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ACTA_008-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Richard Guillén para incorporar el punto de asuntos varios en el orden del día y de Cynthia Viteri para tratar una resolución orientada a investigar los contratos suscritos con empresas vinculadas a Fabricio Correa, por lo que se continuó con los temas convocados. Posteriormente, se conoció la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; Francisco Velasco propuso allanarse a las observaciones relacionadas con las atribuciones del Directorio del Banco Central en materia de corresponsalía bancaria y con la transferencia de bienes culturales, y ratificar el texto originalmente aprobado respecto del reajuste de remuneraciones de funcionarios de dicha institución. Esta propuesta fue respaldada por Marco Murillo, Eduardo Encalada y Francisco Ulloa, y aprobada mediante el allanamiento a los puntos primero y tercero de la objeción, así como la ratificación del texto original sobre las remuneraciones. Finalmente, se realizó el primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo objetivo fue establecer mecanismos para completar la integración del Consejo de Administración Legislativa cuando no existieran suficientes bancadas, regular la elección de autoridades de las comisiones, precisar el procedimiento de requerimiento de información y comparecencia de funcionarios públicos en procesos de fiscalización, y ajustar disposiciones sobre indultos, amnistías y denominaciones de comisiones. Marisol Peñafiel presentó y defendió el informe de mayoría, señalando que la reforma permitía resolver vacíos legales y garantizar la pluralidad; en respaldo de esta posición intervinieron Virgilio Hernández, Rafael Dávila, Mariángel Muñoz, Aminta Buenaño, Silvia Salgado y María Paula Romo. En oposición, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Cléver Jiménez, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Cynthia Viteri, Guillermina Cruz, Tito Nilton Mendoza y Nivea Vélez cuestionaron la constitucionalidad de elegir vocales del CAL fuera de las bancadas existentes y advirtieron posibles restricciones a la fiscalización. También intervinieron Juan Carlos López, Francisco Ulloa, Lenín Chica, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Enrique Herrería, María Soledad Vela y Luis Morales, quienes formularon observaciones sobre la necesidad de fortalecer la representación política, la transparencia, la fiscalización y el funcionamiento institucional. Al concluir, se cerró el primer debate sin una resolución definitiva y se dispuso que las observaciones fueran remitidas por escrito para continuar el trámite legislativo.

ACTA_006-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció y debatió la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas, relacionada con la constitución de empresas entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados, la administración y clasificación del talento humano, los programas de retiro voluntario, las inversiones y alianzas estratégicas, la divulgación de información, los mecanismos de control y auditoría, el tratamiento de empresas estatales existentes, las entidades incautadas por la AGD, las empresas vinculadas a la defensa nacional y varias reformas tributarias, financieras y de contratación pública. Durante el debate se expresaron posiciones a favor y en contra del allanamiento, especialmente respecto de la discrecionalidad en las compensaciones por retiro voluntario, la definición de obreros, la transparencia de la información, el alcance de las atribuciones de la Contraloría y la protección de los derechos laborales; intervinieron Irina Cabezas, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Jorge Escala, Armando Aguilar, Galo Vaca, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Humberto Alvarado, Enrique Herrería, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Betty Amores, Eduardo Encalada, César Montúfar, Nívea Vélez, Guillermina Cruz, Andrés Roche, Hólger Chávez, María Molina y María Alejandra Vicuña. Finalmente, se aprobó el allanamiento a la mayor parte de las observaciones presidenciales y no prosperó la ratificación del texto original sobre el retiro voluntario y las reformas finales propuestas. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma al Mandato Constituyente relacionado con la portabilidad numérica, a fin de ampliar el plazo para que las personas usuarias de telefonía móvil puedan conservar su número al cambiar de operadora, garantizando la ejecución de pruebas técnicas y la calidad del servicio; intervinieron Luis Noboa, Saruka Rodríguez, Fernando Vélez, Betty Carrillo, Enrique Herrería, Francisco Ulloa, Aminta Buenaño, Rolando Panchana, Cynthia Viteri, Silvia Salgado, Abdalá Bucaram, Betty Amores y Luis Almeida. La reforma fue aprobada con sesenta y cuatro votos afirmativos, veintiocho negativos, cuatro votos en blanco y trece abstenciones.

ACTA_020-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó un acto de reconocimiento a Liga Deportiva Universitaria por la obtención de la Copa Sudamericana, mediante la condecoración de su pabellón, intervención en la que Fernando Cordero Cueva destacó el aporte deportivo del club al país y Carlos Arroyo agradeció el homenaje en representación de la institución. Posteriormente, se negó, luego de una rectificación de la votación, la solicitud de Abdalá Bucaram para reconsiderar la aprobación de la reforma tributaria. Asimismo, se debatió y aprobó la resolución de respaldo a la iniciativa Yasuní-ITT, orientada a mantener el crudo bajo tierra, enfrentar el cambio climático, proteger la biodiversidad, promover un modelo de desarrollo sostenible y garantizar el aislamiento voluntario de los pueblos Tagaeri y Taromenani; en este tema intervinieron Rosana Alvarado, María Molina, Ángel Vilema, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Vicente Taiano, Cléver Jiménez, Mariangel Muñoz, Gido Vargas, Zobeida Gudiño, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Francisco Velasco y Silvia Salgado. Finalmente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Culturas, que propone fortalecer los derechos culturales, la diversidad, la interculturalidad, la protección del patrimonio y la memoria social, la creación y circulación de bienes culturales, el apoyo a artistas y gestores, la seguridad social, los incentivos a la producción cultural y la organización de un Sistema Nacional de Cultura; Marco Murillo presentó el informe y defendió su carácter participativo, mientras Aminta Buenaño, Lourdes Tibán, Lídice Larrea, Francisco Ulloa, Andrés Páez, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Consuelo Flores, Francisco Cisneros, Gastón Gagliardo, Luis Morales, Marisol Peñafiel, César Rodríguez, Fernando Aguirre, Carlos Samaniego, Galo Vaca, Armando Aguilar, Gioconda Saltos, Pedro de la Cruz, Fernando Cordero, Mao Moreno, Mariangel Muñoz, Mary Verduga y Ana Bolaños formularon observaciones sobre la inclusión de pueblos y nacionalidades, la cultura de paz, la protección de saberes ancestrales, la descentralización, el financiamiento, la representación de los actores culturales y la participación de los gobiernos locales. El principal debate se centró en la autonomía, estructura y forma de elección de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, pues varios legisladores solicitaron evitar su subordinación al Ministerio de Cultura, mientras otros defendieron que debe integrarse al sistema nacional, sujetarse a rectoría estatal, rendición de cuentas y democratización de sus espacios. Al concluir, se cerró el primer debate y se dispuso que las observaciones pendientes fueran remitidas por escrito para la elaboración del informe para segundo debate.

ACTA_034-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Vicente Taiano para promover la enseñanza obligatoria sobre prevención de sismos y desastres naturales en los establecimientos educativos. Posteriormente, se debatió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la que se discutieron los alcances de la participación ciudadana, la iniciativa popular normativa, las consultas populares, las audiencias públicas, el control social, las veedurías, la rendición de cuentas, la transparencia y la posible inclusión de los medios de comunicación en estos mecanismos. Luis Morales planteó diferenciar los puntos en los que correspondía ratificarse en el texto original y aquellos en los que podía aceptarse la objeción; César Montúfar, Alfredo Ortiz, Juan Carlos López, Jimmy Pinoargote, Andrés Páez, Vicente Taiano, Marco Murillo y Lenín Chica cuestionaron disposiciones que, a su criterio, podían restringir la participación ciudadana o incorporar materias ajenas al proyecto, especialmente respecto de la rendición de cuentas de los medios de comunicación; Ramiro Terán formuló reparos sobre las limitaciones a consultas y mecanismos ciudadanos; Rolando Panchana defendió la transparencia del proceso constituyente; mientras Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza y María Soledad Vela solicitaron revisar con mayor profundidad las observaciones, por lo que se suspendió el debate y la votación para continuar el tratamiento en otra sesión. Asimismo, se conoció la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de una causa penal contra Galo Lara, presentada por Óscar Herrera Gilbert; Francisco Cisneros, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, Nivea Vélez, Mauro Andino, Roberto Rodríguez, Silvia Salgado, Hólger Chávez, Guillermina Cruz, Fernando Cordero, Enrique Herrería, Luis Morales y Galo Lara debatieron sobre la inmunidad parlamentaria, su relación con la fiscalización, la necesidad de evitar que se convierta en impunidad y la protección de las opiniones emitidas en el ejercicio de las funciones legislativas. Finalmente, se aprobó negar la autorización para iniciar la causa penal y exhortar a la Función Judicial, jueces, fiscales y tribunales a respetar las garantías vinculadas con la inmunidad parlamentaria. También se aprobó por unanimidad la resolución para exhortar al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación a incorporar capacitación sobre prevención, mitigación, gestión y manejo de riesgos naturales en todos los niveles educativos, promover actividades de prevención, utilizar horas cívicas para difundir estas acciones y reforzar la infraestructura escolar; intervinieron Vicente Taiano, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo y Gioconda Saltos, quienes propusieron incluir simulacros, mapas de evacuación, fortalecimiento de la infraestructura y un plan nacional de capacitación sobre riesgos y desastres.

ACTA_014-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se recibió, en comisión general, el informe de evaluación de la educación superior presentado por Arturo Villavicencio, presidente del CONEA, quien expuso la categorización de las universidades y escuelas politécnicas en los grupos A, B, C, D y E, advirtió graves deficiencias en varias instituciones y propuso depurar las universidades de menor desempeño, reducir progresivamente las extensiones universitarias, regular la oferta académica y los posgrados, y fortalecer institucionalmente a las universidades que requerían mejoras. Asimismo, se resolvió encargar a la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad la investigación sobre la muerte de Bosco Wisuma y los hechos ocurridos en Macas; Jorge Escala presentó la moción, Rolando Panchana retiró su propuesta inicial para respaldarla y Andrés Páez planteó ajustes a la redacción de la resolución. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, presentado por Jaime Abril, cuyo texto reconoce al agua como derecho humano y patrimonio nacional estratégico, prohíbe su privatización, prioriza el consumo humano, el riego para soberanía alimentaria, el caudal ecológico y las actividades productivas, fortalece la gestión pública y comunitaria, regula las autorizaciones de uso, las tarifas, la prevención de la contaminación, la protección de cuencas y los derechos colectivos de pueblos, comunidades y nacionalidades. Durante el debate se formularon observaciones sobre la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, la conformación y atribuciones de la Autoridad Única del Agua, la gratuidad del mínimo vital, las tarifas de riego y servicios, la desprivatización y continuidad de concesiones como la de INTERAGUA, el respeto a los sistemas comunitarios, la consulta a pueblos y nacionalidades, el control de la contaminación, la protección de niños, niñas y adolescentes y el reconocimiento de actividades productivas privadas autorizadas. Intervinieron Jaime Abril, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, Ramiro Terán, Andrés Roche, Gilmar Gutiérrez, Lídice Larrea, Mauro Andino, Luis Almeida, Soledad Vela, Lourdes Tibán, Rolando Panchana, Luis Morales, Jimmy Pinoargote, Silvia Salgado, Andrés Páez, Virgilio Hernández, César Montúfar, Fernando Cordero, Gido Vargas, Gerónimo Yantalema, Richard Guillén, Rosana Alvarado, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco, Susana González, Fernando Bustamante, Nivea Vélez, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Yandri Brunner, Enrique Herrería, Jorge Jurado, Guillermina Cruz, Galo Vaca, Fernando Cáceres y Marco Murillo. Finalmente, Jaime Abril señaló que las observaciones debían remitirse por escrito para ser analizadas antes del segundo debate, tras lo cual se clausuró la sesión sin adoptar una resolución definitiva sobre el proyecto.

ACTA_028-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Andrés Páez para incorporar el tratamiento de la terminación del encargo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, mientras que se aprobó incluir una resolución sobre la situación de sequía y actividad volcánica en la Sierra central. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, orientado a organizar, transparentar y optimizar el manejo de los inmuebles estatales mediante el Instituto de Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado, INMOBILIAR; César Gracia defendió la necesidad de contar con una institución especializada, mientras Paco Moncayo, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, César Rodríguez, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Guillermina Cruz, Vanessa Fajardo, Edwin Vaca, Mauro Andino, Lenín Chica, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos y Betty Amores formularon observaciones sobre el alcance de la ley, la autonomía de las distintas entidades públicas, la administración de bienes en litigio o incautados, la situación de las instituciones financieras, los mecanismos de transferencia, avalúo, venta, control, rendición de cuentas, responsabilidad de los funcionarios y el uso social de los inmuebles para educación, salud y grupos de atención prioritaria; al concluir, se dispuso remitir observaciones por escrito para preparar el informe correspondiente. Asimismo, se aprobó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, presentada por Luis Morales, que regula mecanismos de democracia directa, iniciativa popular normativa, consulta popular, revocatoria del mandato, participación de organizaciones sociales, presupuestos participativos, audiencias públicas, silla vacía, veedurías, rendición de cuentas y acceso a la información pública, con ochenta y dos votos afirmativos, ocho negativos, cuatro votos en blanco y quince abstenciones. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Marco Murillo y Luis Morales para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi ante los efectos de la sequía, las pérdidas agrícolas y ganaderas y el incremento de la actividad del volcán Tungurahua, solicitando medidas de reactivación económica, salud, atención a pequeños y medianos productores, así como obras viales y habitacionales en los cantones afectados; intervinieron Marco Murillo, Mauro Andino, Grace Almeida, Hólger Chávez, Gerónimo Yantalema y Juan Carlos López, y la resolución fue aprobada con ciento cinco votos afirmativos, sin votos negativos, tres blancos y cinco abstenciones.

ACTA_036-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Henry Cuji para incorporar una resolución destinada a proteger los territorios y derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenani frente a actividades extractivas en el Yasuní, y de Línder Altafuya para exhortar al Gobierno Nacional a cancelar la deuda pendiente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; además, se aceptó postergar una iniciativa presentada por Saruka Rodríguez. Por otro lado, se aprobó incluir el tratamiento de una resolución sobre los hechos ocurridos en San José de Chimbo, propuesta por Hólger Chávez. Posteriormente, Fernando Flores y Luis Morales solicitaron reconsiderar la votación relacionada con la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de insistir en el texto aprobado originalmente por la Asamblea, pero la reconsideración fue negada incluso después de rectificarse la votación. Asimismo, se aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que permite a personas y colectivos acudir a mecanismos internacionales para reclamar vulneraciones de derechos como salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda y condiciones de vida adecuadas, una vez agotadas las instancias nacionales; defendieron su aprobación Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Linda Machuca y Rocío Valarezo. Finalmente, se debatió la resolución sobre el operativo policial realizado en Chimbo contra talleres de fabricación de armas, en el que Hólger Chávez, Juan Fernández, Gerardo Morán, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Vicente Taiano, Marco Murillo y otros legisladores denunciaron presuntos excesos de la fuerza pública, afectaciones a artesanos y la necesidad de investigar responsabilidades y generar alternativas laborales; mientras María Augusta Calle, Mao Moreno y otros asambleístas destacaron la necesidad de combatir la fabricación ilegal de armas y solicitar información completa sobre el operativo. La propuesta de suspender el debate para requerir un informe fue negada y, posteriormente, tampoco se aprobó la resolución planteada por Hólger Chávez.

ACTA_046-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, orientado a reorganizar el sistema universitario y tecnológico mediante normas sobre autonomía responsable, cogobierno, gratuidad, financiamiento, igualdad de oportunidades, becas, nivelación y admisión, evaluación y acreditación, investigación, carrera docente, funcionamiento de institutos técnicos y tecnológicos, creación de nuevas instituciones, rendición de cuentas, sanciones y régimen de transición. Durante la comisión general, Galo Mindiola, Carlos Torres y Abraham Bedrán, en representación estudiantil, solicitaron mayor participación con voz y voto en los organismos del sistema, respeto a la autonomía universitaria, fortalecimiento del cogobierno, garantías para las organizaciones estudiantiles, becas y una revisión de las disposiciones transitorias; Yolanda Albán advirtió que ciertas obligaciones financieras y regulatorias podían afectar la subsistencia de los institutos técnicos y tecnológicos; mientras Gustavo Vega y Enrique Ayala Mora señalaron que existían importantes consensos, pero pidieron completar el diálogo sobre los temas pendientes, especialmente la integración y designación de las autoridades de los organismos de regulación y acreditación, el alcance de la Secretaría Nacional de Educación Superior, el financiamiento, las titulaciones y el régimen de transición. Raúl Abad, Mao Moreno, Eduardo Encalada, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Mary Verduga, Jaime Abril, Juan Fernández, Lídice Larrea, Rocío Valarezo y Zobeida Gudiño defendieron la necesidad de aprobar una normativa que eleve la calidad académica, democratice las universidades, fortalezca la evaluación, la investigación, la rendición de cuentas, la participación estudiantil y la vinculación de la educación superior con el desarrollo nacional; en tanto que Marco Murillo propuso suspender el tratamiento para ampliar el diálogo, y Jorge Escala, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Magali Orellana, Luis Almeida, Salomón Fadúl, César Montúfar y Gioconda Saltos expresaron preocupaciones sobre una posible afectación a la autonomía universitaria, la concentración de atribuciones en organismos vinculados al Ejecutivo, la creación de universidades sin los procedimientos previos, el financiamiento, la situación de las provincias amazónicas y la necesidad de incorporar las observaciones de la comunidad universitaria. También intervinieron Betty Amores y Gerónimo Yantalema; finalmente, al quedar numerosos legisladores inscritos y varios temas pendientes, se suspendió el debate sin que se produjera la votación del proyecto.

ACTA_049-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum y se instaló la sesión, dándose lectura a la convocatoria y al Orden del Día, que incluía el Himno Nacional y el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo del RO 971 de 1996 y la Ley 2003-5; se presentaron dos solicitudes de cambio del Orden del Día, una del asambleísta Fernando Bustamante para incluir un proyecto de resolución sobre un posible caso de espionaje por parte de Colombia, y otra del asambleísta Jimmy Pinoargote relacionada con la prórroga otorgada por el Vicepresidente Rolando Panchana Farra a la Comisión de Comunicación, ambas rechazadas en votación y rectificación, así como una solicitud de reconsideración de la asambleísta Cynthia Viteri que tampoco fue aceptada por no existir resolución previa que reconsiderar. Tras la entonación del Himno Nacional, el Presidente instaló una Comisión General para recibir al Alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien expuso la necesidad de aprobar la ley interpretativa para regularizar la tenencia de tierras del barrio Atucucho, asentamiento de más de tres mil familias en un predio del Ministerio de Salud Pública. Reinstalada la sesión, se dio lectura al informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio sobre dicho proyecto, lo que generó un incidente cuando el asambleísta Abdalá Bucaram presentó una apelación a la Presidencia por la no inclusión del pedido de Pinoargote en el Orden del Día; asumió temporalmente la dirección el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, se produjo un enfrentamiento verbal entre Bucaram y el Presidente Cordero, y la apelación fue sometida a votación y rectificación, resultando negada en ambas ocasiones, por lo que Cordero reasumió la Presidencia. Retomado el punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, Virgilio Hernández, expuso el informe a favor del proyecto de Ley Interpretativa, que busca facultar al Ministerio de Salud Pública la venta directa sin subasta a los posesionarios de Atucucho, estableciendo mecanismos de avalúo municipal, transferencia de áreas comunales al Municipio y límites a la adjudicación; intervinieron numerosos asambleístas (Luis Morales, Marllely Vásconez, Guillermina Cruz, César Rodríguez, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Eduardo Encalada, Alfredo Ortiz, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Marcelo García, Lourdes Tibán, Andrés Roche y Paco Fierro), quienes en general respaldaron el proyecto y plantearon observaciones sobre el año de referencia para el avalúo, el plazo de venta, la prohibición de adjudicación múltiple, el estudio socioeconómico de las familias y los tiempos de entrega de escrituras, además de pedir disculpas a los moradores de Atucucho por los incidentes ocurridos durante la sesión. Finalmente, el Presidente cerró el debate y dispuso que el proyecto regrese a la Comisión para incorporar las observaciones y preparar la versión definitiva para segundo debate y votación en el Pleno.

ACTA_041-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la inclusión de una resolución propuesta por Línder Altafuya para rechazar presuntos actos de represión contra estudiantes y organizaciones indígenas, mientras se aprobó incorporar una iniciativa planteada por Magali Orellana, Cléver Jiménez, Diana Atamaint, Lourdes Tibán y Gerónimo Yantalema para declarar de interés nacional la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y la preservación del Yasuní y la zona intangible; sin embargo, este último tema no llegó a debatirse por falta de quórum y quedó pendiente para una próxima sesión. También se rechazó la propuesta de Leonardo Viteri para elaborar una nueva normativa de soberanía alimentaria y definir previamente procedimientos de consulta prelegislativa. Posteriormente, se realizó el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional y la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, ampliar su plazo de funcionamiento, asignarle presupuesto y regular su integración, atribuciones y mecanismos de participación; María Molina, Fernando González, Gido Vargas, Zobeida Gudiño, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, Silvia Salgado, Marco Murillo, Mercedes Diminich, Gioconda Saltos y Tamara Chico debatieron sobre la consulta prelegislativa, la representación de pueblos y nacionalidades, la autonomía de la Conferencia, sus facultades para proponer políticas y leyes, la necesidad de una socialización más amplia y la continuidad de sus integrantes. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión que investigó los hechos de Angostura, para ampliar la protección a personal técnico, colaboradores, denunciantes, testigos e informantes y permitir que soliciten directamente medidas de protección; María Paula Romo y Francisco Ulloa respaldaron el allanamiento, mientras Vicente Taiano, Fausto Cobo, Luis Morales, Luis Almeida, María Augusta Calle, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo cuestionaron la constitucionalidad y alcance de la inmunidad, por lo que la moción de aceptar la objeción fue negada y, al no prosperar la reconsideración, se mantuvo el texto propuesto por el Ejecutivo. Finalmente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, destinada a reorganizar y transparentar los sistemas contables del Banco Central, preservar el respaldo de los depósitos y reservas, simplificar el balance institucional y facilitar el uso del ahorro público en inversión interna; Viviana Bonilla presentó el informe de mayoría, mientras Rafael Dávila, Sylvia Kon, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco y Patricio Quevedo debatieron sobre la necesidad de mantener sistemas separados para garantizar transparencia, liquidez y seguridad de los recursos.

ACTA_046-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión, reinstalada bajo la presidencia de Fernando Cordero Cueva con la actuación en Secretaría del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató quórum con 81 asambleístas y se continuó el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), iniciando con la intervención de Guillermina Cruz, quien defendió la autonomía universitaria y reclamó la creación de nuevas universidades en provincias sin oferta superior (Napo, Galápagos, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas), seguida por las intervenciones de Vethowen Chica, Vicente Taiano, María Soledad Vela, Jeanine Cruz, Gabriel Rivera, Alfredo Ortiz, Viviana Bonilla, Fernando Aguirre y Carlos Samaniego, quienes abordaron temas recurrentes como la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, la gratuidad y el financiamiento de la educación superior, el examen de habilitación, la composición y atribuciones del futuro Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, y la crítica a las llamadas "universidades garaje"; posteriormente el Presidente instaló al Pleno en Comisión General para recibir, con diez minutos cada uno, al rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Edgar Samaniego (quien presentó por escrito catorce observaciones de esa universidad al proyecto), al rector de la Escuela Politécnica Nacional, Ing. Alfonso Espinoza, en representación de las universidades politécnicas, y al presidente del CONEA, Ing. Sergio Flores (quien propuso una nueva conformación de siete miembros para dicho organismo y formuló observaciones a varias disposiciones transitorias y derogatorias), tras lo cual se clausuró la Comisión General y se suspendió brevemente la sesión; esta fue reinstalada por la Primera Vicepresidenta, Irina Cabezas Rodríguez, continuando el debate con las intervenciones de Edwin Vaca, Paco Fierro, Armando Aguilar, Xavier López, Virgilio Hernández, Juan Carlos López, Ramiro Terán y Marco Murillo, entre otros, quienes profundizaron en los mismos ejes de autonomía, gobierno y calidad universitaria, así como en aspectos de jubilación complementaria y clasificación de universidades para estudios de posgrado, hasta que, habiendo intervenido 43 de los asambleístas inscritos y quedando 32 pendientes, la Presidenta suspendió el debate hasta nueva convocatoria.

ACTA_078-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se recibió la Agenda Política y Estratégica de las Mujeres de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, presentada por Norma Mayo y Cecilia Velaque, quienes plantearon acciones contra la discriminación étnica y de género, la pobreza, la violencia, el analfabetismo y la exclusión, además de priorizar derechos sexuales y reproductivos, educación, cultura, ciencia, tecnología, tierra y territorio; María Augusta Calle suscribió el compromiso legislativo para incorporar estos ejes en el análisis de leyes y políticas públicas. Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar propuestas de condena al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos por fuerzas irregulares, planteada por Gabriel Rivera; de exhorto para declarar el estado de excepción en Tungurahua y zonas afectadas por la actividad del volcán, impulsada por Gioconda Saltos; y de reconocimiento de estabilidad laboral para docentes contratados, promovida por Jorge Escala; en cambio, no prosperó la incorporación de una resolución de Kléver García sobre incremento salarial retroactivo para el Magisterio. Se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, presentada por Silvia Salgado, que corrigió la fecha de publicación de un decreto relativo al Concejo Cantonal de Píllaro. También se trató la objeción parcial a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria: Rosana Alvarado recomendó aceptar el veto, que trasladaba la coordinación del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional a la Presidencia de la Conferencia Plurinacional e Intercultural, ampliaba plazos para presentar propuestas legislativas y redefinía a dicha Conferencia como Consejo Sectorial Ciudadano adscrito al Ministerio de Agricultura; Rodrigo Collahuazo, Cléver Jiménez, Paco Moncayo, Marco Murillo y Luis Morales cuestionaron principalmente la pérdida de autonomía y el carácter exclusivamente sectorial de la instancia. El Pleno se allanó a las reformas sobre coordinación, trámite de propuestas, disposición transitoria y plazo final, mientras negó la ratificación del texto original del artículo relativo a la naturaleza de la Conferencia. El tema central fue el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyo informe presentó César Rodríguez como una propuesta para garantizar gratuidad, universalidad, interculturalidad, participación, evaluación integral, desconcentración territorial, fortalecimiento de la carrera docente, escalafón, capacitación, derechos laborales y educación intercultural bilingüe. En comisión general intervinieron Gloria Vidal, Augusto Barrera, Mariano Morocho, Marlon Santi, Luis Contento, Miguel Egas, Mery Zamora, Manuel Chugchilán, Jaime Matute, Mónica Acurio, Milton Luna y María Eugenia Forester; se solicitaron garantías para la educación municipal, la institucionalidad y jurisdicción de la educación intercultural bilingüe, los derechos de docentes jubilados, contratados, comunitarios, supervisores y técnicos docentes, la estabilidad laboral, una jubilación equivalente a la de otros servidores públicos, participación social efectiva, evaluación no punitiva, educación sexual integral y mayor presencia de gobiernos locales en la gestión educativa. En el debate legislativo, César Rodríguez defendió el proyecto como una transformación integral del sistema; Marco Murillo, Galo Vaca, Nívea Vélez y Xavier Tomalá insistieron en proteger la educación bilingüe, la supervisión educativa, la estabilidad laboral, los incentivos para zonas amazónicas, fronterizas y de difícil acceso, y una jubilación digna; María Alejandra Vicuña propuso medidas para regularizar bienes de instituciones fiscales, reforzar la protección frente a violencia sexual y garantizar educación integral en sexualidad; Gido Vargas planteó ajustes a la escala salarial, homologación y reconocimiento de supervisores y técnicos docentes; Jorge Escala cuestionó el proyecto por considerar insuficientes las garantías salariales y laborales; Armando Aguilar defendió el bachillerato unificado, la educación municipal, militar y policial, así como la estabilidad de su personal; Paco Moncayo formuló observaciones sobre técnica legislativa, descentralización, ambiente, género y protección de docentes de instituciones particulares y fiscomisionales; y Gastón Gagliardo respaldó el nuevo modelo de gestión, la evaluación integral, los circuitos educativos y los distintos tipos de bachillerato. El debate quedó suspendido sin votación final, para continuar en una sesión posterior.

