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000_ACTA_INSTALACION-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se efectuó la instalación formal de la Asamblea Nacional, mediante la revisión de las credenciales e identidad de los asambleístas, la constatación del quórum y el cumplimiento de los actos protocolarios; posteriormente, el debate se concentró en la designación de las autoridades legislativas, la forma de votación que debía aplicarse, la necesidad de garantizar la representación de las distintas bancadas, la participación de las minorías y de la oposición, la inclusión de las mujeres, la independencia de la Función Legislativa frente al Ejecutivo, la fiscalización, el respeto a los derechos de trabajadores, maestros, jóvenes, campesinos y pueblos indígenas, así como la construcción de una Asamblea democrática, plural y orientada a los intereses nacionales. Como resultado de las votaciones, fueron elegidos y posesionados Fernando Cordero Cueva como presidente, Irina Cabezas Rodríguez como primera vicepresidenta, Rolando Panchana Farra como segundo vicepresidente y Pedro de la Cruz como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa; además, Francisco Vergara Ortiz y Andrés Segovia Salcedo fueron designados secretario general y prosecretario general, respectivamente. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Fernando Bustamante Ponce, Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Virgilio Hernández, Raúl Abad, Luis Almeida, Andrés Páez, César Rodríguez, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, María Augusta Calle, Lenín Chica, Juan Carlos López, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Lourdes Tibán, Abdalá Bucaram, Edwin Vaca, Francisco Cisneros, Irina Cabezas, Leandro Cadena, Gastón Gagliardo, Fernando Aguirre, Ramiro Terán, Gido Vargas, Marco Murillo, Rolando Panchana, Silvia Salgado, Gilmar Gutiérrez, Tomás Zevallos, Luis Morales, Rafael Dávila, César Montúfar y Ángel Vilema.

ACTA_222-2011-2013_PLENO.pdf Se conocieron los resultados de la Conferencia de la Unión Interparlamentaria sobre desarrollo sostenible, buen vivir y fortalecimiento democrático; además, se debatieron las reformas para prevenir y controlar la contaminación acústica, incluyendo límites de ruido, competencias institucionales y mapas de ruido, y la reforma al Código de Procedimiento Civil para regular la consignación de valores en las excepciones a procesos coactivos; ambos debates concluyeron sin votación. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, María Molina, Betty Carrillo, César Rodríguez, Silvia Salgado, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Mauro Andino y Gabriel Rivera.

ACTA_221-2011-2013_PLENO.pdf Se debatieron en primer debate el proyecto de Ley General de Cambio Climático, centrado en la gestión de riesgos, la mitigación y adaptación ambiental, cuyo texto regresó a comisión tras no aprobarse la moción planteada; y el proyecto de Código de Ética de la Función Legislativa, relativo a la conducta y sanciones de los asambleístas, que fue archivado y cuya reconsideración fue rechazada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, María Molina, Paco Moncayo, Luis Almeida, María Paula Romo, Betty Amores, Fausto Cobo, César Rodríguez, Mauro Andino, Cynthia Viteri, Xavier Tomalá, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Nívea Vélez, Marisol Peñafiel, Gabriel Rivera y Eduardo Encalada.

ACTA_219-2011-2013_PLENO.pdf Se trataron en primer debate las reformas al Código Civil y al Código de Procedimiento Civil para regular la promesa de compraventa, su validez, inscripción y procedimientos judiciales; y la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Archivo, relacionada con la organización y conservación del patrimonio documental. Ambos proyectos regresaron a comisión; además, la moción para archivar la reforma archivística no fue aprobada. Intervinieron Mauro Andino, Rolando Panchana, Vicente Taiano, Andrés Páez, Luis Almeida, Fernando Vélez, Francisco Ulloa y Luis Morales.

ACTA_217-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el segundo debate de la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, centrado en fortalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes y corregir problemas relacionados con las pensiones alimenticias, el régimen de visitas, la filiación y la responsabilidad familiar. Se propuso que las visitas fueran determinadas según las condiciones particulares de cada familia, mediante evaluaciones sociales y psicológicas, escuchando la opinión de los menores y estableciendo visitas supervisadas cuando existieran antecedentes de violencia; además, se pidió mejorar la coordinación para cobrar alimentos a progenitores residentes en el exterior. El debate también abordó la protección de los abuelos y otros obligados subsidiarios, existiendo posiciones divididas entre quienes solicitaron eliminar su apremio personal —especialmente para mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas o escasos recursos— y quienes advirtieron que una eliminación general podía debilitar la protección alimentaria, por lo que propusieron estudios socioeconómicos individuales. Asimismo, se discutió la posibilidad de mantener las pensiones para estudiantes hasta los veinticuatro años, la aplicación de las tablas según la realidad económica familiar, la devolución de valores pagados por personas cuya paternidad fuera descartada mediante ADN, la realización de pruebas prenatales, las inhabilidades impuestas a los deudores y la necesidad de armonizar las reformas con el Código Civil y las competencias de los jueces de Familia. Concluidas las intervenciones, no se realizó votación y el proyecto regresó a la Comisión para que se reelaborara un texto consensuado. Posteriormente se aprobó, con setenta y cinco votos afirmativos y ocho abstenciones, una resolución para que la Unidad de Técnica Legislativa elaborara la codificación de la Ley de Hidrocarburos y la remitiera a la Comisión de Régimen Económico y Tributario; la sesión fue suspendida debido a que la reforma sobre niñez y adolescencia permanecía pendiente. Intervinieron Soledad Vela, Fernando Vélez, Gabriel Rivera, Galo Vaca, Fernando Bustamante, Luis Almeida, Dora Aguirre, Paco Moncayo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Rosana Alvarado, Paola Pabón, Enriqueta Pulla, Damasio Santos, Francisco Velasco, Blanca Ortiz, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich y Armando Aguilar.

ACTA_215-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje al cantante lírico Diego Javier Zamora Mendieta, ganador del primer lugar en el Festival de Salzburgo, a quien se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración “Doctor Vicente Rocafuerte” al Mérito Cultural por su aporte y proyección artística internacional. Posteriormente se desarrolló el primer debate de la reforma al Código Civil, orientada a actualizar las normas sobre familia, matrimonio, divorcio, unión de hecho y administración de los bienes conyugales, eliminar disposiciones consideradas discriminatorias y garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes. El análisis se concentró en elevar e igualar la edad mínima para contraer matrimonio —debatiéndose entre dieciséis y dieciocho años— para proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos del matrimonio y embarazo precoces; incorporar el divorcio unilateral, revisar o eliminar causales difíciles de demostrar como el adulterio, precisar los procedimientos y plazos, reconocer las nuevas realidades familiares y evitar la discrecionalidad judicial en la declaración de las uniones de hecho. Concluido el primer debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión. Finalmente se leyó el informe unificado de once propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, relacionadas con la autonomía de las instituciones, derechos y estabilidad de los servidores, concursos, jornadas especiales para profesionales de la salud, remuneraciones, jubilaciones, restitución en el cargo y creación de un nuevo organismo rector; la Comisión recomendó archivarlas por considerar que varias materias ya estaban reguladas, algunas generaban desigualdad o duplicidad institucional y otras eran contrarias a la Constitución. El debate no llegó a iniciarse ni hubo votación debido a la ausencia del ponente, por lo que la sesión fue suspendida. Intervinieron Diego Javier Zamora Mendieta, Rosana Alvarado, Rolando Panchana, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Betty Amores, Virgilio Hernández, Silvia Salgado, Luis Almeida, María Molina y Tito Nilton Mendoza.

ACTA_212-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la solicitud de César Rodríguez para incorporar al orden del día una resolución que exigiera tramitar los pedidos de información pendientes para fortalecer la fiscalización legislativa; tras la rectificación, obtuvo cuarenta y cuatro votos afirmativos, diecinueve negativos y veinticinco abstenciones. Posteriormente se debatió y aprobó, con noventa y siete votos afirmativos, dos negativos y una abstención, la licencia solicitada por Rafael Correa para dedicarse a la campaña electoral del 15 de enero al 14 de febrero de 2013, período durante el cual Lenín Moreno asumiría temporalmente la Presidencia; aunque existió respaldo general por su carácter constitucional, varios legisladores cuestionaron el uso de medios, publicidad y recursos estatales durante la campaña. También se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, destinada a incorporar a las juntas parroquiales rurales y futuros gobiernos regionales como accionistas y miembros del Directorio, con voz y voto, y a orientar el financiamiento hacia servicios básicos; se propuso ampliar la prioridad a las zonas con mayor pobreza, fronterizas y amazónicas, evitar restricciones para financiar vialidad y proyectos productivos e incluir todos los niveles de gobierno. Finalmente se inició el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que buscaba distribuir equitativamente la carga procesal de la Corte Nacional, reorganizar sus salas especializadas, restablecer períodos de vacancia judicial, conservar los tribunales distritales contencioso-administrativos y tributarios, y garantizar que los presidentes salientes de las cortes provinciales regresaran a sus salas de especialización. La sesión fue suspendida para evitar la pérdida del quórum, sin votarse la reforma monetaria ni concluirse el primer debate judicial. Intervinieron César Rodríguez, Marco Murillo, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, Luis Morales, Rolando Panchana, Guillermina Cruz, Xavier Tomalá, Jorge Escala, Fernando Aguirre, Virgilio Hernández, Tomás Zevallos, María Augusta Calle, Gabriel Rivera, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Fausto Cobo, Marisol Peñafiel, Edwin Vaca, Gerónimo Yantalema, Galo Vaca y Mauro Andino.

ACTA_207-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje a San Francisco de Quito por su aniversario de fundación, mediante la presentación de un video histórico, la intervención de Karina Panamá Quishpe —quien destacó la identidad, cultura, memoria y espíritu libertario de la ciudad— y la lectura de un acuerdo de saludo y reconocimiento a sus autoridades y habitantes. Posteriormente se aceptó la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que reemplazó la referencia directa al MIES por la del ministerio rector y precisó que en las zonas fronterizas y amazónicas se priorizaría el Bono de Desarrollo Humano para adultos mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza o vulnerabilidad; aunque se cuestionaron expresiones consideradas ambiguas, la falta de una garantía expresa para esos territorios, el uso electoral del bono y el cobro de servicios bancarios a las remesas, el allanamiento fue aprobado inicialmente con ochenta y un votos afirmativos y ratificado en la rectificación con ochenta y un votos afirmativos, tres negativos y veinte abstenciones. También se aprobó el Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Guatemala, dirigido a conceder preferencias arancelarias, eliminar obstáculos al comercio, ampliar las exportaciones, favorecer a las pequeñas y medianas unidades productivas y fortalecer la integración latinoamericana; debido al dictamen condicionado de la Corte Constitucional, se incorporó una declaración interpretativa para asegurar su aplicación conforme a la soberanía alimentaria y a la protección de la producción nacional. El acuerdo obtuvo noventa votos afirmativos y un blanco, mientras su reconsideración y la rectificación posterior fueron negadas. Finalmente se debatió el proyecto de rehabilitación de productores agropecuarios, artesanos y pescadores artesanales, que proponía reestructurar créditos y reducir o condonar intereses de deudas mantenidas con el Banco Nacional de Fomento; la Comisión recomendó archivarlo por considerar que implicaba recursos públicos reservados a la iniciativa del Ejecutivo, podía afectar la liquidez de la banca pública y contenía contradicciones técnicas, mientras sus defensores afirmaron que no se perdonaba el capital, sino que se buscaba recuperar una cartera castigada y permitir que pequeños productores afectados por fenómenos climáticos y exclusión crediticia volvieran a producir y acceder a financiamiento. La moción de archivo fue negada con treinta y un votos afirmativos, treinta y siete negativos y cinco abstenciones, resultado ratificado en la rectificación, por lo que el proyecto continuó su trámite y la sesión fue clausurada. Intervinieron Karina Panamá Quishpe, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Luis Almeida, Nívea Vélez, Edwin Vaca, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Irina Cabezas, Silvia Salgado, Kléver García, Alfredo Ortiz, María Augusta Calle y Rider Proaño.

ACTA_205-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Nívea Vélez propuso detener el cobro y embargo de supuestas deudas atribuidas a exservidores públicos de Loja, mientras Edwin Vaca pidió priorizar proyectos relacionados con la hora pedagógica, la jubilación docente y otras reformas educativas; las propuestas obtuvieron cuarenta y cinco y cincuenta votos afirmativos, respectivamente. Posteriormente se condecoró al pintor Jorge Perugachy por su trayectoria artística, educativa y su aporte a la cultura andina y ecuatoriana. También se debatió y aprobó una resolución sobre la Franja de Gaza, mediante la cual se condenó el uso de la fuerza y los ataques contra civiles, se respaldó el alto al fuego, se exigió la apertura de los pasos fronterizos y se defendió una solución basada en la existencia de los Estados de Israel y Palestina; tras varias observaciones para equilibrar y corregir el texto, fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, dieciséis negativos y seis abstenciones. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y cinco votos, el Convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades y trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, destinado a evitar la discriminación laboral y facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar; la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del convenio de servicios aéreos entre Ecuador y Singapur. Intervinieron Nívea Vélez, Edwin Vaca, Celso Maldonado, Jorge Perugachy, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Luis Almeida, Gabriel Rivera, César Rodríguez, María Paula Romo, César Montúfar, Betty Carrillo, Luis Morales y Silvia Salgado.

ACTA_205-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Nívea Vélez propuso detener el cobro y embargo de supuestas deudas atribuidas a exservidores públicos de Loja, mientras Edwin Vaca pidió priorizar proyectos relacionados con la hora pedagógica, la jubilación docente y otras reformas educativas; las propuestas obtuvieron cuarenta y cinco y cincuenta votos afirmativos, respectivamente. Posteriormente se condecoró al pintor Jorge Perugachy por su trayectoria artística, educativa y su aporte a la cultura andina y ecuatoriana. También se debatió y aprobó una resolución sobre la Franja de Gaza, mediante la cual se condenó el uso de la fuerza y los ataques contra civiles, se respaldó el alto al fuego, se exigió la apertura de los pasos fronterizos y se defendió una solución basada en la existencia de los Estados de Israel y Palestina; tras varias observaciones para equilibrar y corregir el texto, fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, dieciséis negativos y seis abstenciones. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y cinco votos, el Convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades y trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, destinado a evitar la discriminación laboral y facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar; la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del convenio de servicios aéreos entre Ecuador y Singapur. Intervinieron Nívea Vélez, Edwin Vaca, Celso Maldonado, Jorge Perugachy, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Luis Almeida, Gabriel Rivera, César Rodríguez, María Paula Romo, César Montúfar, Betty Carrillo, Luis Morales y Silvia Salgado.

ACTA_204-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto para crear una unidad gratuita de defensa pública destinada a las víctimas de la delincuencia. Sus defensores sostuvieron que las personas de escasos recursos quedaban desprotegidas frente a los procesos penales y necesitaban asesoría jurídica inmediata, por lo que propusieron que el proyecto regresara a la Comisión para definir si la atención debía prestarse mediante la Fiscalía o la Defensoría Pública; quienes respaldaron el archivo señalaron que la iniciativa confundía las competencias constitucionales de ambas instituciones, creaba una estructura paralela y que la protección, reparación y asistencia a víctimas y testigos ya estaban contempladas en la normativa vigente y en el proyecto del Código Integral Penal. También se realizaron varias intervenciones de despedida por tratarse de la última jornada del período legislativo. La moción de archivo fue negada inicialmente con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos, un blanco y dieciséis abstenciones, y la rectificación solicitada por Nívea Vélez volvió a negarla con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos y diecisiete abstenciones, por lo que el proyecto no fue archivado y la sesión fue clausurada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Jimmy Pinoargote, Luis Almeida, Betty Carrillo, Luis Morales, Silvia Salgado, Xavier Tomalá, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Marisol Peñafiel, Vicente Taiano, César Rodríguez, Andrés Páez y Nívea Vélez.

ACTA_203-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Rafael Dávila propuso financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano reduciendo gastos estatales en publicidad, espectáculos y viáticos, pero el cambio del orden del día fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, cuarenta y uno negativos y trece abstenciones. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que eliminó beneficios tributarios de la banca, modificó el anticipo del impuesto a la renta, gravó los servicios financieros, aumentó el impuesto sobre fondos e inversiones en el exterior, facilitó al SRI el acceso reservado a información financiera y prohibió trasladar las nuevas cargas tributarias a los usuarios. Sus defensores señalaron que permitiría financiar políticas sociales mediante una mayor contribución del sector financiero, mientras sus críticos cuestionaron su finalidad electoral, constitucionalidad, efectos sobre el crédito y la liquidez, posible traslado de costos a los consumidores y falta de una asignación exclusiva de los recursos al bono. La ley fue aprobada y ratificada con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos y diez abstenciones; posteriormente se negó su reconsideración y la rectificación de esta última votación. Intervinieron Rafael Dávila, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Enrique Herrería, Eduardo Encalada, Luis Almeida, Vicente Taiano, Juan Carlos Cassinelli, Cléver Jiménez, Christian Viteri, César Rodríguez, Silvia Salgado, María Paula Romo, Paco Fierro, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Susana González, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Edwin Vaca, Fernando González, Mauro Andino, Galo Vaca, Juan Carlos López, Nívea Vélez, Luis Morales, César Montúfar, Guillermina Cruz, Gerónimo Yantalema y Francisco Cisneros.

ACTA_202-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se aprobó por unanimidad, con sesenta y cuatro votos afirmativos, denominar al hemiciclo de la antigua Cámara del Senado “Salón de la Libertad, José Mejía Lequerica”, después de corregir varias referencias históricas de la resolución. Posteriormente se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley del Deporte, orientada a prohibir el ingreso, venta, consumo y publicidad de todas las bebidas alcohólicas en los escenarios deportivos, así como el uso de petardos y productos pirotécnicos, asignando responsabilidades de control a los gobiernos locales y estableciendo sanciones. Durante el debate también se propuso mejorar la infraestructura y los planes de evacuación, capacitar a la Policía, controlar a las barras violentas, proteger los complejos deportivos públicos y mantener recursos para las divisiones menores; al tratarse del primer debate, no hubo votación y el proyecto regresó a la Comisión. Intervinieron Fausto Cobo, Paco Moncayo, Luis Almeida, Luis Morales, Víctor Quirola, Eduardo Encalada, Kléver García, Celso Maldonado, Virgilio Hernández, Jorge Escala y Fernando Flores.

ACTA_201-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se debatieron dos proyectos relacionados con la movilidad humana. El primero buscaba garantizar la repatriación de los restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior, especialmente cuando sus familias carecieran de recursos; algunos legisladores defendieron la necesidad de una ley específica, mientras otros consideraron que el procedimiento ya era responsabilidad de la SENAMI, generaba gasto público y debía incorporarse a una normativa integral de movilidad humana. La propuesta de archivo fue negada con treinta y cinco votos afirmativos, dieciséis negativos y veintinueve abstenciones. Posteriormente se analizó una reforma a la Ley de Extranjería que pretendía exigir visa a las personas extranjeras que ingresaran al país, con excepciones previstas en acuerdos internacionales; sus defensores alegaron razones de seguridad y control migratorio, mientras la Comisión sostuvo que contenía expresiones discriminatorias y contrarias al derecho constitucional a migrar. Su archivo también fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, dieciocho negativos y diecinueve abstenciones, tras lo cual se clausuró la sesión. Intervinieron Luis Almeida, Fernando Vélez, Blanca Ortiz, Fausto Cobo, Washington Cruz, Fernando Bustamante, Linda Machuca, Rolando Panchana, Fernando Flores, Edwin Vaca, Luis Morales y Guido Vargas.

ACTA_200-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución del Gasto Social, destinado a financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano mediante reformas tributarias al sistema financiero, como eliminar beneficios en el impuesto a la renta, modificar su anticipo, gravar los servicios financieros y aumentar el impuesto sobre activos mantenidos en el exterior. Sus defensores sostuvieron que la banca debía contribuir a una mayor redistribución de la riqueza, mientras sus críticos cuestionaron el carácter electoral de la propuesta, la falta de estudios técnicos y sus posibles efectos sobre el crédito, la liquidez bancaria y los usuarios. Al tratarse del primer debate, no hubo votación y el proyecto regresó a la Comisión para preparar el informe correspondiente al segundo debate. Intervinieron Francisco Velasco, Paco Moncayo, Christian Viteri, Ramiro Terán, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Salomón Fadúl, Virgilio Hernández, Scheznarda Fernández, Luis Almeida, Zobeida Gudiño, Luis Morales, Fernando González y Rolando Panchana.

