Showing 167 results

000_ACTA_INSTALACION-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se efectuó la instalación formal de la Asamblea Nacional, mediante la revisión de las credenciales e identidad de los asambleístas, la constatación del quórum y el cumplimiento de los actos protocolarios; posteriormente, el debate se concentró en la designación de las autoridades legislativas, la forma de votación que debía aplicarse, la necesidad de garantizar la representación de las distintas bancadas, la participación de las minorías y de la oposición, la inclusión de las mujeres, la independencia de la Función Legislativa frente al Ejecutivo, la fiscalización, el respeto a los derechos de trabajadores, maestros, jóvenes, campesinos y pueblos indígenas, así como la construcción de una Asamblea democrática, plural y orientada a los intereses nacionales. Como resultado de las votaciones, fueron elegidos y posesionados Fernando Cordero Cueva como presidente, Irina Cabezas Rodríguez como primera vicepresidenta, Rolando Panchana Farra como segundo vicepresidente y Pedro de la Cruz como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa; además, Francisco Vergara Ortiz y Andrés Segovia Salcedo fueron designados secretario general y prosecretario general, respectivamente. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Fernando Bustamante Ponce, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Virgilio Hernández, Raúl Abad, Luis Almeida, Andrés Páez, César Rodríguez, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, María Augusta Calle, Lenín Chica, Juan Carlos López, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Lourdes Tibán, Abdalá Bucaram, Edwin Vaca, Francisco Cisneros, Irina Cabezas, Leandro Cadena, Gastón Gagliardo, Fernando Aguirre, Ramiro Terán, Gido Vargas, Marco Murillo, Rolando Panchana, Silvia Salgado, Gilmar Gutiérrez, Tomás Zevallos, Luis Morales, Rafael Dávila, César Montúfar y Ángel Vilema.

ACTA_225-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto sobre consulta prelegislativa, discutiéndose su alcance, la diferencia entre consulta y consentimiento, su posible carácter vinculante, la representación de los pueblos, las atribuciones de la Asamblea y del Consejo Nacional Electoral y la propuesta de unificar los proyectos existentes; el debate se cerró sin votación. También se leyó el informe del proyecto para fomentar la pesca y la acuicultura, que recomendaba su archivo por deficiencias técnicas, legales y presupuestarias, pero el debate no pudo iniciarse por ausencia de la ponente y la sesión fue suspendida. Intervinieron Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán, Paco Moncayo, Kléver García, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, César Rodríguez, Guido Vargas, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, Stalin Subía, María Molina, Luis Morales, Rodrigo Collahuazo y Leonardo Viteri.

ACTA_224-A-2011-2013_PLENO.pdf Se concluyó el primer debate de la interpretación del Mandato Constituyente sobre intermediación, tercerización, servicios técnicos especializados y protección de los derechos laborales; además, se debatió la reforma sobre daño moral, enfocada en los criterios y límites para determinar las indemnizaciones, y la moción para archivar el proyecto no fue aprobada. Intervinieron María Molina, Andrés Páez, Armando Aguilar, Mauro Andino, Paco Moncayo, Paco Fierro, Eduardo Carriel, Luis Morales, María Augusta Calle, Francisco Cevallos, César Rodríguez y Cléver García.

ACTA_220-2011-2013_PLENO.pdf Se trataron solicitudes sobre la emergencia invernal en Esmeraldas y la inseguridad en Sucumbíos; la reforma a la Ley de la Contraloría, cuyo debate fue suspendido; la designación unánime del Archivo-Biblioteca como “Juan León Mera Martínez”; el indulto humanitario concedido a Rosa María Ruiz de la Cruz; y la Ley de Derechos de las Personas Usuarias y Consumidoras, cuyo debate también quedó suspendido. Intervinieron Línder Altafuya, Guido Vargas, Luis Morales, Mauro Andino, Paco Fierro, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Marisol Peñafiel, Fausto Cobo, María Molina, Fernando Vélez, Christian Viteri, Paco Moncayo y Blanca Ortiz.

ACTA_219-2011-2013_PLENO.pdf Se trataron en primer debate las reformas al Código Civil y al Código de Procedimiento Civil para regular la promesa de compraventa, su validez, inscripción y procedimientos judiciales; y la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Archivo, relacionada con la organización y conservación del patrimonio documental. Ambos proyectos regresaron a comisión; además, la moción para archivar la reforma archivística no fue aprobada. Intervinieron Mauro Andino, Rolando Panchana, Vicente Taiano, Andrés Páez, Luis Almeida, Fernando Vélez, Francisco Ulloa y Luis Morales.

ACTA_217-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se trató el segundo debate del proyecto de Ley de Arrendamiento de Inmuebles con Promesa de Compra-Venta o leasing inmobiliario y de la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El primer proyecto buscaba facilitar la adquisición de viviendas y predios productivos mediante contratos de arrendamiento con opción de compra y cuentas de ahorro administradas por entidades financieras; sin embargo, la mayoría consideró que esta figura ya estaba contemplada en la legislación civil y mercantil, podía resultar más costosa que un crédito hipotecario, mantenía la propiedad en manos de la entidad financiera hasta el último pago y exponía al arrendatario a perder el inmueble y lo aportado en caso de incumplimiento. Sus defensores señalaron que constituía una alternativa voluntaria para quienes no accedían a créditos, con seguros de desempleo y desgravamen, subsidios y mecanismos de ahorro. Finalmente, el archivo fue aprobado con ochenta y cinco votos afirmativos, uno negativo, un blanco y doce abstenciones, mientras su reconsideración fue negada con cinco votos afirmativos, ochenta y uno negativos y trece abstenciones. Posteriormente se debatió la reforma en materia de niñez y adolescencia, destinada a fortalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes mediante nuevas reglas para la tenencia y el régimen de visitas —incluidas las visitas supervisadas—, la fijación y formas de pago de las pensiones alimenticias, los exámenes de ADN, las inhabilidades de los deudores y la responsabilidad de los obligados subsidiarios, prohibiendo el apremio contra quienes tuvieran sesenta y cinco años o más, discapacidad severa o enfermedades catastróficas. Durante las intervenciones se pidió proteger a los abuelos y demás familiares, garantizar la responsabilidad principal de ambos progenitores, evaluar la situación económica integral de la familia y las deudas del obligado, aclarar las competencias de los jueces de Familia, ampliar las visitas a otros parientes, definir las entidades encargadas de supervisarlas y corregir contradicciones técnicas relacionadas con el apremio, la retención indebida de los hijos, las inhabilidades y los procesos de divorcio. No se realizó votación, pues el ponente solicitó tiempo para incorporar las observaciones y la sesión fue suspendida con doce intervenciones pendientes, por lo que tampoco se trató la codificación de la Ley de Hidrocarburos. Intervinieron Francisco Velasco, Juan Carlos Cassinelli, Eduardo Encalada, Fernando Vélez, Christian Viteri, Ramiro Terán, Luis Morales, Armando Aguilar, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Gerónimo Yantalema, Alfredo Ortiz, Mauro Andino, Kléver García, Rosana Alvarado, Rosa Ponce y Xavier Tomalá.

ACTA_216-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía, reformulado para limitar su alcance a las mascotas y evitar duplicidades con las normas que regulaban la fauna silvestre y los animales destinados al consumo. La propuesta buscaba establecer una regulación nacional coordinada entre el Gobierno central y los municipios, crear registros y censos de perros y gatos, identificar a sus propietarios, fijar obligaciones de cuidado, alimentación, transporte y atención veterinaria, regular la crianza, comercialización, esterilización y eutanasia, promover cementerios para mascotas y aplicar sanciones administrativas por abandono o maltrato. Aunque existió respaldo a la protección y el bienestar animal, se pidió precisar las infracciones y procedimientos sancionatorios, fortalecer el control de las enfermedades transmisibles a las personas, regular a los animales potencialmente peligrosos, responsabilizar a sus dueños, revisar la prohibición de su venta en ferias y mercados, diferenciar las mascotas de los animales utilizados para alimentación, carga o trabajo y respetar las prácticas y autoridades de los pueblos y nacionalidades. También se cuestionó si era necesaria una ley específica o si estos asuntos debían regularse mediante ordenanzas municipales, el Código Ambiental y el Código Integral Penal, y se solicitó mayor claridad en el texto y recursos estatales para programas educativos y sanitarios. La sesión fue suspendida temporalmente para realizar otra convocatoria y luego reinstalada; finalmente se cerró el primer debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones y la sesión fue clausurada. Intervinieron Rolando Panchana, Leonardo Viteri, Mauro Andino, Eduardo Encalada, María Paula Romo, Betty Carrillo, Roberto Rodríguez, Stalin Subía, Juan Carlos Cassinelli, Gerónimo Yantalema, Xavier Tomalá, Luis Morales y María Soledad Vela.

ACTA_212-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y se votó la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. Esta última incorporó a los gobiernos parroquiales rurales como accionistas y miembros del Directorio del Banco del Estado, reguló la representación de los gobiernos autónomos descentralizados y permitió que sus acciones fueran transferidas únicamente entre entidades públicas; además, se eliminó la obligación de priorizar exclusivamente créditos para agua potable, alcantarillado y recolección de basura, respetando la autonomía de los gobiernos locales para definir sus proyectos. La reforma fue aprobada con noventa y cuatro votos afirmativos y cinco abstenciones; su reconsideración fue negada con cinco votos afirmativos y noventa y tres negativos, y la rectificación confirmó el resultado con cuatro votos afirmativos, noventa y tres negativos y cuatro abstenciones. En cuanto a la reforma judicial, se debatió la redistribución de la carga procesal entre las salas de la Corte Nacional, el restablecimiento de períodos comunes de vacancia judicial, la especialización de jueces y salas, el tratamiento de delitos tributarios y aduaneros, y la permanencia de los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario. Algunos legisladores respaldaron las reformas por considerar que mejorarían la celeridad y eficiencia de la justicia, mientras otros solicitaron separar las materias de familia, niñez y adolescentes infractores, descentralizar los tribunales para acercarlos a las provincias, fortalecer la protección de mujeres y víctimas de violencia, capacitar a los jueces constitucionales y garantizar la independencia judicial. El primer debate concluyó sin votación, quedando las observaciones para conocimiento de la Comisión, y posteriormente se clausuró la sesión. Intervinieron Soledad Vela, María Molina, Rolando Panchana, Luis Morales, Francisco Velasco, Marisol Peñafiel, Tito Nilton Mendoza, Christian Viteri, Margarita Carranco, Rosana Alvarado, Yolanda Martínez, Rider Proaño, Richard Guillén, Paola Pabón, Jaime Abril, Paúl Jácome y Diego Falconí.

ACTA_212-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la solicitud de César Rodríguez para incorporar al orden del día una resolución que exigiera tramitar los pedidos de información pendientes para fortalecer la fiscalización legislativa; tras la rectificación, obtuvo cuarenta y cuatro votos afirmativos, diecinueve negativos y veinticinco abstenciones. Posteriormente se debatió y aprobó, con noventa y siete votos afirmativos, dos negativos y una abstención, la licencia solicitada por Rafael Correa para dedicarse a la campaña electoral del 15 de enero al 14 de febrero de 2013, período durante el cual Lenín Moreno asumiría temporalmente la Presidencia; aunque existió respaldo general por su carácter constitucional, varios legisladores cuestionaron el uso de medios, publicidad y recursos estatales durante la campaña. También se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, destinada a incorporar a las juntas parroquiales rurales y futuros gobiernos regionales como accionistas y miembros del Directorio, con voz y voto, y a orientar el financiamiento hacia servicios básicos; se propuso ampliar la prioridad a las zonas con mayor pobreza, fronterizas y amazónicas, evitar restricciones para financiar vialidad y proyectos productivos e incluir todos los niveles de gobierno. Finalmente se inició el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que buscaba distribuir equitativamente la carga procesal de la Corte Nacional, reorganizar sus salas especializadas, restablecer períodos de vacancia judicial, conservar los tribunales distritales contencioso-administrativos y tributarios, y garantizar que los presidentes salientes de las cortes provinciales regresaran a sus salas de especialización. La sesión fue suspendida para evitar la pérdida del quórum, sin votarse la reforma monetaria ni concluirse el primer debate judicial. Intervinieron César Rodríguez, Marco Murillo, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, Luis Morales, Rolando Panchana, Guillermina Cruz, Xavier Tomalá, Jorge Escala, Fernando Aguirre, Virgilio Hernández, Tomás Zevallos, María Augusta Calle, Gabriel Rivera, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Fausto Cobo, Marisol Peñafiel, Edwin Vaca, Gerónimo Yantalema, Galo Vaca y Mauro Andino.

ACTA_211-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se solicitó atender a los maestros jubilados y tramitar la Ley del Adulto Mayor, y posteriormente continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. El análisis se concentró en la necesidad de unificar los proyectos similares tramitados por distintas comisiones y regular la consulta prelegislativa y administrativa, respetando las organizaciones, autoridades, procedimientos propios y derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. En comisión general, Humberto Cholango, Delfín Tenesaca, Franco Viteri y Carlos Pérez exigieron que la consulta fuera previa, libre, informada y vinculante, que buscara el consentimiento de las comunidades y que no se sustituyera por simples procesos de socialización, especialmente frente a proyectos mineros, petroleros y otras actividades que afectaran sus territorios y recursos naturales. Durante el debate, algunos legisladores defendieron el carácter vinculante con base en los instrumentos internacionales y la profundización de la democracia, mientras otros señalaron que la Constitución no lo establecía expresamente, advirtieron sobre posibles paralizaciones de obras y pidieron definir plazos, requisitos, sujetos consultados y procedimientos claros. La sesión fue clausurada por encontrarse al límite del quórum, sin votación ni moción escrita, y las observaciones quedaron para conocimiento de la Comisión. Intervinieron Lourdes Tibán, Edwin Vaca, Humberto Cholango, Delfín Tenesaca, Franco Viteri, Carlos Pérez, Gerónimo Yantalema, María Augusta Calle, César Montúfar, César Rodríguez, Xavier Tomalá, María Molina, Yolanda Martínez, Francisco Cevallos, Damasio Santos y Luis Morales.

ACTA_211-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló y cerró el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Turismo, orientado a declarar esta actividad como política prioritaria del Estado, crear el Sistema Nacional de Turismo, coordinar a las instituciones públicas y privadas, promover nuevas modalidades turísticas, generar empleo, proteger la naturaleza y establecer derechos, obligaciones, incentivos y sanciones para turistas y prestadores de servicios. Aunque existió respaldo general al proyecto, se propuso mantener y revisar los incentivos económicos, definir con mayor claridad la integración del sistema y las infracciones, descentralizar la protección al turista, fortalecer la participación de los gobiernos autónomos, simplificar los permisos mediante un registro único, promover créditos e inversión, mejorar la seguridad y difusión turística —especialmente en zonas fronterizas— y garantizar accesibilidad universal para las personas con discapacidad. También se pidió reconocer al turismo comunitario como parte de la economía popular y solidaria, incluir a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios en la toma de decisiones, proteger sus saberes y patrimonio, regular adecuadamente a los guías y compensar a los territorios turísticos afectados por proyectos que causen daños ambientales. Concluido el debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones. Posteriormente se leyó el informe del proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, destinado a regular la consulta previa antes de aprobar medidas legislativas o administrativas que afecten derechos colectivos, estableciendo principios, fases, órganos responsables y veedurías, con fundamento en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales; la Comisión recomendó que, luego del primer debate y antes del segundo, el texto fuera sometido a consulta prelegislativa. Este debate no llegó a iniciarse porque se esperaba recibir en comisión general a las organizaciones interesadas, por lo que la sesión fue suspendida y quedó pendiente su continuación. Intervinieron Fernando Vélez, Paco Moncayo, Gerónimo Yantalema, María Cristina Kronfle, Francisco Ulloa, Marco Murillo, Jimmy Pinoargote, Blanca Ortiz, Edwin Vaca, César Rodríguez y Luis Morales.

ACTA_210-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez, a solicitud de Mauro Andino, y posteriormente continuó y concluyó el primer debate del proyecto interpretativo sobre la jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento. Existió respaldo general a aclarar que, desde la dolarización, el aporte destinado a financiar estas pensiones debía calcularse como dos centavos de dólar por cada kilo de cemento, debido a los graves riesgos y enfermedades profesionales sufridos por los trabajadores. Además, se propuso establecer plazos para que las cementeras entregaran los valores adeudados al IESS, realizar auditorías, ordenar el pago inmediato de las pensiones, reconocer beneficios proporcionales a quienes fueron despedidos antes de completar los años o aportaciones requeridos e incluir a trabajadores tercerizados y extrabajadores afectados. Jorge Escala advirtió que la simple aclaración de la moneda no solucionaría todos los reclamos y pidió garantizar el cumplimiento de las sentencias favorables a los jubilados de Holcim y proteger a quienes fueron despedidos para impedirles acceder a la jubilación; Stalin Subía defendió la iniciativa como una reparación histórica para los trabajadores y sus familias. El primer debate concluyó sin votación, quedando las observaciones para la elaboración del informe de segundo debate, y la sesión fue clausurada. Intervinieron Mauro Andino, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, María Molina, Kléver García, Luis Morales, Eduardo Encalada, Jorge Escala y Stalin Subía.

ACTA_209-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Antes de abordar el proyecto, se expresó solidaridad con las poblaciones afectadas por la erupción del volcán Tungurahua y se exhortó a las instituciones estatales a coordinar la atención de la emergencia. En el debate se propuso ampliar las competencias de los municipios para atender la vialidad rural, garantizar que las competencias transferidas a los gobiernos autónomos estén acompañadas de recursos, agilizar la legalización de asentamientos sin beneficiar a traficantes de tierras y respetar la exención tributaria de los territorios indígenas y comunitarios. También se respaldó la eliminación del ganado y otros semovientes del cálculo del impuesto predial rural, pero se solicitaron precisiones sobre la maquinaria agrícola, los trámites de escrituración, las diferencias de superficie de los predios, las áreas verdes y la protección de terrenos destinados a la producción y la soberanía alimentaria. Se planteó fortalecer la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos locales, controlar el incremento de tasas e impuestos, asegurar la participación ciudadana en la planificación y elaboración de presupuestos, mejorar el procedimiento de remoción y reemplazo de autoridades, establecer reglas especiales para la creación de cantones y parroquias en la Amazonía, zonas fronterizas y Galápagos, y evitar que se creen circunscripciones sin cumplir los requisitos legales. Finalmente, se cerró el primer debate sin votación, las observaciones quedaron para conocimiento de la Comisión y la sesión fue clausurada. Intervinieron Marco Murillo, Luis Morales, Rolando Panchana, Cecilia Jaramillo, Cléver Jiménez, Alfredo Ortiz, Guido Vargas y Stalin Subía.

ACTA_206-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate de la reforma al Código de Procedimiento Civil, enfocada en modernizar los juicios de partición de bienes, considerados excesivamente formales, costosos y prolongados. La propuesta planteó incorporar audiencias orales, resolver anticipadamente las cuestiones previas, simplificar etapas, utilizar un procedimiento sumarísimo para las impugnaciones, exigir inventarios concluidos y autorización municipal para dividir inmuebles, y evitar que las reclamaciones de terceros o las discrepancias entre herederos mantuvieran los procesos paralizados durante décadas. Aunque existió acuerdo sobre la necesidad de agilizar la justicia civil, se señaló que el proyecto requería correcciones técnicas y mayor precisión en la identificación de los artículos reformados, las citaciones, los plazos procesales, la práctica de las pruebas y los recursos de apelación; también se propuso incluir los juicios de inventarios, reconocer los derechos de quienes compran cuotas hereditarias y avanzar hacia una reforma integral de todo el sistema procesal civil, acompañada de infraestructura, capacitación, personal y recursos para aplicar efectivamente la oralidad. Concluidas las intervenciones, se cerró el primer debate sin votación y la sesión fue clausurada. Intervinieron Mauro Andino, Tito Nilton Mendoza, Rosana Alvarado, Betty Amores, Betty Carrillo, Luis Morales y Marisol Peñafiel.

ACTA_205-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Nívea Vélez propuso detener el cobro y embargo de supuestas deudas atribuidas a exservidores públicos de Loja, mientras Edwin Vaca pidió priorizar proyectos relacionados con la hora pedagógica, la jubilación docente y otras reformas educativas; las propuestas obtuvieron cuarenta y cinco y cincuenta votos afirmativos, respectivamente. Posteriormente se condecoró al pintor Jorge Perugachy por su trayectoria artística, educativa y su aporte a la cultura andina y ecuatoriana. También se debatió y aprobó una resolución sobre la Franja de Gaza, mediante la cual se condenó el uso de la fuerza y los ataques contra civiles, se respaldó el alto al fuego, se exigió la apertura de los pasos fronterizos y se defendió una solución basada en la existencia de los Estados de Israel y Palestina; tras varias observaciones para equilibrar y corregir el texto, fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, dieciséis negativos y seis abstenciones. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y cinco votos, el Convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades y trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, destinado a evitar la discriminación laboral y facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar; la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del convenio de servicios aéreos entre Ecuador y Singapur. Intervinieron Nívea Vélez, Edwin Vaca, Celso Maldonado, Jorge Perugachy, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Luis Almeida, Gabriel Rivera, César Rodríguez, María Paula Romo, César Montúfar, Betty Carrillo, Luis Morales y Silvia Salgado.

ACTA_205-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Nívea Vélez propuso detener el cobro y embargo de supuestas deudas atribuidas a exservidores públicos de Loja, mientras Edwin Vaca pidió priorizar proyectos relacionados con la hora pedagógica, la jubilación docente y otras reformas educativas; las propuestas obtuvieron cuarenta y cinco y cincuenta votos afirmativos, respectivamente. Posteriormente se condecoró al pintor Jorge Perugachy por su trayectoria artística, educativa y su aporte a la cultura andina y ecuatoriana. También se debatió y aprobó una resolución sobre la Franja de Gaza, mediante la cual se condenó el uso de la fuerza y los ataques contra civiles, se respaldó el alto al fuego, se exigió la apertura de los pasos fronterizos y se defendió una solución basada en la existencia de los Estados de Israel y Palestina; tras varias observaciones para equilibrar y corregir el texto, fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, dieciséis negativos y seis abstenciones. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y cinco votos, el Convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades y trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, destinado a evitar la discriminación laboral y facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar; la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del convenio de servicios aéreos entre Ecuador y Singapur. Intervinieron Nívea Vélez, Edwin Vaca, Celso Maldonado, Jorge Perugachy, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Luis Almeida, Gabriel Rivera, César Rodríguez, María Paula Romo, César Montúfar, Betty Carrillo, Luis Morales y Silvia Salgado.

ACTA_204-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto para crear una unidad gratuita de defensa pública destinada a las víctimas de la delincuencia. Sus defensores sostuvieron que las personas de escasos recursos quedaban desprotegidas frente a los procesos penales y necesitaban asesoría jurídica inmediata, por lo que propusieron que el proyecto regresara a la Comisión para definir si la atención debía prestarse mediante la Fiscalía o la Defensoría Pública; quienes respaldaron el archivo señalaron que la iniciativa confundía las competencias constitucionales de ambas instituciones, creaba una estructura paralela y que la protección, reparación y asistencia a víctimas y testigos ya estaban contempladas en la normativa vigente y en el proyecto del Código Integral Penal. También se realizaron varias intervenciones de despedida por tratarse de la última jornada del período legislativo. La moción de archivo fue negada inicialmente con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos, un blanco y dieciséis abstenciones, y la rectificación solicitada por Nívea Vélez volvió a negarla con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos y diecisiete abstenciones, por lo que el proyecto no fue archivado y la sesión fue clausurada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Jimmy Pinoargote, Luis Almeida, Betty Carrillo, Luis Morales, Silvia Salgado, Xavier Tomalá, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Marisol Peñafiel, Vicente Taiano, César Rodríguez, Andrés Páez y Nívea Vélez.

ACTA_203-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Rafael Dávila propuso financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano reduciendo gastos estatales en publicidad, espectáculos y viáticos, pero el cambio del orden del día fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, cuarenta y uno negativos y trece abstenciones. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que eliminó beneficios tributarios de la banca, modificó el anticipo del impuesto a la renta, gravó los servicios financieros, aumentó el impuesto sobre fondos e inversiones en el exterior, facilitó al SRI el acceso reservado a información financiera y prohibió trasladar las nuevas cargas tributarias a los usuarios. Sus defensores señalaron que permitiría financiar políticas sociales mediante una mayor contribución del sector financiero, mientras sus críticos cuestionaron su finalidad electoral, constitucionalidad, efectos sobre el crédito y la liquidez, posible traslado de costos a los consumidores y falta de una asignación exclusiva de los recursos al bono. La ley fue aprobada y ratificada con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos y diez abstenciones; posteriormente se negó su reconsideración y la rectificación de esta última votación. Intervinieron Rafael Dávila, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Enrique Herrería, Eduardo Encalada, Luis Almeida, Vicente Taiano, Juan Carlos Cassinelli, Cléver Jiménez, Christian Viteri, César Rodríguez, Silvia Salgado, María Paula Romo, Paco Fierro, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Susana González, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Edwin Vaca, Fernando González, Mauro Andino, Galo Vaca, Juan Carlos López, Nívea Vélez, Luis Morales, César Montúfar, Guillermina Cruz, Gerónimo Yantalema y Francisco Cisneros.

ACTA_202-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se aprobó por unanimidad, con sesenta y cuatro votos afirmativos, denominar al hemiciclo de la antigua Cámara del Senado “Salón de la Libertad, José Mejía Lequerica”, después de corregir varias referencias históricas de la resolución. Posteriormente se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley del Deporte, orientada a prohibir el ingreso, venta, consumo y publicidad de todas las bebidas alcohólicas en los escenarios deportivos, así como el uso de petardos y productos pirotécnicos, asignando responsabilidades de control a los gobiernos locales y estableciendo sanciones. Durante el debate también se propuso mejorar la infraestructura y los planes de evacuación, capacitar a la Policía, controlar a las barras violentas, proteger los complejos deportivos públicos y mantener recursos para las divisiones menores; al tratarse del primer debate, no hubo votación y el proyecto regresó a la Comisión. Intervinieron Fausto Cobo, Paco Moncayo, Luis Almeida, Luis Morales, Víctor Quirola, Eduardo Encalada, Kléver García, Celso Maldonado, Virgilio Hernández, Jorge Escala y Fernando Flores.

ACTA_201-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se debatieron dos proyectos relacionados con la movilidad humana. El primero buscaba garantizar la repatriación de los restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior, especialmente cuando sus familias carecieran de recursos; algunos legisladores defendieron la necesidad de una ley específica, mientras otros consideraron que el procedimiento ya era responsabilidad de la SENAMI, generaba gasto público y debía incorporarse a una normativa integral de movilidad humana. La propuesta de archivo fue negada con treinta y cinco votos afirmativos, dieciséis negativos y veintinueve abstenciones. Posteriormente se analizó una reforma a la Ley de Extranjería que pretendía exigir visa a las personas extranjeras que ingresaran al país, con excepciones previstas en acuerdos internacionales; sus defensores alegaron razones de seguridad y control migratorio, mientras la Comisión sostuvo que contenía expresiones discriminatorias y contrarias al derecho constitucional a migrar. Su archivo también fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, dieciocho negativos y diecinueve abstenciones, tras lo cual se clausuró la sesión. Intervinieron Luis Almeida, Fernando Vélez, Blanca Ortiz, Fausto Cobo, Washington Cruz, Fernando Bustamante, Linda Machuca, Rolando Panchana, Fernando Flores, Edwin Vaca, Luis Morales y Guido Vargas.

