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ACTA_005-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó el cambio del orden del día para incorporar el debate y resolución sobre la instalación de siete bases estadounidenses en Colombia, propuesta impulsada por Fernando Bustamante y Francisco Ulloa, con el respaldo de varios asambleístas. Posteriormente, se trató la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto de aspectos relacionados con las atribuciones del organismo, los procesos de investigación y control, la selección e impugnación de postulantes, la integración de las comisiones ciudadanas y las designaciones de autoridades; intervinieron Luis Morales, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Gina Godoy, Cléver Jiménez, César Montúfar, Eduardo Encalada, Richard Guillén, María Soledad Vela, Andrés Páez y Guillermina Cruz. Tras el debate, se aprobó el allanamiento a la objeción parcial. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, orientada a adecuar la integración y funcionamiento de los consejos provinciales a la Constitución, regular las funciones de prefectos y viceprefectos, fortalecer la gobernabilidad, la paridad de género, la interculturalidad y la autonomía provincial; intervinieron Virgilio Hernández, Gilmar Gutiérrez, Diana Atamaint, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Yolanda Martínez, Ángel Vilema, Zobeida Gudiño, Kléver García, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, César Gracia, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Edwin Vaca, Fernando Vélez y José Picoita. La reconsideración planteada por Kléver García fue negada, incluso después de la rectificación solicitada por Eduardo Encalada. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó la instalación y uso de siete bases militares colombianas por fuerzas estadounidenses, al considerarse que podía afectar la soberanía, la seguridad regional, la paz y la estabilidad de América del Sur; en este debate participaron Francisco Ulloa, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Cynthia Viteri, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Galo Lara, María Augusta Calle, Mao Moreno, Cléver Jiménez, Fausto Cobo, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, César Montúfar, Dora Aguirre, Marco Murillo y Fernando Bustamante.

ACTA_011-AN-2009-2011_PLENO.pdfEn la sesión se negó la solicitud de Richard Guillén para incorporar el análisis del incumplimiento del plazo constitucional para aprobar varias leyes prioritarias, mientras que la propuesta de Silvia Salgado para profundizar la investigación de los hechos ocurridos en Morona Santiago no avanzó al señalarse que ya existía una instancia encargada de ese análisis. Posteriormente, se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientada a completar la integración plural del Consejo de Administración Legislativa cuando no existieran suficientes bancadas, regular la elección de autoridades de las comisiones, permitir la presentación y tratamiento de informes de minoría, precisar la convocatoria de suplentes de representantes del exterior, fortalecer los mecanismos de comunicación y rendición de cuentas mediante el uso de franjas gratuitas en medios de comunicación, y ampliar el equipo de trabajo de las y los asambleístas. El principal debate se centró en la constitucionalidad de la integración del Consejo de Administración Legislativa y en el fortalecimiento de la fiscalización; María Paula Romo, Mauro Andino, Rosana Alvarado y María Augusta Calle defendieron que la reforma desarrollaba mecanismos necesarios para asegurar pluralidad y funcionamiento institucional, mientras César Montúfar, Gilmar Gutiérrez, María Cristina Kronfle, Enrique Herrería, Luis Almeida, Línder Altafuya y Cléver Jiménez cuestionaron que la propuesta pudiera contravenir la Constitución y limitar el control político. Silvia Salgado, Abdalá Bucaram, Alfredo Ortiz y Eduardo Encalada impulsaron que se habilite expresamente la investigación de actuaciones de funcionarios públicos y de hechos de interés ciudadano que generen conmoción social o crisis política; esta propuesta fue incorporada, mientras que se eliminó la modificación inicialmente prevista al procedimiento de entrega de información por parte de funcionarios públicos. También intervinieron Mercedes Diminich, Galo Lara, Francisco Velasco, Lourdes Tibán, Gioconda Saltos y Gabriel Rivera, quienes formularon observaciones sobre transparencia, representatividad, fiscalización, rendición de cuentas, inclusión y responsabilidad en el debate público. Finalmente, la reforma fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, quince negativos, cuatro votos en blanco y quince abstenciones.

ACTA_012-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó modificar el orden del día para incorporar el tratamiento de la investigación de los hechos ocurridos en Macas el 30 de septiembre de 2009, a propuesta de Rolando Panchana, mientras que no prosperaron las solicitudes de Fernando Aguirre para exhortar al Parlamento colombiano a contribuir al restablecimiento de las relaciones bilaterales ni de Fernando Vélez para declarar como día de descanso obligatorio la conmemoración de la provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, se aprobaron por unanimidad la Convención sobre Municiones en Racimo y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; en el primer tema intervinieron Gabriel Rivera, Scheznarda Fernández, Francisco Cisneros, Abdalá Bucaram, Humberto Alvarado y Mary Verduga, destacándose la vocación de paz del Ecuador, la prohibición de estas armas y la protección de la población civil, mientras que en el segundo intervinieron Linda Machuca, Eduardo Zambrano, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, María Augusta Calle, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Luis Morales, Jorge Escala, Zobeida Gudiño y Marisol Peñafiel, quienes debatieron sobre la prevención de la tortura, la protección de las personas privadas de libertad, la creación de mecanismos de visitas y control, y la necesidad de adecuar la legislación nacional. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma tributaria, presentada por Juan Carlos Cassinelli, que proponía cambios al impuesto a la renta, IVA, impuestos a consumos especiales e impuesto a la salida de divisas, con el propósito de reducir la evasión, mejorar la equidad y fortalecer la recaudación; María Cristina Kronfle, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Patricio Quevedo, Luis Noboa, Rafael Dávila, Andrés Páez, Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Luis Almeida y otros legisladores cuestionaron el incremento de impuestos durante una crisis económica, sus posibles efectos sobre la producción, el empleo, las pequeñas empresas, los consumidores y la seguridad jurídica, mientras Rosana Alvarado, Carlos Velasco, Vanessa Fajardo, Juan Carlos López, Lenín Chica, Susana González, Jorge Escala, Edwin Vaca, José Picoita y Grace Almeida formularon observaciones sobre la redistribución, la evasión fiscal, la inversión social y la necesidad de mejorar el texto. El debate quedó sin resolución, debido a la falta de quórum al final de la jornada, y se dispuso que las intervenciones pendientes fueran presentadas por escrito.

ACTA_015-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se debatió y aprobó una resolución que rechazó el Acuerdo Complementario de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad suscrito entre Colombia y Estados Unidos, al considerarse que la utilización de instalaciones militares estadounidenses en territorio colombiano podía afectar la soberanía, la paz, la estabilidad regional y el restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y Colombia; la resolución también exhortó a los organismos internacionales a examinar el acuerdo, solicitó transparencia sobre su contenido y rechazó la presencia de tropas o bases militares extranjeras en la región. En este punto intervinieron Francisco Ulloa, Edwin Vaca, Gabriel Rivera, Gido Vargas, Eduardo Zambrano, Abdalá Bucaram y César Montúfar, quienes abordaron, entre otros aspectos, la situación de inseguridad, desplazamiento y afectaciones económicas en la zona fronteriza. Asimismo, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, cuyo informe fue presentado por Raúl Abad y contemplaba disposiciones sobre autonomía responsable, cogobierno, gratuidad, igualdad de oportunidades, calidad, acreditación, financiamiento, pertinencia, régimen académico, derechos estudiantiles, creación y control de instituciones, así como la organización de los organismos del sistema de educación superior. Durante una comisión general intervinieron Gustavo Vega, Carlos Cedeño, Santiago Guarderas, David Almeida, Marcelo Rivera, Yolanda Albán, Ernesto Álvarez y Édgar Samaniego, quienes formularon observaciones sobre la autonomía universitaria, la participación de estudiantes, docentes y trabajadores, la representación de los institutos técnicos y tecnológicos, el financiamiento, los derechos laborales y la necesidad de evitar una injerencia excesiva del Ejecutivo. En el posterior debate participaron Raúl Abad, María Paula Romo, Gioconda Saltos, Paco Moncayo, Mao Moreno, Galo Vaca, César Rodríguez, Jorge Escala y Linda Machuca, quienes expusieron posiciones sobre la necesidad de transformar y evaluar el sistema universitario, garantizar la calidad, respetar la autonomía, fortalecer el cogobierno, asegurar la gratuidad y ampliar el acceso de las personas migrantes a la educación superior; finalmente, el debate del proyecto de ley quedó suspendido para continuar en una próxima sesión.

ACTA_017-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate del proyecto de reforma penal para tipificar y juzgar los delitos cometidos en el servicio militar y policial, orientado a integrar la justicia militar y policial en la jurisdicción ordinaria, delimitar los delitos de función, diferenciar las conductas disciplinarias de las penales, establecer reglas de juzgamiento especializado y adecuar la normativa a los principios de igualdad, debido proceso y derechos humanos. María Paula Romo presentó el informe y defendió la unificación normativa; Paco Moncayo, Luis Almeida y Carlos Poveda plantearon observaciones sobre las particularidades de la actividad militar y policial, la obediencia debida, el tratamiento de conflictos armados, las minas, la proporcionalidad de las sanciones y el juzgamiento de violaciones de derechos humanos; mientras Tito Nilton Mendoza, Mauro Andino, Abdalá Bucaram, César Gracia, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Rodríguez, Carlos Samaniego y Mary Verduga respaldaron la eliminación de privilegios y el fortalecimiento de la unidad jurisdiccional. También intervinieron Yorinson Tenorio y Fernando Bustamante, quienes solicitaron incorporar medidas contra la discriminación, el racismo, el abuso de autoridad y las prácticas de espionaje ilegal; Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli formularon observaciones sobre el alcance del fuero, la participación de civiles en delitos de función y la precisión de las normas procesales. Posteriormente, se inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Abdalá Bucaram y Celso Maldonado, que planteaba fortalecer la rectoría estatal, organizar el sistema deportivo, promover la actividad física, la recreación, la educación física y el deporte de alto rendimiento, garantizar apoyo integral a las y los deportistas, regular la distribución de recursos públicos y exigir rendición de cuentas a las organizaciones deportivas. Durante el debate, Fernando Romo, Gabriel Rivera, Línder Altafuya, María Soledad Vela, Saruka Rodríguez, Xavier Tomalá, Eduardo Encalada, Zobeida Gudiño, María Cristina Kronfle, Luis Morales y Ramiro Terán formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de las ligas barriales, parroquiales, estudiantiles y universitarias, la distribución equitativa de recursos, el control de las federaciones, la inclusión de personas con discapacidad, el fortalecimiento de la educación física y la necesidad de diferenciar el deporte formativo, competitivo y recreativo; Marco Murillo intervino sobre el desarrollo del trámite. Finalmente, al quedar varias intervenciones pendientes, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto de ley en una próxima reunión.

ACTA_021-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para incorporar propuestas relacionadas con la seguridad en la frontera norte, en la que Leandro Cadena solicitó exhortar al Ejecutivo a adoptar medidas excepcionales frente a la delincuencia; la conmemoración del Día Internacional del Migrante, promovida por Eduardo Zambrano; y el rechazo a las agresiones contra autoridades de la Universidad Central, planteado por María Alejandra Vicuña; Dora Aguirre y Nivea Vélez intervinieron en las rectificaciones de las votaciones. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación General, presentado por César Rodríguez, que planteaba reconocer la educación como derecho humano, fortalecer la gratuidad, inclusión, interculturalidad, participación de la comunidad educativa, evaluación integral, educación intercultural bilingüe, carrera docente, remuneraciones, infraestructura y financiamiento. El principal desacuerdo se concentró en la posible sustitución de la Ley de Carrera Docente y Escalafón, la homologación salarial, los derechos adquiridos del Magisterio, los bonos de frontera y de zonas de difícil acceso, la jubilación, la estabilidad laboral, la capacitación y la situación de educadores populares, comunitarios y madres comunitarias. Intervinieron Gido Vargas, Xavier Tomalá, Mery Zamora, Armando Aguilar, Nivea Vélez, Salomón Fadul, Mary Verduga, Luis Noboa, Francisco Cisneros, Ramiro Terán, Raúl Abad, Galo Vaca, Edwin Vaca, Mao Moreno, Rocío Valarezo, Gerónimo Yantalema, Lídice Larrea, Paco Moncayo, Vicente Iza, Rafael Dávila, Guillermina Cruz, Gastón Gagliardo, Juan Fernández, Ángel Vilema, Gioconda Saltos, César Montúfar, Pedro de la Cruz, Cléver Jiménez, Henry Cuji, Mercedes Diminich, Kléver García, José Picoita, Pamela Falconí, Tito Nilton Mendoza, María Augusta Calle, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Hólger Chávez, Gabriel Rivera y Rigoberto Barreto, quienes también formularon observaciones sobre la descentralización, el acceso tecnológico, la atención a personas con discapacidad, la educación técnica y artesanal, la participación de los gobiernos locales, los derechos de pueblos y nacionalidades, la administración de la educación intercultural bilingüe, el rol de padres de familia y la regulación de establecimientos particulares. Finalmente, se cerró el primer debate y se dispuso que las observaciones se remitan por escrito para la elaboración del informe correspondiente, quedando pendientes para una próxima convocatoria los demás temas incorporados al orden del día.

ACTA_025-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la incorporación al orden del día de la propuesta presentada por Tomás Zevallos para tratar la revocatoria del encargo del Superintendente de Telecomunicaciones y la situación de Radio La Voz de Arútam, mientras que se aprobó incluir el proyecto de resolución sobre la iniciativa Yasuní-ITT planteado por Jorge Escala. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, orientado a regular la participación individual y colectiva en la gestión pública, la democracia directa, la iniciativa popular normativa, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las organizaciones sociales, el voluntariado, la participación en los distintos niveles de gobierno, la planificación y los presupuestos participativos, la silla vacía, las veedurías, el control social, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. El principal debate se centró en la inclusión efectiva de comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; el carácter vinculante de la consulta previa; la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados; la representación en los consejos de planificación; la participación de las personas ecuatorianas en el exterior; y la posibilidad de que la silla vacía intervenga con voz y voto, aspecto respaldado por Luis Morales, Pedro de la Cruz, Paola Pabón, Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli, pero cuestionado por Leandro Cadena, Juan Carlos López, Fernando Bustamante y otros legisladores por considerar que podía afectar la representatividad o generar conflictos en los gobiernos locales. María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Eduardo Zambrano, Virgilio Hernández y Hólger Chávez insistieron en fortalecer el enfoque intercultural, plurinacional y colectivo de la norma, así como en garantizar mecanismos propios de representación para pueblos y nacionalidades; mientras Paco Moncayo, César Montúfar, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Rodolfo Baquerizo, Mercedes Diminich, Ramiro Terán, José Picoita, Armando Aguilar, Lenín Chica, María Augusta Calle, Gioconda Saltos, Dora Aguirre y otros asambleístas formularon observaciones sobre la aplicación práctica de los mecanismos de participación, los porcentajes requeridos para consultas y revocatorias, la rendición de cuentas, el control constitucional y la necesidad de evitar la politización o cooptación de la participación ciudadana. Al finalizar este punto, Fernando Cordero cerró el debate y dispuso que no se votara el proyecto en esa sesión, a fin de que la Comisión procese las observaciones presentadas. Asimismo, se aprobó la resolución propuesta por Scheznarda Fernández para exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Manabí, incrementar los efectivos policiales y movilizar recursos y personal de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad, los robos, el sicariato y la presunta presencia de actividades vinculadas con grupos irregulares; en este tema intervinieron, entre otros, Saruka Rodríguez, Leandro Cadena, Gabriel Rivera, Leonardo Viteri, Gido Vargas, Sylvia Kon, Lenín Chica, María Soledad Vela, Richard Guillén, Fernando Bustamante y Andrés Roche. Finalmente, se aprobó una resolución de respaldo a la iniciativa Yasuní-ITT, mediante la cual se ratificó la defensa de mantener bajo tierra las reservas del campo ITT y se exhortó al Gobierno Nacional a continuar una negociación soberana que permita proteger la naturaleza y la biodiversidad; participaron Jorge Escala, Tomás Zevallos, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Rosana Alvarado, Francisco Cisneros, Ramiro Terán y María Paula Romo.

