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ACTA_006-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció y debatió la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas, relacionada con la constitución de empresas entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados, la administración y clasificación del talento humano, los programas de retiro voluntario, las inversiones y alianzas estratégicas, la divulgación de información, los mecanismos de control y auditoría, el tratamiento de empresas estatales existentes, las entidades incautadas por la AGD, las empresas vinculadas a la defensa nacional y varias reformas tributarias, financieras y de contratación pública. Durante el debate se expresaron posiciones a favor y en contra del allanamiento, especialmente respecto de la discrecionalidad en las compensaciones por retiro voluntario, la definición de obreros, la transparencia de la información, el alcance de las atribuciones de la Contraloría y la protección de los derechos laborales; intervinieron Irina Cabezas, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Jorge Escala, Armando Aguilar, Galo Vaca, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Humberto Alvarado, Enrique Herrería, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Betty Amores, Eduardo Encalada, César Montúfar, Nívea Vélez, Guillermina Cruz, Andrés Roche, Hólger Chávez, María Molina y María Alejandra Vicuña. Finalmente, se aprobó el allanamiento a la mayor parte de las observaciones presidenciales y no prosperó la ratificación del texto original sobre el retiro voluntario y las reformas finales propuestas. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma al Mandato Constituyente relacionado con la portabilidad numérica, a fin de ampliar el plazo para que las personas usuarias de telefonía móvil puedan conservar su número al cambiar de operadora, garantizando la ejecución de pruebas técnicas y la calidad del servicio; intervinieron Luis Noboa, Saruka Rodríguez, Fernando Vélez, Betty Carrillo, Enrique Herrería, Francisco Ulloa, Aminta Buenaño, Rolando Panchana, Cynthia Viteri, Silvia Salgado, Abdalá Bucaram, Betty Amores y Luis Almeida. La reforma fue aprobada con sesenta y cuatro votos afirmativos, veintiocho negativos, cuatro votos en blanco y trece abstenciones.

ACTA_013-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la solicitud de Cynthia Viteri para incorporar una resolución sobre presuntas vulneraciones a la libertad de expresión relacionadas con la detención de ciudadanos en Guayaquil, mientras que se aprobó incluir el tratamiento de un proyecto de resolución para rechazar el Acuerdo Complementario de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad suscrito entre Colombia y Estados Unidos, planteado por Línder Altafuya, María Molina, Cléver Jiménez, Jorge Escala, Francisco Ulloa, Magali Orellana y Ramiro Terán, y defendido por Francisco Ulloa. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público, presentado por Nivea Vélez, orientado a regular el ingreso por méritos y oposición, la carrera administrativa, la capacitación, evaluación, remuneraciones, estabilidad, derechos y obligaciones de las servidoras y servidores públicos. Durante el debate se plantearon observaciones sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, el alcance de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales, la protección de los trabajadores de empresas públicas, la estabilidad laboral, los procesos disciplinarios, la jubilación, la inclusión de personas con discapacidad y la necesidad de que el Magisterio conserve su régimen especial de carrera y escalafón. Intervinieron Fernando Cordero, Francisco Cisneros, César Rodríguez, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Armando Aguilar, Paco Moncayo, Henry Cuji, Consuelo Flores, Dora Aguirre, Kléver García, María Augusta Calle, Rocío Valarezo, Irina Cabezas, Ramiro Terán, Edwin Vaca, María Cristina Kronfle, Silvia Kon, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Linda Machuca, Aminta Buenaño, María Molina, Geovanny Veintimilla, Gina Godoy, Gioconda Saltos, Betty Amores, Eduardo Encalada, Carlos Velasco, Guillermina Cruz, Carlos Samaniego y Hólger Chávez, quien destacó que el texto debía revisarse integralmente antes del siguiente debate. Finalmente, se conoció la propuesta de resolución contra el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, pero, luego de la intervención de Francisco Ulloa y de negarse la moción para trasladar su tratamiento a una próxima sesión, no se pudo adoptar una resolución debido a la falta de quórum, por lo que se clausuró la sesión.

ACTA_014-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se recibió, en comisión general, el informe de evaluación de la educación superior presentado por Arturo Villavicencio, presidente del CONEA, quien expuso la categorización de las universidades y escuelas politécnicas en los grupos A, B, C, D y E, advirtió graves deficiencias en varias instituciones y propuso depurar las universidades de menor desempeño, reducir progresivamente las extensiones universitarias, regular la oferta académica y los posgrados, y fortalecer institucionalmente a las universidades que requerían mejoras. Asimismo, se resolvió encargar a la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad la investigación sobre la muerte de Bosco Wisuma y los hechos ocurridos en Macas; Jorge Escala presentó la moción, Rolando Panchana retiró su propuesta inicial para respaldarla y Andrés Páez planteó ajustes a la redacción de la resolución. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, presentado por Jaime Abril, cuyo texto reconoce al agua como derecho humano y patrimonio nacional estratégico, prohíbe su privatización, prioriza el consumo humano, el riego para soberanía alimentaria, el caudal ecológico y las actividades productivas, fortalece la gestión pública y comunitaria, regula las autorizaciones de uso, las tarifas, la prevención de la contaminación, la protección de cuencas y los derechos colectivos de pueblos, comunidades y nacionalidades. Durante el debate se formularon observaciones sobre la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la conformación y atribuciones de la Autoridad Única del Agua, la gratuidad del mínimo vital, las tarifas de riego y servicios, la desprivatización y continuidad de concesiones como la de INTERAGUA, el respeto a los sistemas comunitarios, la consulta a pueblos y nacionalidades, el control de la contaminación, la protección de niños, niñas y adolescentes y el reconocimiento de actividades productivas privadas autorizadas. Intervinieron Jaime Abril, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, Ramiro Terán, Andrés Roche, Gilmar Gutiérrez, Lídice Larrea, Mauro Andino, Luis Almeida, Soledad Vela, Lourdes Tibán, Rolando Panchana, Luis Morales, Jimmy Pinoargote, Silvia Salgado, Andrés Páez, Virgilio Hernández, César Montúfar, Fernando Cordero, Gido Vargas, Gerónimo Yantalema, Richard Guillén, Rosana Alvarado, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco, Susana González, Fernando Bustamante, Nivea Vélez, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Yandri Brunner, Enrique Herrería, Jorge Jurado, Guillermina Cruz, Galo Vaca, Fernando Cáceres y Marco Murillo. Finalmente, Jaime Abril señaló que las observaciones debían remitirse por escrito para ser analizadas antes del segundo debate, tras lo cual se clausuró la sesión sin adoptar una resolución definitiva sobre el proyecto.

ACTA_015-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se debatió y aprobó una resolución que rechazó el Acuerdo Complementario de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad suscrito entre Colombia y Estados Unidos, al considerarse que la utilización de instalaciones militares estadounidenses en territorio colombiano podía afectar la soberanía, la paz, la estabilidad regional y el restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y Colombia; la resolución también exhortó a los organismos internacionales a examinar el acuerdo, solicitó transparencia sobre su contenido y rechazó la presencia de tropas o bases militares extranjeras en la región. En este punto intervinieron Francisco Ulloa, Edwin Vaca, Gabriel Rivera, Gido Vargas, Eduardo Zambrano, Abdalá Bucaram y César Montúfar, quienes abordaron, entre otros aspectos, la situación de inseguridad, desplazamiento y afectaciones económicas en la zona fronteriza. Asimismo, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, cuyo informe fue presentado por Raúl Abad y contemplaba disposiciones sobre autonomía responsable, cogobierno, gratuidad, igualdad de oportunidades, calidad, acreditación, financiamiento, pertinencia, régimen académico, derechos estudiantiles, creación y control de instituciones, así como la organización de los organismos del sistema de educación superior. Durante una comisión general intervinieron Gustavo Vega, Carlos Cedeño, Santiago Guarderas, David Almeida, Marcelo Rivera, Yolanda Albán, Ernesto Álvarez y Édgar Samaniego, quienes formularon observaciones sobre la autonomía universitaria, la participación de estudiantes, docentes y trabajadores, la representación de los institutos técnicos y tecnológicos, el financiamiento, los derechos laborales y la necesidad de evitar una injerencia excesiva del Ejecutivo. En el posterior debate participaron Raúl Abad, María Paula Romo, Gioconda Saltos, Paco Moncayo, Mao Moreno, Galo Vaca, César Rodríguez, Jorge Escala y Linda Machuca, quienes expusieron posiciones sobre la necesidad de transformar y evaluar el sistema universitario, garantizar la calidad, respetar la autonomía, fortalecer el cogobierno, asegurar la gratuidad y ampliar el acceso de las personas migrantes a la educación superior; finalmente, el debate del proyecto de ley quedó suspendido para continuar en una próxima sesión.

ACTA_018-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se analizaron la proforma presupuestaria correspondiente a los años 2009 y 2010, así como la programación presupuestaria cuatrianual 2010-2013, con un amplio debate sobre los supuestos de crecimiento económico, el precio previsto del petróleo, los ingresos tributarios, el déficit fiscal, el endeudamiento y la prioridad del gasto público. Francisco Velasco presentó el informe y sostuvo que el presupuesto debía orientarse al bienestar social, fortalecer la recaudación progresiva, reducir la carga de la deuda e incorporar mecanismos de seguimiento y control legislativo; Christian Viteri, Betty Amores, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, José Picoita, Armando Aguilar, Juan Carlos López, Enrique Herrería y Fernando Cordero defendieron la necesidad de tramitar las proformas dentro del plazo previsto, formular observaciones sectoriales y priorizar la inversión social, la descentralización, el fortalecimiento de la justicia y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, Sylvia Kon, Gilmar Gutiérrez, Rodolfo Baquerizo, Edwin Vaca, Andrés Roche, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Galo Vaca, Patricio Quevedo, Alfredo Ortiz, Luis Almeida, Luis Morales, Fernando Aguirre, Vicente Taiano y Nivea Vélez cuestionaron la suficiencia y realismo de las proyecciones macroeconómicas, el financiamiento del déficit, la incorporación de ingresos derivados de reformas tributarias aún no aprobadas, el incremento de recursos para la Presidencia, la falta de claridad en las transferencias a municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, así como el incumplimiento de las metas de inversión en educación, salud, vivienda, producción, artesanía, universidades y justicia. Gerónimo Yantalema propuso una distribución más equitativa de los recursos entre provincias y una mayor inversión en sectores agropecuarios, ambientales, comunitarios y de participación ciudadana; mientras Andrés Páez y Betty Amores insistieron en incrementar los recursos para la Función Judicial. Finalmente, luego de recesos y conversaciones entre las bancadas, se informó que existía un acuerdo de fondo, pero persistían aspectos de forma para la votación, por lo que se suspendió la sesión para continuar las negociaciones y procurar una decisión consensuada sobre el Presupuesto General del Estado.

ACTA_019-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se analizaron la proforma presupuestaria correspondiente a los años 2009 y 2010, así como la programación presupuestaria cuatrianual 2010-2013, con un amplio debate sobre los supuestos de crecimiento económico, el precio previsto del petróleo, los ingresos tributarios, el déficit fiscal, el endeudamiento y la prioridad del gasto público. Francisco Velasco presentó el informe y sostuvo que el presupuesto debía orientarse al bienestar social, fortalecer la recaudación progresiva, reducir la carga de la deuda e incorporar mecanismos de seguimiento y control legislativo; Christian Viteri, Betty Amores, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, José Picoita, Armando Aguilar, Juan Carlos López, Enrique Herrería y Fernando Cordero defendieron la necesidad de tramitar las proformas dentro del plazo previsto, formular observaciones sectoriales y priorizar la inversión social, la descentralización, el fortalecimiento de la justicia y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, Sylvia Kon, Gilmar Gutiérrez, Rodolfo Baquerizo, Edwin Vaca, Andrés Roche, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Galo Vaca, Patricio Quevedo, Alfredo Ortiz, Luis Almeida, Luis Morales, Fernando Aguirre, Vicente Taiano y Nivea Vélez cuestionaron la suficiencia y realismo de las proyecciones macroeconómicas, el financiamiento del déficit, la incorporación de ingresos derivados de reformas tributarias aún no aprobadas, el incremento de recursos para la Presidencia, la falta de claridad en las transferencias a municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, así como el incumplimiento de las metas de inversión en educación, salud, vivienda, producción, artesanía, universidades y justicia. Gerónimo Yantalema propuso una distribución más equitativa de los recursos entre provincias y una mayor inversión en sectores agropecuarios, ambientales, comunitarios y de participación ciudadana; mientras Andrés Páez y Betty Amores insistieron en incrementar los recursos para la Función Judicial. Finalmente, luego de recesos y conversaciones entre las bancadas, se informó que existía un acuerdo de fondo, pero persistían aspectos de forma para la votación, por lo que se suspendió la sesión para continuar las negociaciones y procurar una decisión consensuada sobre el Presupuesto General del Estado.

