ACTA_008-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Richard Guillén para incorporar el punto de asuntos varios en el orden del día y de Cynthia Viteri para tratar una resolución orientada a investigar los contratos suscritos con empresas vinculadas a Fabricio Correa, por lo que se continuó con los temas convocados. Posteriormente, se conoció la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; Francisco Velasco propuso allanarse a las observaciones relacionadas con las atribuciones del Directorio del Banco Central en materia de corresponsalía bancaria y con la transferencia de bienes culturales, y ratificar el texto originalmente aprobado respecto del reajuste de remuneraciones de funcionarios de dicha institución. Esta propuesta fue respaldada por Marco Murillo, Eduardo Encalada y Francisco Ulloa, y aprobada mediante el allanamiento a los puntos primero y tercero de la objeción, así como la ratificación del texto original sobre las remuneraciones. Finalmente, se realizó el primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo objetivo fue establecer mecanismos para completar la integración del Consejo de Administración Legislativa cuando no existieran suficientes bancadas, regular la elección de autoridades de las comisiones, precisar el procedimiento de requerimiento de información y comparecencia de funcionarios públicos en procesos de fiscalización, y ajustar disposiciones sobre indultos, amnistías y denominaciones de comisiones. Marisol Peñafiel presentó y defendió el informe de mayoría, señalando que la reforma permitía resolver vacíos legales y garantizar la pluralidad; en respaldo de esta posición intervinieron Virgilio Hernández, Rafael Dávila, Mariángel Muñoz, Aminta Buenaño, Silvia Salgado y María Paula Romo. En oposición, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Cléver Jiménez, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Cynthia Viteri, Guillermina Cruz, Tito Nilton Mendoza y Nivea Vélez cuestionaron la constitucionalidad de elegir vocales del CAL fuera de las bancadas existentes y advirtieron posibles restricciones a la fiscalización. También intervinieron Juan Carlos López, Francisco Ulloa, Lenín Chica, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Enrique Herrería, María Soledad Vela y Luis Morales, quienes formularon observaciones sobre la necesidad de fortalecer la representación política, la transparencia, la fiscalización y el funcionamiento institucional. Al concluir, se cerró el primer debate sin una resolución definitiva y se dispuso que las observaciones fueran remitidas por escrito para continuar el trámite legislativo.
Sin títuloACTA_004-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se designó a Fausto Cobo como Tercer Vocal del Consejo de Administración Legislativa, propuesta presentada por Sylvia Kon en representación de Sociedad Patriótica, quien fue posesionado tras obtener ochenta y ocho votos afirmativos; intervinieron, entre otros, Guillermina Cruz, Luis Almeida, Tito Nilton Mendoza y Fausto Cobo, quien agradeció el respaldo recibido y señaló su compromiso de actuar con independencia y transparencia. Respecto de la elección del Cuarto Vocal, se debatieron las candidaturas de Rocío Valarezo, Diana Atamaint y Guillermina Cruz, así como la falta de una cuarta bancada legalmente constituida; Carlos Zambrano, Zaruka Rodríguez, Andrés Páez, Rafael Dávila, Cléver Jiménez, Gido Vargas, Rolando Panchana, María Paula Romo y Alfredo Ortiz intervinieron sobre la necesidad de mantener la pluralidad y observar el marco legal, resolviéndose suspender esta designación hasta tramitar una reforma que permita resolver dicho vacío. Asimismo, se aprobó la reconsideración de la integración de las comisiones especializadas, solicitada por Virgilio Hernández, y se aceptó la propuesta de María Augusta Calle, complementada por Rolando Panchana, mediante la cual María Augusta Calle pasó a integrar la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y Juan Fernández la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, manteniéndose inalterable la integración de las demás comisiones; en el debate intervinieron Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Abdalá Bucaram, César Montúfar, Francisco Cisneros y Armando Aguilar. Finalmente, se conocieron las comunicaciones remitidas por Línder Altafuya sobre la elección de las autoridades de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social; tras analizarse la legalidad de la autoconvocatoria, la falta de mayoría absoluta para la elección y la actuación de sus integrantes, se aprobó la moción de Armando Aguilar para dejar sin efecto y archivar las comunicaciones de 7 y 12 de agosto y sus anexos, a fin de que dicha Comisión elija nuevamente sus autoridades conforme a la ley. Durante este punto, Luis Almeida apeló la Presidencia de Fernando Cordero Cueva, apelación que fue negada, por lo que Cordero retomó la dirección de la sesión.
Sin títuloACTA_007-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó la creación e integración de cuatro instancias legislativas temporales para tramitar los proyectos de ley de Educación, Cultura, Deporte y Comunicación, cuya conformación fue propuesta por María Augusta Calle tras un proceso de diálogo entre las distintas bancadas, con el propósito de asegurar representación política y agilitar el tratamiento de estas normas. Luis Morales manifestó su respaldo a la medida, aunque señaló que inicialmente estos temas podían corresponder a comisiones permanentes, y resaltó la necesidad de que los proyectos sean ampliamente analizados y socializados; por su parte, Leandro Cadena expresó su inconformidad porque Izquierda Democrática no fue incluida en ninguna de las instancias creadas. La resolución fue aprobada y se negó la reconsideración solicitada por Rolando Panchana. Asimismo, se trató la reconsideración planteada por María Molina respecto de la decisión adoptada sobre la objeción parcial presentada por el Presidente de la República al proyecto de Ley de Empresas Públicas; sin embargo, la solicitud tampoco fue aceptada, incluso luego de la rectificación de la votación. Finalmente, Irina Cabezas Rodríguez, en calidad de presidenta encargada, dispuso que las instancias conformadas se instalaran dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes para elegir a sus autoridades e iniciar sus actividades.
Sin títuloACTA_021-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para incorporar propuestas relacionadas con la seguridad en la frontera norte, en la que Leandro Cadena solicitó exhortar al Ejecutivo a adoptar medidas excepcionales frente a la delincuencia; la conmemoración del Día Internacional del Migrante, promovida por Eduardo Zambrano; y el rechazo a las agresiones contra autoridades de la Universidad Central, planteado por María Alejandra Vicuña; Dora Aguirre y Nivea Vélez intervinieron en las rectificaciones de las votaciones. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación General, presentado por César Rodríguez, que planteaba reconocer la educación como derecho humano, fortalecer la gratuidad, inclusión, interculturalidad, participación de la comunidad educativa, evaluación integral, educación intercultural bilingüe, carrera docente, remuneraciones, infraestructura y financiamiento. El principal desacuerdo se concentró en la posible sustitución de la Ley de Carrera Docente y Escalafón, la homologación salarial, los derechos adquiridos del Magisterio, los bonos de frontera y de zonas de difícil acceso, la jubilación, la estabilidad laboral, la capacitación y la situación de educadores populares, comunitarios y madres comunitarias. Intervinieron Gido Vargas, Xavier Tomalá, Mery Zamora, Armando Aguilar, Nivea Vélez, Salomón Fadul, Mary Verduga, Luis Noboa, Francisco Cisneros, Ramiro Terán, Raúl Abad, Galo Vaca, Edwin Vaca, Mao Moreno, Rocío Valarezo, Gerónimo Yantalema, Lídice Larrea, Paco Moncayo, Vicente Iza, Rafael Dávila, Guillermina Cruz, Gastón Gagliardo, Juan Fernández, Ángel Vilema, Gioconda Saltos, César Montúfar, Pedro de la Cruz, Cléver Jiménez, Henry Cuji, Mercedes Diminich, Kléver García, José Picoita, Pamela Falconí, Tito Nilton Mendoza, María Augusta Calle, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Hólger Chávez, Gabriel Rivera y Rigoberto Barreto, quienes también formularon observaciones sobre la descentralización, el acceso tecnológico, la atención a personas con discapacidad, la educación técnica y artesanal, la participación de los gobiernos locales, los derechos de pueblos y nacionalidades, la administración de la educación intercultural bilingüe, el rol de padres de familia y la regulación de establecimientos particulares. Finalmente, se cerró el primer debate y se dispuso que las observaciones se remitan por escrito para la elaboración del informe correspondiente, quedando pendientes para una próxima convocatoria los demás temas incorporados al orden del día.
Sin títuloACTA_036-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Henry Cuji para incorporar una resolución destinada a proteger los territorios y derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenani frente a actividades extractivas en el Yasuní, y de Línder Altafuya para exhortar al Gobierno Nacional a cancelar la deuda pendiente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; además, se aceptó postergar una iniciativa presentada por Saruka Rodríguez. Por otro lado, se aprobó incluir el tratamiento de una resolución sobre los hechos ocurridos en San José de Chimbo, propuesta por Hólger Chávez. Posteriormente, Fernando Flores y Luis Morales solicitaron reconsiderar la votación relacionada con la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de insistir en el texto aprobado originalmente por la Asamblea, pero la reconsideración fue negada incluso después de rectificarse la votación. Asimismo, se aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que permite a personas y colectivos acudir a mecanismos internacionales para reclamar vulneraciones de derechos como salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda y condiciones de vida adecuadas, una vez agotadas las instancias nacionales; defendieron su aprobación Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Linda Machuca y Rocío Valarezo. Finalmente, se debatió la resolución sobre el operativo policial realizado en Chimbo contra talleres de fabricación de armas, en el que Hólger Chávez, Juan Fernández, Gerardo Morán, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Vicente Taiano, Marco Murillo y otros legisladores denunciaron presuntos excesos de la fuerza pública, afectaciones a artesanos y la necesidad de investigar responsabilidades y generar alternativas laborales; mientras María Augusta Calle, Mao Moreno y otros asambleístas destacaron la necesidad de combatir la fabricación ilegal de armas y solicitar información completa sobre el operativo. La propuesta de suspender el debate para requerir un informe fue negada y, posteriormente, tampoco se aprobó la resolución planteada por Hólger Chávez.
Sin títuloACTA_049-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum y se instaló la sesión, dándose lectura a la convocatoria y al Orden del Día, que incluía el Himno Nacional y el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo del RO 971 de 1996 y la Ley 2003-5; se presentaron dos solicitudes de cambio del Orden del Día, una del asambleísta Fernando Bustamante para incluir un proyecto de resolución sobre un posible caso de espionaje por parte de Colombia, y otra del asambleísta Jimmy Pinoargote relacionada con la prórroga otorgada por el Vicepresidente Rolando Panchana Farra a la Comisión de Comunicación, ambas rechazadas en votación y rectificación, así como una solicitud de reconsideración de la asambleísta Cynthia Viteri que tampoco fue aceptada por no existir resolución previa que reconsiderar. Tras la entonación del Himno Nacional, el Presidente instaló una Comisión General para recibir al Alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien expuso la necesidad de aprobar la ley interpretativa para regularizar la tenencia de tierras del barrio Atucucho, asentamiento de más de tres mil familias en un predio del Ministerio de Salud Pública. Reinstalada la sesión, se dio lectura al informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio sobre dicho proyecto, lo que generó un incidente cuando el asambleísta Abdalá Bucaram presentó una apelación a la Presidencia por la no inclusión del pedido de Pinoargote en el Orden del Día; asumió temporalmente la dirección el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, se produjo un enfrentamiento verbal entre Bucaram y el Presidente Cordero, y la apelación fue sometida a votación y rectificación, resultando negada en ambas ocasiones, por lo que Cordero reasumió la Presidencia. Retomado el punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, Virgilio Hernández, expuso el informe a favor del proyecto de Ley Interpretativa, que busca facultar al Ministerio de Salud Pública la venta directa sin subasta a los posesionarios de Atucucho, estableciendo mecanismos de avalúo municipal, transferencia de áreas comunales al Municipio y límites a la adjudicación; intervinieron numerosos asambleístas (Luis Morales, Marllely Vásconez, Guillermina Cruz, César Rodríguez, Marco Murillo, Pedro de la Cruz, Eduardo Encalada, Alfredo Ortiz, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Marcelo García, Lourdes Tibán, Andrés Roche y Paco Fierro), quienes en general respaldaron el proyecto y plantearon observaciones sobre el año de referencia para el avalúo, el plazo de venta, la prohibición de adjudicación múltiple, el estudio socioeconómico de las familias y los tiempos de entrega de escrituras, además de pedir disculpas a los moradores de Atucucho por los incidentes ocurridos durante la sesión. Finalmente, el Presidente cerró el debate y dispuso que el proyecto regrese a la Comisión para incorporar las observaciones y preparar la versión definitiva para segundo debate y votación en el Pleno.
Sin títuloACTA_041-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la inclusión de una resolución propuesta por Línder Altafuya para rechazar presuntos actos de represión contra estudiantes y organizaciones indígenas, mientras se aprobó incorporar una iniciativa planteada por Magali Orellana, Cléver Jiménez, Diana Atamaint, Lourdes Tibán y Gerónimo Yantalema para declarar de interés nacional la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y la preservación del Yasuní y la zona intangible; sin embargo, este último tema no llegó a debatirse por falta de quórum y quedó pendiente para una próxima sesión. También se rechazó la propuesta de Leonardo Viteri para elaborar una nueva normativa de soberanía alimentaria y definir previamente procedimientos de consulta prelegislativa. Posteriormente, se realizó el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional y la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, ampliar su plazo de funcionamiento, asignarle presupuesto y regular su integración, atribuciones y mecanismos de participación; María Molina, Fernando González, Gido Vargas, Zobeida Gudiño, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, Silvia Salgado, Marco Murillo, Mercedes Diminich, Gioconda Saltos y Tamara Chico debatieron sobre la consulta prelegislativa, la representación de pueblos y nacionalidades, la autonomía de la Conferencia, sus facultades para proponer políticas y leyes, la necesidad de una socialización más amplia y la continuidad de sus integrantes. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión que investigó los hechos de Angostura, para ampliar la protección a personal técnico, colaboradores, denunciantes, testigos e informantes y permitir que soliciten directamente medidas de protección; María Paula Romo y Francisco Ulloa respaldaron el allanamiento, mientras Vicente Taiano, Fausto Cobo, Luis Morales, Luis Almeida, María Augusta Calle, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo cuestionaron la constitucionalidad y alcance de la inmunidad, por lo que la moción de aceptar la objeción fue negada y, al no prosperar la reconsideración, se mantuvo el texto propuesto por el Ejecutivo. Finalmente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, destinada a reorganizar y transparentar los sistemas contables del Banco Central, preservar el respaldo de los depósitos y reservas, simplificar el balance institucional y facilitar el uso del ahorro público en inversión interna; Viviana Bonilla presentó el informe de mayoría, mientras Rafael Dávila, Sylvia Kon, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco y Patricio Quevedo debatieron sobre la necesidad de mantener sistemas separados para garantizar transparencia, liquidez y seguridad de los recursos.
Sin títuloACTA_053-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se trató primero la lectura de la convocatoria y orden del día, con intervenciones de los asambleístas Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca y Fernando Bustamante, guardándose además un minuto de silencio por los ecuatorianos fallecidos en México y por el padre político de la asambleísta Betty Carrillo; a continuación se conoció el informe de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre la ratificación del Estatuto a la Agencia Internacional para las Energías Renovables (IRENA), con intervenciones de Fernando Bustamante, Luis Almeida, Gabriel Rivera, Ramiro Terán, Grace Almeida, Linda Machuca, Juan Carlos López y Marisol Peñafiel, aprobándose el proyecto de resolución respectivo; luego se trató el informe de la misma Comisión sobre la ratificación del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, con intervenciones de Gabriel Rivera y Francisco Ulloa, aprobándose igualmente la resolución; después se debatió la designación de la Comisión Especializada para analizar el informe presentado por el Presidente de la República el 10 de agosto de 2010, interviniendo Juan Carlos Cassinelli, Jorge Escala, Grace Almeida, Luis Almeida, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram, Scheznarda Fernández, Línder Altafuya, Mauro Andino, Ramiro Terán, César Rodríguez, Guillermina Cruz y Fausto Cobo; posteriormente se conoció el proyecto de resolución que demanda y condena la violación de los derechos humanos de los 72 migrantes asesinados en México, con intervenciones de Linda Machuca, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Fernando Flores, Eduardo Zambrano, Cinthya Viteri y María Augusta Calle; enseguida se trató el proyecto de resolución de solidaridad y respaldo del pueblo ecuatoriano a los 33 mineros atrapados en una mina de Copiapó, Chile, con intervenciones de Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Grace Almeida, aprobándose el texto de la resolución; y finalmente se retomó y votó el proyecto de resolución sobre los 72 migrantes asesinados en México, procediéndose a su lectura y votación antes de la clausura de la sesión.
Sin títuloACTA_078-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se recibió la Agenda Política y Estratégica de las Mujeres de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, presentada por Norma Mayo y Cecilia Velaque, quienes plantearon acciones contra la discriminación étnica y de género, la pobreza, la violencia, el analfabetismo y la exclusión, además de priorizar derechos sexuales y reproductivos, educación, cultura, ciencia, tecnología, tierra y territorio; María Augusta Calle suscribió el compromiso legislativo para incorporar estos ejes en el análisis de leyes y políticas públicas. Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar propuestas de condena al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos por fuerzas irregulares, planteada por Gabriel Rivera; de exhorto para declarar el estado de excepción en Tungurahua y zonas afectadas por la actividad del volcán, impulsada por Gioconda Saltos; y de reconocimiento de estabilidad laboral para docentes contratados, promovida por Jorge Escala; en cambio, no prosperó la incorporación de una resolución de Kléver García sobre incremento salarial retroactivo para el Magisterio. Se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, presentada por Silvia Salgado, que corrigió la fecha de publicación de un decreto relativo al Concejo Cantonal de Píllaro. También se trató la objeción parcial a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria: Rosana Alvarado recomendó aceptar el veto, que trasladaba la coordinación del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional a la Presidencia de la Conferencia Plurinacional e Intercultural, ampliaba plazos para presentar propuestas legislativas y redefinía a dicha Conferencia como Consejo Sectorial Ciudadano adscrito al Ministerio de Agricultura; Rodrigo Collahuazo, Cléver Jiménez, Paco Moncayo, Marco Murillo y Luis Morales cuestionaron principalmente la pérdida de autonomía y el carácter exclusivamente sectorial de la instancia. El Pleno se allanó a las reformas sobre coordinación, trámite de propuestas, disposición transitoria y plazo final, mientras negó la ratificación del texto original del artículo relativo a la naturaleza de la Conferencia. El tema central fue el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyo informe presentó César Rodríguez como una propuesta para garantizar gratuidad, universalidad, interculturalidad, participación, evaluación integral, desconcentración territorial, fortalecimiento de la carrera docente, escalafón, capacitación, derechos laborales y educación intercultural bilingüe. En comisión general intervinieron Gloria Vidal, Augusto Barrera, Mariano Morocho, Marlon Santi, Luis Contento, Miguel Egas, Mery Zamora, Manuel Chugchilán, Jaime Matute, Mónica Acurio, Milton Luna y María Eugenia Forester; se solicitaron garantías para la educación municipal, la institucionalidad y jurisdicción de la educación intercultural bilingüe, los derechos de docentes jubilados, contratados, comunitarios, supervisores y técnicos docentes, la estabilidad laboral, una jubilación equivalente a la de otros servidores públicos, participación social efectiva, evaluación no punitiva, educación sexual integral y mayor presencia de gobiernos locales en la gestión educativa. En el debate legislativo, César Rodríguez defendió el proyecto como una transformación integral del sistema; Marco Murillo, Galo Vaca, Nívea Vélez y Xavier Tomalá insistieron en proteger la educación bilingüe, la supervisión educativa, la estabilidad laboral, los incentivos para zonas amazónicas, fronterizas y de difícil acceso, y una jubilación digna; María Alejandra Vicuña propuso medidas para regularizar bienes de instituciones fiscales, reforzar la protección frente a violencia sexual y garantizar educación integral en sexualidad; Gido Vargas planteó ajustes a la escala salarial, homologación y reconocimiento de supervisores y técnicos docentes; Jorge Escala cuestionó el proyecto por considerar insuficientes las garantías salariales y laborales; Armando Aguilar defendió el bachillerato unificado, la educación municipal, militar y policial, así como la estabilidad de su personal; Paco Moncayo formuló observaciones sobre técnica legislativa, descentralización, ambiente, género y protección de docentes de instituciones particulares y fiscomisionales; y Gastón Gagliardo respaldó el nuevo modelo de gestión, la evaluación integral, los circuitos educativos y los distintos tipos de bachillerato. El debate quedó suspendido sin votación final, para continuar en una sesión posterior.
Sin títuloACTA_127-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa del servicio público, orientado a corregir la prohibición general que impedía a servidores públicos y a sus familiares contratar con cualquier institución estatal; durante la discusión se buscó equilibrar la libertad de trabajo y contratación con la prevención del nepotismo, el tráfico de influencias y la corrupción, planteándose limitar las prohibiciones según la institución donde labora el funcionario, el grado de parentesco, la jerarquía del cargo, la participación efectiva en empresas y la existencia de conflictos de intereses, además de formular observaciones sobre la autonomía administrativa de la Asamblea, las renuncias obligatorias y los regímenes aplicables a docentes universitarios y profesionales. Posteriormente, se analizó el convenio entre Ecuador y China para el otorgamiento de una línea de crédito preferencial, debatiéndose sus condiciones financieras, la política de endeudamiento, la soberanía nacional, la transparencia de los acuerdos petroleros, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con China; sin embargo, ante las dudas sobre la correspondencia entre el instrumento sometido al Pleno y el dictamen de la Corte Constitucional, se suspendió su tratamiento y se dispuso que regresara a la comisión para aclarar su denominación y sustento jurídico antes de una futura votación. Finalmente, se designó a Karen Pamela Tapia Tapia y Manuel Eduardo Taipe Calle como delegados para integrar la comisión ciudadana encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, y a Myriam Elisa Brito Estrada y Fausto Javier Holguín Ochoa para la selección de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral; ambas designaciones fueron aprobadas y sus reconsideraciones resultaron negadas. Intervinieron Raúl Abad, Alfredo Ortiz, Fernando Bustamante, Galo Vaca, María Soledad Vela, Luis Almeida, Gastón Gagliardo, Enrique Herrería, Luis Morales, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Andrés Roche, Jorge Escala, Pedro de la Cruz, Paco Fierro, Rolando Panchana, Kléver García, Fernando Cordero, Tito Nilton Mendoza, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, José Portugal, Juan Fernández, Paco Moncayo, Francisco Ulloa, Cléver Jiménez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Fernando Aguirre, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Betty Amores, Galo Lara, Armando Aguilar, César Rodríguez, María Augusta Calle y Dora Aguirre.