ACTA_066-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento una propuesta de Alfredo Ortiz orientada a garantizar el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y la atención de las personas migrantes en Galápagos, incluyendo la solicitud de una oficina de la Defensoría del Pueblo en la provincia; sin embargo, el texto no llegó a resolverse durante la jornada. También se aprobó la resolución presentada por María Soledad Vela para declarar al cantón Pedernales, provincia de Manabí, como “Génesis del nombre del Ecuador”, en reconocimiento a Punta Palmar como punto de partida de la Misión Geodésica Francesa; intervinieron María Soledad Vela, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri y Lídice Larrea en respaldo de la iniciativa, mientras Vicente Taiano, Pedro de la Cruz, Marco Murillo y Tito Nilton Mendoza solicitaron reemplazar la denominación inicial de “Cuna de la Identidad Ecuatoriana” por una expresión que no desconozca la diversidad cultural y plurinacional del país. En el segundo debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se aprobó eliminar la referencia a comisiones ciudadanas de selección y establecer que el Consejo designe al Procurador General del Estado y a los superintendentes de las ternas remitidas por el Ejecutivo, luego de los procesos de veeduría e impugnación ciudadana, con alternabilidad de género e interculturalidad; Raúl Abad, Betty Amores, Hugo Quevedo y Juan Carlos Cassinelli defendieron la reforma por ajustarla al texto constitucional, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Luis Morales y César Montúfar cuestionaron que se debilite la participación ciudadana y que el trámite no haya sido conocido por la comisión especializada correspondiente. Asimismo, se aprobó por unanimidad una resolución de solidaridad con las víctimas y familiares de la tragedia minera en el yacimiento Casa Negra de Portovelo, que exhortó a intensificar las labores de búsqueda, verificar las condiciones de seguridad de las minas, investigar los riesgos laborales y brindar apoyo social a las familias afectadas; intervinieron Fernando Bustamante, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Jorge Escala y María Paula Romo. Finalmente, se debatió la denuncia del Convenio de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y China; Fernando Bustamante y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la denuncia por las cláusulas de arbitraje internacional contrarias a la soberanía y al marco constitucional, mientras intervinieron Alfredo Ortiz, Paco Moncayo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Jorge Escala, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Zobeida Gudiño sobre sus efectos jurídicos, económicos y de inversión. Aunque inicialmente se registró la aprobación del informe, en la rectificación se consignó que no fue aprobado, quedando solicitada su reconsideración para una sesión posterior

ACTA_077-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, centrado en la necesidad de ajustar la norma a la Constitución y al COOTAD, precisar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, regular la Agencia Nacional de Tránsito, revisar el rol de la Comisión de Tránsito del Guayas, controlar el transporte informal, mejorar el sistema de puntos y licencias, reformar el SOAT y FONSAT, fortalecer la seguridad vial, la educación vial, la capacitación de conductores, la afiliación a la seguridad social, la protección de usuarios, peatones, niños, estudiantes, personas con discapacidad, comunidades rurales y migrantes retornados. Intervinieron Richard Guillén, Mauro Andino, Rafael Dávila, Luis Morales, José Picoita, Consuelo Flores, Francisco Hagó, Elvis Maldonado, María Soledad Vela, Marco Murillo, Linda Machuca, Gioconda Saltos, Gabriel Rivera, Luis Almeida, César Gracia, Vicente Taiano, María Paula Romo, Nívea Vélez, Armando Aguilar, Kléver García, Hólger Chávez, Lourdes Tibán y Fernando Cordero, quienes plantearon observaciones sobre constitucionalidad, proporcionalidad de sanciones, juzgamiento en ausencia, transporte rural, informalidad, monopolios, seguridad infantil, jornadas de conducción, frecuencias, escuelas de conducción, competencias municipales y necesidad de que el texto vuelva a ser revisado por la Comisión antes de su votación. Cerrado este debate, se trató el proyecto de resolución sobre el asesinato de Jaime Hurtado González, Pablo Tapia y Wellington Borja; Línder Altafuya defendió la necesidad de condenar el fallo que declaró la prescripción de la acción penal a favor de Henry Wilberth Gil Ayerve, mientras María Paula Romo propuso ajustes para evitar una indebida interferencia en la Función Judicial, y Abdalá Bucaram y Betty Carrillo intervinieron resaltando la gravedad del caso, la impunidad y la trascendencia histórica de Jaime Hurtado. Finalmente, se aprobó por unanimidad la resolución que condenó el fallo de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y pidió a la Corte Nacional de Justicia y a la Fiscalía General del Estado adoptar las acciones legales correspondientes para sancionar a todos los responsables del crimen.

ACTA_079-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, orientadas a fortalecer la investigación y sanción de delitos graves, ampliar la acumulación de penas, combatir el sicariato, la usura, la utilización de menores por organizaciones delictivas, el tráfico ilícito de combustibles, la minería ilegal y otras formas de criminalidad organizada, así como mejorar las medidas cautelares, la actuación fiscal y la rehabilitación social. César Rodríguez, Marisol Peñafiel, Fernando Bustamante, Carlos Velasco, Gabriel Rivera, Mariángel Muñoz, María Alejandra Vicuña, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán y Paola Pabón cuestionaron que el endurecimiento de penas, por sí solo, resuelva la inseguridad, y defendieron una política integral basada en prevención, inversión social, eficacia judicial, rehabilitación, protección de derechos y un régimen especializado para adolescentes infractores. En contraste, Luis Morales, Paco Fierro, Edwin Vaca, Richard Guillén, Juan Carlos López, Fernando Aguirre y Andrés Páez plantearon penas más severas y acumulativas para delitos graves y reincidentes, mayor protección para las víctimas, control efectivo de jueces y fiscales, mejoras en la investigación policial, centros de rehabilitación funcionales y medidas frente a la impunidad. Marco Murillo y César Montúfar propusieron una mesa nacional o multipartidista que articule a las funciones del Estado y a los gobiernos autónomos para construir una política integral de seguridad, mientras Rolando Panchana solicitó incluir disposiciones sobre vehículos sumergibles, usura y fraudes electrónicos; Guillermina Cruz pidió fortalecer los derechos de las víctimas, la reestructuración policial y la rehabilitación de adolescentes. El debate quedó cerrado para recibir observaciones escritas antes de continuar el trámite, sin que se produjera votación sobre la reforma. Además, se leyó un proyecto de resolución para exhortar a la Función Judicial a agilitar y concluir los procesos por daños ambientales en la Amazonía, especialmente los relacionados con Sucumbíos, pero no llegó a votarse y fue diferido para una siguiente sesión.

ACTA_076-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se debatieron los informes sobre la Proforma Presupuestaria 2011 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011-2014. Francisco Velasco defendió que el déficit previsto corresponde principalmente al financiamiento de inversión pública y destacó las prioridades en desarrollo social, sectores estratégicos, vialidad, proyectos hidroeléctricos, educación, salud y transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados; esta posición fue respaldada, con distintos matices, por Xavier Tomalá, César Rodríguez, Paola Pabón, Virgilio Hernández y Mauro Andino, quienes resaltaron la orientación social, productiva y energética del presupuesto. En contraste, Paco Moncayo, Patricio Quevedo, Ramiro Terán, Betty Amores, Edwin Vaca, Lourdes Tibán, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, Enrique Herrería, Luis Morales, Juan Carlos López, Richard Guillén, Línder Altafuya, César Montúfar, Rafael Dávila, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Jimmy Pinoargote y Nívea Vélez cuestionaron el nivel de déficit y endeudamiento, la falta de claridad sobre las fuentes de financiamiento, el crecimiento del gasto corriente, la suficiencia de recursos para educación, salud, universidades, justicia, seguridad social, pueblos indígenas, producción agrícola, atención de emergencias y proyectos provinciales. Dávila solicitó provisionar las deudas pendientes con los gobiernos autónomos descentralizados; Bolívar Subía pidió restituir recursos para el proyecto de apoyo a agronegocios rurales del pueblo montubio; Fernando Cordero propuso observaciones relacionadas con la liquidación de transferencias a los GAD, el monto de endeudamiento y reasignaciones para la Asamblea, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y sectores sociales; y César Gracia requirió reconsiderar los recursos para la Función Judicial. El debate quedó suspendido para sistematizar las observaciones y buscar acuerdos antes de la votación, por lo que no se adoptó una decisión final sobre la Proforma ni sobre la programación cuatrianual.

ACTA_104-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó una resolución que censuró los intentos de judicializar las decisiones soberanas de la Asamblea Constituyente, especialmente las amnistías concedidas a personas procesadas por acciones relacionadas con la protesta social, y se advirtió a la Fiscalía, la Corte Nacional y demás funcionarios que debían respetar su carácter obligatorio; durante el debate se confrontaron criterios sobre la supremacía del poder constituyente, la independencia de las funciones del Estado, la posibilidad de investigar delitos comunes y el riesgo de que la resolución favoreciera la impunidad. También se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración al Mérito Cultural a la Fundación Cultural Edgar Palacios y al pabellón de SINAMUNE, en reconocimiento a su trabajo artístico, educativo y terapéutico con niños, jóvenes y personas con discapacidad; Edgar Palacios agradeció la distinción. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, destinada a reconocer, regular, fomentar y controlar a cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, cajas de ahorro, bancos comunales, unidades económicas populares y otros emprendimientos solidarios; se analizaron la autonomía de estas organizaciones, la participación de pueblos y nacionalidades, el acceso al crédito, las tasas de interés, los incentivos, la contratación pública, el reconocimiento de la economía del cuidado, la igualdad de las mujeres y la creación de una superintendencia, un instituto especializado y una corporación de finanzas populares. La rectificación mantuvo la aprobación del proyecto y su reconsideración fue negada. Finalmente, se aprobó una resolución de reconocimiento a los maestros, mediante la cual se destacó su contribución a la educación, se expresó el compromiso de impulsar su estabilidad laboral, formación continua y remuneración justa, y se exhortó a difundir la obra de Juan Montalvo. Intervinieron Ramiro Terán, Fernando Bustamante, Fernando González, Marco Murillo, Paco Fierro, Cynthia Viteri, César Rodríguez, Tito Mendoza, César Montúfar, Fernando Cordero, Edgar Palacios, Francisco Velasco, Rodrigo Aucay, Faustino Baltazar, Patricio Quevedo, Paola Pabón, Rafael Dávila, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Línder Altafuya, Alfredo Bautista, Gido Vargas, Gerónimo Yantalema, Armando Aguilar, Eduardo Encalada, Nívea Vélez, Edwin Vaca, Virgilio Hernández, Luis Morales, Viviana Bonilla, María Calle, Washington Cruz, Juan López, Lourdes Tibán, Betty Carrillo y Fausto Cobo.

ACTA_125-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión 125 del Pleno, realizada el 20 de septiembre de 2011, se desarrolló inicialmente un acto conmemorativo por los 180 años de la primera sesión del Congreso Nacional del Ecuador, durante el cual ingresó al salón la primera Constitución ecuatoriana, se interpretó el Himno Nacional en idioma shuar y se entregó oficialmente la Constitución de la República traducida al shuar chicham, trabajo destinado a facilitar a esta nacionalidad el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones; intervinieron el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el lingüista Pedro Andicha Chayuqui y la asambleísta Diana Atamaint, quienes destacaron la importancia de la memoria histórica, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la conservación de las lenguas ancestrales y la inclusión de los pueblos indígenas. Posteriormente, se inició un extenso y polarizado debate sobre el proyecto de resolución relacionado con los hechos del 30 de septiembre de 2010: María Augusta Calle y otros legisladores sostuvieron que existió un intento de golpe de Estado, el secuestro del Presidente de la República y una acción coordinada destinada a quebrantar el orden constitucional, por lo que solicitaron investigar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales y evitar la impunidad; en contraste, varios asambleístas de oposición negaron que hubiera existido golpe de Estado o magnicidio, atribuyeron los acontecimientos a una protesta policial originada por la Ley de Servicio Público, cuestionaron la actuación del Ejecutivo y de las fuerzas que participaron en el operativo de rescate, denunciaron una posible utilización política de la justicia y propusieron conformar una investigación independiente, desclasificar los documentos reservados o acudir a organismos internacionales para determinar responsabilidades. El debate fue suspendido al mediodía y reinstalado con setenta y cinco legisladores, pero, luego de nuevas intervenciones, la sesión volvió a suspenderse a las 16h20 sin que el proyecto de resolución fuera sometido a votación y sin que se trataran los segundos debates de los proyectos de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Intervinieron María Augusta Calle, Lenín Chica, Ramiro Terán, Cléver Jiménez, Irina Cabezas, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Pedro de la Cruz, Cynthia Viteri, Fernando Flores, Viviana Bonilla, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Enrique Herrería, Paola Pabón, Fausto Cobo, Gastón Gagliardo, Virgilio Hernández, Jorge Escala, Mao Moreno, Xavier Tomalá, Marco Murillo y Fernando Aguirre.

ACTA_149-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la incorporación de una propuesta para pronunciarse sobre el hallazgo de cocaína en una valija diplomática, que planteaba acelerar las investigaciones, determinar responsabilidades, revisar la normativa aplicable, conformar una comisión multipartidista y solicitar la salida del ministro de Relaciones Exteriores; posteriormente, se rindió homenaje a los estudiantes Gerardo Francisco Pérez, Juan José Morales, Henry Xavier Paca, José Vicente Anilema y Manuel Ramiro Moreta, así como a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su rector Romeo Rodríguez y el decano Iván Menes, por el desarrollo de Skillbox, un programa informático reconocido internacionalmente que traduce el lenguaje oral a lengua de señas y permite transformar textos en audio, facilitando la comunicación, educación e inclusión de personas con discapacidad auditiva y del habla. A continuación, se debatió la emergencia ocasionada por la fuerte estación invernal, las inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, pérdidas de viviendas, cultivos, carreteras y medios de subsistencia, así como la aparición de enfermedades y las dificultades para abastecer y atender a las comunidades aisladas; aunque la propuesta inicial se refería al Guayas, se incorporaron Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y se solicitó al Ejecutivo declarar el estado de excepción, coordinar la intervención de las instituciones públicas, brindar auxilio a las poblaciones afectadas, entregar recursos para reconstruir viviendas y bienes y establecer un espacio de diálogo con una comisión legislativa. La resolución fue aprobada, ratificada en la rectificación y su reconsideración fue negada. También se desarrolló el primer debate del proyecto de protección para las personas con epilepsia, orientado a garantizar sus derechos, evitar la discriminación educativa y laboral, establecer programas integrales de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, asegurar medicamentos oportunos, permanentes y gratuitos, promover campañas informativas, investigación, docencia y estadísticas, y mejorar la coordinación entre la atención primaria, los especialistas, las familias y las instituciones públicas. Durante la discusión se reconocieron el impacto médico, psicológico, familiar, social y económico de la enfermedad y la necesidad de combatir los prejuicios; sin embargo, varios legisladores consideraron que el proyecto repetía derechos ya garantizados, carecía de suficiente precisión científica y jurídica, podía generar restricciones inconvenientes mediante peritajes y debía integrarse en un código general de salud, mientras otros defendieron la urgencia de contar con una regulación específica y propusieron precisar que el acceso al trabajo no comprendiera actividades que pudieran representar riesgos para la persona o terceros. La moción para archivar el proyecto y recomendar la elaboración del Código de la Salud fue negada, por lo que la iniciativa continuó su trámite. Posteriormente, se inició el primer debate de la reforma destinada a proteger a las personas adultas mayores, proponiéndose sustituir denominaciones consideradas despectivas, reconocer como beneficiarias a las personas desde los sesenta y cinco años, facilitar el ejercicio inmediato de sus derechos mediante la presentación del documento de identidad, garantizar atención médica especializada y gratuita, acceso a medicinas, trabajo acorde con sus capacidades, jubilación universal, descuentos en servicios públicos, exenciones tributarias y notariales y acceso a vivienda digna. También se plantearon servicios gratuitos y prioritarios, la entrega de ayudas económicas a quienes carecieran de jubilación, la posibilidad de exigir a los hijos una pensión vitalicia para sus padres mediante acción judicial incluso promovida por terceros, el cambio de denominación del fondo nacional correspondiente, sanciones civiles y penales por vulnerar sus derechos y la creación y fortalecimiento de hogares de protección bajo responsabilidad estatal y municipal, con atención médica, terapia ocupacional, cultura y actividad física; este debate quedó suspendido para continuar posteriormente. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó la agresión de la Policía boliviana contra personas con discapacidad que reclamaban una ayuda económica, reconoció el diálogo como mecanismo de solución, exhortó al Gobierno de Bolivia a aceptar la mediación ofrecida por Lenín Moreno, sugirió respetar los instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias; la decisión fue ratificada con cincuenta y nueve votos afirmativos, uno negativo y cuatro abstenciones. Intervinieron Jorge Escala, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Gioconda Saltos, Romeo Rodríguez, Pamela Falconí, Luis Almeida, Vicente Taiano, Xavier Tomalá, Jorge Fadul, Ramón Cedeño, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Vélez, Susana González, Carlos Velasco, Nívea Vélez, Pedro de la Cruz, Rocío Valarezo, Mao Moreno, Richard Guillén, Damacio Santos, Francisco Ulloa, Betty Carrillo, Luis Morales, Fernando González, Gina Godoy, Bolívar Subía, María Molina, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Paco Fierro y Rosa Ponce.

ACTA_136-C-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, en el que existió coincidencia sobre la necesidad de expedir una normativa que cumpliera el mandato constitucional y ciudadano, pero se mantuvieron posiciones contrapuestas respecto de la libertad de expresión y de información, la veracidad y contextualización de las noticias, la responsabilidad ulterior, los derechos de rectificación y réplica, la posible censura y el riesgo de que la regulación fuera utilizada para controlar o perseguir a medios y periodistas. También se discutieron la integración e independencia del Consejo de Regulación; la concentración de la propiedad de los medios; la distribución, reversión y adjudicación de frecuencias entre los sectores público, privado y comunitario; el funcionamiento, financiamiento y destino de los medios públicos e incautados; la distribución de la publicidad estatal; la autonomía editorial; los derechos laborales, la profesionalización, la reserva de la fuente y la cláusula de conciencia de los comunicadores; la participación de pueblos, nacionalidades y sectores sociales; la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos; y la conveniencia de armonizar esta normativa con las leyes de Telecomunicaciones y Penal, así como aprobarla por artículos o capítulos para facilitar acuerdos. En comisión general, Jorge Luis Serrano, representante del Consejo Nacional de Cinematografía, destacó la necesidad de establecer cuotas de pantalla, fomentar la producción audiovisual ecuatoriana y evitar que los contenidos extranjeros de bajo costo desplazaran al cine y a la televisión nacional. El debate fue suspendido sin votación para continuar recibiendo e incorporando observaciones, por lo que quedó pendiente el tratamiento de la propuesta relacionada con el reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos. Intervinieron Paco Moncayo, Juan Carlos López, Juan Carlos Cassinelli, Luis Morales, Pedro de la Cruz, César Rodríguez, Cléver Jiménez, Rolando Panchana, Paola Pabón, Silvia Salgado, Scheznarda Fernández, Eduardo Zambrano, Nívea Vélez, Mercedes Diminich, Jorge Escala, César Gracia, Mauro Andino, Rocío Valarezo, Fernando Aguirre, Jorge Luis Serrano, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Enrique Herrería, María Alejandra Vicuña, Andrés Páez, Emilia Jaramillo, Fernando González, Armando Aguilar, Tomás Zevallos, Manuel Portugal, Viviana Bonilla, Kléver García, Jaime Abril, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Marco Murillo, Gilberto Cisneros y Bolívar Subía.

ACTA_162-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó incorporar al orden del día una propuesta para solicitar un plan de contingencia especial que permitiera continuar sus estudios a los universitarios de la Región Amazónica afectados por el cierre de instituciones educativas, considerando la falta de universidades presenciales y las dificultades económicas y territoriales para trasladarse a otras provincias. Posteriormente, se debatió y aprobó el archivo del proyecto que pretendía regular las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en caso de destitución de la máxima autoridad del Ejecutivo o disolución de la Asamblea, al reconocerse la existencia de vacíos sobre el padrón electoral, las organizaciones políticas participantes y los efectos de estas elecciones, pero señalarse que la propuesta fue tramitada tardíamente y que ya no era posible reformar la normativa electoral dentro del año previo a los comicios. Asimismo, se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a garantizar los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, con una exposición sobre su aporte histórico, cultural, económico, social, político y deportivo al país, así como sobre la esclavitud, el racismo estructural, la discriminación, los estereotipos y las profundas desigualdades que todavía enfrenta en educación, empleo, ingresos, vivienda, salud, servicios básicos, acceso a la tierra, seguridad social y participación pública. Se analizaron la necesidad de acciones afirmativas, reparación histórica, consulta previa, reconocimiento de sus organizaciones, protección de su identidad y territorios, acceso equitativo al empleo público y a cargos de dirección, coordinación entre sistemas de justicia y creación de mecanismos concretos y recursos que permitieran hacer efectivos los derechos reconocidos; también se discutió si debía expedirse una ley exclusiva para el pueblo afroecuatoriano o una normativa conjunta para indígenas, afroecuatorianos y montubios, evitando duplicidades y disposiciones meramente declarativas. José Chalá expuso ante el Pleno casos de discriminación y violencia institucional sufridos por personas afroecuatorianas y solicitó que la propuesta continuara su trámite; finalmente, la sesión fue suspendida sin concluir el debate. Intervinieron Guido Vargas, Mariángel Muñoz, César Gracia, Jimmy Pinoargote, José Chalá, Lourdes Tibán, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, Línder Altafuya, Lenin Chica, Betty Carrillo, Armando Aguilar, Marco Murillo, Zobeida Gudiño y Gerónimo Yantalema.

ACTA_170-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el segundo debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para resolver los conflictos de límites territoriales internos, resaltándose que la indefinición histórica entre provincias, cantones, parroquias y comunidades ha provocado confrontaciones, inseguridad jurídica, falta de planificación y desatención de servicios básicos en numerosas poblaciones. Se valoró que la propuesta sustituyera el proyecto inicial, que pretendía fijar directamente los límites, por mecanismos de negociación, mediación territorial, arbitraje, resolución institucional y consulta popular, con participación de los gobiernos autónomos descentralizados y de las comunidades involucradas; sin embargo, se formularon observaciones sobre la necesidad de establecer plazos claros, diferenciar correctamente la mediación del arbitraje, determinar el carácter vinculante de los informes técnicos y jurídicos, incorporar criterios históricos, culturales, ancestrales, sociales, ambientales y cartográficos, reconocer las competencias de las juntas parroquiales y autoridades comunitarias, y garantizar la participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. También se cuestionaron las actuaciones de la institución encargada anteriormente de los límites, por haber generado o agravado controversias, así como la composición y dependencia del nuevo Comité Nacional de Límites, el grado de intervención del Ejecutivo y la posible afectación de las competencias legislativas; además, se expusieron conflictos específicos de Esmeraldas, Imbabura, Chimborazo, Cañar, Tungurahua, Bolívar, Los Ríos, Guayas, Manabí, Azuay, Napo, Pichincha y Cotopaxi, y se propuso revisar las parroquias creadas sin cumplir los requisitos legales. Ante la cantidad de observaciones presentadas, se planteó que el texto regresara a la comisión para ser depurado y la sesión fue suspendida sin someterlo a votación. Intervinieron Gabriel Rivera, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Mauro Andino, Marco Murillo, Kléver García, Línder Altafuya, Mercedes Diminich, Paco Fierro, Eduardo Encalada, César Gracia, Luis Morales, Guillermina Cruz, Ramiro Terán, Betty Carrillo, Gioconda Saltos, Rosa Cerda, Hólger Chávez, Ángel Vilema, Damasio Santos y Mary Verduga.

ACTA_189-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordaron el segundo debate del proyecto de Ley de Estadística y una propuesta para investigar las operaciones realizadas por el Banco COFIEC. Al inicio, Marco Murillo solicitó incorporar una investigación sobre el crédito de ochocientos mil dólares concedido en pocos días al ciudadano argentino Gastón Duzac, incluyendo la comparecencia de directivos de COFIEC y la conformación de una comisión multipartidista; su propuesta fue negada con cincuenta votos afirmativos y volvió a ser rechazada en la rectificación. Posteriormente, Paola Pabón propuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político investigara los hechos, modificación del orden del día que fue aprobada con noventa y cuatro votos afirmativos. En el debate de la Ley de Estadística se planteó actualizar la normativa vigente desde 1976 y organizar un sistema público, integrado y coordinado que proporcionara información confiable para la planificación y las políticas públicas; el proyecto regulaba las funciones del Consejo Nacional de Estadística, el INEC y el Banco Central, el Plan Nacional de Estadística, la generación de datos sobre ecuatorianos residentes en el exterior, el acceso libre y gratuito a la información oficial, la obligación de entregar datos veraces y oportunos y la protección de la intimidad mediante el secreto estadístico. También se discutieron la necesidad de incluir adecuadamente a pueblos, nacionalidades, migrantes, mujeres, personas con discapacidad y territorios rurales; la calidad, objetividad e independencia de las estadísticas; la coordinación con los gobiernos autónomos y los registros administrativos de educación y salud; la diferencia entre estadísticas oficiales y encuestas privadas; la duración y financiamiento del Plan Nacional; el riesgo de centralizar o manipular la información; y el uso de los datos para distribuir recursos, evaluar desigualdades y adoptar decisiones públicas. Debido a las numerosas observaciones, Virgilio Hernández solicitó procesarlas en la Comisión y presentar un texto definitivo, por lo que la votación de la ley quedó pendiente para otra sesión. En el tratamiento del caso COFIEC se analizaron la legalidad y las garantías del crédito concedido a Duzac, el posible uso de bienes pertenecientes a empresas incautadas como respaldo, la naturaleza pública o privada del banco, la negativa de autoridades y directivos a entregar información, el sigilo bancario, la responsabilidad de Pedro Delgado, Germánico Maya y otros funcionarios, la separación de la presidenta ejecutiva de la entidad, la competencia constitucional de la Asamblea para fiscalizar y la necesidad de diferenciar la investigación política de los procesos administrativos, civiles y penales; mientras varios legisladores denunciaron posibles irregularidades, vínculos políticos y falta de transparencia, otros pidieron evitar acusaciones basadas únicamente en publicaciones periodísticas, respetar el debido proceso y concentrar la investigación en preguntas y documentos verificables. Finalmente, Paola Pabón retiró la moción al considerar que el debate se había alejado de una investigación rigurosa y se había convertido en una confrontación política; en consecuencia, no hubo votación sobre la resolución y la sesión fue clausurada. Intervinieron Marco Murillo, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, Linda Machuca, Edwin Vaca, Luis Morales, Francisco Velasco, Damasio Santos, Rosa Cerda, Xavier Tomalá, Fausto Cobo, Francisco Cevallos, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Fernando Flores, Betty Amores, Silvia Salgado, Enrique Herrería, Nívea Vélez, Alfredo Ortiz, César Montúfar, César Rodríguez, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Lenin Chica, Paco Fierro y Betty Carrillo.