ACTA_020-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó un acto de reconocimiento a Liga Deportiva Universitaria por la obtención de la Copa Sudamericana, mediante la condecoración de su pabellón, intervención en la que Fernando Cordero Cueva destacó el aporte deportivo del club al país y Carlos Arroyo agradeció el homenaje en representación de la institución. Posteriormente, se negó, luego de una rectificación de la votación, la solicitud de Abdalá Bucaram para reconsiderar la aprobación de la reforma tributaria. Asimismo, se debatió y aprobó la resolución de respaldo a la iniciativa Yasuní-ITT, orientada a mantener el crudo bajo tierra, enfrentar el cambio climático, proteger la biodiversidad, promover un modelo de desarrollo sostenible y garantizar el aislamiento voluntario de los pueblos Tagaeri y Taromenani; en este tema intervinieron Rosana Alvarado, María Molina, Ángel Vilema, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Vicente Taiano, Cléver Jiménez, Mariangel Muñoz, Gido Vargas, Zobeida Gudiño, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Francisco Velasco y Silvia Salgado. Finalmente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Culturas, que propone fortalecer los derechos culturales, la diversidad, la interculturalidad, la protección del patrimonio y la memoria social, la creación y circulación de bienes culturales, el apoyo a artistas y gestores, la seguridad social, los incentivos a la producción cultural y la organización de un Sistema Nacional de Cultura; Marco Murillo presentó el informe y defendió su carácter participativo, mientras Aminta Buenaño, Lourdes Tibán, Lídice Larrea, Francisco Ulloa, Andrés Páez, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Consuelo Flores, Francisco Cisneros, Gastón Gagliardo, Luis Morales, Marisol Peñafiel, César Rodríguez, Fernando Aguirre, Carlos Samaniego, Galo Vaca, Armando Aguilar, Gioconda Saltos, Pedro de la Cruz, Fernando Cordero, Mao Moreno, Mariangel Muñoz, Mary Verduga y Ana Bolaños formularon observaciones sobre la inclusión de pueblos y nacionalidades, la cultura de paz, la protección de saberes ancestrales, la descentralización, el financiamiento, la representación de los actores culturales y la participación de los gobiernos locales. El principal debate se centró en la autonomía, estructura y forma de elección de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, pues varios legisladores solicitaron evitar su subordinación al Ministerio de Cultura, mientras otros defendieron que debe integrarse al sistema nacional, sujetarse a rectoría estatal, rendición de cuentas y democratización de sus espacios. Al concluir, se cerró el primer debate y se dispuso que las observaciones pendientes fueran remitidas por escrito para la elaboración del informe para segundo debate.

ACTA_021-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para incorporar propuestas relacionadas con la seguridad en la frontera norte, en la que Leandro Cadena solicitó exhortar al Ejecutivo a adoptar medidas excepcionales frente a la delincuencia; la conmemoración del Día Internacional del Migrante, promovida por Eduardo Zambrano; y el rechazo a las agresiones contra autoridades de la Universidad Central, planteado por María Alejandra Vicuña; Dora Aguirre y Nivea Vélez intervinieron en las rectificaciones de las votaciones. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación General, presentado por César Rodríguez, que planteaba reconocer la educación como derecho humano, fortalecer la gratuidad, inclusión, interculturalidad, participación de la comunidad educativa, evaluación integral, educación intercultural bilingüe, carrera docente, remuneraciones, infraestructura y financiamiento. El principal desacuerdo se concentró en la posible sustitución de la Ley de Carrera Docente y Escalafón, la homologación salarial, los derechos adquiridos del Magisterio, los bonos de frontera y de zonas de difícil acceso, la jubilación, la estabilidad laboral, la capacitación y la situación de educadores populares, comunitarios y madres comunitarias. Intervinieron Gido Vargas, Xavier Tomalá, Mery Zamora, Armando Aguilar, Nivea Vélez, Salomón Fadul, Mary Verduga, Luis Noboa, Francisco Cisneros, Ramiro Terán, Raúl Abad, Galo Vaca, Edwin Vaca, Mao Moreno, Rocío Valarezo, Gerónimo Yantalema, Lídice Larrea, Paco Moncayo, Vicente Iza, Rafael Dávila, Guillermina Cruz, Gastón Gagliardo, Juan Fernández, Ángel Vilema, Gioconda Saltos, César Montúfar, Pedro de la Cruz, Cléver Jiménez, Henry Cuji, Mercedes Diminich, Kléver García, José Picoita, Pamela Falconí, Tito Nilton Mendoza, María Augusta Calle, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Hólger Chávez, Gabriel Rivera y Rigoberto Barreto, quienes también formularon observaciones sobre la descentralización, el acceso tecnológico, la atención a personas con discapacidad, la educación técnica y artesanal, la participación de los gobiernos locales, los derechos de pueblos y nacionalidades, la administración de la educación intercultural bilingüe, el rol de padres de familia y la regulación de establecimientos particulares. Finalmente, se cerró el primer debate y se dispuso que las observaciones se remitan por escrito para la elaboración del informe correspondiente, quedando pendientes para una próxima convocatoria los demás temas incorporados al orden del día.

ACTA_024-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, en el que Rodolfo Baquerizo, Lenín Chica, Gioconda Saltos, Tito Nilton Mendoza y Cléver Jiménez cuestionaron que la Asamblea pueda otorgar inmunidad a integrantes de una comisión, advirtiendo que ello podría dejar en indefensión a las personas mencionadas en sus informes; mientras Paco Moncayo defendió la necesidad de proteger las investigaciones para conocer la verdad y evitar la repetición de hechos de violencia, y Eduardo Encalada sostuvo que el informe debía profundizar en las implicaciones geopolíticas, sociales y de soberanía vinculadas con el conflicto fronterizo. Al concluir este punto, se cerró el debate y se dispuso la presentación de observaciones por escrito, sin aprobarse una decisión definitiva. Posteriormente, se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, presentadas por Mauro Andino, que planteaban restituir como delitos de acción pública conductas como la estafa, el hurto y otras infracciones que habían pasado a acción privada; reducir la cuantía para diferenciar contravenciones y delitos; sancionar la comercialización, ocultamiento y transporte de bienes robados; limitar la sustitución de la prisión preventiva en casos graves o de reincidencia; fortalecer el control sobre jueces, fiscales y audiencias; y eliminar la apelación al auto de llamamiento a juicio. Cynthia Viteri, Andrés Páez, Luis Almeida, María Cristina Kronfle y Gilmar Gutiérrez cuestionaron que las reformas fueran insuficientes frente a la inseguridad, solicitaron medidas más estrictas para evitar la liberación de personas procesadas y advirtieron inconsistencias en algunos artículos; mientras María Paula Romo, Juan Carlos Cassinelli, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Gracia, Hólger Chávez, Lídice Larrea, Marisol Peñafiel y Fernando Bustamante señalaron que la delincuencia no se resuelve únicamente con reformas penales, sino también mediante mejoras en la administración de justicia, la prevención, el empleo, la rehabilitación y el control de fiscales y jueces. También intervinieron César Rodríguez, Abdalá Bucaram, Línder Altafuya, Rafael Dávila, Paco Fierro, Galo Vaca, Edwin Vaca, Luis Morales, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Enrique Herrería, Rodolfo Baquerizo y Juan Carlos López, quienes formularon observaciones sobre proporcionalidad de penas, delitos ambientales, lavado de activos, corrupción, garantías del debido proceso y la necesidad de una reforma penal integral. Finalmente, se aprobó la moción de Xavier Tomalá para que las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sean elaboradas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y las reformas al Régimen Legal de Seguros por la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control; Alfredo Ortiz, Silvia Salgado, Galo Lara, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Jorge Escala y Nivea Vélez intervinieron sobre el trámite y la asignación de estas materias, mientras Cléver Jiménez cuestionó la votación, aclarándose que la resolución fue aprobada por mayoría simple de los asambleístas presentes.

ACTA_028-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Andrés Páez para incorporar el tratamiento de la terminación del encargo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, mientras que se aprobó incluir una resolución sobre la situación de sequía y actividad volcánica en la Sierra central. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, orientado a organizar, transparentar y optimizar el manejo de los inmuebles estatales mediante el Instituto de Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado, INMOBILIAR; César Gracia defendió la necesidad de contar con una institución especializada, mientras Paco Moncayo, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, César Rodríguez, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Guillermina Cruz, Vanessa Fajardo, Edwin Vaca, Mauro Andino, Lenín Chica, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos y Betty Amores formularon observaciones sobre el alcance de la ley, la autonomía de las distintas entidades públicas, la administración de bienes en litigio o incautados, la situación de las instituciones financieras, los mecanismos de transferencia, avalúo, venta, control, rendición de cuentas, responsabilidad de los funcionarios y el uso social de los inmuebles para educación, salud y grupos de atención prioritaria; al concluir, se dispuso remitir observaciones por escrito para preparar el informe correspondiente. Asimismo, se aprobó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, presentada por Luis Morales, que regula mecanismos de democracia directa, iniciativa popular normativa, consulta popular, revocatoria del mandato, participación de organizaciones sociales, presupuestos participativos, audiencias públicas, silla vacía, veedurías, rendición de cuentas y acceso a la información pública, con ochenta y dos votos afirmativos, ocho negativos, cuatro votos en blanco y quince abstenciones. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Marco Murillo y Luis Morales para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi ante los efectos de la sequía, las pérdidas agrícolas y ganaderas y el incremento de la actividad del volcán Tungurahua, solicitando medidas de reactivación económica, salud, atención a pequeños y medianos productores, así como obras viales y habitacionales en los cantones afectados; intervinieron Marco Murillo, Mauro Andino, Grace Almeida, Hólger Chávez, Gerónimo Yantalema y Juan Carlos López, y la resolución fue aprobada con ciento cinco votos afirmativos, sin votos negativos, tres blancos y cinco abstenciones.

ACTA_031-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, centrado en la definición de competencias, autonomía, planificación, participación ciudadana y distribución equitativa de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Edwin Vaca propuso una atención preferencial para las provincias fronterizas por la presencia de población refugiada y planteó impulsar una norma específica de desarrollo fronterizo; Paola Pabón, César Rodríguez, José Picoita, Mary Verduga, Gina Godoy y Armando Aguilar defendieron el Código como una herramienta para superar el centralismo, fortalecer las juntas parroquiales, ordenar competencias y establecer una distribución más justa de recursos. Gilmar Gutiérrez, Francisco Cisneros, Andrés Páez, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Francisco Ulloa y Nivea Vélez expresaron reparos sobre posibles limitaciones a la autonomía, la fórmula de redistribución, la creación de tributos, la delegación de servicios públicos y las disposiciones sobre expropiación de inmuebles para vivienda de interés social. Ángel Vilema solicitó reconocer los costos de insularidad de Galápagos; Xavier Tomalá y Jimmy Pinoargote plantearon mayores recursos y competencias para Santa Elena, particularmente por la explotación petrolera y el turismo; Rafael Dávila y Nivea Vélez defendieron la permanencia de recursos destinados a Loja; Magali Orellana, Guillermina Cruz, Francisco Cisneros y otros representantes amazónicos solicitaron garantizar los fondos de compensación para esa región; mientras Paco Fierro, Mauro Andino, María Molina y Jaime Abril debatieron la distribución de beneficios vinculados con la generación hidroeléctrica y las provincias afectadas. Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Lourdes Tibán formularon observaciones sobre las circunscripciones territoriales indígenas, el reconocimiento de comunas, pueblos y nacionalidades, la consulta conforme a sus procedimientos propios y el respeto a la libre determinación. Pedro de la Cruz y Jaime Abril solicitaron proteger la gestión pública y comunitaria del agua y del riego; Silvia Salgado planteó evitar que la educación y la salud sean tratadas como servicios sujetos a delegación; Línder Altafuya cuestionó que la regionalización pudiera imponerse sin consulta popular; y Richard Guillén, Marllely Vásconez, Fausto Cobo, Galo Vaca, Cynthia Viteri, Luis Morales y Gabriel Rivera también presentaron observaciones sobre financiamiento, competencias, participación y autonomía local. Finalmente, al permanecer pendientes varias intervenciones y temas adicionales incorporados al orden del día, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto en una próxima convocatoria.