Sin títuloACTA_125-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión 125 del Pleno, realizada el 20 de septiembre de 2011, se desarrolló inicialmente un acto conmemorativo por los 180 años de la primera sesión del Congreso Nacional del Ecuador, durante el cual ingresó al salón la primera Constitución ecuatoriana, se interpretó el Himno Nacional en idioma shuar y se entregó oficialmente la Constitución de la República traducida al shuar chicham, trabajo destinado a facilitar a esta nacionalidad el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones; intervinieron el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el lingüista Pedro Andicha Chayuqui y la asambleísta Diana Atamaint, quienes destacaron la importancia de la memoria histórica, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la conservación de las lenguas ancestrales y la inclusión de los pueblos indígenas. Posteriormente, se inició un extenso y polarizado debate sobre el proyecto de resolución relacionado con los hechos del 30 de septiembre de 2010: María Augusta Calle y otros legisladores sostuvieron que existió un intento de golpe de Estado, el secuestro del Presidente de la República y una acción coordinada destinada a quebrantar el orden constitucional, por lo que solicitaron investigar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales y evitar la impunidad; en contraste, varios asambleístas de oposición negaron que hubiera existido golpe de Estado o magnicidio, atribuyeron los acontecimientos a una protesta policial originada por la Ley de Servicio Público, cuestionaron la actuación del Ejecutivo y de las fuerzas que participaron en el operativo de rescate, denunciaron una posible utilización política de la justicia y propusieron conformar una investigación independiente, desclasificar los documentos reservados o acudir a organismos internacionales para determinar responsabilidades. El debate fue suspendido al mediodía y reinstalado con setenta y cinco legisladores, pero, luego de nuevas intervenciones, la sesión volvió a suspenderse a las 16h20 sin que el proyecto de resolución fuera sometido a votación y sin que se trataran los segundos debates de los proyectos de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Intervinieron María Augusta Calle, Lenín Chica, Ramiro Terán, Cléver Jiménez, Irina Cabezas, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Pedro de la Cruz, Cynthia Viteri, Fernando Flores, Viviana Bonilla, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Enrique Herrería, Paola Pabón, Fausto Cobo, Gastón Gagliardo, Virgilio Hernández, Jorge Escala, Mao Moreno, Xavier Tomalá, Marco Murillo y Fernando Aguirre.
Sin títuloACTA_149-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la incorporación de una propuesta para pronunciarse sobre el hallazgo de cocaína en una valija diplomática, que planteaba acelerar las investigaciones, determinar responsabilidades, revisar la normativa aplicable, conformar una comisión multipartidista y solicitar la salida del ministro de Relaciones Exteriores; posteriormente, se rindió homenaje a los estudiantes Gerardo Francisco Pérez, Juan José Morales, Henry Xavier Paca, José Vicente Anilema y Manuel Ramiro Moreta, así como a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su rector Romeo Rodríguez y el decano Iván Menes, por el desarrollo de Skillbox, un programa informático reconocido internacionalmente que traduce el lenguaje oral a lengua de señas y permite transformar textos en audio, facilitando la comunicación, educación e inclusión de personas con discapacidad auditiva y del habla. A continuación, se debatió la emergencia ocasionada por la fuerte estación invernal, las inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, pérdidas de viviendas, cultivos, carreteras y medios de subsistencia, así como la aparición de enfermedades y las dificultades para abastecer y atender a las comunidades aisladas; aunque la propuesta inicial se refería al Guayas, se incorporaron Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y se solicitó al Ejecutivo declarar el estado de excepción, coordinar la intervención de las instituciones públicas, brindar auxilio a las poblaciones afectadas, entregar recursos para reconstruir viviendas y bienes y establecer un espacio de diálogo con una comisión legislativa. La resolución fue aprobada, ratificada en la rectificación y su reconsideración fue negada. También se desarrolló el primer debate del proyecto de protección para las personas con epilepsia, orientado a garantizar sus derechos, evitar la discriminación educativa y laboral, establecer programas integrales de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, asegurar medicamentos oportunos, permanentes y gratuitos, promover campañas informativas, investigación, docencia y estadísticas, y mejorar la coordinación entre la atención primaria, los especialistas, las familias y las instituciones públicas. Durante la discusión se reconocieron el impacto médico, psicológico, familiar, social y económico de la enfermedad y la necesidad de combatir los prejuicios; sin embargo, varios legisladores consideraron que el proyecto repetía derechos ya garantizados, carecía de suficiente precisión científica y jurídica, podía generar restricciones inconvenientes mediante peritajes y debía integrarse en un código general de salud, mientras otros defendieron la urgencia de contar con una regulación específica y propusieron precisar que el acceso al trabajo no comprendiera actividades que pudieran representar riesgos para la persona o terceros. La moción para archivar el proyecto y recomendar la elaboración del Código de la Salud fue negada, por lo que la iniciativa continuó su trámite. Posteriormente, se inició el primer debate de la reforma destinada a proteger a las personas adultas mayores, proponiéndose sustituir denominaciones consideradas despectivas, reconocer como beneficiarias a las personas desde los sesenta y cinco años, facilitar el ejercicio inmediato de sus derechos mediante la presentación del documento de identidad, garantizar atención médica especializada y gratuita, acceso a medicinas, trabajo acorde con sus capacidades, jubilación universal, descuentos en servicios públicos, exenciones tributarias y notariales y acceso a vivienda digna. También se plantearon servicios gratuitos y prioritarios, la entrega de ayudas económicas a quienes carecieran de jubilación, la posibilidad de exigir a los hijos una pensión vitalicia para sus padres mediante acción judicial incluso promovida por terceros, el cambio de denominación del fondo nacional correspondiente, sanciones civiles y penales por vulnerar sus derechos y la creación y fortalecimiento de hogares de protección bajo responsabilidad estatal y municipal, con atención médica, terapia ocupacional, cultura y actividad física; este debate quedó suspendido para continuar posteriormente. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó la agresión de la Policía boliviana contra personas con discapacidad que reclamaban una ayuda económica, reconoció el diálogo como mecanismo de solución, exhortó al Gobierno de Bolivia a aceptar la mediación ofrecida por Lenín Moreno, sugirió respetar los instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias; la decisión fue ratificada con cincuenta y nueve votos afirmativos, uno negativo y cuatro abstenciones. Intervinieron Jorge Escala, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Gioconda Saltos, Romeo Rodríguez, Pamela Falconí, Luis Almeida, Vicente Taiano, Xavier Tomalá, Jorge Fadul, Ramón Cedeño, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Vélez, Susana González, Carlos Velasco, Nívea Vélez, Pedro de la Cruz, Rocío Valarezo, Mao Moreno, Richard Guillén, Damacio Santos, Francisco Ulloa, Betty Carrillo, Luis Morales, Fernando González, Gina Godoy, Bolívar Subía, María Molina, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Paco Fierro y Rosa Ponce.
Sin títuloACTA_142-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se incorporaron al orden del día una propuesta para reconocer la importancia histórica de la Batalla de Camino Real y establecer una fecha de conmemoración nacional, asunto que no llegó a tratarse posteriormente, y una resolución de homenaje a los periodistas ecuatorianos, en cuyo debate se destacó el legado de Eugenio Espejo, la importancia del periodismo para la democracia, los riesgos que enfrentan quienes ejercen esta profesión, sus condiciones laborales, la libertad de expresión, la responsabilidad ética, la honra de las personas, la censura y autocensura en los medios y los procesos judiciales relacionados con publicaciones y opiniones; tras posiciones contrapuestas sobre la relación entre el Gobierno, la prensa y la Función Judicial, se aprobó una resolución que expresó respeto y solidaridad con los periodistas y la voluntad de vigilar el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión en todos los ámbitos comunicacionales. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma tributaria relacionada con la caución equivalente a un porcentaje de la obligación impugnada y con la facultad de los funcionarios encargados de la ejecución coactiva para disponer el arraigo o la prohibición de salida del país; algunos legisladores consideraron que estas medidas eran necesarias para evitar recursos dilatorios, fortalecer la cultura tributaria y garantizar el pago de las obligaciones, mientras otros sostuvieron que condicionaban el acceso gratuito a la justicia, discriminaban a quienes carecían de recursos, vulneraban la presunción de inocencia y debían eliminarse, planteándose también exonerar del afianzamiento a los reclamos de menor cuantía y solicitar nuevos pronunciamientos constitucionales; el primer debate concluyó sin votación y las observaciones fueron remitidas a la comisión. Finalmente, continuó el segundo debate de la reforma sobre las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, orientada a permitirles constituir capital propio, reconocer derechos económicos y de propiedad a sus socios mediante certificados de aportación, garantizar voz y voto independientemente del capital aportado, limitar la concentración de la propiedad, ampliar sus inversiones y servicios financieros e inmobiliarios, fortalecer su solvencia y facilitar la recuperación por vía coactiva de pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas; también se discutieron la responsabilidad de accionistas y administradores, la conveniencia de que todos respondieran por los perjuicios y no únicamente quienes superaran determinado porcentaje de participación, y el procedimiento para elegir al defensor del cliente, cuestionándose que su designación dependiera de la autoridad de control en lugar de los propios socios. Ante la necesidad de realizar ajustes técnicos y jurídicos, el proyecto regresó a la comisión y la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Mercedes Diminich, César Rodríguez, María Augusta Calle, María Paula Romo, César Montúfar, Lenín Chica, Stalin Subía, Paco Moncayo, Luis Morales, Francisco Velasco, César Gracia, Betty Amores, Jimmy Pinoargote, Vicente Taiano, Luis Almeida, Fausto Cobo, Juan Carlos Cassinelli, Salomón Fadul, Eduardo Encalada, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, José Portugal, Viviana Bonilla y Jorge Escala; Fernando Cordero dirigió la sesión, Pedro de la Cruz y Juan Carlos Cassinelli asumieron temporalmente su conducción y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.
Sin títuloACTA_152-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se planteó, aunque no prosperó, incorporar el tratamiento de la situación de los servidores públicos desvinculados mediante la compra obligatoria de renuncias; se aprobó declarar héroe nacional al coronel Luis Vargas Torres, destacando su contribución a la Revolución Liberal, la defensa de las libertades, el laicismo, la democracia y su legado para la historia nacional; y se debatió la suspensión y revisión del proceso de acreditación de héroes y heroínas nacionales vinculados con los conflictos armados, ante denuncias sobre la inclusión de personas que no habrían participado directamente y la exclusión de militares, reservistas y civiles que sí intervinieron, analizándose los criterios para diferenciar a héroes, combatientes y personal que cumplió otras funciones, la transparencia de los listados y la necesidad de revisar la normativa. También se resolvió negar la autorización para iniciar una causa penal contra Enrique Herrería, al considerar que sus actuaciones estaban relacionadas con el ejercicio de la fiscalización legislativa, y se discutieron los alcances de la inmunidad parlamentaria, la libertad de expresión, la responsabilidad por las declaraciones y la prohibición de confundir inmunidad con impunidad. Asimismo, se desarrolló el primer debate de la reforma relacionada con la erradicación de la fiebre aftosa, abordando la sustitución de la comisión existente por una estructura de sanidad agropecuaria, las campañas de vacunación, el control y registro del ganado, la colocación de aretes, la participación de productores, la asignación de recursos, la situación laboral de los trabajadores y la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y mejorar la producción ganadera; finalmente, se inició el primer debate sobre la protección ambiental del ecosistema manglar, con exposiciones acerca de su conservación y restauración, los derechos de las comunidades ancestrales, la actividad camaronera, la productividad acuícola, la contaminación, la reducción de especies, las afectaciones económicas y sociales a concheros y cangrejeros, y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y las actividades productivas. Intervinieron Lourdes Tibán, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, María Paula Romo, Denny Cevallos, César Gracia, Mary Verduga, Vicente Taiano, Enrique Herrería, Paola Pabón, Luis Morales, Elvis Maldonado, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Germán Páez, Kléver García, Linda Machuca, Fernando Aguirre, Paco Fierro, Rolando Panchana, Vethowen Chica, Irina Cabezas, María Molina, Betty Carrillo, Mercedes Diminich, Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, Stalin Subía, José Antonio Camposano y María Dolores Vera.
Sin títuloACTA_189-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordaron el segundo debate del proyecto de Ley de Estadística y una propuesta para investigar las operaciones realizadas por el Banco COFIEC. Al inicio, Marco Murillo solicitó incorporar una investigación sobre el crédito de ochocientos mil dólares concedido en pocos días al ciudadano argentino Gastón Duzac, incluyendo la comparecencia de directivos de COFIEC y la conformación de una comisión multipartidista; su propuesta fue negada con cincuenta votos afirmativos y volvió a ser rechazada en la rectificación. Posteriormente, Paola Pabón propuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político investigara los hechos, modificación del orden del día que fue aprobada con noventa y cuatro votos afirmativos. En el debate de la Ley de Estadística se planteó actualizar la normativa vigente desde 1976 y organizar un sistema público, integrado y coordinado que proporcionara información confiable para la planificación y las políticas públicas; el proyecto regulaba las funciones del Consejo Nacional de Estadística, el INEC y el Banco Central, el Plan Nacional de Estadística, la generación de datos sobre ecuatorianos residentes en el exterior, el acceso libre y gratuito a la información oficial, la obligación de entregar datos veraces y oportunos y la protección de la intimidad mediante el secreto estadístico. También se discutieron la necesidad de incluir adecuadamente a pueblos, nacionalidades, migrantes, mujeres, personas con discapacidad y territorios rurales; la calidad, objetividad e independencia de las estadísticas; la coordinación con los gobiernos autónomos y los registros administrativos de educación y salud; la diferencia entre estadísticas oficiales y encuestas privadas; la duración y financiamiento del Plan Nacional; el riesgo de centralizar o manipular la información; y el uso de los datos para distribuir recursos, evaluar desigualdades y adoptar decisiones públicas. Debido a las numerosas observaciones, Virgilio Hernández solicitó procesarlas en la Comisión y presentar un texto definitivo, por lo que la votación de la ley quedó pendiente para otra sesión. En el tratamiento del caso COFIEC se analizaron la legalidad y las garantías del crédito concedido a Duzac, el posible uso de bienes pertenecientes a empresas incautadas como respaldo, la naturaleza pública o privada del banco, la negativa de autoridades y directivos a entregar información, el sigilo bancario, la responsabilidad de Pedro Delgado, Germánico Maya y otros funcionarios, la separación de la presidenta ejecutiva de la entidad, la competencia constitucional de la Asamblea para fiscalizar y la necesidad de diferenciar la investigación política de los procesos administrativos, civiles y penales; mientras varios legisladores denunciaron posibles irregularidades, vínculos políticos y falta de transparencia, otros pidieron evitar acusaciones basadas únicamente en publicaciones periodísticas, respetar el debido proceso y concentrar la investigación en preguntas y documentos verificables. Finalmente, Paola Pabón retiró la moción al considerar que el debate se había alejado de una investigación rigurosa y se había convertido en una confrontación política; en consecuencia, no hubo votación sobre la resolución y la sesión fue clausurada. Intervinieron Marco Murillo, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, Linda Machuca, Edwin Vaca, Luis Morales, Francisco Velasco, Damasio Santos, Rosa Cerda, Xavier Tomalá, Fausto Cobo, Francisco Cevallos, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Fernando Flores, Betty Amores, Silvia Salgado, Enrique Herrería, Nívea Vélez, Alfredo Ortiz, César Montúfar, César Rodríguez, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Lenin Chica, Paco Fierro y Betty Carrillo.
Sin títuloACTA_174-E-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose principalmente el procedimiento penal, la ejecución de las penas y el sistema de rehabilitación social, así como la necesidad de equilibrar la protección de las víctimas, la seguridad ciudadana, la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos de las personas privadas de libertad. En comisión general, Rosa Elisa Balarezo, en representación de las organizaciones de mujeres de Loja, expuso la violencia de género, los embarazos forzados derivados de violaciones —incluidos los sufridos por niñas—, la impunidad de los delitos sexuales, la necesidad de tipificar el femicidio, respetar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, evitar su revictimización y considerar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Durante el debate legislativo se analizaron la despenalización del aborto en casos de violación y las posiciones favorables y contrarias a esta medida; la política sobre consumo y tráfico de drogas; la posible criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y los delitos cometidos mediante medios de comunicación; la regulación de la rebelión, el terrorismo y la delincuencia organizada; el régimen penal militar y policial; la jurisdicción indígena y su coordinación con la justicia ordinaria; la protección de víctimas y testigos; la prescripción de las acciones penales; las pruebas en infracciones de tránsito; el juzgamiento de la violencia intrafamiliar mediante procedimientos especiales y expeditos; y el uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, informantes y dispositivos electrónicos como alternativas a la prisión preventiva. También se discutieron la proporcionalidad y el incremento de las penas, la sexualidad adolescente y la redacción del delito de violación, la diferencia entre personas acusadas y sentenciadas, los límites de la prisión preventiva, el hacinamiento carcelario, la responsabilidad estatal por la seguridad de quienes permanecen bajo su custodia, la organización institucional del sistema penitenciario y la necesidad de que la rehabilitación no se sustente en prejuicios sociales sobre quiénes cometen delitos. Intervinieron Rosa Elisa Balarezo, Stalin Bolívar Subía, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Lídice Larrea, Mauro Andino, César Montúfar, Marco Murillo, Gina Godoy, Consuelo Flores, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Augusta Calle, María Paula Romo y Tito Nilton Mendoza. Finalmente, el debate fue suspendido y se dispuso su continuación al día siguiente.
Sin títuloACTA_174-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose la necesidad de modernizar la legislación y garantizar un equilibrio entre seguridad ciudadana, derechos humanos, debido proceso e independencia judicial; se debatieron la proporcionalidad y eficacia de las penas, la precisión técnica de los tipos penales, el riesgo de criminalizar la huelga, la protesta, la resistencia y otras expresiones políticas o sociales, así como la regulación del terrorismo, rebelión, sabotaje, corrupción, peculado, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, delitos ambientales, infracciones relacionadas con la pesca, accidentes de tránsito, mala práctica profesional, violencia en espectáculos públicos, delitos propios de las zonas fronterizas y falta de pago de precios oficiales a productores agrícolas. También se discutieron ampliamente el aborto no punible cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o pusiera en riesgo la vida o salud de la mujer, la violencia contra la mujer y la familia, la continuidad de las medidas de protección previstas en la Ley 103 y la necesidad de procedimientos rápidos que eviten la revictimización; además, se analizaron la justicia indígena, el tratamiento especializado de adolescentes en conflicto con la ley, la política de drogas desde una perspectiva de salud pública, la rehabilitación de personas dependientes y la conveniencia de no basar la lucha contra la delincuencia únicamente en el endurecimiento de las penas. En comisión general, Miguel Zambrano, representante de los Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia, defendió la protección especial de sus derechos y rechazó que los adolescentes fueran juzgados como adultos, destacando que requieren una legislación y procedimientos especializados. Intervinieron Edwin Vaca, Soledad Vela, Juan Carlos López, Lourdes Tibán, Wladimir Vargas, María Alejandra Vicuña, Lenín Chica, Miguel Zambrano, Fernando Bustamante, Jimmy Pinoargote, César Gracia, Betty Carrillo, Carlos Velasco, Cristian Viteri, María Paula Romo, Vicente Taiano, Rolando Panchana, Betty Amores, Virgilio Hernández, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo y Luis Morales; finalmente, la sesión fue suspendida para continuar al día siguiente con las intervenciones pendientes y cerrar el debate del primer bloque del proyecto.
Sin títuloACTA_203-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Rafael Dávila propuso financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano reduciendo gastos estatales en publicidad, espectáculos y viáticos, pero el cambio del orden del día fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, cuarenta y uno negativos y trece abstenciones. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que eliminó beneficios tributarios de la banca, modificó el anticipo del impuesto a la renta, gravó los servicios financieros, aumentó el impuesto sobre fondos e inversiones en el exterior, facilitó al SRI el acceso reservado a información financiera y prohibió trasladar las nuevas cargas tributarias a los usuarios. Sus defensores señalaron que permitiría financiar políticas sociales mediante una mayor contribución del sector financiero, mientras sus críticos cuestionaron su finalidad electoral, constitucionalidad, efectos sobre el crédito y la liquidez, posible traslado de costos a los consumidores y falta de una asignación exclusiva de los recursos al bono. La ley fue aprobada y ratificada con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos y diez abstenciones; posteriormente se negó su reconsideración y la rectificación de esta última votación. Intervinieron Rafael Dávila, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Enrique Herrería, Eduardo Encalada, Luis Almeida, Vicente Taiano, Juan Carlos Cassinelli, Cléver Jiménez, Christian Viteri, César Rodríguez, Silvia Salgado, María Paula Romo, Paco Fierro, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Susana González, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Edwin Vaca, Fernando González, Mauro Andino, Galo Vaca, Juan Carlos López, Nívea Vélez, Luis Morales, César Montúfar, Guillermina Cruz, Gerónimo Yantalema y Francisco Cisneros.
Sin títuloACTA_209-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, orientada a corregir dificultades detectadas durante sus dos primeros años de aplicación. El proyecto abordó la creación de nuevas circunscripciones territoriales mediante informes técnicos y control constitucional previo; la regularización y expropiación de asentamientos humanos consolidados; la delimitación de competencias concurrentes entre los distintos niveles de gobierno; la eliminación del ganado y otros semovientes del cálculo del impuesto predial rural; y varias reformas administrativas, presupuestarias y relativas a áreas verdes, recursos, prestación de servicios y subrogación de autoridades. En comisión general, Jorge Martínez, representante de los municipios del país, respaldó las reformas para mejorar la gestión local, regularizar barrios y facilitar obras públicas, pero solicitó garantizar el debido proceso en la remoción de alcaldes y demás autoridades elegidas popularmente. Durante el debate se propuso fortalecer la transparencia y fiscalización de los presupuestos municipales, garantizar recursos para las competencias y la vialidad rural, proteger a campesinos y comunidades frente a cargas tributarias, revisar la intervención de la Corte Constitucional en las circunscripciones indígenas, asegurar la paridad de género en las vicealcaldías, definir la competencia y las tasas del alumbrado público, limitar la delegación privada de servicios y proteger los bienes comunales; también se formularon cuestionamientos sobre la constitucionalidad de ciertas reformas tributarias y la necesidad de precisar varios artículos. El primer debate no concluyó ni fue sometido a votación, pues todavía permanecían once solicitudes de intervención y la sesión fue suspendida para continuar posteriormente. Intervinieron Jorge Martínez, Virgilio Hernández, Paco Fierro, Gerónimo Yantalema, Pedro de la Cruz, Fernando González, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Lourdes Tibán, Mary Verduga, Jimmy Pinoargote, Kléver García y Francisco Ulloa.
Sin títuloACTA_211-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se solicitó atender a los maestros jubilados y tramitar la Ley del Adulto Mayor, y posteriormente continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. El análisis se concentró en la necesidad de unificar los proyectos similares tramitados por distintas comisiones y regular la consulta prelegislativa y administrativa, respetando las organizaciones, autoridades, procedimientos propios y derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. En comisión general, Humberto Cholango, Delfín Tenesaca, Franco Viteri y Carlos Pérez exigieron que la consulta fuera previa, libre, informada y vinculante, que buscara el consentimiento de las comunidades y que no se sustituyera por simples procesos de socialización, especialmente frente a proyectos mineros, petroleros y otras actividades que afectaran sus territorios y recursos naturales. Durante el debate, algunos legisladores defendieron el carácter vinculante con base en los instrumentos internacionales y la profundización de la democracia, mientras otros señalaron que la Constitución no lo establecía expresamente, advirtieron sobre posibles paralizaciones de obras y pidieron definir plazos, requisitos, sujetos consultados y procedimientos claros. La sesión fue clausurada por encontrarse al límite del quórum, sin votación ni moción escrita, y las observaciones quedaron para conocimiento de la Comisión. Intervinieron Lourdes Tibán, Edwin Vaca, Humberto Cholango, Delfín Tenesaca, Franco Viteri, Carlos Pérez, Gerónimo Yantalema, María Augusta Calle, César Montúfar, César Rodríguez, Xavier Tomalá, María Molina, Yolanda Martínez, Francisco Cevallos, Damasio Santos y Luis Morales.