ACTA_030-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para tratar una resolución de solidaridad con Chile tras el terremoto y una resolución sobre los descuentos de transporte para residentes de Galápagos; en cambio, se negaron las propuestas de Gilmar Gutiérrez para suspender y auditar el proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de Víctor Quirola para debatir una resolución frente a la inclusión del Ecuador en una lista internacional relacionada con prevención de lavado de activos. Posteriormente, se realizó el primer debate de la propuesta orientada a regularizar la situación migratoria de las ciudadanas y ciudadanos haitianos en el Ecuador, exonerarlos de multas y facilitar la reunificación familiar a raíz del terremoto ocurrido en Haití. Gabriel Rivera, Linda Machuca, Francisco Ulloa, Eduardo Zambrano y Fernando Bustamante defendieron el carácter humanitario de la medida, la ciudadanía universal, la protección de derechos y la necesidad de eliminar sanciones que afectaban principalmente a personas en condición de vulnerabilidad; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo, Luis Almeida, Leandro Cadena, Vicente Taiano, Gastón Gagliardo, Cléver Jiménez, Fernando Aguirre, Silvia Kon, Luis Morales, Henry Cuji, Grace Almeida, Gioconda Saltos y Armando Aguilar cuestionaron la denominación de amnistía, la calificación de urgencia económica, la derogatoria general de la norma migratoria y sus posibles efectos sobre personas de otras nacionalidades, proponiendo que la ayuda se limite a una exoneración específica para ciudadanos haitianos. Patricio Rodríguez planteó ajustes de redacción, la sustitución de expresiones por acción afirmativa y la necesidad de elaborar una normativa integral sobre movilidad humana. El debate quedó abierto para que la Comisión incorpore las observaciones y prepare el informe para segundo debate. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución propuesta por Fernando Bustamante, mediante la cual se expresó solidaridad, condolencia y apoyo humanitario al pueblo de Chile. Finalmente, se aprobó la resolución promovida por Alfredo Ortiz para exigir el cumplimiento del beneficio de descuento en el transporte aéreo y marítimo para residentes permanentes y temporales de Galápagos, cuestionando las restricciones establecidas mediante decreto; en este punto intervinieron Ángel Vilema, Geovany Veintimilla y María Augusta Calle.

ACTA_031-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, centrado en la definición de competencias, autonomía, planificación, participación ciudadana y distribución equitativa de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Edwin Vaca propuso una atención preferencial para las provincias fronterizas por la presencia de población refugiada y planteó impulsar una norma específica de desarrollo fronterizo; Paola Pabón, César Rodríguez, José Picoita, Mary Verduga, Gina Godoy y Armando Aguilar defendieron el Código como una herramienta para superar el centralismo, fortalecer las juntas parroquiales, ordenar competencias y establecer una distribución más justa de recursos. Gilmar Gutiérrez, Francisco Cisneros, Andrés Páez, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Francisco Ulloa y Nivea Vélez expresaron reparos sobre posibles limitaciones a la autonomía, la fórmula de redistribución, la creación de tributos, la delegación de servicios públicos y las disposiciones sobre expropiación de inmuebles para vivienda de interés social. Ángel Vilema solicitó reconocer los costos de insularidad de Galápagos; Xavier Tomalá y Jimmy Pinoargote plantearon mayores recursos y competencias para Santa Elena, particularmente por la explotación petrolera y el turismo; Rafael Dávila y Nivea Vélez defendieron la permanencia de recursos destinados a Loja; Magali Orellana, Guillermina Cruz, Francisco Cisneros y otros representantes amazónicos solicitaron garantizar los fondos de compensación para esa región; mientras Paco Fierro, Mauro Andino, María Molina y Jaime Abril debatieron la distribución de beneficios vinculados con la generación hidroeléctrica y las provincias afectadas. Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Lourdes Tibán formularon observaciones sobre las circunscripciones territoriales indígenas, el reconocimiento de comunas, pueblos y nacionalidades, la consulta conforme a sus procedimientos propios y el respeto a la libre determinación. Pedro de la Cruz y Jaime Abril solicitaron proteger la gestión pública y comunitaria del agua y del riego; Silvia Salgado planteó evitar que la educación y la salud sean tratadas como servicios sujetos a delegación; Línder Altafuya cuestionó que la regionalización pudiera imponerse sin consulta popular; y Richard Guillén, Marllely Vásconez, Fausto Cobo, Galo Vaca, Cynthia Viteri, Luis Morales y Gabriel Rivera también presentaron observaciones sobre financiamiento, competencias, participación y autonomía local. Finalmente, al permanecer pendientes varias intervenciones y temas adicionales incorporados al orden del día, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto en una próxima convocatoria.

ACTA_032-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Víctor Quirola para incorporar una resolución de rechazo a la inclusión del Ecuador en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional, relacionada con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de ley orientado a derogar una norma de la Ley de Migración que imponía multas a personas extranjeras en situación irregular y a establecer medidas de exoneración económico-tributaria para ciudadanas y ciudadanos haitianos que hubieran ingresado al Ecuador hasta el 31 de enero de 2010, en atención a la emergencia humanitaria causada por el terremoto en Haití. Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Mauro Andino y Vicente Taiano defendieron la derogatoria por considerar que la disposición contravenía principios constitucionales de igualdad, movilidad humana, ciudadanía universal, debido proceso y prohibición de doble sanción, además de dificultar la regularización migratoria y generar situaciones de vulnerabilidad; también resaltaron la necesidad de exonerar multas, reembolsar pagos realizados y garantizar la reunificación familiar de las personas haitianas. Por su parte, Wladimir Vargas, Edwin Vaca, Fausto Cobo, Sonia Mejía, Hugo Quevedo, Tomás Zevallos y Fernando Aguirre cuestionaron que el trámite se calificara como urgente en materia económica y advirtieron que la derogatoria podía beneficiar a personas extranjeras de todas las nacionalidades, afectar los controles migratorios, incrementar la presión sobre el empleo y dejar sin sanción determinadas infracciones, por lo que propusieron limitar los beneficios exclusivamente a ciudadanos haitianos y, en algunos casos, también a ciudadanos chilenos afectados por el terremoto. María Augusta Calle cuestionó los argumentos que relacionaban la migración con inseguridad y desempleo, alertó sobre casos de xenofobia y explotación contra personas en situación irregular, y propuso votar separadamente cada disposición, moción que fue aprobada. Finalmente, se aprobó la derogatoria de la disposición migratoria, así como las medidas para exonerar multas y otros pagos pendientes de ciudadanos haitianos, reembolsar los valores ya cancelados por visas y sanciones, y reconocer su derecho a la reunificación familiar con cónyuges, parejas, hijos menores de edad y determinados parientes huérfanos; la reconsideración planteada por Gabriel Rivera fue negada.

ACTA_033-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Fernando Aguirre para suspender la posesión de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e investigar las denuncias sobre su proceso de designación; posteriormente, fueron posesionados como consejeros principales Patricia Ordeñana, David Rosero, Juana Miranda, Luis Pachala, Mónica Vanegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera, y como suplentes William Arias, Evans Herrera, Óscar Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera, Linda Vidal y Franklin Moreno. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la reforma penal y procesal penal, respecto de la cual María Paula Romo propuso acogerse a las correcciones relacionadas con penas, contravenciones, procedimientos de archivo y garantías para los denunciantes, pero mantener el texto aprobado sobre la restitución de determinados delitos como de acción pública y la protección de los procesos previamente archivados; la propuesta fue aprobada. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, luego de que Betty Amores defendiera las precisiones sobre rectoría, interconexión, financiamiento y plazos de implementación; Paco Moncayo cuestionó errores de forma y redacción en los proyectos legislativos, mientras Alfredo Ortiz planteó mantener ciertos plazos y garantizar que la información de entidades como la Superintendencia de Compañías se integre al sistema. De igual manera, se aprobó la reforma penal para regular los delitos cometidos en el servicio militar y policial, impulsada por María Paula Romo, orientada a consolidar la unidad jurisdiccional, eliminar los fueros especiales, establecer delitos de función, incorporar garantías del debido proceso y normas de Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, se aprobó la resolución para declarar el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y exhortar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía a desarrollar acciones permanentes contra el racismo; Fernando Bustamante destacó la necesidad de combatir toda forma de exclusión, Rodolfo Baquerizo solicitó la votación inmediata, María Cristina Kronfle propuso reforzar el carácter progresivo de las medidas, Viviana Bonilla planteó ajustes de redacción institucional, Pedro de la Cruz resaltó la persistencia de prácticas discriminatorias, Gabriel Rivera defendió la interculturalidad y Fausto Cobo expresó su respaldo a la resolución, que incorporó las observaciones presentadas.

ACTA_043-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Gilmar Gutiérrez para incorporar una resolución de amonestación a Fernando Cordero por actuaciones relacionadas con la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas; además, se guardó un minuto de silencio en homenaje a Jéssica Núquez, esposa del asambleísta Carlos Zambrano. Posteriormente, se aprobó el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, presentado por Fernando Bustamante como una herramienta de integración regional, financiamiento del desarrollo, recuperación del ahorro suramericano y toma de decisiones bajo el principio de un país, un voto; Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Francisco Ulloa, Vethowen Chica, Linda Machuca, Marco Murillo, María Augusta Calle, Eduardo Zambrano y Silvia Salgado respaldaron la iniciativa, mientras Paco Fierro, Rafael Dávila y Marco Murillo plantearon observaciones sobre el capital, las condiciones de financiamiento, la transparencia, el alcance de las inmunidades y la necesidad de reglas claras para evitar nuevas dependencias. Asimismo, se aprobó el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE, concebido como una unidad electrónica de cuenta entre bancos centrales para facilitar el comercio regional, reducir costos de transacción y minimizar el uso de divisas; Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Rocío Valarezo, Linda Machuca, Luis Almeida, Nívea Vélez, Juan Carlos López y María Augusta Calle defendieron sus beneficios para exportadores, pequeñas y medianas empresas y la integración económica, mientras Wladimir Vargas, Salomón Fadúl, Fernando Aguirre y Rafael Dávila expresaron inquietudes sobre su vinculación con el ALBA, sus efectos sobre la dolarización, la solidez económica de los países participantes y sus riesgos financieros. También se aprobó la resolución impulsada por Rolando Panchana y enriquecida con aportes de Fausto Cobo, Andrés Roche y Silvia Salgado, mediante la cual se reafirmó el compromiso estatal y legislativo con la protección integral, el interés superior y los derechos de niñas y niños. Finalmente, se debatió la propuesta de Gioconda Saltos para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Tungurahua y Chimborazo ante la actividad eruptiva del volcán Tungurahua y las afectaciones a la producción agrícola, ganadera y avícola; intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez, Kléver García, Juan Carlos López, Marco Murillo y Luis Almeida, pero la sesión fue suspendida antes de que la resolución fuera sometida a votación.

ACTA_046-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión, reinstalada bajo la presidencia de Fernando Cordero Cueva con la actuación en Secretaría del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató quórum con 81 asambleístas y se continuó el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), iniciando con la intervención de Guillermina Cruz, quien defendió la autonomía universitaria y reclamó la creación de nuevas universidades en provincias sin oferta superior (Napo, Galápagos, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas), seguida por las intervenciones de Vethowen Chica, Vicente Taiano, María Soledad Vela, Jeanine Cruz, Gabriel Rivera, Alfredo Ortiz, Viviana Bonilla, Fernando Aguirre y Carlos Samaniego, quienes abordaron temas recurrentes como la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, la gratuidad y el financiamiento de la educación superior, el examen de habilitación, la composición y atribuciones del futuro Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, y la crítica a las llamadas "universidades garaje"; posteriormente el Presidente instaló al Pleno en Comisión General para recibir, con diez minutos cada uno, al rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Edgar Samaniego (quien presentó por escrito catorce observaciones de esa universidad al proyecto), al rector de la Escuela Politécnica Nacional, Ing. Alfonso Espinoza, en representación de las universidades politécnicas, y al presidente del CONEA, Ing. Sergio Flores (quien propuso una nueva conformación de siete miembros para dicho organismo y formuló observaciones a varias disposiciones transitorias y derogatorias), tras lo cual se clausuró la Comisión General y se suspendió brevemente la sesión; esta fue reinstalada por la Primera Vicepresidenta, Irina Cabezas Rodríguez, continuando el debate con las intervenciones de Edwin Vaca, Paco Fierro, Armando Aguilar, Xavier López, Virgilio Hernández, Juan Carlos López, Ramiro Terán y Marco Murillo, entre otros, quienes profundizaron en los mismos ejes de autonomía, gobierno y calidad universitaria, así como en aspectos de jubilación complementaria y clasificación de universidades para estudios de posgrado, hasta que, habiendo intervenido 43 de los asambleístas inscritos y quedando 32 pendientes, la Presidenta suspendió el debate hasta nueva convocatoria.

ACTA_053-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se trató primero la lectura de la convocatoria y orden del día, con intervenciones de los asambleístas Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca y Fernando Bustamante, guardándose además un minuto de silencio por los ecuatorianos fallecidos en México y por el padre político de la asambleísta Betty Carrillo; a continuación se conoció el informe de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre la ratificación del Estatuto a la Agencia Internacional para las Energías Renovables (IRENA), con intervenciones de Fernando Bustamante, Luis Almeida, Gabriel Rivera, Ramiro Terán, Grace Almeida, Linda Machuca, Juan Carlos López y Marisol Peñafiel, aprobándose el proyecto de resolución respectivo; luego se trató el informe de la misma Comisión sobre la ratificación del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, con intervenciones de Gabriel Rivera y Francisco Ulloa, aprobándose igualmente la resolución; después se debatió la designación de la Comisión Especializada para analizar el informe presentado por el Presidente de la República el 10 de agosto de 2010, interviniendo Juan Carlos Cassinelli, Jorge Escala, Grace Almeida, Luis Almeida, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram, Scheznarda Fernández, Línder Altafuya, Mauro Andino, Ramiro Terán, César Rodríguez, Guillermina Cruz y Fausto Cobo; posteriormente se conoció el proyecto de resolución que demanda y condena la violación de los derechos humanos de los 72 migrantes asesinados en México, con intervenciones de Linda Machuca, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Fernando Flores, Eduardo Zambrano, Cinthya Viteri y María Augusta Calle; enseguida se trató el proyecto de resolución de solidaridad y respaldo del pueblo ecuatoriano a los 33 mineros atrapados en una mina de Copiapó, Chile, con intervenciones de Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Grace Almeida, aprobándose el texto de la resolución; y finalmente se retomó y votó el proyecto de resolución sobre los 72 migrantes asesinados en México, procediéndose a su lectura y votación antes de la clausura de la sesión.

ACTA_055-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el informe sobre la denuncia del Convenio de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo principal punto de debate fue la incompatibilidad de sus cláusulas de arbitraje internacional con la Constitución, particularmente por permitir que controversias entre el Estado e inversionistas privados se sometan a instancias externas a la jurisdicción ecuatoriana. Fernando Bustamante, Betty Amores, Soledad Buendía, Gabriel Rivera, Eduardo Zambrano, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca respaldaron la denuncia, al considerar que el convenio vulneraba la soberanía nacional, respondía a un modelo de protección privilegiada para inversionistas extranjeros, no había generado un impacto significativo en la inversión y debía sustituirse por un marco jurídico nacional que otorgue seguridad equitativa a inversionistas nacionales y extranjeros. En contraste, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Paco Moncayo, Luis Almeida, Enrique Herrería, Rafael Dávila y Luis Morales cuestionaron la denuncia total por los posibles efectos negativos sobre la seguridad jurídica, la inversión extranjera, el empleo, las relaciones comerciales y la imagen internacional del país, por lo que plantearon renegociar las disposiciones incompatibles con la Constitución, especialmente las relacionadas con el arbitraje. Wladimir Vargas presentó formalmente una moción para recomendar la renegociación del convenio, apoyada por varios legisladores; sin embargo, no se realizó la votación ni se adoptó una resolución final, quedando el tratamiento pendiente.