ACTA_040-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Enrique Herrería para impulsar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el fin de corregir vacíos relacionados con los procesos de fiscalización y juicio político; sin embargo, este tema no llegó a tratarse. Previamente, en comisión general, Carlos Pazmiño, Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Luis Andrango y José Gualichico, en representación de organizaciones de regantes, pueblos indígenas y sistemas comunitarios de agua, solicitaron una normativa que garantice la gestión pública y comunitaria, la participación vinculante, la desprivatización, redistribución y protección de las fuentes de agua, así como el respeto a los sistemas comunitarios y a la soberanía alimentaria. También se conoció la renuncia de Betty Amores a la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentada tras las controversias surgidas durante el trámite del enjuiciamiento político al fiscal general; Mao Moreno propuso no aceptar la renuncia, mientras Luis Morales planteó aceptarla y designar a Vicente Taiano en su reemplazo, pero ambas mociones fueron negadas luego de las respectivas rectificaciones, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, defendido por Jaime Abril, Jimmy Pinoargote y Lídice Larrea como una norma orientada a reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer una cantidad vital, regular tarifas, priorizar el consumo humano, la soberanía alimentaria y la conservación ecológica, fortalecer la gestión pública y comunitaria, crear una institucionalidad integrada por la Secretaría Nacional del Agua, el Consejo Intercultural y Plurinacional y la Agencia de Regulación y Control, y regular el aprovechamiento productivo en actividades como minería, envasado, aguas termales, turismo y acuacultura. Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Paola Pabón, Stalin Subía, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Irina Cabezas, Gerardo Morán, Susana González, Richard Guillén, Armando Aguilar, Vicente Taiano, Omar Juez, Scheznarda Fernández, Mercedes Diminich, Galo Vaca, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Yandri Brunner, Guillermina Cruz, Mariángel Muñoz, Paco Fierro, Fernando González, César Montúfar, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Kléver García, Francisco Velasco, Línder Altafuya y César Rodríguez presentaron observaciones sobre la redistribución del agua, la protección de páramos, manglares y fuentes hídricas, el papel de los gobiernos autónomos descentralizados, la autonomía de las juntas comunitarias, la situación de INTERAGUA, las tarifas, las concesiones, la minería, el agua embotellada y la necesidad de que la autoridad del agua tenga una integración más participativa y vinculante. Al no concluir el debate ni producirse una votación final, la sesión fue suspendida para continuar posteriormente, en medio de llamados al diálogo, preocupaciones por movilizaciones sociales y denuncias sobre la criminalización de la protesta.

ACTA_045-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Ramiro Terán para incorporar una resolución sobre presuntos actos discriminatorios y xenófobos contra pueblos y nacionalidades, y de Richard Guillén para tratar el manejo de los recursos del IESS y sus inversiones en bonos estatales; posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Servicio Público, presentada por Nívea Vélez, orientada a profesionalizar la administración pública, regular el ingreso mediante concursos de méritos y oposición, homologar remuneraciones, fortalecer la estabilidad, capacitación, evaluación, régimen disciplinario, licencias, jubilación, protección frente al nepotismo y contratos ocasionales, así como garantizar servicios de calidad para la ciudadanía. Línder Altafuya, Eduardo Encalada, Francisco Cisneros, Henry Cuji, Ramiro Terán, Ángel Vilema, Galo Vaca, Edwin Vaca y Alfredo Ortiz solicitaron proteger los derechos de docentes, servidores de la Amazonía, Galápagos y zonas de difícil acceso, reforzar la estabilidad laboral, reconocer beneficios geográficos y limitar las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales; mientras Paco Moncayo, Betty Amores y Fernando Bustamante insistieron en que la norma debía priorizar también los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos y evitar evaluaciones o sanciones arbitrarias. María Alejandra Vicuña, Silvia Salgado, Armando Aguilar y Tito Nilton Mendoza respaldaron el proyecto y pidieron incorporar las observaciones para alcanzar un texto consensuado; Mauro Andino, Andrés Páez, César Rodríguez y Paco Fierro plantearon reparos sobre inhabilidades, indemnizaciones, régimen disciplinario, períodos de prueba, atribuciones institucionales y criterios de remuneración. Gerónimo Yantalema propuso incluir interculturalidad, saberes ancestrales y participación de pueblos y nacionalidades; Leonardo Viteri solicitó incorporar la carrera sanitaria; Guillermina Cruz pidió garantizar la independencia de los organismos de control y beneficios para servidores de sectores rurales; y Linda Machuca, Virgilio Hernández y Fernando Bustamante defendieron la no discriminación de personas extranjeras residentes en el acceso al trabajo público. Además, Enrique Herrería realizó una aclaración personal sobre su mención en el informe de la Comisión de la Verdad. Finalmente, debido a que quedaron intervenciones y observaciones pendientes, la sesión fue suspendida sin votar el proyecto, para reinstalarse posteriormente.

ACTA_046-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, orientado a reorganizar el sistema universitario y tecnológico mediante normas sobre autonomía responsable, cogobierno, gratuidad, financiamiento, igualdad de oportunidades, becas, nivelación y admisión, evaluación y acreditación, investigación, carrera docente, funcionamiento de institutos técnicos y tecnológicos, creación de nuevas instituciones, rendición de cuentas, sanciones y régimen de transición. Durante la comisión general, Galo Mindiola, Carlos Torres y Abraham Bedrán, en representación estudiantil, solicitaron mayor participación con voz y voto en los organismos del sistema, respeto a la autonomía universitaria, fortalecimiento del cogobierno, garantías para las organizaciones estudiantiles, becas y una revisión de las disposiciones transitorias; Yolanda Albán advirtió que ciertas obligaciones financieras y regulatorias podían afectar la subsistencia de los institutos técnicos y tecnológicos; mientras Gustavo Vega y Enrique Ayala Mora señalaron que existían importantes consensos, pero pidieron completar el diálogo sobre los temas pendientes, especialmente la integración y designación de las autoridades de los organismos de regulación y acreditación, el alcance de la Secretaría Nacional de Educación Superior, el financiamiento, las titulaciones y el régimen de transición. Raúl Abad, Mao Moreno, Eduardo Encalada, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Mary Verduga, Jaime Abril, Juan Fernández, Lídice Larrea, Rocío Valarezo y Zobeida Gudiño defendieron la necesidad de aprobar una normativa que eleve la calidad académica, democratice las universidades, fortalezca la evaluación, la investigación, la rendición de cuentas, la participación estudiantil y la vinculación de la educación superior con el desarrollo nacional; en tanto que Marco Murillo propuso suspender el tratamiento para ampliar el diálogo, y Jorge Escala, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Magali Orellana, Luis Almeida, Salomón Fadúl, César Montúfar y Gioconda Saltos expresaron preocupaciones sobre una posible afectación a la autonomía universitaria, la concentración de atribuciones en organismos vinculados al Ejecutivo, la creación de universidades sin los procedimientos previos, el financiamiento, la situación de las provincias amazónicas y la necesidad de incorporar las observaciones de la comunidad universitaria. También intervinieron Betty Amores y Gerónimo Yantalema; finalmente, al quedar numerosos legisladores inscritos y varios temas pendientes, se suspendió el debate sin que se produjera la votación del proyecto.

ACTA_059-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas, orientado a articular el Plan Nacional de Desarrollo, la planificación territorial, el presupuesto, la inversión pública, la gestión de liquidez, el endeudamiento y la programación fiscal plurianual. Francisco Velasco defendió la propuesta como un mecanismo para superar la desconexión entre planificación y presupuesto; mientras Patricio Quevedo, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Paola Pabón, Rafael Dávila, Nívea Vélez, Silvia Kon, Ramiro Terán, Enrique Herrería y Gilmar Gutiérrez cuestionaron su trámite urgente, la posible afectación a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, el IESS y la banca pública, las facultades para modificar el presupuesto, el límite de endeudamiento, la concentración de recursos en la Cuenta Única del Tesoro y la falta de participación ciudadana. María Soledad Vela solicitó fortalecer el presupuesto participativo, la transparencia y el control social; Virgilio Hernández pidió corregir disposiciones que podían generar burocracia y restringir competencias; Gina Godoy propuso incorporar expresamente a los consejos nacionales para la igualdad; y Galo Vaca planteó incluir la equipotencia regional, mayor participación de las funciones del Estado y límites más estrictos al endeudamiento. El debate quedó suspendido sin que se votaran las mociones de archivo. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior; Raúl Abad propuso allanarse en general al veto, con excepciones relacionadas con disposiciones sobre derechos de las estudiantes, autoridades universitarias, evaluación y la creación de una universidad en Santo Domingo de los Tsáchilas. Mary Verduga defendió mantener la disposición que permitía a Santo Domingo contar con una universidad estatal; Fernando Cordero, María Paula Romo, Silvia Salgado, Guillermina Cruz y Aminta Buenaño solicitaron ratificar normas sobre democracia interna, cogobierno, autonomía universitaria, igualdad y protección de estudiantes embarazadas; Elvis Maldonado cuestionó el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Educación Superior por considerar que limitaba la autonomía universitaria; y Armando Aguilar respaldó el tratamiento de la ley. Richard Guillén apeló la conducción del debate, pero la apelación fue negada; finalmente, la votación sobre el veto no se realizó por falta de quórum, por lo que las mociones quedaron sin resolución.

ACTA_070-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Fernando Flores para incorporar la creación de una comisión multipartidista que investigue los hechos del 30 de septiembre de 2010 y garantice la presunción de inocencia. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que planteaba transformar el modelo primario exportador mediante incentivos tributarios para nuevas inversiones, reducción progresiva del impuesto a la renta, apoyo a las MIPYMES, economía popular y solidaria, innovación, producción limpia, zonas especiales de desarrollo, crédito, comercio exterior, modernización aduanera y la regulación del salario digno; Francisco Velasco defendió el informe y señaló la necesidad de complementarlo con una Ley de Economía Popular y Solidaria y una Ley de Competencia. Guillermina Cruz, Gido Vargas, Vethowen Chica, Omar Juez, Galo Vaca, Gerónimo Yantalema y Edwin Vaca solicitaron mayor atención a la agricultura, la Amazonía, las provincias pobres, las zonas fronterizas, la producción bananera, los pequeños productores y los incentivos territoriales; Betty Amores, Christian Viteri y Virgilio Hernández respaldaron el enfoque de transformación productiva, pero propusieron fortalecer la economía solidaria, el control de monopolios, la equidad fiscal, la protección ambiental y la participación de los gobiernos locales. Francisco Ulloa, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Vicente Taiano, Nívea Vélez, Andrés Páez, Marco Murillo, Mauro Andino, Kléver García, Enrique Herrería y Luis Almeida cuestionaron el trámite como ley económica urgente, la amplitud y constitucionalidad del Código, la falta de seguridad jurídica, el impuesto a la salida de divisas, el anticipo al impuesto a la renta, la fórmula del salario digno, las cargas sobre contratos laborales, la falta de apoyo efectivo al sector agrícola y la discrecionalidad en materia aduanera y sancionatoria. El debate concluyó sin votación, quedando las observaciones pendientes para la elaboración del informe de segundo debate.

