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ACTA_001-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se expresó solidaridad con el asambleísta Ramiro Terán por la situación de salud de su hermano Gustavo Terán, intervención en la que agradeció el respaldo recibido y exhortó a mantener la lucha por los cambios sociales. Posteriormente, se trató la designación de las vocalías del Consejo de Administración Legislativa; Gilmar Gutiérrez presentó la candidatura de Fausto Cobo para la Segunda Vocalía, la cual no alcanzó los votos necesarios, mientras que Nivea Vélez destacó la necesidad de garantizar la representación paritaria de las mujeres y Gido Vargas solicitó la rectificación de la votación. Asimismo, se debatió y aprobó la conformación de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional, mediante una propuesta presentada por Abdalá Bucaram, que fue aprobada con ochenta y seis votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y una abstención; durante el tratamiento intervinieron Rolando Panchana, Cynthia Viteri, Luis Almeida, Jorge Escala, Juan Fernández, Mao Moreno, Andrés Roche, Fernando Vélez, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Virgilio Hernández y Alfredo Ortiz, quienes formularon observaciones sobre la representación de los distintos sectores políticos, estudiantiles y sociales, así como sobre la integración de la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, a la que se incorporó Edwin Vaca. Finalmente, se informó la conformación de la Bancada Progresista Democrática de Izquierda, Intercultural y Plurinacional de Derechos, coordinada por Jorge Escala y Cléver Jiménez, y se retomó la designación de la Segunda Vocalía del Consejo de Administración Legislativa; Jorge Escala presentó la candidatura de Lourdes Tibán, quien fue designada con ochenta y cinco votos afirmativos, once negativos y veintiséis abstenciones, tomó juramento de posesión y manifestó su compromiso de impulsar la interculturalidad, la plurinacionalidad, los derechos colectivos y la participación de sectores históricamente excluidos.

ACTA_004-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se designó a Fausto Cobo como Tercer Vocal del Consejo de Administración Legislativa, propuesta presentada por Sylvia Kon en representación de Sociedad Patriótica, quien fue posesionado tras obtener ochenta y ocho votos afirmativos; intervinieron, entre otros, Guillermina Cruz, Luis Almeida, Tito Nilton Mendoza y Fausto Cobo, quien agradeció el respaldo recibido y señaló su compromiso de actuar con independencia y transparencia. Respecto de la elección del Cuarto Vocal, se debatieron las candidaturas de Rocío Valarezo, Diana Atamaint y Guillermina Cruz, así como la falta de una cuarta bancada legalmente constituida; Carlos Zambrano, Zaruka Rodríguez, Andrés Páez, Rafael Dávila, Cléver Jiménez, Gido Vargas, Rolando Panchana, María Paula Romo y Alfredo Ortiz intervinieron sobre la necesidad de mantener la pluralidad y observar el marco legal, resolviéndose suspender esta designación hasta tramitar una reforma que permita resolver dicho vacío. Asimismo, se aprobó la reconsideración de la integración de las comisiones especializadas, solicitada por Virgilio Hernández, y se aceptó la propuesta de María Augusta Calle, complementada por Rolando Panchana, mediante la cual María Augusta Calle pasó a integrar la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y Juan Fernández la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, manteniéndose inalterable la integración de las demás comisiones; en el debate intervinieron Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Abdalá Bucaram, César Montúfar, Francisco Cisneros y Armando Aguilar. Finalmente, se conocieron las comunicaciones remitidas por Línder Altafuya sobre la elección de las autoridades de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social; tras analizarse la legalidad de la autoconvocatoria, la falta de mayoría absoluta para la elección y la actuación de sus integrantes, se aprobó la moción de Armando Aguilar para dejar sin efecto y archivar las comunicaciones de 7 y 12 de agosto y sus anexos, a fin de que dicha Comisión elija nuevamente sus autoridades conforme a la ley. Durante este punto, Luis Almeida apeló la Presidencia de Fernando Cordero Cueva, apelación que fue negada, por lo que Cordero retomó la dirección de la sesión.

ACTA_005-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó el cambio del orden del día para incorporar el debate y resolución sobre la instalación de siete bases estadounidenses en Colombia, propuesta impulsada por Fernando Bustamante y Francisco Ulloa, con el respaldo de varios asambleístas. Posteriormente, se trató la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto de aspectos relacionados con las atribuciones del organismo, los procesos de investigación y control, la selección e impugnación de postulantes, la integración de las comisiones ciudadanas y las designaciones de autoridades; intervinieron Luis Morales, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Gina Godoy, Cléver Jiménez, César Montúfar, Eduardo Encalada, Richard Guillén, María Soledad Vela, Andrés Páez y Guillermina Cruz. Tras el debate, se aprobó el allanamiento a la objeción parcial. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, orientada a adecuar la integración y funcionamiento de los consejos provinciales a la Constitución, regular las funciones de prefectos y viceprefectos, fortalecer la gobernabilidad, la paridad de género, la interculturalidad y la autonomía provincial; intervinieron Virgilio Hernández, Gilmar Gutiérrez, Diana Atamaint, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Yolanda Martínez, Ángel Vilema, Zobeida Gudiño, Kléver García, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, César Gracia, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Edwin Vaca, Fernando Vélez y José Picoita. La reconsideración planteada por Kléver García fue negada, incluso después de la rectificación solicitada por Eduardo Encalada. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó la instalación y uso de siete bases militares colombianas por fuerzas estadounidenses, al considerarse que podía afectar la soberanía, la seguridad regional, la paz y la estabilidad de América del Sur; en este debate participaron Francisco Ulloa, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Cynthia Viteri, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Galo Lara, María Augusta Calle, Mao Moreno, Cléver Jiménez, Fausto Cobo, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, César Montúfar, Dora Aguirre, Marco Murillo y Fernando Bustamante.

ACTA_006-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció y debatió la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas, relacionada con la constitución de empresas entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados, la administración y clasificación del talento humano, los programas de retiro voluntario, las inversiones y alianzas estratégicas, la divulgación de información, los mecanismos de control y auditoría, el tratamiento de empresas estatales existentes, las entidades incautadas por la AGD, las empresas vinculadas a la defensa nacional y varias reformas tributarias, financieras y de contratación pública. Durante el debate se expresaron posiciones a favor y en contra del allanamiento, especialmente respecto de la discrecionalidad en las compensaciones por retiro voluntario, la definición de obreros, la transparencia de la información, el alcance de las atribuciones de la Contraloría y la protección de los derechos laborales; intervinieron Irina Cabezas, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Jorge Escala, Armando Aguilar, Galo Vaca, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Humberto Alvarado, Enrique Herrería, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Betty Amores, Eduardo Encalada, César Montúfar, Nívea Vélez, Guillermina Cruz, Andrés Roche, Hólger Chávez, María Molina y María Alejandra Vicuña. Finalmente, se aprobó el allanamiento a la mayor parte de las observaciones presidenciales y no prosperó la ratificación del texto original sobre el retiro voluntario y las reformas finales propuestas. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma al Mandato Constituyente relacionado con la portabilidad numérica, a fin de ampliar el plazo para que las personas usuarias de telefonía móvil puedan conservar su número al cambiar de operadora, garantizando la ejecución de pruebas técnicas y la calidad del servicio; intervinieron Luis Noboa, Saruka Rodríguez, Fernando Vélez, Betty Carrillo, Enrique Herrería, Francisco Ulloa, Aminta Buenaño, Rolando Panchana, Cynthia Viteri, Silvia Salgado, Abdalá Bucaram, Betty Amores y Luis Almeida. La reforma fue aprobada con sesenta y cuatro votos afirmativos, veintiocho negativos, cuatro votos en blanco y trece abstenciones.

ACTA_008-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Richard Guillén para incorporar el punto de asuntos varios en el orden del día y de Cynthia Viteri para tratar una resolución orientada a investigar los contratos suscritos con empresas vinculadas a Fabricio Correa, por lo que se continuó con los temas convocados. Posteriormente, se conoció la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; Francisco Velasco propuso allanarse a las observaciones relacionadas con las atribuciones del Directorio del Banco Central en materia de corresponsalía bancaria y con la transferencia de bienes culturales, y ratificar el texto originalmente aprobado respecto del reajuste de remuneraciones de funcionarios de dicha institución. Esta propuesta fue respaldada por Marco Murillo, Eduardo Encalada y Francisco Ulloa, y aprobada mediante el allanamiento a los puntos primero y tercero de la objeción, así como la ratificación del texto original sobre las remuneraciones. Finalmente, se realizó el primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo objetivo fue establecer mecanismos para completar la integración del Consejo de Administración Legislativa cuando no existieran suficientes bancadas, regular la elección de autoridades de las comisiones, precisar el procedimiento de requerimiento de información y comparecencia de funcionarios públicos en procesos de fiscalización, y ajustar disposiciones sobre indultos, amnistías y denominaciones de comisiones. Marisol Peñafiel presentó y defendió el informe de mayoría, señalando que la reforma permitía resolver vacíos legales y garantizar la pluralidad; en respaldo de esta posición intervinieron Virgilio Hernández, Rafael Dávila, Mariángel Muñoz, Aminta Buenaño, Silvia Salgado y María Paula Romo. En oposición, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Cléver Jiménez, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Cynthia Viteri, Guillermina Cruz, Tito Nilton Mendoza y Nivea Vélez cuestionaron la constitucionalidad de elegir vocales del CAL fuera de las bancadas existentes y advirtieron posibles restricciones a la fiscalización. También intervinieron Juan Carlos López, Francisco Ulloa, Lenín Chica, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Enrique Herrería, María Soledad Vela y Luis Morales, quienes formularon observaciones sobre la necesidad de fortalecer la representación política, la transparencia, la fiscalización y el funcionamiento institucional. Al concluir, se cerró el primer debate sin una resolución definitiva y se dispuso que las observaciones fueran remitidas por escrito para continuar el trámite legislativo.