ACTA_060-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la incorporación de una resolución propuesta por Magali Orellana para respaldar la declaratoria del cantón Loreto, en Orellana, como espacio ecológico y proteger sus fuentes de agua, bosques y biodiversidad frente a actividades extractivas. También se discutieron los efectos de la pérdida de quórum de la jornada anterior, especialmente respecto del tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior y la continuación del debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas; Enrique Herrería, Armando Aguilar, Luis Almeida, Vicente Taiano y Abdalá Bucaram expusieron posiciones distintas sobre la posibilidad de retomar dichos temas. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que proponía eliminar la obligación de conformar comisiones ciudadanas de selección para los procesos de veeduría, escrutinio e impugnación de las ternas enviadas por el Ejecutivo para designar al Procurador General del Estado y a los superintendentes. Raúl Abad defendió la reforma por considerar que buscaba ajustar la ley al texto constitucional; mientras Paco Moncayo, Luis Morales, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Vicente Taiano, Marco Murillo, Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, Gioconda Saltos, Alfredo Ortiz, Kléver García y Carlos Samaniego advirtieron que la propuesta podía debilitar la participación ciudadana y facilitar una designación indirecta de autoridades de control por parte del Ejecutivo, por lo que plantearon mantener y desarrollar expresamente los mecanismos de impugnación y veeduría. Rolando Panchana apoyó la necesidad de reformar la norma para agilizar la designación de autoridades titulares, Fernando Cordero propuso eliminar únicamente la referencia al escrutinio pero conservar la impugnación y veeduría ciudadana, Hólger Chávez sostuvo que la Constitución podía suplir cualquier vacío legal y Rosa Santos pidió revisar la aplicación de los principios de paridad y alternabilidad en las ternas. Finalmente, se aprobó por unanimidad el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y España, destinado a permitir la acumulación de aportes realizados en ambos países y garantizar prestaciones de salud, maternidad, invalidez, jubilación, supervivencia y otros beneficios para trabajadores migrantes y sus familias; Linda Machuca, Gabriel Rivera, Dora Aguirre, Luis Morales y Fernando Aguirre destacaron su importancia para los ecuatorianos residentes en España, mientras Fausto Cobo expresó su respaldo y Enrique Herrería y Luis Almeida solicitaron mayor acceso al texto original y claridad sobre su aplicación y financiamiento

ACTA_072-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la denuncia del Convenio entre Ecuador y Finlandia sobre Promoción y Protección de Inversiones, luego de que la Corte Constitucional declarara inconstitucionales las disposiciones de su artículo 10. La resolución fue aprobada inicialmente con sesenta y seis votos afirmativos, treinta y tres negativos, cuatro votos en blanco y nueve abstenciones; tras una rectificación, se confirmó con sesenta y siete votos afirmativos, treinta y tres negativos y diez abstenciones. Posteriormente, Gabriel Rivera solicitó la reconsideración de lo resuelto, pero esta fue negada con sesenta y dos votos negativos frente a cuarenta y dos afirmativos, por lo que se mantuvo la aprobación de la denuncia del convenio.

ACTA_074-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, orientado a establecer que el Estado gestione directamente la exploración y explotación de hidrocarburos mediante empresas públicas y que, de forma excepcional, pueda delegar estas actividades a empresas privadas nacionales o extranjeras, previa justificación técnica por riesgo, inversión requerida, falta de capacidad estatal o razones operativas; además, se planteó la nulidad de los contratos sustentados en informes falsos o incompletos y la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Francisco Velasco defendió la incorporación de criterios para proteger los campos petroleros ya en producción y limitar la reducción de utilidades a trabajadores directamente vinculados con exploración y explotación; mientras Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Juan Carlos López y César Montúfar cuestionaron que las disposiciones centrales constaran en el reglamento y no en la ley, advirtieron riesgos de delegación de recursos estratégicos, falta de controles independientes, ausencia de licitaciones, debilidad de garantías ambientales y concentración de atribuciones en entidades adscritas al Ejecutivo. Ante estas observaciones, se suspendió el tratamiento de la reforma para propiciar una nueva reunión y revisar el texto. Posteriormente, se aprobó el Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 59 entre los países del MERCOSUR y de la Comunidad Andina, mediante el cual Brasil otorgó a Ecuador preferencias arancelarias del cien por ciento para más de tres mil partidas, con el propósito de facilitar el ingreso de productos ecuatorianos al mercado brasileño, reducir el déficit comercial y fortalecer la integración regional; Wladimir Vargas, Gabriel Rivera y Fernando Bustamante respaldaron el instrumento y destacaron la necesidad de complementarlo con mejoras logísticas, sanitarias, productivas y de promoción de exportaciones. La aprobación obtuvo noventa y cuatro votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

ACTA_075-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Kléver García para incorporar una resolución que exhorte al Ejecutivo a disponer un incremento de veinte dólares al salario básico del Magisterio, con carácter retroactivo desde julio de 2010. Posteriormente, se aprobó el Acuerdo Marco de Cooperación entre Ecuador y Venezuela para profundizar los lazos de comercio y desarrollo, orientado a mantener y diversificar el intercambio bilateral ante la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, facilitar el acceso de productos ecuatorianos al mercado venezolano, priorizar a organizaciones indígenas, campesinas, de economía popular y solidaria, cooperativas y MIPYMES, y utilizar el SUCRE como mecanismo de pago. Eduardo Zambrano, Fausto Cobo, Linda Machuca, Gabriel Rivera, María Augusta Calle y Nívea Vélez respaldaron el convenio por sus beneficios para la integración regional, el sector productivo, los migrantes y la reducción del déficit comercial; mientras Fernando Flores cuestionó las restricciones cambiarias venezolanas, las deudas pendientes con exportadores ecuatorianos y la falta de medidas efectivas para los ecuatorianos residentes en Venezuela. Tras la rectificación, el Acuerdo fue aprobado con ochenta y ocho votos afirmativos. Asimismo, se aprobó la reforma a las leyes de legalización de tierras en Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Huaquillas, que establece requisitos de posesión continua por más de tres años, dispone que las demandas de reivindicación relacionadas con la norma no afecten los procesos de expropiación, fortalece los controles municipales para evitar tráfico o concentración de predios y autoriza, bajo condiciones, el levantamiento de prohibiciones de enajenar en Huaquillas. Virgilio Hernández defendió el proyecto como una solución social para regularizar asentamientos y Luis Morales propuso eliminar disposiciones que podían retrasar la adjudicación de predios mediante procesos judiciales, observación que fue acogida; la ley fue aprobada, tras rectificación, con ciento dos votos afirmativos y dos votos en blanco.

ACTA_077-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, centrado en la necesidad de ajustar la norma a la Constitución y al COOTAD, precisar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, regular la Agencia Nacional de Tránsito, revisar el rol de la Comisión de Tránsito del Guayas, controlar el transporte informal, mejorar el sistema de puntos y licencias, reformar el SOAT y FONSAT, fortalecer la seguridad vial, la educación vial, la capacitación de conductores, la afiliación a la seguridad social, la protección de usuarios, peatones, niños, estudiantes, personas con discapacidad, comunidades rurales y migrantes retornados. Intervinieron Richard Guillén, Mauro Andino, Rafael Dávila, Luis Morales, José Picoita, Consuelo Flores, Francisco Hagó, Elvis Maldonado, María Soledad Vela, Marco Murillo, Linda Machuca, Gioconda Saltos, Gabriel Rivera, Luis Almeida, César Gracia, Vicente Taiano, María Paula Romo, Nívea Vélez, Armando Aguilar, Kléver García, Hólger Chávez, Lourdes Tibán y Fernando Cordero, quienes plantearon observaciones sobre constitucionalidad, proporcionalidad de sanciones, juzgamiento en ausencia, transporte rural, informalidad, monopolios, seguridad infantil, jornadas de conducción, frecuencias, escuelas de conducción, competencias municipales y necesidad de que el texto vuelva a ser revisado por la Comisión antes de su votación. Cerrado este debate, se trató el proyecto de resolución sobre el asesinato de Jaime Hurtado González, Pablo Tapia y Wellington Borja; Línder Altafuya defendió la necesidad de condenar el fallo que declaró la prescripción de la acción penal a favor de Henry Wilberth Gil Ayerve, mientras María Paula Romo propuso ajustes para evitar una indebida interferencia en la Función Judicial, y Abdalá Bucaram y Betty Carrillo intervinieron resaltando la gravedad del caso, la impunidad y la trascendencia histórica de Jaime Hurtado. Finalmente, se aprobó por unanimidad la resolución que condenó el fallo de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y pidió a la Corte Nacional de Justicia y a la Fiscalía General del Estado adoptar las acciones legales correspondientes para sancionar a todos los responsables del crimen.

ACTA_078-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se recibió la Agenda Política y Estratégica de las Mujeres de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, presentada por Norma Mayo y Cecilia Velaque, quienes plantearon acciones contra la discriminación étnica y de género, la pobreza, la violencia, el analfabetismo y la exclusión, además de priorizar derechos sexuales y reproductivos, educación, cultura, ciencia, tecnología, tierra y territorio; María Augusta Calle suscribió el compromiso legislativo para incorporar estos ejes en el análisis de leyes y políticas públicas. Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar propuestas de condena al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos por fuerzas irregulares, planteada por Gabriel Rivera; de exhorto para declarar el estado de excepción en Tungurahua y zonas afectadas por la actividad del volcán, impulsada por Gioconda Saltos; y de reconocimiento de estabilidad laboral para docentes contratados, promovida por Jorge Escala; en cambio, no prosperó la incorporación de una resolución de Kléver García sobre incremento salarial retroactivo para el Magisterio. Se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, presentada por Silvia Salgado, que corrigió la fecha de publicación de un decreto relativo al Concejo Cantonal de Píllaro. También se trató la objeción parcial a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria: Rosana Alvarado recomendó aceptar el veto, que trasladaba la coordinación del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional a la Presidencia de la Conferencia Plurinacional e Intercultural, ampliaba plazos para presentar propuestas legislativas y redefinía a dicha Conferencia como Consejo Sectorial Ciudadano adscrito al Ministerio de Agricultura; Rodrigo Collahuazo, Cléver Jiménez, Paco Moncayo, Marco Murillo y Luis Morales cuestionaron principalmente la pérdida de autonomía y el carácter exclusivamente sectorial de la instancia. El Pleno se allanó a las reformas sobre coordinación, trámite de propuestas, disposición transitoria y plazo final, mientras negó la ratificación del texto original del artículo relativo a la naturaleza de la Conferencia. El tema central fue el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyo informe presentó César Rodríguez como una propuesta para garantizar gratuidad, universalidad, interculturalidad, participación, evaluación integral, desconcentración territorial, fortalecimiento de la carrera docente, escalafón, capacitación, derechos laborales y educación intercultural bilingüe. En comisión general intervinieron Gloria Vidal, Augusto Barrera, Mariano Morocho, Marlon Santi, Luis Contento, Miguel Egas, Mery Zamora, Manuel Chugchilán, Jaime Matute, Mónica Acurio, Milton Luna y María Eugenia Forester; se solicitaron garantías para la educación municipal, la institucionalidad y jurisdicción de la educación intercultural bilingüe, los derechos de docentes jubilados, contratados, comunitarios, supervisores y técnicos docentes, la estabilidad laboral, una jubilación equivalente a la de otros servidores públicos, participación social efectiva, evaluación no punitiva, educación sexual integral y mayor presencia de gobiernos locales en la gestión educativa. En el debate legislativo, César Rodríguez defendió el proyecto como una transformación integral del sistema; Marco Murillo, Galo Vaca, Nívea Vélez y Xavier Tomalá insistieron en proteger la educación bilingüe, la supervisión educativa, la estabilidad laboral, los incentivos para zonas amazónicas, fronterizas y de difícil acceso, y una jubilación digna; María Alejandra Vicuña propuso medidas para regularizar bienes de instituciones fiscales, reforzar la protección frente a violencia sexual y garantizar educación integral en sexualidad; Gido Vargas planteó ajustes a la escala salarial, homologación y reconocimiento de supervisores y técnicos docentes; Jorge Escala cuestionó el proyecto por considerar insuficientes las garantías salariales y laborales; Armando Aguilar defendió el bachillerato unificado, la educación municipal, militar y policial, así como la estabilidad de su personal; Paco Moncayo formuló observaciones sobre técnica legislativa, descentralización, ambiente, género y protección de docentes de instituciones particulares y fiscomisionales; y Gastón Gagliardo respaldó el nuevo modelo de gestión, la evaluación integral, los circuitos educativos y los distintos tipos de bachillerato. El debate quedó suspendido sin votación final, para continuar en una sesión posterior.

ACTA_078-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la resolución propuesta por Gabriel Rivera que condena el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por fuerzas regulares o irregulares, nacionales o extranjeras, para conflictos, delitos, explotación sexual u otras formas degradantes, y exhorta a Ecuador y Colombia a reforzar la protección de la niñez en la frontera; intervinieron María Soledad Vela, Fernando Flores, Carlos Cassinelli, Edwin Vaca, Gido Vargas, Jaime Abril y Kléver García, quienes plantearon reforzar el sustento jurídico internacional, las políticas de prevención y la atención social en las zonas fronterizas. También se aprobó la resolución impulsada por Jorge Escala para incorporar en la Ley Orgánica de Educación Intercultural una disposición que otorgue nombramientos a docentes contratados que constaban como elegibles, cree las partidas necesarias en sesenta días y garantice igualdad salarial respecto de docentes con nombramiento; Escala y Nívea Vélez defendieron la estabilidad laboral de los maestros elegibles, mientras Armando Aguilar y Guillermina Cruz sostuvieron que los nombramientos debían sujetarse a concursos de méritos y oposición y a la disponibilidad institucional. El tema central fue la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, presentada por César Rodríguez, que estableció principios de gratuidad, laicidad, interculturalidad, inclusión, participación, evaluación integral y calidad educativa; fortaleció los derechos de estudiantes, docentes y familias; reguló la carrera docente, estabilidad, capacitación, remuneración, educación sexual integral, protección frente a la violencia, atención a personas con discapacidad y adolescentes embarazadas, así como el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la rectoría nacional de la política educativa. La ley fue aprobada inicialmente con noventa y ocho votos afirmativos y ratificada, tras rectificación, con ciento ocho votos afirmativos; la reconsideración fue negada. Finalmente, se aprobó la resolución de Gioconda Saltos para exhortar la declaratoria de estado de excepción en Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Los Ríos por la actividad del volcán Tungurahua, incluyendo reactivación productiva, apoyo a ganaderos y agricultores, protección social, ejecución de proyectos de los gobiernos autónomos y fortalecimiento técnico del Instituto Geofísico; Francisco Cisneros, Fernando González, Marco Murillo, Elvis Maldonado, Luis Morales, Mauro Andino, Juan Carlos López, Kléver García y Hólger Chávez solicitaron ampliar la cobertura territorial y asegurar la entrega efectiva de recursos

ACTA_079-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, orientadas a fortalecer la investigación y sanción de delitos graves, ampliar la acumulación de penas, combatir el sicariato, la usura, la utilización de menores por organizaciones delictivas, el tráfico ilícito de combustibles, la minería ilegal y otras formas de criminalidad organizada, así como mejorar las medidas cautelares, la actuación fiscal y la rehabilitación social. César Rodríguez, Marisol Peñafiel, Fernando Bustamante, Carlos Velasco, Gabriel Rivera, Mariángel Muñoz, María Alejandra Vicuña, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán y Paola Pabón cuestionaron que el endurecimiento de penas, por sí solo, resuelva la inseguridad, y defendieron una política integral basada en prevención, inversión social, eficacia judicial, rehabilitación, protección de derechos y un régimen especializado para adolescentes infractores. En contraste, Luis Morales, Paco Fierro, Edwin Vaca, Richard Guillén, Juan Carlos López, Fernando Aguirre y Andrés Páez plantearon penas más severas y acumulativas para delitos graves y reincidentes, mayor protección para las víctimas, control efectivo de jueces y fiscales, mejoras en la investigación policial, centros de rehabilitación funcionales y medidas frente a la impunidad. Marco Murillo y César Montúfar propusieron una mesa nacional o multipartidista que articule a las funciones del Estado y a los gobiernos autónomos para construir una política integral de seguridad, mientras Rolando Panchana solicitó incluir disposiciones sobre vehículos sumergibles, usura y fraudes electrónicos; Guillermina Cruz pidió fortalecer los derechos de las víctimas, la reestructuración policial y la rehabilitación de adolescentes. El debate quedó cerrado para recibir observaciones escritas antes de continuar el trámite, sin que se produjera votación sobre la reforma. Además, se leyó un proyecto de resolución para exhortar a la Función Judicial a agilitar y concluir los procesos por daños ambientales en la Amazonía, especialmente los relacionados con Sucumbíos, pero no llegó a votarse y fue diferido para una siguiente sesión.