ACTA_072-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó por unanimidad el Acuerdo entre Ecuador y Perú para crear la Comisión Binacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, destinada a impulsar la integración fronteriza, el manejo sostenible del agua, el control de inundaciones, el riego y el desarrollo agrícola en zonas de El Oro y Tumbes; Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Zobeida Gudiño, Linda Machuca, Fausto Cobo, Vethowen Chica, Luis Morales, Eduardo Zambrano, Luis Almeida, Carlos Zambrano, Mao Moreno, Mauro Andino, Rafael Dávila, Rosa Santos, Pedro de la Cruz y Víctor Quirola respaldaron la iniciativa, mientras Gerónimo Yantalema solicitó incorporar de forma efectiva a campesinos, montubios, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como medidas de protección de zonas de recarga hídrica, biodiversidad y soberanía alimentaria. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Servicio Público; Nívea Vélez propuso ratificar artículos relacionados con la autonomía de las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados, derechos de trabajadores, jornada especial de salud, maternidad y lactancia, evaluación, estabilidad, jubilación y debido proceso. En comisión general, Héctor Terán, Eduardo Valdez, Miguel García Falconí y Noemí Marcillo, en representación de organizaciones de servidores públicos y trabajadores, cuestionaron la renuncia obligatoria, los pagos mediante bonos, la afectación a la estabilidad, la evaluación como causal de desvinculación, la reducción de derechos laborales y la concentración de atribuciones en el Ministerio de Relaciones Laborales. Francisco Cisneros, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Tito Nilton Mendoza, Galo Lara, Galo Vaca y Dora Aguirre intervinieron en el debate con posiciones sobre la defensa de derechos laborales, la autonomía institucional, el control de la corrupción, la jubilación y la aplicación del veto. En las votaciones se ratificaron algunos textos originales, entre ellos el artículo 25 y los artículos 130, 134 y 135, además de la disposición general vigésima primera; no prosperaron varias ratificaciones vinculadas con autonomía, evaluación, estabilidad, jubilación y disposiciones transitorias, y se aprobó el allanamiento a un amplio grupo de observaciones del Ejecutivo. Finalmente, quedaron solicitadas reconsideraciones de varias mociones para una sesión posterior.

ACTA_078-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se recibió la Agenda Política y Estratégica de las Mujeres de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, presentada por Norma Mayo y Cecilia Velaque, quienes plantearon acciones contra la discriminación étnica y de género, la pobreza, la violencia, el analfabetismo y la exclusión, además de priorizar derechos sexuales y reproductivos, educación, cultura, ciencia, tecnología, tierra y territorio; María Augusta Calle suscribió el compromiso legislativo para incorporar estos ejes en el análisis de leyes y políticas públicas. Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar propuestas de condena al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos por fuerzas irregulares, planteada por Gabriel Rivera; de exhorto para declarar el estado de excepción en Tungurahua y zonas afectadas por la actividad del volcán, impulsada por Gioconda Saltos; y de reconocimiento de estabilidad laboral para docentes contratados, promovida por Jorge Escala; en cambio, no prosperó la incorporación de una resolución de Kléver García sobre incremento salarial retroactivo para el Magisterio. Se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, presentada por Silvia Salgado, que corrigió la fecha de publicación de un decreto relativo al Concejo Cantonal de Píllaro. También se trató la objeción parcial a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria: Rosana Alvarado recomendó aceptar el veto, que trasladaba la coordinación del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional a la Presidencia de la Conferencia Plurinacional e Intercultural, ampliaba plazos para presentar propuestas legislativas y redefinía a dicha Conferencia como Consejo Sectorial Ciudadano adscrito al Ministerio de Agricultura; Rodrigo Collahuazo, Cléver Jiménez, Paco Moncayo, Marco Murillo y Luis Morales cuestionaron principalmente la pérdida de autonomía y el carácter exclusivamente sectorial de la instancia. El Pleno se allanó a las reformas sobre coordinación, trámite de propuestas, disposición transitoria y plazo final, mientras negó la ratificación del texto original del artículo relativo a la naturaleza de la Conferencia. El tema central fue el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyo informe presentó César Rodríguez como una propuesta para garantizar gratuidad, universalidad, interculturalidad, participación, evaluación integral, desconcentración territorial, fortalecimiento de la carrera docente, escalafón, capacitación, derechos laborales y educación intercultural bilingüe. En comisión general intervinieron Gloria Vidal, Augusto Barrera, Mariano Morocho, Marlon Santi, Luis Contento, Miguel Egas, Mery Zamora, Manuel Chugchilán, Jaime Matute, Mónica Acurio, Milton Luna y María Eugenia Forester; se solicitaron garantías para la educación municipal, la institucionalidad y jurisdicción de la educación intercultural bilingüe, los derechos de docentes jubilados, contratados, comunitarios, supervisores y técnicos docentes, la estabilidad laboral, una jubilación equivalente a la de otros servidores públicos, participación social efectiva, evaluación no punitiva, educación sexual integral y mayor presencia de gobiernos locales en la gestión educativa. En el debate legislativo, César Rodríguez defendió el proyecto como una transformación integral del sistema; Marco Murillo, Galo Vaca, Nívea Vélez y Xavier Tomalá insistieron en proteger la educación bilingüe, la supervisión educativa, la estabilidad laboral, los incentivos para zonas amazónicas, fronterizas y de difícil acceso, y una jubilación digna; María Alejandra Vicuña propuso medidas para regularizar bienes de instituciones fiscales, reforzar la protección frente a violencia sexual y garantizar educación integral en sexualidad; Gido Vargas planteó ajustes a la escala salarial, homologación y reconocimiento de supervisores y técnicos docentes; Jorge Escala cuestionó el proyecto por considerar insuficientes las garantías salariales y laborales; Armando Aguilar defendió el bachillerato unificado, la educación municipal, militar y policial, así como la estabilidad de su personal; Paco Moncayo formuló observaciones sobre técnica legislativa, descentralización, ambiente, género y protección de docentes de instituciones particulares y fiscomisionales; y Gastón Gagliardo respaldó el nuevo modelo de gestión, la evaluación integral, los circuitos educativos y los distintos tipos de bachillerato. El debate quedó suspendido sin votación final, para continuar en una sesión posterior.

ACTA_089-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar proyectos de resolución orientados a exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice el trabajo de las veedurías ciudadanas, exhortar al Ejecutivo a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en la emergencia sanitaria y requerir la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas; en cambio, fue negada la propuesta de Galo Lara para solicitar la renuncia inmediata de los integrantes de la Corte Constitucional. En primer debate se trató la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que buscaba habilitar el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas, sin descuidar la defensa externa, en circunstancias de evidente necesidad o inminente alteración del orden público, mediante planificación previa, coordinación institucional y asesoría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Fernando Bustamante, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Eduardo Zambrano, Víctor Quirola y Marllely Vásconez defendieron la propuesta como una herramienta excepcional para apoyar a la Policía Nacional frente a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad ciudadana; mientras Fausto Cobo, Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Galo Vaca, María Augusta Calle, Nívea Vélez, Tomás Zevallos, César Montúfar, Cléver Jiménez y Jorge Escala cuestionaron su constitucionalidad, advirtieron sobre el riesgo de militarización, uso represivo de la fuerza y desnaturalización de las funciones de defensa nacional, y solicitaron construir una política integral de seguridad que priorice prevención, empleo, desarrollo, profesionalización policial, justicia y atención a las zonas fronterizas. El debate quedó cerrado para que la Comisión incorpore las observaciones, sin votación definitiva. Posteriormente, en primer debate se analizó la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana para regular la revocatoria del mandato, estableciendo requisitos de identificación y motivación de la solicitud, causales relacionadas con incumplimiento injustificado del plan de trabajo, obligaciones legales y normas de participación ciudadana; porcentajes y plazos diferenciados para recolectar firmas según el tamaño de la circunscripción; reglas para la verificación de respaldos; límites de gasto electoral y prohibición de utilizar recursos públicos en campañas. Virgilio Hernández defendió la propuesta como una forma de garantizar la participación directa sin convertir la revocatoria en un instrumento de presión política; Rocío Valarezo pidió reforzar el debido proceso y añadir actos de corrupción comprobados como causal; María Soledad Vela, Luis Morales y Guillermina Cruz plantearon precisiones sobre el lenguaje, respaldos, residencia de los electores y protección del derecho ciudadano a controlar a sus autoridades. La sesión fue suspendida sin resolución final sobre esta reforma

ACTA_092-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el cambio del orden del día para tratar una resolución sobre la inclusión del Hospital Docente Ambato en el estado de excepción sanitaria, mientras fue negada la propuesta de Alfredo Ortiz para incorporar una resolución sobre el precio del diésel dos para el sector turístico de Galápagos. Se rindió homenaje al tenista Nicolás Lapentti Gómez y se le otorgó la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al Mérito Deportivo”, en reconocimiento a su trayectoria nacional e internacional, sus logros en torneos ATP y Copa Davis, y su aporte a la promoción del tenis ecuatoriano. Luego, el Pleno aprobó por unanimidad, con ciento ocho votos afirmativos y un voto blanco, el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela; Eduardo Zambrano, Emilia Jaramillo, Luis Almeida, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca respaldaron el instrumento por facilitar la regularización migratoria, la reunificación familiar, la residencia temporal y permanente, la libre movilidad y el acceso a derechos de ecuatorianos residentes en Venezuela y venezolanos en Ecuador, mientras Andrés Páez dejó constancia de sus reparos sobre la legitimidad del dictamen de la Corte Constitucional que sirvió de base al trámite. En el tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, César Rodríguez propuso ratificar varios textos aprobados originalmente por la Asamblea y allanarse en los demás; se ratificaron los artículos 6, 12, 13 y 68, así como la disposición transitoria quinta, relacionados con obligaciones del Estado, derechos y obligaciones de madres, padres y estudiantes, autonomía del sistema nacional de evaluación y escala salarial docente. Luis Almeida, Ramiro Terán, María Paula Romo, Gerónimo Yantalema, Paco Moncayo, Galo Vaca, Juan Fernández y Jorge Escala debatieron sobre la defensa del Estado laico, la educación religiosa, la autonomía de evaluación, la educación intercultural bilingüe, la jornada laboral docente, la representación paritaria, las acciones afirmativas, las juntas distritales, el régimen disciplinario estudiantil y la situación de educadores populares y madres comunitarias; sin embargo, el allanamiento global a los artículos no ratificados no prosperó tras rectificación, y las posteriores mociones de Jorge Escala para ratificar otros artículos y disposiciones tampoco alcanzaron los votos necesarios. Finalmente, se aprobó con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos, seis blancos y dieciocho abstenciones la resolución propuesta por Juan Carlos López para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Docente Ambato en el Decreto Ejecutivo 618 de estado de excepción sanitaria, a fin de atender urgentemente sus necesidades de infraestructura, equipamiento, personal médico, administrativo, medicinas e insumos para la atención de pacientes de Tungurahua y la zona central del país

ACTA_099-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto reformatorio a la Ley de Gestión Ambiental, orientado a fortalecer las facultades de la autoridad ambiental para retener, decomisar, inutilizar o, excepcionalmente, destruir las maquinarias e instrumentos empleados en infracciones ambientales. Durante el análisis se destacó la necesidad de proteger los derechos de la naturaleza y actuar oportunamente frente a la contaminación, pero también se formularon observaciones sobre la proporcionalidad de las medidas, el respeto al debido proceso y al derecho de propiedad, la prohibición de confiscaciones, la determinación de la gravedad de la infracción, el destino de los bienes decomisados y de la flora y fauna recuperadas, así como la protección de los pequeños mineros y la aplicación de controles similares a las grandes empresas. Intervinieron Rosana Alvarado, Fernando González, Guillermina Cruz, José Portugal, Ángel Vilema, Galo Vaca, Alfredo Ortiz, Luis Morales, Gioconda Saltos, César Gracia, Betty Carrillo, Cléver Jiménez y Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, dirigido a enfrentar el abandono histórico de las zonas limítrofes mediante políticas diferenciadas, planificación, inversión pública, incentivos tributarios y productivos, fortalecimiento institucional y coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Se planteó mejorar la infraestructura vial, educativa, sanitaria, turística, comercial, de telecomunicaciones y servicios básicos; garantizar seguridad, empleo y atención a las comunidades; impulsar la integración con los países vecinos y asegurar recursos permanentes para evitar la migración y las desigualdades territoriales. Intervinieron Virgilio Hernández, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Víctor Quirola, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Línder Altafuya y Gabriel Rivera. Las observaciones formuladas en ambos debates fueron remitidas a las respectivas comisiones para su análisis y preparación de los informes para segundo debate