ACTA_010-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las solicitudes de Richard Guillén para incorporar de forma permanente la fiscalización de presuntos actos de corrupción en el orden del día, y de Línder Altafuya para tratar una resolución que condenaba la represión y exhortaba al diálogo nacional tras los hechos ocurridos en Morona Santiago; ambas propuestas no alcanzaron los votos necesarios. Posteriormente, se aprobó por unanimidad el Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Chile, luego de las intervenciones de Fernando Bustamante, Wladimir Vargas, Linda Machuca y Rocío Valarezo, quienes destacaron que el instrumento buscaba fortalecer la integración bilateral, facilitar el comercio, promover inversiones, mejorar la cooperación aduanera y ampliar las oportunidades económicas y sociales entre ambos países. Asimismo, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, presentado por Luis Morales, que proponía regular los mecanismos de democracia directa, las organizaciones sociales, la participación en los distintos niveles de gobierno, las veedurías, los presupuestos participativos, la rendición de cuentas, el control social y el acceso a la información pública. Durante el debate, Scheznarda Fernández, Betty Amores, Juan Carlos López, César Montúfar, Virgilio Hernández, Leandro Cadena, Gina Godoy, Gerónimo Yantalema, Aminta Buenaño, Cynthia Viteri, María Soledad Vela, Nivea Vélez, César Rodríguez, Magali Orellana, Vanessa Fajardo, Guillermina Cruz, Marco Murillo, Mercedes Diminich, Hólger Chávez, Gido Vargas, Jorge Escala, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Consuelo Flores, César Gracia, María Augusta Calle, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Susana González, Fernando Bustamante, Édgar Jácome, Zobeida Gudiño, Dennis Cevallos, Andrés Páez, Cléver Jiménez, Mao Moreno y Rodolfo Baquerizo formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones sociales, la inclusión de pueblos y nacionalidades, la paridad de género, la participación de ecuatorianos residentes en el exterior, la rendición de cuentas permanente, la consulta previa y ambiental, y el alcance de los mecanismos de control ciudadano. El principal desacuerdo se centró en la “silla vacía”, pues Luis Morales, Leandro Cadena y Juan Carlos López defendieron que su ocupante intervenga con voz pero sin voto, mientras Betty Amores, Gina Godoy, Aminta Buenaño, María Soledad Vela, Nivea Vélez, César Rodríguez y otros legisladores sostuvieron que debía participar también en la toma de decisiones mediante voto; finalmente, Fernando Cordero Cueva cerró el debate y dispuso que las observaciones fueran remitidas a la Comisión para continuar con la elaboración del informe para segundo debate.

ACTA_012-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó modificar el orden del día para incorporar el tratamiento de la investigación de los hechos ocurridos en Macas el 30 de septiembre de 2009, a propuesta de Rolando Panchana, mientras que no prosperaron las solicitudes de Fernando Aguirre para exhortar al Parlamento colombiano a contribuir al restablecimiento de las relaciones bilaterales ni de Fernando Vélez para declarar como día de descanso obligatorio la conmemoración de la provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, se aprobaron por unanimidad la Convención sobre Municiones en Racimo y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; en el primer tema intervinieron Gabriel Rivera, Scheznarda Fernández, Francisco Cisneros, Abdalá Bucaram, Humberto Alvarado y Mary Verduga, destacándose la vocación de paz del Ecuador, la prohibición de estas armas y la protección de la población civil, mientras que en el segundo intervinieron Linda Machuca, Eduardo Zambrano, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, María Augusta Calle, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Luis Morales, Jorge Escala, Zobeida Gudiño y Marisol Peñafiel, quienes debatieron sobre la prevención de la tortura, la protección de las personas privadas de libertad, la creación de mecanismos de visitas y control, y la necesidad de adecuar la legislación nacional. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma tributaria, presentada por Juan Carlos Cassinelli, que proponía cambios al impuesto a la renta, IVA, impuestos a consumos especiales e impuesto a la salida de divisas, con el propósito de reducir la evasión, mejorar la equidad y fortalecer la recaudación; María Cristina Kronfle, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Patricio Quevedo, Luis Noboa, Rafael Dávila, Andrés Páez, Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Luis Almeida y otros legisladores cuestionaron el incremento de impuestos durante una crisis económica, sus posibles efectos sobre la producción, el empleo, las pequeñas empresas, los consumidores y la seguridad jurídica, mientras Rosana Alvarado, Carlos Velasco, Vanessa Fajardo, Juan Carlos López, Lenín Chica, Susana González, Jorge Escala, Edwin Vaca, José Picoita y Grace Almeida formularon observaciones sobre la redistribución, la evasión fiscal, la inversión social y la necesidad de mejorar el texto. El debate quedó sin resolución, debido a la falta de quórum al final de la jornada, y se dispuso que las intervenciones pendientes fueran presentadas por escrito.

ACTA_013-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la solicitud de Cynthia Viteri para incorporar una resolución sobre presuntas vulneraciones a la libertad de expresión relacionadas con la detención de ciudadanos en Guayaquil, mientras que se aprobó incluir el tratamiento de un proyecto de resolución para rechazar el Acuerdo Complementario de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad suscrito entre Colombia y Estados Unidos, planteado por Línder Altafuya, María Molina, Cléver Jiménez, Jorge Escala, Francisco Ulloa, Magali Orellana y Ramiro Terán, y defendido por Francisco Ulloa. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público, presentado por Nivea Vélez, orientado a regular el ingreso por méritos y oposición, la carrera administrativa, la capacitación, evaluación, remuneraciones, estabilidad, derechos y obligaciones de las servidoras y servidores públicos. Durante el debate se plantearon observaciones sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, el alcance de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales, la protección de los trabajadores de empresas públicas, la estabilidad laboral, los procesos disciplinarios, la jubilación, la inclusión de personas con discapacidad y la necesidad de que el Magisterio conserve su régimen especial de carrera y escalafón. Intervinieron Fernando Cordero, Francisco Cisneros, César Rodríguez, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Armando Aguilar, Paco Moncayo, Henry Cuji, Consuelo Flores, Dora Aguirre, Kléver García, María Augusta Calle, Rocío Valarezo, Irina Cabezas, Ramiro Terán, Edwin Vaca, María Cristina Kronfle, Silvia Kon, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Linda Machuca, Aminta Buenaño, María Molina, Geovanny Veintimilla, Gina Godoy, Gioconda Saltos, Betty Amores, Eduardo Encalada, Carlos Velasco, Guillermina Cruz, Carlos Samaniego y Hólger Chávez, quien destacó que el texto debía revisarse integralmente antes del siguiente debate. Finalmente, se conoció la propuesta de resolución contra el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, pero, luego de la intervención de Francisco Ulloa y de negarse la moción para trasladar su tratamiento a una próxima sesión, no se pudo adoptar una resolución debido a la falta de quórum, por lo que se clausuró la sesión.

ACTA_022-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció la respuesta del Ejecutivo a las observaciones formuladas a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual, ratificándose la Asamblea en que los fondos especiales destinados a determinados gobiernos autónomos descentralizados debían mantenerse vigentes y pagarse sin descontarlos de las asignaciones generales, así como en la redistribución de ochenta millones de dólares para modernizar la Función Judicial, financiar nuevos jueces y fortalecer los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia; intervinieron Betty Amores, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, Rafael Dávila y Armando Aguilar, quienes debatieron también sobre el endeudamiento, las proyecciones económicas, las asignaciones para educación, salud, jubilación docente y gobiernos locales. La resolución fue aprobada luego de la rectificación de la votación y se negó la reconsideración solicitada. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe fue presentado por Betty Carrillo y planteaba garantizar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, la regulación de contenidos, la protección de niñas, niños y adolescentes, la producción nacional, los derechos de periodistas y comunicadores, la desconcentración de la propiedad de medios, la transparencia de sus propietarios, el funcionamiento de medios públicos, privados y comunitarios, y la creación de mecanismos de regulación, vigilancia y participación ciudadana. Antes del debate se dio lectura al acuerdo suscrito por Fernando Cordero, Luis Morales, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Cynthia Viteri, César Montúfar y Abdalá Bucaram, orientado a garantizar la libertad de expresión sin censura previa, establecer responsabilidad ulterior, impedir la clausura o suspensión administrativa de medios y crear un Consejo de Comunicación autónomo e independiente. Durante el debate intervinieron Betty Carrillo, Paco Moncayo, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, César Rodríguez y Luis Morales; mientras Carrillo y Rodríguez defendieron la necesidad de una ley para democratizar el acceso a la comunicación, evitar monopolios y garantizar derechos ciudadanos, Moncayo, Cobo, Viteri y Morales expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, las facultades sancionadoras del Consejo y la suspensión de medios de comunicación. Finalmente, ante la falta de condiciones para continuar el debate, se suspendió el tratamiento del proyecto para retomarlo en una próxima sesión.

ACTA_022-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció la respuesta del Ejecutivo a las observaciones formuladas a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual, ratificándose la Asamblea en que los fondos especiales destinados a determinados gobiernos autónomos descentralizados debían mantenerse vigentes y pagarse sin descontarlos de las asignaciones generales, así como en la redistribución de ochenta millones de dólares para modernizar la Función Judicial, financiar nuevos jueces y fortalecer los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia; intervinieron Betty Amores, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, Rafael Dávila y Armando Aguilar, quienes debatieron también sobre el endeudamiento, las proyecciones económicas, las asignaciones para educación, salud, jubilación docente y gobiernos locales. La resolución fue aprobada luego de la rectificación de la votación y se negó la reconsideración solicitada. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe fue presentado por Betty Carrillo y planteaba garantizar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, la regulación de contenidos, la protección de niñas, niños y adolescentes, la producción nacional, los derechos de periodistas y comunicadores, la desconcentración de la propiedad de medios, la transparencia de sus propietarios, el funcionamiento de medios públicos, privados y comunitarios, y la creación de mecanismos de regulación, vigilancia y participación ciudadana. Antes del debate se dio lectura al acuerdo suscrito por Fernando Cordero, Luis Morales, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Cynthia Viteri, César Montúfar y Abdalá Bucaram, orientado a garantizar la libertad de expresión sin censura previa, establecer responsabilidad ulterior, impedir la clausura o suspensión administrativa de medios y crear un Consejo de Comunicación autónomo e independiente. Durante el debate intervinieron Betty Carrillo, Paco Moncayo, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, César Rodríguez y Luis Morales; mientras Carrillo y Rodríguez defendieron la necesidad de una ley para democratizar el acceso a la comunicación, evitar monopolios y garantizar derechos ciudadanos, Moncayo, Cobo, Viteri y Morales expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, las facultades sancionadoras del Consejo y la suspensión de medios de comunicación. Finalmente, ante la falta de condiciones para continuar el debate, se suspendió el tratamiento del proyecto para retomarlo en una próxima sesión.