ACTA_196-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó una comisión general para rendir homenaje al educador y escritor Gustavo Alfredo Jácome Jácome por el centenario de su nacimiento y por su trayectoria dedicada a la enseñanza, la literatura, la defensa de la identidad indígena y la difusión de la cultura ecuatoriana; debido a sus condiciones de salud, la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural y Educativo fue recibida por sus familiares, y uno de sus hijos agradeció el reconocimiento concedido a la vida y obra de su padre. Posteriormente continuó el debate sobre el laudo arbitral del CIADI favorable a la empresa Occidental, que obligaba al Ecuador a pagar aproximadamente mil setecientos sesenta y nueve millones de dólares, cifra que, con intereses, superaba los dos mil doscientos millones; existió coincidencia en rechazar el fallo, respaldar el pedido de nulidad y defender la soberanía y los recursos públicos, al sostenerse que la empresa había incumplido el contrato y la legislación ecuatoriana al transferir derechos sin autorización y que el tribunal había subestimado dichas infracciones. Durante las intervenciones también se discutieron las responsabilidades de gobiernos, legisladores, procuradores, ministros y abogados que aprobaron los tratados, aceptaron el arbitraje o participaron en la defensa del Estado; algunos legisladores condicionaron su respaldo a que se investigaran las actuaciones de los funcionarios y se aplicara el derecho de repetición, mientras otros consideraron que aquello podía debilitar la posición del país y defendieron una acción política y jurídica unificada frente a la empresa y los organismos internacionales. La resolución aprobada declaró política de Estado la defensa del Ecuador y el reclamo de nulidad, convocó a las funciones estatales y a la ciudadanía a permanecer unidas y movilizadas, rechazó el laudo, dispuso que la Asamblea realizara seguimiento al proceso, urgió el pronunciamiento necesario para denunciar el Tratado Bilateral de Inversiones, promovió la condena internacional —especialmente entre los países latinoamericanos y caribeños— y pidió a los actores públicos, privados y medios de comunicación actuar de manera consecuente con la dignidad y la soberanía nacional. El texto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos, dieciséis blancos y seis abstenciones; la reconsideración solicitada por Pedro de la Cruz y Luis Almeida fue negada, y su rectificación, pedida por Jaime Abril, también fue rechazada, con lo cual la resolución quedó ratificada. Finalmente se desarrolló el primer debate de los proyectos para garantizar la seguridad en los eventos deportivos y prevenir y controlar la violencia en los escenarios deportivos, iniciativas que buscaban erradicar las conductas violentas, promover una cultura de paz, regular la actuación de organizadores, clubes, autoridades, deportistas, árbitros y aficionados, y prohibir o restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. La Comisión recomendó archivar ambas propuestas porque consideró que la violencia no se limitaba a los estadios ni al consumo de alcohol, que ya existían leyes, reglamentos, ordenanzas y competencias municipales aplicables, que las infracciones debían concentrarse en la legislación penal y que la creación de una nueva entidad nacional duplicaría funciones y aumentaría el gasto público; en su lugar, propuso reformar la Ley del Deporte, fortalecer las competencias de los gobiernos locales, categorizar los escenarios según su tamaño y nivel de riesgo, establecer protocolos y certificados de seguridad, regular los eventos masivos y debatir la prohibición de bebidas alcohólicas y de su publicidad. En oposición al archivo se sostuvo que la Comisión debía corregir, enriquecer y unificar los proyectos, en lugar de desecharlos; se pidió considerar no solo el fútbol profesional, sino también el deporte aficionado, barrial y otras disciplinas, así como la conducta de dirigentes, árbitros, jugadores, medios de comunicación y barras organizadas. Otros legisladores apoyaron el archivo, pero coincidieron en la necesidad de prohibir el alcohol y su publicidad, reforzar el control municipal, organizar y autorregular las hinchadas, mejorar la seguridad de los recintos, diferenciar los estadios grandes de los escenarios pequeños e incorporar las reformas necesarias en las leyes ya existentes. La moción de archivo obtuvo inicialmente cincuenta y ocho votos afirmativos y, en la rectificación, sesenta votos afirmativos, pero en ambos casos no alcanzó la mayoría requerida, por lo que no fue aprobada y la sesión fue clausurada. Intervinieron Armando Aguilar, Galo Vaca, Betty Carrillo, Marco Murillo, María Soledad Vela, César Rodríguez, Zobeida Gudiño, Blanca Ortiz, Rafael Dávila, Xavier Tomalá, Virgilio Hernández, Cléver Jiménez, Rocío Valarezo, Ramiro Terán, Susana González, Luis Morales, Kléver García, Wladimir Vargas, Fernando Bustamante y Fernando Flores; Pedro de la Cruz, Luis Almeida y Jaime Abril participaron mediante solicitudes relacionadas con la reconsideración y rectificación de la votación.

ACTA_195-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron cuatro solicitudes para modificar el orden del día antes de iniciar el primer debate del proyecto relacionado con la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Francisco Cisneros propuso exhortar al Ejecutivo para que los ministros entregaran la información requerida por los legisladores y respetaran las facultades de fiscalización de la Asamblea, pero su propuesta y la rectificación solicitada por Kléver García fueron negadas, ambas con cuarenta votos afirmativos; Virgilio Hernández planteó declarar asunto de Estado la defensa del Ecuador frente al laudo arbitral favorable a la petrolera OXY, argumentando que estaban en juego la soberanía, la seguridad jurídica y más de dos mil trescientos millones de dólares, pero la moción obtuvo sesenta y dos votos afirmativos y, en la rectificación, cincuenta y nueve, sin alcanzar la mayoría necesaria; Marco Murillo solicitó rechazar las declaraciones del Ejecutivo que pretendían restringir la función fiscalizadora y ratificar el derecho de los asambleístas a solicitar información, propuesta negada con cincuenta y un votos afirmativos y nuevamente rechazada en la rectificación solicitada por Mariángel Muñoz con cuarenta y ocho; y Paco Fierro pidió conformar una comisión ocasional multipartidista que, junto con la Contraloría y la Fiscalía, auditara la gestión y los estados financieros de las aproximadamente ciento cincuenta empresas incautadas administradas por el fideicomiso AGD-CFN, considerando las denuncias sobre créditos vinculados, garantías con bienes públicos y las irregularidades de COFIEC, pero su moción y posterior rectificación fueron negadas con cuarenta y nueve y cuarenta y ocho votos afirmativos, respectivamente. En comisión general, Fernando Bustamante informó sobre la realización en Ecuador de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, que reuniría a legisladores de numerosos países para promover la paz, la democracia, el diálogo político y debatir nuevos enfoques sobre el desarrollo, la sostenibilidad y el buen vivir, destacándose también el reconocimiento internacional alcanzado por la Asamblea ecuatoriana. Posteriormente se debatió el proyecto sobre cáncer de mama, respecto del cual la Comisión de Salud recomendó inicialmente el archivo, al considerar que el tratamiento de las enfermedades debía abordarse integralmente dentro del Código Orgánico de Salud, evitando crear una ley por cada patología; además, sostuvo que el cáncer de mama ya podía ser considerado una enfermedad catastrófica bajo la legislación vigente, que los protocolos médicos no debían elevarse a rango legal porque cambian con los avances científicos y que los aportes del proyecto podían incorporarse al futuro Código mediante programas nacionales de prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica, educación, participación ciudadana y protección de los derechos de las pacientes. En oposición al archivo se argumentó que la demora del Código de Salud podía dejar sin una respuesta inmediata a miles de mujeres, que la prevención y detección temprana tenían costos considerablemente menores que el tratamiento avanzado, que existían deficiencias en la disponibilidad de mamógrafos, medicamentos, atención hospitalaria y cobertura para las mujeres rurales o sin seguridad social, y que la iniciativa ciudadana debía continuar su trámite, enriquecerse y posteriormente incorporarse al Código mediante una disposición transitoria; también se defendió la necesidad de convertir la prevención en política de Estado, promover el autoexamen, la educación, los registros epidemiológicos, la atención gratuita, la rehabilitación y la reconstrucción mamaria, sin desconocer que el sistema debía atender integralmente otros tipos de cáncer y enfermedades. En una segunda comisión general, Blanca “Poly” Ugarte relató su experiencia como sobreviviente y el trabajo de prevención realizado por su fundación, señalando que numerosas mujeres llegaban a los centros médicos cuando la enfermedad ya estaba avanzada por desconocimiento o falta de recursos, mientras María Sol Corral pidió que la iniciativa ciudadana no fuera archivada y que el Estado asumiera institucionalmente las campañas de prevención y detección temprana. Finalmente no se votó el archivo del proyecto: el debate fue suspendido, la iniciativa regresó a la Comisión de Salud para que incorporara las observaciones y presentara un nuevo informe dentro de cuarenta y cinco días, y la sesión fue clausurada. Intervinieron Francisco Cisneros, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Paco Fierro, Fernando Bustamante, Víctor Quirola, Silvia Salgado, Rolando Panchana, Luis Almeida, Fausto Cobo, Marisol Peñafiel, Hólger Chávez, Hugo Quevedo, Francisco Ulloa, César Rodríguez, Blanca Ugarte, María Sol Corral, Pamela Falconí, María Cristina Kronfle, Carlos Velasco, Fernando Aguirre, Nívea Vélez, Lídice Larrea y Luis Morales; Kléver García y Mariángel Muñoz participaron mediante solicitudes de rectificación.

ACTA_194-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron tres solicitudes para modificar el orden del día: Virgilio Hernández propuso debatir una resolución que declarara asunto de Estado la defensa del Ecuador frente al laudo arbitral favorable a la petrolera OXY, al advertir que obligaría al país a pagar más de dos mil millones de dólares pese al incumplimiento contractual de la empresa, pero la propuesta y su rectificación fueron negadas con sesenta y un votos afirmativos; César Rodríguez planteó que el Pleno respondiera a las declaraciones del Ejecutivo sobre las facultades de fiscalización de la Asamblea y reafirmara la independencia de las funciones del Estado, moción que tampoco fue aprobada al obtener cincuenta y tres votos afirmativos; y Pedro de la Cruz solicitó tratar una resolución por el Día Mundial de la Alimentación, orientada a combatir el hambre, defender el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y la agricultura familiar campesina, propuesta que inicialmente recibió sesenta y cuatro votos afirmativos, pero quedó sin aprobación después de la rectificación solicitada por Fernando Flores. Posteriormente se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a derogar la Ley Especial del Sector Cafetalero, mediante el cual se propuso eliminar al Consejo Cafetalero Nacional —COFENAC— como entidad privada financiada con una contribución equivalente al dos por ciento de las exportaciones de café y trasladar la rectoría de las políticas, recursos y programas del sector al Ministerio de Agricultura, particularmente a la unidad encargada de reactivar los cultivos de café y cacao; la Comisión sostuvo que el proyecto sustitutivo originalmente presentado no podía aprobarse porque creaba organismos, fondos, becas, incentivos y otras obligaciones que aumentaban el gasto público y correspondían a la iniciativa del Ejecutivo, pero recomendó conservar la derogatoria, garantizar la participación de los productores y solicitar a la Contraloría un examen especial sobre el manejo de los recursos administrados por el COFENAC. Irina Cabezas explicó que el sector atravesaba una baja productividad, envejecimiento de las plantaciones, dependencia de importaciones y pérdida de competitividad, y señaló que el Estado planteaba renovar los cafetales, aumentar la producción, coordinar investigación, crédito, control de calidad, asociatividad y comercialización mediante el Ministerio de Agricultura, el INIAP, AGROCALIDAD, el Banco Nacional de Fomento y otras instituciones, sin dejar desprotegidas a las familias productoras. En oposición, Gilmar Gutiérrez difundió testimonios de Enrique Sabando y de varios productores de Manabí, Loja, Zamora, Sucumbíos, Bolívar y Orellana, quienes afirmaron que el COFENAC les había proporcionado asistencia técnica, capacitación, plantas, organización y apoyo para reactivar los cultivos, mientras el Ministerio y la banca pública no llegaban adecuadamente a sus territorios, por lo que solicitaron aplazar la derogatoria hasta contar con una alternativa efectiva. Gerónimo Yantalema manifestó que la derogatoria era constitucionalmente necesaria, pero advirtió que debía garantizar la continuidad de los derechos y beneficios existentes, como la investigación, los créditos preferenciales, la renovación de plantaciones y la asistencia a los pequeños productores, mediante una transición clara y una normativa alternativa; Virgilio Hernández defendió la derogatoria al considerar que el COFENAC respondía a un modelo que entregaba funciones públicas a entidades privadas y beneficiaba principalmente a comerciantes y exportadores, por lo que pidió que el Ministerio asumiera las competencias bajo vigilancia de la Asamblea; Jorge Escala rechazó la eliminación del organismo sin mecanismos que aseguraran créditos, precios justos y protección a los caficultores; Fausto Cobo formuló observaciones sobre la redacción y la incorrecta ubicación de disposiciones administrativas dentro del proyecto; y Luis Almeida sostuvo que el problema central era la falta de producción, financiamiento barato, asistencia técnica y renovación de cultivos, advirtiendo contra el incremento de la burocracia y el retorno de prácticas irregulares relacionadas con los cupos de exportación. Finalmente, el proyecto no fue sometido a votación por encontrarse en primer debate; se dispuso que continuara su trámite hacia el segundo debate después de incorporar las correcciones y observaciones presentadas, y la sesión fue clausurada ante el riesgo de perder el quórum. Intervinieron Virgilio Hernández, César Rodríguez, Pedro de la Cruz, Fernando Flores, Irina Cabezas, Gilmar Gutiérrez, Enrique Sabando, Gerónimo Yantalema, Jorge Escala, Fausto Cobo y Luis Almeida.

ACTA_190-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, orientado a garantizar la soberanía alimentaria, proteger las semillas nativas y los conocimientos ancestrales, conservar la diversidad genética, fomentar la producción agroecológica y orgánica, establecer bancos vivos de semillas y un Banco Nacional de Germoplasma, y fortalecer a los pequeños y medianos agricultores mediante asistencia técnica, investigación, capacitación, créditos, seguros, precios de sustentación, compras públicas y sistemas de comercialización más justos. Aunque existió un respaldo general a la necesidad de proteger el campo y mejorar las condiciones de vida de los productores, se formularon observaciones sobre la falta de políticas para sustituir los agroquímicos por controles naturales de plagas, la posible utilización de cultivos alimentarios para producir biocombustibles, la obligatoriedad de registrar a las comunidades y organizaciones productoras, la necesidad de reducir o eliminar la intermediación, facilitar la venta directa entre productores y consumidores, otorgar créditos oportunos y seguros agrícolas, incorporar a los colegios técnicos agropecuarios, coordinar con los gobiernos locales, precisar el funcionamiento del Banco de Germoplasma, fortalecer las sanciones y evitar que la futura aprobación de un Código Agrario eliminara los avances alcanzados por esta normativa. El principal punto de controversia fue el tratamiento de las semillas y cultivos transgénicos: una parte de los legisladores defendió una prohibición estricta por los posibles riesgos para la salud, la contaminación de las semillas tradicionales, la pérdida de soberanía frente a las empresas transnacionales y los daños ambientales relacionados con el uso intensivo de herbicidas, por lo que se propuso incorporar principios de no contaminación, mecanismos de denuncia, responsabilidades civiles, administrativas y penales, y mayores garantías para impedir su ingreso no autorizado; otros señalaron que no debía enfrentarse de manera absoluta el conocimiento ancestral con la ciencia moderna, que era necesario diferenciar las semillas híbridas de las transgénicas, valorar los incrementos de productividad obtenidos mediante la investigación genética y sustentar cualquier prohibición en estudios científicos rigurosos, considerando además que la Constitución contempla una excepción por razones de interés nacional. También se planteó realizar una investigación nacional o establecer una moratoria antes de adoptar una decisión definitiva, tomando en consideración las experiencias contradictorias de países que permiten o prohíben estos cultivos y evitando que el debate se resolviera únicamente por criterios políticos o emocionales. Asimismo, se insistió en que el proyecto debía someterse a consulta prelegislativa por su posible afectación a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; Marisol Peñafiel elevó nuevamente este planteamiento a moción, mientras Lourdes Tibán y Luis Morales sostuvieron que la consulta constituía un mandato constitucional que no debía depender de una mayoría circunstancial del Pleno, y Susana González pidió escuchar directamente a las organizaciones agropecuarias y permitir que los productores expresaran qué semillas deseaban utilizar. Intervinieron Betty Carrillo, Ramón Vicente Cedeño, Mercedes Diminich, Kléver García, César Rodríguez, Fernando Bustamante, Jorge Escala, Marisol Peñafiel, Rafael Dávila, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, Luis Morales, Rocío Valarezo, Henry Cuji, Francisco Velasco, Luis Almeida y Susana González; finalmente, no se votó la consulta prelegislativa ni se cerró el primer debate, pues la sesión fue suspendida mientras todavía existían nuevas solicitudes de intervención, quedando pendiente su posterior reinstalación.

ACTA_189-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordaron el segundo debate del proyecto de Ley de Estadística y una propuesta para investigar las operaciones realizadas por el Banco COFIEC. Al inicio, Marco Murillo solicitó incorporar una investigación sobre el crédito de ochocientos mil dólares concedido en pocos días al ciudadano argentino Gastón Duzac, incluyendo la comparecencia de directivos de COFIEC y la conformación de una comisión multipartidista; su propuesta fue negada con cincuenta votos afirmativos y volvió a ser rechazada en la rectificación. Posteriormente, Paola Pabón propuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político investigara los hechos, modificación del orden del día que fue aprobada con noventa y cuatro votos afirmativos. En el debate de la Ley de Estadística se planteó actualizar la normativa vigente desde 1976 y organizar un sistema público, integrado y coordinado que proporcionara información confiable para la planificación y las políticas públicas; el proyecto regulaba las funciones del Consejo Nacional de Estadística, el INEC y el Banco Central, el Plan Nacional de Estadística, la generación de datos sobre ecuatorianos residentes en el exterior, el acceso libre y gratuito a la información oficial, la obligación de entregar datos veraces y oportunos y la protección de la intimidad mediante el secreto estadístico. También se discutieron la necesidad de incluir adecuadamente a pueblos, nacionalidades, migrantes, mujeres, personas con discapacidad y territorios rurales; la calidad, objetividad e independencia de las estadísticas; la coordinación con los gobiernos autónomos y los registros administrativos de educación y salud; la diferencia entre estadísticas oficiales y encuestas privadas; la duración y financiamiento del Plan Nacional; el riesgo de centralizar o manipular la información; y el uso de los datos para distribuir recursos, evaluar desigualdades y adoptar decisiones públicas. Debido a las numerosas observaciones, Virgilio Hernández solicitó procesarlas en la Comisión y presentar un texto definitivo, por lo que la votación de la ley quedó pendiente para otra sesión. En el tratamiento del caso COFIEC se analizaron la legalidad y las garantías del crédito concedido a Duzac, el posible uso de bienes pertenecientes a empresas incautadas como respaldo, la naturaleza pública o privada del banco, la negativa de autoridades y directivos a entregar información, el sigilo bancario, la responsabilidad de Pedro Delgado, Germánico Maya y otros funcionarios, la separación de la presidenta ejecutiva de la entidad, la competencia constitucional de la Asamblea para fiscalizar y la necesidad de diferenciar la investigación política de los procesos administrativos, civiles y penales; mientras varios legisladores denunciaron posibles irregularidades, vínculos políticos y falta de transparencia, otros pidieron evitar acusaciones basadas únicamente en publicaciones periodísticas, respetar el debido proceso y concentrar la investigación en preguntas y documentos verificables. Finalmente, Paola Pabón retiró la moción al considerar que el debate se había alejado de una investigación rigurosa y se había convertido en una confrontación política; en consecuencia, no hubo votación sobre la resolución y la sesión fue clausurada. Intervinieron Marco Murillo, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, Linda Machuca, Edwin Vaca, Luis Morales, Francisco Velasco, Damasio Santos, Rosa Cerda, Xavier Tomalá, Fausto Cobo, Francisco Cevallos, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Fernando Flores, Betty Amores, Silvia Salgado, Enrique Herrería, Nívea Vélez, Alfredo Ortiz, César Montúfar, César Rodríguez, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Lenin Chica, Paco Fierro y Betty Carrillo.