ACTA_100-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración al Mérito Cultural a Jesús Fichamba, en reconocimiento a su trayectoria artística, la difusión internacional de la música ecuatoriana y su aporte al fortalecimiento de la identidad plurinacional e intercultural; el homenajeado agradeció la distinción, recordó aspectos de su carrera e interpretó una de sus canciones. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, destinado a reconocer, organizar, promover y controlar las actividades de cooperativas, asociaciones, comunidades, unidades económicas familiares, artesanos, comerciantes minoristas, bancos comunales, cajas de ahorro y otros emprendimientos solidarios. Se analizaron la creación de una superintendencia, un instituto especializado, una corporación de finanzas populares y un comité interinstitucional; la autonomía y representación de las organizaciones; la diferenciación respecto del sistema financiero tradicional; las tasas de interés, el acceso al crédito, los incentivos tributarios, la contratación pública, la capacitación y el control estatal. También se plantearon observaciones sobre una posible regulación excesiva, la inclusión de mutualistas, la protección de los pequeños productores, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, la participación de pueblos y nacionalidades indígenas y la necesidad de evitar que las nuevas instituciones burocraticen al sector. En comisión general intervinieron Ángel Medina y Carlos Castellanos, quienes expusieron propuestas de las organizaciones indígenas y de los comerciantes minoristas. En el debate participaron Francisco Velasco, Edwin Vaca, Juan Cassinelli, Gerónimo Yantalema, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Soledad Vela, Consuelo Flores, Mary Verduga, Sylvia Kon, Alfredo Ortiz, Gioconda Saltos, Paola Pabón, Alfredo Bautista, Rocío Valarezo, Marisol Peñafiel, Eduardo Encalada, Ángel Vilema, Luis Almeida, Betty Carrillo, Galo Vaca, Silvia Salgado, Fernando González, Rosana Alvarado, Fausto Cobo, Fernando Cordero, Vanesa Fajardo y César Rodríguez. Finalmente, se cerró el primer debate y se dispuso remitir las observaciones escritas a la comisión encargada de preparar el informe para segundo debate.

ACTA_115-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientado a fortalecer la autonomía institucional, las atribuciones del Pleno y las capacidades de legislación, fiscalización y control político. Las intervenciones analizaron la regulación de la consulta prelegislativa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, su convocatoria, representatividad, duración, financiamiento y mecanismos de participación; también se propuso garantizar la comparecencia de funcionarios públicos, exigir respuestas respaldadas documentalmente, revisar el procedimiento de los juicios políticos y evitar que una minoría de la Comisión de Fiscalización pudiera archivarlos. Se debatieron además las facultades del Consejo de Administración Legislativa, la Presidencia, las comisiones y los ponentes, la presentación de textos alternativos, la inmunidad parlamentaria, los plazos para tramitar proyectos, el número de comisiones y asesores y el riesgo de aumentar la burocracia y el gasto público. Existieron posiciones contrapuestas sobre si la reforma fortalecería la fiscalización o permitiría recuperar prácticas políticas del antiguo Congreso, aunque hubo coincidencias en la necesidad de equilibrar las atribuciones internas y mejorar el funcionamiento de la Asamblea. Intervinieron Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Gastón Gagliardo, Tito Mendoza, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, César Gracia, Silvia Salgado, María Vela, Leonardo Viteri, Enrique Herrería, Rolando Panchana, Edwin Vaca, Rosendo Nurinkias, Mauro Andino, Marco Murillo, Armando Aguilar, Abdalá Bucaram, Eduardo Paredes, Jorge Escala, Marisol Peñafiel, Betty Amores, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Galo Vaca, Marllely Vásconez, Jimmy Pinoargote, Nívea Vélez, Vethowen Chica, Richard Guillén, Fernando Cordero, Guillermina Cruz, Fernando González, Mary Verduga, Andrés Páez, Tomás Zevallos, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Bustamante, Ramiro Terán y Vicente Taiano. Debido a la cantidad de observaciones, el proyecto no fue sometido a votación y se dispuso preparar y distribuir un nuevo texto antes de continuar su tratamiento.

ACTA_126-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó una resolución de solidaridad con cinco ciudadanos cubanos procesados y condenados en Estados Unidos, mediante la cual se solicitó al presidente Barack Obama disponer su liberación y conceder visas humanitarias a sus familiares; durante el debate se confrontaron criterios sobre las garantías del proceso, los derechos humanos, las acusaciones de espionaje, el respeto a la soberanía estadounidense y la necesidad de extender la solidaridad a ciudadanos ecuatorianos detenidos o perseguidos. Posteriormente, se aprobó definitivamente la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, destinada a prevenir, corregir y sancionar el abuso de posición dominante, los acuerdos colusorios, las concentraciones económicas y las prácticas desleales, luego de incorporar cambios para proteger el debido proceso, la privacidad, el derecho a la defensa, la proporcionalidad de las medidas preventivas y la delimitación de las facultades de los organismos reguladores; la aprobación se mantuvo después de la rectificación y de que fuera negada su reconsideración. También se aprobó exhortar al Ministerio de Educación a iniciar inmediatamente la recategorización de los docentes, de acuerdo con su experiencia y profesionalización, concluir el proceso en un plazo máximo de un año y ampliar los cursos de capacitación necesarios para acceder a este beneficio. Asimismo, ante el aumento de casos de sarampión, se resolvió solicitar la declaratoria del estado de excepción sanitaria en la provincia de Tungurahua, con atención prioritaria a Quisapincha, Pasa y Atahualpa, así como el fortalecimiento de la infraestructura, el personal, los medicamentos y los insumos de salud. Finalmente, se expresó solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones en Napo y se exhortó al Gobierno Nacional a atender oportunamente a los damnificados, reparar los daños y coordinar las acciones de asistencia y reconstrucción. Intervinieron Línder Altafuya, Paco Moncayo, María Alejandra Vicuña, Luis Almeida, Fernando Flores, Silvia Salgado, Francisco Velasco, Gioconda Saltos, Kléver García, Ramiro Terán, Hólger Chávez, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Galo Vaca, Jorge Escala, Mao Moreno, Betty Carrillo, Leonardo Viteri, César Gracia, Juan Carlos López, Marco Murillo, Luis Morales, Franklin Purcachi, Víctor Quirola y Guillermina Cruz.

ACTA_127-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa del servicio público, orientado a corregir la prohibición general que impedía a servidores públicos y a sus familiares contratar con cualquier institución estatal; durante la discusión se buscó equilibrar la libertad de trabajo y contratación con la prevención del nepotismo, el tráfico de influencias y la corrupción, planteándose limitar las prohibiciones según la institución donde labora el funcionario, el grado de parentesco, la jerarquía del cargo, la participación efectiva en empresas y la existencia de conflictos de intereses, además de formular observaciones sobre la autonomía administrativa de la Asamblea, las renuncias obligatorias y los regímenes aplicables a docentes universitarios y profesionales. Posteriormente, se analizó el convenio entre Ecuador y China para el otorgamiento de una línea de crédito preferencial, debatiéndose sus condiciones financieras, la política de endeudamiento, la soberanía nacional, la transparencia de los acuerdos petroleros, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con China; sin embargo, ante las dudas sobre la correspondencia entre el instrumento sometido al Pleno y el dictamen de la Corte Constitucional, se suspendió su tratamiento y se dispuso que regresara a la comisión para aclarar su denominación y sustento jurídico antes de una futura votación. Finalmente, se designó a Karen Pamela Tapia Tapia y Manuel Eduardo Taipe Calle como delegados para integrar la comisión ciudadana encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, y a Myriam Elisa Brito Estrada y Fausto Javier Holguín Ochoa para la selección de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral; ambas designaciones fueron aprobadas y sus reconsideraciones resultaron negadas. Intervinieron Raúl Abad, Alfredo Ortiz, Fernando Bustamante, Galo Vaca, María Soledad Vela, Luis Almeida, Gastón Gagliardo, Enrique Herrería, Luis Morales, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Andrés Roche, Jorge Escala, Pedro de la Cruz, Paco Fierro, Rolando Panchana, Kléver García, Fernando Cordero, Tito Nilton Mendoza, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, José Portugal, Juan Fernández, Paco Moncayo, Francisco Ulloa, Cléver Jiménez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Fernando Aguirre, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Betty Amores, Galo Lara, Armando Aguilar, César Rodríguez, María Augusta Calle y Dora Aguirre.

ACTA_136-D-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, en el que hubo acuerdo general sobre la necesidad de contar con una normativa, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre si el texto garantizaba la libertad de expresión o podía convertirse en un instrumento de censura y control político. La discusión abordó la responsabilidad ulterior y la conveniencia de que esta se tramite administrativa, civil o judicialmente; la composición, independencia, competencias y límites del Consejo de Regulación; la necesidad de tipificar claramente las infracciones para evitar decisiones discrecionales; los derechos de rectificación y réplica; la diferenciación entre información y opinión; la veracidad, contextualización y pluralidad de los contenidos; y la protección de la honra, la intimidad y la presunción de inocencia. También se analizaron la reversión de frecuencias otorgadas irregularmente, su distribución equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios, el aprovechamiento de la digitalización, el destino de los medios incautados, la transparencia de la publicidad oficial, la producción nacional y audiovisual, el acceso a nuevas tecnologías, los derechos comunicacionales de migrantes, pueblos y nacionalidades, y la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos. Asimismo, se planteó fortalecer los derechos laborales, la estabilidad, seguridad, capacitación y profesionalización de periodistas y trabajadores de la comunicación, considerando excepciones para zonas rurales y amazónicas donde no existen centros de formación; incorporar la comunicación en salud, educación y desarrollo; votar el proyecto artículo por artículo; construir un texto consensuado o, en oposición, archivarlo y reiniciar su elaboración. En comisión general, Marco Pérez y Hólger Guerrero expusieron las demandas de colectivos de periodistas, denunciaron la precariedad y censura empresarial que afectaba a los comunicadores y respaldaron la democratización de los medios y el reconocimiento efectivo de sus derechos laborales. El debate concluyó sin votación y la sesión fue suspendida para continuar posteriormente con el análisis y la incorporación de observaciones. Intervinieron Dora Aguirre, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, César Montúfar, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, Richard Guillén, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Fernando Cordero, Susana González, Vethowen Chica, Galo Vaca, Carlos Samaniego, Blanca Ortiz, Mao Moreno, Raúl Abad, Edwin Vaca, Mary Verduga, Jimmy Pinoargote, Betty Carrillo, César Rodríguez, Tomás Zevallos, Cynthia Viteri, Fernando González, Mauro Andino, Marco Pérez y Hólger Guerrero.