ACTA_023-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se expresó solidaridad con el asambleísta Ramiro Terán por la situación de salud de su hermano Gustavo Terán, intervención en la que agradeció el respaldo recibido y exhortó a mantener la lucha por los cambios sociales. Posteriormente, se trató la designación de las vocalías del Consejo de Administración Legislativa; Gilmar Gutiérrez presentó la candidatura de Fausto Cobo para la Segunda Vocalía, la cual no alcanzó los votos necesarios, mientras que Nivea Vélez destacó la necesidad de garantizar la representación paritaria de las mujeres y Gido Vargas solicitó la rectificación de la votación. Asimismo, se debatió y aprobó la conformación de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional, mediante una propuesta presentada por Abdalá Bucaram, que fue aprobada con ochenta y seis votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y una abstención; durante el tratamiento intervinieron Rolando Panchana, Cynthia Viteri, Luis Almeida, Jorge Escala, Juan Fernández, Mao Moreno, Andrés Roche, Fernando Vélez, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Virgilio Hernández y Alfredo Ortiz, quienes formularon observaciones sobre la representación de los distintos sectores políticos, estudiantiles y sociales, así como sobre la integración de la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, a la que se incorporó Edwin Vaca. Finalmente, se informó la conformación de la Bancada Progresista Democrática de Izquierda, Intercultural y Plurinacional de Derechos, coordinada por Jorge Escala y Cléver Jiménez, y se retomó la designación de la Segunda Vocalía del Consejo de Administración Legislativa; Jorge Escala presentó la candidatura de Lourdes Tibán, quien fue designada con ochenta y cinco votos afirmativos, once negativos y veintiséis abstenciones, tomó juramento de posesión y manifestó su compromiso de impulsar la interculturalidad, la plurinacionalidad, los derechos colectivos y la participación de sectores históricamente excluidos.

ACTA_024-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, en el que Rodolfo Baquerizo, Lenín Chica, Gioconda Saltos, Tito Nilton Mendoza y Cléver Jiménez cuestionaron que la Asamblea pueda otorgar inmunidad a integrantes de una comisión, advirtiendo que ello podría dejar en indefensión a las personas mencionadas en sus informes; mientras Paco Moncayo defendió la necesidad de proteger las investigaciones para conocer la verdad y evitar la repetición de hechos de violencia, y Eduardo Encalada sostuvo que el informe debía profundizar en las implicaciones geopolíticas, sociales y de soberanía vinculadas con el conflicto fronterizo. Al concluir este punto, se cerró el debate y se dispuso la presentación de observaciones por escrito, sin aprobarse una decisión definitiva. Posteriormente, se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, presentadas por Mauro Andino, que planteaban restituir como delitos de acción pública conductas como la estafa, el hurto y otras infracciones que habían pasado a acción privada; reducir la cuantía para diferenciar contravenciones y delitos; sancionar la comercialización, ocultamiento y transporte de bienes robados; limitar la sustitución de la prisión preventiva en casos graves o de reincidencia; fortalecer el control sobre jueces, fiscales y audiencias; y eliminar la apelación al auto de llamamiento a juicio. Cynthia Viteri, Andrés Páez, Luis Almeida, María Cristina Kronfle y Gilmar Gutiérrez cuestionaron que las reformas fueran insuficientes frente a la inseguridad, solicitaron medidas más estrictas para evitar la liberación de personas procesadas y advirtieron inconsistencias en algunos artículos; mientras María Paula Romo, Juan Carlos Cassinelli, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Gracia, Hólger Chávez, Lídice Larrea, Marisol Peñafiel y Fernando Bustamante señalaron que la delincuencia no se resuelve únicamente con reformas penales, sino también mediante mejoras en la administración de justicia, la prevención, el empleo, la rehabilitación y el control de fiscales y jueces. También intervinieron César Rodríguez, Abdalá Bucaram, Línder Altafuya, Rafael Dávila, Paco Fierro, Galo Vaca, Edwin Vaca, Luis Morales, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Enrique Herrería, Rodolfo Baquerizo y Juan Carlos López, quienes formularon observaciones sobre proporcionalidad de penas, delitos ambientales, lavado de activos, corrupción, garantías del debido proceso y la necesidad de una reforma penal integral. Finalmente, se aprobó la moción de Xavier Tomalá para que las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sean elaboradas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y las reformas al Régimen Legal de Seguros por la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control; Alfredo Ortiz, Silvia Salgado, Galo Lara, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Jorge Escala y Nivea Vélez intervinieron sobre el trámite y la asignación de estas materias, mientras Cléver Jiménez cuestionó la votación, aclarándose que la resolución fue aprobada por mayoría simple de los asambleístas presentes.

ACTA_024-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Jorge Escala para incorporar una resolución que cuestionaba la terminación de la concesión de Radio Arútam, y de Enrique Herrería y Abdalá Bucaram para archivar los proyectos de protección e inmunidad; además, Scheznarda Fernández aceptó postergar para una próxima convocatoria su pedido de declarar el estado de excepción en Manabí ante el incremento de la delincuencia. Posteriormente, se realizó el primer debate de la propuesta destinada a otorgar protección e inmunidad a quienes participaron en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, con el fin de impedir represalias civiles o penales derivadas de sus actuaciones investigativas y garantizar el derecho a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición; Marisol Peñafiel, Juan Carlos Cassinelli, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Betty Amores, Silvia Salgado, Francisco Ulloa, Francisco Velasco y Fernando Bustamante defendieron la medida, señalando que la investigación no sustituía a la justicia y que sus resultados debían ser evaluados posteriormente por las autoridades competentes, mientras Luis Almeida, Rodolfo Baquerizo, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Cristina Kronfle, Alfredo Ortiz, Kléver García, Fernando Aguirre y Abdalá Bucaram cuestionaron la falta de una habilitación expresa para conceder inmunidad, su posible alcance indefinido, la ausencia del informe final y el riesgo de que se convierta en un mecanismo de impunidad o persecución política. También intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez y Luis Morales, cuya moción para archivar el proyecto fue negada. Finalmente, se inició el debate sobre la protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos relacionados con Angostura, planteándose que esta se limite a actuaciones civiles y penales vinculadas exclusivamente con la investigación y la obtención de información determinante para el informe; Washington Cruz, María Augusta Calle, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, Nivea Vélez, Mao Moreno, Juan Fernández, César Montúfar, Dora Aguirre, Gido Vargas, Armando Aguilar, Francisco Ulloa y Zobeida Gudiño debatieron sobre la necesidad de proteger a los integrantes de la investigación frente a posibles represalias, el derecho de las personas mencionadas en el informe a ejercer su defensa, la transparencia de las conclusiones y la constitucionalidad de la inmunidad. Al concluir, se suspendió el tratamiento de ambos proyectos sin adoptar una resolución definitiva.

ACTA_027-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se guardó un minuto de silencio en homenaje a los héroes del Cenepa, a propuesta de Paco Moncayo, y se recibió a la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyo representante Juan Ruales solicitó que se preserve su autonomía institucional dentro del proyecto de Ley de Culturas. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión de la Verdad, destinada a proteger a sus integrantes, colaboradores y testigos frente a acciones civiles o penales derivadas de sus labores investigativas, garantizar la reserva de información y facilitar medidas de protección para quienes participaran en el esclarecimiento de posibles violaciones de derechos humanos; María Paula Romo, Fernando Bustamante, Jorge Escala, César Montúfar y Tomás Zevallos defendieron la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y evitar represalias, mientras Vicente Taiano, Enrique Herrería, Kléver García, Jorge Fadul, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram y Leonardo Viteri cuestionaron la constitucionalidad de otorgar inmunidad, la imparcialidad de la Comisión y la falta de información sobre el contenido de su informe. También se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que regula la organización, interconexión, publicidad, protección y administración de la información contenida en registros públicos, incluidos los de propiedad y mercantiles; Francisco Velasco, Betty Amores, Yandri Brunner, Andrés Roche, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, Andrés Páez y Rodolfo Baquerizo debatieron principalmente sobre el régimen de transición, la infraestructura de las nuevas oficinas, la situación laboral de las y los trabajadores y las responsabilidades de los registradores salientes. Asimismo, se aprobó una resolución que rechazó el fallo de los conjueces en el caso Filanbanco, por considerar que podía favorecer la impunidad respecto de los presuntos responsables del perjuicio ocasionado al Estado, y se exhortó a las autoridades competentes a investigar las actuaciones judiciales y continuar el seguimiento del caso; intervinieron Línder Altafuya, Rolando Panchana, Jorge Escala, Rodolfo Baquerizo, María Paula Romo y Gioconda Saltos. De igual manera, se debatieron las actuaciones del fiscal general Washington Pesántez en relación con las presuntas irregularidades surgidas tras el accidente de tránsito en el que falleció Natalia Emme Bedoya; Silvia Salgado, Guillermina Cruz, Cynthia Viteri, Francisco Velasco, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Marco Murillo, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Paola Pabón, Enrique Herrería, Marisol Peñafiel, Luis Almeida, César Rodríguez, César Montúfar, Linda Machuca, Luis Morales, César Gracia y María Paula Romo expusieron posiciones sobre la imparcialidad de la Fiscalía, el respeto a los derechos de la víctima y la posible responsabilidad de sus funcionarios. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó las actuaciones de la Fiscalía, solicitó la destitución de los funcionarios que respaldaron un comunicado público sobre el caso, dispuso mantener vigilancia legislativa y consideró necesaria la renuncia inmediata del Fiscal General; la reconsideración solicitada por Francisco Velasco fue negada. También se aprobó por unanimidad un homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, propuesto por Marisol Peñafiel, en reconocimiento a su defensa de los pueblos indígenas, campesinos y sectores excluidos, su aporte a la educación y alfabetización, y la difusión de sus valores de justicia, solidaridad y paz.