ACTA_187-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el proyecto de resolución relacionado con la titulación o legalización de predios municipales no inscritos, ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana, y se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social. Al inicio, Rolando Panchana solicitó que la resolución sobre los predios fuera enviada a la Comisión de Gobiernos Autónomos para recopilar información y presentar un criterio al Pleno, mientras Paco Moncayo expuso las medidas aplicadas durante su gestión municipal en Quito para agilizar la regularización de asentamientos, combatir el tráfico de tierras y dotar de servicios básicos a los barrios, señalando que se legalizaron doscientos trece barrios y quedaron ciento cincuenta en proceso. Posteriormente, Mauro Andino presentó el proyecto de Ley de la Función de Transparencia y Control Social, orientado a regular la estructura, funcionamiento e instancia de coordinación del Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las superintendencias, desarrollar sus atribuciones y obligaciones, facilitar el intercambio de información y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la protección de derechos y la prevención y combate de la corrupción. Durante el debate se respaldó la necesidad de contar con una instancia que coordinara, diera seguimiento y verificara el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los organismos de control, aunque se propuso precisar que la nueva estructura correspondía únicamente a la instancia de coordinación, asignarle un equipo y presupuesto mínimos y evitar que interfiriera en las competencias de cada institución; en contraste, se sostuvo que el proyecto repetía disposiciones constitucionales, duplicaba atribuciones ya ejercidas por otros organismos, podía aumentar innecesariamente la burocracia y el gasto público, generar conflictos entre normas y concentrar el control en instituciones vinculadas al Ejecutivo, además de cuestionarse la legitimidad de la Función, la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, los procedimientos de designación de autoridades, el uso de contratos ocasionales sin concursos y las limitaciones existentes para la fiscalización y la participación ciudadana. Andrés Roche aprovechó su intervención para presentar formalmente su renuncia como asambleísta, debido a que pasaría a colaborar con el Municipio de Guayaquil en la transferencia de la competencia de tránsito. La moción de Luis Morales para archivar el proyecto fue negada con treinta y tres votos afirmativos, cuarenta negativos y catorce abstenciones, y su rectificación también fue rechazada con treinta y cinco votos afirmativos, treinta y ocho negativos y trece abstenciones, por lo que el proyecto continuó su trámite legislativo. Finalmente, la moción de Rolando Panchana para remitir el asunto de los predios a la Comisión de Gobiernos Autónomos no alcanzó la mayoría requerida, pese a obtener cincuenta y seis votos afirmativos; después se votó la resolución presentada por Marco Murillo para instar a los municipios a dictar normas que permitieran legalizar predios urbanos, de expansión urbana, costeros y de riberas ocupados por personas y familias, pero fue negada con diecisiete votos afirmativos, cinco negativos, un blanco y sesenta y nueve abstenciones, tras lo cual la sesión fue suspendida. Intervinieron Rolando Panchana, Paco Moncayo, Mauro Andino, Andrés Roche, María Paula Romo, César Montúfar, Andrés Páez, Nívea Vélez, Luis Almeida, César Rodríguez, Luis Morales, Galo Vaca, Gina Godoy y Francisco Velasco.

ACTA_184-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se concluyó el segundo debate del proyecto destinado a derogar la normativa sobre los burós de información crediticia y reformar las disposiciones relacionadas con los registros públicos, el sistema financiero, la economía popular y solidaria y las compañías. La propuesta eliminó la Central de Riesgos y dispuso la creación de un único Registro de Datos Crediticios administrado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, al cual debían reportar directamente las instituciones financieras públicas y privadas, las casas comerciales y las entidades de la economía popular y solidaria, bajo las políticas establecidas por sus respectivos organismos de control. Se estableció que los reportes solo podían comprender las operaciones de los tres años anteriores, que el titular tendría acceso gratuito e irrestricto a su información y podría autorizar a terceros, conocer quién consultó su historial, solicitar la rectificación de datos ilegales, inexactos o erróneos y exigir responsabilidades por los daños ocasionados; además, se prohibió comercializar o divulgar las bases de datos y se fijaron sanciones por su uso indebido. También se concedió un plazo máximo de trescientos sesenta y cinco días para implementar el nuevo sistema, durante el cual los burós privados continuarían funcionando hasta completar la migración; se dispuso condonar las obligaciones vencidas e impagas de hasta cinco mil dólares correspondientes a la banca cerrada, archivar las acciones de cobro y eliminar esos registros; y se determinó que, cuando una obligación llevara más de seis meses vencida, los pagos se imputaran primero al capital y no a los intereses. Luis Almeida respaldó la eliminación de la Central de Riesgos por considerar que perjudicaba principalmente a campesinos, trabajadores y personas de menores recursos; Francisco Velasco explicó las modificaciones incorporadas y presentó la moción de aprobación; y Fernando Vélez, como proponente, destacó que la reforma buscaba reactivar la economía de las familias afectadas por los abusos del sistema crediticio. Finalmente, el proyecto fue aprobado inicialmente con noventa y nueve votos afirmativos y, tras la rectificación solicitada por Kléver García y Luis Almeida, quedó ratificado con cien votos afirmativos; la reconsideración planteada por Francisco Velasco fue negada con noventa y seis votos negativos.

ACTA_184-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conformó una comisión multipartidista para analizar el informe presentado por el Ejecutivo, luego de debatirse la falta de revisión de los informes de años anteriores, la necesidad de garantizar la representación de las distintas fuerzas políticas y la conveniencia de evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; la comisión quedó integrada por Xavier Tomalá, Blanca Ortiz, Mary Verduga, Hólger Chávez, Stalin Subía, Francisco Ulloa, Francisco Cisneros, Fernando Flores, Marco Murillo, Magali Orellana y Galo Vaca, y su conformación fue aprobada con ochenta votos afirmativos. Posteriormente se desarrolló el segundo debate del proyecto destinado a derogar la Ley de Burós de Información Crediticia y reformar varias normas relacionadas con los registros públicos y el sistema financiero; la propuesta buscaba sustituir el manejo privado de la información por un registro público que consolidara los datos remitidos por las entidades de control, garantizar al ciudadano acceso gratuito a su historial, exigir su autorización para la consulta individual, establecer mecanismos para corregir información equivocada y sancionar el uso inadecuado de datos personales, además de limitar el tiempo de permanencia de los antecedentes crediticios, proteger a los garantes y atender las obligaciones menores de los deudores de la banca cerrada. Durante el debate se respaldó la eliminación de abusos, cobros indebidos, discriminación y vulneraciones a la intimidad causadas por los burós privados, pero también se advirtió que la desaparición inmediata de estas entidades podía producir información incompleta, elevar la morosidad y afectar la concesión de créditos, por lo que se propuso que el sistema público y el privado funcionaran paralelamente durante un período de transición; además, se plantearon beneficios para agricultores con préstamos pequeños y mejoras en el flujo y actualización de los datos. La votación de este proyecto quedó aplazada a solicitud del ponente para recoger las observaciones y mejorar el texto. También se efectuó el segundo debate del proyecto que derogaba la ley de creación de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, mediante el cual se trasladaban sus competencias a AGROCALIDAD, se disponía su incorporación inmediata en la estructura administrativa de esa entidad y se establecía un período de ciento ochenta días para liquidar al personal, obligaciones y compromisos pendientes; se reconocieron los avances alcanzados por la CONEFA en la cobertura de vacunación, pero se sostuvo que la sanidad animal y la soberanía alimentaria debían estar bajo la rectoría de una institución pública, evitando interrupciones en la vacunación, movilización y atención a los productores ganaderos. El proyecto fue aprobado con setenta y cinco votos afirmativos y su reconsideración y posterior rectificación fueron negadas. Intervinieron Ángel Vilema, Eduardo Encalada, Fernando Flores, Vicente Taiano, Luis Morales, Edwin Vaca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, María Elena Pontón, Stalin Subía, Fernando Vélez, Gerónimo Yantalema, Zobeida Gudiño, Luis Almeida, Irina Cabezas, Kléver García y Rolando Panchana.

ACTA_180-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Leonardo Viteri solicitó incorporar una resolución para rechazar lo que consideraba una intromisión de la Corte Constitucional en las atribuciones de la Asamblea respecto de la autorización para iniciar un proceso penal contra un legislador, pero la propuesta y su rectificación fueron negadas. Posteriormente se realizó el segundo debate de la reforma a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, en el que se discutió la diferencia entre el heroísmo —entendido como un acto individual, excepcional y superior al cumplimiento del deber— y la condición de excombatiente, así como la necesidad de reconocer sin exclusiones a quienes participaron efectivamente en los conflictos de 1981 y 1995, corregir las listas y procesos de acreditación anteriores y evitar que fueran beneficiadas personas que no realizaron actos extraordinarios; la reforma estableció para los excombatientes en servicio pasivo beneficios como becas, puntaje adicional en concursos públicos, capacitación e inserción laboral, atención preferente en salud, acceso a créditos, descuentos en servicios y transporte, apoyo a emprendimientos, uso de insignias y bonificaciones económicas, extendiendo determinados derechos a quienes sufrieron lesiones durante el levantamiento de campos minados y a los familiares de quienes fallecieron en esas labores. También se dispuso que únicamente accedieran a los beneficios quienes fueran acreditados conforme a la ley y se dejó sin efecto el proceso de acreditación anterior; el proyecto fue aprobado con noventa y siete votos afirmativos y su reconsideración fue negada. Finalmente se debatió la aprobación del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, destinado a permitir acciones diplomáticas y otras medidas regionales frente a amenazas o rupturas del orden democrático; se analizaron la integración latinoamericana, la defensa de la democracia y los derechos humanos, los acontecimientos de Bolivia, Ecuador y Paraguay, los límites de la soberanía estatal, el riesgo del fortalecimiento excesivo de los poderes ejecutivos y las posibles consecuencias económicas y sociales de sanciones como el cierre de fronteras, la suspensión del comercio, las comunicaciones, la energía y los suministros, quedando pendiente su aprobación porque la sesión fue suspendida antes de la votación. Intervinieron Leonardo Viteri, Emilio González Ortega, José Jumbo, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Edwin Vaca, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, Luis Almeida, Gioconda Saltos, Linda Machuca, César Rodríguez, Armando Aguilar, Marco Murillo, Luis Morales, Henry Cuji, Guido Vargas, Hólger Chávez, Consuelo Flores, Diana Atamaint, María Soledad Vela, Francisco Cisneros, Francisco Ulloa, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Eduardo Zambrano, Betty Carrillo y Francisco Velasco.

ACTA_174-C-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, concluyendo el análisis de las normas rectoras y las infracciones e iniciando el estudio del procedimiento penal. Se discutieron la tipificación del femicidio, la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, los delitos sexuales, la trata y explotación de personas, así como la necesidad de mantener medidas inmediatas de protección y establecer procedimientos especiales, rápidos y gratuitos para las víctimas de violencia intrafamiliar; también se analizaron la proporcionalidad de las penas, el enriquecimiento injustificado, la corrupción, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la mala práctica profesional, la falsificación de firmas, el secuestro, el sicariato, la libertad de expresión, las injurias, el derecho a la resistencia y el riesgo de criminalizar las huelgas, movilizaciones y protestas sociales. Asimismo, se debatieron ampliamente el aborto en casos de violación y la política sobre drogas, enfrentándose posiciones relacionadas con el derecho de las mujeres a decidir, la protección de la vida desde la concepción, el tratamiento de las adicciones como un problema de salud pública, la diferenciación entre consumidores, pequeños vendedores y grandes narcotraficantes, y las cantidades permitidas para el consumo personal. Amanda Paredes pidió que no se criminalizara a las mujeres y que se despenalizara el aborto cuando el embarazo fuera producto de una violación, mientras José Villamarín intentó exponer la posición de las organizaciones defensoras del cáñamo, pero su intervención fue suspendida debido a expresiones consideradas irrespetuosas hacia el Pleno. Al iniciar el análisis del procedimiento penal se abordaron la caducidad de la prisión preventiva, la reincidencia y acumulación de penas, las reglas para conceder fianzas, las medidas cautelares, la protección y representación de las víctimas, las atribuciones de la Fiscalía y la Defensoría Pública, los fueros, el uso de grabaciones como prueba, las operaciones encubiertas, la creación de juzgados nacionales para delitos graves, la jurisdicción indígena y los procedimientos aplicables a las infracciones de tránsito. Intervinieron Marisol Peñafiel, María Paula Romo, Jimmy Pinoargote, Cynthia Viteri, Leonardo Viteri, César Rodríguez, Lourdes Tibán, Mauro Andino, Andrés Páez, Vicente Taiano, Luis Almeida, María Augusta Calle, Susana González, Amanda Paredes, José Villamarín, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Xavier Tomalá, Richard Guillén, César Gracia y Consuelo Flores; finalmente, la sesión fue suspendida para que los legisladores dispusieran de más tiempo para preparar sus intervenciones sobre el procedimiento penal, quedando pendiente la continuación del debate.

ACTA_174-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Edwin Vaca planteó incorporar una resolución para solicitar al Gobierno soluciones urgentes a los problemas de la provincia del Carchi relacionados con la distribución de gas licuado de petróleo, la actividad comercial, la obra pública, la seguridad y el empleo; sin embargo, retiró su solicitud para facilitar un diálogo con las autoridades y atender las demandas de la Asamblea Popular Cantonal de Tulcán. Posteriormente se inició el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal y se aprobó organizar su tratamiento en tres bloques: normas rectoras e infracciones, procedimiento penal, y aplicación y ejecución de penas y reformas; César Rodríguez respaldó esta metodología por la extensión y complejidad del proyecto. Mauro Andino explicó que la propuesta buscaba unificar y modernizar la legislación penal, adecuarla a la Constitución y los derechos humanos, combatir la impunidad y equilibrar la seguridad con las garantías ciudadanas, incorporando delitos contra la humanidad, trata de personas, mala práctica profesional, violencia intrafamiliar, femicidio, inseminación no consentida, esterilización forzada y responsabilidad de las personas jurídicas, además de nuevas técnicas de investigación, mecanismos alternativos de solución de conflictos, rehabilitación de las personas sentenciadas y reparación integral de las víctimas. Enrique Herrería cuestionó el incremento de la intervención punitiva del Estado, las penas excesivas y determinadas disposiciones sobre enriquecimiento no justificado; Paco Moncayo reconoció el trabajo de la Comisión, pero sostuvo que ninguna legislación sería efectiva sin independencia de funciones, fiscalización y Estado de derecho, y advirtió que endurecer las penas no resolvería por sí solo la inseguridad; Rolando Panchana centró sus observaciones en la protección de la vida desde la concepción y en los casos de aborto no punible; Luis Almeida criticó la calidad técnica, los costos de la elaboración y varias disposiciones sobre autoincriminación y responsabilidad de las personas jurídicas; Ramiro Terán manifestó que algunas normas podían criminalizar la huelga, la resistencia, la protesta social, las denuncias, el análisis económico y la participación política; Cynthia Viteri señaló contradicciones en las penas, deficiencias en la protección de testigos y víctimas, vacíos sobre encubrimiento, secuestro, drogas y error de tipo, y consideró que el texto no respondía adecuadamente a la delincuencia y la impunidad; mientras Gina Godoy defendió el trabajo participativo de la Comisión y destacó la centralidad de las víctimas, su derecho a la reparación integral y la incorporación del femicidio y la violencia intrafamiliar como delitos. Finalmente, la sesión fue suspendida y no pudo reinstalarse por falta del quórum necesario, por lo que la continuación del debate quedó pendiente.

ACTA_173-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades, centrado en garantizar una protección integral y efectiva mediante políticas de prevención, detección temprana, atención médica, habilitación y rehabilitación; inclusión educativa con infraestructura accesible, materiales en braille, lengua de señas y equipos multidisciplinarios; inserción, estabilidad y protección laboral; afiliación, pensiones y jubilación especial dentro de la seguridad social; accesibilidad al transporte, espacios públicos, comunicación e información; tarifas preferenciales, exenciones tributarias, créditos para emprendimientos, protección social y apoyo a las familias y personas cuidadoras; además, se discutieron mecanismos administrativos para reclamar vulneraciones de derechos, sanciones por incumplimiento, participación de las personas con discapacidad en los organismos de decisión y reformas para eliminar expresiones discriminatorias de la legislación y reconocer la capacidad de comunicación de las personas sordas mediante la lengua de señas. Intervinieron Emilia Jaramillo, Fernando Vélez, Francisco Cisneros, Betty Amores, Pamela Falconí, Nívea Vélez, Bolívar Subía, Lourdes Tibán, Fernando Bustamante, Eduardo Encalada, César Gracia, Vanessa Fajardo, María Romo, Dora Aguirre, Kléver García, Gastón Gagliardo, Wladimir Vargas, Fausto Cobo, Soledad Vela, Ramiro Terán, Paola Pabón, Susana González, Luis Almeida, Mauro Andino, Zobeida Gudiño, Jimmy Pinoargote, Luis Morales, Betty Carrillo, Hugo Quevedo, Marco Murillo, Hólger Chávez, Consuelo Flores, Fernando Flores, Magali Orellana, Juan Fernández y María Kronfle. Finalmente, el proyecto, con los cambios y observaciones aceptados por la ponente, fue aprobado por unanimidad con noventa y cuatro votos afirmativos, y posteriormente se negaron tanto su reconsideración como la rectificación solicitada.

ACTA_169-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conmemoraron la Revolución Liberal y los cien años de la Hoguera Bárbara, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción de un Estado moderno, laico y democrático, la educación pública, la separación entre la Iglesia y el Estado, las libertades individuales, la integración territorial mediante el ferrocarril, la emancipación de los pueblos indígenas, los avances de las mujeres y la lucha contra las estructuras feudales, la injusticia y la opresión. Posteriormente, Hugo de Jesús Jácome Estrella fue posesionado como primera autoridad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. También se conoció el informe favorable para conceder un indulto humanitario a Víctor Manuel Díaz Almeida, adulto mayor de ochenta y cuatro años condenado por falsedad ideológica, cuya avanzada edad, enfermedades, situación económica y vulneración de derechos fueron consideradas razones suficientes para condonar el tiempo restante de la pena y solicitar la revisión de las actuaciones judiciales; sin embargo, el tratamiento fue suspendido por la ausencia de la ponente y la falta del número de votos requerido. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto de arrendamiento de inmuebles con promesa de compraventa, analizándose su posible utilidad como alternativa para facilitar el acceso a viviendas y predios productivos mediante ahorro previo, pago de cánones destinados a la futura adquisición, seguros, subsidios y participación de instituciones financieras; frente a ello, se sostuvo que el leasing mercantil, el crédito hipotecario, la promesa de compraventa y otras figuras civiles ya permitían estas operaciones, por lo que una nueva ley sería innecesaria. Aunque inicialmente se aprobó archivar el proyecto, la rectificación de la votación negó esa recomendación, por lo que la propuesta continuó su trámite. Intervinieron Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Luis Almeida, María Soledad Vela, Hugo de Jesús Jácome Estrella, Mauro Andino, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Luis Morales y Fernando Vélez

ACTA_166-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó y aprobó la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, luego de un extenso debate jurídico, político, económico, ambiental y estratégico sobre sus efectos en la soberanía marítima nacional. Quienes respaldaron la adhesión sostuvieron que el país conservaría sus derechos soberanos sobre los recursos existentes dentro de las doscientas millas, obtendría reconocimiento y mecanismos internacionales para defenderlos, mantendría la Reserva Marina y las líneas de base de Galápagos, fortalecería la protección ambiental, la investigación científica, la transferencia de tecnología, la actividad pesquera y el comercio marítimo, y podría ampliar la plataforma continental alrededor del archipiélago hasta trescientas cincuenta millas, incorporando una importante superficie submarina adicional. Quienes se opusieron señalaron que sustituir el mar territorial de doscientas millas por un mar territorial de doce millas y una zona económica exclusiva implicaría reducir la soberanía, someter al país a normas y organismos supranacionales, afectar la integridad territorial, facilitar el acceso de potencias extranjeras a los recursos pesqueros y minerales y poner en riesgo los derechos históricos establecidos mediante la Declaración de Santiago. También se discutieron la protección de Galápagos, los límites marítimos con los países vecinos, el paso de buques y aeronaves, los ejercicios militares, el transporte de materiales peligrosos, la solución internacional de controversias, la pesca de especies migratorias y los beneficios para la industria atunera. Antes del debate legislativo comparecieron Héctor Villagrán, Jimmy Villavicencio, Marcelo Larrea, Rafael Trujillo y Andrés Pazmiño; posteriormente intervinieron María Paula Romo, Fernando Bustamante, Línder Altafuya, Alfredo Ortiz, Gabriel Rivera, Luis Almeida, Eduardo Zambrano, Andrés Roche, Betty Carrillo, Jorge Escala, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, César Montúfar, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Betty Amores, Vethowen Chica, Susana González y Fernando Aguirre. Finalmente, se aprobó la Convención junto con una declaración mediante la cual el Ecuador ratificó sus derechos sobre sus espacios marítimos, la protección especial de Galápagos, la posibilidad de ampliar su plataforma continental y varias reservas destinadas a preservar su jurisdicción y soberanía.