ACTA_143-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron las propuestas para condenar la decisión judicial que favoreció a Alberto Dahik y expresar solidaridad con dirigentes sociales procesados, así como para rechazar la visita al Ecuador del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a Denisse Delgado, Fernando Unda, Rodney Chiluiza y Danny Mero, en reconocimiento a su talento artístico, espíritu de superación y aporte a la inclusión de las personas con discapacidad. Se desarrolló el primer debate de la reforma orientada a garantizar el principio de interculturalidad en los procesos de designación de autoridades públicas, proponiéndose que las ternas incluyeran representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con paridad de género y reconocimiento de los idiomas castellano, kichwa y shuar; durante la discusión se destacó la necesidad de aplicar acciones afirmativas reales, evitar que la inclusión quedara como una simple formalidad, adaptar los concursos a las diferentes realidades culturales, fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar que las personas seleccionadas cumplieran los perfiles profesionales sin sufrir discriminación. También se analizó el proyecto para promover las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo archivo fue recomendado por considerar que gran parte de sus disposiciones ya estaban contempladas en la normativa de producción; sin embargo, la moción de archivo no fue aceptada y el proyecto regresó a la comisión, mientras Leonardo Viteri cuestionó la demora en tramitar su iniciativa y denunció un trato desigual hacia los proyectos presentados por legisladores de oposición. En cambio, se aprobó el archivo de la reforma relacionada con el sector cafetalero, al estimarse que su propuesta de incorporar representantes privados en organismos públicos contradecía normas constitucionales y duplicaba entidades y competencias ya existentes. Finalmente, se examinó la objeción parcial a las reformas electorales, debatiéndose la reducción de los plazos de la justicia electoral, los métodos para distribuir escaños, la proporcionalidad y representación de las minorías, las restricciones a la publicidad gubernamental y privada durante las campañas, el uso de recursos públicos, el silencio electoral, la libertad de expresión y el acceso de candidatos a los medios de comunicación, las sanciones por infracciones electorales, la regulación del acoso político contra las mujeres y la contratación temporal de personal por parte de los organismos electorales. El Pleno aceptó las observaciones relacionadas con la celeridad de los procesos, la adjudicación de escaños, el período de prohibición de propaganda, determinadas sanciones y la contratación de personal electoral; no obstante, no alcanzó los votos necesarios para ratificar los textos previamente aprobados sobre propaganda durante las campañas y acoso político. Intervinieron Jorge Escala, Leonardo Viteri, Cynthia Viteri, Enrique Herrería, María Cristina Kronfle, Danny Mero, Rodney Chiluiza, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Lourdes Tibán, María Augusta Calle, Juan Carlos López, María Pilar Almeida, Rolando Panchana, Luis Morales, Omar Juez, Mauro Andino, Paco Moncayo, Luis Almeida, Línder Altafuya, María Paula Romo, Francisco Velasco, Betty Amores, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Xavier Tomalá, Galo Vaca, Nívea Vélez, Marco Murillo, César Rodríguez, Fernando González, Fernando Aguirre, César Gracia y Susana González.

ACTA_147-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para analizar la declaratoria de emergencia sanitaria en Manabí por el aumento de casos de dengue y para solicitar medidas excepcionales frente a los daños ocasionados por el invierno en Carchi y en el eje vial Palanda-Chinchipe, asuntos que finalmente quedaron pendientes; en cambio, se negaron las propuestas para debatir la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible incorporación a la iniciativa de conservación Yasuní-ITT, así como para rechazar editoriales publicados por periódicos estadounidenses que fueron considerados atentatorios contra la soberanía nacional. En comisión general, representantes de los municipios, gobiernos provinciales y parroquias rurales expusieron sus criterios sobre la futura regulación de los límites territoriales, destacando la necesidad de respetar la tradición histórica, el sentido de pertenencia, la autonomía de los gobiernos locales y la decisión de las poblaciones involucradas. Posteriormente, se aprobó el reconocimiento de las festividades del Carnaval de Guamote como patrimonio cultural intangible, resaltándose su origen ancestral, la convivencia intercultural entre los pueblos indígenas y mestizos, sus personajes, música, gastronomía, rituales y prácticas comunitarias; además, se solicitó a las instituciones competentes proceder con su declaración y registro, incorporarlo al calendario nacional y destinar recursos para su promoción, preservación y salvaguarda. El tema central fue el primer debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para fijar límites y solucionar los conflictos territoriales existentes entre parroquias, cantones y provincias, originados por la falta de delimitaciones jurídicas, la contradicción entre normas, los cambios geográficos, las decisiones políticas y las diferencias sobre la pertenencia e identidad de las comunidades. La propuesta planteó que, en lugar de definir directamente cada límite, se establecieran mecanismos amistosos como la negociación y la mediación territorial, y mecanismos institucionales como el arbitraje, la consulta popular y la resolución de las autoridades competentes; también contempló sustituir al organismo anterior por una nueva entidad nacional encargada de los límites internos. Durante la discusión se insistió en garantizar la participación ciudadana, definir quiénes podrían votar en las consultas y acreditar su residencia, respetar los acuerdos y delimitaciones legalmente consolidados, proteger la integridad de las comunidades indígenas y evitar que fueran divididas entre distintas jurisdicciones, establecer plazos obligatorios para resolver los conflictos y reconocer factores históricos, culturales, sociales, ambientales, geográficos, étnicos e hidrográficos. Asimismo, se cuestionó la actuación del organismo técnico que anteriormente manejaba los límites, la validez de mapas elaborados sin una ley definitiva, la posibilidad de que el Ejecutivo resolviera determinadas controversias, la centralización y politización de las decisiones y la falta de representación directa de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales en la nueva entidad; se propuso incorporar al Instituto Geográfico Militar como apoyo técnico y otorgar un papel más activo a la Asamblea y a los gobiernos autónomos descentralizados. También se aprobó reconsiderar una resolución adoptada previamente sobre Ernesto “Che” Guevara, después de señalarse errores históricos y de redacción que afectaban la imagen institucional. El debate sobre los límites territoriales quedó interrumpido y la sesión concluyó por falta de quórum, por lo que las observaciones debían ser remitidas a la comisión y varios asuntos incorporados al orden del día no llegaron a resolverse. Intervinieron Scheznarda Fernández, María Paula Romo, Marco Murillo, Stalin Subía, Edwin Vaca, Zobeida Gudiño, Paúl Granda, Jorge Olmedo, Néstor Chapa, Juan de Dios Roldán Arellano, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Kléver García, Mauro Andino, Luis Morales, Pedro de la Cruz, Carlos Velasco, Paco Fierro, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Francisco Velasco, Línder Altafuya, Lenín Chica, Mary Verduga, Betty Amores, Tomás Zevallos, Enrique Herrería, César Gracia, Galo Vaca, Hugo Quevedo, María Molina, Betty Carrillo, Rosana Alvarado y Francisco Ulloa.

ACTA_151-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó una propuesta para reconocer la trayectoria histórica y el aporte del coronel Luis Vargas Torres a la Revolución Liberal; posteriormente, se rindió homenaje y se otorgó una condecoración a Luis Alfonso Chango Pacha, fundador y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, destacando su historia de superación, su lucha contra la discriminación, el impulso al cooperativismo indígena, la inclusión financiera, la educación, el emprendimiento, la identidad cultural y el deporte. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, centrado en la regulación del transporte comunitario e intercultural en las zonas rurales y de difícil acceso, el uso de camionetas, camiones, mototaxis y otros medios alternativos, las condiciones técnicas y de seguridad para el traslado de personas y productos, la legalización de los servicios diferenciados, la capacitación y entrega de licencias de conducir, el funcionamiento y control de las escuelas de conducción, las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito y de los gobiernos autónomos descentralizados, la revisión de rutas y frecuencias, la prevención de accidentes, el SOAT, el sistema de puntos de las licencias, el uso de taxímetros en la Amazonía y la necesidad de evitar privilegios, monopolios, actos de corrupción y discrecionalidad en la administración del transporte. Intervinieron Línder Altafuya, Pedro de la Cruz, Luis Alfonso Chango Pacha, Fernando Vélez, Mauro Andino, Galo Vaca, María Molina, Virgilio Hernández, Consuelo Flores, Guido Vargas, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Nívea Vélez, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, María Soledad Vela, Tomás Zevallos, Carlos Velasco, Luis Almeida, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Mao Moreno, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_156-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la propuesta de incorporar al orden del día el análisis de la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado mayoritariamente dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible inclusión en la iniciativa Yasuní-ITT; posteriormente, se aprobó el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Argentina en materia de actividades espaciales, orientado al desarrollo tecnológico, la investigación científica, la teleobservación terrestre, el seguimiento de satélites, el intercambio de información, la capacitación técnica y la aplicación de tecnología espacial en la prevención de desastres, agricultura, salud, comunicaciones, cartografía, seguridad y protección ambiental. También se aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador y Uruguay, destinado al intercambio de conocimientos y experiencias militares, la formación y capacitación, el desarrollo científico y tecnológico, los ejercicios conjuntos, el control marítimo y la participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, debatiéndose sus alcances respecto de la soberanía, la responsabilidad civil, los gastos, la integración regional y la protección de los derechos humanos. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, con la comparecencia del defensor del Pueblo, abordándose los casos investigados por la Comisión de la Verdad, las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas; el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; la responsabilidad estatal, la imprescriptibilidad de estos delitos, la apertura de archivos, la investigación y sanción de los responsables, la protección de víctimas y testigos, las reparaciones materiales e inmateriales, la atención médica y psicológica, la restitución de derechos, la recuperación de restos, las disculpas públicas y la preservación de la memoria histórica, así como la necesidad de evitar que la ley sea utilizada con fines de persecución política o excluya a víctimas de otros periodos. Intervinieron María Paula Romo, Wladimir Vargas, Luis Morales, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Linda Machuca, Rolando Panchana, Eduardo Encalada, Ramiro Rivadeneira Silva, Mauro Andino, Luis Almeida, Silvia Salgado, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Línder Altafuya, Andrés Páez, Gabriel Rivera, Betty Carrillo, Galo Vaca, José Portugal, Juan Fernández, María Augusta Calle, Guido Vargas, Jorge Escala, Gina Godoy, Denny Cevallos, Raúl Abad y Julio César Ruiz.

ACTA_163-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se posesionó a Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo como primera autoridad de la Defensoría Pública, luego de haber sido designado mediante concurso público de méritos y oposición. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó el proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, orientado a proteger a las familias y evitar que, ante la imposibilidad de pagar un préstamo, las instituciones financieras pudieran perseguir otros bienes del deudor, de su cónyuge, herederos, fiadores o garantes, una vez entregado, embargado o rematado el inmueble o vehículo que garantizaba la obligación. Se analizaron la extinción de la deuda con la entrega del bien, la prohibición de garantías y pagarés adicionales, el cese del cálculo de intereses desde el embargo, el traslado de créditos hacia instituciones que ofrecieran mejores condiciones, el levantamiento del patrimonio familiar para financiar la construcción de la vivienda y la prohibición de ejecutar en Ecuador sentencias extranjeras derivadas de créditos hipotecarios que contravinieran el ordenamiento nacional, especialmente para proteger a migrantes afectados por la crisis inmobiliaria en España. También se debatieron los límites económicos y el carácter no retroactivo de la normativa, la valoración y depreciación de viviendas y automotores, la inclusión o exclusión de motocicletas y tricimotos, la protección de los depositantes, los posibles efectos sobre las tasas, los plazos y el acceso futuro al crédito, la situación de la industria automotriz, la contaminación, la balanza de pagos, el riesgo de incentivar el incumplimiento de obligaciones y la constitucionalidad de la propuesta; finalmente, se incorporaron varias reformas y disposiciones derogatorias, el proyecto fue aprobado y la solicitud para reconsiderar esa decisión fue negada. Intervinieron Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Andrés Roche, Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Luis Morales, Virgilio Hernández, Eduardo Encalada, Galo Vaca, Enrique Herrería, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Fernando González, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Rosana Alvarado, Marco Murillo, Cristian Viteri, Fernando Flores, Dora Aguirre, María Paula Romo y Silvia Salgado.