Sin títuloACTA_224-A-2011-2013_PLENO.pdf Se concluyó el primer debate de la interpretación del Mandato Constituyente sobre intermediación, tercerización, servicios técnicos especializados y protección de los derechos laborales; además, se debatió la reforma sobre daño moral, enfocada en los criterios y límites para determinar las indemnizaciones, y la moción para archivar el proyecto no fue aprobada. Intervinieron María Molina, Andrés Páez, Armando Aguilar, Mauro Andino, Paco Moncayo, Paco Fierro, Eduardo Carriel, Luis Morales, María Augusta Calle, Francisco Cevallos, César Rodríguez y Cléver García.
Sin títuloACTA_035-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se realizó el primer debate de la propuesta orientada a incorporar al ordenamiento jurídico nacional los derechos colectivos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de fortalecer el carácter plurinacional e intercultural del Estado, proteger la identidad, territorios, formas de organización, educación intercultural bilingüe, justicia propia, consulta previa y participación de los pueblos y nacionalidades. Edwin Vaca, Lourdes Tibán, Francisco Ulloa, Kléver García, Marco Murillo, Diana Atamaint, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Cléver Jiménez y otros legisladores defendieron la necesidad de reconocer y hacer efectivos estos derechos; mientras César Rodríguez, Nivea Vélez, Hólger Chávez, Betty Amores, Armando Aguilar, Gioconda Saltos, Carlos Velasco, María Augusta Calle, Aminta Buenaño y Betty Carrillo señalaron que el texto debía ser reformulado para convertir los principios internacionales en una normativa aplicable, con mecanismos de exigibilidad e inclusión expresa de pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y demás colectivos. También intervinieron Luis Morales, Zobeida Gudiño, Enrique Herrería y Vicente Taiano. Finalmente, Lourdes Tibán retiró la propuesta original, se negó el pedido de archivo planteado por Enrique Herrería y se dispuso que el tema vuelva a ser trabajado para elaborar una normativa integral sobre derechos colectivos. Posteriormente, se aprobó la Ley de Protección e Inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, mediante la cual se otorgó inmunidad civil y penal limitada a las actuaciones, conclusiones, análisis y recomendaciones incorporadas en el informe final, así como medidas de reserva y protección para testigos y colaboradores. Washington Cruz, Línder Altafuya y Mao Moreno defendieron la norma como una garantía para esclarecer los hechos, proteger a los investigadores y resguardar la soberanía nacional; María Augusta Calle cuestionó la falta de protección a las fuentes y el posible alcance permanente de la inmunidad; y Fausto Cobo, Alfredo Ortiz, Kléver García, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Rodolfo Baquerizo expresaron reparos sobre su constitucionalidad, la transparencia del informe, la posible persecución política y la necesidad de conocer plenamente la verdad. La ley fue aprobada luego de una rectificación de la votación.
Sin títuloACTA_046-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión, reinstalada por el presidente Fernando Cordero Cueva con quórum verificado y la actuación en Secretaría del Dr. Francisco Vergara Ortiz, se continuó durante todo el día el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) con la intervención sucesiva de numerosos asambleístas —entre ellos César Rodríguez, Gido Vargas, José Picoita, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel, Tito Nilton Mendoza, Paola Pabón, Nivea Vélez, María Paula Romo, Fernando Vélez, Alex Remache, Richard Guillén, Francisco Velasco, Gerónimo Yantalema, Eduardo Sánchez, Lenin Chica, Eduardo Zambrano, Betty Amores, Francisco Cisneros, Carlos Velasco, Milton Altamirano, Rosana Alvarado, Fernando González, Kléver García, César Gracia, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Luis Morales, Ángel Vilema, Celso Maldonado, Pamela Falconi, Dora Aguirre, Hólger Chávez, Fernando Cordero, Francisco Ulloa, Jorge Escala, Xavier Tomalá, Gioconda Saltos, Juan Fernández, Mary Verduga y Raúl Abad—, con la dirección de la sesión alternándose entre el Presidente Cordero Cueva, la Primera Vicepresidenta Irina Cabezas Rodríguez y el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra, e incluyó una Comisión General para recibir al rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, Dr. José Barbosa, quien defendió el reconocimiento del "Modus Vivendi" para las universidades católicas y la valoración de la educación a distancia, así como una suspensión y reinstalación de la sesión entre las doce horas con cincuenta y dos minutos y las quince horas con cuarenta y cinco minutos; posteriormente se trató el punto IV, el proyecto de Resolución presentado por Gerónimo Yantalema de reconocimiento a la contribución histórica de las comunidades, pueblos y nacionalidades en su lucha de liberación de la opresión, la colonización y el neoliberalismo hacia la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural del Sumak Kawsay, que conmemora los veinte años del levantamiento indígena de 1990 y declara el 21 de junio como "Inty Raymy", día de conmemoración nacional, el cual fue debatido con observaciones de Marco Murillo, Marisol Peñafiel y María Augusta Calle, y aprobado con 78 votos afirmativos, 4 en blanco y 7 abstenciones, tras lo cual el Presidente suspendió la sesión.
Sin títuloACTA_044-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron varias resoluciones de carácter nacional e internacional. Se unificaron y aprobaron las propuestas de Línder Altafuya y María Alejandra Vicuña para condenar el ataque del Ejército israelí contra la flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, expresar solidaridad con las víctimas y activistas, solicitar una investigación y sanción internacional, respaldar el llamado a consultas del embajador ecuatoriano y demandar el cese del bloqueo a la Franja de Gaza; en este debate intervinieron Fernando Bustamante, Línder Altafuya, María Alejandra Vicuña y María Augusta Calle. También se aprobó la resolución impulsada por Fausto Cobo para exhortar al Servicio Social de la Fuerza Terrestre y al Ministerio de Relaciones Laborales a garantizar el pago de indemnizaciones a las exservidoras y exservidores del Comisariato del Ejército que fueron cesados, con aportes de Luis Morales, Armando Aguilar, Hólger Chávez, María Augusta Calle y Línder Altafuya. De igual manera, se aprobó la resolución propuesta por Rosana Alvarado con motivo del Día Mundial del Ambiente, mediante la cual la Asamblea reafirmó su compromiso con el desarrollo sustentable, los derechos de la naturaleza y el uso responsable de los recursos naturales. Posteriormente, se debatió la propuesta de Magali Orellana para declarar de interés nacional la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y la preservación de la biodiversidad del Yasuní y la zona intangible; Magali Orellana, Francisco Cisneros, Rosendo Nurinkias, Alfredo Ortiz y Paco Moncayo defendieron la necesidad de proteger estos territorios y pueblos, mientras César Rodríguez cuestionó la pertinencia jurídica de la propuesta, por lo que la resolución fue negada. Finalmente, se aprobó por unanimidad la resolución presentada por Mercedes Diminich para expresar condolencias a Carlos Zambrano y su familia por el fallecimiento de su esposa, Jéssica Núquez, y se planteó la necesidad de fortalecer las acciones frente a la inseguridad y el sicariato, con intervención de Gido Vargas; además, Gilmar Gutiérrez advirtió que la votación de la Ley del Deporte debía realizarse al continuar la sesión en que se desarrolló su segundo debate, por lo que se clausuró la sesión sin tratar dicha votación.
Sin títuloACTA_071-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, orientado a reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías y militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz, mediante un procedimiento con veeduría e impugnación ciudadana, pensiones, becas, compensaciones económicas, beneficios para familiares y medidas de inclusión laboral; Linda Machuca, Fausto Cobo, Guillermina Cruz, Washington Quiñónez, Luis Morales, Enrique Herrería, Rosana Alvarado, Kléver García, José Portugal, Fernando Aguirre, Zobeida Gudiño y Wladimir Vargas respaldaron la iniciativa, aunque plantearon ampliar la definición de heroísmo a bomberos, rescatistas, reservistas y ciudadanos civiles, incorporar una mayor protección para familiares, precisar los criterios de calificación, fortalecer el reconocimiento a las mujeres y elevar la pensión prevista. También se aprobó por unanimidad la resolución que declaró héroe nacional a Fernando Daquilema y heroína nacional a Manuela León, en reconocimiento a su lucha por la justicia, la libertad y los derechos de los pueblos originarios. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, cuya denominación pasó a ser Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; la norma fortaleció las facultades de la Unidad de Análisis Financiero, amplió los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales —incluidos instituciones financieras, aseguradoras, casas de valores, cooperativas, fundaciones, inmobiliarias, casinos, notarios y registradores—, reguló el control de ingreso y salida de efectivo, la cooperación en zonas fronterizas, la administración temporal de bienes incautados y el decomiso de activos ilícitos, procurando respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Francisco Velasco, Leonardo Viteri, Sylvia Kon, Ramiro Terán, Juan Carlos Cassinelli, Rodolfo Baquerizo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Enrique Herrería, Edwin Vaca, Rosana Alvarado y María Augusta Calle intervinieron con observaciones sobre casinos, control de transacciones, financiamiento de delitos, derechos constitucionales, gestión de bienes incautados, seguridad fronteriza y precisión institucional; luego de incorporar ajustes sobre la Secretaría Nacional de Inteligencia, cooperación territorial y designación de autoridades, la reforma fue aprobada con ciento un votos afirmativos, sin votos negativos, cuatro abstenciones y ningún voto en blanco
Sin títuloACTA_068-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Línder Altafuya para investigar los hechos relacionados con el fallecimiento de la maestra Jenny Nazareno Solano en Esmeraldas, y de Paco Moncayo para conformar una comisión multipartidista que esclarezca los acontecimientos del 30 de septiembre y garantice la presunción de inocencia; en cambio, se aprobó el pedido de César Rodríguez para diferir la designación de delegados legislativos a las comisiones ciudadanas de selección del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía. En segundo debate se aprobaron las Leyes Derogatorias No. 3 y No. 4 para la depuración de la normativa legal: la primera eliminó 195 leyes, decretos supremos, legislativos y acuerdos que habían perdido vigencia o cumplido su finalidad, con intervenciones de César Gracia, Kléver García, Luis Morales y María Paula Romo; la segunda derogó 150 decretos y una resolución legislativa sobre reorganizaciones institucionales, ferrocarriles, indultos, tributos y otras materias obsoletas, siendo defendida por Mariángel Muñoz, Kléver García y María Paula Romo, y excluyendo la norma relativa a la Escuela Normal de Agronomía de Ambato a pedido de Luis Morales. También se trató el informe para segundo debate de la Ley de Defensa y Desarrollo del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, que propuso excluir a los microempresarios de su ámbito, reconocer derechos al trabajo autónomo, seguridad social, crédito público, participación ciudadana y espacios adecuados, así como establecer deberes vinculados al ordenamiento del espacio público y prohibiciones sobre productos ilícitos; Carlos Samaniego presentó las reformas, mientras Carlos Castellanos, Mónica Tenem y Edmundo Narváez solicitaron una norma que proteja a los comerciantes de la precariedad, la falta de afiliación, el acceso limitado a crédito y los decomisos. Paco Moncayo, Kléver García, Línder Altafuya, Dora Aguirre, Nívea Vélez, Juan Narea, María Augusta Calle, Luis Morales, Armando Aguilar, Francisco Cisneros, Silvia Salgado, Gioconda Saltos, Virgilio Hernández, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, Juan Carlos López y Edwin Vaca coincidieron en la necesidad de proteger al sector, aunque plantearon ajustes sobre trabajo infantil, seguridad social, regulación municipal, productos peligrosos, competencias de los gobiernos autónomos y mecanismos de crédito, por lo que se suspendió la votación para incorporar observaciones. Finalmente, se aprobó la resolución de apoyo al levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, impulsada por Silvia Salgado y respaldada en el debate por Betty Carrillo y María Alejandra Vicuña, que exhortó al Gobierno de Estados Unidos a eliminar el bloqueo y solicitó al Estado ecuatoriano ratificar esta posición ante las Naciones Unidas
Sin títuloACTA_085-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del enjuiciamiento político a Gloria Sabando García, exsuperintendenta de Bancos y Seguros, se debatió su presunto incumplimiento de las funciones de control y vigilancia durante la liquidación de instituciones financieras cerradas, especialmente por no exigir a los liquidadores la aplicación efectiva de los artículos 127 y 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, no determinar responsables de los déficits patrimoniales, no sancionar irregularidades y permitir que los procedimientos de cobro quedaran debilitados. Silvia Salgado presentó las conclusiones de la Comisión de Fiscalización; Rolando Panchana defendió la moción de censura e incorporó recomendaciones para ampliar las investigaciones; César Rodríguez, Mauro Andino, Gastón Gagliardo, Betty Carrillo y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la censura, señalando que la responsabilidad política del juicio recaía en la máxima autoridad de la Superintendencia. Marco Murillo, Ramiro Terán, Galo Lara, Enrique Herrería, Paco Moncayo, Línder Altafuya, Jorge Escala, Andrés Páez, Alfredo Ortiz, Nívea Vélez, Vicente Taiano, Grace Almeida y otros legisladores cuestionaron que la responsabilidad se concentrara únicamente en Sabando y solicitaron investigar también a liquidadores, miembros de la Junta Bancaria, funcionarios de la AGD, Banco Central, Ministerio de Finanzas y demás entidades relacionadas con la crisis bancaria; María Augusta Calle planteó ajustes al texto final, que fueron acogidos. La apelación procesal presentada por Andrés Páez fue negada. Finalmente, se aprobó la censura contra Gloria Sabando con ochenta y seis votos afirmativos, cero negativos, cuatro blancos y veintisiete abstenciones, tras rectificación; además, se dispuso solicitar a la Junta Bancaria una evaluación técnica de las liquidaciones, requerir a la Contraloría exámenes especiales para establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales, pedir al Banco Central informes sobre recuperación de cartera y pago a acreedores, y solicitar a Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y al fideicomiso AGD-CFN investigaciones e informes sobre las actuaciones vinculadas con la crisis bancaria; la reconsideración fue negada. También se aprobó la resolución propuesta por Kléver García para exhortar la declaratoria de estado de excepción en San José de Chimbo, a fin de atender al barrio Tambán afectado por lluvias y movimientos telúricos, con setenta y nueve votos afirmativos tras rectificación; se aprobó la resolución planteada por Diana Atamaint para expresar pesar por las víctimas del accidente del avión Twin Otter FAE 449, reconocer la labor de la Fuerza Aérea y fortalecer el programa de transporte aéreo para comunidades amazónicas aisladas, con ochenta y cuatro votos afirmativos; y se aprobó la resolución de Lídice Larrea que declaró a la vía Chone-Quito como Ruta de los Raidistas, en homenaje a Carlos Aray, Juan de Dios Zambrano, Emilio Hidalgo, Plutarco Moreira y Artemio Aray, con setenta y ocho votos afirmativos.
Sin títuloACTA_094-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó al orden del día la intervención de Irina Cabezas con motivo del 8 de marzo, en la que reivindicó la lucha histórica de las mujeres, la equidad de género, la participación femenina en la vida pública y la necesidad de enfrentar la violencia contra las mujeres. También se entregó el Acuerdo Legislativo y la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito profesional” a Francisco Xavier Vergara Ortiz, exsecretario general de la Asamblea, en reconocimiento a su labor en la Asamblea Constituyente, la Comisión Legislativa y de Fiscalización y la Asamblea Nacional. En materia legislativa, se aprobaron por unanimidad la Ley Derogatoria No. 6, con noventa y tres votos afirmativos tras rectificación, y la Ley Derogatoria No. 7, con noventa y dos votos afirmativos, ambas orientadas a depurar el ordenamiento jurídico mediante la eliminación de decretos supremos, decretos legislativos y acuerdos legislativos obsoletos o ya cumplidos, especialmente relacionados con reorganizaciones de concejos cantonales, cortes, nombramientos y disposiciones administrativas antiguas. Posteriormente se debatió la denuncia del Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y el Reino de los Países Bajos: Vethowen Chica, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca defendieron la denuncia por considerar que el tratado cedía jurisdicción soberana a arbitrajes internacionales, contrariaba la Constitución y debía ser reemplazado por mecanismos regionales y normas internas de protección de inversiones; mientras Fausto Cobo, Gioconda Saltos y Luis Morales cuestionaron la denuncia total, advirtiendo riesgos para la seguridad jurídica, la confianza internacional y la inversión extranjera, y plantearon la posibilidad de enmienda o renegociación. Aunque la denuncia fue aprobada inicialmente, tras rectificación no alcanzó los votos necesarios, con sesenta y dos afirmativos, treinta y seis negativos, cero blancos y cinco abstenciones, por lo que quedó negada. Además, se designó como delegados de la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral a Diana Lucía Espinoza Valdez y Fausto Javier Holguín Ochoa, con cincuenta y seis votos afirmativos; para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública a Carlos Germán Vega Castellanos y María Angélica Campoverde Ortiz, con cincuenta y cinco votos afirmativos; y para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo a Norman Raúl Gaona Salinas y María Gabriela López Sánchez, con cincuenta y siete votos afirmativos. Finalmente, se aprobó con noventa y nueve votos afirmativos la resolución propuesta por Enrique Herrería para exigir a la Contraloría General del Estado la derogatoria del artículo 8 del Acuerdo No. 011-CG y la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de todos los integrantes de la Asamblea Nacional y demás servidores públicos, bajo el principio de transparencia y control ciudadano.
Sin títuloACTA_089-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar proyectos de resolución orientados a exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice el trabajo de las veedurías ciudadanas, exhortar al Ejecutivo a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en la emergencia sanitaria y requerir la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas; en cambio, fue negada la propuesta de Galo Lara para solicitar la renuncia inmediata de los integrantes de la Corte Constitucional. En primer debate se trató la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que buscaba habilitar el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas, sin descuidar la defensa externa, en circunstancias de evidente necesidad o inminente alteración del orden público, mediante planificación previa, coordinación institucional y asesoría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Fernando Bustamante, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Eduardo Zambrano, Víctor Quirola y Marllely Vásconez defendieron la propuesta como una herramienta excepcional para apoyar a la Policía Nacional frente a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad ciudadana; mientras Fausto Cobo, Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Galo Vaca, María Augusta Calle, Nívea Vélez, Tomás Zevallos, César Montúfar, Cléver Jiménez y Jorge Escala cuestionaron su constitucionalidad, advirtieron sobre el riesgo de militarización, uso represivo de la fuerza y desnaturalización de las funciones de defensa nacional, y solicitaron construir una política integral de seguridad que priorice prevención, empleo, desarrollo, profesionalización policial, justicia y atención a las zonas fronterizas. El debate quedó cerrado para que la Comisión incorpore las observaciones, sin votación definitiva. Posteriormente, en primer debate se analizó la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana para regular la revocatoria del mandato, estableciendo requisitos de identificación y motivación de la solicitud, causales relacionadas con incumplimiento injustificado del plan de trabajo, obligaciones legales y normas de participación ciudadana; porcentajes y plazos diferenciados para recolectar firmas según el tamaño de la circunscripción; reglas para la verificación de respaldos; límites de gasto electoral y prohibición de utilizar recursos públicos en campañas. Virgilio Hernández defendió la propuesta como una forma de garantizar la participación directa sin convertir la revocatoria en un instrumento de presión política; Rocío Valarezo pidió reforzar el debido proceso y añadir actos de corrupción comprobados como causal; María Soledad Vela, Luis Morales y Guillermina Cruz plantearon precisiones sobre el lenguaje, respaldos, residencia de los electores y protección del derecho ciudadano a controlar a sus autoridades. La sesión fue suspendida sin resolución final sobre esta reforma
Sin títuloACTA_080-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general, Gerardo Morán, el padre Robert García y un representante del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle expusieron la situación de niñas, niños y adolescentes en condición de calle, solicitaron respaldo solidario y destacaron la necesidad de atender las causas estructurales de pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Posteriormente, se aprobó el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela, orientado a la cooperación en capacitación, investigación, intercambio académico, tecnología, inteligencia, operaciones de paz, apoyo logístico y gestión de riesgos; María Augusta Calle, Francisco Velasco, Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Armando Aguilar, Virgilio Hernández, Hólger Chávez, Carlos Velasco y Guillermina Cruz defendieron el instrumento como una expresión de integración latinoamericana, cooperación horizontal, fortalecimiento de la soberanía y diversificación de las relaciones internacionales, mientras Paco Moncayo aclaró su oposición histórica al convenio de la Base de Manta, y Fernando Aguirre, Línder Altafuya, Luis Almeida, Edwin Vaca, Enrique Herrería, Wladimir Vargas y Paco Fierro cuestionaron los posibles efectos del acuerdo sobre la profesionalización e independencia de las Fuerzas Armadas, la cooperación en inteligencia, el contexto político venezolano, la oportunidad diplomática frente al restablecimiento de relaciones con Colombia y la conveniencia de canalizar estos asuntos mediante el marco regional de UNASUR. El acuerdo fue aprobado, tras rectificación, con sesenta y tres votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y once abstenciones. Finalmente, se aprobó el Acuerdo entre Ecuador y Brasil sobre Cooperación en el Dominio de la Defensa, destinado a promover investigación, desarrollo, capacitación, entrenamiento, apoyo logístico, transferencia tecnológica y adquisición de productos y servicios de defensa; Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca resaltaron la capacidad tecnológica, industrial y estratégica de Brasil, la relación histórica entre ambos países, la transparencia en el gasto de defensa y los beneficios de una cooperación ordenada en igualdad de condiciones. La aprobación obtuvo setenta y nueve votos afirmativos, uno negativo, tres blancos y diecinueve abstenciones.
Sin títuloACTA_137-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se analizó la proforma del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2012 y la programación presupuestaria para los años 2012-2015, instrumentos que contemplaban ingresos y egresos superiores a veintiséis mil millones de dólares y priorizaban la inversión en educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura vial, energía, programas sociales, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y subsidios. Quienes respaldaron la propuesta destacaron el incremento de recursos para la incorporación y mejora salarial de docentes, la ampliación del personal médico y policial, la designación de nuevos jueces, la construcción de carreteras y proyectos hidroeléctricos, el fortalecimiento de los servicios públicos, la reducción de la pobreza y el mantenimiento del endeudamiento dentro de niveles considerados sostenibles; en contraste, otros legisladores cuestionaron el déficit presupuestario y la falta de claridad sobre sus fuentes de financiamiento, el crecimiento del gasto corriente y de la burocracia, la dependencia de créditos y ventas anticipadas de petróleo, la carga tributaria, el elevado monto destinado a publicidad, consultorías, viáticos y contratos ocasionales, así como las asignaciones previstas para la compra obligatoria de renuncias. También se debatió el cumplimiento de los incrementos constitucionales para educación y salud, la reducción o insuficiencia de recursos para universidades, agricultura, vivienda, ambiente, turismo, cultura y economía popular y solidaria; la distribución de fondos entre el Gobierno central y los gobiernos locales; la atención a las zonas rurales, amazónicas y fronterizas; la inversión destinada a pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; la educación intercultural bilingüe, la seguridad social campesina, la soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la territorialización del gasto y la necesidad de transparentar la ejecución presupuestaria. Finalmente, se aprobó el informe de mayoría y la programación cuatrianual con recomendaciones para garantizar recursos al pueblo montubio y a la Universidad Amazónica, controlar el gasto estatal en publicidad, respetar el límite del endeudamiento público, identificar territorialmente las inversiones, transparentar los recursos dirigidos a la participación ciudadana, agricultura, fondo de tierras y economía popular y solidaria, informar sobre los ingresos provenientes de la normativa ambiental y remitir el presupuesto global asignado a cada universidad; la propuesta obtuvo sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y cinco negativos, uno blanco y una abstención, resultado que se mantuvo en la rectificación, mientras que la reconsideración fue negada. Intervinieron Fernando Vélez, Francisco Ulloa, Richard Guillén, Juan Carlos Cassinelli, Paco Moncayo, Leonardo Viteri, Luis Morales, Rafael Dávila, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Salomón Fadul, Viviana Bonilla, Gerónimo Yantalema, Francisco Velasco, Marco Murillo, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Lídice Larrea, César Gracia, Jimmy Pinoargote, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Mao Moreno, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Tomás Zevallos, Francisco Cevallos, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Tito Nilton Mendoza, Lenín Chica, Fernando Cordero, Xavier Tomalá y Vanesa Fajardo.