ACTA_162-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, destacándose su participación histórica en la independencia y en la construcción económica, social y cultural del país, así como la trayectoria de figuras representativas y la importancia de preservar expresiones como la música, la danza, la medicina ancestral, la etnoeducación y las tradiciones comunitarias. Se analizaron el racismo, la discriminación y la exclusión histórica que afectan a esta población, reflejados en mayores niveles de pobreza, desempleo, analfabetismo, falta de vivienda, limitado acceso a la educación superior, servicios básicos, salud, tierra, empleo público y espacios de decisión; por ello se propusieron acciones afirmativas, asignación de recursos, recuperación de territorios ancestrales, acceso equitativo al trabajo y la educación, mecanismos de prevención, protección, reparación y sanción frente a actos racistas, así como una institucionalidad clara encargada de ejecutar y vigilar las políticas públicas. También se debatió si debía aprobarse una ley específica para el pueblo afroecuatoriano o unificarse con la normativa sobre derechos colectivos de indígenas y montubios, señalándose la necesidad de evitar duplicidades sin invisibilizar las particularidades de cada pueblo; además, se formularon observaciones sobre la organización territorial, la consulta y el consentimiento previo, la presencia militar en territorios y zonas fronterizas, la defensa de la soberanía y la coherencia constitucional del texto. De manera adicional, se expresó preocupación por la situación de estudiantes ecuatorianos becados en Brasil, se cuestionó una publicación sobre el cumplimiento de la rendición de cuentas de los legisladores y se aclararon aspectos históricos relacionados con la participación de Abdón Calderón en la Batalla de Pichincha. Intervinieron Luis Morales, Carlos Velasco, Edwin Vaca, Silvia Salgado, Fausto Cobo, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Guillermina Cruz, Luis Almeida, Marisol Peñafiel, Elvia Quintana, Wladimir Vargas, Susana González, María Pilar Almeida, María Augusta Calle, Juan Carlos López, Francisco Velasco, Margarita Carranco y Jorge Escala.

ACTA_161-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó incorporar al orden del día una propuesta para exigir un plan de contingencia especial que permitiera continuar sus estudios a los alumnos de universidades cerradas ubicadas en la Región Amazónica, considerando sus dificultades económicas, familiares, laborales y de movilidad territorial. El primer debate del proyecto orientado a rehabilitar a productores agropecuarios, artesanos y pescadores artesanales fue diferido por la ausencia de la ponente, aunque el informe recomendaba archivarlo porque la condonación de obligaciones con una institución financiera pública podría afectar el gasto estatal y correspondía a una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Posteriormente, se debatió el proyecto destinado a prevenir el discrimen, el acoso y la violencia política por razones de género, analizándose las agresiones, amenazas, hostigamientos, exclusiones y obstáculos que enfrentan las mujeres en partidos, organizaciones y cargos públicos, especialmente en gobiernos locales y comunidades indígenas; se discutió la necesidad de contar con una normativa específica, preventiva y reparadora que hiciera efectiva la igualdad real, frente a la posición de quienes consideraban que estos derechos y conductas ya estaban regulados en la Constitución, el Código de la Democracia, las garantías jurisdiccionales y la futura legislación penal, y que el proyecto contenía definiciones demasiado amplias y carecía de sanciones precisas. También se planteó ampliar la protección a otros grupos afectados por discriminación política, perfeccionar el texto y unificarlo con otras propuestas sobre igualdad. Finalmente, la moción para archivar el proyecto no obtuvo los votos necesarios y fue nuevamente negada luego de la rectificación, por lo que la propuesta continuó su trámite legislativo. Intervinieron Jorge Escala, Mauro Andino, Rosa Ponce, Lourdes Tibán, Margarita Carranco, Gina Godoy, Luis Almeida, Mariángel Muñoz y Gerónimo Yantalema.

ACTA_160-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger y garantizar la igualdad de derechos de los ecuatorianos residentes en el exterior y de sus familias, abordándose la asistencia jurídica y consular, la protección frente a la discriminación, la xenofobia y los abusos laborales, la repatriación de personas privadas de libertad y de restos mortales, la reunificación familiar, la seguridad social, la educación a distancia, el acceso a vivienda, crédito y empleo, la reducción de los costos de envío de remesas y el acompañamiento a quienes retornan voluntaria o forzosamente al país. También se analizó la necesidad de precisar las instituciones responsables y establecer mecanismos de rendición de cuentas, limitar el grado de parentesco de los familiares beneficiarios, evitar privilegios o discriminación frente a quienes residen en el Ecuador, garantizar el financiamiento de las medidas propuestas y armonizar la normativa con las disposiciones sobre educación, tránsito, gasto público y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; asimismo, varios participantes propusieron ampliar el proyecto hacia una ley integral de movilidad humana que incluyera migración, retorno, refugio, asilo y ciudadanía universal. Patricia Jaramillo Vítore expuso el caso de su hija Karina Chávez, quien sufrió un grave accidente laboral en Suiza y permanecía sin indemnización ni patrocinio jurídico adecuado, como ejemplo de la desprotección que enfrentan algunos migrantes. Posteriormente, se inició el segundo debate de la propuesta para depurar la normativa relacionada con casinos, salas de juego y negocios de azar, en cumplimiento de la decisión popular que dispuso su prohibición; se analizaron la eliminación de estas actividades de la legislación turística, la derogación de la antigua normativa sobre juegos de azar, las indemnizaciones de los trabajadores afectados y la necesidad de sancionar a quienes mantuvieran o reabrieran estos establecimientos, pero la sesión fue suspendida antes de concluir el tratamiento. Intervinieron Washington Cruz, Patricia Jaramillo Vítore, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Guillermina Cruz, Fernando Flores, Blanca Ortiz, Ramiro Terán, Luis Almeida, Xavier Tomalá, Juan Carlos López, Fernando Bustamante, Luis Morales, María Augusta Calle, Sonia Mejía, Silvia Salgado, Washington Quiñonez, Mauro Andino y Scheznarda Fernández.

ACTA_157-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día un exhorto dirigido a las autoridades competentes con el fin de convocar concursos para cargos directivos del sistema educativo y regular sus remuneraciones; la fijación de un precio especial para el gas de uso doméstico destinado a pequeños prestadores de servicios turísticos de la Amazonía; y la comparecencia de varias autoridades para informar sobre el financiamiento, los estudios, la ejecución y la transparencia del proyecto Refinería del Pacífico. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger los derechos de las personas usuarias y consumidoras, abordándose la necesidad de reemplazar la normativa vigente por un sistema más ágil y eficaz de prevención, control, reparación, restitución, indemnización y sanción frente a bienes o servicios deficientes; se analizaron la publicidad engañosa, los contratos de adhesión y sus cláusulas abusivas, los servicios bancarios y financieros, la clonación de tarjetas y delitos informáticos, la medicina prepagada, la vivienda, la educación, el transporte, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, los servicios públicos y profesionales, la protección de datos personales, la calidad de los alimentos, la intermediación comercial, la responsabilidad de proveedores e instituciones estatales, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, la participación de las organizaciones ciudadanas y de los gobiernos autónomos descentralizados, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad, interculturalidad, plurinacionalidad y atención a comunidades, pueblos y nacionalidades. Finalmente, se debatió el proyecto sobre el servicio cívico militar voluntario y las reservas de las Fuerzas Armadas, analizando su concordancia con la Constitución, la objeción de conciencia, las atribuciones del Ejecutivo, la organización militar y la necesidad de contar con una normativa para regular el servicio voluntario; aunque la comisión recomendó archivarlo por considerarlo improcedente y contrario a competencias presidenciales, se defendió su devolución para un análisis más profundo y la moción de archivo no fue aprobada. Intervinieron Gioconda Saltos, Francisco Cisneros, Leonardo Viteri, Fernando Vélez, Betty Amores, María Soledad Vela, Gerónimo Yantalema, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Marco Murillo, Edwin Vaca, Fernando Bustamante y Henry Cuji.

ACTA_156-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó la propuesta de incorporar al orden del día el análisis de la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado mayoritariamente dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible inclusión en la iniciativa Yasuní-ITT; posteriormente, se aprobó el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Argentina en materia de actividades espaciales, orientado al desarrollo tecnológico, la investigación científica, la teleobservación terrestre, el seguimiento de satélites, el intercambio de información, la capacitación técnica y la aplicación de tecnología espacial en la prevención de desastres, agricultura, salud, comunicaciones, cartografía, seguridad y protección ambiental. También se aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador y Uruguay, destinado al intercambio de conocimientos y experiencias militares, la formación y capacitación, el desarrollo científico y tecnológico, los ejercicios conjuntos, el control marítimo y la participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, debatiéndose sus alcances respecto de la soberanía, la responsabilidad civil, los gastos, la integración regional y la protección de los derechos humanos. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, con la comparecencia del defensor del Pueblo, abordándose los casos investigados por la Comisión de la Verdad, las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas; el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; la responsabilidad estatal, la imprescriptibilidad de estos delitos, la apertura de archivos, la investigación y sanción de los responsables, la protección de víctimas y testigos, las reparaciones materiales e inmateriales, la atención médica y psicológica, la restitución de derechos, la recuperación de restos, las disculpas públicas y la preservación de la memoria histórica, así como la necesidad de evitar que la ley sea utilizada con fines de persecución política o excluya a víctimas de otros periodos. Intervinieron María Paula Romo, Wladimir Vargas, Luis Morales, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Linda Machuca, Rolando Panchana, Eduardo Encalada, Ramiro Rivadeneira Silva, Mauro Andino, Luis Almeida, Silvia Salgado, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Línder Altafuya, Andrés Páez, Gabriel Rivera, Betty Carrillo, Galo Vaca, José Portugal, Juan Fernández, María Augusta Calle, Guido Vargas, Jorge Escala, Gina Godoy, Denny Cevallos, Raúl Abad y Julio César Ruiz.

ACTA_154-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentó el informe sobre el proceso de registro y acreditación relacionado con el reconocimiento de héroes y heroínas nacionales, explicándose las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la elaboración de los listados por parte del Ministerio de Defensa, la conformación de la comisión verificadora y las dificultades surgidas por la inclusión y exclusión de participantes en los conflictos armados. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una propuesta reformatoria, en el que se discutió la diferencia entre héroes y excombatientes, señalándose que el heroísmo exige un acto individual, extraordinario y superior al cumplimiento del deber, mientras que la participación en una guerra constituye un esfuerzo colectivo que merece reconocimiento y beneficios propios; también se cuestionaron la confiabilidad de los listados, la utilización de los partes de guerra, los encomios y condecoraciones como criterios de calificación, la posible discriminación de conscriptos, reservistas, civiles y miembros de comunidades indígenas, el incremento del gasto público y la necesidad de revisar tanto la ley como su reglamento. Ante las discrepancias entre archivar la propuesta o corregirla, se retiró la moción de archivo y el proyecto regresó a la comisión para profundizar su análisis. Asimismo, se inició el primer debate del proyecto destinado a garantizar la repatriación de los restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior, abordándose el derecho de las familias migrantes a recibir apoyo estatal, los procedimientos y estudios socioeconómicos aplicados para determinar la vulnerabilidad, los costos de traslado desde América y Europa, la coordinación entre las instituciones diplomáticas y migratorias, la cobertura de gastos funerarios y ayudas para los familiares, así como la conveniencia de expedir una ley o mantener el procedimiento administrativo vigente, considerando que la propuesta podía incrementar el gasto público. Intervinieron Marcela Miranda, Luis Almeida, Fausto Cobo, Paco Moncayo, María Paula Romo, Cléver Jiménez, Edwin Vaca, Kléver García, Vethowen Chica, Jorge Escala, Eduardo Zambrano, Fernando Vélez, Nívea Vélez, Betty Carrillo y Francisco Ulloa.

ACTA_151-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron los resultados de una encuesta nacional sobre la violencia de género contra las mujeres, en la que se evidenció la elevada incidencia de agresiones psicológicas, físicas, patrimoniales y sexuales, principalmente dentro del entorno familiar y por parte de la pareja, así como su presencia en todos los niveles educativos, económicos, territoriales y grupos sociales; se destacó la necesidad de tratar este fenómeno como un problema de seguridad ciudadana, salud pública, igualdad y transformación cultural, mediante leyes, políticas públicas, fiscalización institucional y acciones contra el machismo y la discriminación. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de la Contraloría General del Estado, centrado en la eliminación de la asignación presupuestaria proveniente de los ingresos de las instituciones sujetas a control, por considerarse contraria al régimen constitucional de preasignaciones; la protección de la autonomía e independencia del organismo de control; la desconcentración de sus funciones; la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales; la publicidad y valor probatorio de los informes de auditoría; los plazos de los procedimientos y recursos; y la posibilidad de que la Fiscalía investigue y adopte medidas cautelares en casos de presuntos delitos contra la administración pública sin depender exclusivamente de un informe previo de la Contraloría, con el propósito de fortalecer la lucha contra la corrupción. Intervinieron Byron Villacís, Ana Lucía Herrera, Mauro Andino, Luis Almeida, Fausto Cobo y Paco Fierro.

ACTA_151-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó una propuesta para reconocer la trayectoria histórica y el aporte del coronel Luis Vargas Torres a la Revolución Liberal; posteriormente, se rindió homenaje y se otorgó una condecoración a Luis Alfonso Chango Pacha, fundador y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, destacando su historia de superación, su lucha contra la discriminación, el impulso al cooperativismo indígena, la inclusión financiera, la educación, el emprendimiento, la identidad cultural y el deporte. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, centrado en la regulación del transporte comunitario e intercultural en las zonas rurales y de difícil acceso, el uso de camionetas, camiones, mototaxis y otros medios alternativos, las condiciones técnicas y de seguridad para el traslado de personas y productos, la legalización de los servicios diferenciados, la capacitación y entrega de licencias de conducir, el funcionamiento y control de las escuelas de conducción, las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito y de los gobiernos autónomos descentralizados, la revisión de rutas y frecuencias, la prevención de accidentes, el SOAT, el sistema de puntos de las licencias, el uso de taxímetros en la Amazonía y la necesidad de evitar privilegios, monopolios, actos de corrupción y discrecionalidad en la administración del transporte. Intervinieron Línder Altafuya, Pedro de la Cruz, Luis Alfonso Chango Pacha, Fernando Vélez, Mauro Andino, Galo Vaca, María Molina, Virgilio Hernández, Consuelo Flores, Guido Vargas, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Nívea Vélez, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, María Soledad Vela, Tomás Zevallos, Carlos Velasco, Luis Almeida, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Mao Moreno, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_150-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordó la situación del ciudadano ecuatoriano Jesús Vélez Loor y la actuación de las autoridades diplomáticas para garantizar sus derechos; la emergencia ocasionada por el temporal invernal, la inseguridad y las necesidades sociales de la provincia de Los Ríos; y se aprobó una resolución de respaldo a la postulación de Lenín Moreno Garcés al Premio Nobel de la Paz, destacando su labor en favor de las personas con discapacidad mediante los programas Ecuador Sin Barreras, Misión Solidaria Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas relacionadas con la distribución de las utilidades y excedentes derivados de la actividad hidrocarburífera, la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y a las comunidades afectadas, la compensación por daños ambientales, la equidad territorial, la consulta previa y la conveniencia de archivar o continuar el tratamiento de las propuestas; también se resolvió sobre la objeción parcial formulada al proyecto reformatorio del sistema financiero y del ordenamiento tributario-financiero, y se inició el análisis del proyecto destinado a regular la comercialización, el transporte, la fundición, el reciclaje, la exportación y la importación de chatarra ferrosa, con énfasis en el control de esta actividad, la prevención del robo de bienes públicos, la protección ambiental y el impulso al reciclaje. Intervinieron Fernando Flores, Mercedes Villacrés, César Rodríguez, Irina Cabezas, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Gabriel Rivera, Francisco Cisneros, Francisco Velasco, Juan Carlos Cassinelli, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Gerónimo Yantalema, Jimmy Pinoargote, Jorge Escala, Gioconda Saltos, Guido Vargas, Luis Morales, Cléver Jiménez, María Almeida, Rolando Panchana, Paco Moncayo, Francisco Ulloa y Luis Almeida.

ACTA_149-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la incorporación de una propuesta para pronunciarse sobre el hallazgo de cocaína en una valija diplomática, que planteaba acelerar las investigaciones, determinar responsabilidades, revisar la normativa aplicable, conformar una comisión multipartidista y solicitar la salida del ministro de Relaciones Exteriores; posteriormente, se rindió homenaje a los estudiantes Gerardo Francisco Pérez, Juan José Morales, Henry Xavier Paca, José Vicente Anilema y Manuel Ramiro Moreta, así como a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su rector Romeo Rodríguez y el decano Iván Menes, por el desarrollo de Skillbox, un programa informático reconocido internacionalmente que traduce el lenguaje oral a lengua de señas y permite transformar textos en audio, facilitando la comunicación, educación e inclusión de personas con discapacidad auditiva y del habla. A continuación, se debatió la emergencia ocasionada por la fuerte estación invernal, las inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, pérdidas de viviendas, cultivos, carreteras y medios de subsistencia, así como la aparición de enfermedades y las dificultades para abastecer y atender a las comunidades aisladas; aunque la propuesta inicial se refería al Guayas, se incorporaron Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y se solicitó al Ejecutivo declarar el estado de excepción, coordinar la intervención de las instituciones públicas, brindar auxilio a las poblaciones afectadas, entregar recursos para reconstruir viviendas y bienes y establecer un espacio de diálogo con una comisión legislativa. La resolución fue aprobada, ratificada en la rectificación y su reconsideración fue negada. También se desarrolló el primer debate del proyecto de protección para las personas con epilepsia, orientado a garantizar sus derechos, evitar la discriminación educativa y laboral, establecer programas integrales de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, asegurar medicamentos oportunos, permanentes y gratuitos, promover campañas informativas, investigación, docencia y estadísticas, y mejorar la coordinación entre la atención primaria, los especialistas, las familias y las instituciones públicas. Durante la discusión se reconocieron el impacto médico, psicológico, familiar, social y económico de la enfermedad y la necesidad de combatir los prejuicios; sin embargo, varios legisladores consideraron que el proyecto repetía derechos ya garantizados, carecía de suficiente precisión científica y jurídica, podía generar restricciones inconvenientes mediante peritajes y debía integrarse en un código general de salud, mientras otros defendieron la urgencia de contar con una regulación específica y propusieron precisar que el acceso al trabajo no comprendiera actividades que pudieran representar riesgos para la persona o terceros. La moción para archivar el proyecto y recomendar la elaboración del Código de la Salud fue negada, por lo que la iniciativa continuó su trámite. Posteriormente, se inició el primer debate de la reforma destinada a proteger a las personas adultas mayores, proponiéndose sustituir denominaciones consideradas despectivas, reconocer como beneficiarias a las personas desde los sesenta y cinco años, facilitar el ejercicio inmediato de sus derechos mediante la presentación del documento de identidad, garantizar atención médica especializada y gratuita, acceso a medicinas, trabajo acorde con sus capacidades, jubilación universal, descuentos en servicios públicos, exenciones tributarias y notariales y acceso a vivienda digna. También se plantearon servicios gratuitos y prioritarios, la entrega de ayudas económicas a quienes carecieran de jubilación, la posibilidad de exigir a los hijos una pensión vitalicia para sus padres mediante acción judicial incluso promovida por terceros, el cambio de denominación del fondo nacional correspondiente, sanciones civiles y penales por vulnerar sus derechos y la creación y fortalecimiento de hogares de protección bajo responsabilidad estatal y municipal, con atención médica, terapia ocupacional, cultura y actividad física; este debate quedó suspendido para continuar posteriormente. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó la agresión de la Policía boliviana contra personas con discapacidad que reclamaban una ayuda económica, reconoció el diálogo como mecanismo de solución, exhortó al Gobierno de Bolivia a aceptar la mediación ofrecida por Lenín Moreno, sugirió respetar los instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias; la decisión fue ratificada con cincuenta y nueve votos afirmativos, uno negativo y cuatro abstenciones. Intervinieron Jorge Escala, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Gioconda Saltos, Romeo Rodríguez, Pamela Falconí, Luis Almeida, Vicente Taiano, Xavier Tomalá, Jorge Fadul, Ramón Cedeño, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Vélez, Susana González, Carlos Velasco, Nívea Vélez, Pedro de la Cruz, Rocío Valarezo, Mao Moreno, Richard Guillén, Damacio Santos, Francisco Ulloa, Betty Carrillo, Luis Morales, Fernando González, Gina Godoy, Bolívar Subía, María Molina, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Paco Fierro y Rosa Ponce.