ACTA_080-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general, Gerardo Morán, el padre Robert García y un representante del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle expusieron la situación de niñas, niños y adolescentes en condición de calle, solicitaron respaldo solidario y destacaron la necesidad de atender las causas estructurales de pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Posteriormente, se aprobó el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela, orientado a la cooperación en capacitación, investigación, intercambio académico, tecnología, inteligencia, operaciones de paz, apoyo logístico y gestión de riesgos; María Augusta Calle, Francisco Velasco, Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Armando Aguilar, Virgilio Hernández, Hólger Chávez, Carlos Velasco y Guillermina Cruz defendieron el instrumento como una expresión de integración latinoamericana, cooperación horizontal, fortalecimiento de la soberanía y diversificación de las relaciones internacionales, mientras Paco Moncayo aclaró su oposición histórica al convenio de la Base de Manta, y Fernando Aguirre, Línder Altafuya, Luis Almeida, Edwin Vaca, Enrique Herrería, Wladimir Vargas y Paco Fierro cuestionaron los posibles efectos del acuerdo sobre la profesionalización e independencia de las Fuerzas Armadas, la cooperación en inteligencia, el contexto político venezolano, la oportunidad diplomática frente al restablecimiento de relaciones con Colombia y la conveniencia de canalizar estos asuntos mediante el marco regional de UNASUR. El acuerdo fue aprobado, tras rectificación, con sesenta y tres votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y once abstenciones. Finalmente, se aprobó el Acuerdo entre Ecuador y Brasil sobre Cooperación en el Dominio de la Defensa, destinado a promover investigación, desarrollo, capacitación, entrenamiento, apoyo logístico, transferencia tecnológica y adquisición de productos y servicios de defensa; Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca resaltaron la capacidad tecnológica, industrial y estratégica de Brasil, la relación histórica entre ambos países, la transparencia en el gasto de defensa y los beneficios de una cooperación ordenada en igualdad de condiciones. La aprobación obtuvo setenta y nueve votos afirmativos, uno negativo, tres blancos y diecinueve abstenciones.

ACTA_080-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la nueva Proforma Presupuestaria 2011 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011-2014, luego de que la Función Ejecutiva acogiera las observaciones formuladas por la Asamblea; la moción presentada por Francisco Velasco obtuvo, tras rectificación, cincuenta y tres votos afirmativos, veintinueve negativos, cuatro blancos y once abstenciones. En primer debate se trató la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que propuso restablecer períodos de vacancia judicial, regular la atención de garantías constitucionales durante dichos períodos, sancionar a jueces, fiscales y defensores por acciones u omisiones que ocasionen la caducidad de la prisión preventiva, establecer reglas para la designación del fiscal subrogante, fortalecer la atención a víctimas y ampliar el patrocinio de la Defensoría Pública; María Paula Romo defendió el informe, mientras Línder Altafuya cuestionó que una auditoría a la Función Judicial pudiera ser realizada por el Ministerio de Justicia, Luis Morales solicitó revisar la inclusión de juzgados de Niñez y Adolescencia en la vacancia judicial, Kléver García apoyó el retorno a este régimen, Luis Almeida pidió incrementar el número de jueces y limitar las designaciones temporales, Mauro Andino respaldó reformas sobre reparación integral y responsabilidad disciplinaria, y Andrés Páez propuso regular el alcance de las garantías constitucionales y redireccionar la Defensoría Pública hacia trabajadores, familias y grupos vulnerables; el debate se cerró sin votación final para que la Comisión incorpore observaciones. También se aprobó la resolución presentada por Luis Morales para exhortar a SENAGUA a dejar sin efecto los valores pendientes por tasas de uso de agua aplicadas a actividades piscícolas y turísticas, y reclasificar a la piscicultura del sector hidroeléctrico al agroalimentario, con ochenta y dos votos afirmativos. Posteriormente, el Pleno se allanó a la objeción parcial al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, planteada sobre normas relativas a las ZEDE, delegación de inversiones en sectores estratégicos, correcciones técnicas aduaneras y promoción de exportaciones e inversiones; Francisco Velasco defendió el allanamiento, aprobado con cincuenta y ocho votos afirmativos. Se aprobó además el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 46 entre Ecuador y Cuba, orientado a facilitar el comercio bilateral, otorgar preferencias arancelarias y estimular inversiones conjuntas; Scheznarda Fernández, Linda Machuca, Guillermina Cruz y Gabriel Rivera intervinieron en respaldo del instrumento, que obtuvo sesenta y siete votos afirmativos. Finalmente, se debatió el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela: Eduardo Zambrano destacó la transferencia tecnológica, la capacitación y la integración regional, mientras Fausto Cobo, Francisco Ulloa, Paco Moncayo y César Montúfar expresaron reparos sobre su orientación, la independencia política de las Fuerzas Armadas, el riesgo de militarización y la necesidad de una política nacional de defensa clara; el tratamiento concluyó sin votación antes de la clausura.

ACTA_083-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se posesionó a Suad Raquel Manssur Villagrán como Superintendenta de Compañías. En el tratamiento del orden del día no prosperó la propuesta de Jorge Escala para incorporar una resolución sobre programas de vivienda popular y reubicación de familias afectadas por desalojos, ni la iniciativa de Sylvia Kon relacionada con la sanción a la Cooperativa de Transporte Reina del Camino, aunque esta última destacó la necesidad de investigar a los responsables del accidente y evitar una medida que afectara a trabajadores y usuarios. Se aprobó la resolución propuesta por Omar Juez para respaldar el planteamiento de los alcaldes ecuatorianos de regular la revocatoria del mandato, con el fin de impedir usos arbitrarios o desestabilizadores de este mecanismo, preservar la gobernabilidad local y tramitar reformas al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana; la resolución obtuvo noventa y cuatro votos afirmativos. El tema principal fue la aprobación unánime de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, que establece un procedimiento de calificación con veeduría e impugnación ciudadana para reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías o militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz. Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Luis Morales, Linda Machuca, Francisco Ulloa, Mary Verduga, Fausto Cobo, Diana Atamaint, Gabriel Rivera y Nívea Vélez intervinieron para respaldar la norma y plantear precisiones sobre la inclusión de convivientes en unión de hecho, excombatientes de 1981 y 1995, personal civil de apoyo, pueblo Shuar, personas afectadas por desminado o explosivos y sanciones a autoridades que incumplan los beneficios. La ley reconoce pensión mensual, becas completas, puntaje adicional en concursos públicos, vivienda gratuita, atención médica preferente, medicamentos, prótesis, indemnizaciones y protección para familiares, excombatientes y personas con discapacidad derivada de actos heroicos; fue aprobada con ciento diecisiete votos afirmativos y la reconsideración posterior fue negada. Nelson Castillo, en representación de los veteranos de guerra, agradeció la aprobación de la norma y solicitó la publicación oficial de la nómina de héroes y heroínas de los conflictos de 1981 y 1995

ACTA_089-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf n la continuación del primer debate de la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana sobre revocatoria del mandato, se discutieron medidas para evitar que este mecanismo sea utilizado como instrumento de revancha política o desestabilización institucional, sin restringir el derecho ciudadano de controlar a las autoridades electas. Alfredo Ortiz y José Picoita respaldaron el aumento de porcentajes y plazos para recolectar firmas, especialmente en circunscripciones pequeñas, y propusieron que los promotores de una revocatoria hayan votado en la elección correspondiente, que se realicen debates públicos entre proponentes y autoridades cuestionadas, y que se precise el procedimiento aplicable a concejales urbanos y rurales. Andrés Roche señaló que varios procesos estaban siendo impulsados por candidatos derrotados o intereses particulares, por lo que defendió la exigencia de motivaciones claras y causas justificadas para iniciar una revocatoria. Tomás Zevallos objetó la reforma por considerar que imponía restricciones incompatibles con los artículos constitucionales que garantizan el derecho a revocar el mandato y advirtió un posible conflicto de interés de los propios legisladores al regular este mecanismo. Gabriel Rivera cuestionó la prohibición de que autoridades electas promuevan revocatorias, al sostener que también conservan su calidad de ciudadanos; solicitó que los trámites se realicen en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral y pidió aclarar el tratamiento de los procesos ya iniciados o en fase de recolección de firmas para evitar que queden sin efecto. El debate fue suspendido sin votación final, a fin de continuarlo en una sesión posterior.

ACTA_094-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó al orden del día la intervención de Irina Cabezas con motivo del 8 de marzo, en la que reivindicó la lucha histórica de las mujeres, la equidad de género, la participación femenina en la vida pública y la necesidad de enfrentar la violencia contra las mujeres. También se entregó el Acuerdo Legislativo y la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito profesional” a Francisco Xavier Vergara Ortiz, exsecretario general de la Asamblea, en reconocimiento a su labor en la Asamblea Constituyente, la Comisión Legislativa y de Fiscalización y la Asamblea Nacional. En materia legislativa, se aprobaron por unanimidad la Ley Derogatoria No. 6, con noventa y tres votos afirmativos tras rectificación, y la Ley Derogatoria No. 7, con noventa y dos votos afirmativos, ambas orientadas a depurar el ordenamiento jurídico mediante la eliminación de decretos supremos, decretos legislativos y acuerdos legislativos obsoletos o ya cumplidos, especialmente relacionados con reorganizaciones de concejos cantonales, cortes, nombramientos y disposiciones administrativas antiguas. Posteriormente se debatió la denuncia del Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y el Reino de los Países Bajos: Vethowen Chica, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca defendieron la denuncia por considerar que el tratado cedía jurisdicción soberana a arbitrajes internacionales, contrariaba la Constitución y debía ser reemplazado por mecanismos regionales y normas internas de protección de inversiones; mientras Fausto Cobo, Gioconda Saltos y Luis Morales cuestionaron la denuncia total, advirtiendo riesgos para la seguridad jurídica, la confianza internacional y la inversión extranjera, y plantearon la posibilidad de enmienda o renegociación. Aunque la denuncia fue aprobada inicialmente, tras rectificación no alcanzó los votos necesarios, con sesenta y dos afirmativos, treinta y seis negativos, cero blancos y cinco abstenciones, por lo que quedó negada. Además, se designó como delegados de la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral a Diana Lucía Espinoza Valdez y Fausto Javier Holguín Ochoa, con cincuenta y seis votos afirmativos; para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública a Carlos Germán Vega Castellanos y María Angélica Campoverde Ortiz, con cincuenta y cinco votos afirmativos; y para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo a Norman Raúl Gaona Salinas y María Gabriela López Sánchez, con cincuenta y siete votos afirmativos. Finalmente, se aprobó con noventa y nueve votos afirmativos la resolución propuesta por Enrique Herrería para exigir a la Contraloría General del Estado la derogatoria del artículo 8 del Acuerdo No. 011-CG y la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de todos los integrantes de la Asamblea Nacional y demás servidores públicos, bajo el principio de transparencia y control ciudadano.

ACTA_096-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron dos modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la contaminación ocasionada por la Refinería de Esmeraldas y las medidas de prevención frente a los efectos del tsu-nami en el litoral y Galápagos. Línder Altafuya expuso la problemática ambiental y sanitaria de Es-meraldas, mientras que Xavier Tomalá planteó la necesidad de fortalecer la preparación de las zonas costeras. Gabriel Rivera propuso reconocer la actuación de las autoridades nacionales durante la emergencia provocada por el tsunami, pero su solicitud no fue aprobada. El Pleno recibió en comi-sión general al embajador Osamu Imai y le entregó un acuerdo legislativo de solidaridad con el Go-bierno y el pueblo de Japón por las consecuencias del terremoto y tsunami. Fernando Cordero expre-só el respaldo del pueblo ecuatoriano y Osamu Imai agradeció el pronunciamiento y la ayuda ofreci-da. Se analizó la objeción parcial a la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El debate abordó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la transformación de la Comisión de Tránsito del Guayas en una entidad nacional, la posible concen-tración de atribuciones en el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, la estabilidad laboral de los servidores, las sanciones al transporte, la entrega de rutas y frecuencias y varias incon-sistencias jurídicas del proyecto. La propuesta de devolver el texto a la comisión fue negada. Final-mente, la Asamblea ratificó su texto original respecto de determinadas atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y se allanó a las demás objeciones presidenciales. Intervinieron Fer-nando Cordero, Silvia Salgado, Enrique Herrería, Gido Vargas, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Ra-fael Dávila y Saruka Rodríguez.Respecto de la sequía, se expusieron las pérdidas de cultivos, afec-taciones al ganado, falta de agua y riesgo de migración de las familias campesinas. Se aprobó exhor-tar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en los cantones Celica, Puyango, Pindal, Macará, Sozoranga, Zapotillo, Paltas, Espíndola y Saraguro, así como en otras provincias afectadas, entre ellas Manabí. También se solicitó la asignación de recursos y la actuación coordina-da de las instituciones públicas y los gobiernos locales. Intervinieron José Picoita, Patricio Rodrí-guez, Sylvia Kon, Rafael Dávila, Mao Moreno y Nívea Vélez.En relación con Esmeraldas, se aprobó exhortar a las autoridades competentes y a Petroecuador a proteger la salud de la población afectada por los derrames y gases contaminantes, ejecutar la remediación ambiental de los ríos Teaone y Es-meraldas y brindar atención médica y medidas preventivas a los trabajadores de la Refinería. Inter-vinieron Línder Altafuya y Marco Murillo.Finalmente, se aprobó exhortar al Presidente de la Repú-blica a declarar el estado de excepción en el cordón costanero de Esmeraldas, Manabí, Guayas, San-ta Elena y El Oro, así como en Galápagos. La resolución buscó disponer de recursos para atender a los damnificados, reparar las afectaciones a propiedades y embarcaciones y ejecutar planes de pre-vención y mitigación frente a futuros desastres. Intervino Xavier Tomala

ACTA_099-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto reformatorio a la Ley de Gestión Ambiental, orientado a fortalecer las facultades de la autoridad ambiental para retener, decomisar, inutilizar o, excepcionalmente, destruir las maquinarias e instrumentos empleados en infracciones ambientales. Durante el análisis se destacó la necesidad de proteger los derechos de la naturaleza y actuar oportunamente frente a la contaminación, pero también se formularon observaciones sobre la proporcionalidad de las medidas, el respeto al debido proceso y al derecho de propiedad, la prohibición de confiscaciones, la determinación de la gravedad de la infracción, el destino de los bienes decomisados y de la flora y fauna recuperadas, así como la protección de los pequeños mineros y la aplicación de controles similares a las grandes empresas. Intervinieron Rosana Alvarado, Fernando González, Guillermina Cruz, José Portugal, Ángel Vilema, Galo Vaca, Alfredo Ortiz, Luis Morales, Gioconda Saltos, César Gracia, Betty Carrillo, Cléver Jiménez y Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, dirigido a enfrentar el abandono histórico de las zonas limítrofes mediante políticas diferenciadas, planificación, inversión pública, incentivos tributarios y productivos, fortalecimiento institucional y coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Se planteó mejorar la infraestructura vial, educativa, sanitaria, turística, comercial, de telecomunicaciones y servicios básicos; garantizar seguridad, empleo y atención a las comunidades; impulsar la integración con los países vecinos y asegurar recursos permanentes para evitar la migración y las desigualdades territoriales. Intervinieron Virgilio Hernández, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Víctor Quirola, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Línder Altafuya y Gabriel Rivera. Las observaciones formuladas en ambos debates fueron remitidas a las respectivas comisiones para su análisis y preparación de los informes para segundo debate

