacional y demás servidores públicos, bajo el principio de transparencia y control ciudadano.
Sin títuloACTA_137-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se analizó la proforma del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2012 y la programación presupuestaria para los años 2012-2015, instrumentos que contemplaban ingresos y egresos superiores a veintiséis mil millones de dólares y priorizaban la inversión en educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura vial, energía, programas sociales, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y subsidios. Quienes respaldaron la propuesta destacaron el incremento de recursos para la incorporación y mejora salarial de docentes, la ampliación del personal médico y policial, la designación de nuevos jueces, la construcción de carreteras y proyectos hidroeléctricos, el fortalecimiento de los servicios públicos, la reducción de la pobreza y el mantenimiento del endeudamiento dentro de niveles considerados sostenibles; en contraste, otros legisladores cuestionaron el déficit presupuestario y la falta de claridad sobre sus fuentes de financiamiento, el crecimiento del gasto corriente y de la burocracia, la dependencia de créditos y ventas anticipadas de petróleo, la carga tributaria, el elevado monto destinado a publicidad, consultorías, viáticos y contratos ocasionales, así como las asignaciones previstas para la compra obligatoria de renuncias. También se debatió el cumplimiento de los incrementos constitucionales para educación y salud, la reducción o insuficiencia de recursos para universidades, agricultura, vivienda, ambiente, turismo, cultura y economía popular y solidaria; la distribución de fondos entre el Gobierno central y los gobiernos locales; la atención a las zonas rurales, amazónicas y fronterizas; la inversión destinada a pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; la educación intercultural bilingüe, la seguridad social campesina, la soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la territorialización del gasto y la necesidad de transparentar la ejecución presupuestaria. Finalmente, se aprobó el informe de mayoría y la programación cuatrianual con recomendaciones para garantizar recursos al pueblo montubio y a la Universidad Amazónica, controlar el gasto estatal en publicidad, respetar el límite del endeudamiento público, identificar territorialmente las inversiones, transparentar los recursos dirigidos a la participación ciudadana, agricultura, fondo de tierras y economía popular y solidaria, informar sobre los ingresos provenientes de la normativa ambiental y remitir el presupuesto global asignado a cada universidad; la propuesta obtuvo sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y cinco negativos, uno blanco y una abstención, resultado que se mantuvo en la rectificación, mientras que la reconsideración fue negada. Intervinieron Fernando Vélez, Francisco Ulloa, Richard Guillén, Juan Carlos Cassinelli, Paco Moncayo, Leonardo Viteri, Luis Morales, Rafael Dávila, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Salomón Fadul, Viviana Bonilla, Gerónimo Yantalema, Francisco Velasco, Marco Murillo, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Lídice Larrea, César Gracia, Jimmy Pinoargote, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Mao Moreno, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Tomás Zevallos, Francisco Cevallos, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Tito Nilton Mendoza, Lenín Chica, Fernando Cordero, Xavier Tomalá y Vanesa Fajardo.
Sin títuloACTA_136-E-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se retomó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación y se presentaron varias modificaciones destinadas a incorporar la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias en el organismo de regulación; priorizar al sector comunitario en la distribución de frecuencias hasta alcanzar una asignación equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios; regular la suspensión de publicidad engañosa; precisar los derechos de rectificación y réplica; establecer requisitos de profesionalización para las actividades periodísticas permanentes; fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes; promover la educomunicación; definir normas deontológicas; y disponer la reversión, previo debido proceso, de las frecuencias obtenidas ilegalmente, incluyendo la reparación de los daños ocasionados al Estado. Posteriormente, se negó la propuesta de César Montúfar para archivar el proyecto y reiniciar la elaboración de una nueva normativa, decisión que se mantuvo tras la rectificación; en cambio, se aprobó la moción de Tomás Zevallos para que el texto fuera votado artículo por artículo, también ratificada en la rectificación. Esta decisión generó cuestionamientos sobre el procedimiento y Abdalá Bucaram apeló la actuación de la Presidencia, argumentando que se había alterado el orden de las mociones; Fernando Cordero defendió que las propuestas fueron tramitadas conforme al momento de su presentación, y la apelación fue negada, manteniéndose el resultado luego de la rectificación. Finalmente, se suspendió la sesión para que Mauro Andino identificara los artículos sobre los cuales pudiera alcanzarse consenso antes de continuar las votaciones, por lo que no se inició el tratamiento de la propuesta relacionada con el reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos. Intervinieron Mauro Andino, Abdalá Bucaram y Fernando Cordero; asimismo, César Montúfar y Tomás Zevallos presentaron las mociones sometidas a votación, y Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión durante la apelación
Sin títuloACTA_119-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se eligieron y posesionaron las dos vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Para la primera Vicepresidencia se presentaron las candidaturas de Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores y Abdalá Bucaram Pulley, en medio de planteamientos sobre el fortalecimiento institucional, la transparencia de las votaciones, la representación de las distintas fuerzas políticas, la equidad y la necesidad de reformar la normativa legislativa; finalmente, Juan Carlos Cassinelli fue elegido, ratificado tras la rectificación y la negativa de la reconsideración, y asumió el compromiso de impulsar la inclusión, la participación y la reducción de las desigualdades. Para la segunda Vicepresidencia se postularon Rocío Valarezo y Leandro Cadena, destacándose la participación de las mujeres, la equidad de género y las diferencias entre el oficialismo y la oposición; Rocío Valarezo resultó elegida, su designación fue confirmada mediante rectificación y se negó la reconsideración, tras lo cual se comprometió a ejercer sus funciones con transparencia, honestidad y equidad, promoviendo la unidad y el trabajo legislativo en beneficio de los sectores más pobres. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Andrés Segovia Salcedo, María Alejandra Vicuña, Vicente Taiano, Paco Moncayo, César Gracia, Juan Carlos Cassinelli, Lídice Larrea, Galo Lara y Rocío Valarezo; además, Juan Carlos López y Raúl Abad solicitaron actuaciones relacionadas con la rectificación y reconsideración de las votaciones.
Sin títuloACTA_157-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día un exhorto dirigido a las autoridades competentes con el fin de convocar concursos para cargos directivos del sistema educativo y regular sus remuneraciones; la fijación de un precio especial para el gas de uso doméstico destinado a pequeños prestadores de servicios turísticos de la Amazonía; y la comparecencia de varias autoridades para informar sobre el financiamiento, los estudios, la ejecución y la transparencia del proyecto Refinería del Pacífico. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger los derechos de las personas usuarias y consumidoras, abordándose la necesidad de reemplazar la normativa vigente por un sistema más ágil y eficaz de prevención, control, reparación, restitución, indemnización y sanción frente a bienes o servicios deficientes; se analizaron la publicidad engañosa, los contratos de adhesión y sus cláusulas abusivas, los servicios bancarios y financieros, la clonación de tarjetas y delitos informáticos, la medicina prepagada, la vivienda, la educación, el transporte, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, los servicios públicos y profesionales, la protección de datos personales, la calidad de los alimentos, la intermediación comercial, la responsabilidad de proveedores e instituciones estatales, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, la participación de las organizaciones ciudadanas y de los gobiernos autónomos descentralizados, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad, interculturalidad, plurinacionalidad y atención a comunidades, pueblos y nacionalidades. Finalmente, se debatió el proyecto sobre el servicio cívico militar voluntario y las reservas de las Fuerzas Armadas, analizando su concordancia con la Constitución, la objeción de conciencia, las atribuciones del Ejecutivo, la organización militar y la necesidad de contar con una normativa para regular el servicio voluntario; aunque la comisión recomendó archivarlo por considerarlo improcedente y contrario a competencias presidenciales, se defendió su devolución para un análisis más profundo y la moción de archivo no fue aprobada. Intervinieron Gioconda Saltos, Francisco Cisneros, Leonardo Viteri, Fernando Vélez, Betty Amores, María Soledad Vela, Gerónimo Yantalema, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Marco Murillo, Edwin Vaca, Fernando Bustamante y Henry Cuji.