ACTA_200-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución del Gasto Social, destinado a financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano mediante reformas tributarias al sistema financiero, como eliminar beneficios en el impuesto a la renta, modificar su anticipo, gravar los servicios financieros y aumentar el impuesto sobre activos mantenidos en el exterior. Sus defensores sostuvieron que la banca debía contribuir a una mayor redistribución de la riqueza, mientras sus críticos cuestionaron el carácter electoral de la propuesta, la falta de estudios técnicos y sus posibles efectos sobre el crédito, la liquidez bancaria y los usuarios. Al tratarse del primer debate, no hubo votación y el proyecto regresó a la Comisión para preparar el informe correspondiente al segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Christian Viteri, Ramiro Terán, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Salomón Fadúl, Virgilio Hernández, Scheznarda Fernández, Luis Almeida, Zobeida Gudiño, Luis Morales, Fernando González y Rolando Panchana.

ACTA_199-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Francisco Cisneros propuso exigir que la comisión encargada de analizar el informe presidencial sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo se reuniera y presentara sus conclusiones, mientras Gilmar Gutiérrez pidió conformar una comisión multipartidista para vigilar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta las elecciones de febrero de 2013; las propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse la primera votación. Posteriormente se posesionó constitucional y legalmente a las juezas y jueces principales y suplentes que conformarían la primera Corte Constitucional, luego de conocer los resultados del proceso de selección y de que prestaran el juramento correspondiente. El tema central fue el segundo debate de la reforma destinada a incorporar al cantón La Concordia a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cumplimiento de la consulta popular en la que el 64,92 % de los votantes respaldó esa pertenencia; el proyecto también regulaba la transferencia de recursos, instituciones, servidores públicos y servicios, sin reducir las asignaciones de Esmeraldas. En comisión general, Lucía Sosa y Rosaura Bastidas defendieron la pertenencia histórica y jurídica de La Concordia a Esmeraldas y denunciaron abandono, discriminación y posibles irregularidades administrativas; Geovanny Benítez y Walter Ocampo sostuvieron que debía respetarse la decisión mayoritaria de los concordenses y afirmaron que el cambio permitiría superar décadas de indefinición y falta de servicios. Durante el debate legislativo, unos defendieron el carácter obligatorio y vinculante de la consulta y pidieron aprobar inmediatamente la reforma; otros cuestionaron la constitucionalidad del proceso, la ausencia de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, presuntos cambios irregulares de domicilio electoral y el riesgo de profundizar el enfrentamiento entre provincias hermanas. Ante las dudas jurídicas y las mociones para postergar la votación o consultar sus consecuencias, el tratamiento fue suspendido y se dispuso solicitar un informe jurídico, por lo que la ley no fue votada. Finalmente se aprobó por unanimidad, con ochenta y tres votos afirmativos, una resolución que declaró al general Julio Andrade Prócer e Insigne Luchador, reconoció su aporte al alfarismo y a la vida republicana, solicitó incluir el estudio de su vida en la educación y saludó a la parroquia que lleva su nombre por su aniversario; la denominación inicial de Héroe Nacional fue modificada debido a las observaciones sobre el procedimiento establecido en la ley vigente. Intervinieron Francisco Cisneros, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Lucía Sosa, Rosaura Bastidas, Geovanny Benítez, Walter Ocampo, Virgilio Hernández, Línder Altafuya, Carlos Samaniego, Luis Morales, César Gracia, María Augusta Calle, Mary Verduga, Lenín Chica, Gabriel Rivera, Fernando Vélez, Tito Nilton Mendoza, Fausto Cobo y Carlos Velasco; Fernando Flores participó solicitando la rectificación de una votación.

ACTA_196-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó una comisión general para rendir homenaje al educador y escritor Gustavo Alfredo Jácome Jácome por el centenario de su nacimiento y por su trayectoria dedicada a la enseñanza, la literatura, la defensa de la identidad indígena y la difusión de la cultura ecuatoriana; debido a sus condiciones de salud, la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural y Educativo fue recibida por sus familiares, y uno de sus hijos agradeció el reconocimiento concedido a la vida y obra de su padre. Posteriormente continuó el debate sobre el laudo arbitral del CIADI favorable a la empresa Occidental, que obligaba al Ecuador a pagar aproximadamente mil setecientos sesenta y nueve millones de dólares, cifra que, con intereses, superaba los dos mil doscientos millones; existió coincidencia en rechazar el fallo, respaldar el pedido de nulidad y defender la soberanía y los recursos públicos, al sostenerse que la empresa había incumplido el contrato y la legislación ecuatoriana al transferir derechos sin autorización y que el tribunal había subestimado dichas infracciones. Durante las intervenciones también se discutieron las responsabilidades de gobiernos, legisladores, procuradores, ministros y abogados que aprobaron los tratados, aceptaron el arbitraje o participaron en la defensa del Estado; algunos legisladores condicionaron su respaldo a que se investigaran las actuaciones de los funcionarios y se aplicara el derecho de repetición, mientras otros consideraron que aquello podía debilitar la posición del país y defendieron una acción política y jurídica unificada frente a la empresa y los organismos internacionales. La resolución aprobada declaró política de Estado la defensa del Ecuador y el reclamo de nulidad, convocó a las funciones estatales y a la ciudadanía a permanecer unidas y movilizadas, rechazó el laudo, dispuso que la Asamblea realizara seguimiento al proceso, urgió el pronunciamiento necesario para denunciar el Tratado Bilateral de Inversiones, promovió la condena internacional —especialmente entre los países latinoamericanos y caribeños— y pidió a los actores públicos, privados y medios de comunicación actuar de manera consecuente con la dignidad y la soberanía nacional. El texto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos, dieciséis blancos y seis abstenciones; la reconsideración solicitada por Pedro de la Cruz y Luis Almeida fue negada, y su rectificación, pedida por Jaime Abril, también fue rechazada, con lo cual la resolución quedó ratificada. Finalmente se desarrolló el primer debate de los proyectos para garantizar la seguridad en los eventos deportivos y prevenir y controlar la violencia en los escenarios deportivos, iniciativas que buscaban erradicar las conductas violentas, promover una cultura de paz, regular la actuación de organizadores, clubes, autoridades, deportistas, árbitros y aficionados, y prohibir o restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. La Comisión recomendó archivar ambas propuestas porque consideró que la violencia no se limitaba a los estadios ni al consumo de alcohol, que ya existían leyes, reglamentos, ordenanzas y competencias municipales aplicables, que las infracciones debían concentrarse en la legislación penal y que la creación de una nueva entidad nacional duplicaría funciones y aumentaría el gasto público; en su lugar, propuso reformar la Ley del Deporte, fortalecer las competencias de los gobiernos locales, categorizar los escenarios según su tamaño y nivel de riesgo, establecer protocolos y certificados de seguridad, regular los eventos masivos y debatir la prohibición de bebidas alcohólicas y de su publicidad. En oposición al archivo se sostuvo que la Comisión debía corregir, enriquecer y unificar los proyectos, en lugar de desecharlos; se pidió considerar no solo el fútbol profesional, sino también el deporte aficionado, barrial y otras disciplinas, así como la conducta de dirigentes, árbitros, jugadores, medios de comunicación y barras organizadas. Otros legisladores apoyaron el archivo, pero coincidieron en la necesidad de prohibir el alcohol y su publicidad, reforzar el control municipal, organizar y autorregular las hinchadas, mejorar la seguridad de los recintos, diferenciar los estadios grandes de los escenarios pequeños e incorporar las reformas necesarias en las leyes ya existentes. La moción de archivo obtuvo inicialmente cincuenta y ocho votos afirmativos y, en la rectificación, sesenta votos afirmativos, pero en ambos casos no alcanzó la mayoría requerida, por lo que no fue aprobada y la sesión fue clausurada. Intervinieron Armando Aguilar, Galo Vaca, Betty Carrillo, Marco Murillo, María Soledad Vela, César Rodríguez, Zobeida Gudiño, Blanca Ortiz, Rafael Dávila, Xavier Tomalá, Virgilio Hernández, Cléver Jiménez, Rocío Valarezo, Ramiro Terán, Susana González, Luis Morales, Kléver García, Wladimir Vargas, Fernando Bustamante y Fernando Flores; Pedro de la Cruz, Luis Almeida y Jaime Abril participaron mediante solicitudes relacionadas con la reconsideración y rectificación de la votación.

ACTA_195-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron cuatro solicitudes para modificar el orden del día antes de iniciar el primer debate del proyecto relacionado con la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Francisco Cisneros propuso exhortar al Ejecutivo para que los ministros entregaran la información requerida por los legisladores y respetaran las facultades de fiscalización de la Asamblea, pero su propuesta y la rectificación solicitada por Kléver García fueron negadas, ambas con cuarenta votos afirmativos; Virgilio Hernández planteó declarar asunto de Estado la defensa del Ecuador frente al laudo arbitral favorable a la petrolera OXY, argumentando que estaban en juego la soberanía, la seguridad jurídica y más de dos mil trescientos millones de dólares, pero la moción obtuvo sesenta y dos votos afirmativos y, en la rectificación, cincuenta y nueve, sin alcanzar la mayoría necesaria; Marco Murillo solicitó rechazar las declaraciones del Ejecutivo que pretendían restringir la función fiscalizadora y ratificar el derecho de los asambleístas a solicitar información, propuesta negada con cincuenta y un votos afirmativos y nuevamente rechazada en la rectificación solicitada por Mariángel Muñoz con cuarenta y ocho; y Paco Fierro pidió conformar una comisión ocasional multipartidista que, junto con la Contraloría y la Fiscalía, auditara la gestión y los estados financieros de las aproximadamente ciento cincuenta empresas incautadas administradas por el fideicomiso AGD-CFN, considerando las denuncias sobre créditos vinculados, garantías con bienes públicos y las irregularidades de COFIEC, pero su moción y posterior rectificación fueron negadas con cuarenta y nueve y cuarenta y ocho votos afirmativos, respectivamente. En comisión general, Fernando Bustamante informó sobre la realización en Ecuador de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, que reuniría a legisladores de numerosos países para promover la paz, la democracia, el diálogo político y debatir nuevos enfoques sobre el desarrollo, la sostenibilidad y el buen vivir, destacándose también el reconocimiento internacional alcanzado por la Asamblea ecuatoriana. Posteriormente se debatió el proyecto sobre cáncer de mama, respecto del cual la Comisión de Salud recomendó inicialmente el archivo, al considerar que el tratamiento de las enfermedades debía abordarse integralmente dentro del Código Orgánico de Salud, evitando crear una ley por cada patología; además, sostuvo que el cáncer de mama ya podía ser considerado una enfermedad catastrófica bajo la legislación vigente, que los protocolos médicos no debían elevarse a rango legal porque cambian con los avances científicos y que los aportes del proyecto podían incorporarse al futuro Código mediante programas nacionales de prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica, educación, participación ciudadana y protección de los derechos de las pacientes. En oposición al archivo se argumentó que la demora del Código de Salud podía dejar sin una respuesta inmediata a miles de mujeres, que la prevención y detección temprana tenían costos considerablemente menores que el tratamiento avanzado, que existían deficiencias en la disponibilidad de mamógrafos, medicamentos, atención hospitalaria y cobertura para las mujeres rurales o sin seguridad social, y que la iniciativa ciudadana debía continuar su trámite, enriquecerse y posteriormente incorporarse al Código mediante una disposición transitoria; también se defendió la necesidad de convertir la prevención en política de Estado, promover el autoexamen, la educación, los registros epidemiológicos, la atención gratuita, la rehabilitación y la reconstrucción mamaria, sin desconocer que el sistema debía atender integralmente otros tipos de cáncer y enfermedades. En una segunda comisión general, Blanca “Poly” Ugarte relató su experiencia como sobreviviente y el trabajo de prevención realizado por su fundación, señalando que numerosas mujeres llegaban a los centros médicos cuando la enfermedad ya estaba avanzada por desconocimiento o falta de recursos, mientras María Sol Corral pidió que la iniciativa ciudadana no fuera archivada y que el Estado asumiera institucionalmente las campañas de prevención y detección temprana. Finalmente no se votó el archivo del proyecto: el debate fue suspendido, la iniciativa regresó a la Comisión de Salud para que incorporara las observaciones y presentara un nuevo informe dentro de cuarenta y cinco días, y la sesión fue clausurada. Intervinieron Francisco Cisneros, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Paco Fierro, Fernando Bustamante, Víctor Quirola, Silvia Salgado, Rolando Panchana, Luis Almeida, Fausto Cobo, Marisol Peñafiel, Hólger Chávez, Hugo Quevedo, Francisco Ulloa, César Rodríguez, Blanca Ugarte, María Sol Corral, Pamela Falconí, María Cristina Kronfle, Carlos Velasco, Fernando Aguirre, Nívea Vélez, Lídice Larrea y Luis Morales; Kléver García y Mariángel Muñoz participaron mediante solicitudes de rectificación.

ACTA_192-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Línder Altafuya solicitó modificar el orden del día para debatir una resolución que condenara las expresiones y representaciones consideradas racistas atribuidas a la autoridad municipal de La Concordia, denunciando tanto declaraciones contra la población afrodescendiente como la instalación de un monumento en el que tres mujeres negras sostenían sobre sus cabezas a una mujer blanca; la propuesta obtuvo inicialmente sesenta y un votos afirmativos y, en la rectificación, cincuenta y ocho, sin alcanzar la mayoría necesaria, por lo que fue negada. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Inquilinato, cuyo propósito era equilibrar los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos, exigir el registro de los inmuebles y contratos ante las oficinas municipales de arrendamiento, regular la fijación de los cánones, disponer que las garantías económicas fueran depositadas en cuentas administradas por los municipios, establecer inspecciones para determinar posibles daños, simplificar la devolución de las cauciones, sustituir los procesos verbales sumarios por procedimientos más ágiles y orales, facilitar el desahucio y actualizar la terminología judicial. Durante el debate se planteó conceder plazos diferenciados para que los municipios crearan las oficinas y trasladaran los registros existentes; devolver las garantías con los intereses generados; precisar las condiciones mínimas de habitabilidad, los avalúos y la distinción entre zonas urbanas y rurales; conservar la figura del subarrendamiento; mantener una sanción por la falta de registro para evitar la nulidad de los contratos; aceptar facturas o declaraciones juramentadas como prueba de los acuerdos verbales; prohibir la discriminación contra familias con hijos y el corte de servicios básicos como mecanismo de presión; ampliar los plazos para desalojar inmuebles vendidos; regular los arrendamientos temporales; y establecer que los recursos depositados fueran utilizados únicamente para cubrir daños comprobados. También se discutió si la garantía debía equivaler a uno o dos meses, permanecer en poder del propietario, depositarse ante el municipio o ser administrada judicialmente; se advirtió que la regulación debía proteger a los arrendatarios de bajos recursos, mujeres jefas de hogar, estudiantes y familias jóvenes, pero también a propietarios —incluidas personas adultas mayores— frente al impago de pensiones, daños y deudas de servicios; además, se propuso que las oficinas municipales actuaran como instancias de mediación antes de recurrir a los jueces y que el procedimiento sumarísimo se aplicara a todas las controversias de inquilinato. Mauro Andino solicitó aplazar la votación para incorporar las numerosas observaciones, por lo que el proyecto quedó pendiente. Finalmente se trató el segundo debate de la Ley de Protección a la Intimidad y a los Datos Personales; la Comisión recomendó archivarla porque consideró que regulaba materias ya contempladas en la Constitución y en las normas sobre garantías jurisdiccionales, transparencia, registros públicos, comercio electrónico y responsabilidad civil y penal, además de crear innecesariamente una nueva entidad burocrática, repetir la acción de hábeas data e incluir disposiciones penales contrarias al principio de unidad de materia. La moción de archivo fue aprobada por unanimidad con setenta y seis votos afirmativos; la reconsideración solicitada por Kléver García fue negada con setenta y cinco votos negativos y su rectificación volvió a ser rechazada con setenta y siete votos negativos, tras lo cual la sesión fue suspendida debido a que permanecía pendiente la votación de la reforma a la Ley de Inquilinato. Intervinieron Línder Altafuya, Mauro Andino, Paco Moncayo, Christian Viteri, Francisco Ulloa, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Francisco Cevallos, Alfredo Ortiz, Luis Morales, Virgilio Hernández y Kléver García.

ACTA_191-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto reformatorio de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y se intentó elegir a las autoridades de la comisión encargada de analizar el informe anual del Presidente de la República. En el debate legislativo existió un respaldo general a la incorporación de los gobiernos parroquiales rurales como accionistas y miembros del Directorio y de la Comisión Ejecutiva del Banco del Estado, al considerarse que constituían el nivel de gobierno más cercano a las comunidades y necesitaban participar directamente en las decisiones relacionadas con el financiamiento de obras, servicios básicos, vialidad, agua potable, alcantarillado, producción y desarrollo rural; sin embargo, se advirtió que la sola representación no garantizaba el acceso efectivo a los recursos, por lo que se propuso reservar porcentajes de crédito para las parroquias, brindarles asistencia técnica para preparar estudios y proyectos, distribuir equitativamente los recursos petroleros, priorizar las zonas fronterizas y amazónicas, evitar que una misma persona representara a varios niveles de gobierno y asegurar que todos los integrantes del Directorio contaran con alternos. También se planteó incluir en el Directorio a los gobiernos regionales, distritos metropolitanos y regímenes especiales, equilibrar la representación de los gobiernos autónomos frente al Gobierno central, mantener o justificar adecuadamente la exclusión del representante de los trabajadores, corregir la denominación del Ministerio de Finanzas y establecer que los préstamos se destinaran prioritariamente a infraestructura y servicios esenciales, evitando inversiones que no respondieran a las necesidades urgentes de la población; concluido el primer debate, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones presentadas. Posteriormente, Mary Verduga propuso a Hólger Chávez como presidente y a Xavier Tomalá como vicepresidente de la comisión que debía examinar el informe presidencial, pero la moción fue negada con cincuenta votos afirmativos, treinta y ocho negativos y seis abstenciones; Marco Murillo presentó otra fórmula integrada por Magaly Orellana y Francisco Cisneros, que tampoco fue aprobada, al obtener cuarenta y ocho votos afirmativos, cuarenta y siete negativos, un blanco y tres abstenciones. Richard Guillén propuso después a Mary Verduga y Francisco Cisneros, pero Verduga no aceptó la candidatura; Eduardo Encalada planteó finalmente a Hólger Chávez y Francisco Cisneros, fórmula que tampoco llegó a votarse porque Chávez rechazó participar junto al representante de Sociedad Patriótica y desistió de presidir la comisión, por lo que las autoridades no fueron elegidas y la sesión fue clausurada, quedando los integrantes obligados a preparar el informe correspondiente. Intervinieron Marisol Peñafiel, Jimmy Pinoargote, Luis Morales, Edwin Vaca, Xavier Tomalá, Paco Moncayo, José Picoita, Guillermina Cruz, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, Carlos Samaniego, Hólger Chávez, Mary Verduga, Marco Murillo y Richard Guillén.

ACTA_190-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, orientado a garantizar la soberanía alimentaria, proteger las semillas nativas y los conocimientos ancestrales, conservar la diversidad genética, fomentar la producción agroecológica y orgánica, establecer bancos vivos de semillas y un Banco Nacional de Germoplasma, y fortalecer a los pequeños y medianos agricultores mediante asistencia técnica, investigación, capacitación, créditos, seguros, precios de sustentación, compras públicas y sistemas de comercialización más justos. Aunque existió un respaldo general a la necesidad de proteger el campo y mejorar las condiciones de vida de los productores, se formularon observaciones sobre la falta de políticas para sustituir los agroquímicos por controles naturales de plagas, la posible utilización de cultivos alimentarios para producir biocombustibles, la obligatoriedad de registrar a las comunidades y organizaciones productoras, la necesidad de reducir o eliminar la intermediación, facilitar la venta directa entre productores y consumidores, otorgar créditos oportunos y seguros agrícolas, incorporar a los colegios técnicos agropecuarios, coordinar con los gobiernos locales, precisar el funcionamiento del Banco de Germoplasma, fortalecer las sanciones y evitar que la futura aprobación de un Código Agrario eliminara los avances alcanzados por esta normativa. El principal punto de controversia fue el tratamiento de las semillas y cultivos transgénicos: una parte de los legisladores defendió una prohibición estricta por los posibles riesgos para la salud, la contaminación de las semillas tradicionales, la pérdida de soberanía frente a las empresas transnacionales y los daños ambientales relacionados con el uso intensivo de herbicidas, por lo que se propuso incorporar principios de no contaminación, mecanismos de denuncia, responsabilidades civiles, administrativas y penales, y mayores garantías para impedir su ingreso no autorizado; otros señalaron que no debía enfrentarse de manera absoluta el conocimiento ancestral con la ciencia moderna, que era necesario diferenciar las semillas híbridas de las transgénicas, valorar los incrementos de productividad obtenidos mediante la investigación genética y sustentar cualquier prohibición en estudios científicos rigurosos, considerando además que la Constitución contempla una excepción por razones de interés nacional. También se planteó realizar una investigación nacional o establecer una moratoria antes de adoptar una decisión definitiva, tomando en consideración las experiencias contradictorias de países que permiten o prohíben estos cultivos y evitando que el debate se resolviera únicamente por criterios políticos o emocionales. Asimismo, se insistió en que el proyecto debía someterse a consulta prelegislativa por su posible afectación a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; Marisol Peñafiel elevó nuevamente este planteamiento a moción, mientras Lourdes Tibán y Luis Morales sostuvieron que la consulta constituía un mandato constitucional que no debía depender de una mayoría circunstancial del Pleno, y Susana González pidió escuchar directamente a las organizaciones agropecuarias y permitir que los productores expresaran qué semillas deseaban utilizar. Intervinieron Betty Carrillo, Ramón Vicente Cedeño, Mercedes Diminich, Kléver García, César Rodríguez, Fernando Bustamante, Jorge Escala, Marisol Peñafiel, Rafael Dávila, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, Luis Morales, Rocío Valarezo, Henry Cuji, Francisco Velasco, Luis Almeida y Susana González; finalmente, no se votó la consulta prelegislativa ni se cerró el primer debate, pues la sesión fue suspendida mientras todavía existían nuevas solicitudes de intervención, quedando pendiente su posterior reinstalación.

ACTA_189-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordaron el segundo debate del proyecto de Ley de Estadística y una propuesta para investigar las operaciones realizadas por el Banco COFIEC. Al inicio, Marco Murillo solicitó incorporar una investigación sobre el crédito de ochocientos mil dólares concedido en pocos días al ciudadano argentino Gastón Duzac, incluyendo la comparecencia de directivos de COFIEC y la conformación de una comisión multipartidista; su propuesta fue negada con cincuenta votos afirmativos y volvió a ser rechazada en la rectificación. Posteriormente, Paola Pabón propuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político investigara los hechos, modificación del orden del día que fue aprobada con noventa y cuatro votos afirmativos. En el debate de la Ley de Estadística se planteó actualizar la normativa vigente desde 1976 y organizar un sistema público, integrado y coordinado que proporcionara información confiable para la planificación y las políticas públicas; el proyecto regulaba las funciones del Consejo Nacional de Estadística, el INEC y el Banco Central, el Plan Nacional de Estadística, la generación de datos sobre ecuatorianos residentes en el exterior, el acceso libre y gratuito a la información oficial, la obligación de entregar datos veraces y oportunos y la protección de la intimidad mediante el secreto estadístico. También se discutieron la necesidad de incluir adecuadamente a pueblos, nacionalidades, migrantes, mujeres, personas con discapacidad y territorios rurales; la calidad, objetividad e independencia de las estadísticas; la coordinación con los gobiernos autónomos y los registros administrativos de educación y salud; la diferencia entre estadísticas oficiales y encuestas privadas; la duración y financiamiento del Plan Nacional; el riesgo de centralizar o manipular la información; y el uso de los datos para distribuir recursos, evaluar desigualdades y adoptar decisiones públicas. Debido a las numerosas observaciones, Virgilio Hernández solicitó procesarlas en la Comisión y presentar un texto definitivo, por lo que la votación de la ley quedó pendiente para otra sesión. En el tratamiento del caso COFIEC se analizaron la legalidad y las garantías del crédito concedido a Duzac, el posible uso de bienes pertenecientes a empresas incautadas como respaldo, la naturaleza pública o privada del banco, la negativa de autoridades y directivos a entregar información, el sigilo bancario, la responsabilidad de Pedro Delgado, Germánico Maya y otros funcionarios, la separación de la presidenta ejecutiva de la entidad, la competencia constitucional de la Asamblea para fiscalizar y la necesidad de diferenciar la investigación política de los procesos administrativos, civiles y penales; mientras varios legisladores denunciaron posibles irregularidades, vínculos políticos y falta de transparencia, otros pidieron evitar acusaciones basadas únicamente en publicaciones periodísticas, respetar el debido proceso y concentrar la investigación en preguntas y documentos verificables. Finalmente, Paola Pabón retiró la moción al considerar que el debate se había alejado de una investigación rigurosa y se había convertido en una confrontación política; en consecuencia, no hubo votación sobre la resolución y la sesión fue clausurada. Intervinieron Marco Murillo, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, Linda Machuca, Edwin Vaca, Luis Morales, Francisco Velasco, Damasio Santos, Rosa Cerda, Xavier Tomalá, Fausto Cobo, Francisco Cevallos, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Fernando Flores, Betty Amores, Silvia Salgado, Enrique Herrería, Nívea Vélez, Alfredo Ortiz, César Montúfar, César Rodríguez, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Lenin Chica, Paco Fierro y Betty Carrillo.