ACTA_184-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conformó una comisión multipartidista para analizar el informe presentado por el Ejecutivo, luego de debatirse la falta de revisión de los informes de años anteriores, la necesidad de garantizar la representación de las distintas fuerzas políticas y la conveniencia de evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; la comisión quedó integrada por Xavier Tomalá, Blanca Ortiz, Mary Verduga, Hólger Chávez, Stalin Subía, Francisco Ulloa, Francisco Cisneros, Fernando Flores, Marco Murillo, Magali Orellana y Galo Vaca, y su conformación fue aprobada con ochenta votos afirmativos. Posteriormente se desarrolló el segundo debate del proyecto destinado a derogar la Ley de Burós de Información Crediticia y reformar varias normas relacionadas con los registros públicos y el sistema financiero; la propuesta buscaba sustituir el manejo privado de la información por un registro público que consolidara los datos remitidos por las entidades de control, garantizar al ciudadano acceso gratuito a su historial, exigir su autorización para la consulta individual, establecer mecanismos para corregir información equivocada y sancionar el uso inadecuado de datos personales, además de limitar el tiempo de permanencia de los antecedentes crediticios, proteger a los garantes y atender las obligaciones menores de los deudores de la banca cerrada. Durante el debate se respaldó la eliminación de abusos, cobros indebidos, discriminación y vulneraciones a la intimidad causadas por los burós privados, pero también se advirtió que la desaparición inmediata de estas entidades podía producir información incompleta, elevar la morosidad y afectar la concesión de créditos, por lo que se propuso que el sistema público y el privado funcionaran paralelamente durante un período de transición; además, se plantearon beneficios para agricultores con préstamos pequeños y mejoras en el flujo y actualización de los datos. La votación de este proyecto quedó aplazada a solicitud del ponente para recoger las observaciones y mejorar el texto. También se efectuó el segundo debate del proyecto que derogaba la ley de creación de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, mediante el cual se trasladaban sus competencias a AGROCALIDAD, se disponía su incorporación inmediata en la estructura administrativa de esa entidad y se establecía un período de ciento ochenta días para liquidar al personal, obligaciones y compromisos pendientes; se reconocieron los avances alcanzados por la CONEFA en la cobertura de vacunación, pero se sostuvo que la sanidad animal y la soberanía alimentaria debían estar bajo la rectoría de una institución pública, evitando interrupciones en la vacunación, movilización y atención a los productores ganaderos. El proyecto fue aprobado con setenta y cinco votos afirmativos y su reconsideración y posterior rectificación fueron negadas. Intervinieron Ángel Vilema, Eduardo Encalada, Fernando Flores, Vicente Taiano, Luis Morales, Edwin Vaca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, María Elena Pontón, Stalin Subía, Fernando Vélez, Gerónimo Yantalema, Zobeida Gudiño, Luis Almeida, Irina Cabezas, Kléver García y Rolando Panchana.

ACTA_187-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el proyecto de resolución relacionado con la titulación o legalización de predios municipales no inscritos, ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana, y se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social. Al inicio, Rolando Panchana solicitó que la resolución sobre los predios fuera enviada a la Comisión de Gobiernos Autónomos para recopilar información y presentar un criterio al Pleno, mientras Paco Moncayo expuso las medidas aplicadas durante su gestión municipal en Quito para agilizar la regularización de asentamientos, combatir el tráfico de tierras y dotar de servicios básicos a los barrios, señalando que se legalizaron doscientos trece barrios y quedaron ciento cincuenta en proceso. Posteriormente, Mauro Andino presentó el proyecto de Ley de la Función de Transparencia y Control Social, orientado a regular la estructura, funcionamiento e instancia de coordinación del Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las superintendencias, desarrollar sus atribuciones y obligaciones, facilitar el intercambio de información y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la protección de derechos y la prevención y combate de la corrupción. Durante el debate se respaldó la necesidad de contar con una instancia que coordinara, diera seguimiento y verificara el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los organismos de control, aunque se propuso precisar que la nueva estructura correspondía únicamente a la instancia de coordinación, asignarle un equipo y presupuesto mínimos y evitar que interfiriera en las competencias de cada institución; en contraste, se sostuvo que el proyecto repetía disposiciones constitucionales, duplicaba atribuciones ya ejercidas por otros organismos, podía aumentar innecesariamente la burocracia y el gasto público, generar conflictos entre normas y concentrar el control en instituciones vinculadas al Ejecutivo, además de cuestionarse la legitimidad de la Función, la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, los procedimientos de designación de autoridades, el uso de contratos ocasionales sin concursos y las limitaciones existentes para la fiscalización y la participación ciudadana. Andrés Roche aprovechó su intervención para presentar formalmente su renuncia como asambleísta, debido a que pasaría a colaborar con el Municipio de Guayaquil en la transferencia de la competencia de tránsito. La moción de Luis Morales para archivar el proyecto fue negada con treinta y tres votos afirmativos, cuarenta negativos y catorce abstenciones, y su rectificación también fue rechazada con treinta y cinco votos afirmativos, treinta y ocho negativos y trece abstenciones, por lo que el proyecto continuó su trámite legislativo. Finalmente, la moción de Rolando Panchana para remitir el asunto de los predios a la Comisión de Gobiernos Autónomos no alcanzó la mayoría requerida, pese a obtener cincuenta y seis votos afirmativos; después se votó la resolución presentada por Marco Murillo para instar a los municipios a dictar normas que permitieran legalizar predios urbanos, de expansión urbana, costeros y de riberas ocupados por personas y familias, pero fue negada con diecisiete votos afirmativos, cinco negativos, un blanco y sesenta y nueve abstenciones, tras lo cual la sesión fue suspendida. Intervinieron Rolando Panchana, Paco Moncayo, Mauro Andino, Andrés Roche, María Paula Romo, César Montúfar, Andrés Páez, Nívea Vélez, Luis Almeida, César Rodríguez, Luis Morales, Galo Vaca, Gina Godoy y Francisco Velasco.

ACTA_179-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, orientado a fortalecer el cobro de las obligaciones patronales y tributarias mediante acciones coactivas contra los responsables establecidos por la ley, adoptar medidas motivadas sobre bienes registrados a nombre de terceros cuando existieran indicios de ocultamiento, sancionar el abuso de la personalidad jurídica y evitar que las tercerías paralizaran injustificadamente las ejecuciones; además, se dispuso que el Servicio de Rentas Internas informara a las autoridades laborales sobre la determinación de utilidades, se reconocieron a los trabajadores domésticos jornadas de cuarenta horas y descansos equivalentes a los demás trabajadores, se amplió a doce meses la jornada reducida por lactancia, se garantizó el acceso concurrente a lactancia y guardería, y se estableció que el Estado pagara excepcionalmente las indemnizaciones de los extrabajadores de casinos después de iniciar el embargo y remate de los bienes, subrogándose posteriormente en sus derechos para recuperar los valores y ejercer la repetición contra los funcionarios responsables. También se permitió temporalmente que los empleadores regularizaran afiliaciones omitidas ante el IESS y se garantizó que los afiliados recibieran sus prestaciones aunque existiera mora patronal. En comisión general, Manuel Placencia denunció despidos, falta de afiliación, extensas jornadas, impago de beneficios y condiciones precarias en una hacienda bananera, mientras Esperanza Andrango solicitó hacer efectivos los títulos de crédito emitidos contra el Ministerio de Educación por los años trabajados sin afiliación ni beneficios por los educadores comunitarios. Durante el debate se respaldó la protección de trabajadores, madres lactantes y empleados domésticos, pero también se cuestionaron la constitucionalidad del proyecto, su calificación como urgente en materia económica, la inclusión de varias materias en una sola ley, la seguridad jurídica, el debido proceso, la posible afectación de terceros y el riesgo de otorgar facultades excesivas a los funcionarios encargados de las coactivas. Intervinieron Manuel Placencia, Esperanza Andrango, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Ramiro Terán, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, Patricio Quevedo, Marco Murillo, Enrique Herrería, Andrés Páez, Luis Morales, Richard Guillén, Salomón Fadúl, Christian Viteri, Línder Altafuya, Fernando González, Jorge Escala, Hólger Chávez, Rafael Dávila, Guillermina Cruz, Zobeida Gudiño, César Gracia y César Rodríguez; finalmente, el proyecto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos y la reconsideración de esa decisión fue negada.

ACTA_174-E-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose principalmente el procedimiento penal, la ejecución de las penas y el sistema de rehabilitación social, así como la necesidad de equilibrar la protección de las víctimas, la seguridad ciudadana, la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos de las personas privadas de libertad. En comisión general, Rosa Elisa Balarezo, en representación de las organizaciones de mujeres de Loja, expuso la violencia de género, los embarazos forzados derivados de violaciones —incluidos los sufridos por niñas—, la impunidad de los delitos sexuales, la necesidad de tipificar el femicidio, respetar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, evitar su revictimización y considerar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Durante el debate legislativo se analizaron la despenalización del aborto en casos de violación y las posiciones favorables y contrarias a esta medida; la política sobre consumo y tráfico de drogas; la posible criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y los delitos cometidos mediante medios de comunicación; la regulación de la rebelión, el terrorismo y la delincuencia organizada; el régimen penal militar y policial; la jurisdicción indígena y su coordinación con la justicia ordinaria; la protección de víctimas y testigos; la prescripción de las acciones penales; las pruebas en infracciones de tránsito; el juzgamiento de la violencia intrafamiliar mediante procedimientos especiales y expeditos; y el uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, informantes y dispositivos electrónicos como alternativas a la prisión preventiva. También se discutieron la proporcionalidad y el incremento de las penas, la sexualidad adolescente y la redacción del delito de violación, la diferencia entre personas acusadas y sentenciadas, los límites de la prisión preventiva, el hacinamiento carcelario, la responsabilidad estatal por la seguridad de quienes permanecen bajo su custodia, la organización institucional del sistema penitenciario y la necesidad de que la rehabilitación no se sustente en prejuicios sociales sobre quiénes cometen delitos. Intervinieron Rosa Elisa Balarezo, Stalin Bolívar Subía, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Lídice Larrea, Mauro Andino, César Montúfar, Marco Murillo, Gina Godoy, Consuelo Flores, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Augusta Calle, María Paula Romo y Tito Nilton Mendoza. Finalmente, el debate fue suspendido y se dispuso su continuación al día siguiente.

ACTA_196-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó una comisión general para rendir homenaje al educador y escritor Gustavo Alfredo Jácome Jácome por el centenario de su nacimiento y por su trayectoria dedicada a la enseñanza, la literatura, la defensa de la identidad indígena y la difusión de la cultura ecuatoriana; debido a sus condiciones de salud, la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural y Educativo fue recibida por sus familiares, y uno de sus hijos agradeció el reconocimiento concedido a la vida y obra de su padre. Posteriormente continuó el debate sobre el laudo arbitral del CIADI favorable a la empresa Occidental, que obligaba al Ecuador a pagar aproximadamente mil setecientos sesenta y nueve millones de dólares, cifra que, con intereses, superaba los dos mil doscientos millones; existió coincidencia en rechazar el fallo, respaldar el pedido de nulidad y defender la soberanía y los recursos públicos, al sostenerse que la empresa había incumplido el contrato y la legislación ecuatoriana al transferir derechos sin autorización y que el tribunal había subestimado dichas infracciones. Durante las intervenciones también se discutieron las responsabilidades de gobiernos, legisladores, procuradores, ministros y abogados que aprobaron los tratados, aceptaron el arbitraje o participaron en la defensa del Estado; algunos legisladores condicionaron su respaldo a que se investigaran las actuaciones de los funcionarios y se aplicara el derecho de repetición, mientras otros consideraron que aquello podía debilitar la posición del país y defendieron una acción política y jurídica unificada frente a la empresa y los organismos internacionales. La resolución aprobada declaró política de Estado la defensa del Ecuador y el reclamo de nulidad, convocó a las funciones estatales y a la ciudadanía a permanecer unidas y movilizadas, rechazó el laudo, dispuso que la Asamblea realizara seguimiento al proceso, urgió el pronunciamiento necesario para denunciar el Tratado Bilateral de Inversiones, promovió la condena internacional —especialmente entre los países latinoamericanos y caribeños— y pidió a los actores públicos, privados y medios de comunicación actuar de manera consecuente con la dignidad y la soberanía nacional. El texto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos, dieciséis blancos y seis abstenciones; la reconsideración solicitada por Pedro de la Cruz y Luis Almeida fue negada, y su rectificación, pedida por Jaime Abril, también fue rechazada, con lo cual la resolución quedó ratificada. Finalmente se desarrolló el primer debate de los proyectos para garantizar la seguridad en los eventos deportivos y prevenir y controlar la violencia en los escenarios deportivos, iniciativas que buscaban erradicar las conductas violentas, promover una cultura de paz, regular la actuación de organizadores, clubes, autoridades, deportistas, árbitros y aficionados, y prohibir o restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. La Comisión recomendó archivar ambas propuestas porque consideró que la violencia no se limitaba a los estadios ni al consumo de alcohol, que ya existían leyes, reglamentos, ordenanzas y competencias municipales aplicables, que las infracciones debían concentrarse en la legislación penal y que la creación de una nueva entidad nacional duplicaría funciones y aumentaría el gasto público; en su lugar, propuso reformar la Ley del Deporte, fortalecer las competencias de los gobiernos locales, categorizar los escenarios según su tamaño y nivel de riesgo, establecer protocolos y certificados de seguridad, regular los eventos masivos y debatir la prohibición de bebidas alcohólicas y de su publicidad. En oposición al archivo se sostuvo que la Comisión debía corregir, enriquecer y unificar los proyectos, en lugar de desecharlos; se pidió considerar no solo el fútbol profesional, sino también el deporte aficionado, barrial y otras disciplinas, así como la conducta de dirigentes, árbitros, jugadores, medios de comunicación y barras organizadas. Otros legisladores apoyaron el archivo, pero coincidieron en la necesidad de prohibir el alcohol y su publicidad, reforzar el control municipal, organizar y autorregular las hinchadas, mejorar la seguridad de los recintos, diferenciar los estadios grandes de los escenarios pequeños e incorporar las reformas necesarias en las leyes ya existentes. La moción de archivo obtuvo inicialmente cincuenta y ocho votos afirmativos y, en la rectificación, sesenta votos afirmativos, pero en ambos casos no alcanzó la mayoría requerida, por lo que no fue aprobada y la sesión fue clausurada. Intervinieron Armando Aguilar, Galo Vaca, Betty Carrillo, Marco Murillo, María Soledad Vela, César Rodríguez, Zobeida Gudiño, Blanca Ortiz, Rafael Dávila, Xavier Tomalá, Virgilio Hernández, Cléver Jiménez, Rocío Valarezo, Ramiro Terán, Susana González, Luis Morales, Kléver García, Wladimir Vargas, Fernando Bustamante y Fernando Flores; Pedro de la Cruz, Luis Almeida y Jaime Abril participaron mediante solicitudes relacionadas con la reconsideración y rectificación de la votación.

ACTA_203-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Rafael Dávila propuso financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano reduciendo gastos estatales en publicidad, espectáculos y viáticos, pero el cambio del orden del día fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, cuarenta y uno negativos y trece abstenciones. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que eliminó beneficios tributarios de la banca, modificó el anticipo del impuesto a la renta, gravó los servicios financieros, aumentó el impuesto sobre fondos e inversiones en el exterior, facilitó al SRI el acceso reservado a información financiera y prohibió trasladar las nuevas cargas tributarias a los usuarios. Sus defensores señalaron que permitiría financiar políticas sociales mediante una mayor contribución del sector financiero, mientras sus críticos cuestionaron su finalidad electoral, constitucionalidad, efectos sobre el crédito y la liquidez, posible traslado de costos a los consumidores y falta de una asignación exclusiva de los recursos al bono. La ley fue aprobada y ratificada con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos y diez abstenciones; posteriormente se negó su reconsideración y la rectificación de esta última votación. Intervinieron Rafael Dávila, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Enrique Herrería, Eduardo Encalada, Luis Almeida, Vicente Taiano, Juan Carlos Cassinelli, Cléver Jiménez, Christian Viteri, César Rodríguez, Silvia Salgado, María Paula Romo, Paco Fierro, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Susana González, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Edwin Vaca, Fernando González, Mauro Andino, Galo Vaca, Juan Carlos López, Nívea Vélez, Luis Morales, César Montúfar, Guillermina Cruz, Gerónimo Yantalema y Francisco Cisneros.

ACTA_210-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó, con treinta y seis votos afirmativos, trece negativos y veinte abstenciones, la solicitud de Francisco Cisneros para exigir el cumplimiento de la norma que permitía la venta de gas licuado de petróleo a pequeños comerciantes inscritos en el RISE. Posteriormente se rindieron homenajes y se entregaron condecoraciones al embajador Luis Valencia Rodríguez, por su trayectoria diplomática, defensa de la soberanía, los derechos humanos y la tesis de las doscientas millas marítimas, y al pintor, escultor y poeta Ivo Uquillas Bermeo, por su contribución al arte, la cultura y la identidad ecuatoriana. El tema principal fue el primer debate del proyecto interpretativo de la Ley de Jubilación Especial para los Trabajadores de la Industria del Cemento, que buscaba aclarar que el aporte de dos centavos por cada kilo de cemento debía entenderse en sucres hasta enero de 2000 y, desde entonces, en dólares, para que las empresas entregaran al IESS los valores retenidos y se financiaran las pensiones especiales de quienes laboraron expuestos a enfermedades y riesgos profesionales. En comisión general, Oswaldo Maldonado, José Herrera, Jaime Mendoza, Iván Villavicencio y Luis Valle denunciaron el incumplimiento de la ley, la falta de auditorías y pagos, el deterioro de la salud de los trabajadores y la exclusión de quienes fueron tercerizados, despedidos antes de completar las trescientas aportaciones o laboraron menos de veinticinco años, por lo que solicitaron pagos proporcionales y la inclusión de todos los afectados. Durante el debate existió respaldo a la interpretación y se propuso incorporar veedurías de los jubilados, auditorías a las cementeras, sanciones a las empresas y autoridades del IESS que incumplieran, y mecanismos para beneficiar proporcionalmente a ex trabajadores y tercerizados; Fausto Cobo precisó que una ley interpretativa únicamente podía aclarar el tipo de moneda y no reformar otros requisitos, mientras Línder Altafuya sostuvo que la interpretación tendría efecto desde la vigencia de la ley original. La sesión fue suspendida sin concluir el primer debate ni realizar votación, quedando el proyecto pendiente para una sesión posterior. Intervinieron Francisco Cisneros, Luis Valencia Rodríguez, Scheznarda Fernández, Oswaldo Maldonado, José Herrera, Jaime Mendoza, Iván Villavicencio, Luis Valle, Stalin Subía, Línder Altafuya, Fausto Cobo, Silvia Salgado y Marco Murillo.

ACTA_223-2011-2013_PLENO.pdf Se trató la objeción parcial a la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, relacionada con el plazo y las consecuencias para las autoridades locales que no resuelvan los conflictos limítrofes, aprobándose el allanamiento; además, continuó el segundo debate de la Ley Orgánica de Comunas y Comunidades, sobre derechos colectivos, territorios comunitarios, organización y consulta prelegislativa, cuyo tratamiento quedó suspendido sin votación. Intervinieron Virgilio Hernández, Francisco Ulloa, Carlos Manzano, Rafael Dávila, Marco Murillo, César Rodríguez, Lourdes Tibán, Humberto Cholango, Pedro de la Cruz y Vanesa Fajardo.

ACTA_225-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto sobre consulta prelegislativa, discutiéndose su alcance, la diferencia entre consulta y consentimiento, su posible carácter vinculante, la representación de los pueblos, las atribuciones de la Asamblea y del Consejo Nacional Electoral y la propuesta de unificar los proyectos existentes; el debate se cerró sin votación. También se leyó el informe del proyecto para fomentar la pesca y la acuicultura, que recomendaba su archivo por deficiencias técnicas, legales y presupuestarias, pero el debate no pudo iniciarse por ausencia de la ponente y la sesión fue suspendida. Intervinieron Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán, Paco Moncayo, Kléver García, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, César Rodríguez, Guido Vargas, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, Stalin Subía, María Molina, Luis Morales, Rodrigo Collahuazo y Leonardo Viteri.

ACTA_031-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, centrado en la definición de competencias, autonomía, planificación, participación ciudadana y distribución equitativa de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Edwin Vaca propuso una atención preferencial para las provincias fronterizas por la presencia de población refugiada y planteó impulsar una norma específica de desarrollo fronterizo; Paola Pabón, César Rodríguez, José Picoita, Mary Verduga, Gina Godoy y Armando Aguilar defendieron el Código como una herramienta para superar el centralismo, fortalecer las juntas parroquiales, ordenar competencias y establecer una distribución más justa de recursos. Gilmar Gutiérrez, Francisco Cisneros, Andrés Páez, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Francisco Ulloa y Nivea Vélez expresaron reparos sobre posibles limitaciones a la autonomía, la fórmula de redistribución, la creación de tributos, la delegación de servicios públicos y las disposiciones sobre expropiación de inmuebles para vivienda de interés social. Ángel Vilema solicitó reconocer los costos de insularidad de Galápagos; Xavier Tomalá y Jimmy Pinoargote plantearon mayores recursos y competencias para Santa Elena, particularmente por la explotación petrolera y el turismo; Rafael Dávila y Nivea Vélez defendieron la permanencia de recursos destinados a Loja; Magali Orellana, Guillermina Cruz, Francisco Cisneros y otros representantes amazónicos solicitaron garantizar los fondos de compensación para esa región; mientras Paco Fierro, Mauro Andino, María Molina y Jaime Abril debatieron la distribución de beneficios vinculados con la generación hidroeléctrica y las provincias afectadas. Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Lourdes Tibán formularon observaciones sobre las circunscripciones territoriales indígenas, el reconocimiento de comunas, pueblos y nacionalidades, la consulta conforme a sus procedimientos propios y el respeto a la libre determinación. Pedro de la Cruz y Jaime Abril solicitaron proteger la gestión pública y comunitaria del agua y del riego; Silvia Salgado planteó evitar que la educación y la salud sean tratadas como servicios sujetos a delegación; Línder Altafuya cuestionó que la regionalización pudiera imponerse sin consulta popular; y Richard Guillén, Marllely Vásconez, Fausto Cobo, Galo Vaca, Cynthia Viteri, Luis Morales y Gabriel Rivera también presentaron observaciones sobre financiamiento, competencias, participación y autonomía local. Finalmente, al permanecer pendientes varias intervenciones y temas adicionales incorporados al orden del día, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto en una próxima convocatoria.

ACTA_022-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció la respuesta del Ejecutivo a las observaciones formuladas a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual, ratificándose la Asamblea en que los fondos especiales destinados a determinados gobiernos autónomos descentralizados debían mantenerse vigentes y pagarse sin descontarlos de las asignaciones generales, así como en la redistribución de ochenta millones de dólares para modernizar la Función Judicial, financiar nuevos jueces y fortalecer los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia; intervinieron Betty Amores, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, Rafael Dávila y Armando Aguilar, quienes debatieron también sobre el endeudamiento, las proyecciones económicas, las asignaciones para educación, salud, jubilación docente y gobiernos locales. La resolución fue aprobada luego de la rectificación de la votación y se negó la reconsideración solicitada. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe fue presentado por Betty Carrillo y planteaba garantizar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, la regulación de contenidos, la protección de niñas, niños y adolescentes, la producción nacional, los derechos de periodistas y comunicadores, la desconcentración de la propiedad de medios, la transparencia de sus propietarios, el funcionamiento de medios públicos, privados y comunitarios, y la creación de mecanismos de regulación, vigilancia y participación ciudadana. Antes del debate se dio lectura al acuerdo suscrito por Fernando Cordero, Luis Morales, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Cynthia Viteri, César Montúfar y Abdalá Bucaram, orientado a garantizar la libertad de expresión sin censura previa, establecer responsabilidad ulterior, impedir la clausura o suspensión administrativa de medios y crear un Consejo de Comunicación autónomo e independiente. Durante el debate intervinieron Betty Carrillo, Paco Moncayo, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, César Rodríguez y Luis Morales; mientras Carrillo y Rodríguez defendieron la necesidad de una ley para democratizar el acceso a la comunicación, evitar monopolios y garantizar derechos ciudadanos, Moncayo, Cobo, Viteri y Morales expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, las facultades sancionadoras del Consejo y la suspensión de medios de comunicación. Finalmente, ante la falta de condiciones para continuar el debate, se suspendió el tratamiento del proyecto para retomarlo en una próxima sesión.

ACTA_017-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate del proyecto de reforma penal para tipificar y juzgar los delitos cometidos en el servicio militar y policial, orientado a integrar la justicia militar y policial en la jurisdicción ordinaria, delimitar los delitos de función, diferenciar las conductas disciplinarias de las penales, establecer reglas de juzgamiento especializado y adecuar la normativa a los principios de igualdad, debido proceso y derechos humanos. María Paula Romo presentó el informe y defendió la unificación normativa; Paco Moncayo, Luis Almeida y Carlos Poveda plantearon observaciones sobre las particularidades de la actividad militar y policial, la obediencia debida, el tratamiento de conflictos armados, las minas, la proporcionalidad de las sanciones y el juzgamiento de violaciones de derechos humanos; mientras Tito Nilton Mendoza, Mauro Andino, Abdalá Bucaram, César Gracia, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Rodríguez, Carlos Samaniego y Mary Verduga respaldaron la eliminación de privilegios y el fortalecimiento de la unidad jurisdiccional. También intervinieron Yorinson Tenorio y Fernando Bustamante, quienes solicitaron incorporar medidas contra la discriminación, el racismo, el abuso de autoridad y las prácticas de espionaje ilegal; Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli formularon observaciones sobre el alcance del fuero, la participación de civiles en delitos de función y la precisión de las normas procesales. Posteriormente, se inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Deportes, Educación Física y Recreación, presentado por Abdalá Bucaram y Celso Maldonado, que planteaba fortalecer la rectoría estatal, organizar el sistema deportivo, promover la actividad física, la recreación, la educación física y el deporte de alto rendimiento, garantizar apoyo integral a las y los deportistas, regular la distribución de recursos públicos y exigir rendición de cuentas a las organizaciones deportivas. Durante el debate, Fernando Romo, Gabriel Rivera, Línder Altafuya, María Soledad Vela, Saruka Rodríguez, Xavier Tomalá, Eduardo Encalada, Zobeida Gudiño, María Cristina Kronfle, Luis Morales y Ramiro Terán formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones deportivas, la participación de las ligas barriales, parroquiales, estudiantiles y universitarias, la distribución equitativa de recursos, el control de las federaciones, la inclusión de personas con discapacidad, el fortalecimiento de la educación física y la necesidad de diferenciar el deporte formativo, competitivo y recreativo; Marco Murillo intervino sobre el desarrollo del trámite. Finalmente, al quedar varias intervenciones pendientes, se suspendió la sesión para continuar el tratamiento del proyecto de ley en una próxima reunión.

ACTA_035-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate de la propuesta orientada a incorporar al ordenamiento jurídico nacional los derechos colectivos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de fortalecer el carácter plurinacional e intercultural del Estado, proteger la identidad, territorios, formas de organización, educación intercultural bilingüe, justicia propia, consulta previa y participación de los pueblos y nacionalidades. Edwin Vaca, Lourdes Tibán, Francisco Ulloa, Kléver García, Marco Murillo, Diana Atamaint, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Cléver Jiménez y otros legisladores defendieron la necesidad de reconocer y hacer efectivos estos derechos; mientras César Rodríguez, Nivea Vélez, Hólger Chávez, Betty Amores, Armando Aguilar, Gioconda Saltos, Carlos Velasco, María Augusta Calle, Aminta Buenaño y Betty Carrillo señalaron que el texto debía ser reformulado para convertir los principios internacionales en una normativa aplicable, con mecanismos de exigibilidad e inclusión expresa de pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y demás colectivos. También intervinieron Luis Morales, Zobeida Gudiño, Enrique Herrería y Vicente Taiano. Finalmente, Lourdes Tibán retiró la propuesta original, se negó el pedido de archivo planteado por Enrique Herrería y se dispuso que el tema vuelva a ser trabajado para elaborar una normativa integral sobre derechos colectivos. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, mediante la cual se otorgó inmunidad civil y penal limitada a las actuaciones, conclusiones, análisis y recomendaciones incorporadas en el informe final, así como medidas de reserva y protección para testigos y colaboradores. Washington Cruz, Línder Altafuya y Mao Moreno defendieron la norma como una garantía para esclarecer los hechos, proteger a los investigadores y resguardar la soberanía nacional; María Augusta Calle cuestionó la falta de protección a las fuentes y el posible alcance permanente de la inmunidad; y Fausto Cobo, Alfredo Ortiz, Kléver García, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo expresaron reparos sobre su constitucionalidad, la transparencia del informe, la posible persecución política y la necesidad de conocer plenamente la verdad. La ley fue aprobada luego de una rectificación de la votación.