Sin títuloACTA_115-G-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se continuó con el segundo debate y la votación individual del proyecto de reforma a la normativa que regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional, concentrándose en los procedimientos de fiscalización y juicio político. Se aprobaron disposiciones para impedir que la comisión encargada de la fiscalización archive directamente los procesos, trasladando al Pleno la decisión de archivarlos o continuarlos; se estableció la presentación de informes motivados de mayoría y minoría, con las pruebas de cargo y descargo; y se reguló la difusión de dichos informes, su inclusión en el orden del día, la designación de ponentes, la votación nominativa y los plazos para efectuar el juicio político. También se intentó someter nuevamente a votación la posibilidad de que cada asambleísta contara con un analista legislativo para apoyar el manejo de sistemas electrónicos, pero se determinó que esta propuesta ya había sido votada y negada, por lo que no correspondía reconsiderarla. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, quien dirigió la sesión; Andrés Segovia Salcedo, secretario general; Vicente Taiano Álvarez, quien presentó y explicó la propuesta; María Augusta Calle, quien cuestionó que se intentara votar nuevamente un asunto ya resuelto; y Virgilio Hernández, quien sostuvo que repetir esa votación vulneraría el procedimiento legislativo y generaría mayor gasto público.
Sin títuloACTA_158-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día una resolución destinada a garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos afectados por el cierre de varias universidades y otras iniciativas que exigían respeto a la autonomía, independencia y facultades de la Función Legislativa frente a las observaciones formuladas por el Ejecutivo. Posteriormente, Carlos Ramón Pólit Faggioni fue posesionado como Contralor General del Estado. También se desarrolló el primer debate del proyecto orientado a proteger la intimidad y los datos personales frente al uso indebido de archivos, registros y bases de datos; se analizaron los mecanismos de rectificación, reparación civil, sanción penal y hábeas data, así como la propuesta de crear una entidad administrativa especializada, pero la comisión consideró que estas materias ya estaban reguladas en la Constitución y en distintas normas vigentes, y recomendó su archivo; aunque el proponente respaldó esa decisión para evitar la dispersión normativa, la moción de archivo no fue aprobada. Finalmente, se debatieron las reformas a la normativa de inquilinato, centradas en garantizar viviendas dignas y cánones justos, equilibrar los derechos y obligaciones de arrendadores e inquilinos, actualizar disposiciones desfasadas, exigir condiciones adecuadas de habitabilidad y servicios básicos, regular la inscripción de inmuebles y contratos, la fijación de precios, las garantías y su devolución, las reparaciones, el pago de servicios, el abandono y restitución de los inmuebles, el desahucio, el traspaso de dominio y la solución ágil de controversias; además, se planteó evitar la discriminación contra familias con niños, controlar los abusos contractuales, fortalecer la intervención municipal y judicial, proteger especialmente a los sectores de menores ingresos y asegurar procedimientos proporcionales que respeten el debido proceso. Intervinieron Lourdes Tibán, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Carlos Ramón Pólit Faggioni, Mauro Andino, Vethowen Chica, Línder Altafuya, Nívea Vélez, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Bolívar Subía, Marco Murillo, Gioconda Saltos y María Molina.
Sin títuloACTA_199-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Francisco Cisneros propuso exigir que la comisión encargada de analizar el informe presidencial sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo se reuniera y presentara sus conclusiones, mientras Gilmar Gutiérrez pidió conformar una comisión multipartidista para vigilar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta las elecciones de febrero de 2013; las propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse la primera votación. Posteriormente se posesionó constitucional y legalmente a las juezas y jueces principales y suplentes que conformarían la primera Corte Constitucional, luego de conocer los resultados del proceso de selección y de que prestaran el juramento correspondiente. El tema central fue el segundo debate de la reforma destinada a incorporar al cantón La Concordia a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cumplimiento de la consulta popular en la que el 64,92 % de los votantes respaldó esa pertenencia; el proyecto también regulaba la transferencia de recursos, instituciones, servidores públicos y servicios, sin reducir las asignaciones de Esmeraldas. En comisión general, Lucía Sosa y Rosaura Bastidas defendieron la pertenencia histórica y jurídica de La Concordia a Esmeraldas y denunciaron abandono, discriminación y posibles irregularidades administrativas; Geovanny Benítez y Walter Ocampo sostuvieron que debía respetarse la decisión mayoritaria de los concordenses y afirmaron que el cambio permitiría superar décadas de indefinición y falta de servicios. Durante el debate legislativo, unos defendieron el carácter obligatorio y vinculante de la consulta y pidieron aprobar inmediatamente la reforma; otros cuestionaron la constitucionalidad del proceso, la ausencia de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, presuntos cambios irregulares de domicilio electoral y el riesgo de profundizar el enfrentamiento entre provincias hermanas. Ante las dudas jurídicas y las mociones para postergar la votación o consultar sus consecuencias, el tratamiento fue suspendido y se dispuso solicitar un informe jurídico, por lo que la ley no fue votada. Finalmente se aprobó por unanimidad, con ochenta y tres votos afirmativos, una resolución que declaró al general Julio Andrade Prócer e Insigne Luchador, reconoció su aporte al alfarismo y a la vida republicana, solicitó incluir el estudio de su vida en la educación y saludó a la parroquia que lleva su nombre por su aniversario; la denominación inicial de Héroe Nacional fue modificada debido a las observaciones sobre el procedimiento establecido en la ley vigente. Intervinieron Francisco Cisneros, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Lucía Sosa, Rosaura Bastidas, Geovanny Benítez, Walter Ocampo, Virgilio Hernández, Línder Altafuya, Carlos Samaniego, Luis Morales, César Gracia, María Augusta Calle, Mary Verduga, Lenín Chica, Gabriel Rivera, Fernando Vélez, Tito Nilton Mendoza, Fausto Cobo y Carlos Velasco; Fernando Flores participó solicitando la rectificación de una votación.
Sin títuloACTA_207-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje a San Francisco de Quito por su aniversario de fundación, mediante la presentación de un video histórico, la intervención de Karina Panamá Quishpe —quien destacó la identidad, cultura, memoria y espíritu libertario de la ciudad— y la lectura de un acuerdo de saludo y reconocimiento a sus autoridades y habitantes. Posteriormente se aceptó la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que reemplazó la referencia directa al MIES por la del ministerio rector y precisó que en las zonas fronterizas y amazónicas se priorizaría el Bono de Desarrollo Humano para adultos mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza o vulnerabilidad; aunque se cuestionaron expresiones consideradas ambiguas, la falta de una garantía expresa para esos territorios, el uso electoral del bono y el cobro de servicios bancarios a las remesas, el allanamiento fue aprobado inicialmente con ochenta y un votos afirmativos y ratificado en la rectificación con ochenta y un votos afirmativos, tres negativos y veinte abstenciones. También se aprobó el Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Guatemala, dirigido a conceder preferencias arancelarias, eliminar obstáculos al comercio, ampliar las exportaciones, favorecer a las pequeñas y medianas unidades productivas y fortalecer la integración latinoamericana; debido al dictamen condicionado de la Corte Constitucional, se incorporó una declaración interpretativa para asegurar su aplicación conforme a la soberanía alimentaria y a la protección de la producción nacional. El acuerdo obtuvo noventa votos afirmativos y un blanco, mientras su reconsideración y la rectificación posterior fueron negadas. Finalmente se debatió el proyecto de rehabilitación de productores agropecuarios, artesanos y pescadores artesanales, que proponía reestructurar créditos y reducir o condonar intereses de deudas mantenidas con el Banco Nacional de Fomento; la Comisión recomendó archivarlo por considerar que implicaba recursos públicos reservados a la iniciativa del Ejecutivo, podía afectar la liquidez de la banca pública y contenía contradicciones técnicas, mientras sus defensores afirmaron que no se perdonaba el capital, sino que se buscaba recuperar una cartera castigada y permitir que pequeños productores afectados por fenómenos climáticos y exclusión crediticia volvieran a producir y acceder a financiamiento. La moción de archivo fue negada con treinta y un votos afirmativos, treinta y siete negativos y cinco abstenciones, resultado ratificado en la rectificación, por lo que el proyecto continuó su trámite y la sesión fue clausurada. Intervinieron Karina Panamá Quishpe, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Luis Almeida, Nívea Vélez, Edwin Vaca, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Irina Cabezas, Silvia Salgado, Kléver García, Alfredo Ortiz, María Augusta Calle y Rider Proaño.
Sin títuloACTA_204-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto para crear una unidad gratuita de defensa pública destinada a las víctimas de la delincuencia. Sus defensores sostuvieron que las personas de escasos recursos quedaban desprotegidas frente a los procesos penales y necesitaban asesoría jurídica inmediata, por lo que propusieron que el proyecto regresara a la Comisión para definir si la atención debía prestarse mediante la Fiscalía o la Defensoría Pública; quienes respaldaron el archivo señalaron que la iniciativa confundía las competencias constitucionales de ambas instituciones, creaba una estructura paralela y que la protección, reparación y asistencia a víctimas y testigos ya estaban contempladas en la normativa vigente y en el proyecto del Código Integral Penal. También se realizaron varias intervenciones de despedida por tratarse de la última jornada del período legislativo. La moción de archivo fue negada inicialmente con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos, un blanco y dieciséis abstenciones, y la rectificación solicitada por Nívea Vélez volvió a negarla con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos y diecisiete abstenciones, por lo que el proyecto no fue archivado y la sesión fue clausurada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Jimmy Pinoargote, Luis Almeida, Betty Carrillo, Luis Morales, Silvia Salgado, Xavier Tomalá, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Marisol Peñafiel, Vicente Taiano, César Rodríguez, Andrés Páez y Nívea Vélez.
Sin títuloACTA_217-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el segundo debate de la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, centrado en fortalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes y corregir problemas relacionados con las pensiones alimenticias, el régimen de visitas, la filiación y la responsabilidad familiar. Se propuso que las visitas fueran determinadas según las condiciones particulares de cada familia, mediante evaluaciones sociales y psicológicas, escuchando la opinión de los menores y estableciendo visitas supervisadas cuando existieran antecedentes de violencia; además, se pidió mejorar la coordinación para cobrar alimentos a progenitores residentes en el exterior. El debate también abordó la protección de los abuelos y otros obligados subsidiarios, existiendo posiciones divididas entre quienes solicitaron eliminar su apremio personal —especialmente para mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas o escasos recursos— y quienes advirtieron que una eliminación general podía debilitar la protección alimentaria, por lo que propusieron estudios socioeconómicos individuales. Asimismo, se discutió la posibilidad de mantener las pensiones para estudiantes hasta los veinticuatro años, la aplicación de las tablas según la realidad económica familiar, la devolución de valores pagados por personas cuya paternidad fuera descartada mediante ADN, la realización de pruebas prenatales, las inhabilidades impuestas a los deudores y la necesidad de armonizar las reformas con el Código Civil y las competencias de los jueces de Familia. Concluidas las intervenciones, no se realizó votación y el proyecto regresó a la Comisión para que se reelaborara un texto consensuado. Posteriormente se aprobó, con setenta y cinco votos afirmativos y ocho abstenciones, una resolución para que la Unidad de Técnica Legislativa elaborara la codificación de la Ley de Hidrocarburos y la remitiera a la Comisión de Régimen Económico y Tributario; la sesión fue suspendida debido a que la reforma sobre niñez y adolescencia permanecía pendiente. Intervinieron Soledad Vela, Fernando Vélez, Gabriel Rivera, Galo Vaca, Fernando Bustamante, Luis Almeida, Dora Aguirre, Paco Moncayo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Rosana Alvarado, Paola Pabón, Enriqueta Pulla, Damasio Santos, Francisco Velasco, Blanca Ortiz, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich y Armando Aguilar.
Sin títuloACTA_010-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las solicitudes de Richard Guillén para incorporar de forma permanente la fiscalización de presuntos actos de corrupción en el orden del día, y de Línder Altafuya para tratar una resolución que condenaba la represión y exhortaba al diálogo nacional tras los hechos ocurridos en Morona Santiago; ambas propuestas no alcanzaron los votos necesarios. Posteriormente, se aprobó por unanimidad el Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Chile, luego de las intervenciones de Fernando Bustamante, Wladimir Vargas, Linda Machuca y Rocío Valarezo, quienes destacaron que el instrumento buscaba fortalecer la integración bilateral, facilitar el comercio, promover inversiones, mejorar la cooperación aduanera y ampliar las oportunidades económicas y sociales entre ambos países. Asimismo, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, presentado por Luis Morales, que proponía regular los mecanismos de democracia directa, las organizaciones sociales, la participación en los distintos niveles de gobierno, las veedurías, los presupuestos participativos, la rendición de cuentas, el control social y el acceso a la información pública. Durante el debate, Scheznarda Fernández, Betty Amores, Juan Carlos López, César Montúfar, Virgilio Hernández, Leandro Cadena, Gina Godoy, Gerónimo Yantalema, Aminta Buenaño, Cynthia Viteri, María Soledad Vela, Nivea Vélez, César Rodríguez, Magali Orellana, Vanessa Fajardo, Guillermina Cruz, Marco Murillo, Mercedes Diminich, Hólger Chávez, Gido Vargas, Jorge Escala, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Consuelo Flores, César Gracia, María Augusta Calle, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Susana González, Fernando Bustamante, Édgar Jácome, Zobeida Gudiño, Dennis Cevallos, Andrés Páez, Cléver Jiménez, Mao Moreno y Rodolfo Baquerizo formularon observaciones sobre la autonomía de las organizaciones sociales, la inclusión de pueblos y nacionalidades, la paridad de género, la participación de ecuatorianos residentes en el exterior, la rendición de cuentas permanente, la consulta previa y ambiental, y el alcance de los mecanismos de control ciudadano. El principal desacuerdo se centró en la “silla vacía”, pues Luis Morales, Leandro Cadena y Juan Carlos López defendieron que su ocupante intervenga con voz pero sin voto, mientras Betty Amores, Gina Godoy, Aminta Buenaño, María Soledad Vela, Nivea Vélez, César Rodríguez y otros legisladores sostuvieron que debía participar también en la toma de decisiones mediante voto; finalmente, Fernando Cordero Cueva cerró el debate y dispuso que las observaciones fueran remitidas a la Comisión para continuar con la elaboración del informe para segundo debate.
Sin títuloACTA_011-AN-2009-2011_PLENO.pdfEn la sesión se negó la solicitud de Richard Guillén para incorporar el análisis del incumplimiento del plazo constitucional para aprobar varias leyes prioritarias, mientras que la propuesta de Silvia Salgado para profundizar la investigación de los hechos ocurridos en Morona Santiago no avanzó al señalarse que ya existía una instancia encargada de ese análisis. Posteriormente, se realizó el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientada a completar la integración plural del Consejo de Administración Legislativa cuando no existieran suficientes bancadas, regular la elección de autoridades de las comisiones, permitir la presentación y tratamiento de informes de minoría, precisar la convocatoria de suplentes de representantes del exterior, fortalecer los mecanismos de comunicación y rendición de cuentas mediante el uso de franjas gratuitas en medios de comunicación, y ampliar el equipo de trabajo de las y los asambleístas. El principal debate se centró en la constitucionalidad de la integración del Consejo de Administración Legislativa y en el fortalecimiento de la fiscalización; María Paula Romo, Mauro Andino, Rosana Alvarado y María Augusta Calle defendieron que la reforma desarrollaba mecanismos necesarios para asegurar pluralidad y funcionamiento institucional, mientras César Montúfar, Gilmar Gutiérrez, María Cristina Kronfle, Enrique Herrería, Luis Almeida, Línder Altafuya y Cléver Jiménez cuestionaron que la propuesta pudiera contravenir la Constitución y limitar el control político. Silvia Salgado, Abdalá Bucaram, Alfredo Ortiz y Eduardo Encalada impulsaron que se habilite expresamente la investigación de actuaciones de funcionarios públicos y de hechos de interés ciudadano que generen conmoción social o crisis política; esta propuesta fue incorporada, mientras que se eliminó la modificación inicialmente prevista al procedimiento de entrega de información por parte de funcionarios públicos. También intervinieron Mercedes Diminich, Galo Lara, Francisco Velasco, Lourdes Tibán, Gioconda Saltos y Gabriel Rivera, quienes formularon observaciones sobre transparencia, representatividad, fiscalización, rendición de cuentas, inclusión y responsabilidad en el debate público. Finalmente, la reforma fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, quince negativos, cuatro votos en blanco y quince abstenciones.
Sin títuloACTA_024-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se continuó el primer debate del proyecto de protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos de Angostura, en el que Rodolfo Baquerizo, Lenín Chica, Gioconda Saltos, Tito Nilton Mendoza y Cléver Jiménez cuestionaron que la Asamblea pueda otorgar inmunidad a integrantes de una comisión, advirtiendo que ello podría dejar en indefensión a las personas mencionadas en sus informes; mientras Paco Moncayo defendió la necesidad de proteger las investigaciones para conocer la verdad y evitar la repetición de hechos de violencia, y Eduardo Encalada sostuvo que el informe debía profundizar en las implicaciones geopolíticas, sociales y de soberanía vinculadas con el conflicto fronterizo. Al concluir este punto, se cerró el debate y se dispuso la presentación de observaciones por escrito, sin aprobarse una decisión definitiva. Posteriormente, se continuó el primer debate de las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, presentadas por Mauro Andino, que planteaban restituir como delitos de acción pública conductas como la estafa, el hurto y otras infracciones que habían pasado a acción privada; reducir la cuantía para diferenciar contravenciones y delitos; sancionar la comercialización, ocultamiento y transporte de bienes robados; limitar la sustitución de la prisión preventiva en casos graves o de reincidencia; fortalecer el control sobre jueces, fiscales y audiencias; y eliminar la apelación al auto de llamamiento a juicio. Cynthia Viteri, Andrés Páez, Luis Almeida, María Cristina Kronfle y Gilmar Gutiérrez cuestionaron que las reformas fueran insuficientes frente a la inseguridad, solicitaron medidas más estrictas para evitar la liberación de personas procesadas y advirtieron inconsistencias en algunos artículos; mientras María Paula Romo, Juan Carlos Cassinelli, Vicente Taiano, Mariangel Muñoz, César Gracia, Hólger Chávez, Lídice Larrea, Marisol Peñafiel y Fernando Bustamante señalaron que la delincuencia no se resuelve únicamente con reformas penales, sino también mediante mejoras en la administración de justicia, la prevención, el empleo, la rehabilitación y el control de fiscales y jueces. También intervinieron César Rodríguez, Abdalá Bucaram, Línder Altafuya, Rafael Dávila, Paco Fierro, Galo Vaca, Edwin Vaca, Luis Morales, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Enrique Herrería, Rodolfo Baquerizo y Juan Carlos López, quienes formularon observaciones sobre proporcionalidad de penas, delitos ambientales, lavado de activos, corrupción, garantías del debido proceso y la necesidad de una reforma penal integral. Finalmente, se aprobó la moción de Xavier Tomalá para que las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sean elaboradas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y las reformas al Régimen Legal de Seguros por la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control; Alfredo Ortiz, Silvia Salgado, Galo Lara, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Jorge Escala y Nivea Vélez intervinieron sobre el trámite y la asignación de estas materias, mientras Cléver Jiménez cuestionó la votación, aclarándose que la resolución fue aprobada por mayoría simple de los asambleístas presentes.
Sin títuloACTA_024-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Jorge Escala para incorporar una resolución que cuestionaba la terminación de la concesión de Radio Arútam, y de Enrique Herrería y Abdalá Bucaram para archivar los proyectos de protección e inmunidad; además, Scheznarda Fernández aceptó postergar para una próxima convocatoria su pedido de declarar el estado de excepción en Manabí ante el incremento de la delincuencia. Posteriormente, se realizó el primer debate de la propuesta destinada a otorgar protección e inmunidad a quienes participaron en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, con el fin de impedir represalias civiles o penales derivadas de sus actuaciones investigativas y garantizar el derecho a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición; Marisol Peñafiel, Juan Carlos Cassinelli, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Betty Amores, Silvia Salgado, Francisco Ulloa, Francisco Velasco y Fernando Bustamante defendieron la medida, señalando que la investigación no sustituía a la justicia y que sus resultados debían ser evaluados posteriormente por las autoridades competentes, mientras Luis Almeida, Rodolfo Baquerizo, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Cristina Kronfle, Alfredo Ortiz, Kléver García, Fernando Aguirre y Abdalá Bucaram cuestionaron la falta de una habilitación expresa para conceder inmunidad, su posible alcance indefinido, la ausencia del informe final y el riesgo de que se convierta en un mecanismo de impunidad o persecución política. También intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez y Luis Morales, cuya moción para archivar el proyecto fue negada. Finalmente, se inició el debate sobre la protección e inmunidad para quienes investigaron los hechos relacionados con Angostura, planteándose que esta se limite a actuaciones civiles y penales vinculadas exclusivamente con la investigación y la obtención de información determinante para el informe; Washington Cruz, María Augusta Calle, Fausto Cobo, Cynthia Viteri, Nivea Vélez, Mao Moreno, Juan Fernández, César Montúfar, Dora Aguirre, Gido Vargas, Armando Aguilar, Francisco Ulloa y Zobeida Gudiño debatieron sobre la necesidad de proteger a los integrantes de la investigación frente a posibles represalias, el derecho de las personas mencionadas en el informe a ejercer su defensa, la transparencia de las conclusiones y la constitucionalidad de la inmunidad. Al concluir, se suspendió el tratamiento de ambos proyectos sin adoptar una resolución definitiva.
Sin títuloACTA_032-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Víctor Quirola para incorporar una resolución de rechazo a la inclusión del Ecuador en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional, relacionada con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de ley orientado a derogar una norma de la Ley de Migración que imponía multas a personas extranjeras en situación irregular y a establecer medidas de exoneración económico-tributaria para ciudadanas y ciudadanos haitianos que hubieran ingresado al Ecuador hasta el 31 de enero de 2010, en atención a la emergencia humanitaria causada por el terremoto en Haití. Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Mauro Andino y Vicente Taiano defendieron la derogatoria por considerar que la disposición contravenía principios constitucionales de igualdad, movilidad humana, ciudadanía universal, debido proceso y prohibición de doble sanción, además de dificultar la regularización migratoria y generar situaciones de vulnerabilidad; también resaltaron la necesidad de exonerar multas, reembolsar pagos realizados y garantizar la reunificación familiar de las personas haitianas. Por su parte, Wladimir Vargas, Edwin Vaca, Fausto Cobo, Sonia Mejía, Hugo Quevedo, Tomás Zevallos y Fernando Aguirre cuestionaron que el trámite se calificara como urgente en materia económica y advirtieron que la derogatoria podía beneficiar a personas extranjeras de todas las nacionalidades, afectar los controles migratorios, incrementar la presión sobre el empleo y dejar sin sanción determinadas infracciones, por lo que propusieron limitar los beneficios exclusivamente a ciudadanos haitianos y, en algunos casos, también a ciudadanos chilenos afectados por el terremoto. María Augusta Calle cuestionó los argumentos que relacionaban la migración con inseguridad y desempleo, alertó sobre casos de xenofobia y explotación contra personas en situación irregular, y propuso votar separadamente cada disposición, moción que fue aprobada. Finalmente, se aprobó la derogatoria de la disposición migratoria, así como las medidas para exonerar multas y otros pagos pendientes de ciudadanos haitianos, reembolsar los valores ya cancelados por visas y sanciones, y reconocer su derecho a la reunificación familiar con cónyuges, parejas, hijos menores de edad y determinados parientes huérfanos; la reconsideración planteada por Gabriel Rivera fue negada.