ACTA_187-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se trató exclusivamente la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, examinándose las correcciones propuestas por el Ejecutivo sobre la denominación del Tribunal de lo Contencioso Tributario en los procesos coactivos, la definición del abuso del derecho, errores de numeración y la obligación del IESS de conceder prestaciones aun cuando existiera mora patronal; el punto de mayor controversia fue la disposición transitoria que permitía a los empleadores regularizar, sin sanciones pero pagando aportes e intereses, la afiliación omitida de sus trabajadores, pues el veto limitaba ese beneficio a los tres años anteriores y excluía los casos en los que estuvieran pendientes juicios sobre la existencia de la relación laboral, salvo desistimiento del trabajador o allanamiento del empleador. Durante el debate existió acuerdo general sobre las correcciones técnicas, pero se enfrentaron quienes defendían el allanamiento total por considerar que el veto protegía la estabilidad económica del IESS, mantenía la responsabilidad de los empleadores y garantizaba los derechos de los afiliados, con quienes solicitaron conservar el texto aprobado por la Asamblea para evitar que quedaran excluidos trabajadores que habían prestado servicios durante décadas sin afiliación, especialmente docentes de educación popular, maestros y madres comunitarias, trabajadoras domésticas y otros servidores públicos o privados; también se discutieron la prescripción de las reclamaciones laborales, los procesos judiciales pendientes, los despidos y condiciones de trabajo de las empleadas domésticas, la seguridad social de los comerciantes informales, las indemnizaciones de los extrabajadores de casinos, la responsabilidad de las autoridades que no exigieron el cumplimiento patronal y la necesidad de impedir que los trabajadores fueran presionados para desistir de sus demandas. Francisco Velasco propuso el allanamiento total al veto, pero su moción fue negada con cincuenta y cinco votos afirmativos, treinta negativos y veintinueve abstenciones, y en la rectificación obtuvo cincuenta y seis votos afirmativos, treinta negativos y veintiocho abstenciones, sin alcanzar la mayoría requerida; Ramiro Terán presentó posteriormente una moción para aceptar las objeciones técnicas y ratificarse en el texto original de la disposición transitoria, pero la retiró al determinarse que debía dividirse en dos votaciones con mayorías diferentes; finalmente, Vicente Taiano propuso ratificar íntegramente el texto enviado inicialmente por la Asamblea, moción que tampoco generó un pronunciamiento, al obtener cinco votos afirmativos en la primera votación y once en la rectificación, por lo que la sesión fue clausurada sin que el Pleno se allanara al veto ni insistiera en su texto original. Intervinieron Francisco Velasco, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Mary Verduga, Gioconda Saltos, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, Enrique Herrería, Xavier Tomalá, Mery Zamora, María Augusta Calle, Nívea Vélez, Silvia Salgado, Luis Morales, Rolando Panchana, César Rodríguez, Vicente Taiano y Tito Nilton Mendoza.

ACTA_187-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el proyecto de resolución relacionado con la titulación o legalización de predios municipales no inscritos, ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana, y se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social. Al inicio, Rolando Panchana solicitó que la resolución sobre los predios fuera enviada a la Comisión de Gobiernos Autónomos para recopilar información y presentar un criterio al Pleno, mientras Paco Moncayo expuso las medidas aplicadas durante su gestión municipal en Quito para agilizar la regularización de asentamientos, combatir el tráfico de tierras y dotar de servicios básicos a los barrios, señalando que se legalizaron doscientos trece barrios y quedaron ciento cincuenta en proceso. Posteriormente, Mauro Andino presentó el proyecto de Ley de la Función de Transparencia y Control Social, orientado a regular la estructura, funcionamiento e instancia de coordinación del Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las superintendencias, desarrollar sus atribuciones y obligaciones, facilitar el intercambio de información y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la protección de derechos y la prevención y combate de la corrupción. Durante el debate se respaldó la necesidad de contar con una instancia que coordinara, diera seguimiento y verificara el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los organismos de control, aunque se propuso precisar que la nueva estructura correspondía únicamente a la instancia de coordinación, asignarle un equipo y presupuesto mínimos y evitar que interfiriera en las competencias de cada institución; en contraste, se sostuvo que el proyecto repetía disposiciones constitucionales, duplicaba atribuciones ya ejercidas por otros organismos, podía aumentar innecesariamente la burocracia y el gasto público, generar conflictos entre normas y concentrar el control en instituciones vinculadas al Ejecutivo, además de cuestionarse la legitimidad de la Función, la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, los procedimientos de designación de autoridades, el uso de contratos ocasionales sin concursos y las limitaciones existentes para la fiscalización y la participación ciudadana. Andrés Roche aprovechó su intervención para presentar formalmente su renuncia como asambleísta, debido a que pasaría a colaborar con el Municipio de Guayaquil en la transferencia de la competencia de tránsito. La moción de Luis Morales para archivar el proyecto fue negada con treinta y tres votos afirmativos, cuarenta negativos y catorce abstenciones, y su rectificación también fue rechazada con treinta y cinco votos afirmativos, treinta y ocho negativos y trece abstenciones, por lo que el proyecto continuó su trámite legislativo. Finalmente, la moción de Rolando Panchana para remitir el asunto de los predios a la Comisión de Gobiernos Autónomos no alcanzó la mayoría requerida, pese a obtener cincuenta y seis votos afirmativos; después se votó la resolución presentada por Marco Murillo para instar a los municipios a dictar normas que permitieran legalizar predios urbanos, de expansión urbana, costeros y de riberas ocupados por personas y familias, pero fue negada con diecisiete votos afirmativos, cinco negativos, un blanco y sesenta y nueve abstenciones, tras lo cual la sesión fue suspendida. Intervinieron Rolando Panchana, Paco Moncayo, Mauro Andino, Andrés Roche, María Paula Romo, César Montúfar, Andrés Páez, Nívea Vélez, Luis Almeida, César Rodríguez, Luis Morales, Galo Vaca, Gina Godoy y Francisco Velasco.

ACTA_187-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes de modificación del orden del día: Luis Morales propuso otorgar protección y un reconocimiento a Orlando Ibarra Sarmiento, quien escapó después de permanecer secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, mientras Dora Aguirre planteó retomar la resolución contra la medida del Gobierno español que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud; ambas propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse sus votaciones. Posteriormente se debatió una resolución para instar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales a expedir las normas y realizar los procedimientos necesarios para legalizar o titular los predios municipales ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana que estuvieran ocupados por personas y familias sin escrituras. En comisión general, una representante del barrio San José del Batán, Pilar Fernández y José Guamán expusieron la situación de los barrios de Riobamba, donde numerosas familias poseían terrenos heredados u ocupados durante varios años, pero carecían de títulos de propiedad, lo que les impedía acceder a programas de vivienda, créditos, servicios básicos, obras municipales y transmitir legalmente los inmuebles a sus hijos. Durante el debate legislativo se reconoció que la falta de titularización afectaba a miles de familias en distintos cantones; sin embargo, se discutió si la Asamblea podía intervenir en una competencia exclusiva de los municipios, si una resolución no vinculante realmente solucionaría el problema y si lo adecuado era reformar el régimen territorial vigente. También se analizaron la legalización de asentamientos antiguos, predios costeros y terrenos proindivisos, la diferencia entre ocupaciones legítimas, invasiones, herencias y posesiones que debían resolverse judicialmente, la necesidad de establecer precios justos y procedimientos de expropiación, y el riesgo de que el documento fuera utilizado por traficantes de tierras para legalizar ocupaciones especulativas o asentamientos ubicados en zonas de riesgo, áreas comunales, riberas, playas y espacios de protección. En medio de la discusión, César Rodríguez apeló la Presidencia por considerar vulnerado su derecho a intervenir después de un enfrentamiento verbal, pero la apelación fue negada con catorce votos afirmativos, cincuenta y tres negativos y diecisiete abstenciones. Intervinieron Luis Morales, Dora Aguirre, una representante del barrio San José del Batán, Pilar Fernández, José Guamán, Alfredo Ortiz, Andrés Roche, Armando Aguilar, Marco Murillo, César Rodríguez, Gerónimo Yantalema, Virgilio Hernández, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Dalton Burgos, Jimmy Pinoargote, Mauro Andino, Paola Pabón y Rolando Panchana; finalmente, ante la necesidad de precisar el contenido y evitar una posible intromisión en las competencias municipales, se suspendió el tratamiento para que la Comisión de Gobiernos Autónomos analizara la propuesta y presentara un criterio antes de la reinstalación, por lo que la resolución no fue sometida a votación y la sesión quedó suspendida.

ACTA_186-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se intentó continuar con la votación de la resolución que rechazaba la medida del Gobierno del Reino de España que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a la salud pública; Fausto Cobo observó que el texto debía precisar que la afectación recaía específicamente sobre los migrantes en situación irregular y corregir definitivamente la denominación de España, pero la votación no pudo efectuarse porque Jorge Escala, como proponente, no se encontraba presente y era el único autorizado para modificar formalmente el documento, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente se debatió y aprobó el Protocolo internacional contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, destinado a fortalecer la cooperación entre los Estados para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional mediante la penalización de estas actividades, el decomiso de armas, el mantenimiento de registros, su marcación y desactivación, la regulación de las importaciones, exportaciones y tránsito, el intercambio de información, la asistencia técnica y la actualización de la legislación nacional. Durante el debate se destacó que el acceso y comercio ilegal de armas incrementaban los homicidios, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y otras formas de violencia; se defendió la necesidad de controles más rigurosos, políticas preventivas, reformas al sistema de justicia y rehabilitación social, atención a las víctimas, oportunidades educativas y laborales y un plan integral de seguridad ciudadana que no se limitara a medidas represivas. También se analizaron la especial vulnerabilidad de las zonas fronterizas, el tráfico de armamento hacia grupos irregulares de Colombia, la situación de Carchi, los secuestros y desplazamientos, las deficiencias en el control portuario y fronterizo y la necesidad de acompañar los compromisos internacionales con recursos, infraestructura y políticas nacionales efectivas. El Protocolo fue aprobado por unanimidad con noventa y siete votos afirmativos. Finalmente se debatió y aprobó el convenio entre Ecuador y Uruguay para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, el cual regula, entre otros aspectos, los impuestos aplicables a personas y empresas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, pensiones, patrimonio, intercambio de información y asistencia en la recaudación; se sostuvo que facilitaría el comercio y la inversión, evitaría que una misma renta fuera gravada en el país donde se generó y en el país de residencia, fortalecería la cooperación tributaria y favorecería sectores como la investigación farmacéutica, la producción eléctrica y el calzado. El convenio fue aprobado con ciento dos votos afirmativos y dos abstenciones, tras lo cual la sesión fue clausurada. Intervinieron Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Silvia Salgado, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Linda Machuca, Edwin Vaca, María Soledad Vela, Luis Morales, Grace Almeida, Gabriel Rivera y Eduardo Zambrano.

ACTA_186-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Edwin Vaca solicitó incorporar una resolución para exigir al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y a la Agencia Nacional de Regulación y Control Hidrocarburífero que garantizaran el abastecimiento normal de combustibles en la frontera norte, especialmente en Carchi, cuestionando los límites de venta, las extensas filas y las dificultades que enfrentaban los transportistas y ciudadanos; sin embargo, su propuesta de modificar el orden del día fue negada con cincuenta y cuatro votos afirmativos, dos negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente se aprobó, con cien votos afirmativos y una abstención, la propuesta de Jorge Escala para incorporar el análisis de una resolución contra el Real Decreto Ley 16-2012 de España, que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud; además, se informó que Fernando Flores daba por terminada su alianza con el PRIAN y pasaba a actuar como asambleísta independiente. A continuación, Pedro Francisco Páez fue legalmente posesionado como Superintendente de Control del Poder de Mercado, luego de prestar el juramento correspondiente. También se efectuó un homenaje a los treinta y seis deportistas que representaron al Ecuador en los Juegos Olímpicos de Londres, reconociendo su esfuerzo, disciplina y sacrificio, así como el trabajo de sus entrenadores; Ramiro Terán destacó especialmente el desempeño de Alex Quiñónez y Lucy Jaramillo, mientras José Francisco Cevallos informó sobre los recursos destinados a la preparación de los atletas, resaltó la histórica participación ecuatoriana y comprometió mayor apoyo para el siguiente ciclo olímpico, tras lo cual se entregaron acuerdos de reconocimiento a los deportistas y al equipo técnico. Finalmente se debatió ampliamente la resolución de rechazo a la medida adoptada por el Gobierno del Reino de España, señalándose que la exclusión de los migrantes de la atención pública de salud vulneraba los derechos humanos y el carácter universal del derecho a la salud, desconocía las contribuciones laborales, tributarias y económicas realizadas por los ecuatorianos y trasladaba a los sectores más vulnerables las consecuencias de la crisis y de las políticas de austeridad; se propuso corregir la terminología del documento para hablar de personas en situación irregular y del Reino de España, respaldar las gestiones de la Cancillería para alcanzar un convenio bilateral basado en la reciprocidad, involucrar a la Secretaría Nacional del Migrante y a la Defensoría del Pueblo, brindar asistencia urgente mediante la Embajada y desarrollar políticas efectivas para proteger y facilitar el retorno de los ecuatorianos en el exterior. También se discutió si el Estado ecuatoriano debía financiar directamente la atención médica, advirtiéndose que aquello podía legitimar la decisión española, y se cuestionó la actuación de las instituciones ecuatorianas frente a la crisis migratoria, la falta de preparación para el retorno de los compatriotas, las dificultades relacionadas con las hipotecas, la seguridad social y la ausencia de una política integral para los migrantes. Intervinieron Edwin Vaca, Jorge Escala, Pedro Francisco Páez, Ramiro Terán, José Francisco Cevallos, Gerónimo Yantalema, Linda Machuca, Fausto Cobo, Dora Aguirre, Consuelo Flores, Virgilio Hernández, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Guillermina Cruz, Paola Pabón, Luis Morales, Blanca Ortiz, Betty Amores y Washington Cruz; aunque el ponente incorporó varias de las observaciones y el proyecto estaba listo para votación, la sesión fue suspendida antes de que se registraran los votos, por lo que la resolución y los demás asuntos pendientes debían continuar en una nueva convocatoria.

ACTA_185-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizaron y aprobaron tres instrumentos internacionales relacionados con la cooperación y la integración del Ecuador con Perú y Rusia. En primer lugar, se debatió el acuerdo de cooperación diplomática entre Ecuador y Perú, mediante el cual ambos países podrían representarse recíprocamente ante terceros Estados en los que uno de ellos no tuviera una misión propia, con el propósito de reducir costos, mejorar la atención de sus ciudadanos en el exterior, fortalecer sus intereses políticos y comerciales y consolidar la confianza y la integración después de los antiguos conflictos fronterizos; aunque existió un amplio respaldo, también se plantearon inquietudes sobre la falta de claridad de los mecanismos operativos, los límites de la representación y la posibilidad de que ambos países no coincidieran en determinados intereses internacionales. Este acuerdo fue aprobado con noventa y tres votos afirmativos y una abstención. Posteriormente se aprobó el instrumento complementario para la cooperación entre las administraciones tributarias de Ecuador y Perú, orientado a intercambiar información reservada sobre operaciones y rentas, conocer recíprocamente las legislaciones y métodos de control, mejorar la determinación y recaudación de impuestos, combatir la evasión y elusión fiscal, investigar delitos tributarios, verificar transacciones económicas internacionales y fortalecer la lucha contra el contrabando y el crimen organizado, garantizando a la vez que los datos se emplearan dentro de los límites establecidos por las legislaciones de ambos países; este instrumento recibió noventa votos afirmativos y una abstención. Finalmente se trató el acuerdo con Rusia para suprimir las visas en viajes recíprocos, permitiendo visitas de hasta noventa días dentro de cada período de ciento ochenta días, principalmente con fines turísticos, académicos o de negocios, mientras las estadías prolongadas y las actividades laborales o comerciales continuarían sujetas a visado; además, se mantuvo la potestad de ambos Estados para negar el ingreso o suspender el acuerdo por motivos de seguridad y orden público, y se estableció que los visitantes quedaran sometidos a las leyes del país de destino. Se sostuvo que esta medida beneficiaría especialmente a estudiantes, turistas y empresarios ecuatorianos, fomentaría los intercambios económicos, científicos y culturales y avanzaría hacia la libre movilidad y la ciudadanía universal, aunque también se pidió aplicar principios similares a ciudadanos de otros países; el acuerdo fue aprobado con ochenta y siete votos afirmativos y siete abstenciones, resultado que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Víctor Quirola. Intervinieron Fernando Bustamante, Linda Machuca, Fausto Cobo, Paco Moncayo, César Rodríguez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Gerónimo Yantalema, Guillermina Cruz, Luis Morales, Betty Amores, Wladimir Vargas, María Soledad Vela, Betty Carrillo y Víctor Quirola.

ACTA_184-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conformó una comisión multipartidista para analizar el informe presentado por el Ejecutivo, luego de debatirse la falta de revisión de los informes de años anteriores, la necesidad de garantizar la representación de las distintas fuerzas políticas y la conveniencia de evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; la comisión quedó integrada por Xavier Tomalá, Blanca Ortiz, Mary Verduga, Hólger Chávez, Stalin Subía, Francisco Ulloa, Francisco Cisneros, Fernando Flores, Marco Murillo, Magali Orellana y Galo Vaca, y su conformación fue aprobada con ochenta votos afirmativos. Posteriormente se desarrolló el segundo debate del proyecto destinado a derogar la Ley de Burós de Información Crediticia y reformar varias normas relacionadas con los registros públicos y el sistema financiero; la propuesta buscaba sustituir el manejo privado de la información por un registro público que consolidara los datos remitidos por las entidades de control, garantizar al ciudadano acceso gratuito a su historial, exigir su autorización para la consulta individual, establecer mecanismos para corregir información equivocada y sancionar el uso inadecuado de datos personales, además de limitar el tiempo de permanencia de los antecedentes crediticios, proteger a los garantes y atender las obligaciones menores de los deudores de la banca cerrada. Durante el debate se respaldó la eliminación de abusos, cobros indebidos, discriminación y vulneraciones a la intimidad causadas por los burós privados, pero también se advirtió que la desaparición inmediata de estas entidades podía producir información incompleta, elevar la morosidad y afectar la concesión de créditos, por lo que se propuso que el sistema público y el privado funcionaran paralelamente durante un período de transición; además, se plantearon beneficios para agricultores con préstamos pequeños y mejoras en el flujo y actualización de los datos. La votación de este proyecto quedó aplazada a solicitud del ponente para recoger las observaciones y mejorar el texto. También se efectuó el segundo debate del proyecto que derogaba la ley de creación de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, mediante el cual se trasladaban sus competencias a AGROCALIDAD, se disponía su incorporación inmediata en la estructura administrativa de esa entidad y se establecía un período de ciento ochenta días para liquidar al personal, obligaciones y compromisos pendientes; se reconocieron los avances alcanzados por la CONEFA en la cobertura de vacunación, pero se sostuvo que la sanidad animal y la soberanía alimentaria debían estar bajo la rectoría de una institución pública, evitando interrupciones en la vacunación, movilización y atención a los productores ganaderos. El proyecto fue aprobado con setenta y cinco votos afirmativos y su reconsideración y posterior rectificación fueron negadas. Intervinieron Ángel Vilema, Eduardo Encalada, Fernando Flores, Vicente Taiano, Luis Morales, Edwin Vaca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, María Elena Pontón, Stalin Subía, Fernando Vélez, Gerónimo Yantalema, Zobeida Gudiño, Luis Almeida, Irina Cabezas, Kléver García y Rolando Panchana.

ACTA_183-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se trató la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades y el segundo debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a otras especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción. En el análisis del veto a la Ley de Discapacidades se discutieron los incentivos tributarios para los empleadores que superaran el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, la ampliación de determinados beneficios tributarios a familiares, cuidadores y sustitutos, la definición del porcentaje requerido para acceder a los derechos previstos en la ley, la gratuidad y disponibilidad de medicamentos e insumos, la responsabilidad estatal de garantizar —y no únicamente procurar— la educación regular y especializada, la adaptación curricular, el personal docente especializado, las becas, la inclusión laboral y la jubilación especial; asimismo, se cuestionó la propuesta de recalificar en un año a todas las personas que poseían carné de discapacidad, pues se sostuvo que ya existían mecanismos para revisar únicamente los documentos obtenidos irregularmente y que una evaluación general afectaría especialmente a las personas en situación de pobreza o con dificultades para trasladarse. La moción para mantener el texto aprobado por la Asamblea sobre la disposición transitoria relacionada con la recalificación no alcanzó los ochenta y tres votos requeridos, al obtener cincuenta y seis votos afirmativos; posteriormente se aprobó el allanamiento al resto de las objeciones del Ejecutivo con cincuenta y cuatro votos afirmativos, resultado que fue confirmado en la rectificación con cincuenta y tres votos afirmativos. Intervinieron María Cristina Kronfle, Francisco Ulloa, Fernando Flores, Nívea Vélez, Kléver García y Gioconda Saltos, mientras Fernando Bustamante participó en la solicitud de rectificación de la votación. A continuación se debatió el proyecto de protección del cóndor andino y de las especies silvestres nativas amenazadas, cuyo propósito era transformar los programas de conservación en una política permanente del Estado, actualizar la normativa ambiental, coordinar las competencias del Ministerio del Ambiente, los gobiernos autónomos descentralizados, las instituciones científicas, las universidades, las comunidades, pueblos y nacionalidades, regular la reproducción y tenencia de ejemplares en cautiverio, permitir capturas únicamente con fines científicos o de conservación, prohibir la cacería, comercialización y uso de sustancias tóxicas que afectaran a las especies y sus hábitats, y establecer infracciones, procedimientos administrativos y sanciones proporcionales a la gravedad de los daños. Durante el debate se planteó revisar el nombre del proyecto para reflejar que su alcance comprendía todas las especies amenazadas y no solamente al cóndor; precisar la prohibición de cazar o mantener ejemplares en peligro de extinción; diferenciar las especies que podían regularizarse de aquellas que debían ser recuperadas por el Estado; facilitar la reinserción en la naturaleza de animales reproducidos en cautiverio; otorgar mayor participación a las universidades especializadas en la investigación; incorporar a especies no nativas que ya formaban parte de los ecosistemas nacionales; establecer responsabilidades concretas para los gobiernos locales; emplear un enfoque integral que protegiera los hábitats y ecosistemas relacionados; y considerar que esta normativa formara posteriormente parte de un Código Orgánico Ambiental. También se propuso reconocer al cóndor como símbolo natural, patrimonio cultural e histórico del Ecuador y elemento de integración andina y suramericana. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Guido Vargas, Xavier Tomalá, Luis Morales, Leonardo Viteri, María Soledad Vela y Silvia Salgado; finalmente, el debate quedó pendiente y la sesión fue suspendida ante el riesgo de perder el quórum, cuando todavía restaban seis intervenciones, disponiéndose su continuación en una nueva convocatoria.

ACTA_180-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Leonardo Viteri solicitó incorporar una resolución para rechazar lo que consideraba una intromisión de la Corte Constitucional en las atribuciones de la Asamblea respecto de la autorización para iniciar un proceso penal contra un legislador, pero la propuesta y su rectificación fueron negadas. Posteriormente se realizó el segundo debate de la reforma a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, en el que se discutió la diferencia entre el heroísmo —entendido como un acto individual, excepcional y superior al cumplimiento del deber— y la condición de excombatiente, así como la necesidad de reconocer sin exclusiones a quienes participaron efectivamente en los conflictos de 1981 y 1995, corregir las listas y procesos de acreditación anteriores y evitar que fueran beneficiadas personas que no realizaron actos extraordinarios; la reforma estableció para los excombatientes en servicio pasivo beneficios como becas, puntaje adicional en concursos públicos, capacitación e inserción laboral, atención preferente en salud, acceso a créditos, descuentos en servicios y transporte, apoyo a emprendimientos, uso de insignias y bonificaciones económicas, extendiendo determinados derechos a quienes sufrieron lesiones durante el levantamiento de campos minados y a los familiares de quienes fallecieron en esas labores. También se dispuso que únicamente accedieran a los beneficios quienes fueran acreditados conforme a la ley y se dejó sin efecto el proceso de acreditación anterior; el proyecto fue aprobado con noventa y siete votos afirmativos y su reconsideración fue negada. Finalmente se debatió la aprobación del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, destinado a permitir acciones diplomáticas y otras medidas regionales frente a amenazas o rupturas del orden democrático; se analizaron la integración latinoamericana, la defensa de la democracia y los derechos humanos, los acontecimientos de Bolivia, Ecuador y Paraguay, los límites de la soberanía estatal, el riesgo del fortalecimiento excesivo de los poderes ejecutivos y las posibles consecuencias económicas y sociales de sanciones como el cierre de fronteras, la suspensión del comercio, las comunicaciones, la energía y los suministros, quedando pendiente su aprobación porque la sesión fue suspendida antes de la votación. Intervinieron Leonardo Viteri, Emilio González Ortega, José Jumbo, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Edwin Vaca, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, Luis Almeida, Gioconda Saltos, Linda Machuca, César Rodríguez, Armando Aguilar, Marco Murillo, Luis Morales, Henry Cuji, Guido Vargas, Hólger Chávez, Consuelo Flores, Diana Atamaint, María Soledad Vela, Francisco Cisneros, Francisco Ulloa, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Eduardo Zambrano, Betty Carrillo y Francisco Velasco.

ACTA_179-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, orientado a fortalecer el cobro de las obligaciones patronales y tributarias mediante acciones coactivas contra los responsables establecidos por la ley, adoptar medidas motivadas sobre bienes registrados a nombre de terceros cuando existieran indicios de ocultamiento, sancionar el abuso de la personalidad jurídica y evitar que las tercerías paralizaran injustificadamente las ejecuciones; además, se dispuso que el Servicio de Rentas Internas informara a las autoridades laborales sobre la determinación de utilidades, se reconocieron a los trabajadores domésticos jornadas de cuarenta horas y descansos equivalentes a los demás trabajadores, se amplió a doce meses la jornada reducida por lactancia, se garantizó el acceso concurrente a lactancia y guardería, y se estableció que el Estado pagara excepcionalmente las indemnizaciones de los extrabajadores de casinos después de iniciar el embargo y remate de los bienes, subrogándose posteriormente en sus derechos para recuperar los valores y ejercer la repetición contra los funcionarios responsables. También se permitió temporalmente que los empleadores regularizaran afiliaciones omitidas ante el IESS y se garantizó que los afiliados recibieran sus prestaciones aunque existiera mora patronal. En comisión general, Manuel Placencia denunció despidos, falta de afiliación, extensas jornadas, impago de beneficios y condiciones precarias en una hacienda bananera, mientras Esperanza Andrango solicitó hacer efectivos los títulos de crédito emitidos contra el Ministerio de Educación por los años trabajados sin afiliación ni beneficios por los educadores comunitarios. Durante el debate se respaldó la protección de trabajadores, madres lactantes y empleados domésticos, pero también se cuestionaron la constitucionalidad del proyecto, su calificación como urgente en materia económica, la inclusión de varias materias en una sola ley, la seguridad jurídica, el debido proceso, la posible afectación de terceros y el riesgo de otorgar facultades excesivas a los funcionarios encargados de las coactivas. Intervinieron Manuel Placencia, Esperanza Andrango, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Ramiro Terán, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, Patricio Quevedo, Marco Murillo, Enrique Herrería, Andrés Páez, Luis Morales, Richard Guillén, Salomón Fadúl, Christian Viteri, Línder Altafuya, Fernando González, Jorge Escala, Hólger Chávez, Rafael Dávila, Guillermina Cruz, Zobeida Gudiño, César Gracia y César Rodríguez; finalmente, el proyecto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos y la reconsideración de esa decisión fue negada.