ACTA_031-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, centrado en la definición de competencias, autonomía, planificación, participación ciudadana y distribución equitativa de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Edwin Vaca propuso una atención preferencial para las provincias fronterizas por la presencia de población refugiada y planteó impulsar una norma específica de desarrollo fronterizo; Paola Pabón, César Rodríguez, José Picoita, Mary Verduga, Gina Godoy y Armando Aguilar defendieron el Código como una herramienta para superar el centralismo, fortalecer las juntas parroquiales, ordenar competencias y establecer una distribución más justa de recursos. Gilmar Gutiérrez, Francisco Cisneros, Andrés Páez, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Francisco Ulloa y Nivea Vélez expresaron reparos sobre posibles limitaciones a la autonomía, la fórmula de redistribución, la creación de tributos, la delegación de servicios públicos y las disposiciones sobre expropiación de inmuebles para vivienda de interés social. Ángel Vilema solicitó reconocer los costos de insularidad de Galápagos; Xavier Tomalá y Jimmy Pinoargote plantearon mayores recursos y competencias para Santa Elena, particularmente por la explotación petrolera y el turismo; Rafael Dávila y Nivea Vélez defendieron la permanencia de recursos destinados a Loja; Magali Orellana, Guillermina Cruz, Francisco Cisneros y otros representantes amazónicos solicitaron garantizar los fondos de compensación para esa región; mientras Paco Fierro, Mauro Andino, María Molina y Jaime Abril debatieron la distribución de beneficios vinculados con la generación hidroeléctrica y las provincias afectadas. Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Lourdes Tibán formularon observaciones sobre las circunscripciones territoriales indígenas, el reconocimiento de comunas, pueblos y nacionalidades, la consulta conforme a sus procedimientos propios y el respeto a la libre determinación. Pedro de la Cruz y Jaime Abril solicitaron proteger la gestión pública y comunitaria del agua y del riego; Silvia Salgado planteó evitar que la educación y la salud sean tratadas como servicios sujetos a delegación; Línder Altafuya cuestionó que la regionalización pudiera imponerse sin consulta popular; y Richard Guillén, Marllely Vásconez, Fausto Cobo, Galo Vaca, Cynthia Viteri, Luis Morales y Gabriel Rivera también presentaron observaciones sobre financiamiento, competencias, participación y autonomía local. Finalmente, al permanecer pendientes varias intervenciones y temas adicionales incorporados al orden del día, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto en una próxima convocatoria.

ACTA_040-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 040-B documenta la continuación de la Sesión No. 40 del Pleno de la Asamblea Nacional, realizada el 13 de mayo de 2010 bajo la presidencia de Fernando Cordero Cueva (con la asambleísta Irina Cabezas Rodríguez asumiendo temporalmente la dirección) y la Secretaría General a cargo de Francisco Vergara Ortiz, cuyo único punto sustantivo fue la continuación del segundo debate y votación del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. Tras una intervención inicial de Leonardo Viteri cuestionando la legalidad del cierre del debate anterior, el presidente Cordero presentó una moción previa con proyecto de Resolución fundamentada en la Sentencia de la Corte Constitucional No. 001-10-SIN-CC, orientada a suspender la votación del informe de mayoría hasta realizar la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas conforme al artículo 57 numeral 17 de la Constitución; dicha moción, tras una primera votación aprobatoria, fue rectificada y finalmente rechazada (58 a favor, 50 en contra, 10 abstenciones). A continuación, el asambleísta Jorge Escala presentó una moción previa alternativa que proponía crear un "Consejo de Consulta", con una modificación sugerida por Paco Moncayo y aceptada por Escala; sobre este punto intervinieron Rolando Panchana, Andrés Páez, César Rodríguez, Gilmar Gutiérrez, Cynthia Viteri y Marisol Peñafiel, exponiendo posiciones divididas sobre las competencias de la Corte Constitucional y la conveniencia política de la consulta, y la moción fue finalmente rechazada (38 a favor, 13 en contra, 65 abstenciones). Ante la imposibilidad de votar la ley sin consulta previa, el presidente Cordero anunció que la Ley de Aguas no sería votada hasta que esta se realizara, intentó dar paso al siguiente punto del orden del día (objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión sobre los hechos de Angostura)

ACTA_042-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 042 documenta la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional realizada el 20 de mayo de 2010, instalada por el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra (en reemplazo del presidente Fernando Cordero, ausente por un duelo familiar) y con Francisco Vergara Ortiz como Secretario General; tras constatar el quórum y leer el Orden del Día, se rechazó una moción de cambio presentada por Ramiro Terán sobre reestructuración de la Comisión de Fiscalización, se retiró una moción de Henry Cuji sobre jubilados del Ingenio San Carlos, y se tomó nota de un pedido de Gilmar Gutiérrez. Tras el Himno Nacional, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado (ponente María Paula Romo) con intervenciones de Vicente Taiano y Luis Almeida, ley que fue finalmente aprobada por amplia mayoría tras rectificación de la votación. A continuación se trató el conocimiento de la solicitud del Consejo de Administración Legislativa para encargar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la elaboración de un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que incorpore el procedimiento normativo de consulta prelegislativa (numeral 17 del artículo 57 de la Constitución), punto que generó un extenso debate con las intervenciones de Virgilio Hernández, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Paula Romo y Jorge Escala. La sesión se interrumpió para una Comisión General en homenaje a la recepción de los restos simbólicos de la Generala Manuela Sáenz, con un acto conmemorativo, proyección audiovisual e intervención de María Augusta Calle; reinstalada la sesión, continuó el debate sobre la reforma legislativa con las participaciones de Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema (parte de su intervención en kichwa), Cynthia Viteri, Betty Carrillo y Silvia Salgado. Finalmente, sin llegar a una votación formal sobre el proyecto de resolución, el Presidente encargado, recogiendo el consenso expresado por los asambleístas, dispuso que el Consejo de Administración Legislativa reciba todos los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionados con la consulta prelegislativa, y clausuró la sesión.

ACTA_046-D-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva, se constató el quórum y se reinstaló la sesión para continuar con el segundo debate y votación del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), tras lo cual se generó un intenso debate procedimental sobre la validez de una solicitud de reconsideración planteada por el asambleísta Andrés Páez respecto a la votación de la Ley Orgánica del Banco del Estado, lo que llevó a varias suspensiones breves por desorden en la sala y a discusiones entre distintos asambleístas (entre ellos Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Jorge Escala y Cléver Jiménez) sobre cuál era la "siguiente sesión" válida conforme al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para ejercer ese derecho, dado que las sesiones 48 y 49 ya habían sido clausuradas; el Presidente reconoció públicamente un malentendido previo relacionado con un incidente con el asambleísta Herrería y propuso tratar el tema de la reconsideración con mayor serenidad entre las bancadas antes de proceder a la votación de la ley. Posteriormente, intervino el asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, quien aclaró que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación tendría un rol de coordinación y no de rectoría, detallando los artículos del proyecto en los que ya no constaba dicha Secretaría conforme a los acuerdos alcanzados con la Academia, y solicitó un plazo adicional para codificar el adendum en el texto definitivo de la ley antes de proceder a su votación; en respuesta, el Presidente dispuso un receso hasta las quince horas para permitir dicha codificación, quedando pendiente la reinstalación de la sesión y la votación final de la ley.

ACTA_049-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum y se instaló la sesión, dándose lectura a la convocatoria y al Orden del Día, que incluía el Himno Nacional y el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo del RO 971 de 1996 y la Ley 2003-5; se presentaron dos solicitudes de cambio del Orden del Día, una del asambleísta Fernando Bustamante para incluir un proyecto de resolución sobre un posible caso de espionaje por parte de Colombia, y otra del asambleísta Jimmy Pinoargote relacionada con la prórroga otorgada por el Vicepresidente Rolando Panchana Farra a la Comisión de Comunicación, ambas rechazadas en votación y rectificación, así como una solicitud de reconsideración de la asambleísta Cynthia Viteri que tampoco fue aceptada por no existir resolución previa que reconsiderar. Tras la entonación del Himno Nacional, el Presidente instaló una Comisión General para recibir al Alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien expuso la necesidad de aprobar la ley interpretativa para regularizar la tenencia de tierras del barrio Atucucho, asentamiento de más de tres mil familias en un predio del Ministerio de Salud Pública. Reinstalada la sesión, se dio lectura al informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio sobre dicho proyecto, lo que generó un incidente cuando el asambleísta Abdalá Bucaram presentó una apelación a la Presidencia por la no inclusión del pedido de Pinoargote en el Orden del Día; asumió temporalmente la dirección el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, se produjo un enfrentamiento verbal entre Bucaram y el Presidente Cordero, y la apelación fue sometida a votación y rectificación, resultando negada en ambas ocasiones, por lo que Cordero reasumió la Presidencia. Retomado el punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, Virgilio Hernández, expuso el informe a favor del proyecto de Ley Interpretativa, que busca facultar al Ministerio de Salud Pública la venta directa sin subasta a los posesionarios de Atucucho, estableciendo mecanismos de avalúo municipal, transferencia de áreas comunales al Municipio y límites a la adjudicación; intervinieron numerosos asambleístas (Luis Morales, Marllely Vásconez, Guillermina Cruz, César Rodríguez, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Eduardo Encalada, Alfredo Ortiz, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Marcelo García, Lourdes Tibán, Andrés Roche y Paco Fierro), quienes en general respaldaron el proyecto y plantearon observaciones sobre el año de referencia para el avalúo, el plazo de venta, la prohibición de adjudicación múltiple, el estudio socioeconómico de las familias y los tiempos de entrega de escrituras, además de pedir disculpas a los moradores de Atucucho por los incidentes ocurridos durante la sesión. Finalmente, el Presidente cerró el debate y dispuso que el proyecto regrese a la Comisión para incorporar las observaciones y preparar la versión definitiva para segundo debate y votación en el Pleno.