ACTA_051-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf La sesión continuó con el tratamiento del primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que numerosos asambleístas presentaron observaciones a los informes de mayoría y minoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado: Alfredo Ortiz insistió en fortalecer la fiscalización y la iniciativa legislativa frente al CAL y cuestionó el artículo sobre objeción parcial presidencial; Tito Nilton Mendoza calificó a la ley vigente de ineficaz y pidió la figura de la autoconvocatoria y la eliminación de filtros a la fiscalización; Juan Carlos Cassinelli propuso reformas sobre subrogación de funciones, tiempos de comparecencia y voto dirimente en comisiones; Leonardo Viteri planteó normar la destitución de autoridades del CAL, ampliar la Unidad de Control de Ejecución Presupuestaria y eliminar el voto en blanco electrónico; Aminta Buenaño defendió los avances de la ley frente al antiguo Congreso y sugirió uniformar la terminología sobre pueblos y nacionalidades y revisar el rol del ponente en segundo debate; Richard Guillén propuso reformas sobre sesiones ordinarias y extraordinarias, sanciones por inasistencia, integración equitativa de comisiones, votación por artículos y sanciones al Secretario por distorsionar resultados; César Rodríguez detalló un procedimiento ágil para la consulta prelegislativa y cuestionó la disposición transitoria sobre la Comisión de Fiscalización; Nivea Vélez criticó el rol del CAL como elemento de demora y la concentración de decisiones en presidentes de comisión; Juan Carlos López denunció la falta de independencia entre funciones del Estado y los juicios políticos archivados; Paola Pabón valoró el trabajo de la Comisión y propuso precisar las etapas de la consulta prelegislativa y el mecanismo de decisión sobre juicios políticos; Luis Morales cuestionó la proliferación de debates y pidió mayor apego a la ley; César Montúfar exigió una reforma integral orientada al fortalecimiento del Pleno frente a los "nueve filtros" que, según dijo, obstaculizan la fiscalización, y criticó la conducción del presidente Cordero; Jaime Abril desarrolló una propuesta detallada sobre las etapas de la consulta prelegislativa, la inclusión de las comunas y la participación de CODENPE, CODAE y CODEPMOC; María Cristina Kronfle aclaró su propuesta sobre el cambio del Orden del Día en sesiones ordinarias con mayoría simple; Marco Murillo insistió en que la consulta prelegislativa debe buscar consensos reales mediante asambleas comunitarias y no limitarse a un trámite; Línder Altafuya cuestionó la inacción de la Comisión de Fiscalización citando casos concretos y propuso que el Pleno decida con debate sobre el inicio de juicios políticos; Xavier Tomalá pidió precisar el quórum, los plazos para cambios de Orden del Día y la reconsideración de votaciones; Galo Lara citó casos de obras públicas cuestionadas y presentó reformas puntuales a los artículos sobre fiscalización y enjuiciamiento político; Enrique Herrería denunció que el proyecto carece de una reforma integral y señaló presuntas inconstitucionalidades, además de referirse a un incidente previo con Gilmar Gutiérrez sobre entrega de información; Saruka Rodríguez presentó seis observaciones puntuales sobre terminología y comisiones ocasionales; Fernando Bustamante advirtió contra la nostalgia de las prácticas del antiguo Congreso y defendió que la fiscalización no se agota en el juicio político; Fernando Aguirre cuestionó el servilismo de la Asamblea frente al Ejecutivo y pidió recuperar su independencia; y finalmente el presidente Fernando Cordero expuso su posición sobre el momento y alcance de la consulta prelegislativa y presentó cifras sobre solicitudes de información y resultados de fiscalización durante el año legislativo.

ACTA_046-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión, reinstalada por el presidente Fernando Cordero Cueva con quórum verificado y la actuación en Secretaría del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se continuó durante todo el día el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) con la intervención sucesiva de numerosos asambleístas —entre ellos César Rodríguez, Gido Vargas, José Picoita, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel, Tito Nilton Mendoza, Paola Pabón, Nivea Vélez, María Paula Romo, Fernando Vélez, Alex Remache, Richard Guillén, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Eduardo Sánchez, Lenin Chica, Eduardo Zambrano, Betty Amores, Francisco Cisneros, Carlos Velasco, Milton Altamirano, Rosana Alvarado, Fernando González, Kléver García, César Gracia, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Luis Morales, Ángel Vilema, Celso Maldonado, Pamela Falconi, Dora Aguirre, Hólger Chávez, Fernando Cordero, Francisco Ulloa, Jorge Escala, Xavier Tomalá, Gioconda Saltos, Juan Fernández, Mary Verduga y Raúl Abad—, con la dirección de la sesión alternándose entre el Presidente Cordero Cueva, la Primera Vicepresidenta Irina Cabezas Rodríguez y el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, e incluyó una Comisión General para recibir al rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, Dr. José Barbosa, quien defendió el reconocimiento del "Modus Vivendi" para las universidades católicas y la valoración de la educación a distancia, así como una suspensión y reinstalación de la sesión entre las doce horas con cincuenta y dos minutos y las quince horas con cuarenta y cinco minutos; posteriormente se trató el punto IV, el proyecto de Resolución presentado por Gerónimo Yantalema de reconocimiento a la contribución histórica de las comunidades, pueblos y nacionalidades en su lucha de liberación de la opresión, la colonización y el neoliberalismo hacia la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural del Sumak Kawsay, que conmemora los veinte años del levantamiento indígena de 1990 y declara el 21 de junio como "Inty Raymy", día de conmemoración nacional, el cual fue debatido con observaciones de Marco Murillo, Marisol Peñafiel y María Augusta Calle, y aprobado con 78 votos afirmativos, 4 en blanco y 7 abstenciones, tras lo cual el Presidente suspendió la sesión.

ACTA_068-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Línder Altafuya para investigar los hechos relacionados con el fallecimiento de la maestra Jenny Nazareno Solano en Esmeraldas, y de Paco Moncayo para conformar una comisión multipartidista que esclarezca los acontecimientos del 30 de septiembre y garantice la presunción de inocencia; en cambio, se aprobó el pedido de César Rodríguez para diferir la designación de delegados legislativos a las comisiones ciudadanas de selección del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía. En segundo debate se aprobaron las Leyes Derogatorias No. 3 y No. 4 para la depuración de la normativa legal: la primera eliminó 195 leyes, decretos supremos, legislativos y acuerdos que habían perdido vigencia o cumplido su finalidad, con intervenciones de César Gracia, Kléver García, Luis Morales y María Paula Romo; la segunda derogó 150 decretos y una resolución legislativa sobre reorganizaciones institucionales, ferrocarriles, indultos, tributos y otras materias obsoletas, siendo defendida por Mariángel Muñoz, Kléver García y María Paula Romo, y excluyendo la norma relativa a la Escuela Normal de Agronomía de Ambato a pedido de Luis Morales. También se trató el informe para segundo debate de la Ley de Defensa y Desarrollo del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, que propuso excluir a los microempresarios de su ámbito, reconocer derechos al trabajo autónomo, seguridad social, crédito público, participación ciudadana y espacios adecuados, así como establecer deberes vinculados al ordenamiento del espacio público y prohibiciones sobre productos ilícitos; Carlos Samaniego presentó las reformas, mientras Carlos Castellanos, Mónica Tenem y Edmundo Narváez solicitaron una norma que proteja a los comerciantes de la precariedad, la falta de afiliación, el acceso limitado a crédito y los decomisos. Paco Moncayo, Kléver García, Línder Altafuya, Dora Aguirre, Nívea Vélez, Juan Narea, María Augusta Calle, Luis Morales, Armando Aguilar, Francisco Cisneros, Silvia Salgado, Gioconda Saltos, Virgilio Hernández, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, Juan Carlos López y Edwin Vaca coincidieron en la necesidad de proteger al sector, aunque plantearon ajustes sobre trabajo infantil, seguridad social, regulación municipal, productos peligrosos, competencias de los gobiernos autónomos y mecanismos de crédito, por lo que se suspendió la votación para incorporar observaciones. Finalmente, se aprobó la resolución de apoyo al levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, impulsada por Silvia Salgado y respaldada en el debate por Betty Carrillo y María Alejandra Vicuña, que exhortó al Gobierno de Estados Unidos a eliminar el bloqueo y solicitó al Estado ecuatoriano ratificar esta posición ante las Naciones Unidas

ACTA_060-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la incorporación de una resolución propuesta por Magali Orellana para respaldar la declaratoria del cantón Loreto, en Orellana, como espacio ecológico y proteger sus fuentes de agua, bosques y biodiversidad frente a actividades extractivas. También se discutieron los efectos de la pérdida de quórum de la jornada anterior, especialmente respecto del tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior y la continuación del debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas; Enrique Herrería, Armando Aguilar, Luis Almeida, Vicente Taiano y Abdalá Bucaram expusieron posiciones distintas sobre la posibilidad de retomar dichos temas. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que proponía eliminar la obligación de conformar comisiones ciudadanas de selección para los procesos de veeduría, escrutinio e impugnación de las ternas enviadas por el Ejecutivo para designar al Procurador General del Estado y a los superintendentes. Raúl Abad defendió la reforma por considerar que buscaba ajustar la ley al texto constitucional; mientras Paco Moncayo, Luis Morales, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Vicente Taiano, Marco Murillo, Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, Gioconda Saltos, Alfredo Ortiz, Kléver García y Carlos Samaniego advirtieron que la propuesta podía debilitar la participación ciudadana y facilitar una designación indirecta de autoridades de control por parte del Ejecutivo, por lo que plantearon mantener y desarrollar expresamente los mecanismos de impugnación y veeduría. Rolando Panchana apoyó la necesidad de reformar la norma para agilizar la designación de autoridades titulares, Fernando Cordero propuso eliminar únicamente la referencia al escrutinio pero conservar la impugnación y veeduría ciudadana, Hólger Chávez sostuvo que la Constitución podía suplir cualquier vacío legal y Rosa Santos pidió revisar la aplicación de los principios de paridad y alternabilidad en las ternas. Finalmente, se aprobó por unanimidad el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y España, destinado a permitir la acumulación de aportes realizados en ambos países y garantizar prestaciones de salud, maternidad, invalidez, jubilación, supervivencia y otros beneficios para trabajadores migrantes y sus familias; Linda Machuca, Gabriel Rivera, Dora Aguirre, Luis Morales y Fernando Aguirre destacaron su importancia para los ecuatorianos residentes en España, mientras Fausto Cobo expresó su respaldo y Enrique Herrería y Luis Almeida solicitaron mayor acceso al texto original y claridad sobre su aplicación y financiamiento

ACTA_057-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Paco Moncayo para exhortar a que el Código Orgánico de la Producción sea tramitado por la vía ordinaria y no como ley económica urgente, debido a la necesidad de garantizar consulta prelegislativa y participación ciudadana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a definir la estructura, integración y atribuciones del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional, crear una Secretaría Coordinadora Técnica y convertir la Conferencia Nacional en una instancia permanente, plurinacional e intercultural de deliberación, veeduría y formulación de propuestas. María Molina, Gido Vargas y Rosana Alvarado respaldaron la reforma para viabilizar el funcionamiento de estos organismos; Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Silvia Salgado, Marco Murillo y Carlos Velasco cuestionaron la adscripción de la Conferencia y de la Secretaría Técnica al Ministerio de Agricultura, solicitaron mayor autonomía, representación territorial y social, plazos más breves y menos trámites para presentar propuestas legislativas; Jaime Abril propuso precisiones sobre tecnificación, representación de los gobiernos autónomos, rectoría de políticas públicas y selección de la Secretaría Técnica. Al existir numerosas observaciones, se difirió la votación para incorporar los aportes. También se trató la objeción parcial al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Virgilio Hernández propuso allanarse a la mayoría de observaciones de forma y ratificarse en artículos considerados esenciales para la autonomía y financiamiento de los gobiernos autónomos. Andrés Roche, Diana Atamaint, Paco Moncayo, Paco Fierro, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Jorge Escala, Edwin Vaca, Guillermina Cruz, Vicente Taiano, Paola Pabón, Luis Almeida y Marco Murillo debatieron sobre la fórmula de distribución de recursos, las competencias de los gobiernos locales, la representación de las circunscripciones territoriales indígenas, los límites para la conformación de regiones, la situación de Santo Domingo de los Tsáchilas, la designación del Secretario del Consejo Nacional de Competencias y el riesgo de recentralización. Finalmente, se aprobaron los allanamientos a las observaciones planteadas, incluidos los artículos relacionados con regiones y circunscripciones territoriales indígenas; además, se ratificaron los textos originales sobre sectores estratégicos, planificación, amnistías tributarias, normativa propia de los gobiernos autónomos, comodatos y ponderación para cantones fronterizos, mientras no prosperó la ratificación de otros artículos y disposiciones transitorias

ACTA_062-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, orientado a integrar la planificación nacional, territorial y sectorial con la programación presupuestaria, la inversión pública, el endeudamiento, la liquidez y la transparencia fiscal. Silvia Salgado respaldó la necesidad de articular planificación y finanzas para garantizar derechos y el buen vivir, pero pidió revisar la naturaleza jurídica del Código, la facultad del Ministerio de Finanzas para modificar hasta el 15 % del presupuesto, el uso de reservas y encajes bancarios, el fideicomiso “No Más Impunidad” y las reestructuraciones institucionales. Rodolfo Baquerizo, Marco Murillo, Richard Guillén, Tomás Zevallos, Luis Morales, Andrés Roche, Kléver García, Rocío Valarezo y Vicente Taiano cuestionaron la urgencia económica del trámite, la concentración de facultades en el Ejecutivo y en el Ministro de Finanzas, la posible afectación a la autonomía del IESS, la banca pública y los gobiernos autónomos descentralizados, los límites de endeudamiento estatal y local, la Cuenta Única del Tesoro, la contratación asociada a créditos externos, la posibilidad de arbitrajes en otras jurisdicciones y la inversión del encaje bancario en instrumentos del Banco Central. Fernando Cordero propuso corregir la confusión entre planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, evitar otorgar nuevas competencias al Gobierno Central y ajustar las disposiciones sobre los consejos de planificación; Christian Viteri, Ángel Vilema, Guillermina Cruz, Vanesa Fajardo y Gioconda Saltos defendieron la necesidad de unificar normas dispersas, mejorar la eficiencia y transparencia del manejo de recursos públicos y mantener la articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo y las planificaciones de los distintos niveles de gobierno, aunque plantearon ajustes sobre autonomía local, emergencias, transparencia, endeudamiento, participación ciudadana, Galápagos y delimitación de competencias. Vicente Taiano retiró finalmente su moción de archivar el proyecto y devolverlo al Ejecutivo para trámite ordinario, a fin de que la Comisión incorpore las observaciones presentadas; Francisco Velasco invitó a los legisladores a participar en la elaboración del informe para segundo debate.

ACTA_057-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN) y la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. María Molina explicó que se incorporaron observaciones de Washington Cruz, Paco Moncayo, Omar Juez, Fernando Bustamante, Jaime Abril, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Carlos Velasco, Raúl Abad, el bloque del MPD y los integrantes de la Conferencia, con el fin de mejorar la redacción y alcanzar consensos. Entre los cambios principales se eliminó la creación de una nueva Secretaría Técnica para el SISAN, asignando la coordinación a la Secretaría Técnica ya existente de la Conferencia; se definieron las funciones, composición y mecanismos de articulación del SISAN; se consolidó a la Conferencia como instancia de debate, deliberación, veeduría y generación de propuestas desde la sociedad civil, con autonomía técnica, administrativa y financiera; se reguló su integración mediante concurso público, incorporando representantes de sectores académicos, consumidores, pequeños y medianos productores, agricultores, ganaderos, pescadores, campesinos, regantes, pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; y se establecieron plazos para que las propuestas ciudadanas sean remitidas al Ejecutivo y posteriormente a la Asamblea, incluyendo informes sobre consensos, discrepancias y las razones para acoger o descartar propuestas. El proyecto fue aprobado inicialmente con ciento cuatro votos afirmativos y, tras una rectificación, con ciento cinco votos afirmativos; la reconsideración solicitada posteriormente fue negada.

ACTA_085-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del enjuiciamiento político a Gloria Sabando García, exsuperintendenta de Bancos y Seguros, se debatió su presunto incumplimiento de las funciones de control y vigilancia durante la liquidación de instituciones financieras cerradas, especialmente por no exigir a los liquidadores la aplicación efectiva de los artículos 127 y 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, no determinar responsables de los déficits patrimoniales, no sancionar irregularidades y permitir que los procedimientos de cobro quedaran debilitados. Silvia Salgado presentó las conclusiones de la Comisión de Fiscalización; Rolando Panchana defendió la moción de censura e incorporó recomendaciones para ampliar las investigaciones; César Rodríguez, Mauro Andino, Gastón Gagliardo, Betty Carrillo y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la censura, señalando que la responsabilidad política del juicio recaía en la máxima autoridad de la Superintendencia. Marco Murillo, Ramiro Terán, Galo Lara, Enrique Herrería, Paco Moncayo, Línder Altafuya, Jorge Escala, Andrés Páez, Alfredo Ortiz, Nívea Vélez, Vicente Taiano, Grace Almeida y otros legisladores cuestionaron que la responsabilidad se concentrara únicamente en Sabando y solicitaron investigar también a liquidadores, miembros de la Junta Bancaria, funcionarios de la AGD, Banco Central, Ministerio de Finanzas y demás entidades relacionadas con la crisis bancaria; María Augusta Calle planteó ajustes al texto final, que fueron acogidos. La apelación procesal presentada por Andrés Páez fue negada. Finalmente, se aprobó la censura contra Gloria Sabando con ochenta y seis votos afirmativos, cero negativos, cuatro blancos y veintisiete abstenciones, tras rectificación; además, se dispuso solicitar a la Junta Bancaria una evaluación técnica de las liquidaciones, requerir a la Contraloría exámenes especiales para establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales, pedir al Banco Central informes sobre recuperación de cartera y pago a acreedores, y solicitar a Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y al fideicomiso AGD-CFN investigaciones e informes sobre las actuaciones vinculadas con la crisis bancaria; la reconsideración fue negada. También se aprobó la resolución propuesta por Kléver García para exhortar la declaratoria de estado de excepción en San José de Chimbo, a fin de atender al barrio Tambán afectado por lluvias y movimientos telúricos, con setenta y nueve votos afirmativos tras rectificación; se aprobó la resolución planteada por Diana Atamaint para expresar pesar por las víctimas del accidente del avión Twin Otter FAE 449, reconocer la labor de la Fuerza Aérea y fortalecer el programa de transporte aéreo para comunidades amazónicas aisladas, con ochenta y cuatro votos afirmativos; y se aprobó la resolución de Lídice Larrea que declaró a la vía Chone-Quito como Ruta de los Raidistas, en homenaje a Carlos Aray, Juan de Dios Zambrano, Emilio Hidalgo, Plutarco Moreira y Artemio Aray, con setenta y ocho votos afirmativos.

ACTA_078-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la resolución propuesta por Gabriel Rivera que condena el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por fuerzas regulares o irregulares, nacionales o extranjeras, para conflictos, delitos, explotación sexual u otras formas degradantes, y exhorta a Ecuador y Colombia a reforzar la protección de la niñez en la frontera; intervinieron María Soledad Vela, Fernando Flores, Carlos Cassinelli, Edwin Vaca, Gido Vargas, Jaime Abril y Kléver García, quienes plantearon reforzar el sustento jurídico internacional, las políticas de prevención y la atención social en las zonas fronterizas. También se aprobó la resolución impulsada por Jorge Escala para incorporar en la Ley Orgánica de Educación Intercultural una disposición que otorgue nombramientos a docentes contratados que constaban como elegibles, cree las partidas necesarias en sesenta días y garantice igualdad salarial respecto de docentes con nombramiento; Escala y Nívea Vélez defendieron la estabilidad laboral de los maestros elegibles, mientras Armando Aguilar y Guillermina Cruz sostuvieron que los nombramientos debían sujetarse a concursos de méritos y oposición y a la disponibilidad institucional. El tema central fue la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, presentada por César Rodríguez, que estableció principios de gratuidad, laicidad, interculturalidad, inclusión, participación, evaluación integral y calidad educativa; fortaleció los derechos de estudiantes, docentes y familias; reguló la carrera docente, estabilidad, capacitación, remuneración, educación sexual integral, protección frente a la violencia, atención a personas con discapacidad y adolescentes embarazadas, así como el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la rectoría nacional de la política educativa. La ley fue aprobada inicialmente con noventa y ocho votos afirmativos y ratificada, tras rectificación, con ciento ocho votos afirmativos; la reconsideración fue negada. Finalmente, se aprobó la resolución de Gioconda Saltos para exhortar la declaratoria de estado de excepción en Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y Los Ríos por la actividad del volcán Tungurahua, incluyendo reactivación productiva, apoyo a ganaderos y agricultores, protección social, ejecución de proyectos de los gobiernos autónomos y fortalecimiento técnico del Instituto Geofísico; Francisco Cisneros, Fernando González, Marco Murillo, Elvis Maldonado, Luis Morales, Mauro Andino, Juan Carlos López, Kléver García y Hólger Chávez solicitaron ampliar la cobertura territorial y asegurar la entrega efectiva de recursos

ACTA_089-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del primer debate de la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana sobre revocatoria del mandato, se analizaron los requisitos, porcentajes, plazos y límites necesarios para evitar que este mecanismo de democracia directa sea utilizado con fines de revancha política, sin desnaturalizar el derecho ciudadano a retirar la confianza a las autoridades electas. Armando Aguilar, Rafael Dávila, Henry Cuji, Luis Almeida, Leandro Cadena y Juan Carlos López coincidieron en la necesidad de motivar las solicitudes, elevar porcentajes de respaldo, impedir la intervención de personas ajenas a la circunscripción y evitar que candidatos derrotados, alternos o autoridades con conflicto de intereses promuevan procesos revocatorios; Dávila advirtió que existían seiscientas sesenta y tres solicitudes de revocatoria y propuso porcentajes más altos según el tamaño de la jurisdicción. Paola Pabón defendió que la reforma debía equilibrar el derecho de participación con garantías para las autoridades cuestionadas, aclaró el rol del Consejo Nacional Electoral y planteó revisar el tratamiento de procesos ya iniciados; mientras Ramiro Terán, Mercedes Diminich y Mauro Andino cuestionaron que el proyecto pudiera restringir derechos constitucionales, elevar indebidamente los porcentajes previstos en la Constitución o transformar la revocatoria en un trámite excesivamente condicionado. Fernando Bustamante advirtió problemas en la obligación impuesta a medios privados y comunitarios para realizar debates y propuso precisar el procedimiento de calificación de causales por parte del Consejo Nacional Electoral. El debate fue cerrado para que las observaciones se remitan por escrito a la Comisión. Posteriormente, se trató el proyecto de resolución para exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice las veedurías ciudadanas y proteja a los veedores; Marco Murillo defendió la importancia del control social y César Rodríguez solicitó revisar el texto, por lo que el punto quedó suspendido. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con setenta votos afirmativos, la resolución propuesta por Víctor Quirola para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en el decreto de estado de excepción sanitaria, a fin de intervenir su infraestructura, equipamiento, administración, gestión técnica, medicamentos e insumos ante el riesgo de colapso por alta demanda de atención. El proyecto sobre publicación de declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas no llegó a tratarse por falta de quórum.

ACTA_109-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Marco Murillo para exhortar a las funciones del Estado a aplicar los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y paridad de género en la designación de sus delegados al Consejo de la Judicatura de Transición, mientras que se aprobó incorporar al orden del día la creación de una comisión especializada ocasional encargada de tratar los derechos de los grupos de atención prioritaria, especialmente de las personas con discapacidad, propuesta por Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco, orientado a proteger la salud pública, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo mediante espacios completamente libres de tabaco, restricciones a la venta a menores y por unidades, prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, advertencias gráficas en los empaques, campañas educativas, tratamiento de las adicciones y sanciones para quienes incumplieran la normativa. Plutarco Naranjo expuso los daños sanitarios y sociales ocasionados por el consumo de tabaco. Durante el debate también se analizaron las libertades individuales, la proporcionalidad de las sanciones, la responsabilidad de los propietarios de establecimientos, el control del contrabando y los posibles efectos sobre productores, trabajadores, comerciantes y la industria tabacalera. Intervinieron Marco Murillo, Rolando Panchana, Plutarco Naranjo, Carlos Velasco, Margarita Carranco, Andrés Páez, María Vicuña, Fernando Aguirre, César Rodríguez, Gioconda Saltos, Juan Cassinelli, Alfredo Ortiz, Juan López, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, Kléver García, Celso Maldonado, Fernando Flores, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Calle, Luis Almeida, Rafael Dávila y Marllely Vásconez. La sesión fue suspendida sin que se sometiera el proyecto a votación.

ACTA_103-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó una resolución para exhortar al Ministerio de Cultura a establecer academias de música y artes destinadas a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, inicialmente en Peguche y en homenaje a Jesús Fichamba; también se solicitó al Municipio de Otavalo asignar un terreno y crear un plan nacional para fomentar el arte y la música. Posteriormente, se aprobó declarar a San Pedro de Riobamba como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica del Ecuador, en reconocimiento a su oferta educativa, instituciones de educación superior, ubicación estratégica y contribución académica, social y económica. Asimismo, se aprobó por unanimidad expresar solidaridad con la provincia de Imbabura por las afectaciones provocadas por las lluvias y el aluvión, y solicitar la atención de los damnificados, la rehabilitación de la infraestructura, los servicios básicos y la producción agrícola. Finalmente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que planteaba permitir el apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para la protección interna y el mantenimiento del orden público. Quienes respaldaron la propuesta sostuvieron que era constitucional y necesaria para enfrentar la inseguridad, mientras que sus opositores advirtieron sobre el riesgo de militarizar la sociedad, afectar los derechos humanos, emplear a los militares contra protestas sociales y conceder excesiva discrecionalidad al Ejecutivo, por lo que propusieron fortalecer a la Policía y utilizar el estado de excepción únicamente en situaciones extraordinarias. Intervinieron Gioconda Saltos, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Paco Fierro, Luis Morales, Paco Moncayo, Gerónimo Yantalema, Celso Maldonado, Silvia Salgado, Marisol Peñafiel, Ramiro Terán, Raúl Abad, César Montúfar, Lourdes Tibán, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Magaly Orellana, Línder Altafuya y María Calle; la sesión fue suspendida sin que se votara el proyecto reformatorio.

ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_129-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron las solicitudes para incorporar al orden del día el reconocimiento de Manuel Inocencio Parrales y Guale como precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, así como la propuesta para declarar el 12 de octubre como Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, Montubios, Afros y Sectores Populares, aunque esta última no llegó a resolverse antes de la clausura; en cambio, fue negado el pedido de declarar la emergencia sanitaria en Pastaza ante la presencia de casos de sarampión en territorio huaorani. El tema central fue el primer debate de la reforma sobre la jubilación especial para las mujeres, que proponía permitirles jubilarse voluntariamente, sin límite de edad, después de veinticinco años de aportaciones, calculando la pensión con base en el promedio de sus cinco mejores remuneraciones. La mayoría de las intervenciones respaldó la iniciativa como una medida de justicia social y reconocimiento al doble o triple trabajo que realizan las mujeres en el ámbito laboral, doméstico, familiar y comunitario, así como a la discriminación histórica, el desgaste físico y mental, las dificultades de inserción laboral y la responsabilidad de cuidar a hijos, nietos, personas enfermas y adultos mayores. También se planteó ampliar la seguridad social a amas de casa, trabajadoras informales, campesinas, indígenas y mujeres sin relación de dependencia; considerar los períodos de maternidad y enfermedad; garantizar que la jubilación sea opcional; revisar el coeficiente utilizado para calcular las pensiones; y asegurar una prestación digna. No obstante, varios legisladores advirtieron que era indispensable contar con estudios actuariales, precisar el número de posibles beneficiarias, establecer una fuente de financiamiento sostenible, analizar la participación económica del Estado y del IESS, corregir aspectos de técnica legislativa y evitar que la reforma reforzara la idea de que las tareas domésticas son responsabilidad exclusiva de las mujeres. Fernando Cordero sostuvo que la iniciativa podía enfrentar impedimentos constitucionales por comprometer recursos estatales y pidió coordinar una propuesta viable con el Ejecutivo y el IESS; tras la respuesta de Nívea Vélez, quien defendió el carácter optativo y la legitimidad de utilizar los recursos de los afiliados para esta prestación, se cerró el primer debate sin votación y se remitieron las observaciones a la comisión. Finalmente, se aprobó la resolución que declaró a Manuel Inocencio Parrales y Guale precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, reconociendo su lucha contra los abusos coloniales y a favor de las tierras comunitarias. Intervinieron Soraya Viteri, Francisco Cisneros, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Clara Salazar, Mariana Pallasco, Edwin Vaca, Kléver García, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Diana Atamaint, Mery Zamora, Marisol Peñafiel, Andrés Páez, Vicente Taiano, Rocío Valarezo, Mercedes Villacrés, César Gracia, María Soledad Vela, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Scheznarda Fernández, Fernando Bustamante, Consuelo Flores, Richard Guillén, Línder Altafuya, Rolando Panchana, Betty Amores, Silvia Kon, Paola Pabón, María Molina, Betty Carrillo, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Susana González, César Rodríguez, Luis Morales, Luis Almeida, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos, Guido Vargas y Fernando Cordero.