Sin títuloACTA_163-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se posesionó a Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo como primera autoridad de la Defensoría Pública, luego de haber sido designado mediante concurso público de méritos y oposición. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó el proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, orientado a proteger a las familias y evitar que, ante la imposibilidad de pagar un préstamo, las instituciones financieras pudieran perseguir otros bienes del deudor, de su cónyuge, herederos, fiadores o garantes, una vez entregado, embargado o rematado el inmueble o vehículo que garantizaba la obligación. Se analizaron la extinción de la deuda con la entrega del bien, la prohibición de garantías y pagarés adicionales, el cese del cálculo de intereses desde el embargo, el traslado de créditos hacia instituciones que ofrecieran mejores condiciones, el levantamiento del patrimonio familiar para financiar la construcción de la vivienda y la prohibición de ejecutar en Ecuador sentencias extranjeras derivadas de créditos hipotecarios que contravinieran el ordenamiento nacional, especialmente para proteger a migrantes afectados por la crisis inmobiliaria en España. También se debatieron los límites económicos y el carácter no retroactivo de la normativa, la valoración y depreciación de viviendas y automotores, la inclusión o exclusión de motocicletas y tricimotos, la protección de los depositantes, los posibles efectos sobre las tasas, los plazos y el acceso futuro al crédito, la situación de la industria automotriz, la contaminación, la balanza de pagos, el riesgo de incentivar el incumplimiento de obligaciones y la constitucionalidad de la propuesta; finalmente, se incorporaron varias reformas y disposiciones derogatorias, el proyecto fue aprobado y la solicitud para reconsiderar esa decisión fue negada. Intervinieron Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Andrés Roche, Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Luis Morales, Virgilio Hernández, Eduardo Encalada, Galo Vaca, Enrique Herrería, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Fernando González, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Rosana Alvarado, Marco Murillo, Cristian Viteri, Fernando Flores, Dora Aguirre, María Paula Romo y Silvia Salgado.
Sin títuloACTA_009-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, orientado a modernizar, digitalizar e interconectar los registros civiles, de la propiedad, mercantiles y demás bases de datos públicas, mediante mecanismos de control cruzado, acceso a la información y protección de datos personales. Juan Carlos Cassinelli presentó la propuesta y defendió la necesidad de organizar la información registral a escala nacional; durante el debate, Paco Moncayo, César Rodríguez, Cecilia Jaramillo, Bolívar Subía, Luis Morales, Andrés Roche, Luis Almeida, Edwin Vaca, Pamela Falconí, Gioconda Saltos, Tito Nilton Mendoza, Fernando Cordero, Vicente Taiano, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Linda Machuca, Lenín Chica, Julio Vega, Francisco Velasco, María Soledad Vela y Kléver García formularon observaciones relacionadas con la protección de la intimidad y los datos personales, la administración concurrente de los registros de la propiedad, la necesidad de evitar la centralización y politización de las designaciones, la participación ciudadana, el respeto a los trabajadores de los registros, el financiamiento de la digitalización, los plazos de implementación y la conveniencia de precisar el carácter, alcance y competencia institucional de la norma. Algunos legisladores solicitaron el archivo o reformulación integral del proyecto, mientras que Fernando Cordero y Francisco Velasco señalaron que, al tratarse de un primer debate, las observaciones debían remitirse por escrito para que el texto sea mejorado antes de continuar su trámite. Asimismo, se incorporó al orden del día el proyecto de resolución presentado por Silvia Salgado en respaldo al Gobierno Constitucional de Honduras presidido por Manuel Zelaya Rosales, mediante el cual se proponía condenar el golpe de Estado, rechazar la represión y el asedio a la Embajada de Brasil, respaldar la democracia y promover una acción conjunta de los parlamentos latinoamericanos. La propuesta fue apoyada por Línder Altafuya y Abdalá Bucaram, mientras Gilmar Gutiérrez cuestionó la legalidad del procedimiento y el alcance de las atribuciones de la Asamblea en materia de política exterior; María Cristina Kronfle intervino para rechazar expresiones discriminatorias hacia las personas con discapacidad, y Paco Moncayo participó en la búsqueda de un texto consensuado. Sin embargo, antes de someter la resolución a votación se declaró un receso para acordar su redacción y, al no recuperarse el quórum, la sesión fue clausurada sin adoptar una decisión sobre este punto.
Sin títuloACTA_024-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, en el que Rodolfo Baquerizo, Lenín Chica, Gioconda Saltos, Tito Nilton Mendoza y Cléver Jiménez cuestionaron que la Asamblea pueda otorgar inmunidad a integrantes de una comisión, advirtiendo que ello podría dejar en indefensión a las personas mencionadas en sus informes; mientras Paco Moncayo defendió la necesidad de proteger las investigaciones para conocer la verdad y evitar la repetición de hechos de violencia, y Eduardo Encalada sostuvo que el informe debía profundizar en las implicaciones geopolíticas, sociales y de soberanía vinculadas con el conflicto fronterizo. Al concluir este punto, se cerró el debate y se dispuso la presentación de observaciones por escrito, sin aprobarse una decisión definitiva. Posteriormente, se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, presentadas por Mauro Andino, que planteaban restituir como delitos de acción pública conductas como la estafa, el hurto y otras infracciones que habían pasado a acción privada; reducir la cuantía para diferenciar contravenciones y delitos; sancionar la comercialización, ocultamiento y transporte de bienes robados; limitar la sustitución de la prisión preventiva en casos graves o de reincidencia; fortalecer el control sobre jueces, fiscales y audiencias; y eliminar la apelación al auto de llamamiento a juicio. Cynthia Viteri, Andrés Páez, Luis Almeida, María Cristina Kronfle y Gilmar Gutiérrez cuestionaron que las reformas fueran insuficientes frente a la inseguridad, solicitaron medidas más estrictas para evitar la liberación de personas procesadas y advirtieron inconsistencias en algunos artículos; mientras María Paula Romo, Juan Carlos Cassinelli, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Gracia, Hólger Chávez, Lídice Larrea, Marisol Peñafiel y Fernando Bustamante señalaron que la delincuencia no se resuelve únicamente con reformas penales, sino también mediante mejoras en la administración de justicia, la prevención, el empleo, la rehabilitación y el control de fiscales y jueces. También intervinieron César Rodríguez, Abdalá Bucaram, Línder Altafuya, Rafael Dávila, Paco Fierro, Galo Vaca, Edwin Vaca, Luis Morales, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Enrique Herrería, Rodolfo Baquerizo y Juan Carlos López, quienes formularon observaciones sobre proporcionalidad de penas, delitos ambientales, lavado de activos, corrupción, garantías del debido proceso y la necesidad de una reforma penal integral. Finalmente, se aprobó la moción de Xavier Tomalá para que las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sean elaboradas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y las reformas al Régimen Legal de Seguros por la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control; Alfredo Ortiz, Silvia Salgado, Galo Lara, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Jorge Escala y Nivea Vélez intervinieron sobre el trámite y la asignación de estas materias, mientras Cléver Jiménez cuestionó la votación, aclarándose que la resolución fue aprobada por mayoría simple de los asambleístas presentes.