Sin títuloACTA_030-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para tratar una resolución de solidaridad con Chile tras el terremoto y una resolución sobre los descuentos de transporte para residentes de Galápagos; en cambio, se negaron las propuestas de Gilmar Gutiérrez para suspender y auditar el proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de Víctor Quirola para debatir una resolución frente a la inclusión del Ecuador en una lista internacional relacionada con prevención de lavado de activos. Posteriormente, se realizó el primer debate de la propuesta orientada a regularizar la situación migratoria de las ciudadanas y ciudadanos haitianos en el Ecuador, exonerarlos de multas y facilitar la reunificación familiar a raíz del terremoto ocurrido en Haití. Gabriel Rivera, Linda Machuca, Francisco Ulloa, Eduardo Zambrano y Fernando Bustamante defendieron el carácter humanitario de la medida, la ciudadanía universal, la protección de derechos y la necesidad de eliminar sanciones que afectaban principalmente a personas en condición de vulnerabilidad; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo, Luis Almeida, Leandro Cadena, Vicente Taiano, Gastón Gagliardo, Cléver Jiménez, Fernando Aguirre, Silvia Kon, Luis Morales, Henry Cuji, Grace Almeida, Gioconda Saltos y Armando Aguilar cuestionaron la denominación de amnistía, la calificación de urgencia económica, la derogatoria general de la norma migratoria y sus posibles efectos sobre personas de otras nacionalidades, proponiendo que la ayuda se limite a una exoneración específica para ciudadanos haitianos. Patricio Rodríguez planteó ajustes de redacción, la sustitución de expresiones por acción afirmativa y la necesidad de elaborar una normativa integral sobre movilidad humana. El debate quedó abierto para que la Comisión incorpore las observaciones y prepare el informe para segundo debate. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución propuesta por Fernando Bustamante, mediante la cual se expresó solidaridad, condolencia y apoyo humanitario al pueblo de Chile. Finalmente, se aprobó la resolución promovida por Alfredo Ortiz para exigir el cumplimiento del beneficio de descuento en el transporte aéreo y marítimo para residentes permanentes y temporales de Galápagos, cuestionando las restricciones establecidas mediante decreto; en este punto intervinieron Ángel Vilema, Geovany Veintimilla y María Augusta Calle.
Sin títuloACTA_067-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento la propuesta de Lourdes Tibán destinada a promover, mediante medios públicos, privados y comunitarios, la autoidentificación étnica de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias en el censo nacional, aunque el proyecto de resolución quedó pendiente. Se archivó el proyecto de ley para legalizar terrenos en el cantón Playas, al determinarse que, tras la vigencia del COOTAD, la regularización de asentamientos, expropiación y adjudicación de predios corresponde a los gobiernos municipales; Marllely Vásconez defendió el informe y Juan Carlos Cassinelli, proponente de la iniciativa, respaldó el archivo. El principal tema fue la aprobación unánime de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, que estableció incrementos retroactivos desde enero de 2010, entre cuarenta y sesenta dólares según el rango de pensión, mecanismos automáticos de revalorización anual mediante coeficientes porcentuales, mejoras para las pensiones de montepío, reconocimiento de beneficios de viudedad para hombres, ampliación de la atención médica de hijas e hijos de afiliados hasta los dieciocho años y una tabla diferenciada para Galápagos. Nívea Vélez, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Kléver García, Luis Morales, Andrés Páez, Armando Aguilar, Dora Aguirre, Alfredo Ortiz, Tito Nilton Mendoza y Fernando Aguirre intervinieron en el debate sobre el financiamiento, la sostenibilidad del Fondo de Pensiones, el carácter retroactivo y la necesidad de evitar que los incrementos dependan únicamente de la inflación; además, Carmina Molina de Cantos, Teresa Villavicencio, José Hoyos, Edison Lima, Abdón Logroño y Gabriel Riera, en representación de los jubilados, solicitaron una pensión digna y respaldaron el acuerdo alcanzado. También se conoció en primer debate la reforma a las leyes de legalización de tierras de Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Huaquillas, orientada a precisar los requisitos de posesión, los efectos de procesos judiciales, la regularización de predios y el levantamiento de restricciones patrimoniales, quedando el análisis pendiente. Finalmente, se intentó reconsiderar el informe sobre la denuncia del convenio de protección de inversiones entre Ecuador y China, pero Cynthia Viteri cuestionó que no podía reconsiderarse una decisión que no había sido resuelta previamente; tras el retiro de la rectificación solicitada por Alfredo Ortiz y la moción de Fernando Bustamante para votar el informe, el asunto quedó pendiente de análisis jurídico y de una decisión posterior.
Sin títuloACTA_043-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Gilmar Gutiérrez para incorporar una resolución de amonestación a Fernando Cordero por actuaciones relacionadas con la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas; además, se guardó un minuto de silencio en homenaje a Jéssica Núquez, esposa del asambleísta Carlos Zambrano. Posteriormente, se aprobó el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, presentado por Fernando Bustamante como una herramienta de integración regional, financiamiento del desarrollo, recuperación del ahorro suramericano y toma de decisiones bajo el principio de un país, un voto; Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Francisco Ulloa, Vethowen Chica, Linda Machuca, Marco Murillo, María Augusta Calle, Eduardo Zambrano y Silvia Salgado respaldaron la iniciativa, mientras Paco Fierro, Rafael Dávila y Marco Murillo plantearon observaciones sobre el capital, las condiciones de financiamiento, la transparencia, el alcance de las inmunidades y la necesidad de reglas claras para evitar nuevas dependencias. Asimismo, se aprobó el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE, concebido como una unidad electrónica de cuenta entre bancos centrales para facilitar el comercio regional, reducir costos de transacción y minimizar el uso de divisas; Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Rocío Valarezo, Linda Machuca, Luis Almeida, Nívea Vélez, Juan Carlos López y María Augusta Calle defendieron sus beneficios para exportadores, pequeñas y medianas empresas y la integración económica, mientras Wladimir Vargas, Salomón Fadúl, Fernando Aguirre y Rafael Dávila expresaron inquietudes sobre su vinculación con el ALBA, sus efectos sobre la dolarización, la solidez económica de los países participantes y sus riesgos financieros. También se aprobó la resolución impulsada por Rolando Panchana y enriquecida con aportes de Fausto Cobo, Andrés Roche y Silvia Salgado, mediante la cual se reafirmó el compromiso estatal y legislativo con la protección integral, el interés superior y los derechos de niñas y niños. Finalmente, se debatió la propuesta de Gioconda Saltos para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Tungurahua y Chimborazo ante la actividad eruptiva del volcán Tungurahua y las afectaciones a la producción agrícola, ganadera y avícola; intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez, Kléver García, Juan Carlos López, Marco Murillo y Luis Almeida, pero la sesión fue suspendida antes de que la resolución fuera sometida a votación.
Sin títuloACTA_052-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató la rectificación de la resolución adoptada por el Pleno de la AN el 3 de junio de 2010 en beneficio de los ex servidores y ex servidoras del Servicio Social de la Fuerza Terrestre (Comisariato del Ejército), respecto de lo cual intervinieron los asambleístas Fausto Cobo, María Augusta Calle y Luis Morales, aprobándose por unanimidad eliminar la frase referida a despido intempestivo del texto original; a continuación se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, para lo cual se recibió en Comisión General a representantes de los jubilados —Abdón Logroño, Gabriel Riera y Carminia Molina— así como al economista Ramiro González Jaramillo, Presidente del Consejo Directivo del IESS, quien expuso cifras sobre la evolución de las pensiones jubilares y una propuesta alternativa de incremento; posteriormente se debatió el informe de la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, presentado por la asambleísta Nivea Vélez, interviniendo en el debate los asambleístas Línder Altafuya, María Augusta Calle, Dora Aguirre, Kléver García, César Rodríguez, Tomás Zeballos, Fernando Cordero, Gioconda Saltos, Silvia Salgado, Francisco Cisneros, Mercedes Diminich, Vicente Taiano, Carlos Samaniego, Jorge Escala, Rolando Panchana, Edwin Vaca y Fernando Aguirre, quienes plantearon distintas posturas sobre el monto del incremento de las pensiones jubilares, su fuente de financiamiento (rentabilidad de las inversiones del fondo de pensiones frente a la inflación) y la sostenibilidad actuarial del sistema, sin llegar a votación por falta de tiempo, acordándose remitir el debate a la Comisión para continuar su tratamiento.
Sin títuloACTA_075-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Kléver García para incorporar una resolución que exhorte al Ejecutivo a disponer un incremento de veinte dólares al salario básico del Magisterio, con carácter retroactivo desde julio de 2010. Posteriormente, se aprobó el Acuerdo Marco de Cooperación entre Ecuador y Venezuela para profundizar los lazos de comercio y desarrollo, orientado a mantener y diversificar el intercambio bilateral ante la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, facilitar el acceso de productos ecuatorianos al mercado venezolano, priorizar a organizaciones indígenas, campesinas, de economía popular y solidaria, cooperativas y MIPYMES, y utilizar el SUCRE como mecanismo de pago. Eduardo Zambrano, Fausto Cobo, Linda Machuca, Gabriel Rivera, María Augusta Calle y Nívea Vélez respaldaron el convenio por sus beneficios para la integración regional, el sector productivo, los migrantes y la reducción del déficit comercial; mientras Fernando Flores cuestionó las restricciones cambiarias venezolanas, las deudas pendientes con exportadores ecuatorianos y la falta de medidas efectivas para los ecuatorianos residentes en Venezuela. Tras la rectificación, el Acuerdo fue aprobado con ochenta y ocho votos afirmativos. Asimismo, se aprobó la reforma a las leyes de legalización de tierras en Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Huaquillas, que establece requisitos de posesión continua por más de tres años, dispone que las demandas de reivindicación relacionadas con la norma no afecten los procesos de expropiación, fortalece los controles municipales para evitar tráfico o concentración de predios y autoriza, bajo condiciones, el levantamiento de prohibiciones de enajenar en Huaquillas. Virgilio Hernández defendió el proyecto como una solución social para regularizar asentamientos y Luis Morales propuso eliminar disposiciones que podían retrasar la adjudicación de predios mediante procesos judiciales, observación que fue acogida; la ley fue aprobada, tras rectificación, con ciento dos votos afirmativos y dos votos en blanco.
Sin títuloACTA_140-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se rindió homenaje a la Fundación Vista para Todos por su labor social y humanitaria en favor de personas de escasos recursos, adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, destacándose sus servicios oftalmológicos, la entrega gratuita de lentes y sillas de ruedas y su cobertura nacional, por lo que recibió la condecoración al mérito social; posteriormente, continuó el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados por indemnizaciones ocasionadas por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, concesionarios, delegatarios y otras personas que ejercen potestades públicas. La discusión abordó la necesidad de proteger el patrimonio público y los recursos de los contribuyentes, evitar la impunidad, establecer un procedimiento rápido con derecho a la defensa y determinar judicialmente el dolo o la culpa grave; también se analizaron la competencia de los órganos contencioso-administrativos, las funciones de la Procuraduría y la Contraloría, el plazo de prescripción, la legitimación para presentar las demandas, el llamamiento en garantía, las medidas cautelares, el cálculo de intereses, la cuantificación de las indemnizaciones, la posibilidad de conciliación, los recursos de apelación y casación y la responsabilidad de funcionarios de cualquier jerarquía. Varios legisladores respaldaron la iniciativa como un mecanismo para recuperar valores pagados por casos de violaciones de derechos, errores administrativos, daños ambientales, incumplimientos contractuales y decisiones de organismos internacionales; otros cuestionaron su necesidad, posibles contradicciones con normas existentes, vacíos en la técnica jurídica, el riesgo de persecución política, la discrecionalidad de las autoridades, la posibilidad de sancionar dos veces por los mismos hechos y la falta de claridad sobre los actos de gobierno, el fuero de determinadas autoridades y la responsabilidad de superiores que hayan ejercido presión o coerción sobre funcionarios subordinados. También se debatió el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal por casos históricos de desapariciones, torturas y detenciones ilegales, y la necesidad de diferenciar los errores cometidos de buena fe de las conductas deliberadamente dañinas. Debido a la cantidad y complejidad de las observaciones, se suspendió la votación para que la comisión preparara y distribuyera un nuevo texto. Intervinieron Rocío Valarezo, Diego Benítez, Mauro Andino, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Andrés Páez, Rolando Panchana, María Paula Romo, Fausto Cobo, Luis Morales, Eduardo Encalada, Paco Moncayo, Stalin Subía, Andrés Roche y María Augusta Calle; Fernando Cordero dirigió la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.
Sin títuloACTA_121-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ley Derogatoria No. 8 para la Depuración de la Normativa Legal, mediante el cual se eliminaron expresamente 150 normas obsoletas o ya cumplidas, entre decretos y acuerdos supremos, resoluciones legislativas y decretos leyes de emergencia, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica; tras la rectificación, el proyecto obtuvo noventa y un votos afirmativos, cinco blancos y diez abstenciones. Posteriormente, se debatió y aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos, destacándose que este instrumento puso fin a la denominada “guerra del banano”, redujo progresivamente los aranceles europeos y mejoró las condiciones de acceso del producto ecuatoriano, aunque también se plantearon inquietudes sobre la competitividad frente a Colombia y Perú, la protección de pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial y la necesidad de políticas complementarias para el sector; la rectificación registró ciento diez votos afirmativos. Finalmente, se discutió qué comisión debía analizar el informe anual de labores del Presidente de la República: las propuestas para remitirlo a las comisiones de Derechos Colectivos y de Soberanía no fueron aprobadas luego de sus respectivas rectificaciones, mientras que también se planteó encargarlo a Fiscalización, conformar una comisión multipartidista o distribuir el análisis entre todas las comisiones; al no existir una propuesta concreta y consensuada, la sesión fue suspendida. Intervinieron María Paula Romo, Rafael Dávila, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Víctor Quirola, Emilia Jaramillo, Nicolás Lapentti, Omar Juez, Línder Altafuya, Dora Aguirre, María Augusta Calle y Fernando Flores.
Sin títuloACTA_145-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, en el que se reconoció la necesidad de sustituir una normativa antigua por un marco integral acorde con el carácter intercultural y plurinacional del Estado y con las diferentes realidades de las comunas rurales, urbanas, costeras, serranas y amazónicas. La discusión abordó la protección de las tierras comunitarias frente a invasiones, desalojos y ventas irregulares; la diferencia entre la propiedad colectiva de la comuna y la posesión ejercida por cada comunero; los requisitos para adquirir o perder la calidad de comunero; la distinción entre comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y recinto; la autonomía y jurisdicción de los gobiernos comunitarios; la participación de mujeres, jóvenes y demás integrantes en las decisiones; el reconocimiento de las actas comunales; la articulación con los gobiernos locales, la planificación territorial, la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria; y la necesidad de garantizar crédito, inversión pública, infraestructura, salud, educación y proyectos productivos. Varias intervenciones cuestionaron que las comunas pudieran transformarse o disolverse para constituir cooperativas de producción, al considerar que esta posibilidad podría facilitar la privatización, parcelación y pérdida del carácter inalienable, inembargable, imprescriptible e indivisible de sus tierras; también se denunciaron los intentos de desalojo en Montañita y otros conflictos territoriales, la discriminación contra determinados comuneros y las limitaciones de participación de las mujeres. Ante la cantidad de observaciones, se solicitó una amplia socialización y consulta prelegislativa con las comunidades, y el proyecto regresó a la comisión para elaborar una nueva normativa integral. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto sobre libertad e igualdad religiosa, orientado a garantizar el derecho de las personas a conservar, cambiar, profesar y difundir sus creencias, celebrar cultos y festividades, recibir asistencia religiosa, acceder a educación conforme a sus convicciones, proteger el patrimonio de las confesiones, reconocer la personalidad jurídica y autonomía de las organizaciones religiosas y establecer un registro nacional. En comisión general, monseñor Luis Cabrera, en representación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, formuló observaciones sobre la autonomía de la Iglesia católica, su estructura territorial, el régimen de sus autoridades y la creación de un organismo estatal de regulación, mientras Luis Fernando Muñoz, representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, defendió la libertad de conciencia, la posibilidad de adoptar o cambiar de religión y el respeto a las prácticas y días de descanso de cada confesión. Durante el debate se cuestionaron las definiciones imprecisas, la posible injerencia estatal en la organización interna de las iglesias, la creación de un Consejo Nacional cuyas funciones podían duplicar las del Ministerio competente, el tratamiento de los bienes religiosos, los requisitos para ministros extranjeros, la rendición de cuentas, la educación religiosa y la compatibilidad del proyecto con el carácter laico del Estado; finalmente, se aprobó la moción de Kléver García para archivar el proyecto, decisión que se mantuvo después de la rectificación y de negarse su reconsideración. Finalmente, se debatió y aprobó la resolución para solicitar que los doctorados en Ciencias de la Educación, en sus distintas menciones, iniciados y obtenidos antes del cambio del sistema académico fueran reconocidos y registrados como títulos de cuarto nivel, destacándose que miles de docentes habían cursado estos estudios después de obtener su licenciatura, pero no podían utilizarlos para su recategorización y mejora salarial por diferencias en la denominación de las facultades que los emitieron. También se planteó extender el reconocimiento a otras profesiones y especialidades, impulsar programas de graduación y evitar cualquier discriminación entre títulos de igual naturaleza y rigor académico; tras incorporarse varias observaciones, la resolución fue aprobada con setenta y ocho votos afirmativos en la rectificación y su reconsideración fue negada. Intervinieron Jimmy Pinoargote, Virgilio Hernández, Luis Morales, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Guido Vargas, Gerónimo Yantalema, Yoly Rodríguez, Betty Carrillo, María Augusta Calle, Armando Aguilar, Paola Pabón, Hólger Chávez, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, monseñor Luis Cabrera, Luis Fernando Muñoz, Karen Vélez, Luis Almeida, César Montúfar, María Paula Romo, Kléver García, Rolando Panchana, Gioconda Saltos, Silvia Salgado, Mao Moreno, Mery Zamora, Edwin Vaca, Juan Fernández, Consuelo Flores y Francisco Cisneros.
Sin títuloACTA_175-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conoció la solicitud de la Comisión Calificadora para reemplazar a María Meibot Hernández Losa como candidata de la Función Legislativa al proceso de selección de la Primera Corte Constitucional, debido a que no presentó un certificado que acreditara la inexistencia de impedimentos para ejercer un cargo público. Guillermina Cruz propuso a Davidsa Cumandá Altamirano Escobar de Granja y expuso su trayectoria profesional; Andrés Páez advirtió una confusión en la presentación de la candidatura, que inicialmente fue aprobada, pero María Augusta Calle solicitó reconsiderarla al señalar que la postulante era hermana del asambleísta alterno de Fausto Cobo, quien confirmó el parentesco y respaldó la corrección del procedimiento; aprobada la reconsideración, Silvia Salgado presentó a Fanny Fabiola Correa Defaz, cuya candidatura fue finalmente aceptada para participar en el proceso de designación de la Corte Constitucional. También se debatió y aprobó una resolución para reconocer al cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, como pionero en el cultivo de camarón en cautiverio en el Ecuador; Rocío Valarezo destacó el origen y la importancia económica de esta actividad y la contribución de Jorge Káiser Nickels, Luis Morales pidió mayor apoyo estatal al sector camaronero, Leonardo Viteri solicitó precisar técnicamente que se trataba del camarón Vannamei, Betty Amores formuló observaciones de redacción y sobre el impacto ambiental de las piscinas camaroneras, y César Gracia cuestionó que se declarara a Santa Rosa pionera mundial sin suficiente sustento, por lo que el texto final limitó el reconocimiento al ámbito nacional, incorporó un homenaje póstumo a Jorge Káiser Nickels y resaltó la Feria Nacional del Langostino; la resolución fue aprobada con ochenta y un votos afirmativos.
Sin títuloACTA_196-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Jorge Escala solicitó modificar el orden del día para exhortar al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a solucionar la falta de pago de la jubilación adicional de miles de docentes retirados después de abril de 2011, argumentando que esos valores provenían de aportes realizados durante su vida laboral y constituían derechos adquiridos que no podían ser retenidos; sin embargo, la propuesta fue negada con cuarenta y nueve votos afirmativos y cincuenta abstenciones, y su rectificación volvió a ser rechazada con cuarenta y seis votos afirmativos y cincuenta y una abstenciones. Posteriormente se trató el reconocimiento a la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito como un evento académico que aporta al desarrollo arquitectónico, urbanístico y cultural del país, valorándose su contribución al intercambio profesional, la planificación urbana, el disfrute de los espacios públicos y la participación cultural; Francisco Ulloa propuso incorporar también el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, Celso Maldonado destacó la proyección nacional e internacional de los arquitectos ecuatorianos y Mercedes Diminich señaló la necesidad de que las construcciones respeten el entorno natural, histórico y urbano; con estas observaciones, la resolución fue aprobada por unanimidad con noventa votos afirmativos. El tema central fue el debate sobre el laudo arbitral del CIADI favorable a la empresa Occidental, respecto del cual existió un respaldo general a la defensa de los intereses del Estado y al pedido de nulidad, al sostenerse que la petrolera había incumplido la Ley de Hidrocarburos y el contrato al transferir derechos sin autorización, que el CIADI carecía de competencia para conocer la caducidad y que una eventual obligación de pagar entre dos mil doscientos y dos mil cuatrocientos millones de dólares afectaría gravemente los presupuestos destinados a salud, educación, seguridad, gobiernos locales, infraestructura y atención de las provincias amazónicas. Virgilio Hernández planteó que el caso fuera asumido como un asunto de Estado y cuestionó la actuación del CIADI, el origen de los convenios de arbitraje y la falta de consentimiento escrito para someter la controversia a ese organismo; María Augusta Calle denunció posibles conflictos de intereses entre el presidente del tribunal arbitral y las empresas involucradas; Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, María Alejandra Vicuña, Guillermina Cruz y Paola Pabón respaldaron la resolución, defendieron la movilización social que condujo a la salida de OXY, cuestionaron el carácter favorable a las transnacionales del sistema internacional de arbitraje y pidieron una posición conjunta de las funciones del Estado y de la ciudadanía en defensa de la soberanía y los recursos públicos. Aunque Cléver Jiménez coincidió en condenar el fallo, propuso que comparecieran Rafael Correa, Alfredo Palacio, José María Borja y el Procurador General del Estado para explicar las actuaciones y omisiones que habrían llevado al resultado adverso; Andrés Páez y Fernando González apoyaron la impugnación y defensa del país, pero reclamaron información detallada sobre la estrategia jurídica, el resto de las demandas internacionales y las responsabilidades de las autoridades, además de cuestionar el procedimiento utilizado para incluir el asunto en el orden del día después de que una solicitud anterior no alcanzara los votos necesarios. Jorge Escala propuso modificar la resolución para solicitar la denuncia del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones con Estados Unidos y censurar las declaraciones y actuaciones de las autoridades que, a su criterio, aceptaron la jurisdicción del CIADI; Fausto Cobo y Tito Nilton Mendoza condicionaron su apoyo a que se investigara todo el proceso, se determinaran responsabilidades de presidentes, ministros, procuradores, negociadores y legisladores, y se contemplara el ejercicio del derecho de repetición contra quienes hubieran causado perjuicios al Estado. Debido a la existencia de varias propuestas y a que aún permanecían once legisladores inscritos para intervenir, no se realizó la votación de la resolución; la sesión fue suspendida para buscar un texto consensuado que incorporara la defensa de la soberanía, el apoyo a la nulidad del laudo y la investigación de las responsabilidades, quedando pendiente su continuación y votación. Intervinieron Jorge Escala, Francisco Ulloa, Celso Maldonado, Mercedes Diminich, Virgilio Hernández, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Eduardo Encalada, Andrés Páez, Pedro de la Cruz, Fernando González, Silvia Salgado, María Alejandra Vicuña, Guillermina Cruz, Paola Pabón, Fausto Cobo y Tito Nilton Mendoza.