ACTA_051-AN-2009-2011_PLENO.pdf Segundo debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial 971 de 1996 y a la Ley 2003-5, orientado a la regularización y venta directa de predios a los posesionarios de los barrios de Atucucho, San Jacinto, Nuevos Horizontes y Rumiloma sin subasta pública, debate en el que intervinieron los asambleístas Virgilio Hernández (ponente), Alfredo Ortiz, Carlos Samaniego, Cléver Jiménez, Rolando Panchana y César Rodríguez, además de una Comisión General en la que se escuchó al presidente del barrio Atucucho, Luis Robles, aprobándose finalmente el proyecto por unanimidad; seguidamente, bajo la conducción del segundo vicepresidente Rolando Panchana Farra, se instaló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa a partir de los informes de mayoría (presentado por María Paula Romo) y de minoría, con intervenciones de Cynthia Viteri, María Soledad Vela, Andrés Páez, Betty Amores, Gilmar Gutiérrez, Vicente Taiano, Silvia Salgado y otros asambleístas sobre temas como la consulta prelegislativa, la fiscalización y una disposición transitoria relativa a la muerte cruzada, debate que fue interrumpido para un receso y luego reasumido por el presidente Cordero, hasta que se decidió suspender su tratamiento y remitirlo a una sesión posterior; en el interín se conoció, con la reasunción de la dirección por parte de Panchana, la objeción parcial del señor Presidente de la República al proyecto de Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, expuesta por el asambleísta Abdalá Bucaram, presidente de la Comisión respectiva, resolviéndose allanarse a la objeción con excepción del literal k) del artículo 14, en el cual el Pleno se ratificó en el texto originalmente enviado al Ejecutivo; finalmente, se retomó el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria N.° 2 para la Depuración de la Normativa Legal, sustentado por María Paula Romo, que fue aprobado por unanimidad tras no recibir observaciones adicionales.

ACTA_063-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se analizó ampliamente lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, con posiciones contrapuestas: Paco Moncayo, Cynthia Viteri, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Leonardo Viteri, Gilmar Gutiérrez, Andrés Páez, César Montúfar, Línder Altafuya, Jimmy Pinoargote y Luis Almeida condenaron la violencia e insubordinación, pero cuestionaron el manejo de la crisis, la suspensión de actividades legislativas, el veto a la Ley de Servicio Público, el operativo en el Hospital de la Policía y solicitaron una investigación independiente, internacional o multipartidista, así como medidas de diálogo y reconciliación nacional; mientras Francisco Velasco, César Rodríguez, Marisol Peñafiel, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Irina Cabezas, María Alejandra Vicuña, Eduardo Encalada, Guillermina Cruz, Eduardo Zambrano, Hólger Chávez, Juan Carlos López, Lenin Chica y Aminta Buenaño sostuvieron que existió una tentativa de golpe de Estado, secuestro y acciones de desestabilización, demandando sanciones para los responsables y la defensa del orden constitucional. Abdalá Bucaram planteó que se investigue a todos los responsables y se promueva una política de paz. El tratamiento concluyó con un proyecto de resolución consensuado presentado por César Rodríguez, pero la votación quedó pendiente. Además, se recibió a Wladimir Paspuel, Juan Carlos Piedra, Rosana Sanabria, Bernarda Jiménez y Carlos Jiménez, representantes de organizaciones migrantes, quienes expusieron sobre los derechos de las personas en movilidad humana; a propuesta de Dora Aguirre se aprobó una resolución de bienvenida, reconocimiento y felicitación a los participantes del IV Foro Social Mundial de las Migraciones. Finalmente, Fernando Bustamante, Linda Machuca, Guillermina Cruz, Víctor Quirola y Eduardo Zambrano intervinieron en el análisis del Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano, destinado a regularizar y proteger la situación de trabajadores migrantes de ambos países, facilitar su permanencia y evitar condiciones de explotación, instrumento que fue aprobado con ciento seis votos afirmativos.

ACTA_064-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por Henry Cuji, que propone eliminar 150 decretos legislativos, decretos supremos y una resolución legislativa considerados obsoletos o sin incidencia jurídica, relacionados, entre otros temas, con obras ferroviarias, indultos y amnistías, tributos, aduanas, consejos cantonales y órganos judiciales; el proyecto fue remitido a la Comisión de Justicia para incorporar observaciones. También se negó la propuesta de Cynthia Viteri para solicitar la comparecencia urgente del Vicepresidente de la República, a fin de que informe quiénes le habrían propuesto asumir la Presidencia el 30 de septiembre de 2010; la legisladora sostuvo que era necesario esclarecer los hechos, mientras la moción no alcanzó los votos requeridos. En comisión general intervinieron Carmen Barroso, representante de la región del Caribe, y Alicia Muñoz, representante del Cono Sur, quienes expusieron los objetivos del V Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), centrados en soberanía alimentaria, tierra, territorio, agua, derechos humanos, agricultura campesina, defensa ambiental e integración de los pueblos; ambas expresaron solidaridad con Ecuador frente a los hechos del 30 de septiembre. Posteriormente, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo y Cléver Jiménez intervinieron en el tratamiento de la resolución de saludo y bienvenida a las delegaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes participantes del Congreso; De la Cruz destacó las propuestas de soberanía alimentaria y protección de la Pachamama, Moncayo respaldó la bienvenida y pidió investigar a fondo los acontecimientos nacionales, y Jiménez apoyó la resolución, aunque cuestionó las referencias a un intento de golpe de Estado. Finalmente, se aprobó la resolución que dio la bienvenida a las delegaciones de la CLOC y respaldó sus iniciativas de integración regional, defensa de la soberanía alimentaria, pequeña agricultura campesina, ecología, interculturalidad y fortalecimiento de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes.

ACTA_067-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento la propuesta de Lourdes Tibán destinada a promover, mediante medios públicos, privados y comunitarios, la autoidentificación étnica de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias en el censo nacional, aunque el proyecto de resolución quedó pendiente. Se archivó el proyecto de ley para legalizar terrenos en el cantón Playas, al determinarse que, tras la vigencia del COOTAD, la regularización de asentamientos, expropiación y adjudicación de predios corresponde a los gobiernos municipales; Marllely Vásconez defendió el informe y Juan Carlos Cassinelli, proponente de la iniciativa, respaldó el archivo. El principal tema fue la aprobación unánime de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, que estableció incrementos retroactivos desde enero de 2010, entre cuarenta y sesenta dólares según el rango de pensión, mecanismos automáticos de revalorización anual mediante coeficientes porcentuales, mejoras para las pensiones de montepío, reconocimiento de beneficios de viudedad para hombres, ampliación de la atención médica de hijas e hijos de afiliados hasta los dieciocho años y una tabla diferenciada para Galápagos. Nívea Vélez, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Kléver García, Luis Morales, Andrés Páez, Armando Aguilar, Dora Aguirre, Alfredo Ortiz, Tito Nilton Mendoza y Fernando Aguirre intervinieron en el debate sobre el financiamiento, la sostenibilidad del Fondo de Pensiones, el carácter retroactivo y la necesidad de evitar que los incrementos dependan únicamente de la inflación; además, Carmina Molina de Cantos, Teresa Villavicencio, José Hoyos, Edison Lima, Abdón Logroño y Gabriel Riera, en representación de los jubilados, solicitaron una pensión digna y respaldaron el acuerdo alcanzado. También se conoció en primer debate la reforma a las leyes de legalización de tierras de Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Huaquillas, orientada a precisar los requisitos de posesión, los efectos de procesos judiciales, la regularización de predios y el levantamiento de restricciones patrimoniales, quedando el análisis pendiente. Finalmente, se intentó reconsiderar el informe sobre la denuncia del convenio de protección de inversiones entre Ecuador y China, pero Cynthia Viteri cuestionó que no podía reconsiderarse una decisión que no había sido resuelta previamente; tras el retiro de la rectificación solicitada por Alfredo Ortiz y la moción de Fernando Bustamante para votar el informe, el asunto quedó pendiente de análisis jurídico y de una decisión posterior.

ACTA_069-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se designó a Libia Rivas y Andrés Segovia como delegados de la Función Legislativa para integrar la comisión ciudadana de selección de los miembros del Consejo de la Judicatura, y a Lorena Cáceres y Juan Pablo Pozo para la comisión encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Aminta Buenaño presentó y defendió estas nominaciones, destacando la experiencia y trayectoria profesional de los postulados; Mauro Andino sostuvo que la designación debía resolverse por mayoría simple y respaldó a los candidatos por su perfil técnico y su calidad de funcionarios legislativos. Alfredo Ortiz propuso como alternativa a Cristóbal Napoleón Balanzategui, Gisela Torres, Luz María Otavalo y Abel Zarango, argumentando que los delegados debían ser independientes de la Función Legislativa e incorporar representación indígena; esta postura fue respaldada por Jorge Escala y Francisco Cisneros, quienes solicitaron transparencia, revisión de hojas de vida y garantías de autonomía de las entidades de justicia. Cynthia Viteri cuestionó la falta de verificación pública de los requisitos y documentos de respaldo de los candidatos, mientras Andrés Páez, Magaly Orellana y Luis Almeida plantearon observaciones sobre las excusas y reemplazos de legisladores ausentes. La designación propuesta por Buenaño fue aprobada y la reconsideración solicitada posteriormente fue negada. También se debatió una resolución presentada por Alfredo Ortiz para garantizar los derechos humanos y el debido proceso de las personas en situación migratoria irregular en Galápagos, promover la participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y exhortar a la Defensoría del Pueblo a establecer una estructura institucional en la provincia; Ortiz defendió que la regulación migratoria no podía derivar en expulsiones arbitrarias, mientras Ángel Vilema sostuvo que el control y la regularización eran necesarios para proteger el ecosistema de Galápagos y cuestionó que existieran vulneraciones de derechos, y Luis Almeida defendió la libertad de circulación de los ecuatorianos dentro del territorio nacional. La resolución no obtuvo los votos necesarios, incluso después de su rectificación.