ACTA_148-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a actualizar la normativa estadística vigente desde 1976 y establecer un Sistema Estadístico Nacional que produjera información oficial, confiable, oportuna, integrada y útil para la planificación, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones. La propuesta contempló la creación de un Consejo Nacional de Estadística encargado de coordinar a las instituciones productoras de información, aprobar la política y el plan nacional en esta materia y expedir normas técnicas; el fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos como responsable de las estadísticas de base, los censos, encuestas y registros; la asignación al Banco Central de las estadísticas de síntesis macroeconómica; la formación de comités técnicos; la gratuidad del acceso a la información; la obligación de proporcionar datos veraces; y la protección de la información personal mediante la confidencialidad y el secreto estadístico, con sanciones administrativas, civiles y penales por su uso indebido. Durante el debate se propuso incorporar con mayor claridad los principios de objetividad, proporcionalidad, especialidad, calidad, transparencia y accesibilidad; armonizar las definiciones, metodologías y clasificaciones; evaluar periódicamente la calidad de las estadísticas; difundir los resultados y los métodos utilizados; garantizar que el acceso gratuito no se limitara únicamente a medios informáticos; precisar qué información podía solicitarse obligatoriamente; y coordinar la normativa con las disposiciones sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. También se planteó desagregar la información por sexo, género, orientación sexual, edad, condición migratoria, pertenencia étnica y territorio; crear comités especializados con enfoques de género, generacional, intercultural y plurinacional; reconocer las realidades de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; obtener estadísticas precisas sobre las personas migrantes y retornadas; y realizar censos o estudios periódicos adaptados a las condiciones particulares de Galápagos, la Amazonía, las zonas fronterizas y los gobiernos locales. Varios legisladores cuestionaron la conformación y necesidad del Consejo Nacional de Estadística, el aumento de la burocracia, la influencia de la Función Ejecutiva sobre el sistema y sobre la designación de la máxima autoridad del INEC, proponiendo que esta fuera seleccionada mediante concurso de méritos y oposición y que los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones sociales eligieran directamente a sus representantes. Asimismo, se expresaron temores de que las cifras pudieran ser manipuladas con fines políticos, se debatió si la ley debía abarcar también las estadísticas producidas por instituciones privadas, universidades, observatorios y organizaciones sociales, y se insistió en que la información oficial pudiera ser contrastada con fuentes independientes. También se formularon observaciones sobre la contratación temporal y la estabilidad de los servidores encargados de censos, la correcta redacción de varias disposiciones, la prohibición de formular preguntas no previstas en las boletas, la protección de los derechos laborales y la conveniencia de no denominar “secreto estadístico” a la información agregada que debía ser pública, sino reservar únicamente los datos personales protegidos. El debate concluyó sin votación para que la comisión analizara e incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Virgilio Hernández, Juan Carlos López, María Soledad Vela, Betty Amores, Carlos Velasco, María Molina, Luis Morales, Paola Pabón, Luis Almeida, Linda Machuca, Andrés Páez, Marisol Peñafiel, César Montúfar, Ángel Vilema, Jorge Escala, Gerónimo Yantalema, Edwin Vaca y Fernando Cordero.

ACTA_146-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate de la reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública, centrado en fortalecer la transparencia, agilizar la ejecución de obras y evitar el direccionamiento de contratos, la manipulación de pliegos, los plazos insuficientes para presentar ofertas, la adjudicación a empresas sin capacidad técnica, el contubernio entre proveedores y funcionarios y el incumplimiento o falta de cobro de garantías. Se propuso priorizar la contratación de mano de obra, profesionales, artesanos y proveedores de cada localidad; establecer medidas obligatorias de inclusión para micro, pequeñas y medianas empresas, comunas, comunidades y organizaciones de la economía popular y solidaria; fortalecer las ferias inclusivas y limitar la concentración de contratos en grandes compañías. También se debatieron los montos y procedimientos de menor e ínfima cuantía; la modificación de documentos precontractuales; las subastas inversas, especialmente para la adquisición de medicamentos; la intervención preventiva, concurrente y posterior de los organismos de control; las causales de descalificación de oferentes; la participación de empresas domiciliadas en paraísos fiscales; las prohibiciones aplicables a familiares de autoridades; y la necesidad de transparentar la identidad de socios y accionistas. Asimismo, se cuestionó el uso excesivo del régimen especial y de la figura del giro específico del negocio por parte de empresas públicas, se planteó verificar, actualizar y depurar periódicamente el Registro Único de Proveedores, incluir todas las contrataciones en los planes anuales, regular las compras de publicidad, controlar las obras declaradas emergentes y otorgar al organismo rector capacidad para suspender procesos cuando detectara irregularidades. Aunque se reconocieron avances en el proyecto, se consideró necesario incorporar las numerosas observaciones antes de proceder a la votación, por lo que se cerró el debate y el texto regresó a la comisión para preparar una versión definitiva; en consecuencia, quedaron pendientes las resoluciones sobre el reglamento de donación y trasplante de órganos, el transporte marítimo hacia Galápagos y la comparecencia relacionada con la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Intervinieron Edwin Vaca, Yandry Brunner, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Fernando Cordero, Paola Pabón, Fernando González, Jorge Escala, Fausto Cobo, Francisco Velasco, Luis Morales, Nivea Vélez y Luis Almeida.

ACTA_145-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, en el que se reconoció la necesidad de sustituir una normativa antigua por un marco integral acorde con el carácter intercultural y plurinacional del Estado y con las diferentes realidades de las comunas rurales, urbanas, costeras, serranas y amazónicas. La discusión abordó la protección de las tierras comunitarias frente a invasiones, desalojos y ventas irregulares; la diferencia entre la propiedad colectiva de la comuna y la posesión ejercida por cada comunero; los requisitos para adquirir o perder la calidad de comunero; la distinción entre comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y recinto; la autonomía y jurisdicción de los gobiernos comunitarios; la participación de mujeres, jóvenes y demás integrantes en las decisiones; el reconocimiento de las actas comunales; la articulación con los gobiernos locales, la planificación territorial, la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria; y la necesidad de garantizar crédito, inversión pública, infraestructura, salud, educación y proyectos productivos. Varias intervenciones cuestionaron que las comunas pudieran transformarse o disolverse para constituir cooperativas de producción, al considerar que esta posibilidad podría facilitar la privatización, parcelación y pérdida del carácter inalienable, inembargable, imprescriptible e indivisible de sus tierras; también se denunciaron los intentos de desalojo en Montañita y otros conflictos territoriales, la discriminación contra determinados comuneros y las limitaciones de participación de las mujeres. Ante la cantidad de observaciones, se solicitó una amplia socialización y consulta prelegislativa con las comunidades, y el proyecto regresó a la comisión para elaborar una nueva normativa integral. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto sobre libertad e igualdad religiosa, orientado a garantizar el derecho de las personas a conservar, cambiar, profesar y difundir sus creencias, celebrar cultos y festividades, recibir asistencia religiosa, acceder a educación conforme a sus convicciones, proteger el patrimonio de las confesiones, reconocer la personalidad jurídica y autonomía de las organizaciones religiosas y establecer un registro nacional. En comisión general, monseñor Luis Cabrera, en representación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, formuló observaciones sobre la autonomía de la Iglesia católica, su estructura territorial, el régimen de sus autoridades y la creación de un organismo estatal de regulación, mientras Luis Fernando Muñoz, representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, defendió la libertad de conciencia, la posibilidad de adoptar o cambiar de religión y el respeto a las prácticas y días de descanso de cada confesión. Durante el debate se cuestionaron las definiciones imprecisas, la posible injerencia estatal en la organización interna de las iglesias, la creación de un Consejo Nacional cuyas funciones podían duplicar las del Ministerio competente, el tratamiento de los bienes religiosos, los requisitos para ministros extranjeros, la rendición de cuentas, la educación religiosa y la compatibilidad del proyecto con el carácter laico del Estado; finalmente, se aprobó la moción de Kléver García para archivar el proyecto, decisión que se mantuvo después de la rectificación y de negarse su reconsideración. Finalmente, se debatió y aprobó la resolución para solicitar que los doctorados en Ciencias de la Educación, en sus distintas menciones, iniciados y obtenidos antes del cambio del sistema académico fueran reconocidos y registrados como títulos de cuarto nivel, destacándose que miles de docentes habían cursado estos estudios después de obtener su licenciatura, pero no podían utilizarlos para su recategorización y mejora salarial por diferencias en la denominación de las facultades que los emitieron. También se planteó extender el reconocimiento a otras profesiones y especialidades, impulsar programas de graduación y evitar cualquier discriminación entre títulos de igual naturaleza y rigor académico; tras incorporarse varias observaciones, la resolución fue aprobada con setenta y ocho votos afirmativos en la rectificación y su reconsideración fue negada. Intervinieron Jimmy Pinoargote, Virgilio Hernández, Luis Morales, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Guido Vargas, Gerónimo Yantalema, Yoly Rodríguez, Betty Carrillo, María Augusta Calle, Armando Aguilar, Paola Pabón, Hólger Chávez, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, monseñor Luis Cabrera, Luis Fernando Muñoz, Karen Vélez, Luis Almeida, César Montúfar, María Paula Romo, Kléver García, Rolando Panchana, Gioconda Saltos, Silvia Salgado, Mao Moreno, Mery Zamora, Edwin Vaca, Juan Fernández, Consuelo Flores y Francisco Cisneros.

ACTA_145-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Francisco Cisneros para exhortar a la ejecución urgente de la rehabilitación y construcción de un nuevo bloque para el Hospital del IESS de Puyo, pese a que señaló que existían recursos asignados y que su cancelación afectaba a miles de afiliados de Pastaza; en cambio, se incorporaron al orden del día las propuestas de Gioconda Saltos para solicitar el reconocimiento de los doctorados en Ciencias de la Educación obtenidos bajo el régimen anterior como títulos de cuarto nivel, con el fin de facilitar la recategorización de los docentes, y de María Augusta Calle para pronunciarse sobre los proyectos estadounidenses SOPA y PIPA, cuestionados por sus posibles efectos extraterritoriales sobre la privacidad, el acceso a la información y la libertad de expresión en Internet, aunque ambos asuntos quedaron pendientes. Posteriormente, se debatió y aprobó la resolución para promover el conocimiento y estudio de la Gesta Alfarista, destacándose el legado de Eloy Alfaro en la construcción del Estado laico, la educación pública, la integración nacional, la soberanía, la libertad, la igualdad, los derechos de las mujeres y la transformación política y social del país; durante la discusión se propuso esclarecer las responsabilidades históricas de su asesinato, reconocer a otros protagonistas de la Revolución Liberal, visibilizar la participación de las mujeres, revisar los compromisos estatales incompatibles con el laicismo, evitar la utilización política de su figura y mejorar la redacción del documento. El texto aprobado dispuso incorporar el estudio de la Gesta Alfarista en los distintos niveles educativos, promover contenidos curriculares sobre este proceso histórico, declarar el 28 de enero como Día de la Reparación Nacional, realizar actividades públicas de memoria y condena de su asesinato e incluir los estudios alfaristas en la formación de docentes. También se inició el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, dirigida a actualizar una normativa antigua conforme al carácter intercultural y plurinacional del Estado, reconocer los derechos colectivos, la autonomía y los gobiernos comunitarios, proteger las tierras y territorios ancestrales, fortalecer la participación en los gobiernos locales, la jurisdicción indígena y la consulta prelegislativa. La discusión se concentró especialmente en la posibilidad de que las comunas se transformaran voluntariamente en cooperativas de producción: algunos legisladores sostuvieron que esta opción respondía a la libre determinación y a las distintas realidades comunitarias, mientras otros advirtieron que podía facilitar la parcelación y pérdida del carácter indivisible, inembargable e imprescriptible de las tierras comunales. Asimismo, se propuso que la normativa tuviera carácter orgánico, reforzara los derechos de los comuneros, reconociera las particularidades de los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y comuneros de la Costa, regulara cuidadosamente la creación de nuevas comunas y garantizara beneficios tributarios, seguros agrícolas y coordinación con los gobiernos descentralizados. El debate quedó suspendido sin votación y con intervenciones pendientes, por lo que tampoco se trató el proyecto relacionado con la libertad e igualdad religiosa. Intervinieron Francisco Cisneros, Gioconda Saltos, María Augusta Calle, Gabriela Cuadros Alcívar y los integrantes del grupo musical Ariel; además de Lídice Larrea, Mery Zamora, Paco Moncayo, Luis Almeida, Scheznarda Fernández, Silvia Salgado, María Paula Romo, Luis Morales, Richard Guillén, Hólger Chávez, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, César Montúfar, Fausto Cobo, Lourdes Tibán, Ramón Vicente Cedeño, Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Kléver García, María Soledad Vela y Ramiro Terán.

ACTA_143-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron las propuestas para condenar la decisión judicial que favoreció a Alberto Dahik y expresar solidaridad con dirigentes sociales procesados, así como para rechazar la visita al Ecuador del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a Denisse Delgado, Fernando Unda, Rodney Chiluiza y Danny Mero, en reconocimiento a su talento artístico, espíritu de superación y aporte a la inclusión de las personas con discapacidad. Se desarrolló el primer debate de la reforma orientada a garantizar el principio de interculturalidad en los procesos de designación de autoridades públicas, proponiéndose que las ternas incluyeran representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con paridad de género y reconocimiento de los idiomas castellano, kichwa y shuar; durante la discusión se destacó la necesidad de aplicar acciones afirmativas reales, evitar que la inclusión quedara como una simple formalidad, adaptar los concursos a las diferentes realidades culturales, fortalecer la educación intercultural bilingüe y garantizar que las personas seleccionadas cumplieran los perfiles profesionales sin sufrir discriminación. También se analizó el proyecto para promover las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo archivo fue recomendado por considerar que gran parte de sus disposiciones ya estaban contempladas en la normativa de producción; sin embargo, la moción de archivo no fue aceptada y el proyecto regresó a la comisión, mientras Leonardo Viteri cuestionó la demora en tramitar su iniciativa y denunció un trato desigual hacia los proyectos presentados por legisladores de oposición. En cambio, se aprobó el archivo de la reforma relacionada con el sector cafetalero, al estimarse que su propuesta de incorporar representantes privados en organismos públicos contradecía normas constitucionales y duplicaba entidades y competencias ya existentes. Finalmente, se examinó la objeción parcial a las reformas electorales, debatiéndose la reducción de los plazos de la justicia electoral, los métodos para distribuir escaños, la proporcionalidad y representación de las minorías, las restricciones a la publicidad gubernamental y privada durante las campañas, el uso de recursos públicos, el silencio electoral, la libertad de expresión y el acceso de candidatos a los medios de comunicación, las sanciones por infracciones electorales, la regulación del acoso político contra las mujeres y la contratación temporal de personal por parte de los organismos electorales. El Pleno aceptó las observaciones relacionadas con la celeridad de los procesos, la adjudicación de escaños, el período de prohibición de propaganda, determinadas sanciones y la contratación de personal electoral; no obstante, no alcanzó los votos necesarios para ratificar los textos previamente aprobados sobre propaganda durante las campañas y acoso político. Intervinieron Jorge Escala, Leonardo Viteri, Cynthia Viteri, Enrique Herrería, María Cristina Kronfle, Danny Mero, Rodney Chiluiza, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Lourdes Tibán, María Augusta Calle, Juan Carlos López, María Pilar Almeida, Rolando Panchana, Luis Morales, Omar Juez, Mauro Andino, Paco Moncayo, Luis Almeida, Línder Altafuya, María Paula Romo, Francisco Velasco, Betty Amores, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Vicente Taiano, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Xavier Tomalá, Galo Vaca, Nívea Vélez, Marco Murillo, César Rodríguez, Fernando González, Fernando Aguirre, César Gracia y Susana González.