ACTA_176-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, calificado como urgente en materia económica, que buscaba garantizar las prestaciones de seguridad social frente a la mora patronal, fortalecer los procedimientos coactivos para cobrar obligaciones incluso cuando se hubieran utilizado empresas o terceros para ocultar bienes, disponer que el Servicio de Rentas Internas informara sobre mayores utilidades para asegurar la participación correspondiente a los trabajadores, equiparar la jornada y los días de descanso de quienes prestan servicios domésticos, ampliar los derechos de lactancia y guardería y, de manera excepcional, permitir que el Estado pagara las indemnizaciones pendientes a los extrabajadores de casinos y salas de juego, subrogándose posteriormente en sus derechos para recuperar esos recursos de los antiguos empleadores. Aunque existió consenso sobre la necesidad de proteger a las madres trabajadoras, las empleadas domésticas, los afiliados al IESS y las familias afectadas por el cierre de los casinos, se cuestionaron la constitucionalidad y el carácter económico urgente del proyecto, la inclusión de varias materias en una sola ley, la posible utilización de fondos públicos para cubrir obligaciones privadas, la responsabilidad de las autoridades que no cobraron oportunamente las deudas, la afectación al debido proceso, la propiedad de terceros, los herederos, la seguridad jurídica, el régimen societario y la economía popular y solidaria; por ello, se propuso establecer procedimientos judiciales previos, aplicar el derecho de repetición contra los funcionarios responsables, excluir disposiciones consideradas excesivas y mejorar el texto antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Richard Guillén, Xavier Tomalá, Vicente Taiano, Ramiro Terán, Salomón Fadúl, Andrés Páez, Andrés Roche, César Rodríguez, Diana Atamaint, María Paula Romo, Enrique Herrería, Galo Vaca, Lourdes Tibán, Christian Viteri, Nívea Vélez, Eduardo Encalada, Luis Morales, Pedro de la Cruz, María Molina, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Fernando González, Francisco Cisneros, Jorge Escala y Marco Murillo; finalmente, el primer debate fue cerrado y la sesión fue clausurada.

ACTA_175-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conoció la solicitud de la Comisión Calificadora para reemplazar a María Meibot Hernández Losa como candidata de la Función Legislativa al proceso de selección de la Primera Corte Constitucional, debido a que no presentó un certificado que acreditara la inexistencia de impedimentos para ejercer un cargo público. Guillermina Cruz propuso a Davidsa Cumandá Altamirano Escobar de Granja y expuso su trayectoria profesional; Andrés Páez advirtió una confusión en la presentación de la candidatura, que inicialmente fue aprobada, pero María Augusta Calle solicitó reconsiderarla al señalar que la postulante era hermana del asambleísta alterno de Fausto Cobo, quien confirmó el parentesco y respaldó la corrección del procedimiento; aprobada la reconsideración, Silvia Salgado presentó a Fanny Fabiola Correa Defaz, cuya candidatura fue finalmente aceptada para participar en el proceso de designación de la Corte Constitucional. También se debatió y aprobó una resolución para reconocer al cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, como pionero en el cultivo de camarón en cautiverio en el Ecuador; Rocío Valarezo destacó el origen y la importancia económica de esta actividad y la contribución de Jorge Káiser Nickels, Luis Morales pidió mayor apoyo estatal al sector camaronero, Leonardo Viteri solicitó precisar técnicamente que se trataba del camarón Vannamei, Betty Amores formuló observaciones de redacción y sobre el impacto ambiental de las piscinas camaroneras, y César Gracia cuestionó que se declarara a Santa Rosa pionera mundial sin suficiente sustento, por lo que el texto final limitó el reconocimiento al ámbito nacional, incorporó un homenaje póstumo a Jorge Káiser Nickels y resaltó la Feria Nacional del Langostino; la resolución fue aprobada con ochenta y un votos afirmativos.

ACTA_174-F-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, centrado principalmente en el régimen de ejecución de penas y rehabilitación social. En comisión general, Irene Pesántez y Anunzziata Valdez defendieron la permanencia y el fortalecimiento de la Ley 103, las comisarías especializadas, las boletas de auxilio y las medidas inmediatas de protección, al considerar que trasladar todas las denuncias de violencia intrafamiliar a la Fiscalía podría retrasar la atención, aumentar la carga procesal y revictimizar a las mujeres; además, reconocieron como avances la tipificación de la violencia intrafamiliar y del femicidio. Carlos Garcés Velásquez y Cristina Franco se pronunciaron en contra de la despenalización del aborto, incluso cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación, y expusieron argumentos relacionados con la protección de la vida desde la concepción y las consecuencias psicológicas que, según sus intervenciones, puede producir esta práctica. Posteriormente se discutió la transformación del sistema penitenciario, la protección de los derechos y la dignidad de las personas privadas de libertad, la creación de jueces de garantías penitenciarias, la separación entre procesados y sentenciados, la clasificación de los centros según los niveles de seguridad y la aplicación de regímenes cerrados, semicerrados y abiertos; también se plantearon programas obligatorios de educación, trabajo, cultura, deporte, salud y fortalecimiento familiar, capacitación de los guías penitenciarios, incorporación de personal especializado, asignación de recursos públicos, afiliación a la seguridad social, acceso a estudios superiores, créditos para proyectos productivos después de cumplir la condena y construcción o remodelación de establecimientos que garanticen condiciones adecuadas de salud, alimentación, recreación y reinserción social. Asimismo, se presentaron observaciones sobre la persecución del peculado sin depender exclusivamente de informes previos de la Contraloría, el endurecimiento de las sanciones contra la usura, la necesidad de diferenciar a los consumidores y personas con dependencia de drogas de quienes cometen delitos, la atención prioritaria y expedita de la violencia contra la mujer, la falta de infraestructura penitenciaria, el trabajo productivo dentro de los centros, la protección y reparación integral de las víctimas, la regulación de la tala de árboles para no criminalizar a agricultores y campesinos, y las posiciones contrarias al aborto no punible en casos de violación. Intervinieron Irene Pesántez, Anunzziata Valdez, Carlos Garcés Velásquez, Cristina Franco, Gastón Gagliardo, Paco Fierro, Rosa Ponce, Gina Godoy, Rosana Alvarado, Luis Morales, Mariángel Muñoz, Margarita Carranco, Mao Moreno, Henry Cuji y Marllely Vásconez; finalmente, la sesión fue suspendida ante la posibilidad de perder el quórum, cuando todavía quedaban siete intervenciones pendientes, por lo que el debate debía continuar en una nueva convocatoria.

ACTA_174-E-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose principalmente el procedimiento penal, la ejecución de las penas y el sistema de rehabilitación social, así como la necesidad de equilibrar la protección de las víctimas, la seguridad ciudadana, la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos de las personas privadas de libertad. En comisión general, Rosa Elisa Balarezo, en representación de las organizaciones de mujeres de Loja, expuso la violencia de género, los embarazos forzados derivados de violaciones —incluidos los sufridos por niñas—, la impunidad de los delitos sexuales, la necesidad de tipificar el femicidio, respetar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, evitar su revictimización y considerar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Durante el debate legislativo se analizaron la despenalización del aborto en casos de violación y las posiciones favorables y contrarias a esta medida; la política sobre consumo y tráfico de drogas; la posible criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y los delitos cometidos mediante medios de comunicación; la regulación de la rebelión, el terrorismo y la delincuencia organizada; el régimen penal militar y policial; la jurisdicción indígena y su coordinación con la justicia ordinaria; la protección de víctimas y testigos; la prescripción de las acciones penales; las pruebas en infracciones de tránsito; el juzgamiento de la violencia intrafamiliar mediante procedimientos especiales y expeditos; y el uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, informantes y dispositivos electrónicos como alternativas a la prisión preventiva. También se discutieron la proporcionalidad y el incremento de las penas, la sexualidad adolescente y la redacción del delito de violación, la diferencia entre personas acusadas y sentenciadas, los límites de la prisión preventiva, el hacinamiento carcelario, la responsabilidad estatal por la seguridad de quienes permanecen bajo su custodia, la organización institucional del sistema penitenciario y la necesidad de que la rehabilitación no se sustente en prejuicios sociales sobre quiénes cometen delitos. Intervinieron Rosa Elisa Balarezo, Stalin Bolívar Subía, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Lídice Larrea, Mauro Andino, César Montúfar, Marco Murillo, Gina Godoy, Consuelo Flores, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Augusta Calle, María Paula Romo y Tito Nilton Mendoza. Finalmente, el debate fue suspendido y se dispuso su continuación al día siguiente.

ACTA_174-D-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, con énfasis en el procedimiento penal y en la búsqueda de un equilibrio entre seguridad ciudadana, protección de las víctimas, garantías constitucionales, eficacia judicial y rehabilitación de las personas procesadas. En comisión general, Blanca Argüello y Augusto Barrera expusieron las demandas ciudadanas frente a la delincuencia y plantearon procedimientos judiciales más ágiles, una regulación efectiva de la receptación de bienes robados, el incumplimiento de clausuras, el vandalismo, el microtráfico, la prisión preventiva y la defensa pública de las víctimas; Ramiro Rivadeneira destacó los avances sobre femicidio y discriminación, solicitó corregir la tipificación de la desaparición forzada y ampliar la mala práctica médica a los casos de lesiones, y defendió un debate basado en la realidad nacional sobre el aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación; Alberto Narváez pidió diferenciar la mala práctica, el error médico y los efectos adversos, considerar la responsabilidad de las instituciones sanitarias y contar con fiscales, jueces y peritos especializados; Mario Monteverde, Flavio Arosemena y Amparo Medina defendieron la vida desde la concepción y rechazaron el aborto incluso en casos de violación; José Cruz solicitó incorporar adecuadamente la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales para atender a las víctimas de la ex Base de Manta; una representante de las Organizaciones de Mujeres de El Oro defendió el carácter laico del Estado, la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, la atención diferenciada a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar y la continuidad inmediata de las medidas de protección; y Vicente Arias abordó las lesiones ocasionadas por mala práctica médica, la protección de las víctimas, la titularidad de la acción penal y la prescripción. Posteriormente, Cynthia Viteri, María Romo, Rosana Alvarado, Tito Mendoza, César Gracia, Fernando González, Guillermina Cruz, Soledad Vela, Andrés Roche, Paco Moncayo, Enrique Herrería, Marisol Peñafiel y Luis Morales analizaron la participación y reparación integral de las víctimas, las atribuciones de la Fiscalía, los métodos especiales de investigación, la cadena de custodia, la suspensión condicional y los procedimientos abreviados, simplificados y expeditos, la caducidad y sustitución de la prisión preventiva, la política sobre drogas, la responsabilidad de adolescentes, la proporcionalidad y acumulación de las penas, el riesgo del populismo penal, la necesidad de procedimientos especiales para la violencia contra la mujer y la familia, y la improcedencia de convertir la acción penal cuando el delito haya causado la muerte de la víctima; finalmente, el debate quedó pendiente y la sesión fue suspendida para continuar con las intervenciones restantes.

ACTA_174-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose la necesidad de modernizar la legislación y garantizar un equilibrio entre seguridad ciudadana, derechos humanos, debido proceso e independencia judicial; se debatieron la proporcionalidad y eficacia de las penas, la precisión técnica de los tipos penales, el riesgo de criminalizar la huelga, la protesta, la resistencia y otras expresiones políticas o sociales, así como la regulación del terrorismo, rebelión, sabotaje, corrupción, peculado, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, delitos ambientales, infracciones relacionadas con la pesca, accidentes de tránsito, mala práctica profesional, violencia en espectáculos públicos, delitos propios de las zonas fronterizas y falta de pago de precios oficiales a productores agrícolas. También se discutieron ampliamente el aborto no punible cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o pusiera en riesgo la vida o salud de la mujer, la violencia contra la mujer y la familia, la continuidad de las medidas de protección previstas en la Ley 103 y la necesidad de procedimientos rápidos que eviten la revictimización; además, se analizaron la justicia indígena, el tratamiento especializado de adolescentes en conflicto con la ley, la política de drogas desde una perspectiva de salud pública, la rehabilitación de personas dependientes y la conveniencia de no basar la lucha contra la delincuencia únicamente en el endurecimiento de las penas. En comisión general, Miguel Zambrano, representante de los Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia, defendió la protección especial de sus derechos y rechazó que los adolescentes fueran juzgados como adultos, destacando que requieren una legislación y procedimientos especializados. Intervinieron Edwin Vaca, Soledad Vela, Juan Carlos López, Lourdes Tibán, Wladimir Vargas, María Alejandra Vicuña, Lenín Chica, Miguel Zambrano, Fernando Bustamante, Jimmy Pinoargote, César Gracia, Betty Carrillo, Carlos Velasco, Cristian Viteri, María Paula Romo, Vicente Taiano, Rolando Panchana, Betty Amores, Virgilio Hernández, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo y Luis Morales; finalmente, la sesión fue suspendida para continuar al día siguiente con las intervenciones pendientes y cerrar el debate del primer bloque del proyecto.

ACTA_174-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, específicamente sobre sus normas rectoras y el régimen de infracciones, analizando la necesidad de modernizar y unificar la legislación penal, mantener el equilibrio entre la seguridad ciudadana y las garantías constitucionales, establecer penas proporcionales, evitar la criminalización de la protesta social y mejorar el tratamiento de delitos como corrupción, cohecho, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, mala práctica profesional, terrorismo, delitos cometidos por adolescentes, falta de afiliación y retención de aportes a la seguridad social, femicidio, violencia intrafamiliar, aborto en casos de violación, tenencia y consumo de drogas y reparación a las víctimas. En comisión general, Nidia Solís, Sandra Peñaherrera y Dalila Cárdenas solicitaron conservar las medidas inmediatas de protección previstas para las mujeres víctimas de violencia y corregir los vacíos que podrían dejarlas en indefensión; Tatiana Ortiz defendió la tipificación autónoma del femicidio, mientras Virginia Gómez de la Torre apoyó la despenalización del aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación. Posteriormente, Sonia Crespo y Javier Aguirre se pronunciaron en defensa de la vida desde la concepción y en contra de ampliar los casos de aborto no punible; Verónica Vera expuso las consecuencias de los abortos clandestinos y defendió que las mujeres no fueran criminalizadas, mientras Gabriel Buitrón abordó la política de drogas, el tratamiento de la marihuana y la necesidad de establecer cantidades mínimas para diferenciar el consumo del tráfico. En el debate legislativo intervinieron Vicente Taiano, Mauro Andino, María Paula Romo, Cristian Viteri, Silvia Salgado, Línder Altafuya, Linda Machuca, Galo Vaca, Paola Pabón, Betty Amores, Abdalá Bucaram, Mariángel Muñoz, Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Rodríguez, Jorge Escala, María Augusta Calle, Paco Fierro, Juan Carlos Cassinelli, Alfredo Ortiz, Marisol Peñafiel, César Montúfar, María del Pilar Almeida y Luis Morales, quienes presentaron observaciones sobre la proporcionalidad y acumulación de las penas, la independencia de la justicia, los derechos de las víctimas, la eficacia del sistema penal y los riesgos de utilizar sus disposiciones para perseguir a opositores, dirigentes sociales o manifestantes. Finalmente, la sesión fue suspendida y se dispuso que el debate continuara al día siguiente.

ACTA_173-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades, centrado en garantizar una protección integral y efectiva mediante políticas de prevención, detección temprana, atención médica, habilitación y rehabilitación; inclusión educativa con infraestructura accesible, materiales en braille, lengua de señas y equipos multidisciplinarios; inserción, estabilidad y protección laboral; afiliación, pensiones y jubilación especial dentro de la seguridad social; accesibilidad al transporte, espacios públicos, comunicación e información; tarifas preferenciales, exenciones tributarias, créditos para emprendimientos, protección social y apoyo a las familias y personas cuidadoras; además, se discutieron mecanismos administrativos para reclamar vulneraciones de derechos, sanciones por incumplimiento, participación de las personas con discapacidad en los organismos de decisión y reformas para eliminar expresiones discriminatorias de la legislación y reconocer la capacidad de comunicación de las personas sordas mediante la lengua de señas. Intervinieron Emilia Jaramillo, Fernando Vélez, Francisco Cisneros, Betty Amores, Pamela Falconí, Nívea Vélez, Bolívar Subía, Lourdes Tibán, Fernando Bustamante, Eduardo Encalada, César Gracia, Vanessa Fajardo, María Romo, Dora Aguirre, Kléver García, Gastón Gagliardo, Wladimir Vargas, Fausto Cobo, Soledad Vela, Ramiro Terán, Paola Pabón, Susana González, Luis Almeida, Mauro Andino, Zobeida Gudiño, Jimmy Pinoargote, Luis Morales, Betty Carrillo, Hugo Quevedo, Marco Murillo, Hólger Chávez, Consuelo Flores, Fernando Flores, Magali Orellana, Juan Fernández y María Kronfle. Finalmente, el proyecto, con los cambios y observaciones aceptados por la ponente, fue aprobado por unanimidad con noventa y cuatro votos afirmativos, y posteriormente se negaron tanto su reconsideración como la rectificación solicitada.

ACTA_171-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa de educación superior, centrado principalmente en determinar el régimen jurídico, académico y administrativo aplicable a los conservatorios de música y artes. Se discutió si todos los conservatorios debían integrarse al sistema de educación superior o si correspondía diferenciar la formación musical inicial, básica y de bachillerato, dirigida a niñas, niños y adolescentes, de las carreras profesionales de tercer nivel; asimismo, se analizaron los requisitos de ingreso, la evaluación y acreditación institucional, la continuidad de la enseñanza artística desde edades tempranas, las titulaciones de músicos y artistas, las competencias del Ministerio de Educación y de los organismos de educación superior, la designación y preparación de las autoridades, el financiamiento, las remuneraciones y el posible pluriempleo de docentes que también integraban orquestas y bandas sinfónicas. También se advirtió que incorporar íntegramente los conservatorios al nivel superior podría excluir a estudiantes menores de edad, exigirles requisitos universitarios y provocar el cierre de instituciones que no contaban con infraestructura ni docentes con las titulaciones requeridas, mientras otros participantes sostuvieron que la normativa vigente contradecía el reconocimiento constitucional de los conservatorios como parte de la educación superior y generaba una división institucional perjudicial. De manera complementaria, se plantearon reformas relacionadas con los institutos técnicos y tecnológicos, la homologación y continuidad de estudios, la creación de instituciones y extensiones universitarias en la Amazonía y Galápagos, la situación de estudiantes y trabajadores afectados por el cierre de universidades, el acceso limitado a cupos, la autonomía universitaria, los aranceles diferenciados y la necesidad de efectuar una reforma integral, en lugar de modificaciones aisladas. Intervinieron Raúl Escobar Guevara, Gioconda Saltos, Gastón Gagliardo, María Augusta Calle, Guido Vargas, Juan Fernández, Xavier Tomalá, Alfredo Ortiz, Jorge Escala, Mao Moreno, Nívea Vélez, Soledad Vela, Marco Murillo, Raúl Abad, María Paula Romo, Armando Aguilar, Luis Morales y Betty Carrillo.

ACTA_170-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el segundo debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para resolver los conflictos de límites territoriales internos, resaltándose que la indefinición histórica entre provincias, cantones, parroquias y comunidades ha provocado confrontaciones, inseguridad jurídica, falta de planificación y desatención de servicios básicos en numerosas poblaciones. Se valoró que la propuesta sustituyera el proyecto inicial, que pretendía fijar directamente los límites, por mecanismos de negociación, mediación territorial, arbitraje, resolución institucional y consulta popular, con participación de los gobiernos autónomos descentralizados y de las comunidades involucradas; sin embargo, se formularon observaciones sobre la necesidad de establecer plazos claros, diferenciar correctamente la mediación del arbitraje, determinar el carácter vinculante de los informes técnicos y jurídicos, incorporar criterios históricos, culturales, ancestrales, sociales, ambientales y cartográficos, reconocer las competencias de las juntas parroquiales y autoridades comunitarias, y garantizar la participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. También se cuestionaron las actuaciones de la institución encargada anteriormente de los límites, por haber generado o agravado controversias, así como la composición y dependencia del nuevo Comité Nacional de Límites, el grado de intervención del Ejecutivo y la posible afectación de las competencias legislativas; además, se expusieron conflictos específicos de Esmeraldas, Imbabura, Chimborazo, Cañar, Tungurahua, Bolívar, Los Ríos, Guayas, Manabí, Azuay, Napo, Pichincha y Cotopaxi, y se propuso revisar las parroquias creadas sin cumplir los requisitos legales. Ante la cantidad de observaciones presentadas, se planteó que el texto regresara a la comisión para ser depurado y la sesión fue suspendida sin someterlo a votación. Intervinieron Gabriel Rivera, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Mauro Andino, Marco Murillo, Kléver García, Línder Altafuya, Mercedes Diminich, Paco Fierro, Eduardo Encalada, César Gracia, Luis Morales, Guillermina Cruz, Ramiro Terán, Betty Carrillo, Gioconda Saltos, Rosa Cerda, Hólger Chávez, Ángel Vilema, Damasio Santos y Mary Verduga.

ACTA_170-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se recibió a una comitiva cubana encabezada por Aída Guevara March, a la cual se entregaron acuerdos de solidaridad mediante los que se solicitaba el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, así como la liberación de cinco ciudadanos cubanos condenados en Estados Unidos y la concesión de visas humanitarias para sus familiares; la representante agradeció el respaldo, destacó los históricos vínculos entre los pueblos ecuatoriano y cubano y llamó a fortalecer la unidad latinoamericana. Posteriormente, se debatió y aprobó una resolución de solidaridad con el pueblo y el régimen democrático de Bolivia, ante amenazas contra Evo Morales y expresiones racistas, xenófobas y violentas atribuidas a determinados sectores opositores; durante la discusión se defendieron la solución pacífica de las diferencias políticas, la democracia, los derechos humanos y la participación de los pueblos indígenas, aunque también se formularon críticas a los gobiernos de Bolivia y Ecuador por la criminalización de la protesta social, el autoritarismo y el trato hacia la oposición. Finalmente, se desarrolló el segundo debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para solucionar los conflictos de límites territoriales internos, analizando la indefinición histórica de numerosas fronteras entre provincias, cantones y parroquias, la desatención de las poblaciones ubicadas en zonas disputadas y la necesidad de sustituir la confrontación por mecanismos de negociación directa, mediación, arbitraje, resolución institucional y consulta popular. También se discutieron la participación de las comunidades, pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios; la intervención de los gobiernos autónomos descentralizados; la importancia de los informes jurídicos, técnicos, históricos, sociales, culturales y cartográficos; el empleo del Instituto Geográfico Militar y sistemas de posicionamiento satelital; la prestación de servicios públicos en las zonas no delimitadas y la conveniencia de incorporar los procedimientos esenciales directamente en la ley. El debate quedó suspendido para continuar en otra convocatoria. Intervinieron Aída Guevara March, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, María Paula Romo, Paola Pabón, Luis Morales, César Gracia, Línder Altafuya, Darío Pito, Tarquino Orellana, Virgilio Hernández, Francisco Ulloa, Bolívar Subía, Guido Vargas, Rolando Panchana, Jimmy Pinoargote y Fernando Bustamante.

ACTA_169-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conmemoraron la Revolución Liberal y los cien años de la Hoguera Bárbara, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción de un Estado moderno, laico y democrático, la educación pública, la separación entre la Iglesia y el Estado, las libertades individuales, la integración territorial mediante el ferrocarril, la emancipación de los pueblos indígenas, los avances de las mujeres y la lucha contra las estructuras feudales, la injusticia y la opresión. Posteriormente, Hugo de Jesús Jácome Estrella fue posesionado como primera autoridad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. También se conoció el informe favorable para conceder un indulto humanitario a Víctor Manuel Díaz Almeida, adulto mayor de ochenta y cuatro años condenado por falsedad ideológica, cuya avanzada edad, enfermedades, situación económica y vulneración de derechos fueron consideradas razones suficientes para condonar el tiempo restante de la pena y solicitar la revisión de las actuaciones judiciales; sin embargo, el tratamiento fue suspendido por la ausencia de la ponente y la falta del número de votos requerido. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto de arrendamiento de inmuebles con promesa de compraventa, analizándose su posible utilidad como alternativa para facilitar el acceso a viviendas y predios productivos mediante ahorro previo, pago de cánones destinados a la futura adquisición, seguros, subsidios y participación de instituciones financieras; frente a ello, se sostuvo que el leasing mercantil, el crédito hipotecario, la promesa de compraventa y otras figuras civiles ya permitían estas operaciones, por lo que una nueva ley sería innecesaria. Aunque inicialmente se aprobó archivar el proyecto, la rectificación de la votación negó esa recomendación, por lo que la propuesta continuó su trámite. Intervinieron Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Luis Almeida, María Soledad Vela, Hugo de Jesús Jácome Estrella, Mauro Andino, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Luis Morales y Fernando Vélez

ACTA_165-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, reconociendo el pluralismo jurídico, la autonomía de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, sin que exista subordinación entre ambos sistemas de justicia. Se analizaron la identificación y legitimidad de las autoridades indígenas, la competencia territorial, personal y material, la declinación de competencia, la prohibición del doble juzgamiento, el cumplimiento obligatorio de las decisiones comunitarias, la resolución de conflictos entre autoridades y la posibilidad de que la Corte Constitucional controle las decisiones que pudieran vulnerar derechos. También se discutió la necesidad de establecer procedimientos claros, garantías de imparcialidad, derecho a la defensa y mecanismos de revisión o apelación, respetando las particularidades de cada comunidad y evitando imponer la estructura de la justicia ordinaria sobre el sistema indígena. Especial atención recibieron los límites derivados de la Constitución, los derechos humanos y los instrumentos internacionales, particularmente respecto de la violencia contra las mujeres, los delitos sexuales, la trata y el tráfico de personas, los derechos de niñas, niños y adolescentes y los delitos que afectan la seguridad del Estado, ante el riesgo de que determinadas conductas quedaran sin una sanción adecuada. Asimismo, se destacó que la justicia indígena busca restaurar la armonía comunitaria y reintegrar a las personas, en lugar de fundamentarse principalmente en la privación de libertad, y se cuestionó su identificación con linchamientos, violencia o justicia por mano propia. Finalmente, se coincidió en que el proyecto debía someterse a consulta prelegislativa con la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades, incluidas especialmente las mujeres indígenas, para construir una normativa intercultural que respetara los derechos colectivos, evitara intromisiones y garantizara una verdadera coordinación entre los dos sistemas de justicia. Intervinieron Mauro Andino, Marco Murillo, Margarita Carranco, Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Silvia Salgado, Rodrigo Collahuazo, Francisco Cevallos, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Betty Amores, Christian Viteri y Luis Morales.

ACTA_163-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se posesionó a Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo como primera autoridad de la Defensoría Pública, luego de haber sido designado mediante concurso público de méritos y oposición. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó el proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, orientado a proteger a las familias y evitar que, ante la imposibilidad de pagar un préstamo, las instituciones financieras pudieran perseguir otros bienes del deudor, de su cónyuge, herederos, fiadores o garantes, una vez entregado, embargado o rematado el inmueble o vehículo que garantizaba la obligación. Se analizaron la extinción de la deuda con la entrega del bien, la prohibición de garantías y pagarés adicionales, el cese del cálculo de intereses desde el embargo, el traslado de créditos hacia instituciones que ofrecieran mejores condiciones, el levantamiento del patrimonio familiar para financiar la construcción de la vivienda y la prohibición de ejecutar en Ecuador sentencias extranjeras derivadas de créditos hipotecarios que contravinieran el ordenamiento nacional, especialmente para proteger a migrantes afectados por la crisis inmobiliaria en España. También se debatieron los límites económicos y el carácter no retroactivo de la normativa, la valoración y depreciación de viviendas y automotores, la inclusión o exclusión de motocicletas y tricimotos, la protección de los depositantes, los posibles efectos sobre las tasas, los plazos y el acceso futuro al crédito, la situación de la industria automotriz, la contaminación, la balanza de pagos, el riesgo de incentivar el incumplimiento de obligaciones y la constitucionalidad de la propuesta; finalmente, se incorporaron varias reformas y disposiciones derogatorias, el proyecto fue aprobado y la solicitud para reconsiderar esa decisión fue negada. Intervinieron Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Andrés Roche, Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Luis Morales, Virgilio Hernández, Eduardo Encalada, Galo Vaca, Enrique Herrería, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Fernando González, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Rosana Alvarado, Marco Murillo, Cristian Viteri, Fernando Flores, Dora Aguirre, María Paula Romo y Silvia Salgado.