Sin títuloACTA_024-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Jorge Escala para incorporar una resolución que cuestionaba la terminación de la concesión de Radio Arútam, y de Enrique Herrería y Abdalá Bucaram para archivar los proyectos de protección e inmunidad; además, Scheznarda Fernández aceptó postergar para una próxima convocatoria su pedido de declarar el estado de excepción en Manabí ante el incremento de la delincuencia. Posteriormente, se realizó el primer debate de la propuesta destinada a otorgar protección e inmunidad a quienes participaron en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, con el fin de impedir represalias civiles o penales derivadas de sus actuaciones investigativas y garantizar el derecho a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición; Marisol Peñafiel, Juan Carlos Cassinelli, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Betty Amores, Silvia Salgado, Francisco Ulloa, Francisco Velasco y Fernando Bustamante defendieron la medida, señalando que la investigación no sustituía a la justicia y que sus resultados debían ser evaluados posteriormente por las autoridades competentes, mientras Luis Almeida, Rodolfo Baquerizo, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Cristina Kronfle, Alfredo Ortiz, Kléver García, Fernando Aguirre y Abdalá Bucaram cuestionaron la falta de una habilitación expresa para conceder inmunidad, su posible alcance indefinido, la ausencia del informe final y el riesgo de que se convierta en un mecanismo de impunidad o persecución política. También intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez y Luis Morales, cuya moción para archivar el proyecto fue negada. Finalmente, se inició el debate sobre la protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos relacionados con Angostura, planteándose que esta se limite a actuaciones civiles y penales vinculadas exclusivamente con la investigación y la obtención de información determinante para el informe; Washington Cruz, María Augusta Calle, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, Nivea Vélez, Mao Moreno, Juan Fernández, César Montúfar, Dora Aguirre, Gido Vargas, Armando Aguilar, Francisco Ulloa y Zobeida Gudiño debatieron sobre la necesidad de proteger a los integrantes de la investigación frente a posibles represalias, el derecho de las personas mencionadas en el informe a ejercer su defensa, la transparencia de las conclusiones y la constitucionalidad de la inmunidad. Al concluir, se suspendió el tratamiento de ambos proyectos sin adoptar una resolución definitiva.
Sin títuloACTA_067-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento la propuesta de Lourdes Tibán destinada a promover, mediante medios públicos, privados y comunitarios, la autoidentificación étnica de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias en el censo nacional, aunque el proyecto de resolución quedó pendiente. Se archivó el proyecto de ley para legalizar terrenos en el cantón Playas, al determinarse que, tras la vigencia del COOTAD, la regularización de asentamientos, expropiación y adjudicación de predios corresponde a los gobiernos municipales; Marllely Vásconez defendió el informe y Juan Carlos Cassinelli, proponente de la iniciativa, respaldó el archivo. El principal tema fue la aprobación unánime de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, que estableció incrementos retroactivos desde enero de 2010, entre cuarenta y sesenta dólares según el rango de pensión, mecanismos automáticos de revalorización anual mediante coeficientes porcentuales, mejoras para las pensiones de montepío, reconocimiento de beneficios de viudedad para hombres, ampliación de la atención médica de hijas e hijos de afiliados hasta los dieciocho años y una tabla diferenciada para Galápagos. Nívea Vélez, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Kléver García, Luis Morales, Andrés Páez, Armando Aguilar, Dora Aguirre, Alfredo Ortiz, Tito Nilton Mendoza y Fernando Aguirre intervinieron en el debate sobre el financiamiento, la sostenibilidad del Fondo de Pensiones, el carácter retroactivo y la necesidad de evitar que los incrementos dependan únicamente de la inflación; además, Carmina Molina de Cantos, Teresa Villavicencio, José Hoyos, Edison Lima, Abdón Logroño y Gabriel Riera, en representación de los jubilados, solicitaron una pensión digna y respaldaron el acuerdo alcanzado. También se conoció en primer debate la reforma a las leyes de legalización de tierras de Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Huaquillas, orientada a precisar los requisitos de posesión, los efectos de procesos judiciales, la regularización de predios y el levantamiento de restricciones patrimoniales, quedando el análisis pendiente. Finalmente, se intentó reconsiderar el informe sobre la denuncia del convenio de protección de inversiones entre Ecuador y China, pero Cynthia Viteri cuestionó que no podía reconsiderarse una decisión que no había sido resuelta previamente; tras el retiro de la rectificación solicitada por Alfredo Ortiz y la moción de Fernando Bustamante para votar el informe, el asunto quedó pendiente de análisis jurídico y de una decisión posterior.
Sin títuloACTA_076-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el debate sobre la Proforma Presupuestaria 2011 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011-2014. Silvia Salgado planteó reforzar los recursos para la Función Judicial, gobiernos autónomos descentralizados, Conferencia de Soberanía Alimentaria, proyecto montubio y programas antes vinculados al CODENPE; Guillermina Cruz solicitó mayor inversión en vialidad, justicia, Defensoría del Pueblo y obras para Napo y la Amazonía; y Gerónimo Yantalema cuestionó la falta de participación ciudadana y la reducción de recursos para salud indígena, educación intercultural bilingüe, CODENPE, FODEPI, justicia indígena y circunscripciones territoriales indígenas. Vanesa Fajardo, Juan Carlos Cassinelli y Francisco Velasco defendieron la proforma, al señalar que priorizaba inversión social, productiva, energética y de seguridad, que cumplía con los incrementos constitucionales para educación y salud, y que el déficit se originaba principalmente en inversión pública. María Paula Romo sostuvo que la Función Judicial debía mejorar su ejecución presupuestaria antes de exigir mayores asignaciones, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Fernando González, Galo Lara, Tito Nilton Mendoza, Gido Vargas, Rodolfo Baquerizo, Sylvia Kon y Mery Zamora cuestionaron las proyecciones de crecimiento, el déficit, las fuentes de financiamiento, el gasto corriente, la publicidad gubernamental, la insuficiencia de recursos para educación, salud, justicia, gobiernos locales y Amazonía, así como la falta de claridad sobre indemnizaciones y ejecución de inversiones. Finalmente, se aprobó la resolución que acogió los informes de la Comisión respecto de la Proforma Presupuestaria 2011 y la programación cuatrianual, incorporando observaciones sobre la distribución de transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y la asignación complementaria de recursos para la Asamblea Nacional; la decisión obtuvo sesenta y cuatro votos afirmativos, cuarenta y ocho negativos, un voto en blanco y dos abstenciones tras rectificación, y la reconsideración fue negada.