ACTA_072-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó por unanimidad el Acuerdo entre Ecuador y Perú para crear la Comisión Binacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, destinada a impulsar la integración fronteriza, el manejo sostenible del agua, el control de inundaciones, el riego y el desarrollo agrícola en zonas de El Oro y Tumbes; Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Zobeida Gudiño, Linda Machuca, Fausto Cobo, Vethowen Chica, Luis Morales, Eduardo Zambrano, Luis Almeida, Carlos Zambrano, Mao Moreno, Mauro Andino, Rafael Dávila, Rosa Santos, Pedro de la Cruz y Víctor Quirola respaldaron la iniciativa, mientras Gerónimo Yantalema solicitó incorporar de forma efectiva a campesinos, montubios, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como medidas de protección de zonas de recarga hídrica, biodiversidad y soberanía alimentaria. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Servicio Público; Nívea Vélez propuso ratificar artículos relacionados con la autonomía de las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados, derechos de trabajadores, jornada especial de salud, maternidad y lactancia, evaluación, estabilidad, jubilación y debido proceso. En comisión general, Héctor Terán, Eduardo Valdez, Miguel García Falconí y Noemí Marcillo, en representación de organizaciones de servidores públicos y trabajadores, cuestionaron la renuncia obligatoria, los pagos mediante bonos, la afectación a la estabilidad, la evaluación como causal de desvinculación, la reducción de derechos laborales y la concentración de atribuciones en el Ministerio de Relaciones Laborales. Francisco Cisneros, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Tito Nilton Mendoza, Galo Lara, Galo Vaca y Dora Aguirre intervinieron en el debate con posiciones sobre la defensa de derechos laborales, la autonomía institucional, el control de la corrupción, la jubilación y la aplicación del veto. En las votaciones se ratificaron algunos textos originales, entre ellos el artículo 25 y los artículos 130, 134 y 135, además de la disposición general vigésima primera; no prosperaron varias ratificaciones vinculadas con autonomía, evaluación, estabilidad, jubilación y disposiciones transitorias, y se aprobó el allanamiento a un amplio grupo de observaciones del Ejecutivo. Finalmente, quedaron solicitadas reconsideraciones de varias mociones para una sesión posterior.

ACTA_079-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Derogatoria No. 5 para la Depuración de la Normativa Legal, que eliminó 150 decretos supremos, legislativos y resoluciones obsoletas, principalmente vinculados con reorganizaciones de concejos cantonales y medidas ya cumplidas; María Paula Romo presentó el informe y Kléver García respaldó su votación. En primer debate se trató la reforma al Código de la Democracia para regular transitoriamente la entrega del Fondo Partidario Permanente y de reposición del gasto electoral mientras las organizaciones políticas culminaban su reinscripción; María Paula Romo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Lourdes Tibán, Silvia Salgado y Rosendo Nurinkias defendieron la necesidad de fortalecer a partidos y movimientos, mientras Jorge Escala, Marco Murillo, Tomás Zevallos y César Montúfar cuestionaron su constitucionalidad, el posible beneficio a organizaciones no reinscritas y la exclusión de movimientos locales, por lo que la Comisión anunció que revisaría las observaciones y consultaría al Consejo Nacional Electoral antes del segundo debate. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, que modificó la integración del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, incorporó al Ministerio del Interior, reguló la libre designación y remoción de las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero y tipificó el financiamiento de delitos como infracción autónoma; Francisco Velasco defendió el allanamiento y María Paula Romo solicitó preservar la obligación de la Fiscalía de demostrar el origen ilícito de los activos. El tema principal fue el primer debate de las reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas, que propusieron agravar sanciones por sicariato, uso de niñas, niños y adolescentes para delinquir, delitos de odio, usura, comercialización ilícita de combustibles, minería ilegal y uso de vehículos sumergibles; ampliar las herramientas de investigación policial, acumular penas hasta treinta y cinco años, reforzar medidas cautelares, sancionar a fiscales por prevaricato y aumentar las medidas socioeducativas para adolescentes infractores. En comisión general, Sara Oviedo y Joffre Vélez solicitaron no reducir la edad de imputabilidad ni responder a la delincuencia juvenil únicamente con prisión, sino fortalecer prevención, justicia especializada y rehabilitación; Vicente Sarmiento y Enrique Alcívar, en representación de víctimas, exigieron una respuesta más firme contra la impunidad, mayor protección para víctimas y sanciones por negligencia médica. María Paula Romo, Vicente Taiano, Aminta Buenaño, Paco Moncayo, Viviana Bonilla, Mauro Andino y Gina Godoy sostuvieron que las reformas son necesarias pero insuficientes sin una transformación de la Fiscalía, judicaturas, Policía, rehabilitación social y políticas de prevención; Gilmar Gutiérrez, Cynthia Viteri, Luis Almeida, Tito Nilton Mendoza, Alfredo Ortiz y Enrique Herrería plantearon endurecer las penas, revisar la caducidad de la prisión preventiva, ampliar la capacidad judicial y adoptar medidas más severas para delitos graves y adolescentes infractores. El debate quedó suspendido sin votación final, al igual que la resolución incorporada a propuesta de Armando Aguilar para exhortar a la Función Judicial a agilitar los procesos, especialmente los vinculados con causas ambientales de Sucumbíos.

ACTA_103-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar exhortos destinados a establecer academias de música y artes para comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, expresar solidaridad con la provincia de Imbabura por las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y tratar la declaratoria de Riobamba como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica. Posteriormente, se debatió una resolución relacionada con las declaraciones de la exembajadora estadounidense Heather Hodges y los cables diplomáticos que atribuían al Presidente conocimiento de presuntos actos de corrupción en la Policía Nacional. Quienes apoyaron la resolución defendieron la soberanía, la dignidad nacional y la facultad del Estado para declarar persona no grata a una representante diplomática; otros cuestionaron que la medida afectara las relaciones internacionales, comerciales y laborales, advirtieron que podía utilizarse como una cortina de humo y solicitaron investigar las denuncias de corrupción contenidas en los cables. Finalmente, se aprobó manifestar el desacuerdo con las afirmaciones divulgadas, respaldar la decisión gubernamental de declarar persona no grata a Heather Hodges, rechazar cualquier injerencia o espionaje extranjero y solicitar a la Contraloría y a la Fiscalía investigar los presuntos hechos de corrupción señalados. Intervinieron Gioconda Saltos, Celso Maldonado, Marco Murillo, Fernando Bustamante, Línder Altafuya, Luis Almeida, Vicente Taiano, César Montúfar, Enrique Herrería, Alfredo Ortiz, Pedro de la Cruz, Cynthia Viteri, Betty Carrillo, Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, María Calle, Eduardo Paredes, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Nívea Vélez, Francisco Velasco, Leonardo Viteri, Cléver Jiménez y César Rodríguez. En comisión general, Juan Salazar y Romeo Rodríguez expusieron la importancia académica, social y económica de Riobamba y solicitaron respaldar su declaratoria como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica; la sesión fue suspendida sin resolver este punto ni los demás asuntos pendientes.

ACTA_104-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó una resolución que censuró los intentos de judicializar las decisiones soberanas de la Asamblea Constituyente, especialmente las amnistías concedidas a personas procesadas por acciones relacionadas con la protesta social, y se advirtió a la Fiscalía, la Corte Nacional y demás funcionarios que debían respetar su carácter obligatorio; durante el debate se confrontaron criterios sobre la supremacía del poder constituyente, la independencia de las funciones del Estado, la posibilidad de investigar delitos comunes y el riesgo de que la resolución favoreciera la impunidad. También se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración al Mérito Cultural a la Fundación Cultural Edgar Palacios y al pabellón de SINAMUNE, en reconocimiento a su trabajo artístico, educativo y terapéutico con niños, jóvenes y personas con discapacidad; Edgar Palacios agradeció la distinción. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, destinada a reconocer, regular, fomentar y controlar a cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, cajas de ahorro, bancos comunales, unidades económicas populares y otros emprendimientos solidarios; se analizaron la autonomía de estas organizaciones, la participación de pueblos y nacionalidades, el acceso al crédito, las tasas de interés, los incentivos, la contratación pública, el reconocimiento de la economía del cuidado, la igualdad de las mujeres y la creación de una superintendencia, un instituto especializado y una corporación de finanzas populares. La rectificación mantuvo la aprobación del proyecto y su reconsideración fue negada. Finalmente, se aprobó una resolución de reconocimiento a los maestros, mediante la cual se destacó su contribución a la educación, se expresó el compromiso de impulsar su estabilidad laboral, formación continua y remuneración justa, y se exhortó a difundir la obra de Juan Montalvo. Intervinieron Ramiro Terán, Fernando Bustamante, Fernando González, Marco Murillo, Paco Fierro, Cynthia Viteri, César Rodríguez, Tito Mendoza, César Montúfar, Fernando Cordero, Edgar Palacios, Francisco Velasco, Rodrigo Aucay, Faustino Baltazar, Patricio Quevedo, Paola Pabón, Rafael Dávila, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Línder Altafuya, Alfredo Bautista, Gido Vargas, Gerónimo Yantalema, Armando Aguilar, Eduardo Encalada, Nívea Vélez, Edwin Vaca, Virgilio Hernández, Luis Morales, Viviana Bonilla, María Calle, Washington Cruz, Juan López, Lourdes Tibán, Betty Carrillo y Fausto Cobo.