ACTA_162-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, destacándose su participación histórica en la independencia y en la construcción económica, social y cultural del país, así como la trayectoria de figuras representativas y la importancia de preservar expresiones como la música, la danza, la medicina ancestral, la etnoeducación y las tradiciones comunitarias. Se analizaron el racismo, la discriminación y la exclusión histórica que afectan a esta población, reflejados en mayores niveles de pobreza, desempleo, analfabetismo, falta de vivienda, limitado acceso a la educación superior, servicios básicos, salud, tierra, empleo público y espacios de decisión; por ello se propusieron acciones afirmativas, asignación de recursos, recuperación de territorios ancestrales, acceso equitativo al trabajo y la educación, mecanismos de prevención, protección, reparación y sanción frente a actos racistas, así como una institucionalidad clara encargada de ejecutar y vigilar las políticas públicas. También se debatió si debía aprobarse una ley específica para el pueblo afroecuatoriano o unificarse con la normativa sobre derechos colectivos de indígenas y montubios, señalándose la necesidad de evitar duplicidades sin invisibilizar las particularidades de cada pueblo; además, se formularon observaciones sobre la organización territorial, la consulta y el consentimiento previo, la presencia militar en territorios y zonas fronterizas, la defensa de la soberanía y la coherencia constitucional del texto. De manera adicional, se expresó preocupación por la situación de estudiantes ecuatorianos becados en Brasil, se cuestionó una publicación sobre el cumplimiento de la rendición de cuentas de los legisladores y se aclararon aspectos históricos relacionados con la participación de Abdón Calderón en la Batalla de Pichincha. Intervinieron Luis Morales, Carlos Velasco, Edwin Vaca, Silvia Salgado, Fausto Cobo, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Guillermina Cruz, Luis Almeida, Marisol Peñafiel, Elvia Quintana, Wladimir Vargas, Susana González, María Pilar Almeida, María Augusta Calle, Juan Carlos López, Francisco Velasco, Margarita Carranco y Jorge Escala.

ACTA_160-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el segundo debate del proyecto destinado a derogar las normas que permitían el funcionamiento de casinos, salas de juego y otros negocios de azar, en cumplimiento de la decisión adoptada mediante consulta popular; se analizó la eliminación de estas actividades de la normativa turística, las responsabilidades de las autoridades que habrían permitido durante años el funcionamiento de establecimientos irregulares, la situación laboral y el pago de liquidaciones a los trabajadores, las obligaciones tributarias y de seguridad social de las empresas, así como la necesidad de diferenciar entre casinos legalmente autorizados dentro de hoteles y salas de máquinas que operaban de manera ilegal. Fausto Flores, representante de empresarios turísticos de hoteles de lujo y primera categoría, expuso que los establecimientos legalmente constituidos habían realizado importantes inversiones, cumplido obligaciones y entregado anticipadamente las liquidaciones de sus trabajadores, por lo que solicitó conocer los resultados de la evaluación realizada por una comisión interministerial y considerar un plazo que permitiera recuperar las inversiones; frente a ello, se señalaron casos de empresas con obligaciones tributarias pendientes y numerosos recursos judiciales que habrían retrasado durante años los procesos de cobro. También se discutió la posible duplicidad con una nueva normativa turística, el respeto a la seguridad jurídica, el debido proceso y las inversiones realizadas, sin desconocer la obligación de cumplir el mandato popular de prohibir los juegos de azar. Finalmente, ante las observaciones formuladas y la falta de información sobre la evaluación interministerial, se decidió suspender el tratamiento para procesar las propuestas y someter el proyecto a votación en una próxima convocatoria. Intervinieron Luis Morales, Alfredo Ortiz, Fausto Flores, Francisco Velasco, Scheznarda Fernández, Mauro Andino y Vicente Taiano.

ACTA_160-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger y garantizar la igualdad de derechos de los ecuatorianos residentes en el exterior y de sus familias, abordándose la asistencia jurídica y consular, la protección frente a la discriminación, la xenofobia y los abusos laborales, la repatriación de personas privadas de libertad y de restos mortales, la reunificación familiar, la seguridad social, la educación a distancia, el acceso a vivienda, crédito y empleo, la reducción de los costos de envío de remesas y el acompañamiento a quienes retornan voluntaria o forzosamente al país. También se analizó la necesidad de precisar las instituciones responsables y establecer mecanismos de rendición de cuentas, limitar el grado de parentesco de los familiares beneficiarios, evitar privilegios o discriminación frente a quienes residen en el Ecuador, garantizar el financiamiento de las medidas propuestas y armonizar la normativa con las disposiciones sobre educación, tránsito, gasto público y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; asimismo, varios participantes propusieron ampliar el proyecto hacia una ley integral de movilidad humana que incluyera migración, retorno, refugio, asilo y ciudadanía universal. Patricia Jaramillo Vítore expuso el caso de su hija Karina Chávez, quien sufrió un grave accidente laboral en Suiza y permanecía sin indemnización ni patrocinio jurídico adecuado, como ejemplo de la desprotección que enfrentan algunos migrantes. Posteriormente, se inició el segundo debate de la propuesta para depurar la normativa relacionada con casinos, salas de juego y negocios de azar, en cumplimiento de la decisión popular que dispuso su prohibición; se analizaron la eliminación de estas actividades de la legislación turística, la derogación de la antigua normativa sobre juegos de azar, las indemnizaciones de los trabajadores afectados y la necesidad de sancionar a quienes mantuvieran o reabrieran estos establecimientos, pero la sesión fue suspendida antes de concluir el tratamiento. Intervinieron Washington Cruz, Patricia Jaramillo Vítore, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Fernando Flores, Blanca Ortiz, Ramiro Terán, Luis Almeida, Xavier Tomalá, Juan Carlos López, Fernando Bustamante, Luis Morales, María Augusta Calle, Sonia Mejía, Silvia Salgado, Washington Quiñonez, Mauro Andino y Scheznarda Fernández.

ACTA_159-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retiró una propuesta para debatir el respeto a la independencia y facultades de la Función Legislativa; posteriormente, se aprobó el indulto por razones humanitarias a favor de José Díaz Balboa, ciudadano español privado de libertad que padecía enfermedades graves en etapa terminal, analizándose su precario estado de salud, las condiciones inadecuadas de atención médica dentro del centro penitenciario, el derecho a una vida y muerte dignas, la responsabilidad del Ministerio de Justicia en la tramitación oportuna de estos casos y la coordinación con las autoridades españolas para que, una vez liberado, retornara a su país de origen. Asimismo, se aprobó el proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados dentro de procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, mediante el cual se otorgaron al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas facultades de custodia, conservación, administración y venta de bienes perecibles; se debatieron la devolución de bienes o valores cuando exista sobreseimiento o sentencia absolutoria, su transferencia definitiva al Estado cuando haya condena, la administración de los recursos generados, la rendición periódica de cuentas, la protección del derecho de propiedad y la necesidad de evitar que determinadas instituciones se beneficien directamente de los bienes incautados. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente destinado a regular los créditos para vivienda, orientado a impedir que, luego de entregar o rematar el inmueble hipotecado, las entidades financieras persiguieran otros bienes del deudor o de sus garantes; se analizaron la dación en pago, la extinción de las obligaciones con la entrega de la vivienda, la protección de las familias afectadas por desempleo, enfermedad o reducción de ingresos, la corresponsabilidad de las instituciones financieras en la valoración del riesgo, la prohibición de cláusulas abusivas, el ámbito de aplicación respecto de la vivienda única, la construcción y remodelación, los límites económicos, los créditos concedidos antes de la vigencia de la ley, la posible inclusión de préstamos vehiculares y productivos, y los efectos que estas medidas podrían tener sobre las tasas de interés, las garantías y el acceso futuro al crédito. Intervinieron Rafael Dávila, Mauro Andino, Luis Morales, María Molina, Enrique Herrería, César Gracia, Rolando Panchana, Jimmy Pinoargote, Leonardo Viteri, Andrés Roche, Francisco Velasco, Betty Carrillo, Cléver Jiménez, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Bustamante, José Portugal, Ramiro Terán, Zobeida Gudiño, Silvia Kon, Paco Moncayo, Fernando González, César Montúfar, Betty Amores, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Salomón Fadúl, Bolívar Subía, Eduardo Encalada, Gabriel Rivera, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Flores, Marllely Vásconez y Ángel Vilema.

ACTA_156-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la propuesta de incorporar al orden del día el análisis de la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado mayoritariamente dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible inclusión en la iniciativa Yasuní-ITT; posteriormente, se aprobó el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Argentina en materia de actividades espaciales, orientado al desarrollo tecnológico, la investigación científica, la teleobservación terrestre, el seguimiento de satélites, el intercambio de información, la capacitación técnica y la aplicación de tecnología espacial en la prevención de desastres, agricultura, salud, comunicaciones, cartografía, seguridad y protección ambiental. También se aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador y Uruguay, destinado al intercambio de conocimientos y experiencias militares, la formación y capacitación, el desarrollo científico y tecnológico, los ejercicios conjuntos, el control marítimo y la participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, debatiéndose sus alcances respecto de la soberanía, la responsabilidad civil, los gastos, la integración regional y la protección de los derechos humanos. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, con la comparecencia del defensor del Pueblo, abordándose los casos investigados por la Comisión de la Verdad, las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas; el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; la responsabilidad estatal, la imprescriptibilidad de estos delitos, la apertura de archivos, la investigación y sanción de los responsables, la protección de víctimas y testigos, las reparaciones materiales e inmateriales, la atención médica y psicológica, la restitución de derechos, la recuperación de restos, las disculpas públicas y la preservación de la memoria histórica, así como la necesidad de evitar que la ley sea utilizada con fines de persecución política o excluya a víctimas de otros periodos. Intervinieron María Paula Romo, Wladimir Vargas, Luis Morales, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Linda Machuca, Rolando Panchana, Eduardo Encalada, Ramiro Rivadeneira Silva, Mauro Andino, Luis Almeida, Silvia Salgado, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Línder Altafuya, Andrés Páez, Gabriel Rivera, Betty Carrillo, Galo Vaca, José Portugal, Juan Fernández, María Augusta Calle, Guido Vargas, Jorge Escala, Gina Godoy, Denny Cevallos, Raúl Abad y Julio César Ruiz.

ACTA_155-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje a la Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador por sus cincuenta años de labor en favor de las comunidades indígenas, campesinas y sectores históricamente excluidos, resaltando su aporte a la alfabetización, la educación a distancia, la comunicación comunitaria, la salud, la agricultura orgánica, la recuperación de cultivos andinos y la democratización de la palabra, por lo que recibió una condecoración al mérito educativo, cultural y social. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud, con la participación de representantes de organizaciones juveniles, quienes solicitaron una normativa que no se limite a declarar derechos, sino que establezca oportunidades y mecanismos efectivos en materia de educación, salud, empleo, primer trabajo, pasantías remuneradas, seguridad social, emprendimiento, vivienda, cultura, recreación, libertad de asociación, uso del espacio público y participación política; también se analizaron el rango de edad aplicable, el reconocimiento de la diversidad de las juventudes, la prevención de su criminalización, la institucionalidad encargada de ejecutar las políticas públicas, la representación juvenil en los organismos de decisión, la articulación con los gobiernos locales, el financiamiento de programas, la necesidad de evitar estructuras burocráticas y la creación de mecanismos de exigibilidad y control. Asimismo, se aprobó una resolución para solicitar atención urgente frente al fuerte temporal invernal en la provincia del Azuay, abordándose los riesgos de deslizamientos, inundaciones, aislamiento vial y posibles afectaciones a poblaciones e infraestructura hidroeléctrica, así como la necesidad de ejecutar obras preventivas, estudios técnicos, atención a los damnificados y coordinación entre las instituciones estatales. Intervinieron Eduardo Encalada, Mauro Andino, Juan Pérez, Darío Masaquiza, Camila Martínez, Jorge Almeida, César Rodríguez, Ember Horna, Johana Rojas, Paco Moncayo, Luis Morales, María Soledad Vela, Vicente Taiano, María Alejandra Vicuña, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, María Augusta Calle, Fernando Aguirre, Mariángel Muñoz, Jaime Abril, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Mary Verduga, Kléver García, Silvia Salgado, Jorge Escala, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel y Marco Murillo

ACTA_152-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se planteó, aunque no prosperó, incorporar el tratamiento de la situación de los servidores públicos desvinculados mediante la compra obligatoria de renuncias; se aprobó declarar héroe nacional al coronel Luis Vargas Torres, destacando su contribución a la Revolución Liberal, la defensa de las libertades, el laicismo, la democracia y su legado para la historia nacional; y se debatió la suspensión y revisión del proceso de acreditación de héroes y heroínas nacionales vinculados con los conflictos armados, ante denuncias sobre la inclusión de personas que no habrían participado directamente y la exclusión de militares, reservistas y civiles que sí intervinieron, analizándose los criterios para diferenciar a héroes, combatientes y personal que cumplió otras funciones, la transparencia de los listados y la necesidad de revisar la normativa. También se resolvió negar la autorización para iniciar una causa penal contra Enrique Herrería, al considerar que sus actuaciones estaban relacionadas con el ejercicio de la fiscalización legislativa, y se discutieron los alcances de la inmunidad parlamentaria, la libertad de expresión, la responsabilidad por las declaraciones y la prohibición de confundir inmunidad con impunidad. Asimismo, se desarrolló el primer debate de la reforma relacionada con la erradicación de la fiebre aftosa, abordando la sustitución de la comisión existente por una estructura de sanidad agropecuaria, las campañas de vacunación, el control y registro del ganado, la colocación de aretes, la participación de productores, la asignación de recursos, la situación laboral de los trabajadores y la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y mejorar la producción ganadera; finalmente, se inició el primer debate sobre la protección ambiental del ecosistema manglar, con exposiciones acerca de su conservación y restauración, los derechos de las comunidades ancestrales, la actividad camaronera, la productividad acuícola, la contaminación, la reducción de especies, las afectaciones económicas y sociales a concheros y cangrejeros, y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y las actividades productivas. Intervinieron Lourdes Tibán, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, María Paula Romo, Denny Cevallos, César Gracia, Mary Verduga, Vicente Taiano, Enrique Herrería, Paola Pabón, Luis Morales, Elvis Maldonado, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Germán Páez, Kléver García, Linda Machuca, Fernando Aguirre, Paco Fierro, Rolando Panchana, Vethowen Chica, Irina Cabezas, María Molina, Betty Carrillo, Mercedes Diminich, Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, Stalin Subía, José Antonio Camposano y María Dolores Vera.

ACTA_150-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordó la situación del ciudadano ecuatoriano Jesús Vélez Loor y la actuación de las autoridades diplomáticas para garantizar sus derechos; la emergencia ocasionada por el temporal invernal, la inseguridad y las necesidades sociales de la provincia de Los Ríos; y se aprobó una resolución de respaldo a la postulación de Lenín Moreno Garcés al Premio Nobel de la Paz, destacando su labor en favor de las personas con discapacidad mediante los programas Ecuador Sin Barreras, Misión Solidaria Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas relacionadas con la distribución de las utilidades y excedentes derivados de la actividad hidrocarburífera, la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y a las comunidades afectadas, la compensación por daños ambientales, la equidad territorial, la consulta previa y la conveniencia de archivar o continuar el tratamiento de las propuestas; también se resolvió sobre la objeción parcial formulada al proyecto reformatorio del sistema financiero y del ordenamiento tributario-financiero, y se inició el análisis del proyecto destinado a regular la comercialización, el transporte, la fundición, el reciclaje, la exportación y la importación de chatarra ferrosa, con énfasis en el control de esta actividad, la prevención del robo de bienes públicos, la protección ambiental y el impulso al reciclaje. Intervinieron Fernando Flores, Mercedes Villacrés, César Rodríguez, Irina Cabezas, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Gabriel Rivera, Francisco Cisneros, Francisco Velasco, Juan Carlos Cassinelli, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Gerónimo Yantalema, Jimmy Pinoargote, Jorge Escala, Gioconda Saltos, Guido Vargas, Luis Morales, Cléver Jiménez, María Almeida, Rolando Panchana, Paco Moncayo, Francisco Ulloa y Luis Almeida.

ACTA_149-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el primer debate de la reforma destinada a garantizar y hacer efectivos los derechos de las personas adultas mayores, luego de recibir en comisión general a representantes de los jubilados, quienes denunciaron el abandono institucional, las dificultades para obtener atención médica y hacer respetar sus beneficios, y solicitaron la creación de una entidad claramente responsable de planificar, ejecutar y vigilar las políticas públicas de este sector. Durante el debate se planteó reemplazar la visión asistencialista y paternalista por un enfoque integral de derechos, dignidad, autonomía, participación y aprovechamiento de la experiencia y los conocimientos de las personas mayores; garantizar atención prioritaria, gratuita y especializada en salud, servicios geriátricos y gerontológicos, medicamentos, seguridad social y jubilación universal; facilitar el acceso a vivienda, trabajo remunerado según sus capacidades, alimentación, transporte, exenciones tributarias y notariales, actividades culturales y espacios de integración; prevenir la violencia, el abandono, la discriminación y la explotación laboral; y establecer sanciones efectivas para las instituciones y autoridades que incumplieran sus obligaciones. También se discutió si debía crearse un organismo autónomo exclusivo para las personas adultas mayores o utilizar los Consejos de Igualdad y mantener al Ministerio de Inclusión Económica y Social como rector de las políticas, así como la necesidad de asegurar presupuesto, participación de organizaciones sociales, fundaciones y entidades privadas, mecanismos administrativos y judiciales para restituir derechos y alternativas de atención domiciliaria o comunitaria que evitaran el aislamiento innecesario en asilos. Se propuso diferenciar los servicios según el nivel de dependencia de cada persona, extender la atención a sectores rurales y garantizar políticas interculturales y plurinacionales para que los adultos mayores de pueblos y nacionalidades permanecieran en sus comunidades y transmitieran sus saberes a las nuevas generaciones. Asimismo, se abordaron los reclamos de docentes y otros servidores jubilados que afirmaban haber recibido compensaciones inferiores a las correspondientes, el incumplimiento de sentencias favorables y la necesidad de reliquidar indemnizaciones y devolver aportes; varios legisladores sostuvieron que la propuesta debía transformarse en una nueva ley integral, en lugar de limitarse a reformas parciales, por lo que el debate concluyó sin votación y las observaciones quedaron para el análisis de la comisión. Intervinieron Édison Lima, Teresa Villavicencio, Jorge Escala, Luis Morales, Silvia Salgado, Edwin Vaca, Mauro Andino, Lourdes Tibán, Nívea Vélez, Fernando Bustamante, Kléver García, Guillermina Cruz, Mercedes Diminich, Marisol Peñafiel, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre y María Augusta Calle.

ACTA_149-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la incorporación de una propuesta para pronunciarse sobre el hallazgo de cocaína en una valija diplomática, que planteaba acelerar las investigaciones, determinar responsabilidades, revisar la normativa aplicable, conformar una comisión multipartidista y solicitar la salida del ministro de Relaciones Exteriores; posteriormente, se rindió homenaje a los estudiantes Gerardo Francisco Pérez, Juan José Morales, Henry Xavier Paca, José Vicente Anilema y Manuel Ramiro Moreta, así como a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su rector Romeo Rodríguez y el decano Iván Menes, por el desarrollo de Skillbox, un programa informático reconocido internacionalmente que traduce el lenguaje oral a lengua de señas y permite transformar textos en audio, facilitando la comunicación, educación e inclusión de personas con discapacidad auditiva y del habla. A continuación, se debatió la emergencia ocasionada por la fuerte estación invernal, las inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, pérdidas de viviendas, cultivos, carreteras y medios de subsistencia, así como la aparición de enfermedades y las dificultades para abastecer y atender a las comunidades aisladas; aunque la propuesta inicial se refería al Guayas, se incorporaron Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y se solicitó al Ejecutivo declarar el estado de excepción, coordinar la intervención de las instituciones públicas, brindar auxilio a las poblaciones afectadas, entregar recursos para reconstruir viviendas y bienes y establecer un espacio de diálogo con una comisión legislativa. La resolución fue aprobada, ratificada en la rectificación y su reconsideración fue negada. También se desarrolló el primer debate del proyecto de protección para las personas con epilepsia, orientado a garantizar sus derechos, evitar la discriminación educativa y laboral, establecer programas integrales de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, asegurar medicamentos oportunos, permanentes y gratuitos, promover campañas informativas, investigación, docencia y estadísticas, y mejorar la coordinación entre la atención primaria, los especialistas, las familias y las instituciones públicas. Durante la discusión se reconocieron el impacto médico, psicológico, familiar, social y económico de la enfermedad y la necesidad de combatir los prejuicios; sin embargo, varios legisladores consideraron que el proyecto repetía derechos ya garantizados, carecía de suficiente precisión científica y jurídica, podía generar restricciones inconvenientes mediante peritajes y debía integrarse en un código general de salud, mientras otros defendieron la urgencia de contar con una regulación específica y propusieron precisar que el acceso al trabajo no comprendiera actividades que pudieran representar riesgos para la persona o terceros. La moción para archivar el proyecto y recomendar la elaboración del Código de la Salud fue negada, por lo que la iniciativa continuó su trámite. Posteriormente, se inició el primer debate de la reforma destinada a proteger a las personas adultas mayores, proponiéndose sustituir denominaciones consideradas despectivas, reconocer como beneficiarias a las personas desde los sesenta y cinco años, facilitar el ejercicio inmediato de sus derechos mediante la presentación del documento de identidad, garantizar atención médica especializada y gratuita, acceso a medicinas, trabajo acorde con sus capacidades, jubilación universal, descuentos en servicios públicos, exenciones tributarias y notariales y acceso a vivienda digna. También se plantearon servicios gratuitos y prioritarios, la entrega de ayudas económicas a quienes carecieran de jubilación, la posibilidad de exigir a los hijos una pensión vitalicia para sus padres mediante acción judicial incluso promovida por terceros, el cambio de denominación del fondo nacional correspondiente, sanciones civiles y penales por vulnerar sus derechos y la creación y fortalecimiento de hogares de protección bajo responsabilidad estatal y municipal, con atención médica, terapia ocupacional, cultura y actividad física; este debate quedó suspendido para continuar posteriormente. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó la agresión de la Policía boliviana contra personas con discapacidad que reclamaban una ayuda económica, reconoció el diálogo como mecanismo de solución, exhortó al Gobierno de Bolivia a aceptar la mediación ofrecida por Lenín Moreno, sugirió respetar los instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias; la decisión fue ratificada con cincuenta y nueve votos afirmativos, uno negativo y cuatro abstenciones. Intervinieron Jorge Escala, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Gioconda Saltos, Romeo Rodríguez, Pamela Falconí, Luis Almeida, Vicente Taiano, Xavier Tomalá, Jorge Fadul, Ramón Cedeño, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Vélez, Susana González, Carlos Velasco, Nívea Vélez, Pedro de la Cruz, Rocío Valarezo, Mao Moreno, Richard Guillén, Damacio Santos, Francisco Ulloa, Betty Carrillo, Luis Morales, Fernando González, Gina Godoy, Bolívar Subía, María Molina, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Paco Fierro y Rosa Ponce.

ACTA_148-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a actualizar la normativa estadística vigente desde 1976 y establecer un Sistema Estadístico Nacional que produjera información oficial, confiable, oportuna, integrada y útil para la planificación, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones. La propuesta contempló la creación de un Consejo Nacional de Estadística encargado de coordinar a las instituciones productoras de información, aprobar la política y el plan nacional en esta materia y expedir normas técnicas; el fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos como responsable de las estadísticas de base, los censos, encuestas y registros; la asignación al Banco Central de las estadísticas de síntesis macroeconómica; la formación de comités técnicos; la gratuidad del acceso a la información; la obligación de proporcionar datos veraces; y la protección de la información personal mediante la confidencialidad y el secreto estadístico, con sanciones administrativas, civiles y penales por su uso indebido. Durante el debate se propuso incorporar con mayor claridad los principios de objetividad, proporcionalidad, especialidad, calidad, transparencia y accesibilidad; armonizar las definiciones, metodologías y clasificaciones; evaluar periódicamente la calidad de las estadísticas; difundir los resultados y los métodos utilizados; garantizar que el acceso gratuito no se limitara únicamente a medios informáticos; precisar qué información podía solicitarse obligatoriamente; y coordinar la normativa con las disposiciones sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. También se planteó desagregar la información por sexo, género, orientación sexual, edad, condición migratoria, pertenencia étnica y territorio; crear comités especializados con enfoques de género, generacional, intercultural y plurinacional; reconocer las realidades de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; obtener estadísticas precisas sobre las personas migrantes y retornadas; y realizar censos o estudios periódicos adaptados a las condiciones particulares de Galápagos, la Amazonía, las zonas fronterizas y los gobiernos locales. Varios legisladores cuestionaron la conformación y necesidad del Consejo Nacional de Estadística, el aumento de la burocracia, la influencia de la Función Ejecutiva sobre el sistema y sobre la designación de la máxima autoridad del INEC, proponiendo que esta fuera seleccionada mediante concurso de méritos y oposición y que los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones sociales eligieran directamente a sus representantes. Asimismo, se expresaron temores de que las cifras pudieran ser manipuladas con fines políticos, se debatió si la ley debía abarcar también las estadísticas producidas por instituciones privadas, universidades, observatorios y organizaciones sociales, y se insistió en que la información oficial pudiera ser contrastada con fuentes independientes. También se formularon observaciones sobre la contratación temporal y la estabilidad de los servidores encargados de censos, la correcta redacción de varias disposiciones, la prohibición de formular preguntas no previstas en las boletas, la protección de los derechos laborales y la conveniencia de no denominar “secreto estadístico” a la información agregada que debía ser pública, sino reservar únicamente los datos personales protegidos. El debate concluyó sin votación para que la comisión analizara e incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Virgilio Hernández, Juan Carlos López, María Soledad Vela, Betty Amores, Carlos Velasco, María Molina, Luis Morales, Paola Pabón, Luis Almeida, Linda Machuca, Andrés Páez, Marisol Peñafiel, César Montúfar, Ángel Vilema, Jorge Escala, Gerónimo Yantalema, Edwin Vaca y Fernando Cordero.