Sin títuloACTA_190-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Marco Murillo propuso modificar el orden del día para que el Pleno eligiera las autoridades de la comisión encargada de analizar el informe presidencial sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, debido a que había vencido el plazo para su instalación; sin embargo, la propuesta fue negada con cincuenta y un votos afirmativos, treinta y dos negativos y diecisiete abstenciones, y su rectificación volvió a ser rechazada con cincuenta y un votos afirmativos, treinta y tres negativos y quince abstenciones. Posteriormente se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, destinado a proteger, recuperar y dinamizar la diversidad agrícola y los conocimientos ancestrales asociados; garantizar la producción, conservación, libre circulación, intercambio y acceso a semillas de calidad; fortalecer la agricultura familiar, campesina, agroecológica y orgánica; establecer bancos vivos de semillas y un Banco Nacional de Germoplasma; promover créditos preferenciales, asistencia técnica, compras públicas y mecanismos de regulación de precios; reconocer la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades; impulsar la investigación mediante el diálogo entre los conocimientos científicos y ancestrales; regular los monocultivos, la certificación, los registros, las infracciones y las sanciones; y mantener al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, respetando la excepción constitucional aplicable únicamente por razones de interés nacional y bajo estrictas normas de bioseguridad. En comisión general, Roberto Gortaire, Hilario Morocho, Fausto Falconí y Elizabeth Bravo defendieron la agroecología como alternativa frente al monocultivo, los agroquímicos, la pérdida de fertilidad, la concentración empresarial y la dependencia tecnológica; destacaron la contribución de los pequeños agricultores a la alimentación nacional, la capacidad de la producción orgánica para generar empleo y rentabilidad, la necesidad de proteger la salud de los consumidores y la importancia de impedir el ingreso de transgénicos y garantizar el libre intercambio de las semillas campesinas. María del Carmen Estévez y Gabriela Vásquez expusieron la experiencia ambiental del Colegio Víctor Mideros mediante el proyecto Muyu, que comprendía reforestación, huertos orgánicos, conservación e intercambio de semillas y educación para el consumo saludable y el cuidado de la naturaleza. Durante el debate legislativo se resaltaron la soberanía alimentaria, la igualdad de las mujeres rurales, el reconocimiento de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, la protección de los saberes tradicionales, la necesidad de convertir a las comunas y organizaciones campesinas en sujetos de crédito y la importancia de que el Estado financie, asegure y adquiera parte de la producción agroecológica; también se discutieron la autoridad que debía administrar el germoplasma, la libertad de intercambio y comercialización de semillas, los incentivos tributarios, la relación de esta normativa con las leyes de aguas, tierras, comunas y biodiversidad, la prioridad concedida a determinados proyectos legislativos y la conveniencia de mantener un debate científico sobre la biotecnología sin desconocer la prohibición constitucional de los transgénicos. Jaime Abril propuso realizar una consulta prelegislativa al considerar que la ley podía afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, pero la moción no alcanzó la mayoría absoluta requerida: obtuvo inicialmente sesenta y un votos afirmativos y trece abstenciones y, en la rectificación solicitada por Ramiro Terán y Francisco Ulloa, sesenta y dos votos afirmativos y doce abstenciones; por ello, no fue aprobada y la sesión quedó suspendida con doce intervenciones todavía pendientes. Intervinieron Marco Murillo, Roberto Gortaire, Hilario Morocho, Fausto Falconí, Elizabeth Bravo, María del Carmen Estévez, Gabriela Vásquez, María Augusta Calle, Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Jaime Abril, María Molina, Irina Cabezas, Eduardo Encalada y Lourdes Tibán.
Sin títuloACTA_187-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se trató exclusivamente la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, examinándose las correcciones propuestas por el Ejecutivo sobre la denominación del Tribunal de lo Contencioso Tributario en los procesos coactivos, la definición del abuso del derecho, errores de numeración y la obligación del IESS de conceder prestaciones aun cuando existiera mora patronal; el punto de mayor controversia fue la disposición transitoria que permitía a los empleadores regularizar, sin sanciones pero pagando aportes e intereses, la afiliación omitida de sus trabajadores, pues el veto limitaba ese beneficio a los tres años anteriores y excluía los casos en los que estuvieran pendientes juicios sobre la existencia de la relación laboral, salvo desistimiento del trabajador o allanamiento del empleador. Durante el debate existió acuerdo general sobre las correcciones técnicas, pero se enfrentaron quienes defendían el allanamiento total por considerar que el veto protegía la estabilidad económica del IESS, mantenía la responsabilidad de los empleadores y garantizaba los derechos de los afiliados, con quienes solicitaron conservar el texto aprobado por la Asamblea para evitar que quedaran excluidos trabajadores que habían prestado servicios durante décadas sin afiliación, especialmente docentes de educación popular, maestros y madres comunitarias, trabajadoras domésticas y otros servidores públicos o privados; también se discutieron la prescripción de las reclamaciones laborales, los procesos judiciales pendientes, los despidos y condiciones de trabajo de las empleadas domésticas, la seguridad social de los comerciantes informales, las indemnizaciones de los extrabajadores de casinos, la responsabilidad de las autoridades que no exigieron el cumplimiento patronal y la necesidad de impedir que los trabajadores fueran presionados para desistir de sus demandas. Francisco Velasco propuso el allanamiento total al veto, pero su moción fue negada con cincuenta y cinco votos afirmativos, treinta negativos y veintinueve abstenciones, y en la rectificación obtuvo cincuenta y seis votos afirmativos, treinta negativos y veintiocho abstenciones, sin alcanzar la mayoría requerida; Ramiro Terán presentó posteriormente una moción para aceptar las objeciones técnicas y ratificarse en el texto original de la disposición transitoria, pero la retiró al determinarse que debía dividirse en dos votaciones con mayorías diferentes; finalmente, Vicente Taiano propuso ratificar íntegramente el texto enviado inicialmente por la Asamblea, moción que tampoco generó un pronunciamiento, al obtener cinco votos afirmativos en la primera votación y once en la rectificación, por lo que la sesión fue clausurada sin que el Pleno se allanara al veto ni insistiera en su texto original. Intervinieron Francisco Velasco, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Mary Verduga, Gioconda Saltos, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, Enrique Herrería, Xavier Tomalá, Mery Zamora, María Augusta Calle, Nívea Vélez, Silvia Salgado, Luis Morales, Rolando Panchana, César Rodríguez, Vicente Taiano y Tito Nilton Mendoza.
Sin títuloACTA_188-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la propuesta de Francisco Cisneros para incorporar al orden del día un exhorto al Ejecutivo y al Ministerio de Relaciones Laborales, con el fin de investigar las denuncias sobre condiciones laborales precarias, hacinamiento y presuntas vulneraciones de derechos de trabajadores ecuatorianos y extranjeros en empresas chinas vinculadas con proyectos hidroeléctricos; la moción obtuvo cuarenta y ocho votos afirmativos, trece negativos y treinta y seis abstenciones. Posteriormente se trató la objeción parcial al proyecto reformatorio de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales. El veto planteó limitar los beneficios a quienes ya habían sido reconocidos por la legislación aplicable a los combatientes del conflicto de 1995 y a quienes participaron en el conflicto de 1981, evitando abrir un nuevo proceso general de calificación; además, eliminó el descuento del cincuenta por ciento en espectáculos públicos, servicios básicos y transporte, suprimió la bonificación mensual equivalente a la mitad de una remuneración básica unificada y dispuso que una entidad estatal determinara la situación de vulnerabilidad de los beneficiarios. La mayoría de la Comisión recomendó allanarse, argumentando que se preservaban los derechos adquiridos, que los dos beneficios eliminados generaban un gasto público estimado en al menos diez millones de dólares sin una fuente de financiamiento y que una iniciativa legislativa no podía crear esa erogación; también sostuvo que se mantenían otros derechos, como becas, puntaje adicional en concursos públicos, capacitación laboral, atención preferente de salud, créditos, insignias y protección para personas lesionadas en el levantamiento de minas. En oposición al veto se defendió que todos los excombatientes de 1981 y 1995 merecían igualdad de reconocimiento, se cuestionó que la vulnerabilidad dependiera del criterio del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se denunció que el anterior proceso de acreditación había incluido personas que no participaron en los conflictos y excluido a soldados que sí estuvieron en las zonas de combate, y se afirmó que los descuentos y la bonificación constituían una compensación mínima para personas de edad avanzada, con lesiones o con pensiones reducidas; asimismo, se criticó que los representantes de los excombatientes no fueran recibidos en el Pleno y que se produjeran enfrentamientos y el uso de gases en el exterior del recinto. Ramiro Terán presentó una moción para que la Asamblea insistiera en el texto originalmente aprobado; esta obtuvo inicialmente cincuenta y un votos afirmativos, veintiocho negativos y veintidós abstenciones, sin alcanzar los votos necesarios, y en la rectificación recibió cincuenta y un votos afirmativos y cincuenta negativos, por lo que tampoco fue aprobada y la sesión fue clausurada. Intervinieron Francisco Cisneros, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Ramiro Terán, Cléver Jiménez, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Henry Cuji, Paco Moncayo, María Augusta Calle, Jorge Escala y Hugo Quevedo.
Sin títuloACTA_212-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la solicitud de César Rodríguez para incorporar al orden del día una resolución que exigiera tramitar los pedidos de información pendientes para fortalecer la fiscalización legislativa; tras la rectificación, obtuvo cuarenta y cuatro votos afirmativos, diecinueve negativos y veinticinco abstenciones. Posteriormente se debatió y aprobó, con noventa y siete votos afirmativos, dos negativos y una abstención, la licencia solicitada por Rafael Correa para dedicarse a la campaña electoral del 15 de enero al 14 de febrero de 2013, período durante el cual Lenín Moreno asumiría temporalmente la Presidencia; aunque existió respaldo general por su carácter constitucional, varios legisladores cuestionaron el uso de medios, publicidad y recursos estatales durante la campaña. También se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, destinada a incorporar a las juntas parroquiales rurales y futuros gobiernos regionales como accionistas y miembros del Directorio, con voz y voto, y a orientar el financiamiento hacia servicios básicos; se propuso ampliar la prioridad a las zonas con mayor pobreza, fronterizas y amazónicas, evitar restricciones para financiar vialidad y proyectos productivos e incluir todos los niveles de gobierno. Finalmente se inició el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que buscaba distribuir equitativamente la carga procesal de la Corte Nacional, reorganizar sus salas especializadas, restablecer períodos de vacancia judicial, conservar los tribunales distritales contencioso-administrativos y tributarios, y garantizar que los presidentes salientes de las cortes provinciales regresaran a sus salas de especialización. La sesión fue suspendida para evitar la pérdida del quórum, sin votarse la reforma monetaria ni concluirse el primer debate judicial. Intervinieron César Rodríguez, Marco Murillo, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, Luis Morales, Rolando Panchana, Guillermina Cruz, Xavier Tomalá, Jorge Escala, Fernando Aguirre, Virgilio Hernández, Tomás Zevallos, María Augusta Calle, Gabriel Rivera, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Fausto Cobo, Marisol Peñafiel, Edwin Vaca, Gerónimo Yantalema, Galo Vaca y Mauro Andino.
Sin títuloACTA_012-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó modificar el orden del día para incorporar el tratamiento de la investigación de los hechos ocurridos en Macas el 30 de septiembre de 2009, a propuesta de Rolando Panchana, mientras que no prosperaron las solicitudes de Fernando Aguirre para exhortar al Parlamento colombiano a contribuir al restablecimiento de las relaciones bilaterales ni de Fernando Vélez para declarar como día de descanso obligatorio la conmemoración de la provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, se aprobaron por unanimidad la Convención sobre Municiones en Racimo y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; en el primer tema intervinieron Gabriel Rivera, Scheznarda Fernández, Francisco Cisneros, Abdalá Bucaram, Humberto Alvarado y Mary Verduga, destacándose la vocación de paz del Ecuador, la prohibición de estas armas y la protección de la población civil, mientras que en el segundo intervinieron Linda Machuca, Eduardo Zambrano, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, María Augusta Calle, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Luis Morales, Jorge Escala, Zobeida Gudiño y Marisol Peñafiel, quienes debatieron sobre la prevención de la tortura, la protección de las personas privadas de libertad, la creación de mecanismos de visitas y control, y la necesidad de adecuar la legislación nacional. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma tributaria, presentada por Juan Carlos Cassinelli, que proponía cambios al impuesto a la renta, IVA, impuestos a consumos especiales e impuesto a la salida de divisas, con el propósito de reducir la evasión, mejorar la equidad y fortalecer la recaudación; María Cristina Kronfle, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Patricio Quevedo, Luis Noboa, Rafael Dávila, Andrés Páez, Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Luis Almeida y otros legisladores cuestionaron el incremento de impuestos durante una crisis económica, sus posibles efectos sobre la producción, el empleo, las pequeñas empresas, los consumidores y la seguridad jurídica, mientras Rosana Alvarado, Carlos Velasco, Vanessa Fajardo, Juan Carlos López, Lenín Chica, Susana González, Jorge Escala, Edwin Vaca, José Picoita y Grace Almeida formularon observaciones sobre la redistribución, la evasión fiscal, la inversión social y la necesidad de mejorar el texto. El debate quedó sin resolución, debido a la falta de quórum al final de la jornada, y se dispuso que las intervenciones pendientes fueran presentadas por escrito.
Sin títuloACTA_005-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó el cambio del orden del día para incorporar el debate y resolución sobre la instalación de siete bases estadounidenses en Colombia, propuesta impulsada por Fernando Bustamante y Francisco Ulloa, con el respaldo de varios asambleístas. Posteriormente, se trató la objeción parcial presentada por Rafael Correa Delgado al proyecto de Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto de aspectos relacionados con las atribuciones del organismo, los procesos de investigación y control, la selección e impugnación de postulantes, la integración de las comisiones ciudadanas y las designaciones de autoridades; intervinieron Luis Morales, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Gina Godoy, Cléver Jiménez, César Montúfar, Eduardo Encalada, Richard Guillén, María Soledad Vela, Andrés Páez y Guillermina Cruz. Tras el debate, se aprobó el allanamiento a la objeción parcial. Asimismo, se realizó el segundo debate y se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, orientada a adecuar la integración y funcionamiento de los consejos provinciales a la Constitución, regular las funciones de prefectos y viceprefectos, fortalecer la gobernabilidad, la paridad de género, la interculturalidad y la autonomía provincial; intervinieron Virgilio Hernández, Gilmar Gutiérrez, Diana Atamaint, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Yolanda Martínez, Ángel Vilema, Zobeida Gudiño, Kléver García, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Andrés Roche, Alfredo Ortiz, César Gracia, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Edwin Vaca, Fernando Vélez y José Picoita. La reconsideración planteada por Kléver García fue negada, incluso después de la rectificación solicitada por Eduardo Encalada. Finalmente, se aprobó una resolución que rechazó la instalación y uso de siete bases militares colombianas por fuerzas estadounidenses, al considerarse que podía afectar la soberanía, la seguridad regional, la paz y la estabilidad de América del Sur; en este debate participaron Francisco Ulloa, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Cynthia Viteri, Nívea Vélez, Leandro Cadena, Galo Lara, María Augusta Calle, Mao Moreno, Cléver Jiménez, Fausto Cobo, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, César Montúfar, Dora Aguirre, Marco Murillo y Fernando Bustamante.
Sin título000_ACTA_INSTALACION-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se efectuó la instalación formal de la Asamblea Nacional, mediante la revisión de las credenciales e identidad de los asambleístas, la constatación del quórum y el cumplimiento de los actos protocolarios; posteriormente, el debate se concentró en la designación de las autoridades legislativas, la forma de votación que debía aplicarse, la necesidad de garantizar la representación de las distintas bancadas, la participación de las minorías y de la oposición, la inclusión de las mujeres, la independencia de la Función Legislativa frente al Ejecutivo, la fiscalización, el respeto a los derechos de trabajadores, maestros, jóvenes, campesinos y pueblos indígenas, así como la construcción de una Asamblea democrática, plural y orientada a los intereses nacionales. Como resultado de las votaciones, fueron elegidos y posesionados Fernando Cordero Cueva como presidente, Irina Cabezas Rodríguez como primera vicepresidenta, Rolando Panchana Farra como segundo vicepresidente y Pedro de la Cruz como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa; además, Francisco Vergara Ortiz y Andrés Segovia Salcedo fueron designados secretario general y prosecretario general, respectivamente. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Fernando Bustamante Ponce, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Virgilio Hernández, Raúl Abad, Luis Almeida, Andrés Páez, César Rodríguez, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, María Augusta Calle, Lenín Chica, Juan Carlos López, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Lourdes Tibán, Abdalá Bucaram, Edwin Vaca, Francisco Cisneros, Irina Cabezas, Leandro Cadena, Gastón Gagliardo, Fernando Aguirre, Ramiro Terán, Gido Vargas, Marco Murillo, Rolando Panchana, Silvia Salgado, Gilmar Gutiérrez, Tomás Zevallos, Luis Morales, Rafael Dávila, César Montúfar y Ángel Vilema.
Sin títuloACTA_007-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se trataron varias solicitudes de modificación del orden del día: se negaron las propuestas de Fernando Aguirre sobre libertad de expresión, de Edwin Vaca sobre la normalización del comercio fronterizo con Colombia y de Luis Morales respecto del alcance de las facultades de fiscalización de las comisiones; se aprobó incorporar la propuesta de crear e integrar comisiones especializadas ocasionales de Educación, Cultura, Deporte y Comunicación, presentada por Fausto Cobo, y Abdalá Bucaram retiró su pedido relacionado con el pago a asesores legislativos, mientras que María Molina solicitó la reconsideración de una votación anterior. Posteriormente, se aprobó la objeción parcial al proyecto de reforma del régimen provincial, mediante la cual se modificó la integración provisional del Consejo de Gobierno de Galápagos para incluir a las autoridades rectoras de ambiente, turismo y planificación; en el debate intervinieron Ángel Vilema, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán, Alfredo Ortiz, Tito Nilton Mendoza, Juan López, Luis Almeida y María Soledad Vela. Asimismo, se debatió la objeción al proyecto de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, especialmente sobre la procedencia de medidas cautelares y acciones de protección en asuntos patrimoniales o contractuales, la capacidad de la Corte Constitucional para reparar vulneraciones derivadas de decisiones judiciales y la aplicación directa de la Constitución por los jueces; intervinieron Marisol Peñafiel, Abdalá Bucaram, Sylvia Kon, Andrés Roche, Francisco Ulloa, Juan Carlos Cassinelli, Gilmar Gutiérrez y Paco Moncayo, resolviéndose mantener el texto original en los aspectos vinculados con la protección de derechos y aceptar las demás observaciones presidenciales. Finalmente, se trató la objeción parcial al proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado, que abordó la estructura institucional de seguridad, gestión de riesgos, inteligencia, estados de excepción, participación ciudadana y la intervención de las Fuerzas Armadas; participaron Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Enrique Herrería, Ramiro Terán, Rodolfo Baquerizo, Eduardo Zambrano, Fausto Cobo, Galo Vaca, Diana Atamaint, César Montúfar, Rosana Alvarado, Fernando Aguirre, Betty Carrillo, Luis Morales, Rafael Dávila y Luis Almeida. Se mantuvo el texto original que limitaba la intervención militar a la protección de sectores estratégicos, mientras se aprobó el allanamiento a las demás objeciones planteadas.
Sin títuloACTA_025-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la incorporación al orden del día de la propuesta presentada por Tomás Zevallos para tratar la revocatoria del encargo del Superintendente de Telecomunicaciones y la situación de Radio La Voz de Arútam, mientras que se aprobó incluir el proyecto de resolución sobre la iniciativa Yasuní-ITT planteado por Jorge Escala. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, orientado a regular la participación individual y colectiva en la gestión pública, la democracia directa, la iniciativa popular normativa, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las organizaciones sociales, el voluntariado, la participación en los distintos niveles de gobierno, la planificación y los presupuestos participativos, la silla vacía, las veedurías, el control social, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. El principal debate se centró en la inclusión efectiva de comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; el carácter vinculante de la consulta previa; la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados; la representación en los consejos de planificación; la participación de las personas ecuatorianas en el exterior; y la posibilidad de que la silla vacía intervenga con voz y voto, aspecto respaldado por Luis Morales, Pedro de la Cruz, Paola Pabón, Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli, pero cuestionado por Leandro Cadena, Juan Carlos López, Fernando Bustamante y otros legisladores por considerar que podía afectar la representatividad o generar conflictos en los gobiernos locales. María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Eduardo Zambrano, Virgilio Hernández y Hólger Chávez insistieron en fortalecer el enfoque intercultural, plurinacional y colectivo de la norma, así como en garantizar mecanismos propios de representación para pueblos y nacionalidades; mientras Paco Moncayo, César Montúfar, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Rodolfo Baquerizo, Mercedes Diminich, Ramiro Terán, José Picoita, Armando Aguilar, Lenín Chica, María Augusta Calle, Gioconda Saltos, Dora Aguirre y otros asambleístas formularon observaciones sobre la aplicación práctica de los mecanismos de participación, los porcentajes requeridos para consultas y revocatorias, la rendición de cuentas, el control constitucional y la necesidad de evitar la politización o cooptación de la participación ciudadana. Al finalizar este punto, Fernando Cordero cerró el debate y dispuso que no se votara el proyecto en esa sesión, a fin de que la Comisión procese las observaciones presentadas. Asimismo, se aprobó la resolución propuesta por Scheznarda Fernández para exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Manabí, incrementar los efectivos policiales y movilizar recursos y personal de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad, los robos, el sicariato y la presunta presencia de actividades vinculadas con grupos irregulares; en este tema intervinieron, entre otros, Saruka Rodríguez, Leandro Cadena, Gabriel Rivera, Leonardo Viteri, Gido Vargas, Sylvia Kon, Lenín Chica, María Soledad Vela, Richard Guillén, Fernando Bustamante y Andrés Roche. Finalmente, se aprobó una resolución de respaldo a la iniciativa Yasuní-ITT, mediante la cual se ratificó la defensa de mantener bajo tierra las reservas del campo ITT y se exhortó al Gobierno Nacional a continuar una negociación soberana que permita proteger la naturaleza y la biodiversidad; participaron Jorge Escala, Tomás Zevallos, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Rosana Alvarado, Francisco Cisneros, Ramiro Terán y María Paula Romo.