ACTA_137-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se analizó la proforma del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2012 y la programación presupuestaria para los años 2012-2015, instrumentos que contemplaban ingresos y egresos superiores a veintiséis mil millones de dólares y priorizaban la inversión en educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura vial, energía, programas sociales, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y subsidios. Quienes respaldaron la propuesta destacaron el incremento de recursos para la incorporación y mejora salarial de docentes, la ampliación del personal médico y policial, la designación de nuevos jueces, la construcción de carreteras y proyectos hidroeléctricos, el fortalecimiento de los servicios públicos, la reducción de la pobreza y el mantenimiento del endeudamiento dentro de niveles considerados sostenibles; en contraste, otros legisladores cuestionaron el déficit presupuestario y la falta de claridad sobre sus fuentes de financiamiento, el crecimiento del gasto corriente y de la burocracia, la dependencia de créditos y ventas anticipadas de petróleo, la carga tributaria, el elevado monto destinado a publicidad, consultorías, viáticos y contratos ocasionales, así como las asignaciones previstas para la compra obligatoria de renuncias. También se debatió el cumplimiento de los incrementos constitucionales para educación y salud, la reducción o insuficiencia de recursos para universidades, agricultura, vivienda, ambiente, turismo, cultura y economía popular y solidaria; la distribución de fondos entre el Gobierno central y los gobiernos locales; la atención a las zonas rurales, amazónicas y fronterizas; la inversión destinada a pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; la educación intercultural bilingüe, la seguridad social campesina, la soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la territorialización del gasto y la necesidad de transparentar la ejecución presupuestaria. Finalmente, se aprobó el informe de mayoría y la programación cuatrianual con recomendaciones para garantizar recursos al pueblo montubio y a la Universidad Amazónica, controlar el gasto estatal en publicidad, respetar el límite del endeudamiento público, identificar territorialmente las inversiones, transparentar los recursos dirigidos a la participación ciudadana, agricultura, fondo de tierras y economía popular y solidaria, informar sobre los ingresos provenientes de la normativa ambiental y remitir el presupuesto global asignado a cada universidad; la propuesta obtuvo sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y cinco negativos, uno blanco y una abstención, resultado que se mantuvo en la rectificación, mientras que la reconsideración fue negada. Intervinieron Fernando Vélez, Francisco Ulloa, Richard Guillén, Juan Carlos Cassinelli, Paco Moncayo, Leonardo Viteri, Luis Morales, Rafael Dávila, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Salomón Fadul, Viviana Bonilla, Gerónimo Yantalema, Francisco Velasco, Marco Murillo, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Lídice Larrea, César Gracia, Jimmy Pinoargote, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Mao Moreno, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Tomás Zevallos, Francisco Cevallos, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Tito Nilton Mendoza, Lenín Chica, Fernando Cordero, Xavier Tomalá y Vanesa Fajardo.

ACTA_122-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó la resolución que dispuso a la Unidad de Técnica Legislativa elaborar el proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y asignó su posterior trámite a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, con ochenta y ocho votos afirmativos, siete blancos y diecisiete abstenciones. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, centrado en garantizar la autonomía administrativa, laboral y presupuestaria de la Función Legislativa frente al Ministerio de Relaciones Laborales; durante el análisis se propuso precisar la aplicación de la normativa para asambleístas y servidores legislativos, ampliar la autonomía a otras funciones del Estado y considerar los regímenes especiales del sistema educativo y de educación superior, tras lo cual se cerró el debate sin votación. También se aprobó la resolución que exhortó al Ministerio de Educación a reconstruir, mediante contratación de emergencia, la escuela Belisario Quevedo de Ambato, afectada por un incendio, y al Municipio de Ambato y demás gobiernos seccionales a legalizar los terrenos donde funcionan instituciones educativas; en la rectificación se registraron ochenta y tres votos afirmativos y siete blancos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y un votos afirmativos y dos blancos, una resolución sobre la crisis bananera que exhortó al Ministerio de Agricultura a aplicar efectivamente la normativa vigente, establecer políticas claras de precios y comercialización, combatir los monopolios y la intermediación injusta, fortalecer las compras públicas de producción nacional, atender prioritariamente a los pequeños y medianos productores, promover la diversificación de cultivos y estudiar la conformación de una exportadora de economía mixta. Intervinieron Gioconda Saltos, Gerónimo Yantalema, Viviana Bonilla, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Rolando Panchana, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Andrés Roche, Luis Morales, Línder Altafuya, Kléver García, Tito Nilton Mendoza, Andrés Páez, Edwin Vaca, Fernando Cordero, Nívea Vélez, César Gracia, María Alejandra Vicuña, Katty Vélez, Dalton Burgos, Rocío Barriga y Víctor Quirola.

ACTA_135-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Marco Murillo para incorporar al orden del día una resolución que exigiera al Ministerio de Educación cumplir con el pago completo de las compensaciones correspondientes a la jubilación de los docentes del sector público, señalándose que miles de maestros jubilados habrían recibido valores inferiores a los establecidos. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma destinada a garantizar la atención de las personas que padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, reconociéndolas como un asunto de interés nacional y estableciendo la obligación del Estado de brindar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, medicamentos e insumos de manera oportuna, permanente y gratuita. Durante el debate se planteó elaborar protocolos médicos, fortalecer la formación del personal de salud, crear un registro nacional de pacientes, promover investigaciones y convenios con instituciones nacionales e internacionales, agilizar la importación de medicamentos, regular el cumplimiento de las coberturas de seguros y medicina prepagada, apoyar psicológica y socialmente a las familias, atender los casos que no pudieran diagnosticarse en el país y extender la protección a los ecuatorianos residentes en el exterior. También se propuso precisar las definiciones y diferencias entre las enfermedades catastróficas y las raras o huérfanas, garantizar la doble vulnerabilidad de los pacientes, actualizar periódicamente el listado de enfermedades, incorporar el autismo, crear institutos especializados de investigación y asegurar los recursos presupuestarios necesarios para que la normativa pudiera aplicarse efectivamente. Luego de un receso se incorporaron varias observaciones y el proyecto fue aprobado inicialmente con noventa y nueve votos afirmativos y, tras la rectificación, por unanimidad con ciento un votos afirmativos y dos blancos. Intervinieron Marco Murillo, Víctor Quirola, Scheznarda Fernández, Carlos Velasco, Fausto Cobo, María Soledad Vela, María Molina, Fernando Flores, Gioconda Saltos, César Gracia y Tomás Zevallos.

ACTA_147-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para analizar la declaratoria de emergencia sanitaria en Manabí por el aumento de casos de dengue y para solicitar medidas excepcionales frente a los daños ocasionados por el invierno en Carchi y en el eje vial Palanda-Chinchipe, asuntos que finalmente quedaron pendientes; en cambio, se negaron las propuestas para debatir la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible incorporación a la iniciativa de conservación Yasuní-ITT, así como para rechazar editoriales publicados por periódicos estadounidenses que fueron considerados atentatorios contra la soberanía nacional. En comisión general, representantes de los municipios, gobiernos provinciales y parroquias rurales expusieron sus criterios sobre la futura regulación de los límites territoriales, destacando la necesidad de respetar la tradición histórica, el sentido de pertenencia, la autonomía de los gobiernos locales y la decisión de las poblaciones involucradas. Posteriormente, se aprobó el reconocimiento de las festividades del Carnaval de Guamote como patrimonio cultural intangible, resaltándose su origen ancestral, la convivencia intercultural entre los pueblos indígenas y mestizos, sus personajes, música, gastronomía, rituales y prácticas comunitarias; además, se solicitó a las instituciones competentes proceder con su declaración y registro, incorporarlo al calendario nacional y destinar recursos para su promoción, preservación y salvaguarda. El tema central fue el primer debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para fijar límites y solucionar los conflictos territoriales existentes entre parroquias, cantones y provincias, originados por la falta de delimitaciones jurídicas, la contradicción entre normas, los cambios geográficos, las decisiones políticas y las diferencias sobre la pertenencia e identidad de las comunidades. La propuesta planteó que, en lugar de definir directamente cada límite, se establecieran mecanismos amistosos como la negociación y la mediación territorial, y mecanismos institucionales como el arbitraje, la consulta popular y la resolución de las autoridades competentes; también contempló sustituir al organismo anterior por una nueva entidad nacional encargada de los límites internos. Durante la discusión se insistió en garantizar la participación ciudadana, definir quiénes podrían votar en las consultas y acreditar su residencia, respetar los acuerdos y delimitaciones legalmente consolidados, proteger la integridad de las comunidades indígenas y evitar que fueran divididas entre distintas jurisdicciones, establecer plazos obligatorios para resolver los conflictos y reconocer factores históricos, culturales, sociales, ambientales, geográficos, étnicos e hidrográficos. Asimismo, se cuestionó la actuación del organismo técnico que anteriormente manejaba los límites, la validez de mapas elaborados sin una ley definitiva, la posibilidad de que el Ejecutivo resolviera determinadas controversias, la centralización y politización de las decisiones y la falta de representación directa de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales en la nueva entidad; se propuso incorporar al Instituto Geográfico Militar como apoyo técnico y otorgar un papel más activo a la Asamblea y a los gobiernos autónomos descentralizados. También se aprobó reconsiderar una resolución adoptada previamente sobre Ernesto “Che” Guevara, después de señalarse errores históricos y de redacción que afectaban la imagen institucional. El debate sobre los límites territoriales quedó interrumpido y la sesión concluyó por falta de quórum, por lo que las observaciones debían ser remitidas a la comisión y varios asuntos incorporados al orden del día no llegaron a resolverse. Intervinieron Scheznarda Fernández, María Paula Romo, Marco Murillo, Stalin Subía, Edwin Vaca, Zobeida Gudiño, Paúl Granda, Jorge Olmedo, Néstor Chapa, Juan de Dios Roldán Arellano, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Kléver García, Mauro Andino, Luis Morales, Pedro de la Cruz, Carlos Velasco, Paco Fierro, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Francisco Velasco, Línder Altafuya, Lenín Chica, Mary Verduga, Betty Amores, Tomás Zevallos, Enrique Herrería, César Gracia, Galo Vaca, Hugo Quevedo, María Molina, Betty Carrillo, Rosana Alvarado y Francisco Ulloa.

ACTA_157-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día un exhorto dirigido a las autoridades competentes con el fin de convocar concursos para cargos directivos del sistema educativo y regular sus remuneraciones; la fijación de un precio especial para el gas de uso doméstico destinado a pequeños prestadores de servicios turísticos de la Amazonía; y la comparecencia de varias autoridades para informar sobre el financiamiento, los estudios, la ejecución y la transparencia del proyecto Refinería del Pacífico. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger los derechos de las personas usuarias y consumidoras, abordándose la necesidad de reemplazar la normativa vigente por un sistema más ágil y eficaz de prevención, control, reparación, restitución, indemnización y sanción frente a bienes o servicios deficientes; se analizaron la publicidad engañosa, los contratos de adhesión y sus cláusulas abusivas, los servicios bancarios y financieros, la clonación de tarjetas y delitos informáticos, la medicina prepagada, la vivienda, la educación, el transporte, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, los servicios públicos y profesionales, la protección de datos personales, la calidad de los alimentos, la intermediación comercial, la responsabilidad de proveedores e instituciones estatales, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, la participación de las organizaciones ciudadanas y de los gobiernos autónomos descentralizados, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad, interculturalidad, plurinacionalidad y atención a comunidades, pueblos y nacionalidades. Finalmente, se debatió el proyecto sobre el servicio cívico militar voluntario y las reservas de las Fuerzas Armadas, analizando su concordancia con la Constitución, la objeción de conciencia, las atribuciones del Ejecutivo, la organización militar y la necesidad de contar con una normativa para regular el servicio voluntario; aunque la comisión recomendó archivarlo por considerarlo improcedente y contrario a competencias presidenciales, se defendió su devolución para un análisis más profundo y la moción de archivo no fue aprobada. Intervinieron Gioconda Saltos, Francisco Cisneros, Leonardo Viteri, Fernando Vélez, Betty Amores, María Soledad Vela, Gerónimo Yantalema, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Marco Murillo, Edwin Vaca, Fernando Bustamante y Henry Cuji.

ACTA_158-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día una resolución destinada a garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos afectados por el cierre de varias universidades y otras iniciativas que exigían respeto a la autonomía, independencia y facultades de la Función Legislativa frente a las observaciones formuladas por el Ejecutivo. Posteriormente, Carlos Ramón Pólit Faggioni fue posesionado como Contralor General del Estado. También se desarrolló el primer debate del proyecto orientado a proteger la intimidad y los datos personales frente al uso indebido de archivos, registros y bases de datos; se analizaron los mecanismos de rectificación, reparación civil, sanción penal y hábeas data, así como la propuesta de crear una entidad administrativa especializada, pero la comisión consideró que estas materias ya estaban reguladas en la Constitución y en distintas normas vigentes, y recomendó su archivo; aunque el proponente respaldó esa decisión para evitar la dispersión normativa, la moción de archivo no fue aprobada. Finalmente, se debatieron las reformas a la normativa de inquilinato, centradas en garantizar viviendas dignas y cánones justos, equilibrar los derechos y obligaciones de arrendadores e inquilinos, actualizar disposiciones desfasadas, exigir condiciones adecuadas de habitabilidad y servicios básicos, regular la inscripción de inmuebles y contratos, la fijación de precios, las garantías y su devolución, las reparaciones, el pago de servicios, el abandono y restitución de los inmuebles, el desahucio, el traspaso de dominio y la solución ágil de controversias; además, se planteó evitar la discriminación contra familias con niños, controlar los abusos contractuales, fortalecer la intervención municipal y judicial, proteger especialmente a los sectores de menores ingresos y asegurar procedimientos proporcionales que respeten el debido proceso. Intervinieron Lourdes Tibán, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Carlos Ramón Pólit Faggioni, Mauro Andino, Vethowen Chica, Línder Altafuya, Nívea Vélez, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Bolívar Subía, Marco Murillo, Gioconda Saltos y María Molina.

ACTA_141-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron el momento de las elecciones presidenciales y legislativas, la separación de los comicios locales, la fórmula para asignar escaños, la representación de las minorías, la gobernabilidad y el riesgo de modificar las reglas electorales en función de intereses políticos. También se debatieron la licencia de las autoridades que busquen la reelección, la igualdad de condiciones entre los candidatos, la prohibición de utilizar recursos e infraestructura estatal y propaganda gubernamental durante la campaña, el silencio electoral, la publicación de resultados y actas, el conteo manual de votos y los procedimientos de impugnación y apelación. Se incorporaron disposiciones sobre paridad, alternancia y secuencialidad entre hombres y mujeres, así como sanciones económicas por actos de presión, hostigamiento o amenazas destinados a impedir que una mujer acceda a un cargo de elección popular o ejerza sus funciones. El texto aprobado estableció que las elecciones presidenciales, legislativas y del Parlamento Andino se realicen el mismo día; adoptó para la asignación de escaños una fórmula basada en divisores impares; reguló las juntas electorales, los plazos de la justicia electoral, la publicidad pública autorizada excepcionalmente por el Consejo Nacional Electoral y las obligaciones de los movimientos políticos. La reforma fue aprobada, la rectificación confirmó el resultado y la reconsideración fue negada. Intervinieron Jorge Escala, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Fernando González, María Romo, Andrés Roche, Marisol Peñafiel, Fernando Flores, Xavier Tomalá, Silvia Salgado, Elvis Maldonado, Virgilio Hernández, César Montúfar, Andrés Páez, Galo Lara, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Magaly Orellana, Tito Mendoza, Bolívar Subía, Betty Amores, Mariángel Muñoz, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, María Calle, Lenin Chica, Betty Carrillo y Mauro Andino.

ACTA_151-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó una propuesta para reconocer la trayectoria histórica y el aporte del coronel Luis Vargas Torres a la Revolución Liberal; posteriormente, se rindió homenaje y se otorgó una condecoración a Luis Alfonso Chango Pacha, fundador y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, destacando su historia de superación, su lucha contra la discriminación, el impulso al cooperativismo indígena, la inclusión financiera, la educación, el emprendimiento, la identidad cultural y el deporte. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, centrado en la regulación del transporte comunitario e intercultural en las zonas rurales y de difícil acceso, el uso de camionetas, camiones, mototaxis y otros medios alternativos, las condiciones técnicas y de seguridad para el traslado de personas y productos, la legalización de los servicios diferenciados, la capacitación y entrega de licencias de conducir, el funcionamiento y control de las escuelas de conducción, las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito y de los gobiernos autónomos descentralizados, la revisión de rutas y frecuencias, la prevención de accidentes, el SOAT, el sistema de puntos de las licencias, el uso de taxímetros en la Amazonía y la necesidad de evitar privilegios, monopolios, actos de corrupción y discrecionalidad en la administración del transporte. Intervinieron Línder Altafuya, Pedro de la Cruz, Luis Alfonso Chango Pacha, Fernando Vélez, Mauro Andino, Galo Vaca, María Molina, Virgilio Hernández, Consuelo Flores, Guido Vargas, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Nívea Vélez, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, María Soledad Vela, Tomás Zevallos, Carlos Velasco, Luis Almeida, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Mao Moreno, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_163-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se posesionó a Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo como primera autoridad de la Defensoría Pública, luego de haber sido designado mediante concurso público de méritos y oposición. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó el proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, orientado a proteger a las familias y evitar que, ante la imposibilidad de pagar un préstamo, las instituciones financieras pudieran perseguir otros bienes del deudor, de su cónyuge, herederos, fiadores o garantes, una vez entregado, embargado o rematado el inmueble o vehículo que garantizaba la obligación. Se analizaron la extinción de la deuda con la entrega del bien, la prohibición de garantías y pagarés adicionales, el cese del cálculo de intereses desde el embargo, el traslado de créditos hacia instituciones que ofrecieran mejores condiciones, el levantamiento del patrimonio familiar para financiar la construcción de la vivienda y la prohibición de ejecutar en Ecuador sentencias extranjeras derivadas de créditos hipotecarios que contravinieran el ordenamiento nacional, especialmente para proteger a migrantes afectados por la crisis inmobiliaria en España. También se debatieron los límites económicos y el carácter no retroactivo de la normativa, la valoración y depreciación de viviendas y automotores, la inclusión o exclusión de motocicletas y tricimotos, la protección de los depositantes, los posibles efectos sobre las tasas, los plazos y el acceso futuro al crédito, la situación de la industria automotriz, la contaminación, la balanza de pagos, el riesgo de incentivar el incumplimiento de obligaciones y la constitucionalidad de la propuesta; finalmente, se incorporaron varias reformas y disposiciones derogatorias, el proyecto fue aprobado y la solicitud para reconsiderar esa decisión fue negada. Intervinieron Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Andrés Roche, Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Luis Morales, Virgilio Hernández, Eduardo Encalada, Galo Vaca, Enrique Herrería, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Fernando González, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Rosana Alvarado, Marco Murillo, Cristian Viteri, Fernando Flores, Dora Aguirre, María Paula Romo y Silvia Salgado.

ACTA_174-G-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó y cerró el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, centrado principalmente en la ejecución de las penas y la transformación del sistema de rehabilitación social, analizando la creación de jueces de garantías penitenciarias, la protección de los derechos de las víctimas y de las personas privadas de libertad, la separación y clasificación de los internos según su situación jurídica, edad, sexo, peligrosidad y tipo de infracción, los regímenes cerrado, semiabierto y abierto, las sanciones alternativas y el uso de dispositivos de localización. También se debatieron las condiciones precarias y el hacinamiento de las cárceles, la atención diferenciada para mujeres con hijos, personas adultas mayores, con discapacidad o enfermedades graves, la capacitación y situación laboral de los guías penitenciarios, y la implementación de programas obligatorios de educación, trabajo remunerado, salud, cultura, deporte, seguridad social, fortalecimiento familiar, ahorro y emprendimientos productivos que permitan la reinserción y reduzcan la reincidencia. Se examinó además la coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria, su carácter restaurativo, sus competencias territoriales y los límites derivados de la Constitución y los derechos humanos; la protección especializada de adolescentes en conflicto con la ley y de niños en situaciones de explotación o calle; las sanciones por usura, narcotráfico y delitos graves; los delitos cometidos mediante redes sociales; las causas económicas y sociales de la delincuencia; y la necesidad de que una reforma penal integral no se limite a endurecer las penas. En comisión general, Soledad Realpe solicitó que la Ley 103 no fuera eliminada, sino reformada y ampliada para proteger a las mujeres frente a la violencia y discriminación tanto familiar como social; al inicio también se guardaron minutos de silencio en memoria de Jaime Orlando Quiñónez Rodríguez, Wagner Castillo, Lenín Chiriboga Delgado y Doris Eneida Souza Moreira. Intervinieron Gabriel Rivera, Soledad Realpe, César Gracia, Marco Murillo, Soledad Vela, Vicente Taiano, Betty Carrillo, Paco Moncayo, Silvia Salgado, Gerónimo Yantalema, Ángel Vilema, Guillermina Cruz, Mercedes Diminich, Zobeida Gudiño y Mauro Andino; finalmente, se solicitaron nuevas observaciones para preparar el informe de segundo debate y se cerró la discusión después de haberse registrado ciento cuarenta y dos intervenciones acumuladas.

ACTA_191-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto reformatorio de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y se intentó elegir a las autoridades de la comisión encargada de analizar el informe anual del Presidente de la República. En el debate legislativo existió un respaldo general a la incorporación de los gobiernos parroquiales rurales como accionistas y miembros del Directorio y de la Comisión Ejecutiva del Banco del Estado, al considerarse que constituían el nivel de gobierno más cercano a las comunidades y necesitaban participar directamente en las decisiones relacionadas con el financiamiento de obras, servicios básicos, vialidad, agua potable, alcantarillado, producción y desarrollo rural; sin embargo, se advirtió que la sola representación no garantizaba el acceso efectivo a los recursos, por lo que se propuso reservar porcentajes de crédito para las parroquias, brindarles asistencia técnica para preparar estudios y proyectos, distribuir equitativamente los recursos petroleros, priorizar las zonas fronterizas y amazónicas, evitar que una misma persona representara a varios niveles de gobierno y asegurar que todos los integrantes del Directorio contaran con alternos. También se planteó incluir en el Directorio a los gobiernos regionales, distritos metropolitanos y regímenes especiales, equilibrar la representación de los gobiernos autónomos frente al Gobierno central, mantener o justificar adecuadamente la exclusión del representante de los trabajadores, corregir la denominación del Ministerio de Finanzas y establecer que los préstamos se destinaran prioritariamente a infraestructura y servicios esenciales, evitando inversiones que no respondieran a las necesidades urgentes de la población; concluido el primer debate, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones presentadas. Posteriormente, Mary Verduga propuso a Hólger Chávez como presidente y a Xavier Tomalá como vicepresidente de la comisión que debía examinar el informe presidencial, pero la moción fue negada con cincuenta votos afirmativos, treinta y ocho negativos y seis abstenciones; Marco Murillo presentó otra fórmula integrada por Magaly Orellana y Francisco Cisneros, que tampoco fue aprobada, al obtener cuarenta y ocho votos afirmativos, cuarenta y siete negativos, un blanco y tres abstenciones. Richard Guillén propuso después a Mary Verduga y Francisco Cisneros, pero Verduga no aceptó la candidatura; Eduardo Encalada planteó finalmente a Hólger Chávez y Francisco Cisneros, fórmula que tampoco llegó a votarse porque Chávez rechazó participar junto al representante de Sociedad Patriótica y desistió de presidir la comisión, por lo que las autoridades no fueron elegidas y la sesión fue clausurada, quedando los integrantes obligados a preparar el informe correspondiente. Intervinieron Marisol Peñafiel, Jimmy Pinoargote, Luis Morales, Edwin Vaca, Xavier Tomalá, Paco Moncayo, José Picoita, Guillermina Cruz, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, Carlos Samaniego, Hólger Chávez, Mary Verduga, Marco Murillo y Richard Guillén.

ACTA_209-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Antes de abordar el proyecto, se expresó solidaridad con las poblaciones afectadas por la erupción del volcán Tungurahua y se exhortó a las instituciones estatales a coordinar la atención de la emergencia. En el debate se propuso ampliar las competencias de los municipios para atender la vialidad rural, garantizar que las competencias transferidas a los gobiernos autónomos estén acompañadas de recursos, agilizar la legalización de asentamientos sin beneficiar a traficantes de tierras y respetar la exención tributaria de los territorios indígenas y comunitarios. También se respaldó la eliminación del ganado y otros semovientes del cálculo del impuesto predial rural, pero se solicitaron precisiones sobre la maquinaria agrícola, los trámites de escrituración, las diferencias de superficie de los predios, las áreas verdes y la protección de terrenos destinados a la producción y la soberanía alimentaria. Se planteó fortalecer la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos locales, controlar el incremento de tasas e impuestos, asegurar la participación ciudadana en la planificación y elaboración de presupuestos, mejorar el procedimiento de remoción y reemplazo de autoridades, establecer reglas especiales para la creación de cantones y parroquias en la Amazonía, zonas fronterizas y Galápagos, y evitar que se creen circunscripciones sin cumplir los requisitos legales. Finalmente, se cerró el primer debate sin votación, las observaciones quedaron para conocimiento de la Comisión y la sesión fue clausurada. Intervinieron Marco Murillo, Luis Morales, Rolando Panchana, Cecilia Jaramillo, Cléver Jiménez, Alfredo Ortiz, Guido Vargas y Stalin Subía.

ACTA_211-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló y cerró el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Turismo, orientado a declarar esta actividad como política prioritaria del Estado, crear el Sistema Nacional de Turismo, coordinar a las instituciones públicas y privadas, promover nuevas modalidades turísticas, generar empleo, proteger la naturaleza y establecer derechos, obligaciones, incentivos y sanciones para turistas y prestadores de servicios. Aunque existió respaldo general al proyecto, se propuso mantener y revisar los incentivos económicos, definir con mayor claridad la integración del sistema y las infracciones, descentralizar la protección al turista, fortalecer la participación de los gobiernos autónomos, simplificar los permisos mediante un registro único, promover créditos e inversión, mejorar la seguridad y difusión turística —especialmente en zonas fronterizas— y garantizar accesibilidad universal para las personas con discapacidad. También se pidió reconocer al turismo comunitario como parte de la economía popular y solidaria, incluir a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios en la toma de decisiones, proteger sus saberes y patrimonio, regular adecuadamente a los guías y compensar a los territorios turísticos afectados por proyectos que causen daños ambientales. Concluido el debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones. Posteriormente se leyó el informe del proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, destinado a regular la consulta previa antes de aprobar medidas legislativas o administrativas que afecten derechos colectivos, estableciendo principios, fases, órganos responsables y veedurías, con fundamento en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales; la Comisión recomendó que, luego del primer debate y antes del segundo, el texto fuera sometido a consulta prelegislativa. Este debate no llegó a iniciarse porque se esperaba recibir en comisión general a las organizaciones interesadas, por lo que la sesión fue suspendida y quedó pendiente su continuación. Intervinieron Fernando Vélez, Paco Moncayo, Gerónimo Yantalema, María Cristina Kronfle, Francisco Ulloa, Marco Murillo, Jimmy Pinoargote, Blanca Ortiz, Edwin Vaca, César Rodríguez y Luis Morales.