ACTA_174-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, específicamente sobre sus normas rectoras y el régimen de infracciones, analizando la necesidad de modernizar y unificar la legislación penal, mantener el equilibrio entre la seguridad ciudadana y las garantías constitucionales, establecer penas proporcionales, evitar la criminalización de la protesta social y mejorar el tratamiento de delitos como corrupción, cohecho, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, mala práctica profesional, terrorismo, delitos cometidos por adolescentes, falta de afiliación y retención de aportes a la seguridad social, femicidio, violencia intrafamiliar, aborto en casos de violación, tenencia y consumo de drogas y reparación a las víctimas. En comisión general, Nidia Solís, Sandra Peñaherrera y Dalila Cárdenas solicitaron conservar las medidas inmediatas de protección previstas para las mujeres víctimas de violencia y corregir los vacíos que podrían dejarlas en indefensión; Tatiana Ortiz defendió la tipificación autónoma del femicidio, mientras Virginia Gómez de la Torre apoyó la despenalización del aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación. Posteriormente, Sonia Crespo y Javier Aguirre se pronunciaron en defensa de la vida desde la concepción y en contra de ampliar los casos de aborto no punible; Verónica Vera expuso las consecuencias de los abortos clandestinos y defendió que las mujeres no fueran criminalizadas, mientras Gabriel Buitrón abordó la política de drogas, el tratamiento de la marihuana y la necesidad de establecer cantidades mínimas para diferenciar el consumo del tráfico. En el debate legislativo intervinieron Vicente Taiano, Mauro Andino, María Paula Romo, Cristian Viteri, Silvia Salgado, Línder Altafuya, Linda Machuca, Galo Vaca, Paola Pabón, Betty Amores, Abdalá Bucaram, Mariángel Muñoz, Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Rodríguez, Jorge Escala, María Augusta Calle, Paco Fierro, Juan Carlos Cassinelli, Alfredo Ortiz, Marisol Peñafiel, César Montúfar, María del Pilar Almeida y Luis Morales, quienes presentaron observaciones sobre la proporcionalidad y acumulación de las penas, la independencia de la justicia, los derechos de las víctimas, la eficacia del sistema penal y los riesgos de utilizar sus disposiciones para perseguir a opositores, dirigentes sociales o manifestantes. Finalmente, la sesión fue suspendida y se dispuso que el debate continuara al día siguiente.

ACTA_176-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, calificado como urgente en materia económica, que buscaba garantizar las prestaciones de seguridad social frente a la mora patronal, fortalecer los procedimientos coactivos para cobrar obligaciones incluso cuando se hubieran utilizado empresas o terceros para ocultar bienes, disponer que el Servicio de Rentas Internas informara sobre mayores utilidades para asegurar la participación correspondiente a los trabajadores, equiparar la jornada y los días de descanso de quienes prestan servicios domésticos, ampliar los derechos de lactancia y guardería y, de manera excepcional, permitir que el Estado pagara las indemnizaciones pendientes a los extrabajadores de casinos y salas de juego, subrogándose posteriormente en sus derechos para recuperar esos recursos de los antiguos empleadores. Aunque existió consenso sobre la necesidad de proteger a las madres trabajadoras, las empleadas domésticas, los afiliados al IESS y las familias afectadas por el cierre de los casinos, se cuestionaron la constitucionalidad y el carácter económico urgente del proyecto, la inclusión de varias materias en una sola ley, la posible utilización de fondos públicos para cubrir obligaciones privadas, la responsabilidad de las autoridades que no cobraron oportunamente las deudas, la afectación al debido proceso, la propiedad de terceros, los herederos, la seguridad jurídica, el régimen societario y la economía popular y solidaria; por ello, se propuso establecer procedimientos judiciales previos, aplicar el derecho de repetición contra los funcionarios responsables, excluir disposiciones consideradas excesivas y mejorar el texto antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Richard Guillén, Xavier Tomalá, Vicente Taiano, Ramiro Terán, Salomón Fadúl, Andrés Páez, Andrés Roche, César Rodríguez, Diana Atamaint, María Paula Romo, Enrique Herrería, Galo Vaca, Lourdes Tibán, Christian Viteri, Nívea Vélez, Eduardo Encalada, Luis Morales, Pedro de la Cruz, María Molina, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Fernando González, Francisco Cisneros, Jorge Escala y Marco Murillo; finalmente, el primer debate fue cerrado y la sesión fue clausurada.

ACTA_182-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conoció la comunicación remitida por el Gobierno del Reino Unido a la Cancillería ecuatoriana, en la que se rechazaba conceder un salvoconducto a Julián Assange y se advertía que la legislación británica permitía adoptar acciones para arrestarlo dentro de la Embajada del Ecuador en Londres, lo que fue analizado como una posible vulneración de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, la soberanía nacional, la Convención de Viena y los principios de solución pacífica de las controversias internacionales. Durante el debate existió un amplio rechazo a cualquier ingreso forzado en la sede diplomática y respaldo al derecho del Ecuador a conceder asilo; sin embargo, también se cuestionaron los fundamentos jurídicos utilizados para otorgarlo, el respeto a la soberanía y al sistema judicial de otros países, las acusaciones que motivaban el pedido de extradición y la coherencia del Gobierno ecuatoriano al defender internacionalmente la libertad de expresión mientras, según varias intervenciones, mantenía procesos y restricciones contra periodistas, dirigentes sociales y opositores dentro del país. La resolución aprobada condenó y rechazó las amenazas de uso de la fuerza contra la Embajada, reconoció el respaldo diplomático de organismos regionales, recomendó solicitar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reafirmó la superioridad de la Convención de Viena frente a la legislación interna británica, pidió encontrar soluciones diplomáticas, solicitó apoyo a instancias parlamentarias internacionales, respaldó las acciones del Estado para defender su soberanía y convocó a la unidad nacional; fue aprobada con setenta y tres votos afirmativos y su reconsideración, solicitada por Gabriel Rivera, fue negada. Intervinieron Martha Bazurto, Scheznarda Fernández, Ramiro Terán, Andrés Páez, Lourdes Tibán, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema, Galo Vaca, César Montúfar, Betty Amores, Gioconda Saltos, César Rodríguez, Fernando Flores, Tomás Zevallos, Silvia Salgado, Fernando Aguirre, Francisco Ulloa y Gabriel Rivera.

ACTA_184-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conformó una comisión multipartidista para analizar el informe presentado por el Ejecutivo, luego de debatirse la falta de revisión de los informes de años anteriores, la necesidad de garantizar la representación de las distintas fuerzas políticas y la conveniencia de evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; la comisión quedó integrada por Xavier Tomalá, Blanca Ortiz, Mary Verduga, Hólger Chávez, Stalin Subía, Francisco Ulloa, Francisco Cisneros, Fernando Flores, Marco Murillo, Magali Orellana y Galo Vaca, y su conformación fue aprobada con ochenta votos afirmativos. Posteriormente se desarrolló el segundo debate del proyecto destinado a derogar la Ley de Burós de Información Crediticia y reformar varias normas relacionadas con los registros públicos y el sistema financiero; la propuesta buscaba sustituir el manejo privado de la información por un registro público que consolidara los datos remitidos por las entidades de control, garantizar al ciudadano acceso gratuito a su historial, exigir su autorización para la consulta individual, establecer mecanismos para corregir información equivocada y sancionar el uso inadecuado de datos personales, además de limitar el tiempo de permanencia de los antecedentes crediticios, proteger a los garantes y atender las obligaciones menores de los deudores de la banca cerrada. Durante el debate se respaldó la eliminación de abusos, cobros indebidos, discriminación y vulneraciones a la intimidad causadas por los burós privados, pero también se advirtió que la desaparición inmediata de estas entidades podía producir información incompleta, elevar la morosidad y afectar la concesión de créditos, por lo que se propuso que el sistema público y el privado funcionaran paralelamente durante un período de transición; además, se plantearon beneficios para agricultores con préstamos pequeños y mejoras en el flujo y actualización de los datos. La votación de este proyecto quedó aplazada a solicitud del ponente para recoger las observaciones y mejorar el texto. También se efectuó el segundo debate del proyecto que derogaba la ley de creación de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, mediante el cual se trasladaban sus competencias a AGROCALIDAD, se disponía su incorporación inmediata en la estructura administrativa de esa entidad y se establecía un período de ciento ochenta días para liquidar al personal, obligaciones y compromisos pendientes; se reconocieron los avances alcanzados por la CONEFA en la cobertura de vacunación, pero se sostuvo que la sanidad animal y la soberanía alimentaria debían estar bajo la rectoría de una institución pública, evitando interrupciones en la vacunación, movilización y atención a los productores ganaderos. El proyecto fue aprobado con setenta y cinco votos afirmativos y su reconsideración y posterior rectificación fueron negadas. Intervinieron Ángel Vilema, Eduardo Encalada, Fernando Flores, Vicente Taiano, Luis Morales, Edwin Vaca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, María Elena Pontón, Stalin Subía, Fernando Vélez, Gerónimo Yantalema, Zobeida Gudiño, Luis Almeida, Irina Cabezas, Kléver García y Rolando Panchana.

ACTA_187-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes de modificación del orden del día: Luis Morales propuso otorgar protección y un reconocimiento a Orlando Ibarra Sarmiento, quien escapó después de permanecer secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, mientras Dora Aguirre planteó retomar la resolución contra la medida del Gobierno español que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud; ambas propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse sus votaciones. Posteriormente se debatió una resolución para instar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales a expedir las normas y realizar los procedimientos necesarios para legalizar o titular los predios municipales ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana que estuvieran ocupados por personas y familias sin escrituras. En comisión general, una representante del barrio San José del Batán, Pilar Fernández y José Guamán expusieron la situación de los barrios de Riobamba, donde numerosas familias poseían terrenos heredados u ocupados durante varios años, pero carecían de títulos de propiedad, lo que les impedía acceder a programas de vivienda, créditos, servicios básicos, obras municipales y transmitir legalmente los inmuebles a sus hijos. Durante el debate legislativo se reconoció que la falta de titularización afectaba a miles de familias en distintos cantones; sin embargo, se discutió si la Asamblea podía intervenir en una competencia exclusiva de los municipios, si una resolución no vinculante realmente solucionaría el problema y si lo adecuado era reformar el régimen territorial vigente. También se analizaron la legalización de asentamientos antiguos, predios costeros y terrenos proindivisos, la diferencia entre ocupaciones legítimas, invasiones, herencias y posesiones que debían resolverse judicialmente, la necesidad de establecer precios justos y procedimientos de expropiación, y el riesgo de que el documento fuera utilizado por traficantes de tierras para legalizar ocupaciones especulativas o asentamientos ubicados en zonas de riesgo, áreas comunales, riberas, playas y espacios de protección. En medio de la discusión, César Rodríguez apeló la Presidencia por considerar vulnerado su derecho a intervenir después de un enfrentamiento verbal, pero la apelación fue negada con catorce votos afirmativos, cincuenta y tres negativos y diecisiete abstenciones. Intervinieron Luis Morales, Dora Aguirre, una representante del barrio San José del Batán, Pilar Fernández, José Guamán, Alfredo Ortiz, Andrés Roche, Armando Aguilar, Marco Murillo, César Rodríguez, Gerónimo Yantalema, Virgilio Hernández, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Dalton Burgos, Jimmy Pinoargote, Mauro Andino, Paola Pabón y Rolando Panchana; finalmente, ante la necesidad de precisar el contenido y evitar una posible intromisión en las competencias municipales, se suspendió el tratamiento para que la Comisión de Gobiernos Autónomos analizara la propuesta y presentara un criterio antes de la reinstalación, por lo que la resolución no fue sometida a votación y la sesión quedó suspendida.