Sin títuloACTA_013-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la solicitud de Cynthia Viteri para incorporar una resolución sobre presuntas vulneraciones a la libertad de expresión relacionadas con la detención de ciudadanos en Guayaquil, mientras que se aprobó incluir el tratamiento de un proyecto de resolución para rechazar el Acuerdo Complementario de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad suscrito entre Colombia y Estados Unidos, planteado por Línder Altafuya, María Molina, Cléver Jiménez, Jorge Escala, Francisco Ulloa, Magali Orellana y Ramiro Terán, y defendido por Francisco Ulloa. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público, presentado por Nivea Vélez, orientado a regular el ingreso por méritos y oposición, la carrera administrativa, la capacitación, evaluación, remuneraciones, estabilidad, derechos y obligaciones de las servidoras y servidores públicos. Durante el debate se plantearon observaciones sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, el alcance de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales, la protección de los trabajadores de empresas públicas, la estabilidad laboral, los procesos disciplinarios, la jubilación, la inclusión de personas con discapacidad y la necesidad de que el Magisterio conserve su régimen especial de carrera y escalafón. Intervinieron Fernando Cordero, Francisco Cisneros, César Rodríguez, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Armando Aguilar, Paco Moncayo, Henry Cuji, Consuelo Flores, Dora Aguirre, Kléver García, María Augusta Calle, Rocío Valarezo, Irina Cabezas, Ramiro Terán, Edwin Vaca, María Cristina Kronfle, Silvia Kon, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Linda Machuca, Aminta Buenaño, María Molina, Geovanny Veintimilla, Gina Godoy, Gioconda Saltos, Betty Amores, Eduardo Encalada, Carlos Velasco, Guillermina Cruz, Carlos Samaniego y Hólger Chávez, quien destacó que el texto debía revisarse integralmente antes del siguiente debate. Finalmente, se conoció la propuesta de resolución contra el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, pero, luego de la intervención de Francisco Ulloa y de negarse la moción para trasladar su tratamiento a una próxima sesión, no se pudo adoptar una resolución debido a la falta de quórum, por lo que se clausuró la sesión.
Sin títuloACTA_042-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 042 documenta la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional realizada el 20 de mayo de 2010, instalada por el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra (en reemplazo del presidente Fernando Cordero, ausente por un duelo familiar) y con Francisco Vergara Ortiz como Secretario General; tras constatar el quórum y leer el Orden del Día, se rechazó una moción de cambio presentada por Ramiro Terán sobre reestructuración de la Comisión de Fiscalización, se retiró una moción de Henry Cuji sobre jubilados del Ingenio San Carlos, y se tomó nota de un pedido de Gilmar Gutiérrez. Tras el Himno Nacional, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado (ponente María Paula Romo) con intervenciones de Vicente Taiano y Luis Almeida, ley que fue finalmente aprobada por amplia mayoría tras rectificación de la votación. A continuación se trató el conocimiento de la solicitud del Consejo de Administración Legislativa para encargar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la elaboración de un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que incorpore el procedimiento normativo de consulta prelegislativa (numeral 17 del artículo 57 de la Constitución), punto que generó un extenso debate con las intervenciones de Virgilio Hernández, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Paula Romo y Jorge Escala. La sesión se interrumpió para una Comisión General en homenaje a la recepción de los restos simbólicos de la Generala Manuela Sáenz, con un acto conmemorativo, proyección audiovisual e intervención de María Augusta Calle; reinstalada la sesión, continuó el debate sobre la reforma legislativa con las participaciones de Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema (parte de su intervención en kichwa), Cynthia Viteri, Betty Carrillo y Silvia Salgado. Finalmente, sin llegar a una votación formal sobre el proyecto de resolución, el Presidente encargado, recogiendo el consenso expresado por los asambleístas, dispuso que el Consejo de Administración Legislativa reciba todos los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionados con la consulta prelegislativa, y clausuró la sesión.
Sin títuloACTA_078-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural, centrado en la transformación del sistema educativo, la revalorización docente, la interculturalidad, la inclusión y la garantía del derecho a una educación pública de calidad. Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Eduardo Encalada, Kléver García, Jimmy Pinoargote, Ramiro Terán, Juan Fernández, Enma Palacios, Vicente Iza, Jorge Escala y otros legisladores defendieron la estabilidad laboral de docentes contratados, supervisores, técnicos docentes, educadores comunitarios y personal de instituciones municipales, así como la vigencia o fortalecimiento de la carrera docente, el escalafón, los permisos gremiales, una evaluación integral de todo el sistema y una remuneración que no reduzca los ingresos existentes; además, solicitaron que los incrementos salariales sean retroactivos, que se reconozcan bonos para zonas fronterizas, amazónicas, insulares y de difícil acceso, y que la jubilación se ajuste expresamente a los beneficios de la Ley Orgánica de Servicio Público, con una compensación de hasta ciento cincuenta salarios básicos unificados. César Rodríguez señaló que la Comisión acogería el criterio de homologar la jubilación docente con dicha ley. Gerónimo Yantalema, Lourdes Tibán, Rosendo Nurinkias, Rodrigo Collahuazo y otros representantes de pueblos y nacionalidades insistieron en preservar la autonomía administrativa, técnica y financiera, la jurisdicción y el modelo propio del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, cuestionando que se lo convierta en una dependencia subordinada; mientras Pedro de la Cruz planteó una Subsecretaría desconcentrada bajo rectoría del Ministerio de Educación, con asignación preferente de recursos y participación de organizaciones representativas. María Soledad Vela, Betty Amores, Gina Godoy, María Augusta Calle y Dora Aguirre propusieron incorporar educación sexual integral, protección de estudiantes embarazadas, inclusión efectiva de personas con discapacidad, prevención y sanción de la violencia y abuso sexual en establecimientos educativos, coordinación con las juntas de protección de derechos y mecanismos especiales para estudiantes migrantes y ecuatorianos residentes en el exterior. También se debatió el reconocimiento de la educación municipal, la participación de gobiernos locales en el Consejo Nacional de Educación, la educación fiscomisional, militar y policial, el carácter laico de la enseñanza, la necesidad de currículos flexibles y pertinentes, la enseñanza de lenguas ancestrales y extranjeras, y el fortalecimiento de la infraestructura, la formación docente y la inversión pública. Silvia Salgado, Francisco Cisneros, María Paula Romo, César Montúfar, Raúl Abad, José Picoita, Salomón Fadul, Zobeida Gudiño, Paco Fierro, Hólger Chávez, Juan Carlos López, Marco Murillo y otros asambleístas presentaron observaciones sobre estos temas, con posiciones diversas respecto de la autonomía de la educación bilingüe, el rol de la UNE, la descentralización y el alcance de las competencias municipales. La Comisión anunció que incorporaría los consensos y observaciones en un texto revisado antes de la votación; por tanto, el debate concluyó sin aprobación final y quedó suspendido para continuar posteriormente
Sin títuloACTA_072-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó por unanimidad el Acuerdo entre Ecuador y Perú para crear la Comisión Binacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, destinada a impulsar la integración fronteriza, el manejo sostenible del agua, el control de inundaciones, el riego y el desarrollo agrícola en zonas de El Oro y Tumbes; Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Zobeida Gudiño, Linda Machuca, Fausto Cobo, Vethowen Chica, Luis Morales, Eduardo Zambrano, Luis Almeida, Carlos Zambrano, Mao Moreno, Mauro Andino, Rafael Dávila, Rosa Santos, Pedro de la Cruz y Víctor Quirola respaldaron la iniciativa, mientras Gerónimo Yantalema solicitó incorporar de forma efectiva a campesinos, montubios, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como medidas de protección de zonas de recarga hídrica, biodiversidad y soberanía alimentaria. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Servicio Público; Nívea Vélez propuso ratificar artículos relacionados con la autonomía de las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados, derechos de trabajadores, jornada especial de salud, maternidad y lactancia, evaluación, estabilidad, jubilación y debido proceso. En comisión general, Héctor Terán, Eduardo Valdez, Miguel García Falconí y Noemí Marcillo, en representación de organizaciones de servidores públicos y trabajadores, cuestionaron la renuncia obligatoria, los pagos mediante bonos, la afectación a la estabilidad, la evaluación como causal de desvinculación, la reducción de derechos laborales y la concentración de atribuciones en el Ministerio de Relaciones Laborales. Francisco Cisneros, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Tito Nilton Mendoza, Galo Lara, Galo Vaca y Dora Aguirre intervinieron en el debate con posiciones sobre la defensa de derechos laborales, la autonomía institucional, el control de la corrupción, la jubilación y la aplicación del veto. En las votaciones se ratificaron algunos textos originales, entre ellos el artículo 25 y los artículos 130, 134 y 135, además de la disposición general vigésima primera; no prosperaron varias ratificaciones vinculadas con autonomía, evaluación, estabilidad, jubilación y disposiciones transitorias, y se aprobó el allanamiento a un amplio grupo de observaciones del Ejecutivo. Finalmente, quedaron solicitadas reconsideraciones de varias mociones para una sesión posterior.
Sin títuloACTA_123-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión del Pleno se retiró la solicitud de Marco Murillo para incorporar al orden del día la reinstalación de la sesión 115, luego del compromiso de convocar a los jefes de bancada para acordar la continuación del segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; mientras que la propuesta de Nívea Vélez para debatir el estado de excepción decretado en la Función Judicial fue negada, registrándose en la rectificación cincuenta y un votos afirmativos, ocho negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente, la Asamblea rindió homenaje a la delegación ecuatoriana de Olimpiadas Especiales que participó en los Juegos Mundiales de Verano de Atenas 2011, donde obtuvo veinticinco medallas de oro, veintiséis de plata y catorce de bronce; se otorgó la condecoración “Doctor Vicente Rocafuerte” al Pabellón de Olimpiadas Especiales Ecuador, se reconoció la labor de su presidente Héctor Cueva Jiménez, del equipo técnico y de los deportistas, y se destacó su ejemplo de inclusión, perseverancia y superación. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, orientado a prevenir, corregir y sancionar los abusos de posición dominante, las prácticas anticompetitivas y la concentración perjudicial para consumidores y pequeños productores; aunque existió coincidencia sobre la necesidad de contar con una normativa contra los monopolios y oligopolios, se formularon numerosas observaciones respecto de la concentración de facultades en la Superintendencia y la Junta de Regulación, la independencia de los organismos de control, la amplitud y discrecionalidad de sus atribuciones, el respeto al debido proceso, la intimidad y la acción de protección, la proporcionalidad de las multas, la definición del mercado relevante, la relación con los sectores financiero, público y estratégico, y la protección de consumidores, pequeñas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria. El debate concluyó sin votación, para que la Comisión incorporara las observaciones antes del segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Silvia Kon, Rolando Panchana, Rafael Dávila, Fernando Bustamante, César Montúfar, Viviana Bonilla, Juan Carlos López, Betty Amores, Fernando González, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Eduardo Encalada, Rosana Alvarado, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Jaime Abril, Marco Murillo, Andrés Roche, María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Luis Morales, Paola Pabón, María Augusta Calle, Andrés Páez, Virgilio Hernández, Kléver García, Celso Maldonado, Jorge Fadúl, María Alejandra Vicuña, Mauro Andino, Francisco Cevallos y Francisco Ulloa.
Sin títuloACTA_145-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Francisco Cisneros para exhortar a la ejecución urgente de la rehabilitación y construcción de un nuevo bloque para el Hospital del IESS de Puyo, pese a que señaló que existían recursos asignados y que su cancelación afectaba a miles de afiliados de Pastaza; en cambio, se incorporaron al orden del día las propuestas de Gioconda Saltos para solicitar el reconocimiento de los doctorados en Ciencias de la Educación obtenidos bajo el régimen anterior como títulos de cuarto nivel, con el fin de facilitar la recategorización de los docentes, y de María Augusta Calle para pronunciarse sobre los proyectos estadounidenses SOPA y PIPA, cuestionados por sus posibles efectos extraterritoriales sobre la privacidad, el acceso a la información y la libertad de expresión en Internet, aunque ambos asuntos quedaron pendientes. Posteriormente, se debatió y aprobó la resolución para promover el conocimiento y estudio de la Gesta Alfarista, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción del Estado laico, la educación pública, la integración nacional, la soberanía, la libertad, la igualdad, los derechos de las mujeres y la transformación política y social del país; durante la discusión se propuso esclarecer las responsabilidades históricas de su asesinato, reconocer a otros protagonistas de la Revolución Liberal, visibilizar la participación de las mujeres, revisar los compromisos estatales incompatibles con el laicismo, evitar la utilización política de su figura y mejorar la redacción del documento. El texto aprobado dispuso incorporar el estudio de la Gesta Alfarista en los distintos niveles educativos, promover contenidos curriculares sobre este proceso histórico, declarar el 28 de enero como Día de la Reparación Nacional, realizar actividades públicas de memoria y condena de su asesinato e incluir los estudios alfaristas en la formación de docentes. También se inició el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, dirigida a actualizar una normativa antigua conforme al carácter intercultural y plurinacional del Estado, reconocer los derechos colectivos, la autonomía y los gobiernos comunitarios, proteger las tierras y territorios ancestrales, fortalecer la participación en los gobiernos locales, la jurisdicción indígena y la consulta prelegislativa. La discusión se concentró especialmente en la posibilidad de que las comunas se transformaran voluntariamente en cooperativas de producción: algunos legisladores sostuvieron que esta opción respondía a la libre determinación y a las distintas realidades comunitarias, mientras otros advirtieron que podía facilitar la parcelación y pérdida del carácter indivisible, inembargable e imprescriptible de las tierras comunales. Asimismo, se propuso que la normativa tuviera carácter orgánico, reforzara los derechos de los comuneros, reconociera las particularidades de los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y comuneros de la Costa, regulara cuidadosamente la creación de nuevas comunas y garantizara beneficios tributarios, seguros agrícolas y coordinación con los gobiernos descentralizados. El debate quedó suspendido sin votación y con intervenciones pendientes, por lo que tampoco se trató el proyecto relacionado con la libertad e igualdad religiosa. Intervinieron Francisco Cisneros, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Gabriela Cuadros Alcívar y los integrantes del grupo musical Ariel; además de Lídice Larrea, Mery Zamora, Paco Moncayo, Luis Almeida, Scheznarda Fernández, Silvia Salgado, María Paula Romo, Luis Morales, Richard Guillén, Hólger Chávez, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, César Montúfar, Fausto Cobo, Lourdes Tibán, Ramón Vicente Cedeño, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Kléver García, María Soledad Vela y Ramiro Terán.
Sin títuloACTA_143-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron las propuestas para condenar la decisión judicial que favoreció a Alberto Dahik y expresar solidaridad con dirigentes sociales procesados, así como para rechazar la visita al Ecuador del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a Denisse Delgado, Fernando Unda, Rodney Chiluiza y Danny Mero, en reconocimiento a su talento artístico, espíritu de superación y aporte a la inclusión de las personas con discapacidad. Se desarrolló el primer debate de la reforma orientada a garantizar el principio de interculturalidad en los procesos de designación de autoridades públicas, proponiéndose que las ternas incluyeran representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con paridad de género y reconocimiento de los idiomas castellano, kichwa y shuar; durante la discusión se destacó la necesidad de aplicar acciones afirmativas reales, evitar que la inclusión quedara como una simple formalidad, adaptar los concursos a las diferentes realidades culturales, fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar que las personas seleccionadas cumplieran los perfiles profesionales sin sufrir discriminación. También se analizó el proyecto para promover las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo archivo fue recomendado por considerar que gran parte de sus disposiciones ya estaban contempladas en la normativa de producción; sin embargo, la moción de archivo no fue aceptada y el proyecto regresó a la comisión, mientras Leonardo Viteri cuestionó la demora en tramitar su iniciativa y denunció un trato desigual hacia los proyectos presentados por legisladores de oposición. En cambio, se aprobó el archivo de la reforma relacionada con el sector cafetalero, al estimarse que su propuesta de incorporar representantes privados en organismos públicos contradecía normas constitucionales y duplicaba entidades y competencias ya existentes. Finalmente, se examinó la objeción parcial a las reformas electorales, debatiéndose la reducción de los plazos de la justicia electoral, los métodos para distribuir escaños, la proporcionalidad y representación de las minorías, las restricciones a la publicidad gubernamental y privada durante las campañas, el uso de recursos públicos, el silencio electoral, la libertad de expresión y el acceso de candidatos a los medios de comunicación, las sanciones por infracciones electorales, la regulación del acoso político contra las mujeres y la contratación temporal de personal por parte de los organismos electorales. El Pleno aceptó las observaciones relacionadas con la celeridad de los procesos, la adjudicación de escaños, el período de prohibición de propaganda, determinadas sanciones y la contratación de personal electoral; no obstante, no alcanzó los votos necesarios para ratificar los textos previamente aprobados sobre propaganda durante las campañas y acoso político. Intervinieron Jorge Escala, Leonardo Viteri, Cynthia Viteri, Enrique Herrería, María Cristina Kronfle, Danny Mero, Rodney Chiluiza, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Lourdes Tibán, María Augusta Calle, Juan Carlos López, María Pilar Almeida, Rolando Panchana, Luis Morales, Omar Juez, Mauro Andino, Paco Moncayo, Luis Almeida, Línder Altafuya, María Paula Romo, Francisco Velasco, Betty Amores, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Xavier Tomalá, Galo Vaca, Nívea Vélez, Marco Murillo, César Rodríguez, Fernando González, Fernando Aguirre, César Gracia y Susana González.
Sin títuloACTA_139-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a las demás especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción, mediante la conservación de sus hábitats, la prohibición de la caza, captura, recolección, tenencia, transporte y comercialización, la elaboración de inventarios, la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos locales, la creación de una instancia nacional de protección y la aplicación de sanciones administrativas. Aunque existió respaldo general a la iniciativa, se propuso ampliar su enfoque y modificar su denominación para que comprendiera integralmente a todas las especies; avanzar hacia un código ambiental; actualizar los registros de especies amenazadas; promover centros de rescate, reproducción y estaciones científicas; regular la introducción de especies exóticas, la caza deportiva, la pesca destructiva, el tráfico de vida silvestre y el aprovechamiento científico de los recursos genéticos; proteger los ecosistemas, páramos, bosques y áreas naturales; y establecer excepciones controladas para la investigación, rehabilitación y reproducción. También se planteó incorporar la participación, los conocimientos y la jurisdicción de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; diferenciar sus prácticas tradicionales de las actividades depredadoras; precisar las competencias institucionales; evitar márgenes excesivos de discrecionalidad, contradicciones entre sanciones administrativas y penales y duplicaciones normativas; y garantizar recursos económicos para que la ley pudiera aplicarse. Varios legisladores cuestionaron además la contradicción entre la protección ambiental y las actividades mineras, petroleras, madereras y agrícolas que destruyen los hábitats; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Posteriormente, se analizó y aprobó una resolución que exhortó al Ejecutivo a mantener el subsidio al combustible utilizado en el transporte aéreo hacia Galápagos, conservar el descuento del cincuenta por ciento en los pasajes de sus residentes, aplicar el mismo porcentaje al transporte de alimentos perecibles y medicinas y considerar el subsidio vigente para los habitantes de las zonas fronterizas y amazónicas, debido a las dificultades de acceso, las distancias, las necesidades de salud y movilidad, la dependencia del turismo y el posible incremento del costo de vida; la propuesta obtuvo ciento nueve votos afirmativos, cuatro blancos y seis abstenciones, y su reconsideración fue negada. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Consuelo Flores, Francisco Ulloa, Fernando Bustamante, Luis Morales, Guido Vargas, Leonardo Viteri, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, María Augusta Calle, María Paula Romo, Zobeida Gudiño, María Molina, Cléver Jiménez, María Soledad Vela, Magaly Orellana, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Francisco Cisneros, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.
Sin títuloACTA_136-D-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, en el que hubo acuerdo general sobre la necesidad de contar con una normativa, pero se mantuvieron profundas diferencias sobre si el texto garantizaba la libertad de expresión o podía convertirse en un instrumento de censura y control político. La discusión abordó la responsabilidad ulterior y la conveniencia de que esta se tramite administrativa, civil o judicialmente; la composición, independencia, competencias y límites del Consejo de Regulación; la necesidad de tipificar claramente las infracciones para evitar decisiones discrecionales; los derechos de rectificación y réplica; la diferenciación entre información y opinión; la veracidad, contextualización y pluralidad de los contenidos; y la protección de la honra, la intimidad y la presunción de inocencia. También se analizaron la reversión de frecuencias otorgadas irregularmente, su distribución equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios, el aprovechamiento de la digitalización, el destino de los medios incautados, la transparencia de la publicidad oficial, la producción nacional y audiovisual, el acceso a nuevas tecnologías, los derechos comunicacionales de migrantes, pueblos y nacionalidades, y la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos. Asimismo, se planteó fortalecer los derechos laborales, la estabilidad, seguridad, capacitación y profesionalización de periodistas y trabajadores de la comunicación, considerando excepciones para zonas rurales y amazónicas donde no existen centros de formación; incorporar la comunicación en salud, educación y desarrollo; votar el proyecto artículo por artículo; construir un texto consensuado o, en oposición, archivarlo y reiniciar su elaboración. En comisión general, Marco Pérez y Hólger Guerrero expusieron las demandas de colectivos de periodistas, denunciaron la precariedad y censura empresarial que afectaba a los comunicadores y respaldaron la democratización de los medios y el reconocimiento efectivo de sus derechos laborales. El debate concluyó sin votación y la sesión fue suspendida para continuar posteriormente con el análisis y la incorporación de observaciones. Intervinieron Dora Aguirre, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, César Montúfar, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, Richard Guillén, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marisol Peñafiel, Fernando Cordero, Susana González, Vethowen Chica, Galo Vaca, Carlos Samaniego, Blanca Ortiz, Mao Moreno, Raúl Abad, Edwin Vaca, Mary Verduga, Jimmy Pinoargote, Betty Carrillo, César Rodríguez, Tomás Zevallos, Cynthia Viteri, Fernando González, Mauro Andino, Marco Pérez y Hólger Guerrero.
Sin títuloACTA_130-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, destinado a garantizar atención preferente a los cantones y parroquias ubicados en las zonas limítrofes mediante políticas de desarrollo económico y social, inversión pública, servicios básicos, salud, educación, conectividad, transporte, seguridad, empleo local, protección ambiental, interculturalidad, participación ciudadana, integración binacional y construcción de una cultura de paz y buena vecindad; asimismo, se establecieron incentivos productivos, crediticios y tributarios, mecanismos de coordinación entre las instituciones estatales y los gobiernos locales, protección frente a actividades ilícitas y medidas especiales para las comunidades amazónicas, pueblos ancestrales, migrantes y refugiados. Posteriormente, se debatió la situación de los migrantes ecuatorianos afectados por las deudas hipotecarias en España, abordándose la sobrevaloración de viviendas, la falta de información al contratar créditos, los desalojos, la pérdida de los inmuebles, las deudas pendientes después de las subastas y la posible participación de entidades bancarias vinculadas con Ecuador; como resultado, se aprobó una resolución para ampliar las investigaciones individuales, esclarecer las posibles vulneraciones de derechos, fortalecer la asistencia jurídica a las familias afectadas y encargar a la comisión competente la presentación de un informe con recomendaciones. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó las circunstancias en las que fue detenido y asesinado Ernesto “Che” Guevara, exhortó a la comunidad internacional a respetar las libertades de pensamiento y opinión y reconoció la vigencia de su pensamiento revolucionario. Intervinieron Virgilio Hernández, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre, Luis Morales, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Andrés Páez, Fernando Flores, Silvia Salgado y Tomás Zevallos.