ACTA_116-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas para incorporar al orden del día el rechazo al decreto sobre la compra obligatoria de renuncias de servidores públicos y un exhorto para ampliar el acceso de los jóvenes a las universidades estatales. Posteriormente, se posesionó a Paulo Rodríguez, Tania Arias y José Yávar como integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio. Se debatió la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de una causa penal contra el Presidente de la República por una querella de injurias; quienes respaldaron la autorización sostuvieron que la inmunidad no debía impedir la investigación judicial y que correspondía garantizar el debido proceso, mientras sus opositores consideraron que la petición carecía de fundamento constitucional, perseguía fines políticos y pretendía desestabilizar al Gobierno. La autorización fue negada y la rectificación confirmó el resultado. También se aprobó la Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, mediante la cual se eliminaron ciento cincuenta y una normas obsoletas o inaplicables. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial sobre las prácticas preprofesionales de los estudiantes de Derecho, analizando su aplicación únicamente a quienes iniciaron sus estudios después de la vigencia del Código, la falta del reglamento correspondiente, la posibilidad de realizarlas durante la carrera y en distintas instituciones públicas, su remuneración, la protección de quienes estudian y trabajan, la diferencia entre pasantías y prácticas profesionales y la coordinación con las autoridades de educación superior; las observaciones fueron remitidas a la comisión para elaborar el informe de segundo debate. Intervinieron Nívea Vélez, Luis Morales, Silvia Kon, Enrique Herrería, Jorge Escala, Tito Mendoza, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Hólger Chávez, Andrés Páez, Cynthia Viteri, César Rodríguez, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, César Montúfar, Lourdes Tibán, Armando Aguilar, Luis Almeida, César Gracia, Mauro Andino, Eduardo Encalada, María Romo, Juan Cassinelli, Gerónimo Yantalema, María Vela, Francisco Ulloa y Viviana Bonilla.

ACTA_125-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión 125 del Pleno, realizada el 20 de septiembre de 2011, se desarrolló inicialmente un acto conmemorativo por los 180 años de la primera sesión del Congreso Nacional del Ecuador, durante el cual ingresó al salón la primera Constitución ecuatoriana, se interpretó el Himno Nacional en idioma shuar y se entregó oficialmente la Constitución de la República traducida al shuar chicham, trabajo destinado a facilitar a esta nacionalidad el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones; intervinieron el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el lingüista Pedro Andicha Chayuqui y la asambleísta Diana Atamaint, quienes destacaron la importancia de la memoria histórica, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la conservación de las lenguas ancestrales y la inclusión de los pueblos indígenas. Posteriormente, se inició un extenso y polarizado debate sobre el proyecto de resolución relacionado con los hechos del 30 de septiembre de 2010: María Augusta Calle y otros legisladores sostuvieron que existió un intento de golpe de Estado, el secuestro del Presidente de la República y una acción coordinada destinada a quebrantar el orden constitucional, por lo que solicitaron investigar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales y evitar la impunidad; en contraste, varios asambleístas de oposición negaron que hubiera existido golpe de Estado o magnicidio, atribuyeron los acontecimientos a una protesta policial originada por la Ley de Servicio Público, cuestionaron la actuación del Ejecutivo y de las fuerzas que participaron en el operativo de rescate, denunciaron una posible utilización política de la justicia y propusieron conformar una investigación independiente, desclasificar los documentos reservados o acudir a organismos internacionales para determinar responsabilidades. El debate fue suspendido al mediodía y reinstalado con setenta y cinco legisladores, pero, luego de nuevas intervenciones, la sesión volvió a suspenderse a las 16h20 sin que el proyecto de resolución fuera sometido a votación y sin que se trataran los segundos debates de los proyectos de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Intervinieron María Augusta Calle, Lenín Chica, Ramiro Terán, Cléver Jiménez, Irina Cabezas, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Pedro de la Cruz, Cynthia Viteri, Fernando Flores, Viviana Bonilla, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Enrique Herrería, Paola Pabón, Fausto Cobo, Gastón Gagliardo, Virgilio Hernández, Jorge Escala, Mao Moreno, Xavier Tomalá, Marco Murillo y Fernando Aguirre.

ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_136-D-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, en el que hubo acuerdo general sobre la necesidad de contar con una normativa, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre si el texto garantizaba la libertad de expresión o podía convertirse en un instrumento de censura y control político. La discusión abordó la responsabilidad ulterior y la conveniencia de que esta se tramite administrativa, civil o judicialmente; la composición, independencia, competencias y límites del Consejo de Regulación; la necesidad de tipificar claramente las infracciones para evitar decisiones discrecionales; los derechos de rectificación y réplica; la diferenciación entre información y opinión; la veracidad, contextualización y pluralidad de los contenidos; y la protección de la honra, la intimidad y la presunción de inocencia. También se analizaron la reversión de frecuencias otorgadas irregularmente, su distribución equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios, el aprovechamiento de la digitalización, el destino de los medios incautados, la transparencia de la publicidad oficial, la producción nacional y audiovisual, el acceso a nuevas tecnologías, los derechos comunicacionales de migrantes, pueblos y nacionalidades, y la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos. Asimismo, se planteó fortalecer los derechos laborales, la estabilidad, seguridad, capacitación y profesionalización de periodistas y trabajadores de la comunicación, considerando excepciones para zonas rurales y amazónicas donde no existen centros de formación; incorporar la comunicación en salud, educación y desarrollo; votar el proyecto artículo por artículo; construir un texto consensuado o, en oposición, archivarlo y reiniciar su elaboración. En comisión general, Marco Pérez y Hólger Guerrero expusieron las demandas de colectivos de periodistas, denunciaron la precariedad y censura empresarial que afectaba a los comunicadores y respaldaron la democratización de los medios y el reconocimiento efectivo de sus derechos laborales. El debate concluyó sin votación y la sesión fue suspendida para continuar posteriormente con el análisis y la incorporación de observaciones. Intervinieron Dora Aguirre, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, César Montúfar, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, Richard Guillén, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Fernando Cordero, Susana González, Vethowen Chica, Galo Vaca, Carlos Samaniego, Blanca Ortiz, Mao Moreno, Raúl Abad, Edwin Vaca, Mary Verduga, Jimmy Pinoargote, Betty Carrillo, César Rodríguez, Tomás Zevallos, Cynthia Viteri, Fernando González, Mauro Andino, Marco Pérez y Hólger Guerrero.

ACTA_139-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó por unanimidad incorporar al orden del día una propuesta para exhortar al Ejecutivo a mantener el subsidio del combustible destinado al transporte aéreo hacia Galápagos, argumentándose que el avión constituía el principal medio de conexión de la provincia y que la eliminación de esta ayuda incrementaría considerablemente el precio de los pasajes, el transporte de alimentos, medicinas y demás productos esenciales; sin embargo, este asunto no llegó a resolverse antes de la suspensión. El tema central fue el análisis de dos solicitudes de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de causas penales contra Tito Galo Lara Yépez, originadas en querellas presentadas por Rafael Correa y Ximena Ponce por expresiones consideradas injuriosas. La discusión se concentró en determinar si dichas declaraciones correspondían al ejercicio de las funciones de fiscalización y, por tanto, estaban protegidas por la inmunidad parlamentaria, o si constituían acusaciones que afectaban la honra y debían ser examinadas por la justicia ordinaria; también se debatieron la diferencia entre inmunidad e impunidad, la libertad de expresión, la responsabilidad de los legisladores, la independencia de la Función Judicial, la protección institucional de la Asamblea, el riesgo de judicializar la actividad política y el número de votos requerido para autorizar un proceso penal. La propuesta de Virgilio Hernández para que estas decisiones necesitaran la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea fue negada y ratificada su negativa en la rectificación, por lo que se aplicó la mayoría simple. Finalmente, se rechazó autorizar la causa promovida por Rafael Correa, con cincuenta y un votos afirmativos, setenta y un negativos y dos abstenciones, y también se negó la solicitud relacionada con Ximena Ponce, con treinta y cinco votos afirmativos, setenta y siete negativos, cuatro blancos y ocho abstenciones; las reconsideraciones de ambas votaciones fueron igualmente negadas, por lo que se mantuvo la inmunidad del legislador y quedaron pendientes el proyecto relacionado con la protección del cóndor andino y la resolución sobre el subsidio aéreo para Galápagos. Intervinieron Alfredo Ortiz, Ángel Vilema, Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Fausto Cobo, Tomás Zevallos, Jorge Escala, César Rodríguez, Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Andrés Páez, María Paula Romo, Cléver Jiménez, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Francisco Cisneros, Enrique Herrería, Betty Amores, César Gracia, Hólger Chávez, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Zobeida Gudiño, Fernando Cordero, Richard Guillén, Abdalá Bucaram, Roberto Rodríguez, César Montúfar, Dora Aguirre y Eduardo Zambrano.