ACTA_111-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el Acuerdo Bilateral entre Ecuador y Perú para brindar atención recíproca de salud a sus nacionales, especialmente a las poblaciones fronterizas, con el propósito de garantizar el acceso a servicios médicos, fortalecer la integración binacional y regularizar la atención que ya se prestaba entre ambos países; durante el análisis se destacaron sus beneficios humanitarios, aunque también se formularon observaciones sobre la falta de precisión en el financiamiento, la infraestructura, la cobertura territorial, la reciprocidad efectiva y los mecanismos específicos para su aplicación. Asimismo, se aprobó el Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, organización intergubernamental destinada a apoyar a los países en desarrollo mediante estudios, asesoría técnica, jurídica y política, así como la formulación de posiciones comunes en asuntos comerciales, económicos y de desarrollo internacional. Finalmente, se aprobó declarar el trabajo infantil en las calles como trabajo infantil peligroso y establecer su erradicación como prioridad estatal; se exhortó al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social a presentar un plan con acciones y recursos para aplicar las recomendaciones de Naciones Unidas, y al Ministerio de Inclusión Económica y Social a fortalecer las becas escolares para niños y adolescentes retirados del trabajo infantil. Intervinieron Nívea Vélez, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Wladimir Vargas, Emilia Jaramillo, Fausto Cobo, Linda Machuca, Edwin Vaca, Eduardo Zambrano, Dora Aguirre, Marisol Peñafiel, Virgilio Hernández, María Calle, Mercedes Diminich, José Portugal, María Vicuña y Luis Morales

ACTA_115-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientado a fortalecer la autonomía institucional, las atribuciones del Pleno y las capacidades de legislación, fiscalización y control político. Las intervenciones analizaron la regulación de la consulta prelegislativa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, su convocatoria, representatividad, duración, financiamiento y mecanismos de participación; también se propuso garantizar la comparecencia de funcionarios públicos, exigir respuestas respaldadas documentalmente, revisar el procedimiento de los juicios políticos y evitar que una minoría de la Comisión de Fiscalización pudiera archivarlos. Se debatieron además las facultades del Consejo de Administración Legislativa, la Presidencia, las comisiones y los ponentes, la presentación de textos alternativos, la inmunidad parlamentaria, los plazos para tramitar proyectos, el número de comisiones y asesores y el riesgo de aumentar la burocracia y el gasto público. Existieron posiciones contrapuestas sobre si la reforma fortalecería la fiscalización o permitiría recuperar prácticas políticas del antiguo Congreso, aunque hubo coincidencias en la necesidad de equilibrar las atribuciones internas y mejorar el funcionamiento de la Asamblea. Intervinieron Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Gastón Gagliardo, Tito Mendoza, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, César Gracia, Silvia Salgado, María Vela, Leonardo Viteri, Enrique Herrería, Rolando Panchana, Edwin Vaca, Rosendo Nurinkias, Mauro Andino, Marco Murillo, Armando Aguilar, Abdalá Bucaram, Eduardo Paredes, Jorge Escala, Marisol Peñafiel, Betty Amores, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Galo Vaca, Marllely Vásconez, Jimmy Pinoargote, Nívea Vélez, Vethowen Chica, Richard Guillén, Fernando Cordero, Guillermina Cruz, Fernando González, Mary Verduga, Andrés Páez, Tomás Zevallos, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Bustamante, Ramiro Terán y Vicente Taiano. Debido a la cantidad de observaciones, el proyecto no fue sometido a votación y se dispuso preparar y distribuir un nuevo texto antes de continuar su tratamiento.

ACTA_121-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ley Derogatoria No. 8 para la Depuración de la Normativa Legal, mediante el cual se eliminaron expresamente 150 normas obsoletas o ya cumplidas, entre decretos y acuerdos supremos, resoluciones legislativas y decretos leyes de emergencia, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica; tras la rectificación, el proyecto obtuvo noventa y un votos afirmativos, cinco blancos y diez abstenciones. Posteriormente, se debatió y aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos, destacándose que este instrumento puso fin a la denominada “guerra del banano”, redujo progresivamente los aranceles europeos y mejoró las condiciones de acceso del producto ecuatoriano, aunque también se plantearon inquietudes sobre la competitividad frente a Colombia y Perú, la protección de pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial y la necesidad de políticas complementarias para el sector; la rectificación registró ciento diez votos afirmativos. Finalmente, se discutió qué comisión debía analizar el informe anual de labores del Presidente de la República: las propuestas para remitirlo a las comisiones de Derechos Colectivos y de Soberanía no fueron aprobadas luego de sus respectivas rectificaciones, mientras que también se planteó encargarlo a Fiscalización, conformar una comisión multipartidista o distribuir el análisis entre todas las comisiones; al no existir una propuesta concreta y consensuada, la sesión fue suspendida. Intervinieron María Paula Romo, Rafael Dávila, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Víctor Quirola, Emilia Jaramillo, Nicolás Lapentti, Omar Juez, Línder Altafuya, Dora Aguirre, María Augusta Calle y Fernando Flores.

ACTA_123-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión del Pleno se retiró la solicitud de Marco Murillo para incorporar al orden del día la reinstalación de la sesión 115, luego del compromiso de convocar a los jefes de bancada para acordar la continuación del segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; mientras que la propuesta de Nívea Vélez para debatir el estado de excepción decretado en la Función Judicial fue negada, registrándose en la rectificación cincuenta y un votos afirmativos, ocho negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente, la Asamblea rindió homenaje a la delegación ecuatoriana de Olimpiadas Especiales que participó en los Juegos Mundiales de Verano de Atenas 2011, donde obtuvo veinticinco medallas de oro, veintiséis de plata y catorce de bronce; se otorgó la condecoración “Doctor Vicente Rocafuerte” al Pabellón de Olimpiadas Especiales Ecuador, se reconoció la labor de su presidente Héctor Cueva Jiménez, del equipo técnico y de los deportistas, y se destacó su ejemplo de inclusión, perseverancia y superación. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, orientado a prevenir, corregir y sancionar los abusos de posición dominante, las prácticas anticompetitivas y la concentración perjudicial para consumidores y pequeños productores; aunque existió coincidencia sobre la necesidad de contar con una normativa contra los monopolios y oligopolios, se formularon numerosas observaciones respecto de la concentración de facultades en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la independencia de los organismos de control, la amplitud y discrecionalidad de sus atribuciones, el respeto al debido proceso, la intimidad y la acción de protección, la proporcionalidad de las multas, la definición del mercado relevante, la relación con los sectores financiero, público y estratégico, y la protección de consumidores, pequeñas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria. El debate concluyó sin votación, para que la Comisión incorporara las observaciones antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Silvia Kon, Rolando Panchana, Rafael Dávila, Fernando Bustamante, César Montúfar, Viviana Bonilla, Juan Carlos López, Betty Amores, Fernando González, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Eduardo Encalada, Rosana Alvarado, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Jaime Abril, Marco Murillo, Andrés Roche, María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Luis Morales, Paola Pabón, María Augusta Calle, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Kléver García, Celso Maldonado, Jorge Fadúl, María Alejandra Vicuña, Mauro Andino, Francisco Cevallos y Francisco Ulloa.

ACTA_125-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión 125 del Pleno, realizada el 20 de septiembre de 2011, se desarrolló inicialmente un acto conmemorativo por los 180 años de la primera sesión del Congreso Nacional del Ecuador, durante el cual ingresó al salón la primera Constitución ecuatoriana, se interpretó el Himno Nacional en idioma shuar y se entregó oficialmente la Constitución de la República traducida al shuar chicham, trabajo destinado a facilitar a esta nacionalidad el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones; intervinieron el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el lingüista Pedro Andicha Chayuqui y la asambleísta Diana Atamaint, quienes destacaron la importancia de la memoria histórica, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la conservación de las lenguas ancestrales y la inclusión de los pueblos indígenas. Posteriormente, se inició un extenso y polarizado debate sobre el proyecto de resolución relacionado con los hechos del 30 de septiembre de 2010: María Augusta Calle y otros legisladores sostuvieron que existió un intento de golpe de Estado, el secuestro del Presidente de la República y una acción coordinada destinada a quebrantar el orden constitucional, por lo que solicitaron investigar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales y evitar la impunidad; en contraste, varios asambleístas de oposición negaron que hubiera existido golpe de Estado o magnicidio, atribuyeron los acontecimientos a una protesta policial originada por la Ley de Servicio Público, cuestionaron la actuación del Ejecutivo y de las fuerzas que participaron en el operativo de rescate, denunciaron una posible utilización política de la justicia y propusieron conformar una investigación independiente, desclasificar los documentos reservados o acudir a organismos internacionales para determinar responsabilidades. El debate fue suspendido al mediodía y reinstalado con setenta y cinco legisladores, pero, luego de nuevas intervenciones, la sesión volvió a suspenderse a las 16h20 sin que el proyecto de resolución fuera sometido a votación y sin que se trataran los segundos debates de los proyectos de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Intervinieron María Augusta Calle, Lenín Chica, Ramiro Terán, Cléver Jiménez, Irina Cabezas, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Pedro de la Cruz, Cynthia Viteri, Fernando Flores, Viviana Bonilla, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Enrique Herrería, Paola Pabón, Fausto Cobo, Gastón Gagliardo, Virgilio Hernández, Jorge Escala, Mao Moreno, Xavier Tomalá, Marco Murillo y Fernando Aguirre.

ACTA_127-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa del servicio público, orientado a corregir la prohibición general que impedía a servidores públicos y a sus familiares contratar con cualquier institución estatal; durante la discusión se buscó equilibrar la libertad de trabajo y contratación con la prevención del nepotismo, el tráfico de influencias y la corrupción, planteándose limitar las prohibiciones según la institución donde labora el funcionario, el grado de parentesco, la jerarquía del cargo, la participación efectiva en empresas y la existencia de conflictos de intereses, además de formular observaciones sobre la autonomía administrativa de la Asamblea, las renuncias obligatorias y los regímenes aplicables a docentes universitarios y profesionales. Posteriormente, se analizó el convenio entre Ecuador y China para el otorgamiento de una línea de crédito preferencial, debatiéndose sus condiciones financieras, la política de endeudamiento, la soberanía nacional, la transparencia de los acuerdos petroleros, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con China; sin embargo, ante las dudas sobre la correspondencia entre el instrumento sometido al Pleno y el dictamen de la Corte Constitucional, se suspendió su tratamiento y se dispuso que regresara a la comisión para aclarar su denominación y sustento jurídico antes de una futura votación. Finalmente, se designó a Karen Pamela Tapia Tapia y Manuel Eduardo Taipe Calle como delegados para integrar la comisión ciudadana encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, y a Myriam Elisa Brito Estrada y Fausto Javier Holguín Ochoa para la selección de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral; ambas designaciones fueron aprobadas y sus reconsideraciones resultaron negadas. Intervinieron Raúl Abad, Alfredo Ortiz, Fernando Bustamante, Galo Vaca, María Soledad Vela, Luis Almeida, Gastón Gagliardo, Enrique Herrería, Luis Morales, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Andrés Roche, Jorge Escala, Pedro de la Cruz, Paco Fierro, Rolando Panchana, Kléver García, Fernando Cordero, Tito Nilton Mendoza, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, José Portugal, Juan Fernández, Paco Moncayo, Francisco Ulloa, Cléver Jiménez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Fernando Aguirre, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Betty Amores, Galo Lara, Armando Aguilar, César Rodríguez, María Augusta Calle y Dora Aguirre.

ACTA_132-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar la igualdad, inclusión y defensa de las personas con discapacidad, respecto del cual existió un respaldo general, aunque se presentaron numerosas observaciones para asegurar que los derechos reconocidos pudieran cumplirse efectivamente y no quedaran como declaraciones sin financiamiento, plazos, responsables, controles ni sanciones. La discusión abordó la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana de discapacidades, regular con criterios éticos los programas de genética humana, ampliar la atención médica y la rehabilitación integral, garantizar medicamentos y ayudas técnicas gratuitas, facilitar el acceso a seguros de vida y salud y establecer una seguridad social financiada o respaldada por el Estado. En materia educativa se propuso impulsar una verdadera educación inclusiva, con equipos multidisciplinarios, docentes capacitados, adaptaciones curriculares, sistema Braille, lengua de señas, infraestructura accesible y centros especializados únicamente cuando fueran indispensables; mientras que en el ámbito laboral se analizaron los porcentajes de contratación, la evaluación de capacidades y destrezas, la eliminación de restricciones generales basadas en supuestos riesgos, la adecuada asignación de funciones y la protección económica de quienes cuidan permanentemente a personas con discapacidad severa. También se plantearon mejoras en la accesibilidad de edificios, viviendas, calles, transporte público, taxis, medios de comunicación y señalética; la actualización periódica de los montos permitidos para importar vehículos; la aplicación real de tarifas preferenciales y exoneraciones; y la participación de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, se solicitó incorporar las realidades de las zonas rurales, fronterizas y amazónicas, garantizar un enfoque intercultural y lingüístico para pueblos y nacionalidades, fortalecer el Seguro Social Campesino, incluir a los ecuatorianos con discapacidad residentes en el exterior, ampliar la protección a familiares y representantes legales, y desarrollar campañas para eliminar la discriminación y cambiar la percepción social sobre la discapacidad. También se debatió la denominación más adecuada para las personas beneficiarias, aunque se defendió el uso de “personas con discapacidad” por ser el término reconocido constitucionalmente. El primer debate concluyó sin votación, a fin de que la comisión analizara e incorporara las observaciones para preparar el texto del segundo debate. Intervinieron Luis Almeida, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Carlos Velasco, Armando Aguilar, César Gracia, Mao Moreno, Kléver García, Gioconda Saltos, Fernando Flores, Gerónimo Yantalema, Gastón Gagliardo, Rolando Panchana, Betty Amores, Galo Lara, Grace Almeida, María Molina, César Rodríguez, Dora Aguirre, Tamara Chico, Edwin Vaca, Guillermina Cruz y María Cristina Kronfle.

ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_137-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se analizó la proforma del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2012 y la programación presupuestaria para los años 2012-2015, instrumentos que contemplaban ingresos y egresos superiores a veintiséis mil millones de dólares y priorizaban la inversión en educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura vial, energía, programas sociales, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y subsidios. Quienes respaldaron la propuesta destacaron el incremento de recursos para la incorporación y mejora salarial de docentes, la ampliación del personal médico y policial, la designación de nuevos jueces, la construcción de carreteras y proyectos hidroeléctricos, el fortalecimiento de los servicios públicos, la reducción de la pobreza y el mantenimiento del endeudamiento dentro de niveles considerados sostenibles; en contraste, otros legisladores cuestionaron el déficit presupuestario y la falta de claridad sobre sus fuentes de financiamiento, el crecimiento del gasto corriente y de la burocracia, la dependencia de créditos y ventas anticipadas de petróleo, la carga tributaria, el elevado monto destinado a publicidad, consultorías, viáticos y contratos ocasionales, así como las asignaciones previstas para la compra obligatoria de renuncias. También se debatió el cumplimiento de los incrementos constitucionales para educación y salud, la reducción o insuficiencia de recursos para universidades, agricultura, vivienda, ambiente, turismo, cultura y economía popular y solidaria; la distribución de fondos entre el Gobierno central y los gobiernos locales; la atención a las zonas rurales, amazónicas y fronterizas; la inversión destinada a pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; la educación intercultural bilingüe, la seguridad social campesina, la soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la territorialización del gasto y la necesidad de transparentar la ejecución presupuestaria. Finalmente, se aprobó el informe de mayoría y la programación cuatrianual con recomendaciones para garantizar recursos al pueblo montubio y a la Universidad Amazónica, controlar el gasto estatal en publicidad, respetar el límite del endeudamiento público, identificar territorialmente las inversiones, transparentar los recursos dirigidos a la participación ciudadana, agricultura, fondo de tierras y economía popular y solidaria, informar sobre los ingresos provenientes de la normativa ambiental y remitir el presupuesto global asignado a cada universidad; la propuesta obtuvo sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y cinco negativos, uno blanco y una abstención, resultado que se mantuvo en la rectificación, mientras que la reconsideración fue negada. Intervinieron Fernando Vélez, Francisco Ulloa, Richard Guillén, Juan Carlos Cassinelli, Paco Moncayo, Leonardo Viteri, Luis Morales, Rafael Dávila, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Salomón Fadul, Viviana Bonilla, Gerónimo Yantalema, Francisco Velasco, Marco Murillo, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Lídice Larrea, César Gracia, Jimmy Pinoargote, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Mao Moreno, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Tomás Zevallos, Francisco Cevallos, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Tito Nilton Mendoza, Lenín Chica, Fernando Cordero, Xavier Tomalá y Vanesa Fajardo.

ACTA_140-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron tres solicitudes para modificar el orden del día y retomar inmediatamente la votación de la reforma a la normativa de la Función Legislativa; durante estas intervenciones se discutieron la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar el procedimiento de elaboración de las leyes, regular la consulta prelegislativa, definir las mayorías para levantar la inmunidad y destituir autoridades legislativas, eliminar la posibilidad de fiscalizar a alcaldes y prefectos y retirar la propuesta de crear una veeduría electoral, señalándose que debía elaborarse un texto adicional que recogiera los acuerdos alcanzados antes de someter la reforma a votación. Posteriormente, Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva fue posesionado como Defensor del Pueblo. En comisión general, la Fundación Brass Band del Ecuador realizó una presentación musical y recibió un reconocimiento por su trabajo social, cultural y educativo en favor de niñas, niños y jóvenes, destacándose la música como herramienta de formación, disciplina e integración social. A continuación, se aprobó el indulto de Blanca Marina Villegas Paredes, adulta mayor sentenciada a ocho años de prisión por la tenencia de una pequeña cantidad de marihuana y cocaína, tomando en consideración su avanzada edad, sus problemas de salud, su conducta ejemplar durante la reclusión, el tiempo cumplido de la condena y la falta de proporcionalidad entre la cantidad incautada y la sanción impuesta; en consecuencia, su pena fue reducida al tiempo ya cumplido y la reconsideración de esta decisión fue negada. Finalmente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados para reparar daños ocasionados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, proteger el patrimonio estatal y evitar que este mecanismo se convierta en un instrumento de persecución; durante la lectura del informe se explicó que la acción debía proceder después de que el Estado realizara el pago, garantizar el debido proceso, aplicarse a funcionarios de cualquier jerarquía y complementar las normas existentes sobre responsabilidad estatal, pero la sesión fue suspendida antes de concluir la lectura y sin realizarse el debate ni la votación. Intervinieron Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Ramiro Alfredo Rivadeneira, Linda Machuca, Jorge Pachacama, Gabriel Rivera, Mauro Andino, Fernando Cordero y Andrés Segovia; además, Gilmar Gutiérrez y Juan Fernández solicitaron la rectificación y reconsideración de determinadas votaciones.

ACTA_150-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordó la situación del ciudadano ecuatoriano Jesús Vélez Loor y la actuación de las autoridades diplomáticas para garantizar sus derechos; la emergencia ocasionada por el temporal invernal, la inseguridad y las necesidades sociales de la provincia de Los Ríos; y se aprobó una resolución de respaldo a la postulación de Lenín Moreno Garcés al Premio Nobel de la Paz, destacando su labor en favor de las personas con discapacidad mediante los programas Ecuador Sin Barreras, Misión Solidaria Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas relacionadas con la distribución de las utilidades y excedentes derivados de la actividad hidrocarburífera, la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y a las comunidades afectadas, la compensación por daños ambientales, la equidad territorial, la consulta previa y la conveniencia de archivar o continuar el tratamiento de las propuestas; también se resolvió sobre la objeción parcial formulada al proyecto reformatorio del sistema financiero y del ordenamiento tributario-financiero, y se inició el análisis del proyecto destinado a regular la comercialización, el transporte, la fundición, el reciclaje, la exportación y la importación de chatarra ferrosa, con énfasis en el control de esta actividad, la prevención del robo de bienes públicos, la protección ambiental y el impulso al reciclaje. Intervinieron Fernando Flores, Mercedes Villacrés, César Rodríguez, Irina Cabezas, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Gabriel Rivera, Francisco Cisneros, Francisco Velasco, Juan Carlos Cassinelli, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Gerónimo Yantalema, Jimmy Pinoargote, Jorge Escala, Gioconda Saltos, Guido Vargas, Luis Morales, Cléver Jiménez, María Almeida, Rolando Panchana, Paco Moncayo, Francisco Ulloa y Luis Almeida.

ACTA_151-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó una propuesta para reconocer la trayectoria histórica y el aporte del coronel Luis Vargas Torres a la Revolución Liberal; posteriormente, se rindió homenaje y se otorgó una condecoración a Luis Alfonso Chango Pacha, fundador y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, destacando su historia de superación, su lucha contra la discriminación, el impulso al cooperativismo indígena, la inclusión financiera, la educación, el emprendimiento, la identidad cultural y el deporte. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, centrado en la regulación del transporte comunitario e intercultural en las zonas rurales y de difícil acceso, el uso de camionetas, camiones, mototaxis y otros medios alternativos, las condiciones técnicas y de seguridad para el traslado de personas y productos, la legalización de los servicios diferenciados, la capacitación y entrega de licencias de conducir, el funcionamiento y control de las escuelas de conducción, las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito y de los gobiernos autónomos descentralizados, la revisión de rutas y frecuencias, la prevención de accidentes, el SOAT, el sistema de puntos de las licencias, el uso de taxímetros en la Amazonía y la necesidad de evitar privilegios, monopolios, actos de corrupción y discrecionalidad en la administración del transporte. Intervinieron Línder Altafuya, Pedro de la Cruz, Luis Alfonso Chango Pacha, Fernando Vélez, Mauro Andino, Galo Vaca, María Molina, Virgilio Hernández, Consuelo Flores, Guido Vargas, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Nívea Vélez, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, María Soledad Vela, Tomás Zevallos, Carlos Velasco, Luis Almeida, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Mao Moreno, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_152-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se planteó, aunque no prosperó, incorporar el tratamiento de la situación de los servidores públicos desvinculados mediante la compra obligatoria de renuncias; se aprobó declarar héroe nacional al coronel Luis Vargas Torres, destacando su contribución a la Revolución Liberal, la defensa de las libertades, el laicismo, la democracia y su legado para la historia nacional; y se debatió la suspensión y revisión del proceso de acreditación de héroes y heroínas nacionales vinculados con los conflictos armados, ante denuncias sobre la inclusión de personas que no habrían participado directamente y la exclusión de militares, reservistas y civiles que sí intervinieron, analizándose los criterios para diferenciar a héroes, combatientes y personal que cumplió otras funciones, la transparencia de los listados y la necesidad de revisar la normativa. También se resolvió negar la autorización para iniciar una causa penal contra Enrique Herrería, al considerar que sus actuaciones estaban relacionadas con el ejercicio de la fiscalización legislativa, y se discutieron los alcances de la inmunidad parlamentaria, la libertad de expresión, la responsabilidad por las declaraciones y la prohibición de confundir inmunidad con impunidad. Asimismo, se desarrolló el primer debate de la reforma relacionada con la erradicación de la fiebre aftosa, abordando la sustitución de la comisión existente por una estructura de sanidad agropecuaria, las campañas de vacunación, el control y registro del ganado, la colocación de aretes, la participación de productores, la asignación de recursos, la situación laboral de los trabajadores y la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y mejorar la producción ganadera; finalmente, se inició el primer debate sobre la protección ambiental del ecosistema manglar, con exposiciones acerca de su conservación y restauración, los derechos de las comunidades ancestrales, la actividad camaronera, la productividad acuícola, la contaminación, la reducción de especies, las afectaciones económicas y sociales a concheros y cangrejeros, y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y las actividades productivas. Intervinieron Lourdes Tibán, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, María Paula Romo, Denny Cevallos, César Gracia, Mary Verduga, Vicente Taiano, Enrique Herrería, Paola Pabón, Luis Morales, Elvis Maldonado, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Germán Páez, Kléver García, Linda Machuca, Fernando Aguirre, Paco Fierro, Rolando Panchana, Vethowen Chica, Irina Cabezas, María Molina, Betty Carrillo, Mercedes Diminich, Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, Stalin Subía, José Antonio Camposano y María Dolores Vera.

ACTA_156-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la propuesta de incorporar al orden del día el análisis de la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado mayoritariamente dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible inclusión en la iniciativa Yasuní-ITT; posteriormente, se aprobó el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Argentina en materia de actividades espaciales, orientado al desarrollo tecnológico, la investigación científica, la teleobservación terrestre, el seguimiento de satélites, el intercambio de información, la capacitación técnica y la aplicación de tecnología espacial en la prevención de desastres, agricultura, salud, comunicaciones, cartografía, seguridad y protección ambiental. También se aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador y Uruguay, destinado al intercambio de conocimientos y experiencias militares, la formación y capacitación, el desarrollo científico y tecnológico, los ejercicios conjuntos, el control marítimo y la participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, debatiéndose sus alcances respecto de la soberanía, la responsabilidad civil, los gastos, la integración regional y la protección de los derechos humanos. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, con la comparecencia del defensor del Pueblo, abordándose los casos investigados por la Comisión de la Verdad, las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas; el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; la responsabilidad estatal, la imprescriptibilidad de estos delitos, la apertura de archivos, la investigación y sanción de los responsables, la protección de víctimas y testigos, las reparaciones materiales e inmateriales, la atención médica y psicológica, la restitución de derechos, la recuperación de restos, las disculpas públicas y la preservación de la memoria histórica, así como la necesidad de evitar que la ley sea utilizada con fines de persecución política o excluya a víctimas de otros periodos. Intervinieron María Paula Romo, Wladimir Vargas, Luis Morales, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Linda Machuca, Rolando Panchana, Eduardo Encalada, Ramiro Rivadeneira Silva, Mauro Andino, Luis Almeida, Silvia Salgado, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Línder Altafuya, Andrés Páez, Gabriel Rivera, Betty Carrillo, Galo Vaca, José Portugal, Juan Fernández, María Augusta Calle, Guido Vargas, Jorge Escala, Gina Godoy, Denny Cevallos, Raúl Abad y Julio César Ruiz.

ACTA_159-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retiró una propuesta para debatir el respeto a la independencia y facultades de la Función Legislativa; posteriormente, se aprobó el indulto por razones humanitarias a favor de José Díaz Balboa, ciudadano español privado de libertad que padecía enfermedades graves en etapa terminal, analizándose su precario estado de salud, las condiciones inadecuadas de atención médica dentro del centro penitenciario, el derecho a una vida y muerte dignas, la responsabilidad del Ministerio de Justicia en la tramitación oportuna de estos casos y la coordinación con las autoridades españolas para que, una vez liberado, retornara a su país de origen. Asimismo, se aprobó el proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados dentro de procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, mediante el cual se otorgaron al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas facultades de custodia, conservación, administración y venta de bienes perecibles; se debatieron la devolución de bienes o valores cuando exista sobreseimiento o sentencia absolutoria, su transferencia definitiva al Estado cuando haya condena, la administración de los recursos generados, la rendición periódica de cuentas, la protección del derecho de propiedad y la necesidad de evitar que determinadas instituciones se beneficien directamente de los bienes incautados. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente destinado a regular los créditos para vivienda, orientado a impedir que, luego de entregar o rematar el inmueble hipotecado, las entidades financieras persiguieran otros bienes del deudor o de sus garantes; se analizaron la dación en pago, la extinción de las obligaciones con la entrega de la vivienda, la protección de las familias afectadas por desempleo, enfermedad o reducción de ingresos, la corresponsabilidad de las instituciones financieras en la valoración del riesgo, la prohibición de cláusulas abusivas, el ámbito de aplicación respecto de la vivienda única, la construcción y remodelación, los límites económicos, los créditos concedidos antes de la vigencia de la ley, la posible inclusión de préstamos vehiculares y productivos, y los efectos que estas medidas podrían tener sobre las tasas de interés, las garantías y el acceso futuro al crédito. Intervinieron Rafael Dávila, Mauro Andino, Luis Morales, María Molina, Enrique Herrería, César Gracia, Rolando Panchana, Jimmy Pinoargote, Leonardo Viteri, Andrés Roche, Francisco Velasco, Betty Carrillo, Cléver Jiménez, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Bustamante, José Portugal, Ramiro Terán, Zobeida Gudiño, Silvia Kon, Paco Moncayo, Fernando González, César Montúfar, Betty Amores, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Salomón Fadúl, Bolívar Subía, Eduardo Encalada, Gabriel Rivera, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Flores, Marllely Vásconez y Ángel Vilema.

ACTA_166-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó y aprobó la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, luego de un extenso debate jurídico, político, económico, ambiental y estratégico sobre sus efectos en la soberanía marítima nacional. Quienes respaldaron la adhesión sostuvieron que el país conservaría sus derechos soberanos sobre los recursos existentes dentro de las doscientas millas, obtendría reconocimiento y mecanismos internacionales para defenderlos, mantendría la Reserva Marina y las líneas de base de Galápagos, fortalecería la protección ambiental, la investigación científica, la transferencia de tecnología, la actividad pesquera y el comercio marítimo, y podría ampliar la plataforma continental alrededor del archipiélago hasta trescientas cincuenta millas, incorporando una importante superficie submarina adicional. Quienes se opusieron señalaron que sustituir el mar territorial de doscientas millas por un mar territorial de doce millas y una zona económica exclusiva implicaría reducir la soberanía, someter al país a normas y organismos supranacionales, afectar la integridad territorial, facilitar el acceso de potencias extranjeras a los recursos pesqueros y minerales y poner en riesgo los derechos históricos establecidos mediante la Declaración de Santiago. También se discutieron la protección de Galápagos, los límites marítimos con los países vecinos, el paso de buques y aeronaves, los ejercicios militares, el transporte de materiales peligrosos, la solución internacional de controversias, la pesca de especies migratorias y los beneficios para la industria atunera. Antes del debate legislativo comparecieron Héctor Villagrán, Jimmy Villavicencio, Marcelo Larrea, Rafael Trujillo y Andrés Pazmiño; posteriormente intervinieron María Paula Romo, Fernando Bustamante, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Luis Almeida, Eduardo Zambrano, Andrés Roche, Betty Carrillo, Jorge Escala, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Montúfar, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Betty Amores, Vethowen Chica, Susana González y Fernando Aguirre. Finalmente, se aprobó la Convención junto con una declaración mediante la cual el Ecuador ratificó sus derechos sobre sus espacios marítimos, la protección especial de Galápagos, la posibilidad de ampliar su plataforma continental y varias reservas destinadas a preservar su jurisdicción y soberanía.