ACTA_147-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para analizar la declaratoria de emergencia sanitaria en Manabí por el aumento de casos de dengue y para solicitar medidas excepcionales frente a los daños ocasionados por el invierno en Carchi y en el eje vial Palanda-Chinchipe, asuntos que finalmente quedaron pendientes; en cambio, se negaron las propuestas para debatir la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible incorporación a la iniciativa de conservación Yasuní-ITT, así como para rechazar editoriales publicados por periódicos estadounidenses que fueron considerados atentatorios contra la soberanía nacional. En comisión general, representantes de los municipios, gobiernos provinciales y parroquias rurales expusieron sus criterios sobre la futura regulación de los límites territoriales, destacando la necesidad de respetar la tradición histórica, el sentido de pertenencia, la autonomía de los gobiernos locales y la decisión de las poblaciones involucradas. Posteriormente, se aprobó el reconocimiento de las festividades del Carnaval de Guamote como patrimonio cultural intangible, resaltándose su origen ancestral, la convivencia intercultural entre los pueblos indígenas y mestizos, sus personajes, música, gastronomía, rituales y prácticas comunitarias; además, se solicitó a las instituciones competentes proceder con su declaración y registro, incorporarlo al calendario nacional y destinar recursos para su promoción, preservación y salvaguarda. El tema central fue el primer debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para fijar límites y solucionar los conflictos territoriales existentes entre parroquias, cantones y provincias, originados por la falta de delimitaciones jurídicas, la contradicción entre normas, los cambios geográficos, las decisiones políticas y las diferencias sobre la pertenencia e identidad de las comunidades. La propuesta planteó que, en lugar de definir directamente cada límite, se establecieran mecanismos amistosos como la negociación y la mediación territorial, y mecanismos institucionales como el arbitraje, la consulta popular y la resolución de las autoridades competentes; también contempló sustituir al organismo anterior por una nueva entidad nacional encargada de los límites internos. Durante la discusión se insistió en garantizar la participación ciudadana, definir quiénes podrían votar en las consultas y acreditar su residencia, respetar los acuerdos y delimitaciones legalmente consolidados, proteger la integridad de las comunidades indígenas y evitar que fueran divididas entre distintas jurisdicciones, establecer plazos obligatorios para resolver los conflictos y reconocer factores históricos, culturales, sociales, ambientales, geográficos, étnicos e hidrográficos. Asimismo, se cuestionó la actuación del organismo técnico que anteriormente manejaba los límites, la validez de mapas elaborados sin una ley definitiva, la posibilidad de que el Ejecutivo resolviera determinadas controversias, la centralización y politización de las decisiones y la falta de representación directa de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales en la nueva entidad; se propuso incorporar al Instituto Geográfico Militar como apoyo técnico y otorgar un papel más activo a la Asamblea y a los gobiernos autónomos descentralizados. También se aprobó reconsiderar una resolución adoptada previamente sobre Ernesto “Che” Guevara, después de señalarse errores históricos y de redacción que afectaban la imagen institucional. El debate sobre los límites territoriales quedó interrumpido y la sesión concluyó por falta de quórum, por lo que las observaciones debían ser remitidas a la comisión y varios asuntos incorporados al orden del día no llegaron a resolverse. Intervinieron Scheznarda Fernández, María Paula Romo, Marco Murillo, Stalin Subía, Edwin Vaca, Zobeida Gudiño, Paúl Granda, Jorge Olmedo, Néstor Chapa, Juan de Dios Roldán Arellano, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Kléver García, Mauro Andino, Luis Morales, Pedro de la Cruz, Carlos Velasco, Paco Fierro, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Francisco Velasco, Línder Altafuya, Lenín Chica, Mary Verduga, Betty Amores, Tomás Zevallos, Enrique Herrería, César Gracia, Galo Vaca, Hugo Quevedo, María Molina, Betty Carrillo, Rosana Alvarado y Francisco Ulloa.

ACTA_146-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate de la reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública, centrado en fortalecer la transparencia, agilizar la ejecución de obras y evitar el direccionamiento de contratos, la manipulación de pliegos, los plazos insuficientes para presentar ofertas, la adjudicación a empresas sin capacidad técnica, el contubernio entre proveedores y funcionarios y el incumplimiento o falta de cobro de garantías. Se propuso priorizar la contratación de mano de obra, profesionales, artesanos y proveedores de cada localidad; establecer medidas obligatorias de inclusión para micro, pequeñas y medianas empresas, comunas, comunidades y organizaciones de la economía popular y solidaria; fortalecer las ferias inclusivas y limitar la concentración de contratos en grandes compañías. También se debatieron los montos y procedimientos de menor e ínfima cuantía; la modificación de documentos precontractuales; las subastas inversas, especialmente para la adquisición de medicamentos; la intervención preventiva, concurrente y posterior de los organismos de control; las causales de descalificación de oferentes; la participación de empresas domiciliadas en paraísos fiscales; las prohibiciones aplicables a familiares de autoridades; y la necesidad de transparentar la identidad de socios y accionistas. Asimismo, se cuestionó el uso excesivo del régimen especial y de la figura del giro específico del negocio por parte de empresas públicas, se planteó verificar, actualizar y depurar periódicamente el Registro Único de Proveedores, incluir todas las contrataciones en los planes anuales, regular las compras de publicidad, controlar las obras declaradas emergentes y otorgar al organismo rector capacidad para suspender procesos cuando detectara irregularidades. Aunque se reconocieron avances en el proyecto, se consideró necesario incorporar las numerosas observaciones antes de proceder a la votación, por lo que se cerró el debate y el texto regresó a la comisión para preparar una versión definitiva; en consecuencia, quedaron pendientes las resoluciones sobre el reglamento de donación y trasplante de órganos, el transporte marítimo hacia Galápagos y la comparecencia relacionada con la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Intervinieron Edwin Vaca, Yandry Brunner, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Fernando Cordero, Paola Pabón, Fernando González, Jorge Escala, Fausto Cobo, Francisco Velasco, Luis Morales, Nivea Vélez y Luis Almeida.

ACTA_146-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para solicitar la expedición urgente del reglamento que permitiera aplicar la normativa sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células; exigir medidas frente a la insuficiencia del transporte marítimo de carga hacia Galápagos, donde la reducción del número de embarcaciones autorizadas amenazaba el abastecimiento de alimentos, materiales y productos esenciales; y convocar a Tania Arias y Carlos Delgado para que explicaran el procedimiento aplicado en la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, aunque estos asuntos no llegaron a tratarse posteriormente. También se debatió y aprobó una resolución para solicitar la declaratoria del estado de excepción en Loja y otras provincias del sur afectadas por el invierno, debido a los fallecimientos, deslizamientos, fallas geológicas, destrucción de viviendas, vías, canales de riego y sistemas de agua potable; el texto definitivo incluyó a Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe, pidió recursos extraordinarios, estudios geológicos para prevenir futuros riesgos y la rehabilitación urgente de varias carreteras, y fue ratificado con noventa y dos votos afirmativos. A continuación, se realizó el primer debate de una reforma relacionada con la participación ciudadana, la revocatoria del mandato y las normas electorales, cuyo archivo fue recomendado porque sus propuestas ya habían sido incorporadas en una reforma anterior y porque no podían efectuarse cambios electorales dentro del período previo a las elecciones; la discusión se concentró en la interpretación de dicha prohibición, la validez de otras reformas electorales tramitadas recientemente, la actuación futura del Consejo Nacional Electoral y el riesgo de modificar el calendario o las reglas en beneficio de determinados sectores políticos, tras lo cual el proyecto fue archivado con noventa y seis votos afirmativos. Asimismo, se archivó la propuesta de reforma al régimen de soberanía alimentaria, al determinarse que sus planteamientos sobre el sistema de soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la conformación y atribuciones de la conferencia correspondiente y la tramitación de propuestas ya habían sido recogidos en una normativa anterior; esta decisión fue ratificada con ochenta y dos votos afirmativos. Posteriormente, se designó a Francisco Vergara Ortiz e Ivet Zapata Rodríguez como representantes de la Asamblea ante la comisión encargada de seleccionar a los integrantes de la primera Corte Constitucional, luego de que sus candidaturas fueran aprobadas en las respectivas rectificaciones. Finalmente, se inició el segundo debate de la reforma al sistema nacional de contratación pública, orientada a fortalecer la transparencia y el control, aclarar los regímenes especiales, sustituir al anterior instituto rector por el Servicio Nacional de Contratación Pública, facultarlo para emitir alertas y suspender procedimientos irregulares, exigir la publicación de información y documentos precontractuales, verificar la participación nacional y local, regular las ferias inclusivas, favorecer a pequeños productores y actores de la economía popular y solidaria, excluir ofertas sustentadas en información falsa y determinar responsabilidades en los estudios y contratos. Durante el debate se cuestionaron la posible duplicación de competencias con el Instituto de Contratación de Obras, la centralización de proyectos que podían ejecutar los gobiernos locales, los contratos complementarios, la falta de preferencia efectiva para proveedores de la localidad, los montos de ínfima cuantía aplicables en Galápagos y el alcance de las prohibiciones para contratar con familiares de autoridades; el tratamiento quedó suspendido sin votación. Intervinieron Leonardo Viteri, Ángel Vilema, José Picoita, Nivea Vélez, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Zobeida Gudiño, Mao Moreno, Stalin Subía, Mariángel Muñoz, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Línder Altafuya, Tito Nilton Mendoza, Dora Aguirre, Vicente Taiano, César Rodríguez, Marllely Vásconez, Fernando Flores, Luis Morales, Armando Aguilar, Irina Cabezas, Marco Murillo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Gina Godoy, Roberto Rodríguez, Eduardo Encalada, Ramiro Terán y Alfredo Ortiz.

ACTA_145-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, en el que se reconoció la necesidad de sustituir una normativa antigua por un marco integral acorde con el carácter intercultural y plurinacional del Estado y con las diferentes realidades de las comunas rurales, urbanas, costeras, serranas y amazónicas. La discusión abordó la protección de las tierras comunitarias frente a invasiones, desalojos y ventas irregulares; la diferencia entre la propiedad colectiva de la comuna y la posesión ejercida por cada comunero; los requisitos para adquirir o perder la calidad de comunero; la distinción entre comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y recinto; la autonomía y jurisdicción de los gobiernos comunitarios; la participación de mujeres, jóvenes y demás integrantes en las decisiones; el reconocimiento de las actas comunales; la articulación con los gobiernos locales, la planificación territorial, la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria; y la necesidad de garantizar crédito, inversión pública, infraestructura, salud, educación y proyectos productivos. Varias intervenciones cuestionaron que las comunas pudieran transformarse o disolverse para constituir cooperativas de producción, al considerar que esta posibilidad podría facilitar la privatización, parcelación y pérdida del carácter inalienable, inembargable, imprescriptible e indivisible de sus tierras; también se denunciaron los intentos de desalojo en Montañita y otros conflictos territoriales, la discriminación contra determinados comuneros y las limitaciones de participación de las mujeres. Ante la cantidad de observaciones, se solicitó una amplia socialización y consulta prelegislativa con las comunidades, y el proyecto regresó a la comisión para elaborar una nueva normativa integral. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto sobre libertad e igualdad religiosa, orientado a garantizar el derecho de las personas a conservar, cambiar, profesar y difundir sus creencias, celebrar cultos y festividades, recibir asistencia religiosa, acceder a educación conforme a sus convicciones, proteger el patrimonio de las confesiones, reconocer la personalidad jurídica y autonomía de las organizaciones religiosas y establecer un registro nacional. En comisión general, monseñor Luis Cabrera, en representación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, formuló observaciones sobre la autonomía de la Iglesia católica, su estructura territorial, el régimen de sus autoridades y la creación de un organismo estatal de regulación, mientras Luis Fernando Muñoz, representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, defendió la libertad de conciencia, la posibilidad de adoptar o cambiar de religión y el respeto a las prácticas y días de descanso de cada confesión. Durante el debate se cuestionaron las definiciones imprecisas, la posible injerencia estatal en la organización interna de las iglesias, la creación de un Consejo Nacional cuyas funciones podían duplicar las del Ministerio competente, el tratamiento de los bienes religiosos, los requisitos para ministros extranjeros, la rendición de cuentas, la educación religiosa y la compatibilidad del proyecto con el carácter laico del Estado; finalmente, se aprobó la moción de Kléver García para archivar el proyecto, decisión que se mantuvo después de la rectificación y de negarse su reconsideración. Finalmente, se debatió y aprobó la resolución para solicitar que los doctorados en Ciencias de la Educación, en sus distintas menciones, iniciados y obtenidos antes del cambio del sistema académico fueran reconocidos y registrados como títulos de cuarto nivel, destacándose que miles de docentes habían cursado estos estudios después de obtener su licenciatura, pero no podían utilizarlos para su recategorización y mejora salarial por diferencias en la denominación de las facultades que los emitieron. También se planteó extender el reconocimiento a otras profesiones y especialidades, impulsar programas de graduación y evitar cualquier discriminación entre títulos de igual naturaleza y rigor académico; tras incorporarse varias observaciones, la resolución fue aprobada con setenta y ocho votos afirmativos en la rectificación y su reconsideración fue negada. Intervinieron Jimmy Pinoargote, Virgilio Hernández, Luis Morales, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Guido Vargas, Gerónimo Yantalema, Yoly Rodríguez, Betty Carrillo, María Augusta Calle, Armando Aguilar, Paola Pabón, Hólger Chávez, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, monseñor Luis Cabrera, Luis Fernando Muñoz, Karen Vélez, Luis Almeida, César Montúfar, María Paula Romo, Kléver García, Rolando Panchana, Gioconda Saltos, Silvia Salgado, Mao Moreno, Mery Zamora, Edwin Vaca, Juan Fernández, Consuelo Flores y Francisco Cisneros.

ACTA_145-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Francisco Cisneros para exhortar a la ejecución urgente de la rehabilitación y construcción de un nuevo bloque para el Hospital del IESS de Puyo, pese a que señaló que existían recursos asignados y que su cancelación afectaba a miles de afiliados de Pastaza; en cambio, se incorporaron al orden del día las propuestas de Gioconda Saltos para solicitar el reconocimiento de los doctorados en Ciencias de la Educación obtenidos bajo el régimen anterior como títulos de cuarto nivel, con el fin de facilitar la recategorización de los docentes, y de María Augusta Calle para pronunciarse sobre los proyectos estadounidenses SOPA y PIPA, cuestionados por sus posibles efectos extraterritoriales sobre la privacidad, el acceso a la información y la libertad de expresión en Internet, aunque ambos asuntos quedaron pendientes. Posteriormente, se debatió y aprobó la resolución para promover el conocimiento y estudio de la Gesta Alfarista, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción del Estado laico, la educación pública, la integración nacional, la soberanía, la libertad, la igualdad, los derechos de las mujeres y la transformación política y social del país; durante la discusión se propuso esclarecer las responsabilidades históricas de su asesinato, reconocer a otros protagonistas de la Revolución Liberal, visibilizar la participación de las mujeres, revisar los compromisos estatales incompatibles con el laicismo, evitar la utilización política de su figura y mejorar la redacción del documento. El texto aprobado dispuso incorporar el estudio de la Gesta Alfarista en los distintos niveles educativos, promover contenidos curriculares sobre este proceso histórico, declarar el 28 de enero como Día de la Reparación Nacional, realizar actividades públicas de memoria y condena de su asesinato e incluir los estudios alfaristas en la formación de docentes. También se inició el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, dirigida a actualizar una normativa antigua conforme al carácter intercultural y plurinacional del Estado, reconocer los derechos colectivos, la autonomía y los gobiernos comunitarios, proteger las tierras y territorios ancestrales, fortalecer la participación en los gobiernos locales, la jurisdicción indígena y la consulta prelegislativa. La discusión se concentró especialmente en la posibilidad de que las comunas se transformaran voluntariamente en cooperativas de producción: algunos legisladores sostuvieron que esta opción respondía a la libre determinación y a las distintas realidades comunitarias, mientras otros advirtieron que podía facilitar la parcelación y pérdida del carácter indivisible, inembargable e imprescriptible de las tierras comunales. Asimismo, se propuso que la normativa tuviera carácter orgánico, reforzara los derechos de los comuneros, reconociera las particularidades de los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y comuneros de la Costa, regulara cuidadosamente la creación de nuevas comunas y garantizara beneficios tributarios, seguros agrícolas y coordinación con los gobiernos descentralizados. El debate quedó suspendido sin votación y con intervenciones pendientes, por lo que tampoco se trató el proyecto relacionado con la libertad e igualdad religiosa. Intervinieron Francisco Cisneros, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Gabriela Cuadros Alcívar y los integrantes del grupo musical Ariel; además de Lídice Larrea, Mery Zamora, Paco Moncayo, Luis Almeida, Scheznarda Fernández, Silvia Salgado, María Paula Romo, Luis Morales, Richard Guillén, Hólger Chávez, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, César Montúfar, Fausto Cobo, Lourdes Tibán, Ramón Vicente Cedeño, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Kléver García, María Soledad Vela y Ramiro Terán.

ACTA_143-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron las propuestas para condenar la decisión judicial que favoreció a Alberto Dahik y expresar solidaridad con dirigentes sociales procesados, así como para rechazar la visita al Ecuador del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a Denisse Delgado, Fernando Unda, Rodney Chiluiza y Danny Mero, en reconocimiento a su talento artístico, espíritu de superación y aporte a la inclusión de las personas con discapacidad. Se desarrolló el primer debate de la reforma orientada a garantizar el principio de interculturalidad en los procesos de designación de autoridades públicas, proponiéndose que las ternas incluyeran representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con paridad de género y reconocimiento de los idiomas castellano, kichwa y shuar; durante la discusión se destacó la necesidad de aplicar acciones afirmativas reales, evitar que la inclusión quedara como una simple formalidad, adaptar los concursos a las diferentes realidades culturales, fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar que las personas seleccionadas cumplieran los perfiles profesionales sin sufrir discriminación. También se analizó el proyecto para promover las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo archivo fue recomendado por considerar que gran parte de sus disposiciones ya estaban contempladas en la normativa de producción; sin embargo, la moción de archivo no fue aceptada y el proyecto regresó a la comisión, mientras Leonardo Viteri cuestionó la demora en tramitar su iniciativa y denunció un trato desigual hacia los proyectos presentados por legisladores de oposición. En cambio, se aprobó el archivo de la reforma relacionada con el sector cafetalero, al estimarse que su propuesta de incorporar representantes privados en organismos públicos contradecía normas constitucionales y duplicaba entidades y competencias ya existentes. Finalmente, se examinó la objeción parcial a las reformas electorales, debatiéndose la reducción de los plazos de la justicia electoral, los métodos para distribuir escaños, la proporcionalidad y representación de las minorías, las restricciones a la publicidad gubernamental y privada durante las campañas, el uso de recursos públicos, el silencio electoral, la libertad de expresión y el acceso de candidatos a los medios de comunicación, las sanciones por infracciones electorales, la regulación del acoso político contra las mujeres y la contratación temporal de personal por parte de los organismos electorales. El Pleno aceptó las observaciones relacionadas con la celeridad de los procesos, la adjudicación de escaños, el período de prohibición de propaganda, determinadas sanciones y la contratación de personal electoral; no obstante, no alcanzó los votos necesarios para ratificar los textos previamente aprobados sobre propaganda durante las campañas y acoso político. Intervinieron Jorge Escala, Leonardo Viteri, Cynthia Viteri, Enrique Herrería, María Cristina Kronfle, Danny Mero, Rodney Chiluiza, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Lourdes Tibán, María Augusta Calle, Juan Carlos López, María Pilar Almeida, Rolando Panchana, Luis Morales, Omar Juez, Mauro Andino, Paco Moncayo, Luis Almeida, Línder Altafuya, María Paula Romo, Francisco Velasco, Betty Amores, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Xavier Tomalá, Galo Vaca, Nívea Vélez, Marco Murillo, César Rodríguez, Fernando González, Fernando Aguirre, César Gracia y Susana González.

ACTA_142-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se incorporaron al orden del día una propuesta para reconocer la importancia histórica de la Batalla de Camino Real y establecer una fecha de conmemoración nacional, asunto que no llegó a tratarse posteriormente, y una resolución de homenaje a los periodistas ecuatorianos, en cuyo debate se destacó el legado de Eugenio Espejo, la importancia del periodismo para la democracia, los riesgos que enfrentan quienes ejercen esta profesión, sus condiciones laborales, la libertad de expresión, la responsabilidad ética, la honra de las personas, la censura y autocensura en los medios y los procesos judiciales relacionados con publicaciones y opiniones; tras posiciones contrapuestas sobre la relación entre el Gobierno, la prensa y la Función Judicial, se aprobó una resolución que expresó respeto y solidaridad con los periodistas y la voluntad de vigilar el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión en todos los ámbitos comunicacionales. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma tributaria relacionada con la caución equivalente a un porcentaje de la obligación impugnada y con la facultad de los funcionarios encargados de la ejecución coactiva para disponer el arraigo o la prohibición de salida del país; algunos legisladores consideraron que estas medidas eran necesarias para evitar recursos dilatorios, fortalecer la cultura tributaria y garantizar el pago de las obligaciones, mientras otros sostuvieron que condicionaban el acceso gratuito a la justicia, discriminaban a quienes carecían de recursos, vulneraban la presunción de inocencia y debían eliminarse, planteándose también exonerar del afianzamiento a los reclamos de menor cuantía y solicitar nuevos pronunciamientos constitucionales; el primer debate concluyó sin votación y las observaciones fueron remitidas a la comisión. Finalmente, continuó el segundo debate de la reforma sobre las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, orientada a permitirles constituir capital propio, reconocer derechos económicos y de propiedad a sus socios mediante certificados de aportación, garantizar voz y voto independientemente del capital aportado, limitar la concentración de la propiedad, ampliar sus inversiones y servicios financieros e inmobiliarios, fortalecer su solvencia y facilitar la recuperación por vía coactiva de pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas; también se discutieron la responsabilidad de accionistas y administradores, la conveniencia de que todos respondieran por los perjuicios y no únicamente quienes superaran determinado porcentaje de participación, y el procedimiento para elegir al defensor del cliente, cuestionándose que su designación dependiera de la autoridad de control en lugar de los propios socios. Ante la necesidad de realizar ajustes técnicos y jurídicos, el proyecto regresó a la comisión y la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Mercedes Diminich, César Rodríguez, María Augusta Calle, María Paula Romo, César Montúfar, Lenín Chica, Stalin Subía, Paco Moncayo, Luis Morales, Francisco Velasco, César Gracia, Betty Amores, Jimmy Pinoargote, Vicente Taiano, Luis Almeida, Fausto Cobo, Juan Carlos Cassinelli, Salomón Fadul, Eduardo Encalada, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, José Portugal, Viviana Bonilla y Jorge Escala; Fernando Cordero dirigió la sesión, Pedro de la Cruz y Juan Carlos Cassinelli asumieron temporalmente su conducción y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_141-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó, luego de una rectificación, la propuesta de Edwin Vaca para suspender el orden previsto y retomar inmediatamente la votación de las reformas a la normativa de la Función Legislativa; en cambio, se incorporaron el análisis de una amnistía para siete dirigentes y comuneros de Cochapata, en el cantón Nabón, y una resolución sobre la emergencia provocada por deslizamientos en varias comunidades del Azuay. Posteriormente, se aprobó la amnistía para Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez, quienes habían sido condenados por sabotaje tras participar en una movilización contra una actividad minera que afectaba las fuentes de agua; se consideró que su actuación respondía a la defensa de la naturaleza, los derechos comunitarios y la protesta social, que ya habían sido beneficiarios de una amnistía anterior que no fue aplicada correctamente y que la persecución había deteriorado gravemente su salud y la convivencia de sus familias, por lo que se dispuso archivar definitivamente el proceso y dejar sin efecto la sentencia. A continuación, se realizó el primer debate de la propuesta sobre práctica intercultural y acompañamiento durante el parto, en el que la comisión recomendó inicialmente su archivo por considerar que la legislación, los protocolos sanitarios y las normas técnicas vigentes ya reconocían el parto culturalmente adecuado, el acompañamiento familiar, la participación de parteras y el respeto a los saberes ancestrales; sin embargo, otros legisladores defendieron la necesidad de fortalecer su aplicación, reconocer y formar a parteras y comadronas, disminuir la mortalidad materna, garantizar estos servicios en zonas rurales e indígenas y ampliar el enfoque hacia un parto humanizado para toda la población, por lo que se retiró la propuesta de archivo y el proyecto regresó a la comisión para ser reformulado. También se resolvió la objeción parcial a la reforma destinada a atender las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas: el Pleno aceptó varias observaciones relacionadas con las obligaciones de la autoridad sanitaria y la definición de las enfermedades catastróficas, pero ratificó su texto sobre la definición de las enfermedades raras o huérfanas; la normativa reconoció estas patologías como asunto de interés nacional y contempló protocolos de atención, investigación, diagnóstico y tratamiento, medicamentos e insumos, registro de pacientes, capacitación médica, regulación de seguros y apoyo social para las familias. Posteriormente, continuó el segundo debate de las reformas electorales, abordándose la paridad de género en los organismos electorales, la prevención y sanción del acoso político, las licencias de las autoridades que buscaran la reelección, la utilización de bienes y publicidad estatal durante las campañas, el control del gasto electoral, las encuestas, las impugnaciones, el conteo de votos y los métodos de distribución de escaños; mientras algunos defendieron las reformas como necesarias para ampliar la participación y proteger a las mujeres, otros cuestionaron que se cambiaran las reglas cerca de las elecciones, advirtieron posibles ventajas para el oficialismo y solicitaron archivar el proyecto, cuyo debate quedó suspendido sin votación. Finalmente, se aprobó por unanimidad, luego de la rectificación, una resolución para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las comunidades y parroquias del Azuay afectadas por las lluvias y los deslizamientos, coordinar la atención de las familias damnificadas, asignar recursos para reconstruir viviendas, garantizar servicios de salud, asistencia social y agua potable, realizar estudios geológicos y disponer acciones conjuntas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y los gobiernos municipales; la reconsideración de esta decisión fue negada. Intervinieron Edwin Vaca, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Rosana Alvarado, Lourdes Tibán, Luis Morales, Marco Murillo, César Gracia, César Rodríguez, Jorge Escala, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Víctor Quirola, Rolando Panchana, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri, Paco Moncayo, Mauro Andino, Mariángel Muñoz, Fernando Cordero, Kléver García, María Soledad Vela, Vicente Taiano, Gioconda Saltos y Eduardo Encalada; Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_140-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se rindió homenaje a la Fundación Vista para Todos por su labor social y humanitaria en favor de personas de escasos recursos, adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, destacándose sus servicios oftalmológicos, la entrega gratuita de lentes y sillas de ruedas y su cobertura nacional, por lo que recibió la condecoración al mérito social; posteriormente, continuó el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados por indemnizaciones ocasionadas por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, concesionarios, delegatarios y otras personas que ejercen potestades públicas. La discusión abordó la necesidad de proteger el patrimonio público y los recursos de los contribuyentes, evitar la impunidad, establecer un procedimiento rápido con derecho a la defensa y determinar judicialmente el dolo o la culpa grave; también se analizaron la competencia de los órganos contencioso-administrativos, las funciones de la Procuraduría y la Contraloría, el plazo de prescripción, la legitimación para presentar las demandas, el llamamiento en garantía, las medidas cautelares, el cálculo de intereses, la cuantificación de las indemnizaciones, la posibilidad de conciliación, los recursos de apelación y casación y la responsabilidad de funcionarios de cualquier jerarquía. Varios legisladores respaldaron la iniciativa como un mecanismo para recuperar valores pagados por casos de violaciones de derechos, errores administrativos, daños ambientales, incumplimientos contractuales y decisiones de organismos internacionales; otros cuestionaron su necesidad, posibles contradicciones con normas existentes, vacíos en la técnica jurídica, el riesgo de persecución política, la discrecionalidad de las autoridades, la posibilidad de sancionar dos veces por los mismos hechos y la falta de claridad sobre los actos de gobierno, el fuero de determinadas autoridades y la responsabilidad de superiores que hayan ejercido presión o coerción sobre funcionarios subordinados. También se debatió el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal por casos históricos de desapariciones, torturas y detenciones ilegales, y la necesidad de diferenciar los errores cometidos de buena fe de las conductas deliberadamente dañinas. Debido a la cantidad y complejidad de las observaciones, se suspendió la votación para que la comisión preparara y distribuyera un nuevo texto. Intervinieron Rocío Valarezo, Diego Benítez, Mauro Andino, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Andrés Páez, Rolando Panchana, María Paula Romo, Fausto Cobo, Luis Morales, Eduardo Encalada, Paco Moncayo, Stalin Subía, Andrés Roche y María Augusta Calle; Fernando Cordero dirigió la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_139-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a las demás especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción, mediante la conservación de sus hábitats, la prohibición de la caza, captura, recolección, tenencia, transporte y comercialización, la elaboración de inventarios, la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos locales, la creación de una instancia nacional de protección y la aplicación de sanciones administrativas. Aunque existió respaldo general a la iniciativa, se propuso ampliar su enfoque y modificar su denominación para que comprendiera integralmente a todas las especies; avanzar hacia un código ambiental; actualizar los registros de especies amenazadas; promover centros de rescate, reproducción y estaciones científicas; regular la introducción de especies exóticas, la caza deportiva, la pesca destructiva, el tráfico de vida silvestre y el aprovechamiento científico de los recursos genéticos; proteger los ecosistemas, páramos, bosques y áreas naturales; y establecer excepciones controladas para la investigación, rehabilitación y reproducción. También se planteó incorporar la participación, los conocimientos y la jurisdicción de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; diferenciar sus prácticas tradicionales de las actividades depredadoras; precisar las competencias institucionales; evitar márgenes excesivos de discrecionalidad, contradicciones entre sanciones administrativas y penales y duplicaciones normativas; y garantizar recursos económicos para que la ley pudiera aplicarse. Varios legisladores cuestionaron además la contradicción entre la protección ambiental y las actividades mineras, petroleras, madereras y agrícolas que destruyen los hábitats; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Posteriormente, se analizó y aprobó una resolución que exhortó al Ejecutivo a mantener el subsidio al combustible utilizado en el transporte aéreo hacia Galápagos, conservar el descuento del cincuenta por ciento en los pasajes de sus residentes, aplicar el mismo porcentaje al transporte de alimentos perecibles y medicinas y considerar el subsidio vigente para los habitantes de las zonas fronterizas y amazónicas, debido a las dificultades de acceso, las distancias, las necesidades de salud y movilidad, la dependencia del turismo y el posible incremento del costo de vida; la propuesta obtuvo ciento nueve votos afirmativos, cuatro blancos y seis abstenciones, y su reconsideración fue negada. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Consuelo Flores, Francisco Ulloa, Fernando Bustamante, Luis Morales, Guido Vargas, Leonardo Viteri, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, María Augusta Calle, María Paula Romo, Zobeida Gudiño, María Molina, Cléver Jiménez, María Soledad Vela, Magaly Orellana, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Francisco Cisneros, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_138-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron la incorporación de una propuesta para atender las enfermedades tropicales que afectaban a las comunidades indígenas amazónicas y se negaron los pedidos para votar inmediatamente la reforma de la normativa de la Función Legislativa y para expresar solidaridad con las juezas María Leonor Jiménez y Vanesa Cevallos ante sus destituciones; posteriormente, se posesionó a las consejeras y consejeros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. El tema central fue el primer debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron la realización simultánea de las elecciones presidenciales y legislativas; la posibilidad de que votaran quienes se encontraran dentro de los recintos electorales al momento del cierre; la paridad entre hombres y mujeres en los organismos electorales; la incorporación y definición del acoso y la violencia política; el fortalecimiento de los partidos y movimientos; la sustitución del método de adjudicación de escaños vigente por el método D’Hondt; la creación de un registro pasivo de electores; la organización y funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral; el juzgamiento de infracciones; la publicidad estatal durante las campañas; el control del gasto electoral; la regulación de encuestas y sondeos; la seguridad de las papeletas; y la igualdad de condiciones entre las organizaciones políticas. Mientras algunos legisladores defendieron las reformas como mecanismos para simplificar los procesos, reducir la fragmentación política, fortalecer la gobernabilidad y garantizar la participación de las mujeres, otros advirtieron que el método D’Hondt favorecería a las organizaciones mayoritarias, limitaría la representación de las minorías y podría facilitar la concentración del poder, además de cuestionar la independencia de las autoridades electorales y el uso de recursos públicos con fines políticos; el debate concluyó sin votación y se concedió un plazo para presentar observaciones. También se aprobó por unanimidad el reconocimiento de Jumandy como héroe nacional y símbolo de la resistencia anticolonial, resaltando su liderazgo en la rebelión del pueblo Quijos, la defensa de los territorios, la identidad, los recursos naturales y la libertad de los pueblos amazónicos, así como la necesidad de recuperar la memoria histórica, fortalecer el patrimonio cultural y reconocer las luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Asimismo, se aprobó por unanimidad exhortar al Ministerio de Salud a implementar un programa especial contra las enfermedades tropicales en las comunidades amazónicas y ejecutar acciones inmediatas de prevención, vacunación, control, mapeo de zonas de riesgo, entrega de toldos y capacitación frente a los casos de rabia registrados en Morona Santiago. Finalmente, se inició el análisis de la objeción presidencial a la reforma sobre la gestión de la cuenca del río Paute y la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en Esmeraldas, Atacames y Río Verde; se debatieron la autonomía del organismo de gestión hídrica, la conformación de una mancomunidad, la creación de una empresa pública, la transferencia de competencias, el plazo para que los municipios asumieran los servicios y la obligación de constituir un fideicomiso para pagar los créditos de la empresa San Mateo, pero, ante la falta de legisladores suficientes para ratificar el texto aprobado previamente, el tratamiento quedó suspendido. Intervinieron Diana Atamaint, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Rosa Cerda, Pedro de la Cruz, Zobeida Gudiño, Lourdes Tibán, Gilmar Gutiérrez, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema, Marcos Tanguila, Erika Sylva Charvet, una representante del grupo cultural Jumandy Jatari, José Luis Acacho, Inés Siguango, Mauro Andino, César Montúfar, Paco Moncayo, Marisol Peñafiel, César Gracia, Nívea Vélez, Richard Guillén, Fernando Cordero, Rafael Dávila, Silvia Salgado, Luis Almeida, Francisco Ulloa, Rolando Panchana, Paco Fierro, Luis Morales y Línder Altafuya.