ACTA_005-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó el cambio del orden del día para incorporar el debate y resolución sobre la instalación de siete bases estadounidenses en Colombia, propuesta impulsada por Fernando Bustamante y Francisco Ulloa, con el respaldo de varios asambleístas. Posteriormente, se trató la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto de aspectos relacionados con las atribuciones del organismo, los procesos de investigación y control, la selección e impugnación de postulantes, la integración de las comisiones ciudadanas y las designaciones de autoridades; intervinieron Luis Morales, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Gina Godoy, Cléver Jiménez, César Montúfar, Eduardo Encalada, Richard Guillén, María Soledad Vela, Andrés Páez y Guillermina Cruz. Tras el debate, se aprobó el allanamiento a la objeción parcial. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, orientada a adecuar la integración y funcionamiento de los consejos provinciales a la Constitución, regular las funciones de prefectos y viceprefectos, fortalecer la gobernabilidad, la paridad de género, la interculturalidad y la autonomía provincial; intervinieron Virgilio Hernández, Gilmar Gutiérrez, Diana Atamaint, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Yolanda Martínez, Ángel Vilema, Zobeida Gudiño, Kléver García, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, César Gracia, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Edwin Vaca, Fernando Vélez y José Picoita. La reconsideración planteada por Kléver García fue negada, incluso después de la rectificación solicitada por Eduardo Encalada. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó la instalación y uso de siete bases militares colombianas por fuerzas estadounidenses, al considerarse que podía afectar la soberanía, la seguridad regional, la paz y la estabilidad de América del Sur; en este debate participaron Francisco Ulloa, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Cynthia Viteri, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Galo Lara, María Augusta Calle, Mao Moreno, Cléver Jiménez, Fausto Cobo, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, César Montúfar, Dora Aguirre, Marco Murillo y Fernando Bustamante.

000_ACTA_INSTALACION-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se efectuó la instalación formal de la Asamblea Nacional, mediante la revisión de las credenciales e identidad de los asambleístas, la constatación del quórum y el cumplimiento de los actos protocolarios; posteriormente, el debate se concentró en la designación de las autoridades legislativas, la forma de votación que debía aplicarse, la necesidad de garantizar la representación de las distintas bancadas, la participación de las minorías y de la oposición, la inclusión de las mujeres, la independencia de la Función Legislativa frente al Ejecutivo, la fiscalización, el respeto a los derechos de trabajadores, maestros, jóvenes, campesinos y pueblos indígenas, así como la construcción de una Asamblea democrática, plural y orientada a los intereses nacionales. Como resultado de las votaciones, fueron elegidos y posesionados Fernando Cordero Cueva como presidente, Irina Cabezas Rodríguez como primera vicepresidenta, Rolando Panchana Farra como segundo vicepresidente y Pedro de la Cruz como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa; además, Francisco Vergara Ortiz y Andrés Segovia Salcedo fueron designados secretario general y prosecretario general, respectivamente. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Fernando Bustamante Ponce, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Virgilio Hernández, Raúl Abad, Luis Almeida, Andrés Páez, César Rodríguez, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, María Augusta Calle, Lenín Chica, Juan Carlos López, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Lourdes Tibán, Abdalá Bucaram, Edwin Vaca, Francisco Cisneros, Irina Cabezas, Leandro Cadena, Gastón Gagliardo, Fernando Aguirre, Ramiro Terán, Gido Vargas, Marco Murillo, Rolando Panchana, Silvia Salgado, Gilmar Gutiérrez, Tomás Zevallos, Luis Morales, Rafael Dávila, César Montúfar y Ángel Vilema.

ACTA_025-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la incorporación al orden del día de la propuesta presentada por Tomás Zevallos para tratar la revocatoria del encargo del Superintendente de Telecomunicaciones y la situación de Radio La Voz de Arútam, mientras que se aprobó incluir el proyecto de resolución sobre la iniciativa Yasuní-ITT planteado por Jorge Escala. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, orientado a regular la participación individual y colectiva en la gestión pública, la democracia directa, la iniciativa popular normativa, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las organizaciones sociales, el voluntariado, la participación en los distintos niveles de gobierno, la planificación y los presupuestos participativos, la silla vacía, las veedurías, el control social, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. El principal debate se centró en la inclusión efectiva de comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; el carácter vinculante de la consulta previa; la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados; la representación en los consejos de planificación; la participación de las personas ecuatorianas en el exterior; y la posibilidad de que la silla vacía intervenga con voz y voto, aspecto respaldado por Luis Morales, Pedro de la Cruz, Paola Pabón, Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli, pero cuestionado por Leandro Cadena, Juan Carlos López, Fernando Bustamante y otros legisladores por considerar que podía afectar la representatividad o generar conflictos en los gobiernos locales. María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Eduardo Zambrano, Virgilio Hernández y Hólger Chávez insistieron en fortalecer el enfoque intercultural, plurinacional y colectivo de la norma, así como en garantizar mecanismos propios de representación para pueblos y nacionalidades; mientras Paco Moncayo, César Montúfar, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Rodolfo Baquerizo, Mercedes Diminich, Ramiro Terán, José Picoita, Armando Aguilar, Lenín Chica, María Augusta Calle, Gioconda Saltos, Dora Aguirre y otros asambleístas formularon observaciones sobre la aplicación práctica de los mecanismos de participación, los porcentajes requeridos para consultas y revocatorias, la rendición de cuentas, el control constitucional y la necesidad de evitar la politización o cooptación de la participación ciudadana. Al finalizar este punto, Fernando Cordero cerró el debate y dispuso que no se votara el proyecto en esa sesión, a fin de que la Comisión procese las observaciones presentadas. Asimismo, se aprobó la resolución propuesta por Scheznarda Fernández para exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Manabí, incrementar los efectivos policiales y movilizar recursos y personal de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad, los robos, el sicariato y la presunta presencia de actividades vinculadas con grupos irregulares; en este tema intervinieron, entre otros, Saruka Rodríguez, Leandro Cadena, Gabriel Rivera, Leonardo Viteri, Gido Vargas, Sylvia Kon, Lenín Chica, María Soledad Vela, Richard Guillén, Fernando Bustamante y Andrés Roche. Finalmente, se aprobó una resolución de respaldo a la iniciativa Yasuní-ITT, mediante la cual se ratificó la defensa de mantener bajo tierra las reservas del campo ITT y se exhortó al Gobierno Nacional a continuar una negociación soberana que permita proteger la naturaleza y la biodiversidad; participaron Jorge Escala, Tomás Zevallos, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Rosana Alvarado, Francisco Cisneros, Ramiro Terán y María Paula Romo.

ACTA_027-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se guardó un minuto de silencio en homenaje a los héroes del Cenepa, a propuesta de Paco Moncayo, y se recibió a la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyo representante Juan Ruales solicitó que se preserve su autonomía institucional dentro del proyecto de Ley de Culturas. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión de la Verdad, destinada a proteger a sus integrantes, colaboradores y testigos frente a acciones civiles o penales derivadas de sus labores investigativas, garantizar la reserva de información y facilitar medidas de protección para quienes participaran en el esclarecimiento de posibles violaciones de derechos humanos; María Paula Romo, Fernando Bustamante, Jorge Escala, César Montúfar y Tomás Zevallos defendieron la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y evitar represalias, mientras Vicente Taiano, Enrique Herrería, Kléver García, Jorge Fadul, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram y Leonardo Viteri cuestionaron la constitucionalidad de otorgar inmunidad, la imparcialidad de la Comisión y la falta de información sobre el contenido de su informe. También se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que regula la organización, interconexión, publicidad, protección y administración de la información contenida en registros públicos, incluidos los de propiedad y mercantiles; Francisco Velasco, Betty Amores, Yandri Brunner, Andrés Roche, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, Andrés Páez y Rodolfo Baquerizo debatieron principalmente sobre el régimen de transición, la infraestructura de las nuevas oficinas, la situación laboral de las y los trabajadores y las responsabilidades de los registradores salientes. Asimismo, se aprobó una resolución que rechazó el fallo de los conjueces en el caso Filanbanco, por considerar que podía favorecer la impunidad respecto de los presuntos responsables del perjuicio ocasionado al Estado, y se exhortó a las autoridades competentes a investigar las actuaciones judiciales y continuar el seguimiento del caso; intervinieron Línder Altafuya, Rolando Panchana, Jorge Escala, Rodolfo Baquerizo, María Paula Romo y Gioconda Saltos. De igual manera, se debatieron las actuaciones del fiscal general Washington Pesántez en relación con las presuntas irregularidades surgidas tras el accidente de tránsito en el que falleció Natalia Emme Bedoya; Silvia Salgado, Guillermina Cruz, Cynthia Viteri, Francisco Velasco, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Marco Murillo, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Paola Pabón, Enrique Herrería, Marisol Peñafiel, Luis Almeida, César Rodríguez, César Montúfar, Linda Machuca, Luis Morales, César Gracia y María Paula Romo expusieron posiciones sobre la imparcialidad de la Fiscalía, el respeto a los derechos de la víctima y la posible responsabilidad de sus funcionarios. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó las actuaciones de la Fiscalía, solicitó la destitución de los funcionarios que respaldaron un comunicado público sobre el caso, dispuso mantener vigilancia legislativa y consideró necesaria la renuncia inmediata del Fiscal General; la reconsideración solicitada por Francisco Velasco fue negada. También se aprobó por unanimidad un homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, propuesto por Marisol Peñafiel, en reconocimiento a su defensa de los pueblos indígenas, campesinos y sectores excluidos, su aporte a la educación y alfabetización, y la difusión de sus valores de justicia, solidaridad y paz.

ACTA_022-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se conoció la respuesta del Ejecutivo a las observaciones formuladas a la proforma presupuestaria y a la programación cuatrianual, ratificándose la Asamblea en que los fondos especiales destinados a determinados gobiernos autónomos descentralizados debían mantenerse vigentes y pagarse sin descontarlos de las asignaciones generales, así como en la redistribución de ochenta millones de dólares para modernizar la Función Judicial, financiar nuevos jueces y fortalecer los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia; intervinieron Betty Amores, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, Rafael Dávila y Armando Aguilar, quienes debatieron también sobre el endeudamiento, las proyecciones económicas, las asignaciones para educación, salud, jubilación docente y gobiernos locales. La resolución fue aprobada luego de la rectificación de la votación y se negó la reconsideración solicitada. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe fue presentado por Betty Carrillo y planteaba garantizar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, la regulación de contenidos, la protección de niñas, niños y adolescentes, la producción nacional, los derechos de periodistas y comunicadores, la desconcentración de la propiedad de medios, la transparencia de sus propietarios, el funcionamiento de medios públicos, privados y comunitarios, y la creación de mecanismos de regulación, vigilancia y participación ciudadana. Antes del debate se dio lectura al acuerdo suscrito por Fernando Cordero, Luis Morales, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Jorge Escala, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Cynthia Viteri, César Montúfar y Abdalá Bucaram, orientado a garantizar la libertad de expresión sin censura previa, establecer responsabilidad ulterior, impedir la clausura o suspensión administrativa de medios y crear un Consejo de Comunicación autónomo e independiente. Durante el debate intervinieron Betty Carrillo, Paco Moncayo, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, César Rodríguez y Luis Morales; mientras Carrillo y Rodríguez defendieron la necesidad de una ley para democratizar el acceso a la comunicación, evitar monopolios y garantizar derechos ciudadanos, Moncayo, Cobo, Viteri y Morales expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de prensa, las facultades sancionadoras del Consejo y la suspensión de medios de comunicación. Finalmente, ante la falta de condiciones para continuar el debate, se suspendió el tratamiento del proyecto para retomarlo en una próxima sesión.

ACTA_042-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 042 documenta la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional realizada el 20 de mayo de 2010, instalada por el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra (en reemplazo del presidente Fernando Cordero, ausente por un duelo familiar) y con Francisco Vergara Ortiz como Secretario General; tras constatar el quórum y leer el Orden del Día, se rechazó una moción de cambio presentada por Ramiro Terán sobre reestructuración de la Comisión de Fiscalización, se retiró una moción de Henry Cuji sobre jubilados del Ingenio San Carlos, y se tomó nota de un pedido de Gilmar Gutiérrez. Tras el Himno Nacional, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado (ponente María Paula Romo) con intervenciones de Vicente Taiano y Luis Almeida, ley que fue finalmente aprobada por amplia mayoría tras rectificación de la votación. A continuación se trató el conocimiento de la solicitud del Consejo de Administración Legislativa para encargar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la elaboración de un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que incorpore el procedimiento normativo de consulta prelegislativa (numeral 17 del artículo 57 de la Constitución), punto que generó un extenso debate con las intervenciones de Virgilio Hernández, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Paula Romo y Jorge Escala. La sesión se interrumpió para una Comisión General en homenaje a la recepción de los restos simbólicos de la Generala Manuela Sáenz, con un acto conmemorativo, proyección audiovisual e intervención de María Augusta Calle; reinstalada la sesión, continuó el debate sobre la reforma legislativa con las participaciones de Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema (parte de su intervención en kichwa), Cynthia Viteri, Betty Carrillo y Silvia Salgado. Finalmente, sin llegar a una votación formal sobre el proyecto de resolución, el Presidente encargado, recogiendo el consenso expresado por los asambleístas, dispuso que el Consejo de Administración Legislativa reciba todos los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionados con la consulta prelegislativa, y clausuró la sesión.

ACTA_048-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo de Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum con setenta y ocho asambleístas y se instaló la sesión, guardándose previamente un minuto de silencio a pedido de Vicente Taiano por el fallecimiento del padre del asambleísta Luis Morales; tras el Himno Nacional, se conoció el oficio de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia que solicitaba autorización para iniciar causa penal contra el Presidente Rafael Correa Delgado por una querella de injurias presentada por Gil Leonardo López Monsalve, petición que fue negada en votación (once afirmativos, cincuenta y nueve negativos). A continuación se trató el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, con el informe de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, e intervinieron Paco Moncayo, Enrique Herrería, Juan Carlos Cassinelli, Francisco Ulloa, Rafael Dávila, Rosana Alvarado, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco y Nivea Vélez debatiendo principalmente el porcentaje (10%, 25% o 50%) que el Banco Central podría invertir con cargo al Sistema del Resto de Operaciones y Cuentas Patrimoniales excluyendo los depósitos del IESS, ISSFA, ISSPOL, gobiernos autónomos y universidades; el tema quedó suspendido para redacción final sin llegar a votarse. Posteriormente, la Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, expuso extensas denuncias documentadas contra el Consejo de la Judicatura (nombramientos a dedo de notarios y jueces, homologación salarial irregular, falta de sanción a jueces por caducidad de prisión preventiva, un incidente de agresión física entre un vocal y un juez, y casos de presunta intervención judicial indebida), generando un amplio debate con intervenciones de Línder Altafuya, Mauro Andino, Luis Almeida, Andrés Páez, Marisol Peñafiel, Lourdes Tibán, Jorge Escala, César Rodríguez y Marco Murillo; durante una comisión general el Rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo Romero, expuso sobre la judicialización excesiva de los concursos de oposición y méritos universitarios, tras lo cual la sesión se suspendió hasta las 15h30. Al reanudarse, mientras presidía Irina Cabezas Rodríguez y luego Lourdes Tibán, continuaron las intervenciones sobre el Consejo de la Judicatura, incluyendo la propuesta del propio Presidente Cordero de recoger firmas para un eventual juicio político a sus vocales, iniciativa respaldada por Marco Murillo, quien planteó extenderla también a la Corte Constitucional; el tema se cerró sin votación, acordándose convocar a una reunión de jefes de bloque. Finalmente, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de resolución presentado por Saruka Rodríguez para exhortar al cumplimiento del Acuerdo Interministerial sobre el cacao nacional fino de aroma, y se aprobó la resolución que declara el 20 de octubre como Día de la Estadística Nacional y el 2010 como Año de los Censos Nacionales, con intervención de Marcelo García; la sesión se suspendió a las diecisiete horas veinticuatro minutos, pendiente de continuar en otra sesión que sería oportunamente convocada, ante la falta de acuerdo sobre el porcentaje de inversión del Banco Central.

ACTA_065-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas, destinado a articular la planificación nacional y territorial con el presupuesto, la inversión pública, la programación fiscal plurianual, la gestión de liquidez, el endeudamiento, la transparencia y el control de los recursos públicos, además de derogar varias normas financieras dispersas. Francisco Velasco presentó los cambios incorporados luego del diálogo con gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones territoriales, destacando el respeto a sus planes de desarrollo, la separación entre planificación y ordenamiento territorial, la protección de recursos de la seguridad social y la reducción del límite de endeudamiento al 40 % del PIB; Viviana Bonilla, Virgilio Hernández, Betty Amores y Fernando Cordero defendieron el texto por considerar que fortalecía la planificación participativa, la articulación entre niveles de gobierno y el control fiscal. En contraste, Sylvia Kon, Andrés Roche, Rafael Dávila, Francisco Ulloa, Andrés Páez, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Vicente Taiano, César Montúfar, Paco Fierro, Edwin Vaca, Luis Almeida, Ramiro Terán, Nivea Vélez, Jorge Escala y Juan Carlos López cuestionaron el trámite urgente, el posible centralismo de la planificación, las facultades para modificar el presupuesto, el endeudamiento, el uso de la Cuenta Única del Tesoro, los recursos del IESS y de los gobiernos locales, el encaje bancario en instrumentos estatales, el arbitraje internacional, la participación de pueblos y nacionalidades y la prioridad de inversión para zonas fronterizas, amazónicas y Galápagos. Tras incorporar varias observaciones, el Código fue aprobado con setenta y tres votos afirmativos, treinta y uno negativos, un voto en blanco y once abstenciones, manteniéndose la decisión luego de la reconsideración. También se aprobó una resolución presentada por Luis Morales, con aportes de Fernando Bustamante y César Rodríguez, para expresar beneplácito por el rescate de los 33 mineros chilenos, reconocer al Gobierno de Chile, al equipo técnico y de salvamento, y resaltar los valores de solidaridad, protección de la vida y seguridad laboral; se eliminó del texto la propuesta inicial de postular a Sebastián Piñera al Premio Nobel de la Paz

ACTA_078-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural, centrado en la transformación del sistema educativo, la revalorización docente, la interculturalidad, la inclusión y la garantía del derecho a una educación pública de calidad. Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Eduardo Encalada, Kléver García, Jimmy Pinoargote, Ramiro Terán, Juan Fernández, Enma Palacios, Vicente Iza, Jorge Escala y otros legisladores defendieron la estabilidad laboral de docentes contratados, supervisores, técnicos docentes, educadores comunitarios y personal de instituciones municipales, así como la vigencia o fortalecimiento de la carrera docente, el escalafón, los permisos gremiales, una evaluación integral de todo el sistema y una remuneración que no reduzca los ingresos existentes; además, solicitaron que los incrementos salariales sean retroactivos, que se reconozcan bonos para zonas fronterizas, amazónicas, insulares y de difícil acceso, y que la jubilación se ajuste expresamente a los beneficios de la Ley Orgánica de Servicio Público, con una compensación de hasta ciento cincuenta salarios básicos unificados. César Rodríguez señaló que la Comisión acogería el criterio de homologar la jubilación docente con dicha ley. Gerónimo Yantalema, Lourdes Tibán, Rosendo Nurinkias, Rodrigo Collahuazo y otros representantes de pueblos y nacionalidades insistieron en preservar la autonomía administrativa, técnica y financiera, la jurisdicción y el modelo propio del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, cuestionando que se lo convierta en una dependencia subordinada; mientras Pedro de la Cruz planteó una Subsecretaría desconcentrada bajo rectoría del Ministerio de Educación, con asignación preferente de recursos y participación de organizaciones representativas. María Soledad Vela, Betty Amores, Gina Godoy, María Augusta Calle y Dora Aguirre propusieron incorporar educación sexual integral, protección de estudiantes embarazadas, inclusión efectiva de personas con discapacidad, prevención y sanción de la violencia y abuso sexual en establecimientos educativos, coordinación con las juntas de protección de derechos y mecanismos especiales para estudiantes migrantes y ecuatorianos residentes en el exterior. También se debatió el reconocimiento de la educación municipal, la participación de gobiernos locales en el Consejo Nacional de Educación, la educación fiscomisional, militar y policial, el carácter laico de la enseñanza, la necesidad de currículos flexibles y pertinentes, la enseñanza de lenguas ancestrales y extranjeras, y el fortalecimiento de la infraestructura, la formación docente y la inversión pública. Silvia Salgado, Francisco Cisneros, María Paula Romo, César Montúfar, Raúl Abad, José Picoita, Salomón Fadul, Zobeida Gudiño, Paco Fierro, Hólger Chávez, Juan Carlos López, Marco Murillo y otros asambleístas presentaron observaciones sobre estos temas, con posiciones diversas respecto de la autonomía de la educación bilingüe, el rol de la UNE, la descentralización y el alcance de las competencias municipales. La Comisión anunció que incorporaría los consensos y observaciones en un texto revisado antes de la votación; por tanto, el debate concluyó sin aprobación final y quedó suspendido para continuar posteriormente

ACTA_082-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, que reguló el orden de reemplazo de alternos de asambleístas, concejales y vocales de juntas parroquiales cuando estos no puedan asistir; sustituyó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas” para efectos del Fondo Partidario Permanente; permitió, de manera transitoria y hasta el siguiente proceso electoral pluripersonal, distribuir dicho fondo con base en la participación y resultados electorales de 2009 mientras las organizaciones culminaban su inscripción o reinscripción; y precisó el período de vicealcaldes y de integrantes de comisiones legislativas municipales y parroquiales. María Paula Romo, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Vicente Taiano y Fernando Cordero defendieron la reforma como un mecanismo para viabilizar un mandato constitucional, fortalecer las organizaciones políticas y evitar su dependencia de aportes privados, mientras César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo cuestionaron su constitucionalidad, un posible conflicto de intereses y que se convierta en una distribución de recursos públicos a agrupaciones no inscritas; Jorge Escala apoyó la entrega únicamente a organizaciones que cumplieran los requisitos constitucionales, Rocío Valarezo solicitó incluir a movimientos provinciales y regionales, y Magaly Orellana objetó la incorporación de reformas adicionales al texto inicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con setenta y nueve votos afirmativos, seis negativos, cinco blancos y dieciocho abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, en primer debate se trató la Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 sobre asignaciones provenientes de la venta de energía de las hidroeléctricas Paute, Pisayambo y Agoyán, que planteó mantener las rentas destinadas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, reasignar los recursos antes administrados por el extinto CREA a los gobiernos provinciales, en coordinación con municipios y juntas parroquiales, y destinarlos principalmente a protección de cuencas, páramos, reforestación y gestión ambiental. Virgilio Hernández defendió el informe; Gioconda Saltos solicitó que el cálculo se realice sobre la venta efectiva de energía, ampliar los usos a vialidad y obra social y cancelar valores pendientes; Luis Morales, Betty Carrillo y Juan Carlos López defendieron los recursos para Tungurahua como compensación por los impactos ambientales y turísticos de las centrales; Paco Fierro, Mauro Andino, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Armando Aguilar pidieron incorporar a Chimborazo y a otras provincias aportantes de recursos hídricos; María Molina planteó ajustes por la supresión del CREA y cuestionó considerar al agua como recurso no renovable; Guillermina Cruz solicitó una ley general que incluya a todas las provincias con proyectos hidroeléctricos, y Fernando Cordero propuso avanzar directamente hacia una norma nacional que distribuya recursos sin disminuir los ya existentes. El debate quedó cerrado para que la Comisión recoja las observaciones antes del segundo debate.

ACTA_073-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate y se aprobó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, orientado a impulsar la transformación productiva, la diversificación económica, la innovación, las exportaciones, las MIPYMES, las zonas especiales de desarrollo, el acceso a financiamiento, la modernización aduanera y los incentivos tributarios para nuevas inversiones, incluyendo la reducción progresiva del impuesto a la renta, beneficios para zonas deprimidas y fronterizas, exoneraciones para determinados sectores, mecanismos de salario digno y disposiciones sobre tierras rurales. Francisco Velasco defendió el texto y sus incentivos; Silvia Salgado, Betty Amores, Armando Aguilar, Pedro de la Cruz, Gioconda Saltos, Diana Atamaint, Gido Vargas, Mauro Andino, Juan Carlos Cassinelli, Irina Cabezas, Viviana Bonilla, Marllely Vásconez, Marco Murillo, Salomón Fadul y Henry Cuji plantearon aportes para fortalecer la economía popular y solidaria, la agricultura familiar, el comercio justo, la producción amazónica, la protección ambiental, el acceso a tierra, crédito y tecnología, así como la exoneración del impuesto a tierras rurales para campesinos y productores de la Amazonía. Enrique Herrería, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Ramiro Terán, Hugo Quevedo, Nicolás Lapentti, César Montúfar, Sylvia Kon y Luis Morales cuestionaron el trámite urgente, la seguridad jurídica, la amplitud de facultades reglamentarias del Ejecutivo, el anticipo al impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, la fórmula del salario digno, los mecanismos de contratación laboral y aspectos aduaneros; Jaime Abril propuso mejoras de técnica legislativa y proporcionalidad de sanciones, mientras Patricio Rodríguez solicitó incentivos y financiamiento para migrantes retornados. En comisión general, Orlando Grefa, Jofre Poma y Carlos Pinzón solicitaron la condonación del impuesto, multas e intereses de 2010 para agricultores amazónicos y del noroccidente de Pichincha, así como catastros técnicos que consideren productividad, topografía, conservación de fuentes de agua y condiciones ambientales. La moción de Luis Morales para votar el Código capítulo por capítulo fue negada; posteriormente, el Código fue aprobado con sesenta y ocho votos afirmativos, treinta y ocho negativos y tres abstenciones, y la reconsideración fue rechazada. Además, se aprobó la resolución propuesta por Edwin Vaca para exhortar al Gobierno a mantener la ayuda humanitaria y asignar recursos para Tulcán, afectada por lluvias y granizo que inundaron gran parte de la ciudad, destruyeron viviendas y centros educativos y dejaron numerosas familias damnificadas; la resolución obtuvo ciento cinco votos afirmativos

ACTA_072-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó por unanimidad el Acuerdo entre Ecuador y Perú para crear la Comisión Binacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, destinada a impulsar la integración fronteriza, el manejo sostenible del agua, el control de inundaciones, el riego y el desarrollo agrícola en zonas de El Oro y Tumbes; Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Zobeida Gudiño, Linda Machuca, Fausto Cobo, Vethowen Chica, Luis Morales, Eduardo Zambrano, Luis Almeida, Carlos Zambrano, Mao Moreno, Mauro Andino, Rafael Dávila, Rosa Santos, Pedro de la Cruz y Víctor Quirola respaldaron la iniciativa, mientras Gerónimo Yantalema solicitó incorporar de forma efectiva a campesinos, montubios, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como medidas de protección de zonas de recarga hídrica, biodiversidad y soberanía alimentaria. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Servicio Público; Nívea Vélez propuso ratificar artículos relacionados con la autonomía de las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados, derechos de trabajadores, jornada especial de salud, maternidad y lactancia, evaluación, estabilidad, jubilación y debido proceso. En comisión general, Héctor Terán, Eduardo Valdez, Miguel García Falconí y Noemí Marcillo, en representación de organizaciones de servidores públicos y trabajadores, cuestionaron la renuncia obligatoria, los pagos mediante bonos, la afectación a la estabilidad, la evaluación como causal de desvinculación, la reducción de derechos laborales y la concentración de atribuciones en el Ministerio de Relaciones Laborales. Francisco Cisneros, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Tito Nilton Mendoza, Galo Lara, Galo Vaca y Dora Aguirre intervinieron en el debate con posiciones sobre la defensa de derechos laborales, la autonomía institucional, el control de la corrupción, la jubilación y la aplicación del veto. En las votaciones se ratificaron algunos textos originales, entre ellos el artículo 25 y los artículos 130, 134 y 135, además de la disposición general vigésima primera; no prosperaron varias ratificaciones vinculadas con autonomía, evaluación, estabilidad, jubilación y disposiciones transitorias, y se aprobó el allanamiento a un amplio grupo de observaciones del Ejecutivo. Finalmente, quedaron solicitadas reconsideraciones de varias mociones para una sesión posterior.