Sin títuloACTA_124-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión del Pleno se trataron tres solicitudes de modificación del orden del día: la propuesta de Ramiro Terán sobre los derechos laborales y la jornada de los docentes no fue aprobada, mientras que se incorporaron las resoluciones planteadas por Paco Fierro para atender el déficit económico de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer —SOLCA— y por Mao Moreno sobre la regulación de la jornada pedagógica del magisterio. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientado a regular las prácticas preprofesionales de los estudiantes de los dos últimos años y egresados de Derecho o Ciencias Jurídicas, estableciendo un año lectivo de servicio legal a la ciudadanía en instituciones públicas, gobiernos autónomos descentralizados, consultorios jurídicos y comunidades indígenas; durante el debate se formularon observaciones sobre la coordinación con el Consejo de Educación Superior, el plazo para expedir el reglamento, la compensación económica, la inexistencia de relación laboral, las entidades en las que podrían realizarse las prácticas y la aplicación de la norma sin efecto retroactivo. El proyecto fue aprobado inicialmente con noventa y siete votos afirmativos, uno negativo y tres blancos, y en la rectificación obtuvo noventa y seis votos afirmativos, cero negativos y tres blancos. Respecto de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal, el Pleno se allanó totalmente al veto, que establecía la aprobación del setenta y cinco por ciento de los copropietarios para realizar modificaciones estructurales o aumentos de edificación y del sesenta por ciento para modificar fachadas sin afectar la estructura; la moción obtuvo ochenta y tres votos afirmativos, nueve negativos, siete blancos y cuatro abstenciones, y los posteriores pedidos de reconsideración y rectificación fueron negados. Asimismo, se aprobó la resolución que exhortó al Presidente de la República y a los ministros de Finanzas y Salud Pública a acelerar el pago de las facturas adeudadas a SOLCA, a fin de evitar la suspensión de sus servicios de atención oncológica, alcanzando en la rectificación setenta votos afirmativos, uno negativo, tres blancos y veintidós abstenciones. Finalmente, se aprobó con ochenta y nueve votos afirmativos y dos blancos la resolución que exhortó al Ministerio de Educación a reglamentar las seis horas pedagógicas diarias, determinando períodos de clase de cuarenta a cuarenta y cinco minutos, horarios flexibles para las actividades complementarias y un tratamiento especial para los establecimientos nocturnos y la educación a distancia; su reconsideración fue negada por unanimidad de los ochenta y nueve asambleístas presentes. Intervinieron Ramiro Terán, Paco Fierro, Mao Moreno, Mauro Andino, Silvia Salgado, María Molina, Xavier Tomalá, Vicente Taiano, María Soledad Vela, Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Gerónimo Yantalema, Rolando Panchana, Tito Nilton Mendoza, Carlos Samaniego, Mariángel Muñoz, Francisco Ulloa, Bolívar Subía, Juan Carlos López y Rafael Dávila.
Sin títuloACTA_120-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se debatió y resolvió la integración de las comisiones especializadas permanentes y de la Comisión de Fiscalización y Control Político para el nuevo período legislativo. Dora Aguirre presentó la nómina de integrantes y sostuvo que se procuró atender las preferencias de los asambleístas; sin embargo, varios legisladores cuestionaron la distribución por considerar que no respetaba la proporcionalidad política, los perfiles profesionales, las especialidades ni las solicitudes formuladas, y denunciaron falta de diálogo, exclusión de sectores de oposición y una concentración de mayorías en determinadas comisiones. Ante estas observaciones se efectuó un receso y se incorporaron varios cambios en la propuesta inicial; posteriormente, el Pleno aprobó la conformación de las doce comisiones permanentes y de la Comisión de Fiscalización y Control Político, decisiones que se mantuvieron luego de las rectificaciones y de que fueran negadas las reconsideraciones. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Andrés Segovia Salcedo, Dora Aguirre, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Fernando Flores, Rafael Dávila, Jorge Escala, Juan Carlos Cassinelli, César Rodríguez, Francisco Cisneros, Marco Murillo y Andrés Roche; además, Virgilio Hernández y Ramiro Terán solicitaron actuaciones relacionadas con la reconsideración y rectificación de las votaciones.
Sin títuloACTA_141-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó, luego de una rectificación, la propuesta de Edwin Vaca para suspender el orden previsto y retomar inmediatamente la votación de las reformas a la normativa de la Función Legislativa; en cambio, se incorporaron el análisis de una amnistía para siete dirigentes y comuneros de Cochapata, en el cantón Nabón, y una resolución sobre la emergencia provocada por deslizamientos en varias comunidades del Azuay. Posteriormente, se aprobó la amnistía para Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez, quienes habían sido condenados por sabotaje tras participar en una movilización contra una actividad minera que afectaba las fuentes de agua; se consideró que su actuación respondía a la defensa de la naturaleza, los derechos comunitarios y la protesta social, que ya habían sido beneficiarios de una amnistía anterior que no fue aplicada correctamente y que la persecución había deteriorado gravemente su salud y la convivencia de sus familias, por lo que se dispuso archivar definitivamente el proceso y dejar sin efecto la sentencia. A continuación, se realizó el primer debate de la propuesta sobre práctica intercultural y acompañamiento durante el parto, en el que la comisión recomendó inicialmente su archivo por considerar que la legislación, los protocolos sanitarios y las normas técnicas vigentes ya reconocían el parto culturalmente adecuado, el acompañamiento familiar, la participación de parteras y el respeto a los saberes ancestrales; sin embargo, otros legisladores defendieron la necesidad de fortalecer su aplicación, reconocer y formar a parteras y comadronas, disminuir la mortalidad materna, garantizar estos servicios en zonas rurales e indígenas y ampliar el enfoque hacia un parto humanizado para toda la población, por lo que se retiró la propuesta de archivo y el proyecto regresó a la comisión para ser reformulado. También se resolvió la objeción parcial a la reforma destinada a atender las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas: el Pleno aceptó varias observaciones relacionadas con las obligaciones de la autoridad sanitaria y la definición de las enfermedades catastróficas, pero ratificó su texto sobre la definición de las enfermedades raras o huérfanas; la normativa reconoció estas patologías como asunto de interés nacional y contempló protocolos de atención, investigación, diagnóstico y tratamiento, medicamentos e insumos, registro de pacientes, capacitación médica, regulación de seguros y apoyo social para las familias. Posteriormente, continuó el segundo debate de las reformas electorales, abordándose la paridad de género en los organismos electorales, la prevención y sanción del acoso político, las licencias de las autoridades que buscaran la reelección, la utilización de bienes y publicidad estatal durante las campañas, el control del gasto electoral, las encuestas, las impugnaciones, el conteo de votos y los métodos de distribución de escaños; mientras algunos defendieron las reformas como necesarias para ampliar la participación y proteger a las mujeres, otros cuestionaron que se cambiaran las reglas cerca de las elecciones, advirtieron posibles ventajas para el oficialismo y solicitaron archivar el proyecto, cuyo debate quedó suspendido sin votación. Finalmente, se aprobó por unanimidad, luego de la rectificación, una resolución para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las comunidades y parroquias del Azuay afectadas por las lluvias y los deslizamientos, coordinar la atención de las familias damnificadas, asignar recursos para reconstruir viviendas, garantizar servicios de salud, asistencia social y agua potable, realizar estudios geológicos y disponer acciones conjuntas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y los gobiernos municipales; la reconsideración de esta decisión fue negada. Intervinieron Edwin Vaca, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Rosana Alvarado, Lourdes Tibán, Luis Morales, Marco Murillo, César Gracia, César Rodríguez, Jorge Escala, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Víctor Quirola, Rolando Panchana, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri, Paco Moncayo, Mauro Andino, Mariángel Muñoz, Fernando Cordero, Kléver García, María Soledad Vela, Vicente Taiano, Gioconda Saltos y Eduardo Encalada; Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.