ACTA_137-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se analizó la proforma del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2012 y la programación presupuestaria para los años 2012-2015, instrumentos que contemplaban ingresos y egresos superiores a veintiséis mil millones de dólares y priorizaban la inversión en educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura vial, energía, programas sociales, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y subsidios. Quienes respaldaron la propuesta destacaron el incremento de recursos para la incorporación y mejora salarial de docentes, la ampliación del personal médico y policial, la designación de nuevos jueces, la construcción de carreteras y proyectos hidroeléctricos, el fortalecimiento de los servicios públicos, la reducción de la pobreza y el mantenimiento del endeudamiento dentro de niveles considerados sostenibles; en contraste, otros legisladores cuestionaron el déficit presupuestario y la falta de claridad sobre sus fuentes de financiamiento, el crecimiento del gasto corriente y de la burocracia, la dependencia de créditos y ventas anticipadas de petróleo, la carga tributaria, el elevado monto destinado a publicidad, consultorías, viáticos y contratos ocasionales, así como las asignaciones previstas para la compra obligatoria de renuncias. También se debatió el cumplimiento de los incrementos constitucionales para educación y salud, la reducción o insuficiencia de recursos para universidades, agricultura, vivienda, ambiente, turismo, cultura y economía popular y solidaria; la distribución de fondos entre el Gobierno central y los gobiernos locales; la atención a las zonas rurales, amazónicas y fronterizas; la inversión destinada a pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; la educación intercultural bilingüe, la seguridad social campesina, la soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la territorialización del gasto y la necesidad de transparentar la ejecución presupuestaria. Finalmente, se aprobó el informe de mayoría y la programación cuatrianual con recomendaciones para garantizar recursos al pueblo montubio y a la Universidad Amazónica, controlar el gasto estatal en publicidad, respetar el límite del endeudamiento público, identificar territorialmente las inversiones, transparentar los recursos dirigidos a la participación ciudadana, agricultura, fondo de tierras y economía popular y solidaria, informar sobre los ingresos provenientes de la normativa ambiental y remitir el presupuesto global asignado a cada universidad; la propuesta obtuvo sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y cinco negativos, uno blanco y una abstención, resultado que se mantuvo en la rectificación, mientras que la reconsideración fue negada. Intervinieron Fernando Vélez, Francisco Ulloa, Richard Guillén, Juan Carlos Cassinelli, Paco Moncayo, Leonardo Viteri, Luis Morales, Rafael Dávila, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Salomón Fadul, Viviana Bonilla, Gerónimo Yantalema, Francisco Velasco, Marco Murillo, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Lídice Larrea, César Gracia, Jimmy Pinoargote, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Mao Moreno, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Tomás Zevallos, Francisco Cevallos, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Tito Nilton Mendoza, Lenín Chica, Fernando Cordero, Xavier Tomalá y Vanesa Fajardo.

ACTA_136-C-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, en el que existió coincidencia sobre la necesidad de expedir una normativa que cumpliera el mandato constitucional y ciudadano, pero se mantuvieron posiciones contrapuestas respecto de la libertad de expresión y de información, la veracidad y contextualización de las noticias, la responsabilidad ulterior, los derechos de rectificación y réplica, la posible censura y el riesgo de que la regulación fuera utilizada para controlar o perseguir a medios y periodistas. También se discutieron la integración e independencia del Consejo de Regulación; la concentración de la propiedad de los medios; la distribución, reversión y adjudicación de frecuencias entre los sectores público, privado y comunitario; el funcionamiento, financiamiento y destino de los medios públicos e incautados; la distribución de la publicidad estatal; la autonomía editorial; los derechos laborales, la profesionalización, la reserva de la fuente y la cláusula de conciencia de los comunicadores; la participación de pueblos, nacionalidades y sectores sociales; la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos; y la conveniencia de armonizar esta normativa con las leyes de Telecomunicaciones y Penal, así como aprobarla por artículos o capítulos para facilitar acuerdos. En comisión general, Jorge Luis Serrano, representante del Consejo Nacional de Cinematografía, destacó la necesidad de establecer cuotas de pantalla, fomentar la producción audiovisual ecuatoriana y evitar que los contenidos extranjeros de bajo costo desplazaran al cine y a la televisión nacional. El debate fue suspendido sin votación para continuar recibiendo e incorporando observaciones, por lo que quedó pendiente el tratamiento de la propuesta relacionada con el reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos. Intervinieron Paco Moncayo, Juan Carlos López, Juan Carlos Cassinelli, Luis Morales, Pedro de la Cruz, César Rodríguez, Cléver Jiménez, Rolando Panchana, Paola Pabón, Silvia Salgado, Scheznarda Fernández, Eduardo Zambrano, Nívea Vélez, Mercedes Diminich, Jorge Escala, César Gracia, Mauro Andino, Rocío Valarezo, Fernando Aguirre, Jorge Luis Serrano, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Enrique Herrería, María Alejandra Vicuña, Andrés Páez, Emilia Jaramillo, Fernando González, Armando Aguilar, Tomás Zevallos, Manuel Portugal, Viviana Bonilla, Kléver García, Jaime Abril, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Marco Murillo, Gilberto Cisneros y Bolívar Subía.

ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_133-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Enrique Herrería para incorporar al orden del día una resolución que condenara las actuaciones de Patricio Pazmiño y Tania Arias, por considerar que su participación en una delegación gubernamental comprometía la independencia e imparcialidad que debían mantener frente a la Función Ejecutiva. Posteriormente, se analizó y aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador e Italia, destinado a fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y experiencias en políticas de seguridad y defensa, logística y adquisición de equipos, educación, entrenamiento y adiestramiento militar, operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, protección ambiental, servicio médico, historia y deporte militar; se aclaró que el instrumento no constituía una alianza política o militar ni comprometía la planificación estratégica nacional, y su aprobación se mantuvo luego de la rectificación y de que fuera negada la reconsideración. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados en procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, orientado a que el CONSEP dejara de actuar únicamente como depositario y asumiera facultades para custodiar, conservar y administrar los bienes mientras se resolvieran los procesos judiciales. Durante la discusión se plantearon observaciones sobre la venta inmediata de bienes perecibles y semovientes, el mantenimiento y avalúo de propiedades, empresas, vehículos y haciendas, la creación de cuentas especiales para conservar el dinero obtenido y devolverlo con sus intereses cuando existiera una sentencia absolutoria, la transferencia definitiva de los bienes al Estado cuando hubiera condena, la obligación de rendir informes a los jueces, la identificación de la institución pública que asumiría los bienes, la protección de la presunción de inocencia, la prevención de abusos y corrupción dentro del CONSEP y la posibilidad de destinar parte de los recursos a la prevención del consumo de drogas y a la rehabilitación de personas con adicciones. El primer debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Enrique Herrería, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Galo Lara, Paco Moncayo, Luis Morales, Luis Almeida, Guillermina Cruz, María Paula Romo, Vicente Taiano y Francisco Cisneros.

ACTA_132-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de ley destinado a garantizar la igualdad, inclusión y defensa integral de las personas con discapacidad. Durante una comisión general, el vicepresidente Lenín Moreno presentó los avances alcanzados mediante las misiones Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara y destacó la necesidad de convertir estas políticas en garantías permanentes, orientadas a la inclusión social, educativa, laboral y cultural. El debate abordó la definición y calificación de la discapacidad y de las condiciones discapacitantes; la prevención, detección temprana, genética humana, atención médica, rehabilitación y entrega de medicamentos y ayudas técnicas; la eliminación de restricciones en seguros de vida y salud; el acceso inclusivo a la educación, becas, lenguaje de señas, sistema Braille y formación superior; la inserción laboral, los porcentajes de contratación, los permisos para tratamientos y la protección de familiares cuidadores; los créditos preferenciales, la vivienda, la seguridad social y la jubilación; la accesibilidad universal en edificios, transporte, espacios públicos, tecnologías, información y señalética; las tarifas preferenciales, exenciones tributarias y facilidades para importar vehículos y equipos; la creación de centros de acogida y de un organismo nacional encargado de formular políticas, proteger derechos, investigar infracciones y aplicar sanciones. Los legisladores coincidieron en la importancia de superar la discriminación y garantizar derechos efectivos, aunque plantearon fortalecer la prevención, precisar las competencias de las instituciones, incorporar a los gobiernos autónomos descentralizados, asegurar la participación ciudadana, proteger especialmente a mujeres, niños y adolescentes, apoyar el deporte y la recreación, ampliar la cobertura a ecuatorianos residentes en el exterior, regular los animales de asistencia, reforzar las sanciones y garantizar que los beneficios lleguen también a organizaciones sin fines de lucro. El debate quedó suspendido sin votación para que la comisión analizara e incorporara las observaciones antes de continuar el trámite. Intervinieron Lenín Moreno Garcés, María Cristina Kronfle, María Alejandra Vicuña, Fausto Cobo, Rocío Valarezo, Francisco Ulloa, Luis Morales, Celso Maldonado, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Juan Carlos López, Mary Verduga, Nívea Vélez, Irina Cabezas y Elvis Maldonado.

ACTA_131-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Jorge Escala para incorporar al orden del día una resolución que rechazara el anuncio de una posible amnistía para la agrupación denominada “Los Choneros” y exigiera garantías para quienes realizaban tareas de fiscalización. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de reforma sobre la gestión de la cuenca hidrográfica del río Paute y la reorganización de las entidades encargadas de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en varios cantones de Manabí y Esmeraldas. El debate se centró en adecuar las competencias institucionales, transformar el Consejo de Gestión de Aguas del Paute en un organismo adscrito a la Autoridad Única del Agua, transferir determinadas funciones, bienes y recursos, y entregar a los gobiernos municipales o a sus mancomunidades la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. También se analizaron la continuidad de los servicios durante la transición, la distribución de bienes y obligaciones, la estabilidad y evaluación de los servidores públicos, la participación de usuarios y organizaciones comunitarias, la consulta a pueblos y nacionalidades, la protección del derecho humano al agua y las diferencias existentes entre la realidad de la cuenca del Paute y la situación de las instituciones hídricas de Manabí. Mientras algunos legisladores respaldaron la propuesta por considerarla una medida de descentralización y ordenamiento institucional, otros advirtieron sobre una posible concentración de atribuciones en el Gobierno central, afectaciones laborales, insuficiente representación comunitaria y la necesidad de tramitar una normativa integral sobre los recursos hídricos. Tras incorporarse varias observaciones técnicas y disposiciones para garantizar la continuidad del servicio, el proyecto fue aprobado mediante rectificación y posteriormente se negó su reconsideración. Intervinieron Jorge Escala, Mauro Andino, Luis Almeida, María Soledad Vela, María Paula Romo, Pedro de la Cruz, Richard Guillén, Rocío Valarezo, Lídice Larrea, Gerónimo Yantalema, Fernando Aguirre, Ramiro Terán, Luis Morales, Mariángel Muñoz, Eduardo Encalada, Fernando Romo, Betty Amores, Marllely Vásconez y Paco Moncayo.

ACTA_130-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, destinado a garantizar atención preferente a los cantones y parroquias ubicados en las zonas limítrofes mediante políticas de desarrollo económico y social, inversión pública, servicios básicos, salud, educación, conectividad, transporte, seguridad, empleo local, protección ambiental, interculturalidad, participación ciudadana, integración binacional y construcción de una cultura de paz y buena vecindad; asimismo, se establecieron incentivos productivos, crediticios y tributarios, mecanismos de coordinación entre las instituciones estatales y los gobiernos locales, protección frente a actividades ilícitas y medidas especiales para las comunidades amazónicas, pueblos ancestrales, migrantes y refugiados. Posteriormente, se debatió la situación de los migrantes ecuatorianos afectados por las deudas hipotecarias en España, abordándose la sobrevaloración de viviendas, la falta de información al contratar créditos, los desalojos, la pérdida de los inmuebles, las deudas pendientes después de las subastas y la posible participación de entidades bancarias vinculadas con Ecuador; como resultado, se aprobó una resolución para ampliar las investigaciones individuales, esclarecer las posibles vulneraciones de derechos, fortalecer la asistencia jurídica a las familias afectadas y encargar a la comisión competente la presentación de un informe con recomendaciones. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó las circunstancias en las que fue detenido y asesinado Ernesto “Che” Guevara, exhortó a la comunidad internacional a respetar las libertades de pensamiento y opinión y reconoció la vigencia de su pensamiento revolucionario. Intervinieron Virgilio Hernández, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre, Luis Morales, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Andrés Páez, Fernando Flores, Silvia Salgado y Tomás Zevallos.

ACTA_129-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron las solicitudes para incorporar al orden del día el reconocimiento de Manuel Inocencio Parrales y Guale como precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, así como la propuesta para declarar el 12 de octubre como Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, Montubios, Afros y Sectores Populares, aunque esta última no llegó a resolverse antes de la clausura; en cambio, fue negado el pedido de declarar la emergencia sanitaria en Pastaza ante la presencia de casos de sarampión en territorio huaorani. El tema central fue el primer debate de la reforma sobre la jubilación especial para las mujeres, que proponía permitirles jubilarse voluntariamente, sin límite de edad, después de veinticinco años de aportaciones, calculando la pensión con base en el promedio de sus cinco mejores remuneraciones. La mayoría de las intervenciones respaldó la iniciativa como una medida de justicia social y reconocimiento al doble o triple trabajo que realizan las mujeres en el ámbito laboral, doméstico, familiar y comunitario, así como a la discriminación histórica, el desgaste físico y mental, las dificultades de inserción laboral y la responsabilidad de cuidar a hijos, nietos, personas enfermas y adultos mayores. También se planteó ampliar la seguridad social a amas de casa, trabajadoras informales, campesinas, indígenas y mujeres sin relación de dependencia; considerar los períodos de maternidad y enfermedad; garantizar que la jubilación sea opcional; revisar el coeficiente utilizado para calcular las pensiones; y asegurar una prestación digna. No obstante, varios legisladores advirtieron que era indispensable contar con estudios actuariales, precisar el número de posibles beneficiarias, establecer una fuente de financiamiento sostenible, analizar la participación económica del Estado y del IESS, corregir aspectos de técnica legislativa y evitar que la reforma reforzara la idea de que las tareas domésticas son responsabilidad exclusiva de las mujeres. Fernando Cordero sostuvo que la iniciativa podía enfrentar impedimentos constitucionales por comprometer recursos estatales y pidió coordinar una propuesta viable con el Ejecutivo y el IESS; tras la respuesta de Nívea Vélez, quien defendió el carácter optativo y la legitimidad de utilizar los recursos de los afiliados para esta prestación, se cerró el primer debate sin votación y se remitieron las observaciones a la comisión. Finalmente, se aprobó la resolución que declaró a Manuel Inocencio Parrales y Guale precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, reconociendo su lucha contra los abusos coloniales y a favor de las tierras comunitarias. Intervinieron Soraya Viteri, Francisco Cisneros, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Clara Salazar, Mariana Pallasco, Edwin Vaca, Kléver García, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Diana Atamaint, Mery Zamora, Marisol Peñafiel, Andrés Páez, Vicente Taiano, Rocío Valarezo, Mercedes Villacrés, César Gracia, María Soledad Vela, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Scheznarda Fernández, Fernando Bustamante, Consuelo Flores, Richard Guillén, Línder Altafuya, Rolando Panchana, Betty Amores, Silvia Kon, Paola Pabón, María Molina, Betty Carrillo, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Susana González, César Rodríguez, Luis Morales, Luis Almeida, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos, Guido Vargas y Fernando Cordero.

ACTA_128-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se presentó una solicitud de Lourdes Tibán para incorporar al orden del día una resolución que exhortara a declarar la emergencia sanitaria y ambiental en la cuenca alta del río Cutuchi, debido a la contaminación producida por aguas residuales, desechos industriales, hospitalarios y agrícolas que afectaban los sistemas de riego, los cultivos, los animales y la salud de las poblaciones de Cotopaxi y Tungurahua; sin embargo, la propuesta no alcanzó los votos necesarios. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública, orientado a fortalecer la transparencia, eficiencia, control y democratización de las compras estatales, cambiar la denominación del organismo rector por Servicio Nacional de Contratación Pública, regular los procedimientos de menor e ínfima cuantía, las ferias inclusivas, la participación local, las contrataciones internacionales y de régimen especial, la publicación de información en el portal, las garantías, las ofertas con documentos falsos y las inhabilidades para contratar. Durante el debate se formularon observaciones sobre la necesidad de evitar contratos dirigidos, plazos excesivamente cortos, precios referenciales inflados, información privilegiada, concentración de obras en pocas empresas, cobro de comisiones, corrupción y abuso de las declaratorias de emergencia; también se planteó proteger la autonomía de los gobiernos locales, mantener la responsabilidad de las máximas autoridades aun cuando deleguen funciones, facilitar la participación de profesionales jóvenes, artesanos, pequeños productores, microempresas y organizaciones de la economía popular y solidaria, promover la contratación de mano de obra y proveedores locales, incorporar veedurías ciudadanas y criterios ambientales, mejorar el pago de planillas y la ejecución de garantías, y revisar las prohibiciones que afectaban a familiares de servidores públicos sin participación directa en los procesos contractuales. El debate concluyó sin votación, a fin de que la comisión analizara e incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Paco Fierro, Andrés Roche, Jimmy Pinoargote, Rocío Valarezo, Richard Guillén, Yandri Bruner, Silvia Salgado, Gerónimo Yantalema, Luis Morales, Alfredo Ortiz, Eduardo Encalada, Juan Carlos López, César Rodríguez, María Soledad Vela, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Jorge Escala, Vethowen Chica, César Gracia y Rosendo Nurinkias.

ACTA_127-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa del servicio público, orientado a corregir la prohibición general que impedía a servidores públicos y a sus familiares contratar con cualquier institución estatal; durante la discusión se buscó equilibrar la libertad de trabajo y contratación con la prevención del nepotismo, el tráfico de influencias y la corrupción, planteándose limitar las prohibiciones según la institución donde labora el funcionario, el grado de parentesco, la jerarquía del cargo, la participación efectiva en empresas y la existencia de conflictos de intereses, además de formular observaciones sobre la autonomía administrativa de la Asamblea, las renuncias obligatorias y los regímenes aplicables a docentes universitarios y profesionales. Posteriormente, se analizó el convenio entre Ecuador y China para el otorgamiento de una línea de crédito preferencial, debatiéndose sus condiciones financieras, la política de endeudamiento, la soberanía nacional, la transparencia de los acuerdos petroleros, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con China; sin embargo, ante las dudas sobre la correspondencia entre el instrumento sometido al Pleno y el dictamen de la Corte Constitucional, se suspendió su tratamiento y se dispuso que regresara a la comisión para aclarar su denominación y sustento jurídico antes de una futura votación. Finalmente, se designó a Karen Pamela Tapia Tapia y Manuel Eduardo Taipe Calle como delegados para integrar la comisión ciudadana encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, y a Myriam Elisa Brito Estrada y Fausto Javier Holguín Ochoa para la selección de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral; ambas designaciones fueron aprobadas y sus reconsideraciones resultaron negadas. Intervinieron Raúl Abad, Alfredo Ortiz, Fernando Bustamante, Galo Vaca, María Soledad Vela, Luis Almeida, Gastón Gagliardo, Enrique Herrería, Luis Morales, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Andrés Roche, Jorge Escala, Pedro de la Cruz, Paco Fierro, Rolando Panchana, Kléver García, Fernando Cordero, Tito Nilton Mendoza, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, José Portugal, Juan Fernández, Paco Moncayo, Francisco Ulloa, Cléver Jiménez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Fernando Aguirre, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Betty Amores, Galo Lara, Armando Aguilar, César Rodríguez, María Augusta Calle y Dora Aguirre.