ACTA_142-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se incorporaron al orden del día una propuesta para reconocer la importancia histórica de la Batalla de Camino Real y establecer una fecha de conmemoración nacional, asunto que no llegó a tratarse posteriormente, y una resolución de homenaje a los periodistas ecuatorianos, en cuyo debate se destacó el legado de Eugenio Espejo, la importancia del periodismo para la democracia, los riesgos que enfrentan quienes ejercen esta profesión, sus condiciones laborales, la libertad de expresión, la responsabilidad ética, la honra de las personas, la censura y autocensura en los medios y los procesos judiciales relacionados con publicaciones y opiniones; tras posiciones contrapuestas sobre la relación entre el Gobierno, la prensa y la Función Judicial, se aprobó una resolución que expresó respeto y solidaridad con los periodistas y la voluntad de vigilar el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión en todos los ámbitos comunicacionales. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma tributaria relacionada con la caución equivalente a un porcentaje de la obligación impugnada y con la facultad de los funcionarios encargados de la ejecución coactiva para disponer el arraigo o la prohibición de salida del país; algunos legisladores consideraron que estas medidas eran necesarias para evitar recursos dilatorios, fortalecer la cultura tributaria y garantizar el pago de las obligaciones, mientras otros sostuvieron que condicionaban el acceso gratuito a la justicia, discriminaban a quienes carecían de recursos, vulneraban la presunción de inocencia y debían eliminarse, planteándose también exonerar del afianzamiento a los reclamos de menor cuantía y solicitar nuevos pronunciamientos constitucionales; el primer debate concluyó sin votación y las observaciones fueron remitidas a la comisión. Finalmente, continuó el segundo debate de la reforma sobre las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, orientada a permitirles constituir capital propio, reconocer derechos económicos y de propiedad a sus socios mediante certificados de aportación, garantizar voz y voto independientemente del capital aportado, limitar la concentración de la propiedad, ampliar sus inversiones y servicios financieros e inmobiliarios, fortalecer su solvencia y facilitar la recuperación por vía coactiva de pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas; también se discutieron la responsabilidad de accionistas y administradores, la conveniencia de que todos respondieran por los perjuicios y no únicamente quienes superaran determinado porcentaje de participación, y el procedimiento para elegir al defensor del cliente, cuestionándose que su designación dependiera de la autoridad de control en lugar de los propios socios. Ante la necesidad de realizar ajustes técnicos y jurídicos, el proyecto regresó a la comisión y la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Mercedes Diminich, César Rodríguez, María Augusta Calle, María Paula Romo, César Montúfar, Lenín Chica, Stalin Subía, Paco Moncayo, Luis Morales, Francisco Velasco, César Gracia, Betty Amores, Jimmy Pinoargote, Vicente Taiano, Luis Almeida, Fausto Cobo, Juan Carlos Cassinelli, Salomón Fadul, Eduardo Encalada, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, José Portugal, Viviana Bonilla y Jorge Escala; Fernando Cordero dirigió la sesión, Pedro de la Cruz y Juan Carlos Cassinelli asumieron temporalmente su conducción y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_141-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó, luego de una rectificación, la propuesta de Edwin Vaca para suspender el orden previsto y retomar inmediatamente la votación de las reformas a la normativa de la Función Legislativa; en cambio, se incorporaron el análisis de una amnistía para siete dirigentes y comuneros de Cochapata, en el cantón Nabón, y una resolución sobre la emergencia provocada por deslizamientos en varias comunidades del Azuay. Posteriormente, se aprobó la amnistía para Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez, quienes habían sido condenados por sabotaje tras participar en una movilización contra una actividad minera que afectaba las fuentes de agua; se consideró que su actuación respondía a la defensa de la naturaleza, los derechos comunitarios y la protesta social, que ya habían sido beneficiarios de una amnistía anterior que no fue aplicada correctamente y que la persecución había deteriorado gravemente su salud y la convivencia de sus familias, por lo que se dispuso archivar definitivamente el proceso y dejar sin efecto la sentencia. A continuación, se realizó el primer debate de la propuesta sobre práctica intercultural y acompañamiento durante el parto, en el que la comisión recomendó inicialmente su archivo por considerar que la legislación, los protocolos sanitarios y las normas técnicas vigentes ya reconocían el parto culturalmente adecuado, el acompañamiento familiar, la participación de parteras y el respeto a los saberes ancestrales; sin embargo, otros legisladores defendieron la necesidad de fortalecer su aplicación, reconocer y formar a parteras y comadronas, disminuir la mortalidad materna, garantizar estos servicios en zonas rurales e indígenas y ampliar el enfoque hacia un parto humanizado para toda la población, por lo que se retiró la propuesta de archivo y el proyecto regresó a la comisión para ser reformulado. También se resolvió la objeción parcial a la reforma destinada a atender las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas: el Pleno aceptó varias observaciones relacionadas con las obligaciones de la autoridad sanitaria y la definición de las enfermedades catastróficas, pero ratificó su texto sobre la definición de las enfermedades raras o huérfanas; la normativa reconoció estas patologías como asunto de interés nacional y contempló protocolos de atención, investigación, diagnóstico y tratamiento, medicamentos e insumos, registro de pacientes, capacitación médica, regulación de seguros y apoyo social para las familias. Posteriormente, continuó el segundo debate de las reformas electorales, abordándose la paridad de género en los organismos electorales, la prevención y sanción del acoso político, las licencias de las autoridades que buscaran la reelección, la utilización de bienes y publicidad estatal durante las campañas, el control del gasto electoral, las encuestas, las impugnaciones, el conteo de votos y los métodos de distribución de escaños; mientras algunos defendieron las reformas como necesarias para ampliar la participación y proteger a las mujeres, otros cuestionaron que se cambiaran las reglas cerca de las elecciones, advirtieron posibles ventajas para el oficialismo y solicitaron archivar el proyecto, cuyo debate quedó suspendido sin votación. Finalmente, se aprobó por unanimidad, luego de la rectificación, una resolución para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las comunidades y parroquias del Azuay afectadas por las lluvias y los deslizamientos, coordinar la atención de las familias damnificadas, asignar recursos para reconstruir viviendas, garantizar servicios de salud, asistencia social y agua potable, realizar estudios geológicos y disponer acciones conjuntas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y los gobiernos municipales; la reconsideración de esta decisión fue negada. Intervinieron Edwin Vaca, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Rosana Alvarado, Lourdes Tibán, Luis Morales, Marco Murillo, César Gracia, César Rodríguez, Jorge Escala, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Víctor Quirola, Rolando Panchana, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri, Paco Moncayo, Mauro Andino, Mariángel Muñoz, Fernando Cordero, Kléver García, María Soledad Vela, Vicente Taiano, Gioconda Saltos y Eduardo Encalada; Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_140-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se rindió homenaje a la Fundación Vista para Todos por su labor social y humanitaria en favor de personas de escasos recursos, adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, destacándose sus servicios oftalmológicos, la entrega gratuita de lentes y sillas de ruedas y su cobertura nacional, por lo que recibió la condecoración al mérito social; posteriormente, continuó el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados por indemnizaciones ocasionadas por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, concesionarios, delegatarios y otras personas que ejercen potestades públicas. La discusión abordó la necesidad de proteger el patrimonio público y los recursos de los contribuyentes, evitar la impunidad, establecer un procedimiento rápido con derecho a la defensa y determinar judicialmente el dolo o la culpa grave; también se analizaron la competencia de los órganos contencioso-administrativos, las funciones de la Procuraduría y la Contraloría, el plazo de prescripción, la legitimación para presentar las demandas, el llamamiento en garantía, las medidas cautelares, el cálculo de intereses, la cuantificación de las indemnizaciones, la posibilidad de conciliación, los recursos de apelación y casación y la responsabilidad de funcionarios de cualquier jerarquía. Varios legisladores respaldaron la iniciativa como un mecanismo para recuperar valores pagados por casos de violaciones de derechos, errores administrativos, daños ambientales, incumplimientos contractuales y decisiones de organismos internacionales; otros cuestionaron su necesidad, posibles contradicciones con normas existentes, vacíos en la técnica jurídica, el riesgo de persecución política, la discrecionalidad de las autoridades, la posibilidad de sancionar dos veces por los mismos hechos y la falta de claridad sobre los actos de gobierno, el fuero de determinadas autoridades y la responsabilidad de superiores que hayan ejercido presión o coerción sobre funcionarios subordinados. También se debatió el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal por casos históricos de desapariciones, torturas y detenciones ilegales, y la necesidad de diferenciar los errores cometidos de buena fe de las conductas deliberadamente dañinas. Debido a la cantidad y complejidad de las observaciones, se suspendió la votación para que la comisión preparara y distribuyera un nuevo texto. Intervinieron Rocío Valarezo, Diego Benítez, Mauro Andino, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Andrés Páez, Rolando Panchana, María Paula Romo, Fausto Cobo, Luis Morales, Eduardo Encalada, Paco Moncayo, Stalin Subía, Andrés Roche y María Augusta Calle; Fernando Cordero dirigió la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_139-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a las demás especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción, mediante la conservación de sus hábitats, la prohibición de la caza, captura, recolección, tenencia, transporte y comercialización, la elaboración de inventarios, la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos locales, la creación de una instancia nacional de protección y la aplicación de sanciones administrativas. Aunque existió respaldo general a la iniciativa, se propuso ampliar su enfoque y modificar su denominación para que comprendiera integralmente a todas las especies; avanzar hacia un código ambiental; actualizar los registros de especies amenazadas; promover centros de rescate, reproducción y estaciones científicas; regular la introducción de especies exóticas, la caza deportiva, la pesca destructiva, el tráfico de vida silvestre y el aprovechamiento científico de los recursos genéticos; proteger los ecosistemas, páramos, bosques y áreas naturales; y establecer excepciones controladas para la investigación, rehabilitación y reproducción. También se planteó incorporar la participación, los conocimientos y la jurisdicción de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; diferenciar sus prácticas tradicionales de las actividades depredadoras; precisar las competencias institucionales; evitar márgenes excesivos de discrecionalidad, contradicciones entre sanciones administrativas y penales y duplicaciones normativas; y garantizar recursos económicos para que la ley pudiera aplicarse. Varios legisladores cuestionaron además la contradicción entre la protección ambiental y las actividades mineras, petroleras, madereras y agrícolas que destruyen los hábitats; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Posteriormente, se analizó y aprobó una resolución que exhortó al Ejecutivo a mantener el subsidio al combustible utilizado en el transporte aéreo hacia Galápagos, conservar el descuento del cincuenta por ciento en los pasajes de sus residentes, aplicar el mismo porcentaje al transporte de alimentos perecibles y medicinas y considerar el subsidio vigente para los habitantes de las zonas fronterizas y amazónicas, debido a las dificultades de acceso, las distancias, las necesidades de salud y movilidad, la dependencia del turismo y el posible incremento del costo de vida; la propuesta obtuvo ciento nueve votos afirmativos, cuatro blancos y seis abstenciones, y su reconsideración fue negada. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Consuelo Flores, Francisco Ulloa, Fernando Bustamante, Luis Morales, Guido Vargas, Leonardo Viteri, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, María Augusta Calle, María Paula Romo, Zobeida Gudiño, María Molina, Cléver Jiménez, María Soledad Vela, Magaly Orellana, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Francisco Cisneros, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_138-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron la incorporación de una propuesta para atender las enfermedades tropicales que afectaban a las comunidades indígenas amazónicas y se negaron los pedidos para votar inmediatamente la reforma de la normativa de la Función Legislativa y para expresar solidaridad con las juezas María Leonor Jiménez y Vanesa Cevallos ante sus destituciones; posteriormente, se posesionó a las consejeras y consejeros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. El tema central fue el primer debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron la realización simultánea de las elecciones presidenciales y legislativas; la posibilidad de que votaran quienes se encontraran dentro de los recintos electorales al momento del cierre; la paridad entre hombres y mujeres en los organismos electorales; la incorporación y definición del acoso y la violencia política; el fortalecimiento de los partidos y movimientos; la sustitución del método de adjudicación de escaños vigente por el método D’Hondt; la creación de un registro pasivo de electores; la organización y funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral; el juzgamiento de infracciones; la publicidad estatal durante las campañas; el control del gasto electoral; la regulación de encuestas y sondeos; la seguridad de las papeletas; y la igualdad de condiciones entre las organizaciones políticas. Mientras algunos legisladores defendieron las reformas como mecanismos para simplificar los procesos, reducir la fragmentación política, fortalecer la gobernabilidad y garantizar la participación de las mujeres, otros advirtieron que el método D’Hondt favorecería a las organizaciones mayoritarias, limitaría la representación de las minorías y podría facilitar la concentración del poder, además de cuestionar la independencia de las autoridades electorales y el uso de recursos públicos con fines políticos; el debate concluyó sin votación y se concedió un plazo para presentar observaciones. También se aprobó por unanimidad el reconocimiento de Jumandy como héroe nacional y símbolo de la resistencia anticolonial, resaltando su liderazgo en la rebelión del pueblo Quijos, la defensa de los territorios, la identidad, los recursos naturales y la libertad de los pueblos amazónicos, así como la necesidad de recuperar la memoria histórica, fortalecer el patrimonio cultural y reconocer las luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Asimismo, se aprobó por unanimidad exhortar al Ministerio de Salud a implementar un programa especial contra las enfermedades tropicales en las comunidades amazónicas y ejecutar acciones inmediatas de prevención, vacunación, control, mapeo de zonas de riesgo, entrega de toldos y capacitación frente a los casos de rabia registrados en Morona Santiago. Finalmente, se inició el análisis de la objeción presidencial a la reforma sobre la gestión de la cuenca del río Paute y la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en Esmeraldas, Atacames y Río Verde; se debatieron la autonomía del organismo de gestión hídrica, la conformación de una mancomunidad, la creación de una empresa pública, la transferencia de competencias, el plazo para que los municipios asumieran los servicios y la obligación de constituir un fideicomiso para pagar los créditos de la empresa San Mateo, pero, ante la falta de legisladores suficientes para ratificar el texto aprobado previamente, el tratamiento quedó suspendido. Intervinieron Diana Atamaint, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Rosa Cerda, Pedro de la Cruz, Zobeida Gudiño, Lourdes Tibán, Gilmar Gutiérrez, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema, Marcos Tanguila, Erika Sylva Charvet, una representante del grupo cultural Jumandy Jatari, José Luis Acacho, Inés Siguango, Mauro Andino, César Montúfar, Paco Moncayo, Marisol Peñafiel, César Gracia, Nívea Vélez, Richard Guillén, Fernando Cordero, Rafael Dávila, Silvia Salgado, Luis Almeida, Francisco Ulloa, Rolando Panchana, Paco Fierro, Luis Morales y Línder Altafuya.

ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_133-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Enrique Herrería para incorporar al orden del día una resolución que condenara las actuaciones de Patricio Pazmiño y Tania Arias, por considerar que su participación en una delegación gubernamental comprometía la independencia e imparcialidad que debían mantener frente a la Función Ejecutiva. Posteriormente, se analizó y aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador e Italia, destinado a fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y experiencias en políticas de seguridad y defensa, logística y adquisición de equipos, educación, entrenamiento y adiestramiento militar, operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, protección ambiental, servicio médico, historia y deporte militar; se aclaró que el instrumento no constituía una alianza política o militar ni comprometía la planificación estratégica nacional, y su aprobación se mantuvo luego de la rectificación y de que fuera negada la reconsideración. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados en procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, orientado a que el CONSEP dejara de actuar únicamente como depositario y asumiera facultades para custodiar, conservar y administrar los bienes mientras se resolvieran los procesos judiciales. Durante la discusión se plantearon observaciones sobre la venta inmediata de bienes perecibles y semovientes, el mantenimiento y avalúo de propiedades, empresas, vehículos y haciendas, la creación de cuentas especiales para conservar el dinero obtenido y devolverlo con sus intereses cuando existiera una sentencia absolutoria, la transferencia definitiva de los bienes al Estado cuando hubiera condena, la obligación de rendir informes a los jueces, la identificación de la institución pública que asumiría los bienes, la protección de la presunción de inocencia, la prevención de abusos y corrupción dentro del CONSEP y la posibilidad de destinar parte de los recursos a la prevención del consumo de drogas y a la rehabilitación de personas con adicciones. El primer debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Enrique Herrería, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Galo Lara, Paco Moncayo, Luis Morales, Luis Almeida, Guillermina Cruz, María Paula Romo, Vicente Taiano y Francisco Cisneros.

ACTA_132-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar la igualdad, inclusión y defensa de las personas con discapacidad, respecto del cual existió un respaldo general, aunque se presentaron numerosas observaciones para asegurar que los derechos reconocidos pudieran cumplirse efectivamente y no quedaran como declaraciones sin financiamiento, plazos, responsables, controles ni sanciones. La discusión abordó la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana de discapacidades, regular con criterios éticos los programas de genética humana, ampliar la atención médica y la rehabilitación integral, garantizar medicamentos y ayudas técnicas gratuitas, facilitar el acceso a seguros de vida y salud y establecer una seguridad social financiada o respaldada por el Estado. En materia educativa se propuso impulsar una verdadera educación inclusiva, con equipos multidisciplinarios, docentes capacitados, adaptaciones curriculares, sistema Braille, lengua de señas, infraestructura accesible y centros especializados únicamente cuando fueran indispensables; mientras que en el ámbito laboral se analizaron los porcentajes de contratación, la evaluación de capacidades y destrezas, la eliminación de restricciones generales basadas en supuestos riesgos, la adecuada asignación de funciones y la protección económica de quienes cuidan permanentemente a personas con discapacidad severa. También se plantearon mejoras en la accesibilidad de edificios, viviendas, calles, transporte público, taxis, medios de comunicación y señalética; la actualización periódica de los montos permitidos para importar vehículos; la aplicación real de tarifas preferenciales y exoneraciones; y la participación de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, se solicitó incorporar las realidades de las zonas rurales, fronterizas y amazónicas, garantizar un enfoque intercultural y lingüístico para pueblos y nacionalidades, fortalecer el Seguro Social Campesino, incluir a los ecuatorianos con discapacidad residentes en el exterior, ampliar la protección a familiares y representantes legales, y desarrollar campañas para eliminar la discriminación y cambiar la percepción social sobre la discapacidad. También se debatió la denominación más adecuada para las personas beneficiarias, aunque se defendió el uso de “personas con discapacidad” por ser el término reconocido constitucionalmente. El primer debate concluyó sin votación, a fin de que la comisión analizara e incorporara las observaciones para preparar el texto del segundo debate. Intervinieron Luis Almeida, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Carlos Velasco, Armando Aguilar, César Gracia, Mao Moreno, Kléver García, Gioconda Saltos, Fernando Flores, Gerónimo Yantalema, Gastón Gagliardo, Rolando Panchana, Betty Amores, Galo Lara, Grace Almeida, María Molina, César Rodríguez, Dora Aguirre, Tamara Chico, Edwin Vaca, Guillermina Cruz y María Cristina Kronfle.

ACTA_131-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Jorge Escala para incorporar al orden del día una resolución que rechazara el anuncio de una posible amnistía para la agrupación denominada “Los Choneros” y exigiera garantías para quienes realizaban tareas de fiscalización. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de reforma sobre la gestión de la cuenca hidrográfica del río Paute y la reorganización de las entidades encargadas de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en varios cantones de Manabí y Esmeraldas. El debate se centró en adecuar las competencias institucionales, transformar el Consejo de Gestión de Aguas del Paute en un organismo adscrito a la Autoridad Única del Agua, transferir determinadas funciones, bienes y recursos, y entregar a los gobiernos municipales o a sus mancomunidades la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. También se analizaron la continuidad de los servicios durante la transición, la distribución de bienes y obligaciones, la estabilidad y evaluación de los servidores públicos, la participación de usuarios y organizaciones comunitarias, la consulta a pueblos y nacionalidades, la protección del derecho humano al agua y las diferencias existentes entre la realidad de la cuenca del Paute y la situación de las instituciones hídricas de Manabí. Mientras algunos legisladores respaldaron la propuesta por considerarla una medida de descentralización y ordenamiento institucional, otros advirtieron sobre una posible concentración de atribuciones en el Gobierno central, afectaciones laborales, insuficiente representación comunitaria y la necesidad de tramitar una normativa integral sobre los recursos hídricos. Tras incorporarse varias observaciones técnicas y disposiciones para garantizar la continuidad del servicio, el proyecto fue aprobado mediante rectificación y posteriormente se negó su reconsideración. Intervinieron Jorge Escala, Mauro Andino, Luis Almeida, María Soledad Vela, María Paula Romo, Pedro de la Cruz, Richard Guillén, Rocío Valarezo, Lídice Larrea, Gerónimo Yantalema, Fernando Aguirre, Ramiro Terán, Luis Morales, Mariángel Muñoz, Eduardo Encalada, Fernando Romo, Betty Amores, Marllely Vásconez y Paco Moncayo.

ACTA_129-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron las solicitudes para incorporar al orden del día el reconocimiento de Manuel Inocencio Parrales y Guale como precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, así como la propuesta para declarar el 12 de octubre como Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, Montubios, Afros y Sectores Populares, aunque esta última no llegó a resolverse antes de la clausura; en cambio, fue negado el pedido de declarar la emergencia sanitaria en Pastaza ante la presencia de casos de sarampión en territorio huaorani. El tema central fue el primer debate de la reforma sobre la jubilación especial para las mujeres, que proponía permitirles jubilarse voluntariamente, sin límite de edad, después de veinticinco años de aportaciones, calculando la pensión con base en el promedio de sus cinco mejores remuneraciones. La mayoría de las intervenciones respaldó la iniciativa como una medida de justicia social y reconocimiento al doble o triple trabajo que realizan las mujeres en el ámbito laboral, doméstico, familiar y comunitario, así como a la discriminación histórica, el desgaste físico y mental, las dificultades de inserción laboral y la responsabilidad de cuidar a hijos, nietos, personas enfermas y adultos mayores. También se planteó ampliar la seguridad social a amas de casa, trabajadoras informales, campesinas, indígenas y mujeres sin relación de dependencia; considerar los períodos de maternidad y enfermedad; garantizar que la jubilación sea opcional; revisar el coeficiente utilizado para calcular las pensiones; y asegurar una prestación digna. No obstante, varios legisladores advirtieron que era indispensable contar con estudios actuariales, precisar el número de posibles beneficiarias, establecer una fuente de financiamiento sostenible, analizar la participación económica del Estado y del IESS, corregir aspectos de técnica legislativa y evitar que la reforma reforzara la idea de que las tareas domésticas son responsabilidad exclusiva de las mujeres. Fernando Cordero sostuvo que la iniciativa podía enfrentar impedimentos constitucionales por comprometer recursos estatales y pidió coordinar una propuesta viable con el Ejecutivo y el IESS; tras la respuesta de Nívea Vélez, quien defendió el carácter optativo y la legitimidad de utilizar los recursos de los afiliados para esta prestación, se cerró el primer debate sin votación y se remitieron las observaciones a la comisión. Finalmente, se aprobó la resolución que declaró a Manuel Inocencio Parrales y Guale precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, reconociendo su lucha contra los abusos coloniales y a favor de las tierras comunitarias. Intervinieron Soraya Viteri, Francisco Cisneros, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Clara Salazar, Mariana Pallasco, Edwin Vaca, Kléver García, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Diana Atamaint, Mery Zamora, Marisol Peñafiel, Andrés Páez, Vicente Taiano, Rocío Valarezo, Mercedes Villacrés, César Gracia, María Soledad Vela, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Scheznarda Fernández, Fernando Bustamante, Consuelo Flores, Richard Guillén, Línder Altafuya, Rolando Panchana, Betty Amores, Silvia Kon, Paola Pabón, María Molina, Betty Carrillo, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Susana González, César Rodríguez, Luis Morales, Luis Almeida, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos, Guido Vargas y Fernando Cordero.

ACTA_127-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa del servicio público, orientado a corregir la prohibición general que impedía a servidores públicos y a sus familiares contratar con cualquier institución estatal; durante la discusión se buscó equilibrar la libertad de trabajo y contratación con la prevención del nepotismo, el tráfico de influencias y la corrupción, planteándose limitar las prohibiciones según la institución donde labora el funcionario, el grado de parentesco, la jerarquía del cargo, la participación efectiva en empresas y la existencia de conflictos de intereses, además de formular observaciones sobre la autonomía administrativa de la Asamblea, las renuncias obligatorias y los regímenes aplicables a docentes universitarios y profesionales. Posteriormente, se analizó el convenio entre Ecuador y China para el otorgamiento de una línea de crédito preferencial, debatiéndose sus condiciones financieras, la política de endeudamiento, la soberanía nacional, la transparencia de los acuerdos petroleros, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con China; sin embargo, ante las dudas sobre la correspondencia entre el instrumento sometido al Pleno y el dictamen de la Corte Constitucional, se suspendió su tratamiento y se dispuso que regresara a la comisión para aclarar su denominación y sustento jurídico antes de una futura votación. Finalmente, se designó a Karen Pamela Tapia Tapia y Manuel Eduardo Taipe Calle como delegados para integrar la comisión ciudadana encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, y a Myriam Elisa Brito Estrada y Fausto Javier Holguín Ochoa para la selección de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral; ambas designaciones fueron aprobadas y sus reconsideraciones resultaron negadas. Intervinieron Raúl Abad, Alfredo Ortiz, Fernando Bustamante, Galo Vaca, María Soledad Vela, Luis Almeida, Gastón Gagliardo, Enrique Herrería, Luis Morales, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Andrés Roche, Jorge Escala, Pedro de la Cruz, Paco Fierro, Rolando Panchana, Kléver García, Fernando Cordero, Tito Nilton Mendoza, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, José Portugal, Juan Fernández, Paco Moncayo, Francisco Ulloa, Cléver Jiménez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Fernando Aguirre, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Betty Amores, Galo Lara, Armando Aguilar, César Rodríguez, María Augusta Calle y Dora Aguirre.