Sin títuloACTA_159-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retiró una propuesta para debatir el respeto a la independencia y facultades de la Función Legislativa; posteriormente, se aprobó el indulto por razones humanitarias a favor de José Díaz Balboa, ciudadano español privado de libertad que padecía enfermedades graves en etapa terminal, analizándose su precario estado de salud, las condiciones inadecuadas de atención médica dentro del centro penitenciario, el derecho a una vida y muerte dignas, la responsabilidad del Ministerio de Justicia en la tramitación oportuna de estos casos y la coordinación con las autoridades españolas para que, una vez liberado, retornara a su país de origen. Asimismo, se aprobó el proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados dentro de procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, mediante el cual se otorgaron al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas facultades de custodia, conservación, administración y venta de bienes perecibles; se debatieron la devolución de bienes o valores cuando exista sobreseimiento o sentencia absolutoria, su transferencia definitiva al Estado cuando haya condena, la administración de los recursos generados, la rendición periódica de cuentas, la protección del derecho de propiedad y la necesidad de evitar que determinadas instituciones se beneficien directamente de los bienes incautados. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente destinado a regular los créditos para vivienda, orientado a impedir que, luego de entregar o rematar el inmueble hipotecado, las entidades financieras persiguieran otros bienes del deudor o de sus garantes; se analizaron la dación en pago, la extinción de las obligaciones con la entrega de la vivienda, la protección de las familias afectadas por desempleo, enfermedad o reducción de ingresos, la corresponsabilidad de las instituciones financieras en la valoración del riesgo, la prohibición de cláusulas abusivas, el ámbito de aplicación respecto de la vivienda única, la construcción y remodelación, los límites económicos, los créditos concedidos antes de la vigencia de la ley, la posible inclusión de préstamos vehiculares y productivos, y los efectos que estas medidas podrían tener sobre las tasas de interés, las garantías y el acceso futuro al crédito. Intervinieron Rafael Dávila, Mauro Andino, Luis Morales, María Molina, Enrique Herrería, César Gracia, Rolando Panchana, Jimmy Pinoargote, Leonardo Viteri, Andrés Roche, Francisco Velasco, Betty Carrillo, Cléver Jiménez, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Bustamante, José Portugal, Ramiro Terán, Zobeida Gudiño, Silvia Kon, Paco Moncayo, Fernando González, César Montúfar, Betty Amores, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Salomón Fadúl, Bolívar Subía, Eduardo Encalada, Gabriel Rivera, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Flores, Marllely Vásconez y Ángel Vilema.
Sin títuloACTA_150-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordó la situación del ciudadano ecuatoriano Jesús Vélez Loor y la actuación de las autoridades diplomáticas para garantizar sus derechos; la emergencia ocasionada por el temporal invernal, la inseguridad y las necesidades sociales de la provincia de Los Ríos; y se aprobó una resolución de respaldo a la postulación de Lenín Moreno Garcés al Premio Nobel de la Paz, destacando su labor en favor de las personas con discapacidad mediante los programas Ecuador Sin Barreras, Misión Solidaria Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas relacionadas con la distribución de las utilidades y excedentes derivados de la actividad hidrocarburífera, la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y a las comunidades afectadas, la compensación por daños ambientales, la equidad territorial, la consulta previa y la conveniencia de archivar o continuar el tratamiento de las propuestas; también se resolvió sobre la objeción parcial formulada al proyecto reformatorio del sistema financiero y del ordenamiento tributario-financiero, y se inició el análisis del proyecto destinado a regular la comercialización, el transporte, la fundición, el reciclaje, la exportación y la importación de chatarra ferrosa, con énfasis en el control de esta actividad, la prevención del robo de bienes públicos, la protección ambiental y el impulso al reciclaje. Intervinieron Fernando Flores, Mercedes Villacrés, César Rodríguez, Irina Cabezas, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Gabriel Rivera, Francisco Cisneros, Francisco Velasco, Juan Carlos Cassinelli, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Gerónimo Yantalema, Jimmy Pinoargote, Jorge Escala, Gioconda Saltos, Guido Vargas, Luis Morales, Cléver Jiménez, María Almeida, Rolando Panchana, Paco Moncayo, Francisco Ulloa y Luis Almeida.
Sin títuloACTA_217-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se trató el segundo debate del proyecto de Ley de Arrendamiento de Inmuebles con Promesa de Compra-Venta o leasing inmobiliario y de la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El primer proyecto buscaba facilitar la adquisición de viviendas y predios productivos mediante contratos de arrendamiento con opción de compra y cuentas de ahorro administradas por entidades financieras; sin embargo, la mayoría consideró que esta figura ya estaba contemplada en la legislación civil y mercantil, podía resultar más costosa que un crédito hipotecario, mantenía la propiedad en manos de la entidad financiera hasta el último pago y exponía al arrendatario a perder el inmueble y lo aportado en caso de incumplimiento. Sus defensores señalaron que constituía una alternativa voluntaria para quienes no accedían a créditos, con seguros de desempleo y desgravamen, subsidios y mecanismos de ahorro. Finalmente, el archivo fue aprobado con ochenta y cinco votos afirmativos, uno negativo, un blanco y doce abstenciones, mientras su reconsideración fue negada con cinco votos afirmativos, ochenta y uno negativos y trece abstenciones. Posteriormente se debatió la reforma en materia de niñez y adolescencia, destinada a fortalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes mediante nuevas reglas para la tenencia y el régimen de visitas —incluidas las visitas supervisadas—, la fijación y formas de pago de las pensiones alimenticias, los exámenes de ADN, las inhabilidades de los deudores y la responsabilidad de los obligados subsidiarios, prohibiendo el apremio contra quienes tuvieran sesenta y cinco años o más, discapacidad severa o enfermedades catastróficas. Durante las intervenciones se pidió proteger a los abuelos y demás familiares, garantizar la responsabilidad principal de ambos progenitores, evaluar la situación económica integral de la familia y las deudas del obligado, aclarar las competencias de los jueces de Familia, ampliar las visitas a otros parientes, definir las entidades encargadas de supervisarlas y corregir contradicciones técnicas relacionadas con el apremio, la retención indebida de los hijos, las inhabilidades y los procesos de divorcio. No se realizó votación, pues el ponente solicitó tiempo para incorporar las observaciones y la sesión fue suspendida con doce intervenciones pendientes, por lo que tampoco se trató la codificación de la Ley de Hidrocarburos. Intervinieron Francisco Velasco, Juan Carlos Cassinelli, Eduardo Encalada, Fernando Vélez, Christian Viteri, Ramiro Terán, Luis Morales, Armando Aguilar, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Gerónimo Yantalema, Alfredo Ortiz, Mauro Andino, Kléver García, Rosana Alvarado, Rosa Ponce y Xavier Tomalá.