ACTA_126-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó una resolución de solidaridad con cinco ciudadanos cubanos procesados y condenados en Estados Unidos, mediante la cual se solicitó al presidente Barack Obama disponer su liberación y conceder visas humanitarias a sus familiares; durante el debate se confrontaron criterios sobre las garantías del proceso, los derechos humanos, las acusaciones de espionaje, el respeto a la soberanía estadounidense y la necesidad de extender la solidaridad a ciudadanos ecuatorianos detenidos o perseguidos. Posteriormente, se aprobó definitivamente la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, destinada a prevenir, corregir y sancionar el abuso de posición dominante, los acuerdos colusorios, las concentraciones económicas y las prácticas desleales, luego de incorporar cambios para proteger el debido proceso, la privacidad, el derecho a la defensa, la proporcionalidad de las medidas preventivas y la delimitación de las facultades de los organismos reguladores; la aprobación se mantuvo después de la rectificación y de que fuera negada su reconsideración. También se aprobó exhortar al Ministerio de Educación a iniciar inmediatamente la recategorización de los docentes, de acuerdo con su experiencia y profesionalización, concluir el proceso en un plazo máximo de un año y ampliar los cursos de capacitación necesarios para acceder a este beneficio. Asimismo, ante el aumento de casos de sarampión, se resolvió solicitar la declaratoria del estado de excepción sanitaria en la provincia de Tungurahua, con atención prioritaria a Quisapincha, Pasa y Atahualpa, así como el fortalecimiento de la infraestructura, el personal, los medicamentos y los insumos de salud. Finalmente, se expresó solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones en Napo y se exhortó al Gobierno Nacional a atender oportunamente a los damnificados, reparar los daños y coordinar las acciones de asistencia y reconstrucción. Intervinieron Línder Altafuya, Paco Moncayo, María Alejandra Vicuña, Luis Almeida, Fernando Flores, Silvia Salgado, Francisco Velasco, Gioconda Saltos, Kléver García, Ramiro Terán, Hólger Chávez, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Galo Vaca, Jorge Escala, Mao Moreno, Betty Carrillo, Leonardo Viteri, César Gracia, Juan Carlos López, Marco Murillo, Luis Morales, Franklin Purcachi, Víctor Quirola y Guillermina Cruz.

ACTA_126-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la recategorización y capacitación de los docentes, la declaratoria de emergencia sanitaria en Quisapincha ante el incremento de casos de sarampión y la atención urgente a las familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Napo; posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, respecto del cual existió consenso sobre la necesidad de prevenir y sancionar los monopolios, los acuerdos colusorios, la competencia desleal y los abusos contra consumidores, pequeños productores y empresas, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre la concentración de atribuciones en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la intervención del Ejecutivo, la independencia de los organismos de control, las facultades de investigación e inspección, la protección de la privacidad y el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones, la regulación de las empresas públicas y privadas, la protección de las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria, la inversión, el empleo y las disposiciones aplicables a los sectores financiero y de comunicación. Durante una comisión general, Pablo Dávila Jaramillo, representante de las cámaras de industrias, respaldó la existencia de una normativa de competencia, pero solicitó limitar la discrecionalidad de las autoridades, establecer controles colegiados y otorgar un período de transición. Finalmente, se negó la propuesta de Rafael Dávila para archivar el proyecto y sustituirlo por otra iniciativa antimonopolio, con cuarenta y cuatro votos afirmativos, sesenta negativos, dos blancos y diez abstenciones; sin embargo, no se efectuó la votación definitiva de la ley, pues el debate fue suspendido para incorporar las observaciones formuladas y buscar un texto de mayor consenso, quedando pendientes los demás puntos incorporados al orden del día. Intervinieron Gioconda Saltos, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Francisco Velasco, Pablo Dávila Jaramillo, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Zobeida Gudiño, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Patricio Quevedo, Silvia Salgado, Nicolás Lapentti, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Fernando González, Alfredo Bautista, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Betty Amores, Rafael Dávila, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Luis Morales, Francisco Cevallos, Jorge Fadul, Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Lenín Chica, Richard Guillén, Jorge Escala, Rosana Alvarado y Fernando Flores.

ACTA_123-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión del Pleno se retiró la solicitud de Marco Murillo para incorporar al orden del día la reinstalación de la sesión 115, luego del compromiso de convocar a los jefes de bancada para acordar la continuación del segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; mientras que la propuesta de Nívea Vélez para debatir el estado de excepción decretado en la Función Judicial fue negada, registrándose en la rectificación cincuenta y un votos afirmativos, ocho negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente, la Asamblea rindió homenaje a la delegación ecuatoriana de Olimpiadas Especiales que participó en los Juegos Mundiales de Verano de Atenas 2011, donde obtuvo veinticinco medallas de oro, veintiséis de plata y catorce de bronce; se otorgó la condecoración “Doctor Vicente Rocafuerte” al Pabellón de Olimpiadas Especiales Ecuador, se reconoció la labor de su presidente Héctor Cueva Jiménez, del equipo técnico y de los deportistas, y se destacó su ejemplo de inclusión, perseverancia y superación. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, orientado a prevenir, corregir y sancionar los abusos de posición dominante, las prácticas anticompetitivas y la concentración perjudicial para consumidores y pequeños productores; aunque existió coincidencia sobre la necesidad de contar con una normativa contra los monopolios y oligopolios, se formularon numerosas observaciones respecto de la concentración de facultades en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la independencia de los organismos de control, la amplitud y discrecionalidad de sus atribuciones, el respeto al debido proceso, la intimidad y la acción de protección, la proporcionalidad de las multas, la definición del mercado relevante, la relación con los sectores financiero, público y estratégico, y la protección de consumidores, pequeñas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria. El debate concluyó sin votación, para que la Comisión incorporara las observaciones antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Silvia Kon, Rolando Panchana, Rafael Dávila, Fernando Bustamante, César Montúfar, Viviana Bonilla, Juan Carlos López, Betty Amores, Fernando González, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Eduardo Encalada, Rosana Alvarado, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Jaime Abril, Marco Murillo, Andrés Roche, María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Luis Morales, Paola Pabón, María Augusta Calle, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Kléver García, Celso Maldonado, Jorge Fadúl, María Alejandra Vicuña, Mauro Andino, Francisco Cevallos y Francisco Ulloa.

ACTA_122-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó la resolución que dispuso a la Unidad de Técnica Legislativa elaborar el proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y asignó su posterior trámite a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, con ochenta y ocho votos afirmativos, siete blancos y diecisiete abstenciones. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, centrado en garantizar la autonomía administrativa, laboral y presupuestaria de la Función Legislativa frente al Ministerio de Relaciones Laborales; durante el análisis se propuso precisar la aplicación de la normativa para asambleístas y servidores legislativos, ampliar la autonomía a otras funciones del Estado y considerar los regímenes especiales del sistema educativo y de educación superior, tras lo cual se cerró el debate sin votación. También se aprobó la resolución que exhortó al Ministerio de Educación a reconstruir, mediante contratación de emergencia, la escuela Belisario Quevedo de Ambato, afectada por un incendio, y al Municipio de Ambato y demás gobiernos seccionales a legalizar los terrenos donde funcionan instituciones educativas; en la rectificación se registraron ochenta y tres votos afirmativos y siete blancos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y un votos afirmativos y dos blancos, una resolución sobre la crisis bananera que exhortó al Ministerio de Agricultura a aplicar efectivamente la normativa vigente, establecer políticas claras de precios y comercialización, combatir los monopolios y la intermediación injusta, fortalecer las compras públicas de producción nacional, atender prioritariamente a los pequeños y medianos productores, promover la diversificación de cultivos y estudiar la conformación de una exportadora de economía mixta. Intervinieron Gioconda Saltos, Gerónimo Yantalema, Viviana Bonilla, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Rolando Panchana, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Andrés Roche, Luis Morales, Línder Altafuya, Kléver García, Tito Nilton Mendoza, Andrés Páez, Edwin Vaca, Fernando Cordero, Nívea Vélez, César Gracia, María Alejandra Vicuña, Katty Vélez, Dalton Burgos, Rocío Barriga y Víctor Quirola.

ACTA_116-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas para incorporar al orden del día el rechazo al decreto sobre la compra obligatoria de renuncias de servidores públicos y un exhorto para ampliar el acceso de los jóvenes a las universidades estatales. Posteriormente, se posesionó a Paulo Rodríguez, Tania Arias y José Yávar como integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio. Se debatió la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de una causa penal contra el Presidente de la República por una querella de injurias; quienes respaldaron la autorización sostuvieron que la inmunidad no debía impedir la investigación judicial y que correspondía garantizar el debido proceso, mientras sus opositores consideraron que la petición carecía de fundamento constitucional, perseguía fines políticos y pretendía desestabilizar al Gobierno. La autorización fue negada y la rectificación confirmó el resultado. También se aprobó la Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, mediante la cual se eliminaron ciento cincuenta y una normas obsoletas o inaplicables. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial sobre las prácticas preprofesionales de los estudiantes de Derecho, analizando su aplicación únicamente a quienes iniciaron sus estudios después de la vigencia del Código, la falta del reglamento correspondiente, la posibilidad de realizarlas durante la carrera y en distintas instituciones públicas, su remuneración, la protección de quienes estudian y trabajan, la diferencia entre pasantías y prácticas profesionales y la coordinación con las autoridades de educación superior; las observaciones fueron remitidas a la comisión para elaborar el informe de segundo debate. Intervinieron Nívea Vélez, Luis Morales, Silvia Kon, Enrique Herrería, Jorge Escala, Tito Mendoza, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Hólger Chávez, Andrés Páez, Cynthia Viteri, César Rodríguez, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, César Montúfar, Lourdes Tibán, Armando Aguilar, Luis Almeida, César Gracia, Mauro Andino, Eduardo Encalada, María Romo, Juan Cassinelli, Gerónimo Yantalema, María Vela, Francisco Ulloa y Viviana Bonilla.

ACTA_112-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, destinado a eliminar ciento cincuenta y una normas obsoletas y sin aplicación práctica, entre decretos, acuerdos, resoluciones legislativas y leyes, con lo que se completaría la revisión de aproximadamente mil cuatrocientas disposiciones antiguas; el debate fue cerrado y se dispuso remitir las observaciones a la comisión para preparar el informe de segundo debate. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Propiedad Horizontal, orientada a sustituir la exigencia de unanimidad por la aprobación de los dos tercios de las alícuotas para determinadas decisiones, evitar que un solo copropietario paralice mejoras, regular las expensas en conjuntos conformados por varios bloques o torres y facilitar el cobro judicial de las alícuotas vencidas mediante títulos ejecutivos. También se analizaron la administración de los condominios, la adecuación de sus reglamentos internos, la seguridad de las edificaciones, las competencias municipales, la accesibilidad, el uso y mantenimiento de los bienes comunes y la conveniencia de efectuar una reforma integral que considere las distintas realidades urbanas, habitacionales y sociales. Intervinieron María Romo, Francisco Ulloa, Rolando Panchana, Juan López, Silvia Salgado, Paco Moncayo, Jaime Abril, Vicente Taiano, Mauro Andino, Luis Almeida, Mercedes Diminich, Andrés Roche, Gioconda Saltos, Luis Morales y Fernando Cordero. La sesión fue suspendida sin que el proyecto reformatorio fuera sometido a votación.

ACTA_111-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el Acuerdo Bilateral entre Ecuador y Perú para brindar atención recíproca de salud a sus nacionales, especialmente a las poblaciones fronterizas, con el propósito de garantizar el acceso a servicios médicos, fortalecer la integración binacional y regularizar la atención que ya se prestaba entre ambos países; durante el análisis se destacaron sus beneficios humanitarios, aunque también se formularon observaciones sobre la falta de precisión en el financiamiento, la infraestructura, la cobertura territorial, la reciprocidad efectiva y los mecanismos específicos para su aplicación. Asimismo, se aprobó el Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, organización intergubernamental destinada a apoyar a los países en desarrollo mediante estudios, asesoría técnica, jurídica y política, así como la formulación de posiciones comunes en asuntos comerciales, económicos y de desarrollo internacional. Finalmente, se aprobó declarar el trabajo infantil en las calles como trabajo infantil peligroso y establecer su erradicación como prioridad estatal; se exhortó al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social a presentar un plan con acciones y recursos para aplicar las recomendaciones de Naciones Unidas, y al Ministerio de Inclusión Económica y Social a fortalecer las becas escolares para niños y adolescentes retirados del trabajo infantil. Intervinieron Nívea Vélez, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Wladimir Vargas, Emilia Jaramillo, Fausto Cobo, Linda Machuca, Edwin Vaca, Eduardo Zambrano, Dora Aguirre, Marisol Peñafiel, Virgilio Hernández, María Calle, Mercedes Diminich, José Portugal, María Vicuña y Luis Morales

ACTA_109-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Marco Murillo para exhortar a las funciones del Estado a aplicar los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y paridad de género en la designación de sus delegados al Consejo de la Judicatura de Transición, mientras que se aprobó incorporar al orden del día la creación de una comisión especializada ocasional encargada de tratar los derechos de los grupos de atención prioritaria, especialmente de las personas con discapacidad, propuesta por Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco, orientado a proteger la salud pública, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo mediante espacios completamente libres de tabaco, restricciones a la venta a menores y por unidades, prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, advertencias gráficas en los empaques, campañas educativas, tratamiento de las adicciones y sanciones para quienes incumplieran la normativa. Plutarco Naranjo expuso los daños sanitarios y sociales ocasionados por el consumo de tabaco. Durante el debate también se analizaron las libertades individuales, la proporcionalidad de las sanciones, la responsabilidad de los propietarios de establecimientos, el control del contrabando y los posibles efectos sobre productores, trabajadores, comerciantes y la industria tabacalera. Intervinieron Marco Murillo, Rolando Panchana, Plutarco Naranjo, Carlos Velasco, Margarita Carranco, Andrés Páez, María Vicuña, Fernando Aguirre, César Rodríguez, Gioconda Saltos, Juan Cassinelli, Alfredo Ortiz, Juan López, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, Kléver García, Celso Maldonado, Fernando Flores, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Calle, Luis Almeida, Rafael Dávila y Marllely Vásconez. La sesión fue suspendida sin que se sometiera el proyecto a votación.

ACTA_108-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Línder Altafuya para incorporar al orden del día una resolución que exigiera medidas urgentes frente a la escasez de agua potable en Esmeraldas, Río Verde y Atacames. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones al pabellón, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-17, en reconocimiento a su desempeño en el campeonato sudamericano y a su clasificación para la Copa Mundial y los Juegos Panamericanos; también fueron reconocidos José Rodríguez, Amílcar Mantilla y Luis Chiriboga, mientras que Galo Sánchez agradeció el homenaje en representación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Finalmente, se analizó el informe que recomendaba denunciar el convenio entre Ecuador y Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones, debido a que sus disposiciones sobre arbitraje internacional fueron consideradas contrarias a la Constitución y a la jurisdicción nacional. Quienes respaldaron la denuncia defendieron la soberanía del Estado y la aplicación de la legislación ecuatoriana, mientras que sus opositores advirtieron que la medida podía generar inseguridad jurídica, afectar las inversiones ecuatorianas y chilenas y deteriorar las relaciones económicas bilaterales, por lo que plantearon renegociar el acuerdo en lugar de eliminarlo. Intervinieron Línder Altafuya, Galo Sánchez, Fernando Bustamante, Wladimir Vargas, José Portugal y Luis Morales. La propuesta de denunciar el convenio fue negada y la rectificación de la votación confirmó esa decisión.

ACTA_107-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de César Montúfar para crear una comisión multipartidista que investigara los cables de WikiLeaks relacionados con Ecuador, de Tomás Zevallos para exigir la transferencia de recursos adeudados a los gobiernos locales de Orellana y Sucumbíos, y de Gilmar Gutiérrez para investigar presuntas irregularidades en el proceso electoral; en cambio, se aprobó incorporar el tratamiento de la situación de los extrabajadores de ANDINATEL. Posteriormente, se analizó el informe que recomendaba denunciar el convenio entre Ecuador y Venezuela para la promoción y protección recíproca de inversiones, debido a que sus disposiciones sobre arbitraje internacional fueron consideradas contrarias a la Constitución y a la jurisdicción nacional. Quienes apoyaron la denuncia defendieron la soberanía del Estado y señalaron que el Código de la Producción ofrecía garantías suficientes a los inversionistas; sus opositores advirtieron que la decisión podía afectar la seguridad jurídica, las relaciones bilaterales, la inversión extranjera y el empleo, y propusieron renegociar el convenio en lugar de eliminarlo. Intervinieron Linda Machuca, Vicente Taiano, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Fernando Flores, Fernando Aguirre, Rocío Valarezo, Vethowen Chica, Susana González, Francisco Velasco, Edwin Vaca, Luis Almeida y Dora Aguirre. Aunque inicialmente se anunció la aprobación de la denuncia, la rectificación de la votación determinó que no alcanzó los votos requeridos. Finalmente, se analizó la situación de los 358 extrabajadores de ANDINATEL despedidos de manera irregular y, con las intervenciones de Nívea Vélez, María Calle, Gerónimo Yantalema, Kléver García, Armando Aguilar, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Silvia Salgado, Luis Morales y Pedro de la Cruz, se aprobó por unanimidad exhortar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a conceder una amnistía sobre las aportaciones adeudadas e incorporarlos a la nómina de pensionistas, al Ministerio de Telecomunicaciones a reconocer su derecho a la jubilación patronal y al Ministerio de Finanzas a proporcionar los recursos necesarios para cumplir la resolución.

ACTA_105-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Tomás Zevallos para convocar a la delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana encargada de seleccionar al Fiscal General, con el fin de explicar las presuntas irregularidades en la calificación de los postulantes. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y a la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, en reconocimiento a su trabajo conjunto en investigación aeroespacial, desarrollo científico, formación tecnológica y construcción del primer satélite ecuatoriano; Leonardo Barreiro y Ronnie Nader agradecieron las distinciones y destacaron la importancia de fortalecer la capacidad aeroespacial y reducir la dependencia tecnológica del país. Se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, orientado a eliminar ciento cincuenta decretos, acuerdos, resoluciones y otras normas obsoletas que, aunque carecían de aplicación práctica, continuaban formalmente vigentes; las observaciones fueron remitidas a la comisión para preparar el informe correspondiente. También se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a derogar las leyes de creación de varias empresas de agua potable y alcantarillado, fusionar organismos hídricos con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría Nacional del Agua, y extinguir determinadas concesiones. El análisis abordó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la transferencia directa de los servicios de agua y alcantarillado a los municipios, la administración de las cuencas hidrográficas, la posible centralización de atribuciones, el destino de los bienes, trabajadores, contratos y obligaciones de las entidades, el respeto al debido proceso para revisar concesiones y la conveniencia de archivar o reformular íntegramente el proyecto; el debate quedó pendiente. Intervinieron María Romo, Ramiro Terán, Paco Moncayo, Luis Morales, Andrés Roche, César Rodríguez, Fernando Cordero, Tito Mendoza, Lídice Larrea, Richard Guillén, Luis Almeida, Roberto Rodríguez, Fernando Aguirre, Eduardo Encalada, José Portugal, Víctor Quirola y Vicente Taiano. Finalmente, con las intervenciones de Gioconda Saltos, Elvis Maldonado, Luis Morales y Mauro Andino, se aprobó exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Tungurahua, Chimborazo y las demás zonas afectadas por la actividad del volcán Tungurahua, asignar espacios y alimento para los animales, otorgar créditos a los damnificados, reactivar el bono de emergencia e impulsar la recuperación económica y productiva.

ACTA_104-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó una resolución que censuró los intentos de judicializar las decisiones soberanas de la Asamblea Constituyente, especialmente las amnistías concedidas a personas procesadas por acciones relacionadas con la protesta social, y se advirtió a la Fiscalía, la Corte Nacional y demás funcionarios que debían respetar su carácter obligatorio; durante el debate se confrontaron criterios sobre la supremacía del poder constituyente, la independencia de las funciones del Estado, la posibilidad de investigar delitos comunes y el riesgo de que la resolución favoreciera la impunidad. También se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración al Mérito Cultural a la Fundación Cultural Edgar Palacios y al pabellón de SINAMUNE, en reconocimiento a su trabajo artístico, educativo y terapéutico con niños, jóvenes y personas con discapacidad; Edgar Palacios agradeció la distinción. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, destinada a reconocer, regular, fomentar y controlar a cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, cajas de ahorro, bancos comunales, unidades económicas populares y otros emprendimientos solidarios; se analizaron la autonomía de estas organizaciones, la participación de pueblos y nacionalidades, el acceso al crédito, las tasas de interés, los incentivos, la contratación pública, el reconocimiento de la economía del cuidado, la igualdad de las mujeres y la creación de una superintendencia, un instituto especializado y una corporación de finanzas populares. La rectificación mantuvo la aprobación del proyecto y su reconsideración fue negada. Finalmente, se aprobó una resolución de reconocimiento a los maestros, mediante la cual se destacó su contribución a la educación, se expresó el compromiso de impulsar su estabilidad laboral, formación continua y remuneración justa, y se exhortó a difundir la obra de Juan Montalvo. Intervinieron Ramiro Terán, Fernando Bustamante, Fernando González, Marco Murillo, Paco Fierro, Cynthia Viteri, César Rodríguez, Tito Mendoza, César Montúfar, Fernando Cordero, Edgar Palacios, Francisco Velasco, Rodrigo Aucay, Faustino Baltazar, Patricio Quevedo, Paola Pabón, Rafael Dávila, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Línder Altafuya, Alfredo Bautista, Gido Vargas, Gerónimo Yantalema, Armando Aguilar, Eduardo Encalada, Nívea Vélez, Edwin Vaca, Virgilio Hernández, Luis Morales, Viviana Bonilla, María Calle, Washington Cruz, Juan López, Lourdes Tibán, Betty Carrillo y Fausto Cobo.

ACTA_103-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó una resolución para exhortar al Ministerio de Cultura a establecer academias de música y artes destinadas a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, inicialmente en Peguche y en homenaje a Jesús Fichamba; también se solicitó al Municipio de Otavalo asignar un terreno y crear un plan nacional para fomentar el arte y la música. Posteriormente, se aprobó declarar a San Pedro de Riobamba como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica del Ecuador, en reconocimiento a su oferta educativa, instituciones de educación superior, ubicación estratégica y contribución académica, social y económica. Asimismo, se aprobó por unanimidad expresar solidaridad con la provincia de Imbabura por las afectaciones provocadas por las lluvias y el aluvión, y solicitar la atención de los damnificados, la rehabilitación de la infraestructura, los servicios básicos y la producción agrícola. Finalmente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que planteaba permitir el apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para la protección interna y el mantenimiento del orden público. Quienes respaldaron la propuesta sostuvieron que era constitucional y necesaria para enfrentar la inseguridad, mientras que sus opositores advirtieron sobre el riesgo de militarizar la sociedad, afectar los derechos humanos, emplear a los militares contra protestas sociales y conceder excesiva discrecionalidad al Ejecutivo, por lo que propusieron fortalecer a la Policía y utilizar el estado de excepción únicamente en situaciones extraordinarias. Intervinieron Gioconda Saltos, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Paco Fierro, Luis Morales, Paco Moncayo, Gerónimo Yantalema, Celso Maldonado, Silvia Salgado, Marisol Peñafiel, Ramiro Terán, Raúl Abad, César Montúfar, Lourdes Tibán, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Magaly Orellana, Línder Altafuya y María Calle; la sesión fue suspendida sin que se votara el proyecto reformatorio.

ACTA_102-G-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se abrió el debate del enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura y se recordó que su censura y destitución requerían el voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea. Las intervenciones se centraron en la validez del procedimiento, el respeto al debido proceso, la responsabilidad individual o colectiva de los vocales y la naturaleza política del juicio. Quienes respaldaron la censura señalaron deficiencias en la administración de justicia, falta de planificación y ejecución presupuestaria, escasa creación de juzgados, acumulación de causas, caducidades de prisión preventiva, sanciones insuficientes, irregularidades en concursos y nombramientos, falta de control disciplinario y posibles actos de corrupción y tráfico de influencias; además, sostuvieron que la crisis judicial justificaba retirar la confianza a los funcionarios. Otros asambleístas cuestionaron la ausencia de una adecuada individualización de responsabilidades, la aplicación de criterios diferentes frente a otros procesos de fiscalización y la cercanía del debate con la consulta popular, al considerar que podía utilizarse con fines electorales; también propusieron analizar cada caso por separado y aplazar la votación. Intervinieron Silvia Salgado, Andrés Páez, Enrique Herrería, César Rodríguez, Paco Moncayo, Luis Morales, Richard Guillén, María Calle, Betty Amores, Marco Murillo, Línder Altafuya, Fernando Romo, Nívea Vélez, César Montúfar, Mauro Andino, Juan López, Virgilio Hernández, Edwin Vaca, Fausto Cobo, Rosana Alvarado y Leandro Cadena. La sesión fue suspendida antes de concluir el debate y sin realizarse la votación sobre la censura y destitución.

ACTA_102-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Control y Regulación del Tabaco y sus Efectos Nocivos, en el que se destacó la necesidad de priorizar la salud pública, prevenir el consumo desde edades tempranas, regular la publicidad engañosa, establecer espacios libres de humo, informar sobre los riesgos del tabaco y garantizar tratamiento para las adicciones; también se analizó el equilibrio entre las libertades individuales y los derechos colectivos, así como la protección de productores, trabajadores y pequeños comerciantes frente a los posibles efectos económicos de la normativa. Intervinieron Pamela Falconí, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Calle, Fernando Aguirre y Carlos Velasco. Posteriormente, se realizó el primer debate de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código Civil relacionadas con el derecho de alimentos, orientadas a garantizar el interés superior de niños y adolescentes, mejorar la aplicación de las pensiones y corregir los problemas generados por interpretaciones inadecuadas de la reforma anterior; se propuso que las pensiones sean determinadas mediante tablas técnicas, establecer excepciones al apremio personal para adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, definir la responsabilidad de los obligados subsidiarios según sus condiciones económicas, separar las obligaciones de las ramas paterna y materna, citar conjuntamente a los responsables, tramitar por separado los asuntos de alimentos y divorcio y promover la corresponsabilidad de ambos progenitores. También se planteó fortalecer la infraestructura, el presupuesto y el número de jueces especializados para agilizar los procesos. Intervinieron María Calle, Nívea Vélez, Margarita Carranco, Juan Cassinelli y Vicente Taiano; las observaciones quedaron destinadas al análisis de las comisiones encargadas de preparar los respectivos informes para segundo debate

ACTA_099-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto reformatorio a la Ley de Gestión Ambiental, orientado a fortalecer las facultades de la autoridad ambiental para retener, decomisar, inutilizar o, excepcionalmente, destruir las maquinarias e instrumentos empleados en infracciones ambientales. Durante el análisis se destacó la necesidad de proteger los derechos de la naturaleza y actuar oportunamente frente a la contaminación, pero también se formularon observaciones sobre la proporcionalidad de las medidas, el respeto al debido proceso y al derecho de propiedad, la prohibición de confiscaciones, la determinación de la gravedad de la infracción, el destino de los bienes decomisados y de la flora y fauna recuperadas, así como la protección de los pequeños mineros y la aplicación de controles similares a las grandes empresas. Intervinieron Rosana Alvarado, Fernando González, Guillermina Cruz, José Portugal, Ángel Vilema, Galo Vaca, Alfredo Ortiz, Luis Morales, Gioconda Saltos, César Gracia, Betty Carrillo, Cléver Jiménez y Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, dirigido a enfrentar el abandono histórico de las zonas limítrofes mediante políticas diferenciadas, planificación, inversión pública, incentivos tributarios y productivos, fortalecimiento institucional y coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Se planteó mejorar la infraestructura vial, educativa, sanitaria, turística, comercial, de telecomunicaciones y servicios básicos; garantizar seguridad, empleo y atención a las comunidades; impulsar la integración con los países vecinos y asegurar recursos permanentes para evitar la migración y las desigualdades territoriales. Intervinieron Virgilio Hernández, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Víctor Quirola, Edwin Vaca, Carlos Velasco, Línder Altafuya y Gabriel Rivera. Las observaciones formuladas en ambos debates fueron remitidas a las respectivas comisiones para su análisis y preparación de los informes para segundo debate