ACTA_126-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó una resolución de solidaridad con cinco ciudadanos cubanos procesados y condenados en Estados Unidos, mediante la cual se solicitó al presidente Barack Obama disponer su liberación y conceder visas humanitarias a sus familiares; durante el debate se confrontaron criterios sobre las garantías del proceso, los derechos humanos, las acusaciones de espionaje, el respeto a la soberanía estadounidense y la necesidad de extender la solidaridad a ciudadanos ecuatorianos detenidos o perseguidos. Posteriormente, se aprobó definitivamente la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, destinada a prevenir, corregir y sancionar el abuso de posición dominante, los acuerdos colusorios, las concentraciones económicas y las prácticas desleales, luego de incorporar cambios para proteger el debido proceso, la privacidad, el derecho a la defensa, la proporcionalidad de las medidas preventivas y la delimitación de las facultades de los organismos reguladores; la aprobación se mantuvo después de la rectificación y de que fuera negada su reconsideración. También se aprobó exhortar al Ministerio de Educación a iniciar inmediatamente la recategorización de los docentes, de acuerdo con su experiencia y profesionalización, concluir el proceso en un plazo máximo de un año y ampliar los cursos de capacitación necesarios para acceder a este beneficio. Asimismo, ante el aumento de casos de sarampión, se resolvió solicitar la declaratoria del estado de excepción sanitaria en la provincia de Tungurahua, con atención prioritaria a Quisapincha, Pasa y Atahualpa, así como el fortalecimiento de la infraestructura, el personal, los medicamentos y los insumos de salud. Finalmente, se expresó solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones en Napo y se exhortó al Gobierno Nacional a atender oportunamente a los damnificados, reparar los daños y coordinar las acciones de asistencia y reconstrucción. Intervinieron Línder Altafuya, Paco Moncayo, María Alejandra Vicuña, Luis Almeida, Fernando Flores, Silvia Salgado, Francisco Velasco, Gioconda Saltos, Kléver García, Ramiro Terán, Hólger Chávez, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Galo Vaca, Jorge Escala, Mao Moreno, Betty Carrillo, Leonardo Viteri, César Gracia, Juan Carlos López, Marco Murillo, Luis Morales, Franklin Purcachi, Víctor Quirola y Guillermina Cruz.

ACTA_121-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ley Derogatoria No. 8 para la Depuración de la Normativa Legal, mediante el cual se eliminaron expresamente 150 normas obsoletas o ya cumplidas, entre decretos y acuerdos supremos, resoluciones legislativas y decretos leyes de emergencia, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica; tras la rectificación, el proyecto obtuvo noventa y un votos afirmativos, cinco blancos y diez abstenciones. Posteriormente, se debatió y aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos, destacándose que este instrumento puso fin a la denominada “guerra del banano”, redujo progresivamente los aranceles europeos y mejoró las condiciones de acceso del producto ecuatoriano, aunque también se plantearon inquietudes sobre la competitividad frente a Colombia y Perú, la protección de pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial y la necesidad de políticas complementarias para el sector; la rectificación registró ciento diez votos afirmativos. Finalmente, se discutió qué comisión debía analizar el informe anual de labores del Presidente de la República: las propuestas para remitirlo a las comisiones de Derechos Colectivos y de Soberanía no fueron aprobadas luego de sus respectivas rectificaciones, mientras que también se planteó encargarlo a Fiscalización, conformar una comisión multipartidista o distribuir el análisis entre todas las comisiones; al no existir una propuesta concreta y consensuada, la sesión fue suspendida. Intervinieron María Paula Romo, Rafael Dávila, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Víctor Quirola, Emilia Jaramillo, Nicolás Lapentti, Omar Juez, Línder Altafuya, Dora Aguirre, María Augusta Calle y Fernando Flores.

ACTA_116-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas para incorporar al orden del día el rechazo al decreto sobre la compra obligatoria de renuncias de servidores públicos y un exhorto para ampliar el acceso de los jóvenes a las universidades estatales. Posteriormente, se posesionó a Paulo Rodríguez, Tania Arias y José Yávar como integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio. Se debatió la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de una causa penal contra el Presidente de la República por una querella de injurias; quienes respaldaron la autorización sostuvieron que la inmunidad no debía impedir la investigación judicial y que correspondía garantizar el debido proceso, mientras sus opositores consideraron que la petición carecía de fundamento constitucional, perseguía fines políticos y pretendía desestabilizar al Gobierno. La autorización fue negada y la rectificación confirmó el resultado. También se aprobó la Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, mediante la cual se eliminaron ciento cincuenta y una normas obsoletas o inaplicables. Finalmente, se realizó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial sobre las prácticas preprofesionales de los estudiantes de Derecho, analizando su aplicación únicamente a quienes iniciaron sus estudios después de la vigencia del Código, la falta del reglamento correspondiente, la posibilidad de realizarlas durante la carrera y en distintas instituciones públicas, su remuneración, la protección de quienes estudian y trabajan, la diferencia entre pasantías y prácticas profesionales y la coordinación con las autoridades de educación superior; las observaciones fueron remitidas a la comisión para elaborar el informe de segundo debate. Intervinieron Nívea Vélez, Luis Morales, Silvia Kon, Enrique Herrería, Jorge Escala, Tito Mendoza, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Hólger Chávez, Andrés Páez, Cynthia Viteri, César Rodríguez, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, César Montúfar, Lourdes Tibán, Armando Aguilar, Luis Almeida, César Gracia, Mauro Andino, Eduardo Encalada, María Romo, Juan Cassinelli, Gerónimo Yantalema, María Vela, Francisco Ulloa y Viviana Bonilla.

ACTA_115-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, enfocado en fortalecer las facultades de legislación y fiscalización de la Asamblea, trasladar al Pleno la decisión sobre la continuación o archivo de los juicios políticos, permitir la presentación y votación de textos alternativos, regular la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades, revisar la conformación de las comisiones y analizar la creación de empresas públicas de comunicación legislativa y la asignación de asesores. Durante el debate existieron acuerdos sobre la necesidad de mejorar la fiscalización, pero también cuestionamientos respecto del incremento de comisiones, personal y gastos, así como sobre el procedimiento de consulta prelegislativa. El tratamiento del proyecto fue suspendido sin votación para designar al representante de la Función Legislativa ante el Consejo de la Judicatura de Transición. María Vela propuso a Tania Arias como delegada principal y a Carlos Delgado como alterno, mientras Alfredo Ortiz planteó las candidaturas de Juan Vizuete y Ramón Saltos; María Romo cuestionó que la selección devolviera a los sectores políticos la influencia sobre la justicia. Finalmente, se aprobó la designación de Tania Arias y Carlos Delgado, la rectificación confirmó el resultado y la posterior reconsideración fue negada. Intervinieron Vicente Taiano, María Romo, Fernando Bustamante, Rafael Dávila, Nívea Vélez, Luis Almeida, Alfredo Ortiz, Ramiro Terán, María Vela y Leonardo Viteri.

ACTA_113-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó y concluyó el primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Salud sobre enfermedades raras o huérfanas. Las intervenciones destacaron la necesidad de definir claramente estas patologías, reconocerlas como enfermedades de alta complejidad y atención prioritaria, garantizar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y medicamentos, crear protocolos y registros de pacientes, promover la investigación genética y científica, capacitar al personal sanitario, apoyar a las familias y fomentar la cooperación internacional. También se aclaró que no todas estas enfermedades son de origen genético y se propuso incorporar un capítulo específico que establezca las responsabilidades del Estado y del Ministerio de Salud; las observaciones fueron remitidas a la comisión para elaborar el informe de segundo debate. Posteriormente, se analizó la situación de los maestros contratados, con posiciones que coincidieron en la obligación de pagar las remuneraciones adeudadas, aunque existieron diferencias sobre la entrega directa de nombramientos o la necesidad de respetar los concursos de méritos y oposición. Finalmente, se aprobó por unanimidad solicitar el pago inmediato de los haberes pendientes a los maestros contratados de Esmeraldas y de otras provincias, cancelar las horas extras de quienes trabajan en jornada nocturna, exigir el cumplimiento de la disposición transitoria correspondiente de la Ley Orgánica del Servicio Público, entregar nombramientos a quienes ganaron concursos anteriores y cubrir las nuevas plazas mediante el banco de elegibles. Intervinieron Paco Moncayo, María Vela, Luis Almeida, Lídice Larrea, Marco Murillo, Eduardo Encalada, María Kronfle, Leonardo Viteri, Víctor Quirola, Nívea Vélez, Silvia Salgado, Fernando Flores, Guillermina Cruz, Scheznarda Fernández, Línder Altafuya, Edwin Vaca y Raúl Abad.

ACTA_112-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, destinado a eliminar ciento cincuenta y una normas obsoletas y sin aplicación práctica, entre decretos, acuerdos, resoluciones legislativas y leyes, con lo que se completaría la revisión de aproximadamente mil cuatrocientas disposiciones antiguas; el debate fue cerrado y se dispuso remitir las observaciones a la comisión para preparar el informe de segundo debate. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Propiedad Horizontal, orientada a sustituir la exigencia de unanimidad por la aprobación de los dos tercios de las alícuotas para determinadas decisiones, evitar que un solo copropietario paralice mejoras, regular las expensas en conjuntos conformados por varios bloques o torres y facilitar el cobro judicial de las alícuotas vencidas mediante títulos ejecutivos. También se analizaron la administración de los condominios, la adecuación de sus reglamentos internos, la seguridad de las edificaciones, las competencias municipales, la accesibilidad, el uso y mantenimiento de los bienes comunes y la conveniencia de efectuar una reforma integral que considere las distintas realidades urbanas, habitacionales y sociales. Intervinieron María Romo, Francisco Ulloa, Rolando Panchana, Juan López, Silvia Salgado, Paco Moncayo, Jaime Abril, Vicente Taiano, Mauro Andino, Luis Almeida, Mercedes Diminich, Andrés Roche, Gioconda Saltos, Luis Morales y Fernando Cordero. La sesión fue suspendida sin que el proyecto reformatorio fuera sometido a votación.

ACTA_109-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Marco Murillo para exhortar a las funciones del Estado a aplicar los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y paridad de género en la designación de sus delegados al Consejo de la Judicatura de Transición, mientras que se aprobó incorporar al orden del día la creación de una comisión especializada ocasional encargada de tratar los derechos de los grupos de atención prioritaria, especialmente de las personas con discapacidad, propuesta por Rolando Panchana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco, orientado a proteger la salud pública, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo mediante espacios completamente libres de tabaco, restricciones a la venta a menores y por unidades, prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, advertencias gráficas en los empaques, campañas educativas, tratamiento de las adicciones y sanciones para quienes incumplieran la normativa. Plutarco Naranjo expuso los daños sanitarios y sociales ocasionados por el consumo de tabaco. Durante el debate también se analizaron las libertades individuales, la proporcionalidad de las sanciones, la responsabilidad de los propietarios de establecimientos, el control del contrabando y los posibles efectos sobre productores, trabajadores, comerciantes y la industria tabacalera. Intervinieron Marco Murillo, Rolando Panchana, Plutarco Naranjo, Carlos Velasco, Margarita Carranco, Andrés Páez, María Vicuña, Fernando Aguirre, César Rodríguez, Gioconda Saltos, Juan Cassinelli, Alfredo Ortiz, Juan López, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Francisco Ulloa, Kléver García, Celso Maldonado, Fernando Flores, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Calle, Luis Almeida, Rafael Dávila y Marllely Vásconez. La sesión fue suspendida sin que se sometiera el proyecto a votación.

ACTA_107-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de César Montúfar para crear una comisión multipartidista que investigara los cables de WikiLeaks relacionados con Ecuador, de Tomás Zevallos para exigir la transferencia de recursos adeudados a los gobiernos locales de Orellana y Sucumbíos, y de Gilmar Gutiérrez para investigar presuntas irregularidades en el proceso electoral; en cambio, se aprobó incorporar el tratamiento de la situación de los extrabajadores de ANDINATEL. Posteriormente, se analizó el informe que recomendaba denunciar el convenio entre Ecuador y Venezuela para la promoción y protección recíproca de inversiones, debido a que sus disposiciones sobre arbitraje internacional fueron consideradas contrarias a la Constitución y a la jurisdicción nacional. Quienes apoyaron la denuncia defendieron la soberanía del Estado y señalaron que el Código de la Producción ofrecía garantías suficientes a los inversionistas; sus opositores advirtieron que la decisión podía afectar la seguridad jurídica, las relaciones bilaterales, la inversión extranjera y el empleo, y propusieron renegociar el convenio en lugar de eliminarlo. Intervinieron Linda Machuca, Vicente Taiano, Rafael Dávila, Virgilio Hernández, Fernando Flores, Fernando Aguirre, Rocío Valarezo, Vethowen Chica, Susana González, Francisco Velasco, Edwin Vaca, Luis Almeida y Dora Aguirre. Aunque inicialmente se anunció la aprobación de la denuncia, la rectificación de la votación determinó que no alcanzó los votos requeridos. Finalmente, se analizó la situación de los 358 extrabajadores de ANDINATEL despedidos de manera irregular y, con las intervenciones de Nívea Vélez, María Calle, Gerónimo Yantalema, Kléver García, Armando Aguilar, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Silvia Salgado, Luis Morales y Pedro de la Cruz, se aprobó por unanimidad exhortar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a conceder una amnistía sobre las aportaciones adeudadas e incorporarlos a la nómina de pensionistas, al Ministerio de Telecomunicaciones a reconocer su derecho a la jubilación patronal y al Ministerio de Finanzas a proporcionar los recursos necesarios para cumplir la resolución.

ACTA_105-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Tomás Zevallos para convocar a la delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana encargada de seleccionar al Fiscal General, con el fin de explicar las presuntas irregularidades en la calificación de los postulantes. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y a la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, en reconocimiento a su trabajo conjunto en investigación aeroespacial, desarrollo científico, formación tecnológica y construcción del primer satélite ecuatoriano; Leonardo Barreiro y Ronnie Nader agradecieron las distinciones y destacaron la importancia de fortalecer la capacidad aeroespacial y reducir la dependencia tecnológica del país. Se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, orientado a eliminar ciento cincuenta decretos, acuerdos, resoluciones y otras normas obsoletas que, aunque carecían de aplicación práctica, continuaban formalmente vigentes; las observaciones fueron remitidas a la comisión para preparar el informe correspondiente. También se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a derogar las leyes de creación de varias empresas de agua potable y alcantarillado, fusionar organismos hídricos con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría Nacional del Agua, y extinguir determinadas concesiones. El análisis abordó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la transferencia directa de los servicios de agua y alcantarillado a los municipios, la administración de las cuencas hidrográficas, la posible centralización de atribuciones, el destino de los bienes, trabajadores, contratos y obligaciones de las entidades, el respeto al debido proceso para revisar concesiones y la conveniencia de archivar o reformular íntegramente el proyecto; el debate quedó pendiente. Intervinieron María Romo, Ramiro Terán, Paco Moncayo, Luis Morales, Andrés Roche, César Rodríguez, Fernando Cordero, Tito Mendoza, Lídice Larrea, Richard Guillén, Luis Almeida, Roberto Rodríguez, Fernando Aguirre, Eduardo Encalada, José Portugal, Víctor Quirola y Vicente Taiano. Finalmente, con las intervenciones de Gioconda Saltos, Elvis Maldonado, Luis Morales y Mauro Andino, se aprobó exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Tungurahua, Chimborazo y las demás zonas afectadas por la actividad del volcán Tungurahua, asignar espacios y alimento para los animales, otorgar créditos a los damnificados, reactivar el bono de emergencia e impulsar la recuperación económica y productiva.

ACTA_103-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar exhortos destinados a establecer academias de música y artes para comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, expresar solidaridad con la provincia de Imbabura por las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y tratar la declaratoria de Riobamba como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica. Posteriormente, se debatió una resolución relacionada con las declaraciones de la exembajadora estadounidense Heather Hodges y los cables diplomáticos que atribuían al Presidente conocimiento de presuntos actos de corrupción en la Policía Nacional. Quienes apoyaron la resolución defendieron la soberanía, la dignidad nacional y la facultad del Estado para declarar persona no grata a una representante diplomática; otros cuestionaron que la medida afectara las relaciones internacionales, comerciales y laborales, advirtieron que podía utilizarse como una cortina de humo y solicitaron investigar las denuncias de corrupción contenidas en los cables. Finalmente, se aprobó manifestar el desacuerdo con las afirmaciones divulgadas, respaldar la decisión gubernamental de declarar persona no grata a Heather Hodges, rechazar cualquier injerencia o espionaje extranjero y solicitar a la Contraloría y a la Fiscalía investigar los presuntos hechos de corrupción señalados. Intervinieron Gioconda Saltos, Celso Maldonado, Marco Murillo, Fernando Bustamante, Línder Altafuya, Luis Almeida, Vicente Taiano, César Montúfar, Enrique Herrería, Alfredo Ortiz, Pedro de la Cruz, Cynthia Viteri, Betty Carrillo, Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, María Calle, Eduardo Paredes, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Nívea Vélez, Francisco Velasco, Leonardo Viteri, Cléver Jiménez y César Rodríguez. En comisión general, Juan Salazar y Romeo Rodríguez expusieron la importancia académica, social y económica de Riobamba y solicitaron respaldar su declaratoria como ciudad politécnica, universitaria y tecnológica; la sesión fue suspendida sin resolver este punto ni los demás asuntos pendientes.

ACTA_102-H-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó y concluyó el debate del enjuiciamiento político a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Quienes respaldaron la censura sostuvieron que existió incumplimiento de funciones, falta de evaluación y control de los operadores de justicia, sanciones insuficientes ante irregularidades de jueces y notarios, caducidades de prisión preventiva, deficiente ejecución presupuestaria, escasa creación de juzgados y ausencia de acciones efectivas para mejorar el sistema judicial; además, señalaron que el pronunciamiento popular evidenciaba la necesidad de una profunda reforma de la justicia. Otros legisladores cuestionaron la validez del procedimiento, la falta de individualización de responsabilidades y la utilización política del juicio, advirtiendo que la reforma podía facilitar la intervención del Ejecutivo en la Función Judicial y reclamando que la fiscalización se aplicara con el mismo criterio a todas las autoridades. Intervinieron Armando Aguilar, Fernando Aguirre, Zobeida Gudiño, Luis Almeida, Ramiro Terán, Gina Godoy, Galo Lara, Fernando González, Alfredo Ortiz, Tomás Zevallos, Irina Cabezas, Lenin Chica, Gerónimo Yantalema, Guillermina Cruz, Fernando Cordero, César Rodríguez, Tito Mendoza, María Calle y Mauro Andino. Finalmente, se presentaron y votaron individualmente las mociones de censura y destitución de Benjamín Cevallos, Marco Cordero, Oswaldo Domínguez, Herman Jaramillo, Óscar León, Ulpiano Salazar, Homero Tinoco, Jorge Vaca y Luis Vázquez; ninguna alcanzó los votos requeridos, por lo que todas fueron negadas, incluidas las solicitudes de rectificación, y el enjuiciamiento político concluyó sin censura ni destitución.

ACTA_101-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Henry Cuji para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las provincias amazónicas afectadas por el aislamiento, la falta de servicios básicos y la destrucción de vías, y de María Vicuña para respaldar la decisión gubernamental de declarar persona no grata a la embajadora de Estados Unidos, por considerar que existió injerencia en asuntos internos del país. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Control y Regulación del Tabaco y sus Efectos Nocivos, orientado a proteger el derecho a la salud, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo; se analizaron la declaración de espacios públicos y privados completamente libres de humo, la prohibición de fumar en centros educativos, establecimientos sanitarios, lugares de trabajo, transporte público y escenarios deportivos, así como las restricciones a la venta a menores, de cigarrillos sueltos y de paquetes pequeños. También se debatieron la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, el uso de advertencias sanitarias y pictogramas en los empaques, las campañas educativas, el tratamiento de las adicciones, el control del contrabando, las sanciones, la responsabilidad de las autoridades y los posibles efectos económicos y laborales sobre productores, comerciantes y trabajadores de la industria tabacalera. Intervinieron Carlos Velasco, Fernando Vélez, Rocío Valarezo, Celso Maldonado, Andrés Páez, Fernando Bustamante, Rafael Dávila, Luis Almeida, Leonardo Viteri, Linda Machuca, Fausto Cobo, Betty Carrillo, César Montúfar, Víctor Quirola, Alfredo Ortiz y María Vicuña. La sesión fue suspendida para continuar el tratamiento de los asuntos pendientes

ACTA_101-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negaron las propuestas de Henry Cuji para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las provincias amazónicas afectadas por el aislamiento, la falta de servicios básicos y la destrucción de vías, y de María Vicuña para respaldar la decisión gubernamental de declarar persona no grata a la embajadora de Estados Unidos, por considerar que existió injerencia en asuntos internos del país. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Control y Regulación del Tabaco y sus Efectos Nocivos, orientado a proteger el derecho a la salud, prevenir el consumo y reducir la exposición al humo; se analizaron la declaración de espacios públicos y privados completamente libres de humo, la prohibición de fumar en centros educativos, establecimientos sanitarios, lugares de trabajo, transporte público y escenarios deportivos, así como las restricciones a la venta a menores, de cigarrillos sueltos y de paquetes pequeños. También se debatieron la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, el uso de advertencias sanitarias y pictogramas en los empaques, las campañas educativas, el tratamiento de las adicciones, el control del contrabando, las sanciones, la responsabilidad de las autoridades y los posibles efectos económicos y laborales sobre productores, comerciantes y trabajadores de la industria tabacalera. Intervinieron Carlos Velasco, Fernando Vélez, Rocío Valarezo, Celso Maldonado, Andrés Páez, Fernando Bustamante, Rafael Dávila, Luis Almeida, Leonardo Viteri, Linda Machuca, Fausto Cobo, Betty Carrillo, César Montúfar, Víctor Quirola, Alfredo Ortiz y María Vicuña. La sesión fue suspendida para continuar el tratamiento de los asuntos pendientes.