Sin títuloACTA_012-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó modificar el orden del día para incorporar el tratamiento de la investigación de los hechos ocurridos en Macas el 30 de septiembre de 2009, a propuesta de Rolando Panchana, mientras que no prosperaron las solicitudes de Fernando Aguirre para exhortar al Parlamento colombiano a contribuir al restablecimiento de las relaciones bilaterales ni de Fernando Vélez para declarar como día de descanso obligatorio la conmemoración de la provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, se aprobaron por unanimidad la Convención sobre Municiones en Racimo y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; en el primer tema intervinieron Gabriel Rivera, Scheznarda Fernández, Francisco Cisneros, Abdalá Bucaram, Humberto Alvarado y Mary Verduga, destacándose la vocación de paz del Ecuador, la prohibición de estas armas y la protección de la población civil, mientras que en el segundo intervinieron Linda Machuca, Eduardo Zambrano, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, María Augusta Calle, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Luis Morales, Jorge Escala, Zobeida Gudiño y Marisol Peñafiel, quienes debatieron sobre la prevención de la tortura, la protección de las personas privadas de libertad, la creación de mecanismos de visitas y control, y la necesidad de adecuar la legislación nacional. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma tributaria, presentada por Juan Carlos Cassinelli, que proponía cambios al impuesto a la renta, IVA, impuestos a consumos especiales e impuesto a la salida de divisas, con el propósito de reducir la evasión, mejorar la equidad y fortalecer la recaudación; María Cristina Kronfle, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Patricio Quevedo, Luis Noboa, Rafael Dávila, Andrés Páez, Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Luis Almeida y otros legisladores cuestionaron el incremento de impuestos durante una crisis económica, sus posibles efectos sobre la producción, el empleo, las pequeñas empresas, los consumidores y la seguridad jurídica, mientras Rosana Alvarado, Carlos Velasco, Vanessa Fajardo, Juan Carlos López, Lenín Chica, Susana González, Jorge Escala, Edwin Vaca, José Picoita y Grace Almeida formularon observaciones sobre la redistribución, la evasión fiscal, la inversión social y la necesidad de mejorar el texto. El debate quedó sin resolución, debido a la falta de quórum al final de la jornada, y se dispuso que las intervenciones pendientes fueran presentadas por escrito.
Sin títuloACTA_025-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la incorporación al orden del día de la propuesta presentada por Tomás Zevallos para tratar la revocatoria del encargo del Superintendente de Telecomunicaciones y la situación de Radio La Voz de Arútam, mientras que se aprobó incluir el proyecto de resolución sobre la iniciativa Yasuní-ITT planteado por Jorge Escala. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, orientado a regular la participación individual y colectiva en la gestión pública, la democracia directa, la iniciativa popular normativa, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las organizaciones sociales, el voluntariado, la participación en los distintos niveles de gobierno, la planificación y los presupuestos participativos, la silla vacía, las veedurías, el control social, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. El principal debate se centró en la inclusión efectiva de comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; el carácter vinculante de la consulta previa; la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados; la representación en los consejos de planificación; la participación de las personas ecuatorianas en el exterior; y la posibilidad de que la silla vacía intervenga con voz y voto, aspecto respaldado por Luis Morales, Pedro de la Cruz, Paola Pabón, Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli, pero cuestionado por Leandro Cadena, Juan Carlos López, Fernando Bustamante y otros legisladores por considerar que podía afectar la representatividad o generar conflictos en los gobiernos locales. María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Eduardo Zambrano, Virgilio Hernández y Hólger Chávez insistieron en fortalecer el enfoque intercultural, plurinacional y colectivo de la norma, así como en garantizar mecanismos propios de representación para pueblos y nacionalidades; mientras Paco Moncayo, César Montúfar, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Rodolfo Baquerizo, Mercedes Diminich, Ramiro Terán, José Picoita, Armando Aguilar, Lenín Chica, María Augusta Calle, Gioconda Saltos, Dora Aguirre y otros asambleístas formularon observaciones sobre la aplicación práctica de los mecanismos de participación, los porcentajes requeridos para consultas y revocatorias, la rendición de cuentas, el control constitucional y la necesidad de evitar la politización o cooptación de la participación ciudadana. Al finalizar este punto, Fernando Cordero cerró el debate y dispuso que no se votara el proyecto en esa sesión, a fin de que la Comisión procese las observaciones presentadas. Asimismo, se aprobó la resolución propuesta por Scheznarda Fernández para exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Manabí, incrementar los efectivos policiales y movilizar recursos y personal de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad, los robos, el sicariato y la presunta presencia de actividades vinculadas con grupos irregulares; en este tema intervinieron, entre otros, Saruka Rodríguez, Leandro Cadena, Gabriel Rivera, Leonardo Viteri, Gido Vargas, Sylvia Kon, Lenín Chica, María Soledad Vela, Richard Guillén, Fernando Bustamante y Andrés Roche. Finalmente, se aprobó una resolución de respaldo a la iniciativa Yasuní-ITT, mediante la cual se ratificó la defensa de mantener bajo tierra las reservas del campo ITT y se exhortó al Gobierno Nacional a continuar una negociación soberana que permita proteger la naturaleza y la biodiversidad; participaron Jorge Escala, Tomás Zevallos, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Rosana Alvarado, Francisco Cisneros, Ramiro Terán y María Paula Romo.
Sin títuloACTA_048-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo de Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum con setenta y ocho asambleístas y se instaló la sesión, guardándose previamente un minuto de silencio a pedido de Vicente Taiano por el fallecimiento del padre del asambleísta Luis Morales; tras el Himno Nacional, se conoció el oficio de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia que solicitaba autorización para iniciar causa penal contra el Presidente Rafael Correa Delgado por una querella de injurias presentada por Gil Leonardo López Monsalve, petición que fue negada en votación (once afirmativos, cincuenta y nueve negativos). A continuación se trató el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, con el informe de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, e intervinieron Paco Moncayo, Enrique Herrería, Juan Carlos Cassinelli, Francisco Ulloa, Rafael Dávila, Rosana Alvarado, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco y Nivea Vélez debatiendo principalmente el porcentaje (10%, 25% o 50%) que el Banco Central podría invertir con cargo al Sistema del Resto de Operaciones y Cuentas Patrimoniales excluyendo los depósitos del IESS, ISSFA, ISSPOL, gobiernos autónomos y universidades; el tema quedó suspendido para redacción final sin llegar a votarse. Posteriormente, la Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, expuso extensas denuncias documentadas contra el Consejo de la Judicatura (nombramientos a dedo de notarios y jueces, homologación salarial irregular, falta de sanción a jueces por caducidad de prisión preventiva, un incidente de agresión física entre un vocal y un juez, y casos de presunta intervención judicial indebida), generando un amplio debate con intervenciones de Línder Altafuya, Mauro Andino, Luis Almeida, Andrés Páez, Marisol Peñafiel, Lourdes Tibán, Jorge Escala, César Rodríguez y Marco Murillo; durante una comisión general el Rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo Romero, expuso sobre la judicialización excesiva de los concursos de oposición y méritos universitarios, tras lo cual la sesión se suspendió hasta las 15h30. Al reanudarse, mientras presidía Irina Cabezas Rodríguez y luego Lourdes Tibán, continuaron las intervenciones sobre el Consejo de la Judicatura, incluyendo la propuesta del propio Presidente Cordero de recoger firmas para un eventual juicio político a sus vocales, iniciativa respaldada por Marco Murillo, quien planteó extenderla también a la Corte Constitucional; el tema se cerró sin votación, acordándose convocar a una reunión de jefes de bloque. Finalmente, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de resolución presentado por Saruka Rodríguez para exhortar al cumplimiento del Acuerdo Interministerial sobre el cacao nacional fino de aroma, y se aprobó la resolución que declara el 20 de octubre como Día de la Estadística Nacional y el 2010 como Año de los Censos Nacionales, con intervención de Marcelo García; la sesión se suspendió a las diecisiete horas veinticuatro minutos, pendiente de continuar en otra sesión que sería oportunamente convocada, ante la falta de acuerdo sobre el porcentaje de inversión del Banco Central.