ACTA_187-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el proyecto de resolución relacionado con la titulación o legalización de predios municipales no inscritos, ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana, y se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social. Al inicio, Rolando Panchana solicitó que la resolución sobre los predios fuera enviada a la Comisión de Gobiernos Autónomos para recopilar información y presentar un criterio al Pleno, mientras Paco Moncayo expuso las medidas aplicadas durante su gestión municipal en Quito para agilizar la regularización de asentamientos, combatir el tráfico de tierras y dotar de servicios básicos a los barrios, señalando que se legalizaron doscientos trece barrios y quedaron ciento cincuenta en proceso. Posteriormente, Mauro Andino presentó el proyecto de Ley de la Función de Transparencia y Control Social, orientado a regular la estructura, funcionamiento e instancia de coordinación del Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las superintendencias, desarrollar sus atribuciones y obligaciones, facilitar el intercambio de información y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la protección de derechos y la prevención y combate de la corrupción. Durante el debate se respaldó la necesidad de contar con una instancia que coordinara, diera seguimiento y verificara el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los organismos de control, aunque se propuso precisar que la nueva estructura correspondía únicamente a la instancia de coordinación, asignarle un equipo y presupuesto mínimos y evitar que interfiriera en las competencias de cada institución; en contraste, se sostuvo que el proyecto repetía disposiciones constitucionales, duplicaba atribuciones ya ejercidas por otros organismos, podía aumentar innecesariamente la burocracia y el gasto público, generar conflictos entre normas y concentrar el control en instituciones vinculadas al Ejecutivo, además de cuestionarse la legitimidad de la Función, la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, los procedimientos de designación de autoridades, el uso de contratos ocasionales sin concursos y las limitaciones existentes para la fiscalización y la participación ciudadana. Andrés Roche aprovechó su intervención para presentar formalmente su renuncia como asambleísta, debido a que pasaría a colaborar con el Municipio de Guayaquil en la transferencia de la competencia de tránsito. La moción de Luis Morales para archivar el proyecto fue negada con treinta y tres votos afirmativos, cuarenta negativos y catorce abstenciones, y su rectificación también fue rechazada con treinta y cinco votos afirmativos, treinta y ocho negativos y trece abstenciones, por lo que el proyecto continuó su trámite legislativo. Finalmente, la moción de Rolando Panchana para remitir el asunto de los predios a la Comisión de Gobiernos Autónomos no alcanzó la mayoría requerida, pese a obtener cincuenta y seis votos afirmativos; después se votó la resolución presentada por Marco Murillo para instar a los municipios a dictar normas que permitieran legalizar predios urbanos, de expansión urbana, costeros y de riberas ocupados por personas y familias, pero fue negada con diecisiete votos afirmativos, cinco negativos, un blanco y sesenta y nueve abstenciones, tras lo cual la sesión fue suspendida. Intervinieron Rolando Panchana, Paco Moncayo, Mauro Andino, Andrés Roche, María Paula Romo, César Montúfar, Andrés Páez, Nívea Vélez, Luis Almeida, César Rodríguez, Luis Morales, Galo Vaca, Gina Godoy y Francisco Velasco.

ACTA_196-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó una comisión general para rendir homenaje al educador y escritor Gustavo Alfredo Jácome Jácome por el centenario de su nacimiento y por su trayectoria dedicada a la enseñanza, la literatura, la defensa de la identidad indígena y la difusión de la cultura ecuatoriana; debido a sus condiciones de salud, la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural y Educativo fue recibida por sus familiares, y uno de sus hijos agradeció el reconocimiento concedido a la vida y obra de su padre. Posteriormente continuó el debate sobre el laudo arbitral del CIADI favorable a la empresa Occidental, que obligaba al Ecuador a pagar aproximadamente mil setecientos sesenta y nueve millones de dólares, cifra que, con intereses, superaba los dos mil doscientos millones; existió coincidencia en rechazar el fallo, respaldar el pedido de nulidad y defender la soberanía y los recursos públicos, al sostenerse que la empresa había incumplido el contrato y la legislación ecuatoriana al transferir derechos sin autorización y que el tribunal había subestimado dichas infracciones. Durante las intervenciones también se discutieron las responsabilidades de gobiernos, legisladores, procuradores, ministros y abogados que aprobaron los tratados, aceptaron el arbitraje o participaron en la defensa del Estado; algunos legisladores condicionaron su respaldo a que se investigaran las actuaciones de los funcionarios y se aplicara el derecho de repetición, mientras otros consideraron que aquello podía debilitar la posición del país y defendieron una acción política y jurídica unificada frente a la empresa y los organismos internacionales. La resolución aprobada declaró política de Estado la defensa del Ecuador y el reclamo de nulidad, convocó a las funciones estatales y a la ciudadanía a permanecer unidas y movilizadas, rechazó el laudo, dispuso que la Asamblea realizara seguimiento al proceso, urgió el pronunciamiento necesario para denunciar el Tratado Bilateral de Inversiones, promovió la condena internacional —especialmente entre los países latinoamericanos y caribeños— y pidió a los actores públicos, privados y medios de comunicación actuar de manera consecuente con la dignidad y la soberanía nacional. El texto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos, dieciséis blancos y seis abstenciones; la reconsideración solicitada por Pedro de la Cruz y Luis Almeida fue negada, y su rectificación, pedida por Jaime Abril, también fue rechazada, con lo cual la resolución quedó ratificada. Finalmente se desarrolló el primer debate de los proyectos para garantizar la seguridad en los eventos deportivos y prevenir y controlar la violencia en los escenarios deportivos, iniciativas que buscaban erradicar las conductas violentas, promover una cultura de paz, regular la actuación de organizadores, clubes, autoridades, deportistas, árbitros y aficionados, y prohibir o restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. La Comisión recomendó archivar ambas propuestas porque consideró que la violencia no se limitaba a los estadios ni al consumo de alcohol, que ya existían leyes, reglamentos, ordenanzas y competencias municipales aplicables, que las infracciones debían concentrarse en la legislación penal y que la creación de una nueva entidad nacional duplicaría funciones y aumentaría el gasto público; en su lugar, propuso reformar la Ley del Deporte, fortalecer las competencias de los gobiernos locales, categorizar los escenarios según su tamaño y nivel de riesgo, establecer protocolos y certificados de seguridad, regular los eventos masivos y debatir la prohibición de bebidas alcohólicas y de su publicidad. En oposición al archivo se sostuvo que la Comisión debía corregir, enriquecer y unificar los proyectos, en lugar de desecharlos; se pidió considerar no solo el fútbol profesional, sino también el deporte aficionado, barrial y otras disciplinas, así como la conducta de dirigentes, árbitros, jugadores, medios de comunicación y barras organizadas. Otros legisladores apoyaron el archivo, pero coincidieron en la necesidad de prohibir el alcohol y su publicidad, reforzar el control municipal, organizar y autorregular las hinchadas, mejorar la seguridad de los recintos, diferenciar los estadios grandes de los escenarios pequeños e incorporar las reformas necesarias en las leyes ya existentes. La moción de archivo obtuvo inicialmente cincuenta y ocho votos afirmativos y, en la rectificación, sesenta votos afirmativos, pero en ambos casos no alcanzó la mayoría requerida, por lo que no fue aprobada y la sesión fue clausurada. Intervinieron Armando Aguilar, Galo Vaca, Betty Carrillo, Marco Murillo, María Soledad Vela, César Rodríguez, Zobeida Gudiño, Blanca Ortiz, Rafael Dávila, Xavier Tomalá, Virgilio Hernández, Cléver Jiménez, Rocío Valarezo, Ramiro Terán, Susana González, Luis Morales, Kléver García, Wladimir Vargas, Fernando Bustamante y Fernando Flores; Pedro de la Cruz, Luis Almeida y Jaime Abril participaron mediante solicitudes relacionadas con la reconsideración y rectificación de la votación.

ACTA_203-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Rafael Dávila propuso financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano reduciendo gastos estatales en publicidad, espectáculos y viáticos, pero el cambio del orden del día fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, cuarenta y uno negativos y trece abstenciones. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que eliminó beneficios tributarios de la banca, modificó el anticipo del impuesto a la renta, gravó los servicios financieros, aumentó el impuesto sobre fondos e inversiones en el exterior, facilitó al SRI el acceso reservado a información financiera y prohibió trasladar las nuevas cargas tributarias a los usuarios. Sus defensores señalaron que permitiría financiar políticas sociales mediante una mayor contribución del sector financiero, mientras sus críticos cuestionaron su finalidad electoral, constitucionalidad, efectos sobre el crédito y la liquidez, posible traslado de costos a los consumidores y falta de una asignación exclusiva de los recursos al bono. La ley fue aprobada y ratificada con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos y diez abstenciones; posteriormente se negó su reconsideración y la rectificación de esta última votación. Intervinieron Rafael Dávila, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Enrique Herrería, Eduardo Encalada, Luis Almeida, Vicente Taiano, Juan Carlos Cassinelli, Cléver Jiménez, Christian Viteri, César Rodríguez, Silvia Salgado, María Paula Romo, Paco Fierro, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Susana González, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Edwin Vaca, Fernando González, Mauro Andino, Galo Vaca, Juan Carlos López, Nívea Vélez, Luis Morales, César Montúfar, Guillermina Cruz, Gerónimo Yantalema y Francisco Cisneros.

ACTA_212-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la solicitud de César Rodríguez para incorporar al orden del día una resolución que exigiera tramitar los pedidos de información pendientes para fortalecer la fiscalización legislativa; tras la rectificación, obtuvo cuarenta y cuatro votos afirmativos, diecinueve negativos y veinticinco abstenciones. Posteriormente se debatió y aprobó, con noventa y siete votos afirmativos, dos negativos y una abstención, la licencia solicitada por Rafael Correa para dedicarse a la campaña electoral del 15 de enero al 14 de febrero de 2013, período durante el cual Lenín Moreno asumiría temporalmente la Presidencia; aunque existió respaldo general por su carácter constitucional, varios legisladores cuestionaron el uso de medios, publicidad y recursos estatales durante la campaña. También se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, destinada a incorporar a las juntas parroquiales rurales y futuros gobiernos regionales como accionistas y miembros del Directorio, con voz y voto, y a orientar el financiamiento hacia servicios básicos; se propuso ampliar la prioridad a las zonas con mayor pobreza, fronterizas y amazónicas, evitar restricciones para financiar vialidad y proyectos productivos e incluir todos los niveles de gobierno. Finalmente se inició el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que buscaba distribuir equitativamente la carga procesal de la Corte Nacional, reorganizar sus salas especializadas, restablecer períodos de vacancia judicial, conservar los tribunales distritales contencioso-administrativos y tributarios, y garantizar que los presidentes salientes de las cortes provinciales regresaran a sus salas de especialización. La sesión fue suspendida para evitar la pérdida del quórum, sin votarse la reforma monetaria ni concluirse el primer debate judicial. Intervinieron César Rodríguez, Marco Murillo, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, Luis Morales, Rolando Panchana, Guillermina Cruz, Xavier Tomalá, Jorge Escala, Fernando Aguirre, Virgilio Hernández, Tomás Zevallos, María Augusta Calle, Gabriel Rivera, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Fausto Cobo, Marisol Peñafiel, Edwin Vaca, Gerónimo Yantalema, Galo Vaca y Mauro Andino.

ACTA_217-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el segundo debate de la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, centrado en fortalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes y corregir problemas relacionados con las pensiones alimenticias, el régimen de visitas, la filiación y la responsabilidad familiar. Se propuso que las visitas fueran determinadas según las condiciones particulares de cada familia, mediante evaluaciones sociales y psicológicas, escuchando la opinión de los menores y estableciendo visitas supervisadas cuando existieran antecedentes de violencia; además, se pidió mejorar la coordinación para cobrar alimentos a progenitores residentes en el exterior. El debate también abordó la protección de los abuelos y otros obligados subsidiarios, existiendo posiciones divididas entre quienes solicitaron eliminar su apremio personal —especialmente para mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas o escasos recursos— y quienes advirtieron que una eliminación general podía debilitar la protección alimentaria, por lo que propusieron estudios socioeconómicos individuales. Asimismo, se discutió la posibilidad de mantener las pensiones para estudiantes hasta los veinticuatro años, la aplicación de las tablas según la realidad económica familiar, la devolución de valores pagados por personas cuya paternidad fuera descartada mediante ADN, la realización de pruebas prenatales, las inhabilidades impuestas a los deudores y la necesidad de armonizar las reformas con el Código Civil y las competencias de los jueces de Familia. Concluidas las intervenciones, no se realizó votación y el proyecto regresó a la Comisión para que se reelaborara un texto consensuado. Posteriormente se aprobó, con setenta y cinco votos afirmativos y ocho abstenciones, una resolución para que la Unidad de Técnica Legislativa elaborara la codificación de la Ley de Hidrocarburos y la remitiera a la Comisión de Régimen Económico y Tributario; la sesión fue suspendida debido a que la reforma sobre niñez y adolescencia permanecía pendiente. Intervinieron Soledad Vela, Fernando Vélez, Gabriel Rivera, Galo Vaca, Fernando Bustamante, Luis Almeida, Dora Aguirre, Paco Moncayo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Rosana Alvarado, Paola Pabón, Enriqueta Pulla, Damasio Santos, Francisco Velasco, Blanca Ortiz, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich y Armando Aguilar.