Sin títuloACTA_146-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para solicitar la expedición urgente del reglamento que permitiera aplicar la normativa sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células; exigir medidas frente a la insuficiencia del transporte marítimo de carga hacia Galápagos, donde la reducción del número de embarcaciones autorizadas amenazaba el abastecimiento de alimentos, materiales y productos esenciales; y convocar a Tania Arias y Carlos Delgado para que explicaran el procedimiento aplicado en la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, aunque estos asuntos no llegaron a tratarse posteriormente. También se debatió y aprobó una resolución para solicitar la declaratoria del estado de excepción en Loja y otras provincias del sur afectadas por el invierno, debido a los fallecimientos, deslizamientos, fallas geológicas, destrucción de viviendas, vías, canales de riego y sistemas de agua potable; el texto definitivo incluyó a Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe, pidió recursos extraordinarios, estudios geológicos para prevenir futuros riesgos y la rehabilitación urgente de varias carreteras, y fue ratificado con noventa y dos votos afirmativos. A continuación, se realizó el primer debate de una reforma relacionada con la participación ciudadana, la revocatoria del mandato y las normas electorales, cuyo archivo fue recomendado porque sus propuestas ya habían sido incorporadas en una reforma anterior y porque no podían efectuarse cambios electorales dentro del período previo a las elecciones; la discusión se concentró en la interpretación de dicha prohibición, la validez de otras reformas electorales tramitadas recientemente, la actuación futura del Consejo Nacional Electoral y el riesgo de modificar el calendario o las reglas en beneficio de determinados sectores políticos, tras lo cual el proyecto fue archivado con noventa y seis votos afirmativos. Asimismo, se archivó la propuesta de reforma al régimen de soberanía alimentaria, al determinarse que sus planteamientos sobre el sistema de soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la conformación y atribuciones de la conferencia correspondiente y la tramitación de propuestas ya habían sido recogidos en una normativa anterior; esta decisión fue ratificada con ochenta y dos votos afirmativos. Posteriormente, se designó a Francisco Vergara Ortiz e Ivet Zapata Rodríguez como representantes de la Asamblea ante la comisión encargada de seleccionar a los integrantes de la primera Corte Constitucional, luego de que sus candidaturas fueran aprobadas en las respectivas rectificaciones. Finalmente, se inició el segundo debate de la reforma al sistema nacional de contratación pública, orientada a fortalecer la transparencia y el control, aclarar los regímenes especiales, sustituir al anterior instituto rector por el Servicio Nacional de Contratación Pública, facultarlo para emitir alertas y suspender procedimientos irregulares, exigir la publicación de información y documentos precontractuales, verificar la participación nacional y local, regular las ferias inclusivas, favorecer a pequeños productores y actores de la economía popular y solidaria, excluir ofertas sustentadas en información falsa y determinar responsabilidades en los estudios y contratos. Durante el debate se cuestionaron la posible duplicación de competencias con el Instituto de Contratación de Obras, la centralización de proyectos que podían ejecutar los gobiernos locales, los contratos complementarios, la falta de preferencia efectiva para proveedores de la localidad, los montos de ínfima cuantía aplicables en Galápagos y el alcance de las prohibiciones para contratar con familiares de autoridades; el tratamiento quedó suspendido sin votación. Intervinieron Leonardo Viteri, Ángel Vilema, José Picoita, Nivea Vélez, Paco Moncayo, Cléver Jiménez, Zobeida Gudiño, Mao Moreno, Stalin Subía, Mariángel Muñoz, Fernando Aguirre, Guillermina Cruz, Línder Altafuya, Tito Nilton Mendoza, Dora Aguirre, Vicente Taiano, César Rodríguez, Marllely Vásconez, Fernando Flores, Luis Morales, Armando Aguilar, Irina Cabezas, Marco Murillo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Gina Godoy, Roberto Rodríguez, Eduardo Encalada, Ramiro Terán y Alfredo Ortiz.
Sin títuloACTA_156-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la propuesta de incorporar al orden del día el análisis de la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado mayoritariamente dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible inclusión en la iniciativa Yasuní-ITT; posteriormente, se aprobó el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Argentina en materia de actividades espaciales, orientado al desarrollo tecnológico, la investigación científica, la teleobservación terrestre, el seguimiento de satélites, el intercambio de información, la capacitación técnica y la aplicación de tecnología espacial en la prevención de desastres, agricultura, salud, comunicaciones, cartografía, seguridad y protección ambiental. También se aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador y Uruguay, destinado al intercambio de conocimientos y experiencias militares, la formación y capacitación, el desarrollo científico y tecnológico, los ejercicios conjuntos, el control marítimo y la participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, debatiéndose sus alcances respecto de la soberanía, la responsabilidad civil, los gastos, la integración regional y la protección de los derechos humanos. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, con la comparecencia del defensor del Pueblo, abordándose los casos investigados por la Comisión de la Verdad, las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas; el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; la responsabilidad estatal, la imprescriptibilidad de estos delitos, la apertura de archivos, la investigación y sanción de los responsables, la protección de víctimas y testigos, las reparaciones materiales e inmateriales, la atención médica y psicológica, la restitución de derechos, la recuperación de restos, las disculpas públicas y la preservación de la memoria histórica, así como la necesidad de evitar que la ley sea utilizada con fines de persecución política o excluya a víctimas de otros periodos. Intervinieron María Paula Romo, Wladimir Vargas, Luis Morales, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Linda Machuca, Rolando Panchana, Eduardo Encalada, Ramiro Rivadeneira Silva, Mauro Andino, Luis Almeida, Silvia Salgado, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Línder Altafuya, Andrés Páez, Gabriel Rivera, Betty Carrillo, Galo Vaca, José Portugal, Juan Fernández, María Augusta Calle, Guido Vargas, Jorge Escala, Gina Godoy, Denny Cevallos, Raúl Abad y Julio César Ruiz.
Sin títuloACTA_155-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje a la Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador por sus cincuenta años de labor en favor de las comunidades indígenas, campesinas y sectores históricamente excluidos, resaltando su aporte a la alfabetización, la educación a distancia, la comunicación comunitaria, la salud, la agricultura orgánica, la recuperación de cultivos andinos y la democratización de la palabra, por lo que recibió una condecoración al mérito educativo, cultural y social. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud, con la participación de representantes de organizaciones juveniles, quienes solicitaron una normativa que no se limite a declarar derechos, sino que establezca oportunidades y mecanismos efectivos en materia de educación, salud, empleo, primer trabajo, pasantías remuneradas, seguridad social, emprendimiento, vivienda, cultura, recreación, libertad de asociación, uso del espacio público y participación política; también se analizaron el rango de edad aplicable, el reconocimiento de la diversidad de las juventudes, la prevención de su criminalización, la institucionalidad encargada de ejecutar las políticas públicas, la representación juvenil en los organismos de decisión, la articulación con los gobiernos locales, el financiamiento de programas, la necesidad de evitar estructuras burocráticas y la creación de mecanismos de exigibilidad y control. Asimismo, se aprobó una resolución para solicitar atención urgente frente al fuerte temporal invernal en la provincia del Azuay, abordándose los riesgos de deslizamientos, inundaciones, aislamiento vial y posibles afectaciones a poblaciones e infraestructura hidroeléctrica, así como la necesidad de ejecutar obras preventivas, estudios técnicos, atención a los damnificados y coordinación entre las instituciones estatales. Intervinieron Eduardo Encalada, Mauro Andino, Juan Pérez, Darío Masaquiza, Camila Martínez, Jorge Almeida, César Rodríguez, Ember Horna, Johana Rojas, Paco Moncayo, Luis Morales, María Soledad Vela, Vicente Taiano, María Alejandra Vicuña, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, María Paula Romo, María Augusta Calle, Fernando Aguirre, Mariángel Muñoz, Jaime Abril, Ramiro Terán, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Mary Verduga, Kléver García, Silvia Salgado, Jorge Escala, Lourdes Tibán, Marisol Peñafiel y Marco Murillo
Sin títuloACTA_149-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el primer debate de la reforma destinada a garantizar y hacer efectivos los derechos de las personas adultas mayores, luego de recibir en comisión general a representantes de los jubilados, quienes denunciaron el abandono institucional, las dificultades para obtener atención médica y hacer respetar sus beneficios, y solicitaron la creación de una entidad claramente responsable de planificar, ejecutar y vigilar las políticas públicas de este sector. Durante el debate se planteó reemplazar la visión asistencialista y paternalista por un enfoque integral de derechos, dignidad, autonomía, participación y aprovechamiento de la experiencia y los conocimientos de las personas mayores; garantizar atención prioritaria, gratuita y especializada en salud, servicios geriátricos y gerontológicos, medicamentos, seguridad social y jubilación universal; facilitar el acceso a vivienda, trabajo remunerado según sus capacidades, alimentación, transporte, exenciones tributarias y notariales, actividades culturales y espacios de integración; prevenir la violencia, el abandono, la discriminación y la explotación laboral; y establecer sanciones efectivas para las instituciones y autoridades que incumplieran sus obligaciones. También se discutió si debía crearse un organismo autónomo exclusivo para las personas adultas mayores o utilizar los Consejos de Igualdad y mantener al Ministerio de Inclusión Económica y Social como rector de las políticas, así como la necesidad de asegurar presupuesto, participación de organizaciones sociales, fundaciones y entidades privadas, mecanismos administrativos y judiciales para restituir derechos y alternativas de atención domiciliaria o comunitaria que evitaran el aislamiento innecesario en asilos. Se propuso diferenciar los servicios según el nivel de dependencia de cada persona, extender la atención a sectores rurales y garantizar políticas interculturales y plurinacionales para que los adultos mayores de pueblos y nacionalidades permanecieran en sus comunidades y transmitieran sus saberes a las nuevas generaciones. Asimismo, se abordaron los reclamos de docentes y otros servidores jubilados que afirmaban haber recibido compensaciones inferiores a las correspondientes, el incumplimiento de sentencias favorables y la necesidad de reliquidar indemnizaciones y devolver aportes; varios legisladores sostuvieron que la propuesta debía transformarse en una nueva ley integral, en lugar de limitarse a reformas parciales, por lo que el debate concluyó sin votación y las observaciones quedaron para el análisis de la comisión. Intervinieron Édison Lima, Teresa Villavicencio, Jorge Escala, Luis Morales, Silvia Salgado, Edwin Vaca, Mauro Andino, Lourdes Tibán, Nívea Vélez, Fernando Bustamante, Kléver García, Guillermina Cruz, Mercedes Diminich, Marisol Peñafiel, Gerónimo Yantalema, Dora Aguirre y María Augusta Calle.
Sin títuloACTA_160-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger y garantizar la igualdad de derechos de los ecuatorianos residentes en el exterior y de sus familias, abordándose la asistencia jurídica y consular, la protección frente a la discriminación, la xenofobia y los abusos laborales, la repatriación de personas privadas de libertad y de restos mortales, la reunificación familiar, la seguridad social, la educación a distancia, el acceso a vivienda, crédito y empleo, la reducción de los costos de envío de remesas y el acompañamiento a quienes retornan voluntaria o forzosamente al país. También se analizó la necesidad de precisar las instituciones responsables y establecer mecanismos de rendición de cuentas, limitar el grado de parentesco de los familiares beneficiarios, evitar privilegios o discriminación frente a quienes residen en el Ecuador, garantizar el financiamiento de las medidas propuestas y armonizar la normativa con las disposiciones sobre educación, tránsito, gasto público y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; asimismo, varios participantes propusieron ampliar el proyecto hacia una ley integral de movilidad humana que incluyera migración, retorno, refugio, asilo y ciudadanía universal. Patricia Jaramillo Vítore expuso el caso de su hija Karina Chávez, quien sufrió un grave accidente laboral en Suiza y permanecía sin indemnización ni patrocinio jurídico adecuado, como ejemplo de la desprotección que enfrentan algunos migrantes. Posteriormente, se inició el segundo debate de la propuesta para depurar la normativa relacionada con casinos, salas de juego y negocios de azar, en cumplimiento de la decisión popular que dispuso su prohibición; se analizaron la eliminación de estas actividades de la legislación turística, la derogación de la antigua normativa sobre juegos de azar, las indemnizaciones de los trabajadores afectados y la necesidad de sancionar a quienes mantuvieran o reabrieran estos establecimientos, pero la sesión fue suspendida antes de concluir el tratamiento. Intervinieron Washington Cruz, Patricia Jaramillo Vítore, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Fernando Flores, Blanca Ortiz, Ramiro Terán, Luis Almeida, Xavier Tomalá, Juan Carlos López, Fernando Bustamante, Luis Morales, María Augusta Calle, Sonia Mejía, Silvia Salgado, Washington Quiñonez, Mauro Andino y Scheznarda Fernández.
Sin títuloACTA_155-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud, en el que se cuestionó que la propuesta repitiera derechos ya reconocidos constitucionalmente sin establecer políticas públicas, procedimientos, responsabilidades ni mecanismos efectivos para su cumplimiento; se analizaron la definición del rango de edad de la juventud, la necesidad de diferenciar a jóvenes y adolescentes, la simplificación de la institucionalidad propuesta, la determinación de una entidad rectora y la participación de los gobiernos autónomos descentralizados y de las organizaciones juveniles. También se plantearon medidas concretas para garantizar el acceso a la educación media y superior, el primer empleo, las pasantías remuneradas, la seguridad social, la vivienda y las residencias estudiantiles, el emprendimiento y el crédito, la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia, el alcoholismo y la drogadicción, la alimentación saludable, la libertad de expresión, asociación, protesta y participación política, la protección frente a la criminalización y la explotación laboral, el reconocimiento de la justicia indígena, la inclusión de jóvenes migrantes y el respeto a la diversidad cultural, territorial, étnica y sexual. Posteriormente, se inició el primer debate del proyecto de Ley Notarial, abordándose la modernización y organización del servicio notarial, su carácter público, la selección y control de los notarios, la fijación de tarifas, el uso de medios tecnológicos, la conservación de archivos, la seguridad jurídica de los actos y contratos, las atribuciones notariales y la necesidad de evitar duplicidad de trámites, discrecionalidad y prácticas que afecten a los usuarios. Intervinieron Rosana Alvarado, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Armando Aguilar, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Fernando González, Marllely Vásconez, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Xavier Tomalá, Mao Moreno, Rolando Panchana, Mariángel Muñoz, Eduardo Encalada, Lourdes Tibán, Blanca Ortiz, Jorge Escala, Edwin Vaca, Mauro Andino, Fausto Cobo y María Paula Romo.
Sin títuloACTA_174-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, específicamente sobre sus normas rectoras y el régimen de infracciones, analizando la necesidad de modernizar y unificar la legislación penal, mantener el equilibrio entre la seguridad ciudadana y las garantías constitucionales, establecer penas proporcionales, evitar la criminalización de la protesta social y mejorar el tratamiento de delitos como corrupción, cohecho, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, mala práctica profesional, terrorismo, delitos cometidos por adolescentes, falta de afiliación y retención de aportes a la seguridad social, femicidio, violencia intrafamiliar, aborto en casos de violación, tenencia y consumo de drogas y reparación a las víctimas. En comisión general, Nidia Solís, Sandra Peñaherrera y Dalila Cárdenas solicitaron conservar las medidas inmediatas de protección previstas para las mujeres víctimas de violencia y corregir los vacíos que podrían dejarlas en indefensión; Tatiana Ortiz defendió la tipificación autónoma del femicidio, mientras Virginia Gómez de la Torre apoyó la despenalización del aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación. Posteriormente, Sonia Crespo y Javier Aguirre se pronunciaron en defensa de la vida desde la concepción y en contra de ampliar los casos de aborto no punible; Verónica Vera expuso las consecuencias de los abortos clandestinos y defendió que las mujeres no fueran criminalizadas, mientras Gabriel Buitrón abordó la política de drogas, el tratamiento de la marihuana y la necesidad de establecer cantidades mínimas para diferenciar el consumo del tráfico. En el debate legislativo intervinieron Vicente Taiano, Mauro Andino, María Paula Romo, Cristian Viteri, Silvia Salgado, Línder Altafuya, Linda Machuca, Galo Vaca, Paola Pabón, Betty Amores, Abdalá Bucaram, Mariángel Muñoz, Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Rodríguez, Jorge Escala, María Augusta Calle, Paco Fierro, Juan Carlos Cassinelli, Alfredo Ortiz, Marisol Peñafiel, César Montúfar, María del Pilar Almeida y Luis Morales, quienes presentaron observaciones sobre la proporcionalidad y acumulación de las penas, la independencia de la justicia, los derechos de las víctimas, la eficacia del sistema penal y los riesgos de utilizar sus disposiciones para perseguir a opositores, dirigentes sociales o manifestantes. Finalmente, la sesión fue suspendida y se dispuso que el debate continuara al día siguiente.
Sin títuloACTA_174-C-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, concluyendo el análisis de las normas rectoras y las infracciones e iniciando el estudio del procedimiento penal. Se discutieron la tipificación del femicidio, la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, los delitos sexuales, la trata y explotación de personas, así como la necesidad de mantener medidas inmediatas de protección y establecer procedimientos especiales, rápidos y gratuitos para las víctimas de violencia intrafamiliar; también se analizaron la proporcionalidad de las penas, el enriquecimiento injustificado, la corrupción, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la mala práctica profesional, la falsificación de firmas, el secuestro, el sicariato, la libertad de expresión, las injurias, el derecho a la resistencia y el riesgo de criminalizar las huelgas, movilizaciones y protestas sociales. Asimismo, se debatieron ampliamente el aborto en casos de violación y la política sobre drogas, enfrentándose posiciones relacionadas con el derecho de las mujeres a decidir, la protección de la vida desde la concepción, el tratamiento de las adicciones como un problema de salud pública, la diferenciación entre consumidores, pequeños vendedores y grandes narcotraficantes, y las cantidades permitidas para el consumo personal. Amanda Paredes pidió que no se criminalizara a las mujeres y que se despenalizara el aborto cuando el embarazo fuera producto de una violación, mientras José Villamarín intentó exponer la posición de las organizaciones defensoras del cáñamo, pero su intervención fue suspendida debido a expresiones consideradas irrespetuosas hacia el Pleno. Al iniciar el análisis del procedimiento penal se abordaron la caducidad de la prisión preventiva, la reincidencia y acumulación de penas, las reglas para conceder fianzas, las medidas cautelares, la protección y representación de las víctimas, las atribuciones de la Fiscalía y la Defensoría Pública, los fueros, el uso de grabaciones como prueba, las operaciones encubiertas, la creación de juzgados nacionales para delitos graves, la jurisdicción indígena y los procedimientos aplicables a las infracciones de tránsito. Intervinieron Marisol Peñafiel, María Paula Romo, Jimmy Pinoargote, Cynthia Viteri, Leonardo Viteri, César Rodríguez, Lourdes Tibán, Mauro Andino, Andrés Páez, Vicente Taiano, Luis Almeida, María Augusta Calle, Susana González, Amanda Paredes, José Villamarín, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Xavier Tomalá, Richard Guillén, César Gracia y Consuelo Flores; finalmente, la sesión fue suspendida para que los legisladores dispusieran de más tiempo para preparar sus intervenciones sobre el procedimiento penal, quedando pendiente la continuación del debate.
Sin títuloACTA_162-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, destacándose su participación histórica en la independencia y en la construcción económica, social y cultural del país, así como la trayectoria de figuras representativas y la importancia de preservar expresiones como la música, la danza, la medicina ancestral, la etnoeducación y las tradiciones comunitarias. Se analizaron el racismo, la discriminación y la exclusión histórica que afectan a esta población, reflejados en mayores niveles de pobreza, desempleo, analfabetismo, falta de vivienda, limitado acceso a la educación superior, servicios básicos, salud, tierra, empleo público y espacios de decisión; por ello se propusieron acciones afirmativas, asignación de recursos, recuperación de territorios ancestrales, acceso equitativo al trabajo y la educación, mecanismos de prevención, protección, reparación y sanción frente a actos racistas, así como una institucionalidad clara encargada de ejecutar y vigilar las políticas públicas. También se debatió si debía aprobarse una ley específica para el pueblo afroecuatoriano o unificarse con la normativa sobre derechos colectivos de indígenas y montubios, señalándose la necesidad de evitar duplicidades sin invisibilizar las particularidades de cada pueblo; además, se formularon observaciones sobre la organización territorial, la consulta y el consentimiento previo, la presencia militar en territorios y zonas fronterizas, la defensa de la soberanía y la coherencia constitucional del texto. De manera adicional, se expresó preocupación por la situación de estudiantes ecuatorianos becados en Brasil, se cuestionó una publicación sobre el cumplimiento de la rendición de cuentas de los legisladores y se aclararon aspectos históricos relacionados con la participación de Abdón Calderón en la Batalla de Pichincha. Intervinieron Luis Morales, Carlos Velasco, Edwin Vaca, Silvia Salgado, Fausto Cobo, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Guillermina Cruz, Luis Almeida, Marisol Peñafiel, Elvia Quintana, Wladimir Vargas, Susana González, María Pilar Almeida, María Augusta Calle, Juan Carlos López, Francisco Velasco, Margarita Carranco y Jorge Escala.
Sin títuloACTA_171-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa de educación superior, centrado principalmente en determinar el régimen jurídico, académico y administrativo aplicable a los conservatorios de música y artes. Se discutió si todos los conservatorios debían integrarse al sistema de educación superior o si correspondía diferenciar la formación musical inicial, básica y de bachillerato, dirigida a niñas, niños y adolescentes, de las carreras profesionales de tercer nivel; asimismo, se analizaron los requisitos de ingreso, la evaluación y acreditación institucional, la continuidad de la enseñanza artística desde edades tempranas, las titulaciones de músicos y artistas, las competencias del Ministerio de Educación y de los organismos de educación superior, la designación y preparación de las autoridades, el financiamiento, las remuneraciones y el posible pluriempleo de docentes que también integraban orquestas y bandas sinfónicas. También se advirtió que incorporar íntegramente los conservatorios al nivel superior podría excluir a estudiantes menores de edad, exigirles requisitos universitarios y provocar el cierre de instituciones que no contaban con infraestructura ni docentes con las titulaciones requeridas, mientras otros participantes sostuvieron que la normativa vigente contradecía el reconocimiento constitucional de los conservatorios como parte de la educación superior y generaba una división institucional perjudicial. De manera complementaria, se plantearon reformas relacionadas con los institutos técnicos y tecnológicos, la homologación y continuidad de estudios, la creación de instituciones y extensiones universitarias en la Amazonía y Galápagos, la situación de estudiantes y trabajadores afectados por el cierre de universidades, el acceso limitado a cupos, la autonomía universitaria, los aranceles diferenciados y la necesidad de efectuar una reforma integral, en lugar de modificaciones aisladas. Intervinieron Raúl Escobar Guevara, Gioconda Saltos, Gastón Gagliardo, María Augusta Calle, Guido Vargas, Juan Fernández, Xavier Tomalá, Alfredo Ortiz, Jorge Escala, Mao Moreno, Nívea Vélez, Soledad Vela, Marco Murillo, Raúl Abad, María Paula Romo, Armando Aguilar, Luis Morales y Betty Carrillo.
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