Sin títuloACTA_055-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el informe sobre la denuncia del Convenio de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo principal punto de debate fue la incompatibilidad de sus cláusulas de arbitraje internacional con la Constitución, particularmente por permitir que controversias entre el Estado e inversionistas privados se sometan a instancias externas a la jurisdicción ecuatoriana. Fernando Bustamante, Betty Amores, Soledad Buendía, Gabriel Rivera, Eduardo Zambrano, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca respaldaron la denuncia, al considerar que el convenio vulneraba la soberanía nacional, respondía a un modelo de protección privilegiada para inversionistas extranjeros, no había generado un impacto significativo en la inversión y debía sustituirse por un marco jurídico nacional que otorgue seguridad equitativa a inversionistas nacionales y extranjeros. En contraste, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Paco Moncayo, Luis Almeida, Enrique Herrería, Rafael Dávila y Luis Morales cuestionaron la denuncia total por los posibles efectos negativos sobre la seguridad jurídica, la inversión extranjera, el empleo, las relaciones comerciales y la imagen internacional del país, por lo que plantearon renegociar las disposiciones incompatibles con la Constitución, especialmente las relacionadas con el arbitraje. Wladimir Vargas presentó formalmente una moción para recomendar la renegociación del convenio, apoyada por varios legisladores; sin embargo, no se realizó la votación ni se adoptó una resolución final, quedando el tratamiento pendiente.
Sin títuloACTA_073-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate y se aprobó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, orientado a impulsar la transformación productiva, la diversificación económica, la innovación, las exportaciones, las MIPYMES, las zonas especiales de desarrollo, el acceso a financiamiento, la modernización aduanera y los incentivos tributarios para nuevas inversiones, incluyendo la reducción progresiva del impuesto a la renta, beneficios para zonas deprimidas y fronterizas, exoneraciones para determinados sectores, mecanismos de salario digno y disposiciones sobre tierras rurales. Francisco Velasco defendió el texto y sus incentivos; Silvia Salgado, Betty Amores, Armando Aguilar, Pedro de la Cruz, Gioconda Saltos, Diana Atamaint, Gido Vargas, Mauro Andino, Juan Carlos Cassinelli, Irina Cabezas, Viviana Bonilla, Marllely Vásconez, Marco Murillo, Salomón Fadul y Henry Cuji plantearon aportes para fortalecer la economía popular y solidaria, la agricultura familiar, el comercio justo, la producción amazónica, la protección ambiental, el acceso a tierra, crédito y tecnología, así como la exoneración del impuesto a tierras rurales para campesinos y productores de la Amazonía. Enrique Herrería, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Ramiro Terán, Hugo Quevedo, Nicolás Lapentti, César Montúfar, Sylvia Kon y Luis Morales cuestionaron el trámite urgente, la seguridad jurídica, la amplitud de facultades reglamentarias del Ejecutivo, el anticipo al impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, la fórmula del salario digno, los mecanismos de contratación laboral y aspectos aduaneros; Jaime Abril propuso mejoras de técnica legislativa y proporcionalidad de sanciones, mientras Patricio Rodríguez solicitó incentivos y financiamiento para migrantes retornados. En comisión general, Orlando Grefa, Jofre Poma y Carlos Pinzón solicitaron la condonación del impuesto, multas e intereses de 2010 para agricultores amazónicos y del noroccidente de Pichincha, así como catastros técnicos que consideren productividad, topografía, conservación de fuentes de agua y condiciones ambientales. La moción de Luis Morales para votar el Código capítulo por capítulo fue negada; posteriormente, el Código fue aprobado con sesenta y ocho votos afirmativos, treinta y ocho negativos y tres abstenciones, y la reconsideración fue rechazada. Además, se aprobó la resolución propuesta por Edwin Vaca para exhortar al Gobierno a mantener la ayuda humanitaria y asignar recursos para Tulcán, afectada por lluvias y granizo que inundaron gran parte de la ciudad, destruyeron viviendas y centros educativos y dejaron numerosas familias damnificadas; la resolución obtuvo ciento cinco votos afirmativos
Sin títuloACTA_086-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje y se otorgó la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural e investigativo” a Jaime Galarza Zavala, en reconocimiento a su trayectoria como escritor, investigador, docente, activista y servidor público; Aminta Buenaño destacó su aporte intelectual y compromiso con las transformaciones sociales, mientras Galarza agradeció la distinción y reafirmó su vocación por la justicia, la poesía y la defensa de los sectores populares. En primer debate se trató el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal, que plantea reemplazar el requisito de unanimidad por la aprobación de dos tercios de los copropietarios para realizar aumentos en las edificaciones, modificaciones de fachadas, mejoras voluntarias, gravámenes extraordinarios y alteraciones en el uso de bienes comunes. María Paula Romo y Vicente Taiano defendieron la reforma como una solución para evitar que la oposición de un solo propietario impida decisiones colectivas; Juan Carlos Cassinelli propuso revisar disposiciones sobre alícuotas y uso de los inmuebles; Enrique Herrería advirtió que la medida podría afectar la armonía arquitectónica y generar conflictos; Guillermina Cruz solicitó incorporar la autorización del arquitecto diseñador para cambios relevantes; Silvia Salgado planteó sustituir los dos tercios por mayoría absoluta; y Aminta Buenaño y Jaime Abril coincidieron en que debe impulsarse una reforma integral que incorpore aspectos de vivienda, seguridad, calidad de construcción, administración y protección de los copropietarios. Finalmente, se aprobó con noventa y siete votos afirmativos y uno en blanco la resolución propuesta por Jimmy Pinoargote, mediante la cual se reconoció el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, se destacó la fortaleza de las personas con enfermedades catastróficas y se exhortó al Ejecutivo a fortalecer los programas de prevención, detección temprana y atención gratuita, oportuna y especializada para pacientes con cáncer y otras enfermedades de alta complejidad.
Sin títuloACTA_126-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la recategorización y capacitación de los docentes, la declaratoria de emergencia sanitaria en Quisapincha ante el incremento de casos de sarampión y la atención urgente a las familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Napo; posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, respecto del cual existió consenso sobre la necesidad de prevenir y sancionar los monopolios, los acuerdos colusorios, la competencia desleal y los abusos contra consumidores, pequeños productores y empresas, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre la concentración de atribuciones en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la intervención del Ejecutivo, la independencia de los organismos de control, las facultades de investigación e inspección, la protección de la privacidad y el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones, la regulación de las empresas públicas y privadas, la protección de las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria, la inversión, el empleo y las disposiciones aplicables a los sectores financiero y de comunicación. Durante una comisión general, Pablo Dávila Jaramillo, representante de las cámaras de industrias, respaldó la existencia de una normativa de competencia, pero solicitó limitar la discrecionalidad de las autoridades, establecer controles colegiados y otorgar un período de transición. Finalmente, se negó la propuesta de Rafael Dávila para archivar el proyecto y sustituirlo por otra iniciativa antimonopolio, con cuarenta y cuatro votos afirmativos, sesenta negativos, dos blancos y diez abstenciones; sin embargo, no se efectuó la votación definitiva de la ley, pues el debate fue suspendido para incorporar las observaciones formuladas y buscar un texto de mayor consenso, quedando pendientes los demás puntos incorporados al orden del día. Intervinieron Gioconda Saltos, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Francisco Velasco, Pablo Dávila Jaramillo, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Zobeida Gudiño, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Patricio Quevedo, Silvia Salgado, Nicolás Lapentti, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Fernando González, Alfredo Bautista, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Betty Amores, Rafael Dávila, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Luis Morales, Francisco Cevallos, Jorge Fadul, Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Lenín Chica, Richard Guillén, Jorge Escala, Rosana Alvarado y Fernando Flores.