ACTA_169-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conmemoraron la Revolución Liberal y los cien años de la Hoguera Bárbara, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción de un Estado moderno, laico y democrático, la educación pública, la separación entre la Iglesia y el Estado, las libertades individuales, la integración territorial mediante el ferrocarril, la emancipación de los pueblos indígenas, los avances de las mujeres y la lucha contra las estructuras feudales, la injusticia y la opresión. Posteriormente, Hugo de Jesús Jácome Estrella fue posesionado como primera autoridad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. También se conoció el informe favorable para conceder un indulto humanitario a Víctor Manuel Díaz Almeida, adulto mayor de ochenta y cuatro años condenado por falsedad ideológica, cuya avanzada edad, enfermedades, situación económica y vulneración de derechos fueron consideradas razones suficientes para condonar el tiempo restante de la pena y solicitar la revisión de las actuaciones judiciales; sin embargo, el tratamiento fue suspendido por la ausencia de la ponente y la falta del número de votos requerido. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto de arrendamiento de inmuebles con promesa de compraventa, analizándose su posible utilidad como alternativa para facilitar el acceso a viviendas y predios productivos mediante ahorro previo, pago de cánones destinados a la futura adquisición, seguros, subsidios y participación de instituciones financieras; frente a ello, se sostuvo que el leasing mercantil, el crédito hipotecario, la promesa de compraventa y otras figuras civiles ya permitían estas operaciones, por lo que una nueva ley sería innecesaria. Aunque inicialmente se aprobó archivar el proyecto, la rectificación de la votación negó esa recomendación, por lo que la propuesta continuó su trámite. Intervinieron Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Luis Almeida, María Soledad Vela, Hugo de Jesús Jácome Estrella, Mauro Andino, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Luis Morales y Fernando Vélez

ACTA_170-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el segundo debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para resolver los conflictos de límites territoriales internos, resaltándose que la indefinición histórica entre provincias, cantones, parroquias y comunidades ha provocado confrontaciones, inseguridad jurídica, falta de planificación y desatención de servicios básicos en numerosas poblaciones. Se valoró que la propuesta sustituyera el proyecto inicial, que pretendía fijar directamente los límites, por mecanismos de negociación, mediación territorial, arbitraje, resolución institucional y consulta popular, con participación de los gobiernos autónomos descentralizados y de las comunidades involucradas; sin embargo, se formularon observaciones sobre la necesidad de establecer plazos claros, diferenciar correctamente la mediación del arbitraje, determinar el carácter vinculante de los informes técnicos y jurídicos, incorporar criterios históricos, culturales, ancestrales, sociales, ambientales y cartográficos, reconocer las competencias de las juntas parroquiales y autoridades comunitarias, y garantizar la participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. También se cuestionaron las actuaciones de la institución encargada anteriormente de los límites, por haber generado o agravado controversias, así como la composición y dependencia del nuevo Comité Nacional de Límites, el grado de intervención del Ejecutivo y la posible afectación de las competencias legislativas; además, se expusieron conflictos específicos de Esmeraldas, Imbabura, Chimborazo, Cañar, Tungurahua, Bolívar, Los Ríos, Guayas, Manabí, Azuay, Napo, Pichincha y Cotopaxi, y se propuso revisar las parroquias creadas sin cumplir los requisitos legales. Ante la cantidad de observaciones presentadas, se planteó que el texto regresara a la comisión para ser depurado y la sesión fue suspendida sin someterlo a votación. Intervinieron Gabriel Rivera, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Mauro Andino, Marco Murillo, Kléver García, Línder Altafuya, Mercedes Diminich, Paco Fierro, Eduardo Encalada, César Gracia, Luis Morales, Guillermina Cruz, Ramiro Terán, Betty Carrillo, Gioconda Saltos, Rosa Cerda, Hólger Chávez, Ángel Vilema, Damasio Santos y Mary Verduga.

ACTA_174-G-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó y cerró el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, centrado principalmente en la ejecución de las penas y la transformación del sistema de rehabilitación social, analizando la creación de jueces de garantías penitenciarias, la protección de los derechos de las víctimas y de las personas privadas de libertad, la separación y clasificación de los internos según su situación jurídica, edad, sexo, peligrosidad y tipo de infracción, los regímenes cerrado, semiabierto y abierto, las sanciones alternativas y el uso de dispositivos de localización. También se debatieron las condiciones precarias y el hacinamiento de las cárceles, la atención diferenciada para mujeres con hijos, personas adultas mayores, con discapacidad o enfermedades graves, la capacitación y situación laboral de los guías penitenciarios, y la implementación de programas obligatorios de educación, trabajo remunerado, salud, cultura, deporte, seguridad social, fortalecimiento familiar, ahorro y emprendimientos productivos que permitan la reinserción y reduzcan la reincidencia. Se examinó además la coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria, su carácter restaurativo, sus competencias territoriales y los límites derivados de la Constitución y los derechos humanos; la protección especializada de adolescentes en conflicto con la ley y de niños en situaciones de explotación o calle; las sanciones por usura, narcotráfico y delitos graves; los delitos cometidos mediante redes sociales; las causas económicas y sociales de la delincuencia; y la necesidad de que una reforma penal integral no se limite a endurecer las penas. En comisión general, Soledad Realpe solicitó que la Ley 103 no fuera eliminada, sino reformada y ampliada para proteger a las mujeres frente a la violencia y discriminación tanto familiar como social; al inicio también se guardaron minutos de silencio en memoria de Jaime Orlando Quiñónez Rodríguez, Wagner Castillo, Lenín Chiriboga Delgado y Doris Eneida Souza Moreira. Intervinieron Gabriel Rivera, Soledad Realpe, César Gracia, Marco Murillo, Soledad Vela, Vicente Taiano, Betty Carrillo, Paco Moncayo, Silvia Salgado, Gerónimo Yantalema, Ángel Vilema, Guillermina Cruz, Mercedes Diminich, Zobeida Gudiño y Mauro Andino; finalmente, se solicitaron nuevas observaciones para preparar el informe de segundo debate y se cerró la discusión después de haberse registrado ciento cuarenta y dos intervenciones acumuladas.

ACTA_178-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Francisco Cisneros propuso crear una comisión especial para investigar la presunta obtención mediante engaños y posterior comercialización de muestras de sangre y material genético de ciudadanos huaoranis por parte de personal vinculado al Instituto Coriell y a la empresa Maxus durante los años noventa; la incorporación de este asunto al orden del día fue aprobada y se dispuso tratarlo como primer punto de la siguiente sesión. Nívea Vélez solicitó convocar al Ministro del Interior, al Ministro Coordinador de Seguridad y al Comandante General de la Policía para que explicaran las medidas adoptadas frente al incremento de la delincuencia, los secuestros y las desapariciones, pero su propuesta fue negada, incluso después de la rectificación de la votación. Posteriormente se desarrolló el primer debate de la reforma a las leyes de creación del cantón La Concordia y de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cuyo propósito era incorporar formalmente a La Concordia a dicha provincia conforme a los resultados de la consulta popular, asignar los recursos necesarios, trasladar la jurisdicción de las instituciones estatales, garantizar la continuidad de los servicios y proteger la estabilidad de los servidores públicos; el debate enfrentó a quienes sostenían que La Concordia pertenecía histórica y jurídicamente a Esmeraldas y que la consulta había sido inconstitucional, con quienes defendían el carácter obligatorio de la decisión popular, respaldada por aproximadamente el sesenta y cinco por ciento de los votantes, y afirmaban que el cantón había sufrido abandono y necesitaba obras, paz y una definición territorial definitiva. Intervinieron Francisco Cisneros, Nívea Vélez, Ernesto Estupiñán, Rafael Erazo, Rosaura Bastidas, Eliut López, Walter Ocampo, Virgilio Hernández, Línder Altafuya, Mary Verduga, Lenin Chica, Carlos Samaniego, César Gracia, Gabriel Rivera y Fernando Vélez; finalmente, el primer debate fue cerrado sin votarse el proyecto y la sesión fue clausurada.

ACTA_180-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Leonardo Viteri solicitó incorporar una resolución para rechazar lo que consideraba una intromisión de la Corte Constitucional en las atribuciones de la Asamblea respecto de la autorización para iniciar un proceso penal contra un legislador, pero la propuesta y su rectificación fueron negadas. Posteriormente se realizó el segundo debate de la reforma a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, en el que se discutió la diferencia entre el heroísmo —entendido como un acto individual, excepcional y superior al cumplimiento del deber— y la condición de excombatiente, así como la necesidad de reconocer sin exclusiones a quienes participaron efectivamente en los conflictos de 1981 y 1995, corregir las listas y procesos de acreditación anteriores y evitar que fueran beneficiadas personas que no realizaron actos extraordinarios; la reforma estableció para los excombatientes en servicio pasivo beneficios como becas, puntaje adicional en concursos públicos, capacitación e inserción laboral, atención preferente en salud, acceso a créditos, descuentos en servicios y transporte, apoyo a emprendimientos, uso de insignias y bonificaciones económicas, extendiendo determinados derechos a quienes sufrieron lesiones durante el levantamiento de campos minados y a los familiares de quienes fallecieron en esas labores. También se dispuso que únicamente accedieran a los beneficios quienes fueran acreditados conforme a la ley y se dejó sin efecto el proceso de acreditación anterior; el proyecto fue aprobado con noventa y siete votos afirmativos y su reconsideración fue negada. Finalmente se debatió la aprobación del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, destinado a permitir acciones diplomáticas y otras medidas regionales frente a amenazas o rupturas del orden democrático; se analizaron la integración latinoamericana, la defensa de la democracia y los derechos humanos, los acontecimientos de Bolivia, Ecuador y Paraguay, los límites de la soberanía estatal, el riesgo del fortalecimiento excesivo de los poderes ejecutivos y las posibles consecuencias económicas y sociales de sanciones como el cierre de fronteras, la suspensión del comercio, las comunicaciones, la energía y los suministros, quedando pendiente su aprobación porque la sesión fue suspendida antes de la votación. Intervinieron Leonardo Viteri, Emilio González Ortega, José Jumbo, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Edwin Vaca, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, Luis Almeida, Gioconda Saltos, Linda Machuca, César Rodríguez, Armando Aguilar, Marco Murillo, Luis Morales, Henry Cuji, Guido Vargas, Hólger Chávez, Consuelo Flores, Diana Atamaint, María Soledad Vela, Francisco Cisneros, Francisco Ulloa, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Eduardo Zambrano, Betty Carrillo y Francisco Velasco.

ACTA_182-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conoció la comunicación remitida por el Gobierno del Reino Unido a la Cancillería ecuatoriana, en la que se rechazaba conceder un salvoconducto a Julián Assange y se advertía que la legislación británica permitía adoptar acciones para arrestarlo dentro de la Embajada del Ecuador en Londres, lo que fue analizado como una posible vulneración de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, la soberanía nacional, la Convención de Viena y los principios de solución pacífica de las controversias internacionales. Durante el debate existió un amplio rechazo a cualquier ingreso forzado en la sede diplomática y respaldo al derecho del Ecuador a conceder asilo; sin embargo, también se cuestionaron los fundamentos jurídicos utilizados para otorgarlo, el respeto a la soberanía y al sistema judicial de otros países, las acusaciones que motivaban el pedido de extradición y la coherencia del Gobierno ecuatoriano al defender internacionalmente la libertad de expresión mientras, según varias intervenciones, mantenía procesos y restricciones contra periodistas, dirigentes sociales y opositores dentro del país. La resolución aprobada condenó y rechazó las amenazas de uso de la fuerza contra la Embajada, reconoció el respaldo diplomático de organismos regionales, recomendó solicitar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reafirmó la superioridad de la Convención de Viena frente a la legislación interna británica, pidió encontrar soluciones diplomáticas, solicitó apoyo a instancias parlamentarias internacionales, respaldó las acciones del Estado para defender su soberanía y convocó a la unidad nacional; fue aprobada con setenta y tres votos afirmativos y su reconsideración, solicitada por Gabriel Rivera, fue negada. Intervinieron Martha Bazurto, Scheznarda Fernández, Ramiro Terán, Andrés Páez, Lourdes Tibán, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema, Galo Vaca, César Montúfar, Betty Amores, Gioconda Saltos, César Rodríguez, Fernando Flores, Tomás Zevallos, Silvia Salgado, Fernando Aguirre, Francisco Ulloa y Gabriel Rivera.

ACTA_185-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizaron y aprobaron tres instrumentos internacionales relacionados con la cooperación y la integración del Ecuador con Perú y Rusia. En primer lugar, se debatió el acuerdo de cooperación diplomática entre Ecuador y Perú, mediante el cual ambos países podrían representarse recíprocamente ante terceros Estados en los que uno de ellos no tuviera una misión propia, con el propósito de reducir costos, mejorar la atención de sus ciudadanos en el exterior, fortalecer sus intereses políticos y comerciales y consolidar la confianza y la integración después de los antiguos conflictos fronterizos; aunque existió un amplio respaldo, también se plantearon inquietudes sobre la falta de claridad de los mecanismos operativos, los límites de la representación y la posibilidad de que ambos países no coincidieran en determinados intereses internacionales. Este acuerdo fue aprobado con noventa y tres votos afirmativos y una abstención. Posteriormente se aprobó el instrumento complementario para la cooperación entre las administraciones tributarias de Ecuador y Perú, orientado a intercambiar información reservada sobre operaciones y rentas, conocer recíprocamente las legislaciones y métodos de control, mejorar la determinación y recaudación de impuestos, combatir la evasión y elusión fiscal, investigar delitos tributarios, verificar transacciones económicas internacionales y fortalecer la lucha contra el contrabando y el crimen organizado, garantizando a la vez que los datos se emplearan dentro de los límites establecidos por las legislaciones de ambos países; este instrumento recibió noventa votos afirmativos y una abstención. Finalmente se trató el acuerdo con Rusia para suprimir las visas en viajes recíprocos, permitiendo visitas de hasta noventa días dentro de cada período de ciento ochenta días, principalmente con fines turísticos, académicos o de negocios, mientras las estadías prolongadas y las actividades laborales o comerciales continuarían sujetas a visado; además, se mantuvo la potestad de ambos Estados para negar el ingreso o suspender el acuerdo por motivos de seguridad y orden público, y se estableció que los visitantes quedaran sometidos a las leyes del país de destino. Se sostuvo que esta medida beneficiaría especialmente a estudiantes, turistas y empresarios ecuatorianos, fomentaría los intercambios económicos, científicos y culturales y avanzaría hacia la libre movilidad y la ciudadanía universal, aunque también se pidió aplicar principios similares a ciudadanos de otros países; el acuerdo fue aprobado con ochenta y siete votos afirmativos y siete abstenciones, resultado que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Víctor Quirola. Intervinieron Fernando Bustamante, Linda Machuca, Fausto Cobo, Paco Moncayo, César Rodríguez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Gerónimo Yantalema, Guillermina Cruz, Luis Morales, Betty Amores, Wladimir Vargas, María Soledad Vela, Betty Carrillo y Víctor Quirola.