ACTA_070-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Fernando Flores para incorporar la creación de una comisión multipartidista que investigue los hechos del 30 de septiembre de 2010 y garantice la presunción de inocencia. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que planteaba transformar el modelo primario exportador mediante incentivos tributarios para nuevas inversiones, reducción progresiva del impuesto a la renta, apoyo a las MIPYMES, economía popular y solidaria, innovación, producción limpia, zonas especiales de desarrollo, crédito, comercio exterior, modernización aduanera y la regulación del salario digno; Francisco Velasco defendió el informe y señaló la necesidad de complementarlo con una Ley de Economía Popular y Solidaria y una Ley de Competencia. Guillermina Cruz, Gido Vargas, Vethowen Chica, Omar Juez, Galo Vaca, Gerónimo Yantalema y Edwin Vaca solicitaron mayor atención a la agricultura, la Amazonía, las provincias pobres, las zonas fronterizas, la producción bananera, los pequeños productores y los incentivos territoriales; Betty Amores, Christian Viteri y Virgilio Hernández respaldaron el enfoque de transformación productiva, pero propusieron fortalecer la economía solidaria, el control de monopolios, la equidad fiscal, la protección ambiental y la participación de los gobiernos locales. Francisco Ulloa, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Vicente Taiano, Nívea Vélez, Andrés Páez, Marco Murillo, Mauro Andino, Kléver García, Enrique Herrería y Luis Almeida cuestionaron el trámite como ley económica urgente, la amplitud y constitucionalidad del Código, la falta de seguridad jurídica, el impuesto a la salida de divisas, el anticipo al impuesto a la renta, la fórmula del salario digno, las cargas sobre contratos laborales, la falta de apoyo efectivo al sector agrícola y la discrecionalidad en materia aduanera y sancionatoria. El debate concluyó sin votación, quedando las observaciones pendientes para la elaboración del informe de segundo debate.

ACTA_096-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron dos modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la contaminación ocasionada por la Refinería de Esmeraldas y las medidas de prevención frente a los efectos del tsu-nami en el litoral y Galápagos. Línder Altafuya expuso la problemática ambiental y sanitaria de Es-meraldas, mientras que Xavier Tomalá planteó la necesidad de fortalecer la preparación de las zonas costeras. Gabriel Rivera propuso reconocer la actuación de las autoridades nacionales durante la emergencia provocada por el tsunami, pero su solicitud no fue aprobada. El Pleno recibió en comi-sión general al embajador Osamu Imai y le entregó un acuerdo legislativo de solidaridad con el Go-bierno y el pueblo de Japón por las consecuencias del terremoto y tsunami. Fernando Cordero expre-só el respaldo del pueblo ecuatoriano y Osamu Imai agradeció el pronunciamiento y la ayuda ofreci-da. Se analizó la objeción parcial a la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El debate abordó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la transformación de la Comisión de Tránsito del Guayas en una entidad nacional, la posible concen-tración de atribuciones en el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, la estabilidad laboral de los servidores, las sanciones al transporte, la entrega de rutas y frecuencias y varias incon-sistencias jurídicas del proyecto. La propuesta de devolver el texto a la comisión fue negada. Final-mente, la Asamblea ratificó su texto original respecto de determinadas atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y se allanó a las demás objeciones presidenciales. Intervinieron Fer-nando Cordero, Silvia Salgado, Enrique Herrería, Gido Vargas, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Ra-fael Dávila y Saruka Rodríguez.Respecto de la sequía, se expusieron las pérdidas de cultivos, afec-taciones al ganado, falta de agua y riesgo de migración de las familias campesinas. Se aprobó exhor-tar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en los cantones Celica, Puyango, Pindal, Macará, Sozoranga, Zapotillo, Paltas, Espíndola y Saraguro, así como en otras provincias afectadas, entre ellas Manabí. También se solicitó la asignación de recursos y la actuación coordina-da de las instituciones públicas y los gobiernos locales. Intervinieron José Picoita, Patricio Rodrí-guez, Sylvia Kon, Rafael Dávila, Mao Moreno y Nívea Vélez.En relación con Esmeraldas, se aprobó exhortar a las autoridades competentes y a Petroecuador a proteger la salud de la población afectada por los derrames y gases contaminantes, ejecutar la remediación ambiental de los ríos Teaone y Es-meraldas y brindar atención médica y medidas preventivas a los trabajadores de la Refinería. Inter-vinieron Línder Altafuya y Marco Murillo.Finalmente, se aprobó exhortar al Presidente de la Repú-blica a declarar el estado de excepción en el cordón costanero de Esmeraldas, Manabí, Guayas, San-ta Elena y El Oro, así como en Galápagos. La resolución buscó disponer de recursos para atender a los damnificados, reparar las afectaciones a propiedades y embarcaciones y ejecutar planes de pre-vención y mitigación frente a futuros desastres. Intervino Xavier Tomala

ACTA_102-G-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se abrió el debate del enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura y se recordó que su censura y destitución requerían el voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea. Las intervenciones se centraron en la validez del procedimiento, el respeto al debido proceso, la responsabilidad individual o colectiva de los vocales y la naturaleza política del juicio. Quienes respaldaron la censura señalaron deficiencias en la administración de justicia, falta de planificación y ejecución presupuestaria, escasa creación de juzgados, acumulación de causas, caducidades de prisión preventiva, sanciones insuficientes, irregularidades en concursos y nombramientos, falta de control disciplinario y posibles actos de corrupción y tráfico de influencias; además, sostuvieron que la crisis judicial justificaba retirar la confianza a los funcionarios. Otros asambleístas cuestionaron la ausencia de una adecuada individualización de responsabilidades, la aplicación de criterios diferentes frente a otros procesos de fiscalización y la cercanía del debate con la consulta popular, al considerar que podía utilizarse con fines electorales; también propusieron analizar cada caso por separado y aplazar la votación. Intervinieron Silvia Salgado, Andrés Páez, Enrique Herrería, César Rodríguez, Paco Moncayo, Luis Morales, Richard Guillén, María Calle, Betty Amores, Marco Murillo, Línder Altafuya, Fernando Romo, Nívea Vélez, César Montúfar, Mauro Andino, Juan López, Virgilio Hernández, Edwin Vaca, Fausto Cobo, Rosana Alvarado y Leandro Cadena. La sesión fue suspendida antes de concluir el debate y sin realizarse la votación sobre la censura y destitución.

ACTA_123-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión del Pleno se retiró la solicitud de Marco Murillo para incorporar al orden del día la reinstalación de la sesión 115, luego del compromiso de convocar a los jefes de bancada para acordar la continuación del segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; mientras que la propuesta de Nívea Vélez para debatir el estado de excepción decretado en la Función Judicial fue negada, registrándose en la rectificación cincuenta y un votos afirmativos, ocho negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente, la Asamblea rindió homenaje a la delegación ecuatoriana de Olimpiadas Especiales que participó en los Juegos Mundiales de Verano de Atenas 2011, donde obtuvo veinticinco medallas de oro, veintiséis de plata y catorce de bronce; se otorgó la condecoración “Doctor Vicente Rocafuerte” al Pabellón de Olimpiadas Especiales Ecuador, se reconoció la labor de su presidente Héctor Cueva Jiménez, del equipo técnico y de los deportistas, y se destacó su ejemplo de inclusión, perseverancia y superación. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, orientado a prevenir, corregir y sancionar los abusos de posición dominante, las prácticas anticompetitivas y la concentración perjudicial para consumidores y pequeños productores; aunque existió coincidencia sobre la necesidad de contar con una normativa contra los monopolios y oligopolios, se formularon numerosas observaciones respecto de la concentración de facultades en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la independencia de los organismos de control, la amplitud y discrecionalidad de sus atribuciones, el respeto al debido proceso, la intimidad y la acción de protección, la proporcionalidad de las multas, la definición del mercado relevante, la relación con los sectores financiero, público y estratégico, y la protección de consumidores, pequeñas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria. El debate concluyó sin votación, para que la Comisión incorporara las observaciones antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Silvia Kon, Rolando Panchana, Rafael Dávila, Fernando Bustamante, César Montúfar, Viviana Bonilla, Juan Carlos López, Betty Amores, Fernando González, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Eduardo Encalada, Rosana Alvarado, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Jaime Abril, Marco Murillo, Andrés Roche, María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Luis Morales, Paola Pabón, María Augusta Calle, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Kléver García, Celso Maldonado, Jorge Fadúl, María Alejandra Vicuña, Mauro Andino, Francisco Cevallos y Francisco Ulloa.

ACTA_126-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la recategorización y capacitación de los docentes, la declaratoria de emergencia sanitaria en Quisapincha ante el incremento de casos de sarampión y la atención urgente a las familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Napo; posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, respecto del cual existió consenso sobre la necesidad de prevenir y sancionar los monopolios, los acuerdos colusorios, la competencia desleal y los abusos contra consumidores, pequeños productores y empresas, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre la concentración de atribuciones en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la intervención del Ejecutivo, la independencia de los organismos de control, las facultades de investigación e inspección, la protección de la privacidad y el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones, la regulación de las empresas públicas y privadas, la protección de las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria, la inversión, el empleo y las disposiciones aplicables a los sectores financiero y de comunicación. Durante una comisión general, Pablo Dávila Jaramillo, representante de las cámaras de industrias, respaldó la existencia de una normativa de competencia, pero solicitó limitar la discrecionalidad de las autoridades, establecer controles colegiados y otorgar un período de transición. Finalmente, se negó la propuesta de Rafael Dávila para archivar el proyecto y sustituirlo por otra iniciativa antimonopolio, con cuarenta y cuatro votos afirmativos, sesenta negativos, dos blancos y diez abstenciones; sin embargo, no se efectuó la votación definitiva de la ley, pues el debate fue suspendido para incorporar las observaciones formuladas y buscar un texto de mayor consenso, quedando pendientes los demás puntos incorporados al orden del día. Intervinieron Gioconda Saltos, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Francisco Velasco, Pablo Dávila Jaramillo, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Zobeida Gudiño, Paco Moncayo, María Soledad Vela, Patricio Quevedo, Silvia Salgado, Nicolás Lapentti, Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Fernando González, Alfredo Bautista, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Betty Amores, Rafael Dávila, Eduardo Encalada, Fernando Bustamante, Luis Morales, Francisco Cevallos, Jorge Fadul, Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Lenín Chica, Richard Guillén, Jorge Escala, Rosana Alvarado y Fernando Flores.

ACTA_115-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientado a fortalecer la autonomía institucional, las atribuciones del Pleno y las capacidades de legislación, fiscalización y control político. Las intervenciones analizaron la regulación de la consulta prelegislativa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, su convocatoria, representatividad, duración, financiamiento y mecanismos de participación; también se propuso garantizar la comparecencia de funcionarios públicos, exigir respuestas respaldadas documentalmente, revisar el procedimiento de los juicios políticos y evitar que una minoría de la Comisión de Fiscalización pudiera archivarlos. Se debatieron además las facultades del Consejo de Administración Legislativa, la Presidencia, las comisiones y los ponentes, la presentación de textos alternativos, la inmunidad parlamentaria, los plazos para tramitar proyectos, el número de comisiones y asesores y el riesgo de aumentar la burocracia y el gasto público. Existieron posiciones contrapuestas sobre si la reforma fortalecería la fiscalización o permitiría recuperar prácticas políticas del antiguo Congreso, aunque hubo coincidencias en la necesidad de equilibrar las atribuciones internas y mejorar el funcionamiento de la Asamblea. Intervinieron Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Gastón Gagliardo, Tito Mendoza, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, César Gracia, Silvia Salgado, María Vela, Leonardo Viteri, Enrique Herrería, Rolando Panchana, Edwin Vaca, Rosendo Nurinkias, Mauro Andino, Marco Murillo, Armando Aguilar, Abdalá Bucaram, Eduardo Paredes, Jorge Escala, Marisol Peñafiel, Betty Amores, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Galo Vaca, Marllely Vásconez, Jimmy Pinoargote, Nívea Vélez, Vethowen Chica, Richard Guillén, Fernando Cordero, Guillermina Cruz, Fernando González, Mary Verduga, Andrés Páez, Tomás Zevallos, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Bustamante, Ramiro Terán y Vicente Taiano. Debido a la cantidad de observaciones, el proyecto no fue sometido a votación y se dispuso preparar y distribuir un nuevo texto antes de continuar su tratamiento.

ACTA_126-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó una resolución de solidaridad con cinco ciudadanos cubanos procesados y condenados en Estados Unidos, mediante la cual se solicitó al presidente Barack Obama disponer su liberación y conceder visas humanitarias a sus familiares; durante el debate se confrontaron criterios sobre las garantías del proceso, los derechos humanos, las acusaciones de espionaje, el respeto a la soberanía estadounidense y la necesidad de extender la solidaridad a ciudadanos ecuatorianos detenidos o perseguidos. Posteriormente, se aprobó definitivamente la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, destinada a prevenir, corregir y sancionar el abuso de posición dominante, los acuerdos colusorios, las concentraciones económicas y las prácticas desleales, luego de incorporar cambios para proteger el debido proceso, la privacidad, el derecho a la defensa, la proporcionalidad de las medidas preventivas y la delimitación de las facultades de los organismos reguladores; la aprobación se mantuvo después de la rectificación y de que fuera negada su reconsideración. También se aprobó exhortar al Ministerio de Educación a iniciar inmediatamente la recategorización de los docentes, de acuerdo con su experiencia y profesionalización, concluir el proceso en un plazo máximo de un año y ampliar los cursos de capacitación necesarios para acceder a este beneficio. Asimismo, ante el aumento de casos de sarampión, se resolvió solicitar la declaratoria del estado de excepción sanitaria en la provincia de Tungurahua, con atención prioritaria a Quisapincha, Pasa y Atahualpa, así como el fortalecimiento de la infraestructura, el personal, los medicamentos y los insumos de salud. Finalmente, se expresó solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones en Napo y se exhortó al Gobierno Nacional a atender oportunamente a los damnificados, reparar los daños y coordinar las acciones de asistencia y reconstrucción. Intervinieron Línder Altafuya, Paco Moncayo, María Alejandra Vicuña, Luis Almeida, Fernando Flores, Silvia Salgado, Francisco Velasco, Gioconda Saltos, Kléver García, Ramiro Terán, Hólger Chávez, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Galo Vaca, Jorge Escala, Mao Moreno, Betty Carrillo, Leonardo Viteri, César Gracia, Juan Carlos López, Marco Murillo, Luis Morales, Franklin Purcachi, Víctor Quirola y Guillermina Cruz.

ACTA_113-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó y concluyó el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Salud sobre enfermedades raras o huérfanas. Las intervenciones destacaron la necesidad de definir claramente estas patologías, reconocerlas como enfermedades de alta complejidad y atención prioritaria, garantizar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y medicamentos, crear protocolos y registros de pacientes, promover la investigación genética y científica, capacitar al personal sanitario, apoyar a las familias y fomentar la cooperación internacional. También se aclaró que no todas estas enfermedades son de origen genético y se propuso incorporar un capítulo específico que establezca las responsabilidades del Estado y del Ministerio de Salud; las observaciones fueron remitidas a la comisión para elaborar el informe de segundo debate. Posteriormente, se analizó la situación de los maestros contratados, con posiciones que coincidieron en la obligación de pagar las remuneraciones adeudadas, aunque existieron diferencias sobre la entrega directa de nombramientos o la necesidad de respetar los concursos de méritos y oposición. Finalmente, se aprobó por unanimidad solicitar el pago inmediato de los haberes pendientes a los maestros contratados de Esmeraldas y de otras provincias, cancelar las horas extras de quienes trabajan en jornada nocturna, exigir el cumplimiento de la disposición transitoria correspondiente de la Ley Orgánica del Servicio Público, entregar nombramientos a quienes ganaron concursos anteriores y cubrir las nuevas plazas mediante el banco de elegibles. Intervinieron Paco Moncayo, María Vela, Luis Almeida, Lídice Larrea, Marco Murillo, Eduardo Encalada, María Kronfle, Leonardo Viteri, Víctor Quirola, Nívea Vélez, Silvia Salgado, Fernando Flores, Guillermina Cruz, Scheznarda Fernández, Línder Altafuya, Edwin Vaca y Raúl Abad.

ACTA_117-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizaron las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional para el nuevo período legislativo, en medio de un debate sobre la independencia de las funciones del Estado, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la conformación de mayorías, la fiscalización, la representación de las fuerzas políticas y la alternabilidad de género. Fernando Cordero fue reelegido y posesionado como presidente de la Asamblea; en cambio, las candidaturas de Juan Cassinelli y Betty Amores para la Primera Vicepresidencia, así como las de Rocío Valarezo y Leandro Cadena para la Segunda Vicepresidencia, no alcanzaron los votos requeridos, por lo que ambas dignidades quedaron sin definirse. Posteriormente, fueron elegidos y posesionados como vocales del Consejo de Administración Legislativa Pedro de la Cruz, Fausto Cobo, Francisco Ulloa y Marco Murillo, quienes representaron a diferentes bancadas y sectores políticos. Finalmente, se ratificó a Andrés Segovia como secretario general y se eligió a Libia Rivas como prosecretaria general, quienes prestaron juramento para ejercer sus funciones. Intervinieron Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Jorge Escala, Andrés Páez, Abdalá Bucaram, César Rodríguez, Fernando Cordero, María Vicuña, Lourdes Tibán, Lídice Larrea, Galo Lara, Rafael Dávila, Silvia Salgado, Pedro de la Cruz, Juan López, Fausto Cobo, Nívea Vélez, Raúl Abad, Francisco Ulloa, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Rolando Panchana y Tomás Zevallos

ACTA_145-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Francisco Cisneros para exhortar a la ejecución urgente de la rehabilitación y construcción de un nuevo bloque para el Hospital del IESS de Puyo, pese a que señaló que existían recursos asignados y que su cancelación afectaba a miles de afiliados de Pastaza; en cambio, se incorporaron al orden del día las propuestas de Gioconda Saltos para solicitar el reconocimiento de los doctorados en Ciencias de la Educación obtenidos bajo el régimen anterior como títulos de cuarto nivel, con el fin de facilitar la recategorización de los docentes, y de María Augusta Calle para pronunciarse sobre los proyectos estadounidenses SOPA y PIPA, cuestionados por sus posibles efectos extraterritoriales sobre la privacidad, el acceso a la información y la libertad de expresión en Internet, aunque ambos asuntos quedaron pendientes. Posteriormente, se debatió y aprobó la resolución para promover el conocimiento y estudio de la Gesta Alfarista, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción del Estado laico, la educación pública, la integración nacional, la soberanía, la libertad, la igualdad, los derechos de las mujeres y la transformación política y social del país; durante la discusión se propuso esclarecer las responsabilidades históricas de su asesinato, reconocer a otros protagonistas de la Revolución Liberal, visibilizar la participación de las mujeres, revisar los compromisos estatales incompatibles con el laicismo, evitar la utilización política de su figura y mejorar la redacción del documento. El texto aprobado dispuso incorporar el estudio de la Gesta Alfarista en los distintos niveles educativos, promover contenidos curriculares sobre este proceso histórico, declarar el 28 de enero como Día de la Reparación Nacional, realizar actividades públicas de memoria y condena de su asesinato e incluir los estudios alfaristas en la formación de docentes. También se inició el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, dirigida a actualizar una normativa antigua conforme al carácter intercultural y plurinacional del Estado, reconocer los derechos colectivos, la autonomía y los gobiernos comunitarios, proteger las tierras y territorios ancestrales, fortalecer la participación en los gobiernos locales, la jurisdicción indígena y la consulta prelegislativa. La discusión se concentró especialmente en la posibilidad de que las comunas se transformaran voluntariamente en cooperativas de producción: algunos legisladores sostuvieron que esta opción respondía a la libre determinación y a las distintas realidades comunitarias, mientras otros advirtieron que podía facilitar la parcelación y pérdida del carácter indivisible, inembargable e imprescriptible de las tierras comunales. Asimismo, se propuso que la normativa tuviera carácter orgánico, reforzara los derechos de los comuneros, reconociera las particularidades de los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y comuneros de la Costa, regulara cuidadosamente la creación de nuevas comunas y garantizara beneficios tributarios, seguros agrícolas y coordinación con los gobiernos descentralizados. El debate quedó suspendido sin votación y con intervenciones pendientes, por lo que tampoco se trató el proyecto relacionado con la libertad e igualdad religiosa. Intervinieron Francisco Cisneros, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Gabriela Cuadros Alcívar y los integrantes del grupo musical Ariel; además de Lídice Larrea, Mery Zamora, Paco Moncayo, Luis Almeida, Scheznarda Fernández, Silvia Salgado, María Paula Romo, Luis Morales, Richard Guillén, Hólger Chávez, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, César Montúfar, Fausto Cobo, Lourdes Tibán, Ramón Vicente Cedeño, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Kléver García, María Soledad Vela y Ramiro Terán.

ACTA_143-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron las propuestas para condenar la decisión judicial que favoreció a Alberto Dahik y expresar solidaridad con dirigentes sociales procesados, así como para rechazar la visita al Ecuador del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a Denisse Delgado, Fernando Unda, Rodney Chiluiza y Danny Mero, en reconocimiento a su talento artístico, espíritu de superación y aporte a la inclusión de las personas con discapacidad. Se desarrolló el primer debate de la reforma orientada a garantizar el principio de interculturalidad en los procesos de designación de autoridades públicas, proponiéndose que las ternas incluyeran representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con paridad de género y reconocimiento de los idiomas castellano, kichwa y shuar; durante la discusión se destacó la necesidad de aplicar acciones afirmativas reales, evitar que la inclusión quedara como una simple formalidad, adaptar los concursos a las diferentes realidades culturales, fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar que las personas seleccionadas cumplieran los perfiles profesionales sin sufrir discriminación. También se analizó el proyecto para promover las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo archivo fue recomendado por considerar que gran parte de sus disposiciones ya estaban contempladas en la normativa de producción; sin embargo, la moción de archivo no fue aceptada y el proyecto regresó a la comisión, mientras Leonardo Viteri cuestionó la demora en tramitar su iniciativa y denunció un trato desigual hacia los proyectos presentados por legisladores de oposición. En cambio, se aprobó el archivo de la reforma relacionada con el sector cafetalero, al estimarse que su propuesta de incorporar representantes privados en organismos públicos contradecía normas constitucionales y duplicaba entidades y competencias ya existentes. Finalmente, se examinó la objeción parcial a las reformas electorales, debatiéndose la reducción de los plazos de la justicia electoral, los métodos para distribuir escaños, la proporcionalidad y representación de las minorías, las restricciones a la publicidad gubernamental y privada durante las campañas, el uso de recursos públicos, el silencio electoral, la libertad de expresión y el acceso de candidatos a los medios de comunicación, las sanciones por infracciones electorales, la regulación del acoso político contra las mujeres y la contratación temporal de personal por parte de los organismos electorales. El Pleno aceptó las observaciones relacionadas con la celeridad de los procesos, la adjudicación de escaños, el período de prohibición de propaganda, determinadas sanciones y la contratación de personal electoral; no obstante, no alcanzó los votos necesarios para ratificar los textos previamente aprobados sobre propaganda durante las campañas y acoso político. Intervinieron Jorge Escala, Leonardo Viteri, Cynthia Viteri, Enrique Herrería, María Cristina Kronfle, Danny Mero, Rodney Chiluiza, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Lourdes Tibán, María Augusta Calle, Juan Carlos López, María Pilar Almeida, Rolando Panchana, Luis Morales, Omar Juez, Mauro Andino, Paco Moncayo, Luis Almeida, Línder Altafuya, María Paula Romo, Francisco Velasco, Betty Amores, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Xavier Tomalá, Galo Vaca, Nívea Vélez, Marco Murillo, César Rodríguez, Fernando González, Fernando Aguirre, César Gracia y Susana González.

ACTA_140-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron tres solicitudes para modificar el orden del día y retomar inmediatamente la votación de la reforma a la normativa de la Función Legislativa; durante estas intervenciones se discutieron la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar el procedimiento de elaboración de las leyes, regular la consulta prelegislativa, definir las mayorías para levantar la inmunidad y destituir autoridades legislativas, eliminar la posibilidad de fiscalizar a alcaldes y prefectos y retirar la propuesta de crear una veeduría electoral, señalándose que debía elaborarse un texto adicional que recogiera los acuerdos alcanzados antes de someter la reforma a votación. Posteriormente, Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva fue posesionado como Defensor del Pueblo. En comisión general, la Fundación Brass Band del Ecuador realizó una presentación musical y recibió un reconocimiento por su trabajo social, cultural y educativo en favor de niñas, niños y jóvenes, destacándose la música como herramienta de formación, disciplina e integración social. A continuación, se aprobó el indulto de Blanca Marina Villegas Paredes, adulta mayor sentenciada a ocho años de prisión por la tenencia de una pequeña cantidad de marihuana y cocaína, tomando en consideración su avanzada edad, sus problemas de salud, su conducta ejemplar durante la reclusión, el tiempo cumplido de la condena y la falta de proporcionalidad entre la cantidad incautada y la sanción impuesta; en consecuencia, su pena fue reducida al tiempo ya cumplido y la reconsideración de esta decisión fue negada. Finalmente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados para reparar daños ocasionados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, proteger el patrimonio estatal y evitar que este mecanismo se convierta en un instrumento de persecución; durante la lectura del informe se explicó que la acción debía proceder después de que el Estado realizara el pago, garantizar el debido proceso, aplicarse a funcionarios de cualquier jerarquía y complementar las normas existentes sobre responsabilidad estatal, pero la sesión fue suspendida antes de concluir la lectura y sin realizarse el debate ni la votación. Intervinieron Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Ramiro Alfredo Rivadeneira, Linda Machuca, Jorge Pachacama, Gabriel Rivera, Mauro Andino, Fernando Cordero y Andrés Segovia; además, Gilmar Gutiérrez y Juan Fernández solicitaron la rectificación y reconsideración de determinadas votaciones.

ACTA_146-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para solicitar la expedición urgente del reglamento que permitiera aplicar la normativa sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células; exigir medidas frente a la insuficiencia del transporte marítimo de carga hacia Galápagos, donde la reducción del número de embarcaciones autorizadas amenazaba el abastecimiento de alimentos, materiales y productos esenciales; y convocar a Tania Arias y Carlos Delgado para que explicaran el procedimiento aplicado en la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, aunque estos asuntos no llegaron a tratarse posteriormente. También se debatió y aprobó una resolución para solicitar la declaratoria del estado de excepción en Loja y otras provincias del sur afectadas por el invierno, debido a los fallecimientos, deslizamientos, fallas geológicas, destrucción de viviendas, vías, canales de riego y sistemas de agua potable; el texto definitivo incluyó a Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe, pidió recursos extraordinarios, estudios geológicos para prevenir futuros riesgos y la rehabilitación urgente de varias carreteras, y fue ratificado con noventa y dos votos afirmativos. A continuación, se realizó el primer debate de una reforma relacionada con la participación ciudadana, la revocatoria del mandato y las normas electorales, cuyo archivo fue recomendado porque sus propuestas ya habían sido incorporadas en una reforma anterior y porque no podían efectuarse cambios electorales dentro del período previo a las elecciones; la discusión se concentró en la interpretación de dicha prohibición, la validez de otras reformas electorales tramitadas recientemente, la actuación futura del Consejo Nacional Electoral y el riesgo de modificar el calendario o las reglas en beneficio de determinados sectores políticos, tras lo cual el proyecto fue archivado con noventa y seis votos afirmativos. Asimismo, se archivó la propuesta de reforma al régimen de soberanía alimentaria, al determinarse que sus planteamientos sobre el sistema de soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la conformación y atribuciones de la conferencia correspondiente y la tramitación de propuestas ya habían sido recogidos en una normativa anterior; esta decisión fue ratificada con ochenta y dos votos afirmativos. Posteriormente, se designó a Francisco Vergara Ortiz e Ivet Zapata Rodríguez como representantes de la Asamblea ante la comisión encargada de seleccionar a los integrantes de la primera Corte Constitucional, luego de que sus candidaturas fueran aprobadas en las respectivas rectificaciones. Finalmente, se inició el segundo debate de la reforma al sistema nacional de contratación pública, orientada a fortalecer la transparencia y el control, aclarar los regímenes especiales, sustituir al anterior instituto rector por el Servicio Nacional de Contratación Pública, facultarlo para emitir alertas y suspender procedimientos irregulares, exigir la publicación de información y documentos precontractuales, verificar la participación nacional y local, regular las ferias inclusivas, favorecer a pequeños productores y actores de la economía popular y solidaria, excluir ofertas sustentadas en información falsa y determinar responsabilidades en los estudios y contratos. Durante el debate se cuestionaron la posible duplicación de competencias con el Instituto de Contratación de Obras, la centralización de proyectos que podían ejecutar los gobiernos locales, los contratos complementarios, la falta de preferencia efectiva para proveedores de la localidad, los montos de ínfima cuantía aplicables en Galápagos y el alcance de las prohibiciones para contratar con familiares de autoridades; el tratamiento quedó suspendido sin votación. Intervinieron Leonardo Viteri, Ángel Vilema, José Picoita, Nivea Vélez, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Zobeida Gudiño, Mao Moreno, Stalin Subía, Mariángel Muñoz, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Línder Altafuya, Tito Nilton Mendoza, Dora Aguirre, Vicente Taiano, César Rodríguez, Marllely Vásconez, Fernando Flores, Luis Morales, Armando Aguilar, Irina Cabezas, Marco Murillo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Gina Godoy, Roberto Rodríguez, Eduardo Encalada, Ramiro Terán y Alfredo Ortiz.