Sin títuloACTA_139-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a las demás especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción, mediante la conservación de sus hábitats, la prohibición de la caza, captura, recolección, tenencia, transporte y comercialización, la elaboración de inventarios, la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos locales, la creación de una instancia nacional de protección y la aplicación de sanciones administrativas. Aunque existió respaldo general a la iniciativa, se propuso ampliar su enfoque y modificar su denominación para que comprendiera integralmente a todas las especies; avanzar hacia un código ambiental; actualizar los registros de especies amenazadas; promover centros de rescate, reproducción y estaciones científicas; regular la introducción de especies exóticas, la caza deportiva, la pesca destructiva, el tráfico de vida silvestre y el aprovechamiento científico de los recursos genéticos; proteger los ecosistemas, páramos, bosques y áreas naturales; y establecer excepciones controladas para la investigación, rehabilitación y reproducción. También se planteó incorporar la participación, los conocimientos y la jurisdicción de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; diferenciar sus prácticas tradicionales de las actividades depredadoras; precisar las competencias institucionales; evitar márgenes excesivos de discrecionalidad, contradicciones entre sanciones administrativas y penales y duplicaciones normativas; y garantizar recursos económicos para que la ley pudiera aplicarse. Varios legisladores cuestionaron además la contradicción entre la protección ambiental y las actividades mineras, petroleras, madereras y agrícolas que destruyen los hábitats; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Posteriormente, se analizó y aprobó una resolución que exhortó al Ejecutivo a mantener el subsidio al combustible utilizado en el transporte aéreo hacia Galápagos, conservar el descuento del cincuenta por ciento en los pasajes de sus residentes, aplicar el mismo porcentaje al transporte de alimentos perecibles y medicinas y considerar el subsidio vigente para los habitantes de las zonas fronterizas y amazónicas, debido a las dificultades de acceso, las distancias, las necesidades de salud y movilidad, la dependencia del turismo y el posible incremento del costo de vida; la propuesta obtuvo ciento nueve votos afirmativos, cuatro blancos y seis abstenciones, y su reconsideración fue negada. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Consuelo Flores, Francisco Ulloa, Fernando Bustamante, Luis Morales, Guido Vargas, Leonardo Viteri, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, María Augusta Calle, María Paula Romo, Zobeida Gudiño, María Molina, Cléver Jiménez, María Soledad Vela, Magaly Orellana, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Francisco Cisneros, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.
Sin títuloACTA_174-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, específicamente sobre sus normas rectoras y el régimen de infracciones, analizando la necesidad de modernizar y unificar la legislación penal, mantener el equilibrio entre la seguridad ciudadana y las garantías constitucionales, establecer penas proporcionales, evitar la criminalización de la protesta social y mejorar el tratamiento de delitos como corrupción, cohecho, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, mala práctica profesional, terrorismo, delitos cometidos por adolescentes, falta de afiliación y retención de aportes a la seguridad social, femicidio, violencia intrafamiliar, aborto en casos de violación, tenencia y consumo de drogas y reparación a las víctimas. En comisión general, Nidia Solís, Sandra Peñaherrera y Dalila Cárdenas solicitaron conservar las medidas inmediatas de protección previstas para las mujeres víctimas de violencia y corregir los vacíos que podrían dejarlas en indefensión; Tatiana Ortiz defendió la tipificación autónoma del femicidio, mientras Virginia Gómez de la Torre apoyó la despenalización del aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación. Posteriormente, Sonia Crespo y Javier Aguirre se pronunciaron en defensa de la vida desde la concepción y en contra de ampliar los casos de aborto no punible; Verónica Vera expuso las consecuencias de los abortos clandestinos y defendió que las mujeres no fueran criminalizadas, mientras Gabriel Buitrón abordó la política de drogas, el tratamiento de la marihuana y la necesidad de establecer cantidades mínimas para diferenciar el consumo del tráfico. En el debate legislativo intervinieron Vicente Taiano, Mauro Andino, María Paula Romo, Cristian Viteri, Silvia Salgado, Línder Altafuya, Linda Machuca, Galo Vaca, Paola Pabón, Betty Amores, Abdalá Bucaram, Mariángel Muñoz, Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Rodríguez, Jorge Escala, María Augusta Calle, Paco Fierro, Juan Carlos Cassinelli, Alfredo Ortiz, Marisol Peñafiel, César Montúfar, María del Pilar Almeida y Luis Morales, quienes presentaron observaciones sobre la proporcionalidad y acumulación de las penas, la independencia de la justicia, los derechos de las víctimas, la eficacia del sistema penal y los riesgos de utilizar sus disposiciones para perseguir a opositores, dirigentes sociales o manifestantes. Finalmente, la sesión fue suspendida y se dispuso que el debate continuara al día siguiente.
Sin títuloACTA_216-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía, reformulado para limitar su alcance a las mascotas y evitar duplicidades con las normas que regulaban la fauna silvestre y los animales destinados al consumo. La propuesta buscaba establecer una regulación nacional coordinada entre el Gobierno central y los municipios, crear registros y censos de perros y gatos, identificar a sus propietarios, fijar obligaciones de cuidado, alimentación, transporte y atención veterinaria, regular la crianza, comercialización, esterilización y eutanasia, promover cementerios para mascotas y aplicar sanciones administrativas por abandono o maltrato. Aunque existió respaldo a la protección y el bienestar animal, se pidió precisar las infracciones y procedimientos sancionatorios, fortalecer el control de las enfermedades transmisibles a las personas, regular a los animales potencialmente peligrosos, responsabilizar a sus dueños, revisar la prohibición de su venta en ferias y mercados, diferenciar las mascotas de los animales utilizados para alimentación, carga o trabajo y respetar las prácticas y autoridades de los pueblos y nacionalidades. También se cuestionó si era necesaria una ley específica o si estos asuntos debían regularse mediante ordenanzas municipales, el Código Ambiental y el Código Integral Penal, y se solicitó mayor claridad en el texto y recursos estatales para programas educativos y sanitarios. La sesión fue suspendida temporalmente para realizar otra convocatoria y luego reinstalada; finalmente se cerró el primer debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones y la sesión fue clausurada. Intervinieron Rolando Panchana, Leonardo Viteri, Mauro Andino, Eduardo Encalada, María Paula Romo, Betty Carrillo, Roberto Rodríguez, Stalin Subía, Juan Carlos Cassinelli, Gerónimo Yantalema, Xavier Tomalá, Luis Morales y María Soledad Vela.
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