ACTA_186-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se intentó continuar con la votación de la resolución que rechazaba la medida del Gobierno del Reino de España que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a la salud pública; Fausto Cobo observó que el texto debía precisar que la afectación recaía específicamente sobre los migrantes en situación irregular y corregir definitivamente la denominación de España, pero la votación no pudo efectuarse porque Jorge Escala, como proponente, no se encontraba presente y era el único autorizado para modificar formalmente el documento, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente se debatió y aprobó el Protocolo internacional contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, destinado a fortalecer la cooperación entre los Estados para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional mediante la penalización de estas actividades, el decomiso de armas, el mantenimiento de registros, su marcación y desactivación, la regulación de las importaciones, exportaciones y tránsito, el intercambio de información, la asistencia técnica y la actualización de la legislación nacional. Durante el debate se destacó que el acceso y comercio ilegal de armas incrementaban los homicidios, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y otras formas de violencia; se defendió la necesidad de controles más rigurosos, políticas preventivas, reformas al sistema de justicia y rehabilitación social, atención a las víctimas, oportunidades educativas y laborales y un plan integral de seguridad ciudadana que no se limitara a medidas represivas. También se analizaron la especial vulnerabilidad de las zonas fronterizas, el tráfico de armamento hacia grupos irregulares de Colombia, la situación de Carchi, los secuestros y desplazamientos, las deficiencias en el control portuario y fronterizo y la necesidad de acompañar los compromisos internacionales con recursos, infraestructura y políticas nacionales efectivas. El Protocolo fue aprobado por unanimidad con noventa y siete votos afirmativos. Finalmente se debatió y aprobó el convenio entre Ecuador y Uruguay para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, el cual regula, entre otros aspectos, los impuestos aplicables a personas y empresas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, pensiones, patrimonio, intercambio de información y asistencia en la recaudación; se sostuvo que facilitaría el comercio y la inversión, evitaría que una misma renta fuera gravada en el país donde se generó y en el país de residencia, fortalecería la cooperación tributaria y favorecería sectores como la investigación farmacéutica, la producción eléctrica y el calzado. El convenio fue aprobado con ciento dos votos afirmativos y dos abstenciones, tras lo cual la sesión fue clausurada. Intervinieron Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Silvia Salgado, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Linda Machuca, Edwin Vaca, María Soledad Vela, Luis Morales, Grace Almeida, Gabriel Rivera y Eduardo Zambrano.

ACTA_199-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Francisco Cisneros propuso exigir que la comisión encargada de analizar el informe presidencial sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo se reuniera y presentara sus conclusiones, mientras Gilmar Gutiérrez pidió conformar una comisión multipartidista para vigilar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta las elecciones de febrero de 2013; las propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse la primera votación. Posteriormente se posesionó constitucional y legalmente a las juezas y jueces principales y suplentes que conformarían la primera Corte Constitucional, luego de conocer los resultados del proceso de selección y de que prestaran el juramento correspondiente. El tema central fue el segundo debate de la reforma destinada a incorporar al cantón La Concordia a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cumplimiento de la consulta popular en la que el 64,92 % de los votantes respaldó esa pertenencia; el proyecto también regulaba la transferencia de recursos, instituciones, servidores públicos y servicios, sin reducir las asignaciones de Esmeraldas. En comisión general, Lucía Sosa y Rosaura Bastidas defendieron la pertenencia histórica y jurídica de La Concordia a Esmeraldas y denunciaron abandono, discriminación y posibles irregularidades administrativas; Geovanny Benítez y Walter Ocampo sostuvieron que debía respetarse la decisión mayoritaria de los concordenses y afirmaron que el cambio permitiría superar décadas de indefinición y falta de servicios. Durante el debate legislativo, unos defendieron el carácter obligatorio y vinculante de la consulta y pidieron aprobar inmediatamente la reforma; otros cuestionaron la constitucionalidad del proceso, la ausencia de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, presuntos cambios irregulares de domicilio electoral y el riesgo de profundizar el enfrentamiento entre provincias hermanas. Ante las dudas jurídicas y las mociones para postergar la votación o consultar sus consecuencias, el tratamiento fue suspendido y se dispuso solicitar un informe jurídico, por lo que la ley no fue votada. Finalmente se aprobó por unanimidad, con ochenta y tres votos afirmativos, una resolución que declaró al general Julio Andrade Prócer e Insigne Luchador, reconoció su aporte al alfarismo y a la vida republicana, solicitó incluir el estudio de su vida en la educación y saludó a la parroquia que lleva su nombre por su aniversario; la denominación inicial de Héroe Nacional fue modificada debido a las observaciones sobre el procedimiento establecido en la ley vigente. Intervinieron Francisco Cisneros, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Lucía Sosa, Rosaura Bastidas, Geovanny Benítez, Walter Ocampo, Virgilio Hernández, Línder Altafuya, Carlos Samaniego, Luis Morales, César Gracia, María Augusta Calle, Mary Verduga, Lenín Chica, Gabriel Rivera, Fernando Vélez, Tito Nilton Mendoza, Fausto Cobo y Carlos Velasco; Fernando Flores participó solicitando la rectificación de una votación.

ACTA_204-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la propuesta de Eduardo Encalada, respaldada por Línder Altafuya, para condenar los ataques en la Franja de Gaza y promover el cese de las hostilidades y una paz duradera. Posteriormente se rindió homenaje póstumo y se entregó una condecoración a Nela Martínez por su trayectoria política, literaria y social; además, se aprobó con setenta y un votos afirmativos denominar al hemiciclo “Salón Plenario Nela Martínez Espinosa”, destacando su defensa de las mujeres, los trabajadores, los pueblos indígenas y los derechos humanos. Se aceptó la objeción parcial del Ejecutivo a la ley que eliminaba los burós privados de información crediticia, manteniendo el registro bajo responsabilidad estatal, regulando el acceso a los datos, el historial utilizado para los reportes y la protección de la información personal; el allanamiento fue aprobado con cincuenta y cuatro votos afirmativos y quedó ratificado al negarse su reconsideración. Finalmente se inició el debate sobre la creación de una unidad gratuita de defensa jurídica para las víctimas de la delincuencia: sus defensores señalaron que las personas de escasos recursos necesitaban representación legal efectiva, mientras la Comisión recomendó archivar el proyecto por considerar que confundía las competencias de la Fiscalía y la Defensoría Pública, presentaba problemas constitucionales y duplicaba mecanismos ya existentes; no hubo votación y el debate quedó pendiente al suspenderse la sesión. Intervinieron Eduardo Encalada, Línder Altafuya, María Molina, María Romo, Gabriel Rivera, Raúl Abad, Gioconda Saltos, Betty Carrillo, Paola Pabón, Gina Godoy, Blanca Ortiz, Ramiro Terán, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Mauro Andino, Andrés Páez, Fernando Bustamante, José Portugal, César Rodríguez, Enrique Herrería, Virgilio Hernández, Rosana Alvarado, Vicente Taiano, Hólger Chávez, Kléver García y Rolando Panchana.

ACTA_204-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto para crear una unidad gratuita de defensa pública destinada a las víctimas de la delincuencia. Sus defensores sostuvieron que las personas de escasos recursos quedaban desprotegidas frente a los procesos penales y necesitaban asesoría jurídica inmediata, por lo que propusieron que el proyecto regresara a la Comisión para definir si la atención debía prestarse mediante la Fiscalía o la Defensoría Pública; quienes respaldaron el archivo señalaron que la iniciativa confundía las competencias constitucionales de ambas instituciones, creaba una estructura paralela y que la protección, reparación y asistencia a víctimas y testigos ya estaban contempladas en la normativa vigente y en el proyecto del Código Integral Penal. También se realizaron varias intervenciones de despedida por tratarse de la última jornada del período legislativo. La moción de archivo fue negada inicialmente con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos, un blanco y dieciséis abstenciones, y la rectificación solicitada por Nívea Vélez volvió a negarla con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos y diecisiete abstenciones, por lo que el proyecto no fue archivado y la sesión fue clausurada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Jimmy Pinoargote, Luis Almeida, Betty Carrillo, Luis Morales, Silvia Salgado, Xavier Tomalá, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Marisol Peñafiel, Vicente Taiano, César Rodríguez, Andrés Páez y Nívea Vélez.

ACTA_205-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Nívea Vélez propuso detener el cobro y embargo de supuestas deudas atribuidas a exservidores públicos de Loja, mientras Edwin Vaca pidió priorizar proyectos relacionados con la hora pedagógica, la jubilación docente y otras reformas educativas; las propuestas obtuvieron cuarenta y cinco y cincuenta votos afirmativos, respectivamente. Posteriormente se condecoró al pintor Jorge Perugachy por su trayectoria artística, educativa y su aporte a la cultura andina y ecuatoriana. También se debatió y aprobó una resolución sobre la Franja de Gaza, mediante la cual se condenó el uso de la fuerza y los ataques contra civiles, se respaldó el alto al fuego, se exigió la apertura de los pasos fronterizos y se defendió una solución basada en la existencia de los Estados de Israel y Palestina; tras varias observaciones para equilibrar y corregir el texto, fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, dieciséis negativos y seis abstenciones. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y cinco votos, el Convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades y trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, destinado a evitar la discriminación laboral y facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar; la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del convenio de servicios aéreos entre Ecuador y Singapur. Intervinieron Nívea Vélez, Edwin Vaca, Celso Maldonado, Jorge Perugachy, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Luis Almeida, Gabriel Rivera, César Rodríguez, María Paula Romo, César Montúfar, Betty Carrillo, Luis Morales y Silvia Salgado.

ACTA_205-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Nívea Vélez propuso detener el cobro y embargo de supuestas deudas atribuidas a exservidores públicos de Loja, mientras Edwin Vaca pidió priorizar proyectos relacionados con la hora pedagógica, la jubilación docente y otras reformas educativas; las propuestas obtuvieron cuarenta y cinco y cincuenta votos afirmativos, respectivamente. Posteriormente se condecoró al pintor Jorge Perugachy por su trayectoria artística, educativa y su aporte a la cultura andina y ecuatoriana. También se debatió y aprobó una resolución sobre la Franja de Gaza, mediante la cual se condenó el uso de la fuerza y los ataques contra civiles, se respaldó el alto al fuego, se exigió la apertura de los pasos fronterizos y se defendió una solución basada en la existencia de los Estados de Israel y Palestina; tras varias observaciones para equilibrar y corregir el texto, fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, dieciséis negativos y seis abstenciones. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y cinco votos, el Convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades y trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, destinado a evitar la discriminación laboral y facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar; la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del convenio de servicios aéreos entre Ecuador y Singapur. Intervinieron Nívea Vélez, Edwin Vaca, Celso Maldonado, Jorge Perugachy, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Luis Almeida, Gabriel Rivera, César Rodríguez, María Paula Romo, César Montúfar, Betty Carrillo, Luis Morales y Silvia Salgado.

ACTA_212-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la solicitud de César Rodríguez para incorporar al orden del día una resolución que exigiera tramitar los pedidos de información pendientes para fortalecer la fiscalización legislativa; tras la rectificación, obtuvo cuarenta y cuatro votos afirmativos, diecinueve negativos y veinticinco abstenciones. Posteriormente se debatió y aprobó, con noventa y siete votos afirmativos, dos negativos y una abstención, la licencia solicitada por Rafael Correa para dedicarse a la campaña electoral del 15 de enero al 14 de febrero de 2013, período durante el cual Lenín Moreno asumiría temporalmente la Presidencia; aunque existió respaldo general por su carácter constitucional, varios legisladores cuestionaron el uso de medios, publicidad y recursos estatales durante la campaña. También se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, destinada a incorporar a las juntas parroquiales rurales y futuros gobiernos regionales como accionistas y miembros del Directorio, con voz y voto, y a orientar el financiamiento hacia servicios básicos; se propuso ampliar la prioridad a las zonas con mayor pobreza, fronterizas y amazónicas, evitar restricciones para financiar vialidad y proyectos productivos e incluir todos los niveles de gobierno. Finalmente se inició el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que buscaba distribuir equitativamente la carga procesal de la Corte Nacional, reorganizar sus salas especializadas, restablecer períodos de vacancia judicial, conservar los tribunales distritales contencioso-administrativos y tributarios, y garantizar que los presidentes salientes de las cortes provinciales regresaran a sus salas de especialización. La sesión fue suspendida para evitar la pérdida del quórum, sin votarse la reforma monetaria ni concluirse el primer debate judicial. Intervinieron César Rodríguez, Marco Murillo, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, Luis Morales, Rolando Panchana, Guillermina Cruz, Xavier Tomalá, Jorge Escala, Fernando Aguirre, Virgilio Hernández, Tomás Zevallos, María Augusta Calle, Gabriel Rivera, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Fausto Cobo, Marisol Peñafiel, Edwin Vaca, Gerónimo Yantalema, Galo Vaca y Mauro Andino.

ACTA_217-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el segundo debate de la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, centrado en fortalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes y corregir problemas relacionados con las pensiones alimenticias, el régimen de visitas, la filiación y la responsabilidad familiar. Se propuso que las visitas fueran determinadas según las condiciones particulares de cada familia, mediante evaluaciones sociales y psicológicas, escuchando la opinión de los menores y estableciendo visitas supervisadas cuando existieran antecedentes de violencia; además, se pidió mejorar la coordinación para cobrar alimentos a progenitores residentes en el exterior. El debate también abordó la protección de los abuelos y otros obligados subsidiarios, existiendo posiciones divididas entre quienes solicitaron eliminar su apremio personal —especialmente para mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas o escasos recursos— y quienes advirtieron que una eliminación general podía debilitar la protección alimentaria, por lo que propusieron estudios socioeconómicos individuales. Asimismo, se discutió la posibilidad de mantener las pensiones para estudiantes hasta los veinticuatro años, la aplicación de las tablas según la realidad económica familiar, la devolución de valores pagados por personas cuya paternidad fuera descartada mediante ADN, la realización de pruebas prenatales, las inhabilidades impuestas a los deudores y la necesidad de armonizar las reformas con el Código Civil y las competencias de los jueces de Familia. Concluidas las intervenciones, no se realizó votación y el proyecto regresó a la Comisión para que se reelaborara un texto consensuado. Posteriormente se aprobó, con setenta y cinco votos afirmativos y ocho abstenciones, una resolución para que la Unidad de Técnica Legislativa elaborara la codificación de la Ley de Hidrocarburos y la remitiera a la Comisión de Régimen Económico y Tributario; la sesión fue suspendida debido a que la reforma sobre niñez y adolescencia permanecía pendiente. Intervinieron Soledad Vela, Fernando Vélez, Gabriel Rivera, Galo Vaca, Fernando Bustamante, Luis Almeida, Dora Aguirre, Paco Moncayo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Rosana Alvarado, Paola Pabón, Enriqueta Pulla, Damasio Santos, Francisco Velasco, Blanca Ortiz, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich y Armando Aguilar.

ACTA_221-2011-2013_PLENO.pdf Se debatieron en primer debate el proyecto de Ley General de Cambio Climático, centrado en la gestión de riesgos, la mitigación y adaptación ambiental, cuyo texto regresó a comisión tras no aprobarse la moción planteada; y el proyecto de Código de Ética de la Función Legislativa, relativo a la conducta y sanciones de los asambleístas, que fue archivado y cuya reconsideración fue rechazada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, María Molina, Paco Moncayo, Luis Almeida, María Paula Romo, Betty Amores, Fausto Cobo, César Rodríguez, Mauro Andino, Cynthia Viteri, Xavier Tomalá, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Nívea Vélez, Marisol Peñafiel, Gabriel Rivera y Eduardo Encalada.

ACTA_222-2011-2013_PLENO.pdf Se conocieron los resultados de la Conferencia de la Unión Interparlamentaria sobre desarrollo sostenible, buen vivir y fortalecimiento democrático; además, se debatieron las reformas para prevenir y controlar la contaminación acústica, incluyendo límites de ruido, competencias institucionales y mapas de ruido, y la reforma al Código de Procedimiento Civil para regular la consignación de valores en las excepciones a procesos coactivos; ambos debates concluyeron sin votación. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, María Molina, Betty Carrillo, César Rodríguez, Silvia Salgado, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Mauro Andino y Gabriel Rivera.

ACTA_226-2011-2013_PLENO.pdf Se debatieron las reformas para regular la revocatoria del mandato, abordando sus causales, requisitos, porcentajes de firmas, garantías del debido proceso, diferencias con la remoción y prevención de su uso como persecución política; su tratamiento quedó suspendido. También se discutió el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, coincidiendo en la necesidad de adecuarlo a la Constitución e incorporarlo dentro de una reforma integral a la legislación militar; aunque se recomendó archivar el proyecto, la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Marisol Peñafiel, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Línder Altafuya, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Jimmy Pinoargote, Stalin Subía, María Soledad Vela, José Picoita, César Rodríguez, Gabriel Rivera y Fausto Cobo.