ACTA_155-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje a la Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador por sus cincuenta años de labor en favor de las comunidades indígenas, campesinas y sectores históricamente excluidos, resaltando su aporte a la alfabetización, la educación a distancia, la comunicación comunitaria, la salud, la agricultura orgánica, la recuperación de cultivos andinos y la democratización de la palabra, por lo que recibió una condecoración al mérito educativo, cultural y social. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud, con la participación de representantes de organizaciones juveniles, quienes solicitaron una normativa que no se limite a declarar derechos, sino que establezca oportunidades y mecanismos efectivos en materia de educación, salud, empleo, primer trabajo, pasantías remuneradas, seguridad social, emprendimiento, vivienda, cultura, recreación, libertad de asociación, uso del espacio público y participación política; también se analizaron el rango de edad aplicable, el reconocimiento de la diversidad de las juventudes, la prevención de su criminalización, la institucionalidad encargada de ejecutar las políticas públicas, la representación juvenil en los organismos de decisión, la articulación con los gobiernos locales, el financiamiento de programas, la necesidad de evitar estructuras burocráticas y la creación de mecanismos de exigibilidad y control. Asimismo, se aprobó una resolución para solicitar atención urgente frente al fuerte temporal invernal en la provincia del Azuay, abordándose los riesgos de deslizamientos, inundaciones, aislamiento vial y posibles afectaciones a poblaciones e infraestructura hidroeléctrica, así como la necesidad de ejecutar obras preventivas, estudios técnicos, atención a los damnificados y coordinación entre las instituciones estatales. Intervinieron Eduardo Encalada, Mauro Andino, Juan Pérez, Darío Masaquiza, Camila Martínez, Jorge Almeida, César Rodríguez, Ember Horna, Johana Rojas, Paco Moncayo, Luis Morales, María Soledad Vela, Vicente Taiano, María Alejandra Vicuña, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, María Augusta Calle, Fernando Aguirre, Mariángel Muñoz, Jaime Abril, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Mary Verduga, Kléver García, Silvia Salgado, Jorge Escala, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel y Marco Murillo

ACTA_180-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Leonardo Viteri solicitó incorporar una resolución para rechazar lo que consideraba una intromisión de la Corte Constitucional en las atribuciones de la Asamblea respecto de la autorización para iniciar un proceso penal contra un legislador, pero la propuesta y su rectificación fueron negadas. Posteriormente se realizó el segundo debate de la reforma a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, en el que se discutió la diferencia entre el heroísmo —entendido como un acto individual, excepcional y superior al cumplimiento del deber— y la condición de excombatiente, así como la necesidad de reconocer sin exclusiones a quienes participaron efectivamente en los conflictos de 1981 y 1995, corregir las listas y procesos de acreditación anteriores y evitar que fueran beneficiadas personas que no realizaron actos extraordinarios; la reforma estableció para los excombatientes en servicio pasivo beneficios como becas, puntaje adicional en concursos públicos, capacitación e inserción laboral, atención preferente en salud, acceso a créditos, descuentos en servicios y transporte, apoyo a emprendimientos, uso de insignias y bonificaciones económicas, extendiendo determinados derechos a quienes sufrieron lesiones durante el levantamiento de campos minados y a los familiares de quienes fallecieron en esas labores. También se dispuso que únicamente accedieran a los beneficios quienes fueran acreditados conforme a la ley y se dejó sin efecto el proceso de acreditación anterior; el proyecto fue aprobado con noventa y siete votos afirmativos y su reconsideración fue negada. Finalmente se debatió la aprobación del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, destinado a permitir acciones diplomáticas y otras medidas regionales frente a amenazas o rupturas del orden democrático; se analizaron la integración latinoamericana, la defensa de la democracia y los derechos humanos, los acontecimientos de Bolivia, Ecuador y Paraguay, los límites de la soberanía estatal, el riesgo del fortalecimiento excesivo de los poderes ejecutivos y las posibles consecuencias económicas y sociales de sanciones como el cierre de fronteras, la suspensión del comercio, las comunicaciones, la energía y los suministros, quedando pendiente su aprobación porque la sesión fue suspendida antes de la votación. Intervinieron Leonardo Viteri, Emilio González Ortega, José Jumbo, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Edwin Vaca, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, Luis Almeida, Gioconda Saltos, Linda Machuca, César Rodríguez, Armando Aguilar, Marco Murillo, Luis Morales, Henry Cuji, Guido Vargas, Hólger Chávez, Consuelo Flores, Diana Atamaint, María Soledad Vela, Francisco Cisneros, Francisco Ulloa, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Eduardo Zambrano, Betty Carrillo y Francisco Velasco.

ACTA_176-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, calificado como urgente en materia económica, que buscaba garantizar las prestaciones de seguridad social frente a la mora patronal, fortalecer los procedimientos coactivos para cobrar obligaciones incluso cuando se hubieran utilizado empresas o terceros para ocultar bienes, disponer que el Servicio de Rentas Internas informara sobre mayores utilidades para asegurar la participación correspondiente a los trabajadores, equiparar la jornada y los días de descanso de quienes prestan servicios domésticos, ampliar los derechos de lactancia y guardería y, de manera excepcional, permitir que el Estado pagara las indemnizaciones pendientes a los extrabajadores de casinos y salas de juego, subrogándose posteriormente en sus derechos para recuperar esos recursos de los antiguos empleadores. Aunque existió consenso sobre la necesidad de proteger a las madres trabajadoras, las empleadas domésticas, los afiliados al IESS y las familias afectadas por el cierre de los casinos, se cuestionaron la constitucionalidad y el carácter económico urgente del proyecto, la inclusión de varias materias en una sola ley, la posible utilización de fondos públicos para cubrir obligaciones privadas, la responsabilidad de las autoridades que no cobraron oportunamente las deudas, la afectación al debido proceso, la propiedad de terceros, los herederos, la seguridad jurídica, el régimen societario y la economía popular y solidaria; por ello, se propuso establecer procedimientos judiciales previos, aplicar el derecho de repetición contra los funcionarios responsables, excluir disposiciones consideradas excesivas y mejorar el texto antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Richard Guillén, Xavier Tomalá, Vicente Taiano, Ramiro Terán, Salomón Fadúl, Andrés Páez, Andrés Roche, César Rodríguez, Diana Atamaint, María Paula Romo, Enrique Herrería, Galo Vaca, Lourdes Tibán, Christian Viteri, Nívea Vélez, Eduardo Encalada, Luis Morales, Pedro de la Cruz, María Molina, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Fernando González, Francisco Cisneros, Jorge Escala y Marco Murillo; finalmente, el primer debate fue cerrado y la sesión fue clausurada.

ACTA_174-C-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, concluyendo el análisis de las normas rectoras y las infracciones e iniciando el estudio del procedimiento penal. Se discutieron la tipificación del femicidio, la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, los delitos sexuales, la trata y explotación de personas, así como la necesidad de mantener medidas inmediatas de protección y establecer procedimientos especiales, rápidos y gratuitos para las víctimas de violencia intrafamiliar; también se analizaron la proporcionalidad de las penas, el enriquecimiento injustificado, la corrupción, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la mala práctica profesional, la falsificación de firmas, el secuestro, el sicariato, la libertad de expresión, las injurias, el derecho a la resistencia y el riesgo de criminalizar las huelgas, movilizaciones y protestas sociales. Asimismo, se debatieron ampliamente el aborto en casos de violación y la política sobre drogas, enfrentándose posiciones relacionadas con el derecho de las mujeres a decidir, la protección de la vida desde la concepción, el tratamiento de las adicciones como un problema de salud pública, la diferenciación entre consumidores, pequeños vendedores y grandes narcotraficantes, y las cantidades permitidas para el consumo personal. Amanda Paredes pidió que no se criminalizara a las mujeres y que se despenalizara el aborto cuando el embarazo fuera producto de una violación, mientras José Villamarín intentó exponer la posición de las organizaciones defensoras del cáñamo, pero su intervención fue suspendida debido a expresiones consideradas irrespetuosas hacia el Pleno. Al iniciar el análisis del procedimiento penal se abordaron la caducidad de la prisión preventiva, la reincidencia y acumulación de penas, las reglas para conceder fianzas, las medidas cautelares, la protección y representación de las víctimas, las atribuciones de la Fiscalía y la Defensoría Pública, los fueros, el uso de grabaciones como prueba, las operaciones encubiertas, la creación de juzgados nacionales para delitos graves, la jurisdicción indígena y los procedimientos aplicables a las infracciones de tránsito. Intervinieron Marisol Peñafiel, María Paula Romo, Jimmy Pinoargote, Cynthia Viteri, Leonardo Viteri, César Rodríguez, Lourdes Tibán, Mauro Andino, Andrés Páez, Vicente Taiano, Luis Almeida, María Augusta Calle, Susana González, Amanda Paredes, José Villamarín, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Xavier Tomalá, Richard Guillén, César Gracia y Consuelo Flores; finalmente, la sesión fue suspendida para que los legisladores dispusieran de más tiempo para preparar sus intervenciones sobre el procedimiento penal, quedando pendiente la continuación del debate.

ACTA_173-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades, centrado en garantizar una protección integral y efectiva mediante políticas de prevención, detección temprana, atención médica, habilitación y rehabilitación; inclusión educativa con infraestructura accesible, materiales en braille, lengua de señas y equipos multidisciplinarios; inserción, estabilidad y protección laboral; afiliación, pensiones y jubilación especial dentro de la seguridad social; accesibilidad al transporte, espacios públicos, comunicación e información; tarifas preferenciales, exenciones tributarias, créditos para emprendimientos, protección social y apoyo a las familias y personas cuidadoras; además, se discutieron mecanismos administrativos para reclamar vulneraciones de derechos, sanciones por incumplimiento, participación de las personas con discapacidad en los organismos de decisión y reformas para eliminar expresiones discriminatorias de la legislación y reconocer la capacidad de comunicación de las personas sordas mediante la lengua de señas. Intervinieron Emilia Jaramillo, Fernando Vélez, Francisco Cisneros, Betty Amores, Pamela Falconí, Nívea Vélez, Bolívar Subía, Lourdes Tibán, Fernando Bustamante, Eduardo Encalada, César Gracia, Vanessa Fajardo, María Romo, Dora Aguirre, Kléver García, Gastón Gagliardo, Wladimir Vargas, Fausto Cobo, Soledad Vela, Ramiro Terán, Paola Pabón, Susana González, Luis Almeida, Mauro Andino, Zobeida Gudiño, Jimmy Pinoargote, Luis Morales, Betty Carrillo, Hugo Quevedo, Marco Murillo, Hólger Chávez, Consuelo Flores, Fernando Flores, Magali Orellana, Juan Fernández y María Kronfle. Finalmente, el proyecto, con los cambios y observaciones aceptados por la ponente, fue aprobado por unanimidad con noventa y cuatro votos afirmativos, y posteriormente se negaron tanto su reconsideración como la rectificación solicitada.

ACTA_171-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa de educación superior, centrado principalmente en determinar el régimen jurídico, académico y administrativo aplicable a los conservatorios de música y artes. Se discutió si todos los conservatorios debían integrarse al sistema de educación superior o si correspondía diferenciar la formación musical inicial, básica y de bachillerato, dirigida a niñas, niños y adolescentes, de las carreras profesionales de tercer nivel; asimismo, se analizaron los requisitos de ingreso, la evaluación y acreditación institucional, la continuidad de la enseñanza artística desde edades tempranas, las titulaciones de músicos y artistas, las competencias del Ministerio de Educación y de los organismos de educación superior, la designación y preparación de las autoridades, el financiamiento, las remuneraciones y el posible pluriempleo de docentes que también integraban orquestas y bandas sinfónicas. También se advirtió que incorporar íntegramente los conservatorios al nivel superior podría excluir a estudiantes menores de edad, exigirles requisitos universitarios y provocar el cierre de instituciones que no contaban con infraestructura ni docentes con las titulaciones requeridas, mientras otros participantes sostuvieron que la normativa vigente contradecía el reconocimiento constitucional de los conservatorios como parte de la educación superior y generaba una división institucional perjudicial. De manera complementaria, se plantearon reformas relacionadas con los institutos técnicos y tecnológicos, la homologación y continuidad de estudios, la creación de instituciones y extensiones universitarias en la Amazonía y Galápagos, la situación de estudiantes y trabajadores afectados por el cierre de universidades, el acceso limitado a cupos, la autonomía universitaria, los aranceles diferenciados y la necesidad de efectuar una reforma integral, en lugar de modificaciones aisladas. Intervinieron Raúl Escobar Guevara, Gioconda Saltos, Gastón Gagliardo, María Augusta Calle, Guido Vargas, Juan Fernández, Xavier Tomalá, Alfredo Ortiz, Jorge Escala, Mao Moreno, Nívea Vélez, Soledad Vela, Marco Murillo, Raúl Abad, María Paula Romo, Armando Aguilar, Luis Morales y Betty Carrillo.

ACTA_191-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Línder Altafuya retiró para una próxima convocatoria su propuesta de condenar las expresiones racistas atribuidas a la primera autoridad municipal de La Concordia, con el propósito de priorizar el tratamiento de la solicitud remitida por la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de una causa penal por presuntas injurias contra Diana Atamaint, presentada por Marcela Aguiñaga. Paco Moncayo defendió la inmunidad parlamentaria como garantía de la independencia de la Función Legislativa y propuso negar la autorización, señalando que las opiniones emitidas en el ejercicio de las funciones estaban protegidas dentro y fuera de la Asamblea; la moción fue aprobada con sesenta y seis votos afirmativos, treinta y seis negativos, un blanco y once abstenciones, mientras que su reconsideración y la posterior rectificación fueron negadas, por lo que quedó ratificada la decisión de impedir el inicio de la causa penal. Posteriormente se intentó elegir las autoridades de la comisión encargada de analizar el informe anual sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; Xavier Tomalá explicó que las convocatorias anteriores no habían logrado reunir el quórum necesario, Mary Verduga propuso a Hólger Chávez como presidente y a Xavier Tomalá como vicepresidente, y Fernando Flores cuestionó la forma en que se realizaron las convocatorias y pidió que el análisis del informe presidencial fuera independiente y transparente, pero la elección fue aplazada ante la reducida asistencia y no llegó a votarse. Finalmente se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, orientada a incorporar a las juntas parroquiales rurales y a los futuros gobiernos regionales como accionistas y participantes del Directorio y de la Comisión Ejecutiva del Banco del Estado, para que intervinieran directamente en las decisiones de financiamiento de obras, servicios y proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados. Existió consenso sobre la inclusión de las juntas parroquiales, pero se debatió la eliminación del representante de las centrales sindicales, proponiéndose mantener la participación de los trabajadores, incorporar a pueblos y nacionalidades, gobiernos regionales, circunscripciones indígenas y regímenes especiales, establecer alternos para todos los miembros del Directorio y permitir provisionalmente que el representante vigente de las juntas parroquiales actuara con voz y voto; además, se reclamaron créditos más equitativos, mayores recursos para las parroquias, planificación territorial para evitar endeudamientos o inversiones inadecuadas y criterios claros para distribuir el financiamiento entre los distintos niveles de gobierno. También se planteó corregir la denominación del Ministerio de Finanzas y garantizar que la reforma no se limitara a conceder representación, sino que generara acceso efectivo a recursos y oportunidades de desarrollo para las zonas rurales; el debate quedó pendiente y la sesión fue suspendida ante el riesgo de perder el quórum. Intervinieron Línder Altafuya, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Mary Verduga, Fernando Flores, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Salomón Fadúl, Armando Aguilar, César Rodríguez, Hólger Chávez, Gerónimo Yantalema, Rocío Valarezo y Marco Murillo.

ACTA_187-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes de modificación del orden del día: Luis Morales propuso otorgar protección y un reconocimiento a Orlando Ibarra Sarmiento, quien escapó después de permanecer secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, mientras Dora Aguirre planteó retomar la resolución contra la medida del Gobierno español que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud; ambas propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse sus votaciones. Posteriormente se debatió una resolución para instar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales a expedir las normas y realizar los procedimientos necesarios para legalizar o titular los predios municipales ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana que estuvieran ocupados por personas y familias sin escrituras. En comisión general, una representante del barrio San José del Batán, Pilar Fernández y José Guamán expusieron la situación de los barrios de Riobamba, donde numerosas familias poseían terrenos heredados u ocupados durante varios años, pero carecían de títulos de propiedad, lo que les impedía acceder a programas de vivienda, créditos, servicios básicos, obras municipales y transmitir legalmente los inmuebles a sus hijos. Durante el debate legislativo se reconoció que la falta de titularización afectaba a miles de familias en distintos cantones; sin embargo, se discutió si la Asamblea podía intervenir en una competencia exclusiva de los municipios, si una resolución no vinculante realmente solucionaría el problema y si lo adecuado era reformar el régimen territorial vigente. También se analizaron la legalización de asentamientos antiguos, predios costeros y terrenos proindivisos, la diferencia entre ocupaciones legítimas, invasiones, herencias y posesiones que debían resolverse judicialmente, la necesidad de establecer precios justos y procedimientos de expropiación, y el riesgo de que el documento fuera utilizado por traficantes de tierras para legalizar ocupaciones especulativas o asentamientos ubicados en zonas de riesgo, áreas comunales, riberas, playas y espacios de protección. En medio de la discusión, César Rodríguez apeló la Presidencia por considerar vulnerado su derecho a intervenir después de un enfrentamiento verbal, pero la apelación fue negada con catorce votos afirmativos, cincuenta y tres negativos y diecisiete abstenciones. Intervinieron Luis Morales, Dora Aguirre, una representante del barrio San José del Batán, Pilar Fernández, José Guamán, Alfredo Ortiz, Andrés Roche, Armando Aguilar, Marco Murillo, César Rodríguez, Gerónimo Yantalema, Virgilio Hernández, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Dalton Burgos, Jimmy Pinoargote, Mauro Andino, Paola Pabón y Rolando Panchana; finalmente, ante la necesidad de precisar el contenido y evitar una posible intromisión en las competencias municipales, se suspendió el tratamiento para que la Comisión de Gobiernos Autónomos analizara la propuesta y presentara un criterio antes de la reinstalación, por lo que la resolución no fue sometida a votación y la sesión quedó suspendida.

ACTA_015-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, centrado en la transformación del sistema universitario, la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las instituciones, el alcance de la regulación estatal, la conformación y atribuciones del Consejo de Educación Superior, el financiamiento público, la gratuidad, el cogobierno, la participación estudiantil, la libertad de cátedra, los derechos laborales de docentes, empleados y trabajadores, la equidad de género, la inclusión intercultural y el fortalecimiento de la investigación científica. Durante el debate se expresaron posiciones a favor de una reforma orientada a mejorar la calidad, la acreditación, la rendición de cuentas, la planificación nacional y la superación de las deficiencias identificadas en varias universidades; mientras otros legisladores cuestionaron una posible injerencia excesiva de la Función Ejecutiva, la creación de instancias adicionales de control, las restricciones al principio de autonomía y los efectos que podrían producirse sobre las universidades y estudiantes afectados por el informe del CONEA. También se discutió la necesidad de garantizar recursos para investigación, becas, posgrados, gratuidad integral, jubilación complementaria y estabilidad del personal universitario; ampliar la representación de estudiantes, mujeres, pueblos y nacionalidades; crear o fortalecer universidades públicas en provincias y regiones con menor acceso a educación superior, especialmente en la Amazonía, Galápagos, Cañar, Carchi y otras zonas del país; y proteger a los estudiantes de instituciones que eventualmente fueran intervenidas, suspendidas o excluidas del sistema. Intervinieron Salomón Fadul, Juan Fernández, Gastón Gagliardo, Magali Orellana, Betty Amores, Tito Nilton Mendoza, Fernando Bustamante, María Molina, Aminta Buenaño, Paco Fierro, Xavier Tomalá, Marco Murillo, Vethowen Chica, Alfredo Ortiz, Rosana Alvarado, Luis Almeida, Gina Godoy, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, María Alejandra Vicuña, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Ángel Vilema, Juan Carlos López, Zobeida Gudiño, Andrés Páez, Hólger Chávez, José Manuel Portugal, Vanessa Fajardo, Guillermina Cruz, Eduardo Sánchez, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre, Kléver García, Armando Aguilar, César Montúfar, Paola Pabón, Fernando Aguirre, Xavier López, Alex Remache, Wladimir Vargas, Fernando Cordero, Francisco Cisneros y Virgilio Hernández. Finalmente, Fernando Cordero dispuso que las observaciones sean remitidas por escrito para el análisis correspondiente y clausuró la sesión sin que se adoptara una resolución definitiva sobre el proyecto.

ACTA_016-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, centrado en la transformación del sistema universitario, la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las instituciones, el alcance de la regulación estatal, la conformación y atribuciones del Consejo de Educación Superior, el financiamiento público, la gratuidad, el cogobierno, la participación estudiantil, la libertad de cátedra, los derechos laborales de docentes, empleados y trabajadores, la equidad de género, la inclusión intercultural y el fortalecimiento de la investigación científica. Durante el debate se expresaron posiciones a favor de una reforma orientada a mejorar la calidad, la acreditación, la rendición de cuentas, la planificación nacional y la superación de las deficiencias identificadas en varias universidades; mientras otros legisladores cuestionaron una posible injerencia excesiva de la Función Ejecutiva, la creación de instancias adicionales de control, las restricciones al principio de autonomía y los efectos que podrían producirse sobre las universidades y estudiantes afectados por el informe del CONEA. También se discutió la necesidad de garantizar recursos para investigación, becas, posgrados, gratuidad integral, jubilación complementaria y estabilidad del personal universitario; ampliar la representación de estudiantes, mujeres, pueblos y nacionalidades; crear o fortalecer universidades públicas en provincias y regiones con menor acceso a educación superior, especialmente en la Amazonía, Galápagos, Cañar, Carchi y otras zonas del país; y proteger a los estudiantes de instituciones que eventualmente fueran intervenidas, suspendidas o excluidas del sistema. Intervinieron Salomón Fadul, Juan Fernández, Gastón Gagliardo, Magali Orellana, Betty Amores, Tito Nilton Mendoza, Fernando Bustamante, María Molina, Aminta Buenaño, Paco Fierro, Xavier Tomalá, Marco Murillo, Vethowen Chica, Alfredo Ortiz, Rosana Alvarado, Luis Almeida, Gina Godoy, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, María Alejandra Vicuña, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Ángel Vilema, Juan Carlos López, Zobeida Gudiño, Andrés Páez, Hólger Chávez, José Manuel Portugal, Vanessa Fajardo, Guillermina Cruz, Eduardo Sánchez, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre, Kléver García, Armando Aguilar, César Montúfar, Paola Pabón, Fernando Aguirre, Xavier López, Alex Remache, Wladimir Vargas, Fernando Cordero, Francisco Cisneros y Virgilio Hernández. Finalmente, Fernando Cordero dispuso que las observaciones sean remitidas por escrito para el análisis correspondiente y clausuró la sesión sin que se adoptara una resolución definitiva sobre el proyecto.

ACTA_010-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las solicitudes de Richard Guillén para incorporar de forma permanente la fiscalización de presuntos actos de corrupción en el orden del día, y de Línder Altafuya para tratar una resolución que condenaba la represión y exhortaba al diálogo nacional tras los hechos ocurridos en Morona Santiago; ambas propuestas no alcanzaron los votos necesarios. Posteriormente, se aprobó por unanimidad el Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Chile, luego de las intervenciones de Fernando Bustamante, Wladimir Vargas, Linda Machuca y Rocío Valarezo, quienes destacaron que el instrumento buscaba fortalecer la integración bilateral, facilitar el comercio, promover inversiones, mejorar la cooperación aduanera y ampliar las oportunidades económicas y sociales entre ambos países. Asimismo, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, presentado por Luis Morales, que proponía regular los mecanismos de democracia directa, las organizaciones sociales, la participación en los distintos niveles de gobierno, las veedurías, los presupuestos participativos, la rendición de cuentas, el control social y el acceso a la información pública. Durante el debate, Scheznarda Fernández, Betty Amores, Juan Carlos López, César Montúfar, Virgilio Hernández, Leandro Cadena, Gina Godoy, Gerónimo Yantalema, Aminta Buenaño, Cynthia Viteri, María Soledad Vela, Nivea Vélez, César Rodríguez, Magali Orellana, Vanessa Fajardo, Guillermina Cruz, Marco Murillo, Mercedes Diminich, Hólger Chávez, Gido Vargas, Jorge Escala, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Consuelo Flores, César Gracia, María Augusta Calle, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Susana González, Fernando Bustamante, Édgar Jácome, Zobeida Gudiño, Dennis Cevallos, Andrés Páez, Cléver Jiménez, Mao Moreno y Rodolfo Baquerizo formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones sociales, la inclusión de pueblos y nacionalidades, la paridad de género, la participación de ecuatorianos residentes en el exterior, la rendición de cuentas permanente, la consulta previa y ambiental, y el alcance de los mecanismos de control ciudadano. El principal desacuerdo se centró en la “silla vacía”, pues Luis Morales, Leandro Cadena y Juan Carlos López defendieron que su ocupante intervenga con voz pero sin voto, mientras Betty Amores, Gina Godoy, Aminta Buenaño, María Soledad Vela, Nivea Vélez, César Rodríguez y otros legisladores sostuvieron que debía participar también en la toma de decisiones mediante voto; finalmente, Fernando Cordero Cueva cerró el debate y dispuso que las observaciones fueran remitidas a la Comisión para continuar con la elaboración del informe para segundo debate.

ACTA_040-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Enrique Herrería para impulsar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el fin de corregir vacíos relacionados con los procesos de fiscalización y juicio político; sin embargo, este tema no llegó a tratarse. Previamente, en comisión general, Carlos Pazmiño, Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Luis Andrango y José Gualichico, en representación de organizaciones de regantes, pueblos indígenas y sistemas comunitarios de agua, solicitaron una normativa que garantice la gestión pública y comunitaria, la participación vinculante, la desprivatización, redistribución y protección de las fuentes de agua, así como el respeto a los sistemas comunitarios y a la soberanía alimentaria. También se conoció la renuncia de Betty Amores a la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentada tras las controversias surgidas durante el trámite del enjuiciamiento político al fiscal general; Mao Moreno propuso no aceptar la renuncia, mientras Luis Morales planteó aceptarla y designar a Vicente Taiano en su reemplazo, pero ambas mociones fueron negadas luego de las respectivas rectificaciones, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, defendido por Jaime Abril, Jimmy Pinoargote y Lídice Larrea como una norma orientada a reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer una cantidad vital, regular tarifas, priorizar el consumo humano, la soberanía alimentaria y la conservación ecológica, fortalecer la gestión pública y comunitaria, crear una institucionalidad integrada por la Secretaría Nacional del Agua, el Consejo Intercultural y Plurinacional y la Agencia de Regulación y Control, y regular el aprovechamiento productivo en actividades como minería, envasado, aguas termales, turismo y acuacultura. Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Paola Pabón, Stalin Subía, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Irina Cabezas, Gerardo Morán, Susana González, Richard Guillén, Armando Aguilar, Vicente Taiano, Omar Juez, Scheznarda Fernández, Mercedes Diminich, Galo Vaca, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Yandri Brunner, Guillermina Cruz, Mariángel Muñoz, Paco Fierro, Fernando González, César Montúfar, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Kléver García, Francisco Velasco, Línder Altafuya y César Rodríguez presentaron observaciones sobre la redistribución del agua, la protección de páramos, manglares y fuentes hídricas, el papel de los gobiernos autónomos descentralizados, la autonomía de las juntas comunitarias, la situación de INTERAGUA, las tarifas, las concesiones, la minería, el agua embotellada y la necesidad de que la autoridad del agua tenga una integración más participativa y vinculante. Al no concluir el debate ni producirse una votación final, la sesión fue suspendida para continuar posteriormente, en medio de llamados al diálogo, preocupaciones por movilizaciones sociales y denuncias sobre la criminalización de la protesta.