ACTA_143-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron las propuestas para condenar la decisión judicial que favoreció a Alberto Dahik y expresar solidaridad con dirigentes sociales procesados, así como para rechazar la visita al Ecuador del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a Denisse Delgado, Fernando Unda, Rodney Chiluiza y Danny Mero, en reconocimiento a su talento artístico, espíritu de superación y aporte a la inclusión de las personas con discapacidad. Se desarrolló el primer debate de la reforma orientada a garantizar el principio de interculturalidad en los procesos de designación de autoridades públicas, proponiéndose que las ternas incluyeran representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con paridad de género y reconocimiento de los idiomas castellano, kichwa y shuar; durante la discusión se destacó la necesidad de aplicar acciones afirmativas reales, evitar que la inclusión quedara como una simple formalidad, adaptar los concursos a las diferentes realidades culturales, fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar que las personas seleccionadas cumplieran los perfiles profesionales sin sufrir discriminación. También se analizó el proyecto para promover las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo archivo fue recomendado por considerar que gran parte de sus disposiciones ya estaban contempladas en la normativa de producción; sin embargo, la moción de archivo no fue aceptada y el proyecto regresó a la comisión, mientras Leonardo Viteri cuestionó la demora en tramitar su iniciativa y denunció un trato desigual hacia los proyectos presentados por legisladores de oposición. En cambio, se aprobó el archivo de la reforma relacionada con el sector cafetalero, al estimarse que su propuesta de incorporar representantes privados en organismos públicos contradecía normas constitucionales y duplicaba entidades y competencias ya existentes. Finalmente, se examinó la objeción parcial a las reformas electorales, debatiéndose la reducción de los plazos de la justicia electoral, los métodos para distribuir escaños, la proporcionalidad y representación de las minorías, las restricciones a la publicidad gubernamental y privada durante las campañas, el uso de recursos públicos, el silencio electoral, la libertad de expresión y el acceso de candidatos a los medios de comunicación, las sanciones por infracciones electorales, la regulación del acoso político contra las mujeres y la contratación temporal de personal por parte de los organismos electorales. El Pleno aceptó las observaciones relacionadas con la celeridad de los procesos, la adjudicación de escaños, el período de prohibición de propaganda, determinadas sanciones y la contratación de personal electoral; no obstante, no alcanzó los votos necesarios para ratificar los textos previamente aprobados sobre propaganda durante las campañas y acoso político. Intervinieron Jorge Escala, Leonardo Viteri, Cynthia Viteri, Enrique Herrería, María Cristina Kronfle, Danny Mero, Rodney Chiluiza, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Lourdes Tibán, María Augusta Calle, Juan Carlos López, María Pilar Almeida, Rolando Panchana, Luis Morales, Omar Juez, Mauro Andino, Paco Moncayo, Luis Almeida, Línder Altafuya, María Paula Romo, Francisco Velasco, Betty Amores, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Xavier Tomalá, Galo Vaca, Nívea Vélez, Marco Murillo, César Rodríguez, Fernando González, Fernando Aguirre, César Gracia y Susana González.

ACTA_174-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Edwin Vaca planteó incorporar una resolución para solicitar al Gobierno soluciones urgentes a los problemas de la provincia del Carchi relacionados con la distribución de gas licuado de petróleo, la actividad comercial, la obra pública, la seguridad y el empleo; sin embargo, retiró su solicitud para facilitar un diálogo con las autoridades y atender las demandas de la Asamblea Popular Cantonal de Tulcán. Posteriormente se inició el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal y se aprobó organizar su tratamiento en tres bloques: normas rectoras e infracciones, procedimiento penal, y aplicación y ejecución de penas y reformas; César Rodríguez respaldó esta metodología por la extensión y complejidad del proyecto. Mauro Andino explicó que la propuesta buscaba unificar y modernizar la legislación penal, adecuarla a la Constitución y los derechos humanos, combatir la impunidad y equilibrar la seguridad con las garantías ciudadanas, incorporando delitos contra la humanidad, trata de personas, mala práctica profesional, violencia intrafamiliar, femicidio, inseminación no consentida, esterilización forzada y responsabilidad de las personas jurídicas, además de nuevas técnicas de investigación, mecanismos alternativos de solución de conflictos, rehabilitación de las personas sentenciadas y reparación integral de las víctimas. Enrique Herrería cuestionó el incremento de la intervención punitiva del Estado, las penas excesivas y determinadas disposiciones sobre enriquecimiento no justificado; Paco Moncayo reconoció el trabajo de la Comisión, pero sostuvo que ninguna legislación sería efectiva sin independencia de funciones, fiscalización y Estado de derecho, y advirtió que endurecer las penas no resolvería por sí solo la inseguridad; Rolando Panchana centró sus observaciones en la protección de la vida desde la concepción y en los casos de aborto no punible; Luis Almeida criticó la calidad técnica, los costos de la elaboración y varias disposiciones sobre autoincriminación y responsabilidad de las personas jurídicas; Ramiro Terán manifestó que algunas normas podían criminalizar la huelga, la resistencia, la protesta social, las denuncias, el análisis económico y la participación política; Cynthia Viteri señaló contradicciones en las penas, deficiencias en la protección de testigos y víctimas, vacíos sobre encubrimiento, secuestro, drogas y error de tipo, y consideró que el texto no respondía adecuadamente a la delincuencia y la impunidad; mientras Gina Godoy defendió el trabajo participativo de la Comisión y destacó la centralidad de las víctimas, su derecho a la reparación integral y la incorporación del femicidio y la violencia intrafamiliar como delitos. Finalmente, la sesión fue suspendida y no pudo reinstalarse por falta del quórum necesario, por lo que la continuación del debate quedó pendiente.

ACTA_174-C-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, concluyendo el análisis de las normas rectoras y las infracciones e iniciando el estudio del procedimiento penal. Se discutieron la tipificación del femicidio, la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, los delitos sexuales, la trata y explotación de personas, así como la necesidad de mantener medidas inmediatas de protección y establecer procedimientos especiales, rápidos y gratuitos para las víctimas de violencia intrafamiliar; también se analizaron la proporcionalidad de las penas, el enriquecimiento injustificado, la corrupción, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la mala práctica profesional, la falsificación de firmas, el secuestro, el sicariato, la libertad de expresión, las injurias, el derecho a la resistencia y el riesgo de criminalizar las huelgas, movilizaciones y protestas sociales. Asimismo, se debatieron ampliamente el aborto en casos de violación y la política sobre drogas, enfrentándose posiciones relacionadas con el derecho de las mujeres a decidir, la protección de la vida desde la concepción, el tratamiento de las adicciones como un problema de salud pública, la diferenciación entre consumidores, pequeños vendedores y grandes narcotraficantes, y las cantidades permitidas para el consumo personal. Amanda Paredes pidió que no se criminalizara a las mujeres y que se despenalizara el aborto cuando el embarazo fuera producto de una violación, mientras José Villamarín intentó exponer la posición de las organizaciones defensoras del cáñamo, pero su intervención fue suspendida debido a expresiones consideradas irrespetuosas hacia el Pleno. Al iniciar el análisis del procedimiento penal se abordaron la caducidad de la prisión preventiva, la reincidencia y acumulación de penas, las reglas para conceder fianzas, las medidas cautelares, la protección y representación de las víctimas, las atribuciones de la Fiscalía y la Defensoría Pública, los fueros, el uso de grabaciones como prueba, las operaciones encubiertas, la creación de juzgados nacionales para delitos graves, la jurisdicción indígena y los procedimientos aplicables a las infracciones de tránsito. Intervinieron Marisol Peñafiel, María Paula Romo, Jimmy Pinoargote, Cynthia Viteri, Leonardo Viteri, César Rodríguez, Lourdes Tibán, Mauro Andino, Andrés Páez, Vicente Taiano, Luis Almeida, María Augusta Calle, Susana González, Amanda Paredes, José Villamarín, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Xavier Tomalá, Richard Guillén, César Gracia y Consuelo Flores; finalmente, la sesión fue suspendida para que los legisladores dispusieran de más tiempo para preparar sus intervenciones sobre el procedimiento penal, quedando pendiente la continuación del debate.

ACTA_174-D-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, con énfasis en el procedimiento penal y en la búsqueda de un equilibrio entre seguridad ciudadana, protección de las víctimas, garantías constitucionales, eficacia judicial y rehabilitación de las personas procesadas. En comisión general, Blanca Argüello y Augusto Barrera expusieron las demandas ciudadanas frente a la delincuencia y plantearon procedimientos judiciales más ágiles, una regulación efectiva de la receptación de bienes robados, el incumplimiento de clausuras, el vandalismo, el microtráfico, la prisión preventiva y la defensa pública de las víctimas; Ramiro Rivadeneira destacó los avances sobre femicidio y discriminación, solicitó corregir la tipificación de la desaparición forzada y ampliar la mala práctica médica a los casos de lesiones, y defendió un debate basado en la realidad nacional sobre el aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación; Alberto Narváez pidió diferenciar la mala práctica, el error médico y los efectos adversos, considerar la responsabilidad de las instituciones sanitarias y contar con fiscales, jueces y peritos especializados; Mario Monteverde, Flavio Arosemena y Amparo Medina defendieron la vida desde la concepción y rechazaron el aborto incluso en casos de violación; José Cruz solicitó incorporar adecuadamente la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales para atender a las víctimas de la ex Base de Manta; una representante de las Organizaciones de Mujeres de El Oro defendió el carácter laico del Estado, la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, la atención diferenciada a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar y la continuidad inmediata de las medidas de protección; y Vicente Arias abordó las lesiones ocasionadas por mala práctica médica, la protección de las víctimas, la titularidad de la acción penal y la prescripción. Posteriormente, Cynthia Viteri, María Romo, Rosana Alvarado, Tito Mendoza, César Gracia, Fernando González, Guillermina Cruz, Soledad Vela, Andrés Roche, Paco Moncayo, Enrique Herrería, Marisol Peñafiel y Luis Morales analizaron la participación y reparación integral de las víctimas, las atribuciones de la Fiscalía, los métodos especiales de investigación, la cadena de custodia, la suspensión condicional y los procedimientos abreviados, simplificados y expeditos, la caducidad y sustitución de la prisión preventiva, la política sobre drogas, la responsabilidad de adolescentes, la proporcionalidad y acumulación de las penas, el riesgo del populismo penal, la necesidad de procedimientos especiales para la violencia contra la mujer y la familia, y la improcedencia de convertir la acción penal cuando el delito haya causado la muerte de la víctima; finalmente, el debate quedó pendiente y la sesión fue suspendida para continuar con las intervenciones restantes.

ACTA_221-2011-2013_PLENO.pdf Se debatieron en primer debate el proyecto de Ley General de Cambio Climático, centrado en la gestión de riesgos, la mitigación y adaptación ambiental, cuyo texto regresó a comisión tras no aprobarse la moción planteada; y el proyecto de Código de Ética de la Función Legislativa, relativo a la conducta y sanciones de los asambleístas, que fue archivado y cuya reconsideración fue rechazada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, María Molina, Paco Moncayo, Luis Almeida, María Paula Romo, Betty Amores, Fausto Cobo, César Rodríguez, Mauro Andino, Cynthia Viteri, Xavier Tomalá, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Nívea Vélez, Marisol Peñafiel, Gabriel Rivera y Eduardo Encalada.