ACTA_100-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se entregó un acuerdo legislativo y la condecoración al Mérito Cultural a Jesús Fichamba, en reconocimiento a su trayectoria artística, la difusión internacional de la música ecuatoriana y su aporte al fortalecimiento de la identidad plurinacional e intercultural; el homenajeado agradeció la distinción, recordó aspectos de su carrera e interpretó una de sus canciones. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, destinado a reconocer, organizar, promover y controlar las actividades de cooperativas, asociaciones, comunidades, unidades económicas familiares, artesanos, comerciantes minoristas, bancos comunales, cajas de ahorro y otros emprendimientos solidarios. Se analizaron la creación de una superintendencia, un instituto especializado, una corporación de finanzas populares y un comité interinstitucional; la autonomía y representación de las organizaciones; la diferenciación respecto del sistema financiero tradicional; las tasas de interés, el acceso al crédito, los incentivos tributarios, la contratación pública, la capacitación y el control estatal. También se plantearon observaciones sobre una posible regulación excesiva, la inclusión de mutualistas, la protección de los pequeños productores, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, la participación de pueblos y nacionalidades indígenas y la necesidad de evitar que las nuevas instituciones burocraticen al sector. En comisión general intervinieron Ángel Medina y Carlos Castellanos, quienes expusieron propuestas de las organizaciones indígenas y de los comerciantes minoristas. En el debate participaron Francisco Velasco, Edwin Vaca, Juan Cassinelli, Gerónimo Yantalema, Línder Altafuya, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Soledad Vela, Consuelo Flores, Mary Verduga, Sylvia Kon, Alfredo Ortiz, Gioconda Saltos, Paola Pabón, Alfredo Bautista, Rocío Valarezo, Marisol Peñafiel, Eduardo Encalada, Ángel Vilema, Luis Almeida, Betty Carrillo, Galo Vaca, Silvia Salgado, Fernando González, Rosana Alvarado, Fausto Cobo, Fernando Cordero, Vanesa Fajardo y César Rodríguez. Finalmente, se cerró el primer debate y se dispuso remitir las observaciones escritas a la comisión encargada de preparar el informe para segundo debate.

ACTA_096-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron dos modificaciones al orden del día para incorporar el tratamiento de la contaminación ocasionada por la Refinería de Esmeraldas y las medidas de prevención frente a los efectos del tsu-nami en el litoral y Galápagos. Línder Altafuya expuso la problemática ambiental y sanitaria de Es-meraldas, mientras que Xavier Tomalá planteó la necesidad de fortalecer la preparación de las zonas costeras. Gabriel Rivera propuso reconocer la actuación de las autoridades nacionales durante la emergencia provocada por el tsunami, pero su solicitud no fue aprobada. El Pleno recibió en comi-sión general al embajador Osamu Imai y le entregó un acuerdo legislativo de solidaridad con el Go-bierno y el pueblo de Japón por las consecuencias del terremoto y tsunami. Fernando Cordero expre-só el respaldo del pueblo ecuatoriano y Osamu Imai agradeció el pronunciamiento y la ayuda ofreci-da. Se analizó la objeción parcial a la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El debate abordó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la transformación de la Comisión de Tránsito del Guayas en una entidad nacional, la posible concen-tración de atribuciones en el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, la estabilidad laboral de los servidores, las sanciones al transporte, la entrega de rutas y frecuencias y varias incon-sistencias jurídicas del proyecto. La propuesta de devolver el texto a la comisión fue negada. Final-mente, la Asamblea ratificó su texto original respecto de determinadas atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y se allanó a las demás objeciones presidenciales. Intervinieron Fer-nando Cordero, Silvia Salgado, Enrique Herrería, Gido Vargas, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Ra-fael Dávila y Saruka Rodríguez.Respecto de la sequía, se expusieron las pérdidas de cultivos, afec-taciones al ganado, falta de agua y riesgo de migración de las familias campesinas. Se aprobó exhor-tar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en los cantones Celica, Puyango, Pindal, Macará, Sozoranga, Zapotillo, Paltas, Espíndola y Saraguro, así como en otras provincias afectadas, entre ellas Manabí. También se solicitó la asignación de recursos y la actuación coordina-da de las instituciones públicas y los gobiernos locales. Intervinieron José Picoita, Patricio Rodrí-guez, Sylvia Kon, Rafael Dávila, Mao Moreno y Nívea Vélez.En relación con Esmeraldas, se aprobó exhortar a las autoridades competentes y a Petroecuador a proteger la salud de la población afectada por los derrames y gases contaminantes, ejecutar la remediación ambiental de los ríos Teaone y Es-meraldas y brindar atención médica y medidas preventivas a los trabajadores de la Refinería. Inter-vinieron Línder Altafuya y Marco Murillo.Finalmente, se aprobó exhortar al Presidente de la Repú-blica a declarar el estado de excepción en el cordón costanero de Esmeraldas, Manabí, Guayas, San-ta Elena y El Oro, así como en Galápagos. La resolución buscó disponer de recursos para atender a los damnificados, reparar las afectaciones a propiedades y embarcaciones y ejecutar planes de pre-vención y mitigación frente a futuros desastres. Intervino Xavier Tomala

ACTA_095-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó al orden del día una resolución de solidaridad con el pueblo japonés por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, mientras la propuesta de reconocimiento a las autoridades nacionales por la respuesta ante la alerta se integró al texto principal y la solicitud de José Picoita para exhortar la declaratoria de estado de excepción por sequía en cantones fronterizos de Loja quedó suspendida para una sesión posterior; además, la entrega de acuerdo y condecoración a la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-20 fue diferida para la siguiente sesión. El eje principal fue el tratamiento de las denuncias de los tratados bilaterales de inversión con Suecia y Francia: Linda Machuca, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Fernando Bustamante y otros legisladores defendieron las denuncias por considerar que los convenios sometían al Ecuador a arbitrajes internacionales, especialmente vinculados al CIADI, en contradicción con el nuevo marco constitucional, y que la protección de inversiones debía regirse por la Constitución, el Código de la Producción y eventuales mecanismos regionales como UNASUR; en sentido contrario, Paco Moncayo, Fernando Aguirre, Wladimir Vargas y otros asambleístas advirtieron riesgos para la seguridad jurídica, la confianza internacional, la atracción de inversiones y la imagen del país, planteando la conveniencia de renegociar o enmendar antes que denunciar integralmente los instrumentos. La denuncia del Acuerdo con Suecia fue aprobada tras rectificación con sesenta y un votos afirmativos, treinta y siete negativos, dos blancos y cinco abstenciones, y su reconsideración fue negada; la denuncia del Convenio con Francia fue aprobada tras rectificación con sesenta y cuatro votos afirmativos, treinta y tres negativos, dos blancos y ocho abstenciones, y también fue negada su reconsideración. Posteriormente, se aprobó la resolución sobre los extrabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presentada por Nívea Vélez y ajustada con observaciones de Dora Aguirre, para exhortar al Consejo Directivo del IESS a adoptar medidas administrativas, económicas y financieras destinadas a reparar derechos laborales que pudieron ser vulnerados por el cambio de régimen y la supresión de puestos derivados de las resoluciones 879 y 880 de 1996; asimismo, se pidió cumplir el criterio vinculante de la Procuraduría sobre el Segundo Contrato Colectivo de 1994 y encargar al Ministerio de Relaciones Laborales la vigilancia del procedimiento de reparación, resolución que fue aprobada tras rectificación con noventa y un votos afirmativos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con noventa y siete votos afirmativos, la resolución de pesar y solidaridad con el Gobierno y pueblo del Japón, llamando al Gobierno Nacional y a la ciudadanía a sumarse a los esfuerzos internacionales de ayuda y reconstrucción; durante este debate, Alfredo Ortiz, Xavier Tomalá, César Gracia, Luis Almeida y Luis Morales solicitaron que en una resolución posterior también se atienda a las familias y sectores productivos de la Costa y Galápagos afectados por la alerta de tsunami. La reconsideración solicitada por Silvia Salgado respecto de la resolución que exigía a la Contraloría publicar las declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas y servidores públicos fue negada con tres votos afirmativos, ochenta y nueve negativos y seis blancos, quedando firme la resolución aprobada en la sesión anterior.

ACTA_092-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó el cambio del orden del día para tratar una resolución sobre la inclusión del Hospital Docente Ambato en el estado de excepción sanitaria, mientras fue negada la propuesta de Alfredo Ortiz para incorporar una resolución sobre el precio del diésel dos para el sector turístico de Galápagos. Se rindió homenaje al tenista Nicolás Lapentti Gómez y se le otorgó la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al Mérito Deportivo”, en reconocimiento a su trayectoria nacional e internacional, sus logros en torneos ATP y Copa Davis, y su aporte a la promoción del tenis ecuatoriano. Luego, el Pleno aprobó por unanimidad, con ciento ocho votos afirmativos y un voto blanco, el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela; Eduardo Zambrano, Emilia Jaramillo, Luis Almeida, Vethowen Chica, Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca respaldaron el instrumento por facilitar la regularización migratoria, la reunificación familiar, la residencia temporal y permanente, la libre movilidad y el acceso a derechos de ecuatorianos residentes en Venezuela y venezolanos en Ecuador, mientras Andrés Páez dejó constancia de sus reparos sobre la legitimidad del dictamen de la Corte Constitucional que sirvió de base al trámite. En el tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, César Rodríguez propuso ratificar varios textos aprobados originalmente por la Asamblea y allanarse en los demás; se ratificaron los artículos 6, 12, 13 y 68, así como la disposición transitoria quinta, relacionados con obligaciones del Estado, derechos y obligaciones de madres, padres y estudiantes, autonomía del sistema nacional de evaluación y escala salarial docente. Luis Almeida, Ramiro Terán, María Paula Romo, Gerónimo Yantalema, Paco Moncayo, Galo Vaca, Juan Fernández y Jorge Escala debatieron sobre la defensa del Estado laico, la educación religiosa, la autonomía de evaluación, la educación intercultural bilingüe, la jornada laboral docente, la representación paritaria, las acciones afirmativas, las juntas distritales, el régimen disciplinario estudiantil y la situación de educadores populares y madres comunitarias; sin embargo, el allanamiento global a los artículos no ratificados no prosperó tras rectificación, y las posteriores mociones de Jorge Escala para ratificar otros artículos y disposiciones tampoco alcanzaron los votos necesarios. Finalmente, se aprobó con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos, seis blancos y dieciocho abstenciones la resolución propuesta por Juan Carlos López para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Docente Ambato en el Decreto Ejecutivo 618 de estado de excepción sanitaria, a fin de atender urgentemente sus necesidades de infraestructura, equipamiento, personal médico, administrativo, medicinas e insumos para la atención de pacientes de Tungurahua y la zona central del país

ACTA_089-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del primer debate de la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana sobre revocatoria del mandato, se analizaron los requisitos, porcentajes, plazos y límites necesarios para evitar que este mecanismo de democracia directa sea utilizado con fines de revancha política, sin desnaturalizar el derecho ciudadano a retirar la confianza a las autoridades electas. Armando Aguilar, Rafael Dávila, Henry Cuji, Luis Almeida, Leandro Cadena y Juan Carlos López coincidieron en la necesidad de motivar las solicitudes, elevar porcentajes de respaldo, impedir la intervención de personas ajenas a la circunscripción y evitar que candidatos derrotados, alternos o autoridades con conflicto de intereses promuevan procesos revocatorios; Dávila advirtió que existían seiscientas sesenta y tres solicitudes de revocatoria y propuso porcentajes más altos según el tamaño de la jurisdicción. Paola Pabón defendió que la reforma debía equilibrar el derecho de participación con garantías para las autoridades cuestionadas, aclaró el rol del Consejo Nacional Electoral y planteó revisar el tratamiento de procesos ya iniciados; mientras Ramiro Terán, Mercedes Diminich y Mauro Andino cuestionaron que el proyecto pudiera restringir derechos constitucionales, elevar indebidamente los porcentajes previstos en la Constitución o transformar la revocatoria en un trámite excesivamente condicionado. Fernando Bustamante advirtió problemas en la obligación impuesta a medios privados y comunitarios para realizar debates y propuso precisar el procedimiento de calificación de causales por parte del Consejo Nacional Electoral. El debate fue cerrado para que las observaciones se remitan por escrito a la Comisión. Posteriormente, se trató el proyecto de resolución para exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice las veedurías ciudadanas y proteja a los veedores; Marco Murillo defendió la importancia del control social y César Rodríguez solicitó revisar el texto, por lo que el punto quedó suspendido. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con setenta votos afirmativos, la resolución propuesta por Víctor Quirola para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en el decreto de estado de excepción sanitaria, a fin de intervenir su infraestructura, equipamiento, administración, gestión técnica, medicamentos e insumos ante el riesgo de colapso por alta demanda de atención. El proyecto sobre publicación de declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas no llegó a tratarse por falta de quórum.

ACTA_088-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general se debatieron las preguntas remitidas por el Presidente de la República a la Corte Constitucional para su calificación, en el marco de una eventual consulta popular y referéndum. Vicente Taiano, Paco Moncayo, Luis Almeida, Enrique Herrería, César Montúfar, Línder Altafuya, Gerónimo Yantalema, Silvia Kon, Andrés Páez, Luis Morales y otros legisladores cuestionaron principalmente que las preguntas sobre prisión preventiva, medidas sustitutivas y reestructuración del Consejo de la Judicatura pudieran restringir derechos constitucionales, alterar la estructura del Estado, debilitar la independencia judicial o trasladar atribuciones legislativas al Ejecutivo mediante un mecanismo plebiscitario; además, advirtieron que la seguridad ciudadana no se resuelve únicamente con reformas penales y solicitaron respetar los procedimientos constitucionales para enmiendas, reformas o convocatoria a una Asamblea Constituyente. Desde distintas perspectivas, también plantearon que la consulta debió abordar problemas estructurales como la desigualdad, la redistribución de la riqueza, la corrupción, la situación de los pueblos indígenas, la protección de la naturaleza y la transformación integral de la justicia. En respaldo a la consulta, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Virgilio Hernández, Abdalá Bucaram y Mauro Andino sostuvieron que el pueblo tiene derecho a pronunciarse directamente sobre asuntos de interés nacional y que la crisis de la administración de justicia, las caducidades de prisión preventiva, la falta de sanción a operadores judiciales y la ineficacia del Consejo de la Judicatura justificaban una reforma profunda; Hernández y Andino reconocieron, no obstante, que los problemas de seguridad requieren políticas integrales y no solamente modificaciones normativas. María Paula Romo y Silvia Salgado manifestaron reparos frente al contenido de varias preguntas, especialmente aquellas que podrían afectar derechos o reproducir enfoques punitivos, pero defendieron que el debate debía centrarse en los límites constitucionales de la consulta y en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana. La Comisión General fue suspendida sin adoptar resoluciones, y posteriormente la sesión terminó por falta de quórum

ACTA_087-AN-2009-2011_PLENO.pdf En segundo debate se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientada a mejorar el funcionamiento y control de la administración de justicia. La norma restableció el régimen de vacancia judicial en períodos diferenciados para Sierra y Amazonía, Costa e Insular y todo el país, manteniendo atención permanente mediante turnos en materias penales, tránsito, niñez y adolescencia; endureció el régimen disciplinario al considerar falta gravísima la caducidad injustificada de la prisión preventiva y al sancionar la falta de entrega de información, el incumplimiento de plazos procesales y la inasistencia injustificada a audiencias. También reguló la designación, requisitos y atribuciones del Fiscal General Subrogante, fortaleció la atención de la Fiscalía a las víctimas y de la Defensoría Pública a personas en condición de vulnerabilidad, dispuso informes periódicos de jueces sobre audiencias realizadas y fallidas, incorporó mecanismos de notificación electrónica, estableció controles sobre notarías y bienes en depósito judicial, y confirmó el carácter provisional de nombramientos realizados durante la transición, incluidos los registradores de la propiedad designados por el Consejo de la Judicatura. María Paula Romo defendió el informe; Luis Morales propuso denominar “vacancia judicial” al régimen de descanso; Fernando Bustamante solicitó mayores garantías de independencia para fiscales; Luis Almeida, Silvia Salgado, Viviana Bonilla y José Picoita formularon observaciones sobre nombramientos, registradores y el Fiscal subrogante; mientras Mauro Andino, Vicente Taiano y otros legisladores respaldaron la reforma como una respuesta a la impunidad, falta de control y deficiencias del sistema judicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con sesenta y siete votos afirmativos, dos negativos, tres blancos y treinta y tres abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, se aprobó con noventa y cinco votos afirmativos la resolución propuesta por Mary Verduga para exhortar al Ejecutivo a asignar y reasignar recursos, mediante las entidades competentes, para atender la emergencia vial y humanitaria ocasionada por lluvias, derrumbes y daños en vías, puentes y viviendas de Santo Domingo de los Tsáchilas, especialmente en Alluriquín, Santa María del Toachi, Luz de América, El Esfuerzo, Puerto Limón, Nuevo Israel y Las Mercedes.

ACTA_082-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, que reguló el orden de reemplazo de alternos de asambleístas, concejales y vocales de juntas parroquiales cuando estos no puedan asistir; sustituyó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas” para efectos del Fondo Partidario Permanente; permitió, de manera transitoria y hasta el siguiente proceso electoral pluripersonal, distribuir dicho fondo con base en la participación y resultados electorales de 2009 mientras las organizaciones culminaban su inscripción o reinscripción; y precisó el período de vicealcaldes y de integrantes de comisiones legislativas municipales y parroquiales. María Paula Romo, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Vicente Taiano y Fernando Cordero defendieron la reforma como un mecanismo para viabilizar un mandato constitucional, fortalecer las organizaciones políticas y evitar su dependencia de aportes privados, mientras César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo cuestionaron su constitucionalidad, un posible conflicto de intereses y que se convierta en una distribución de recursos públicos a agrupaciones no inscritas; Jorge Escala apoyó la entrega únicamente a organizaciones que cumplieran los requisitos constitucionales, Rocío Valarezo solicitó incluir a movimientos provinciales y regionales, y Magaly Orellana objetó la incorporación de reformas adicionales al texto inicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con setenta y nueve votos afirmativos, seis negativos, cinco blancos y dieciocho abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, en primer debate se trató la Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 sobre asignaciones provenientes de la venta de energía de las hidroeléctricas Paute, Pisayambo y Agoyán, que planteó mantener las rentas destinadas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, reasignar los recursos antes administrados por el extinto CREA a los gobiernos provinciales, en coordinación con municipios y juntas parroquiales, y destinarlos principalmente a protección de cuencas, páramos, reforestación y gestión ambiental. Virgilio Hernández defendió el informe; Gioconda Saltos solicitó que el cálculo se realice sobre la venta efectiva de energía, ampliar los usos a vialidad y obra social y cancelar valores pendientes; Luis Morales, Betty Carrillo y Juan Carlos López defendieron los recursos para Tungurahua como compensación por los impactos ambientales y turísticos de las centrales; Paco Fierro, Mauro Andino, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Armando Aguilar pidieron incorporar a Chimborazo y a otras provincias aportantes de recursos hídricos; María Molina planteó ajustes por la supresión del CREA y cuestionó considerar al agua como recurso no renovable; Guillermina Cruz solicitó una ley general que incluya a todas las provincias con proyectos hidroeléctricos, y Fernando Cordero propuso avanzar directamente hacia una norma nacional que distribuya recursos sin disminuir los ya existentes. El debate quedó cerrado para que la Comisión recoja las observaciones antes del segundo debate.

ACTA_081-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, que reguló el orden de reemplazo de alternos de asambleístas, concejales y vocales de juntas parroquiales cuando estos no puedan asistir; sustituyó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas” para efectos del Fondo Partidario Permanente; permitió, de manera transitoria y hasta el siguiente proceso electoral pluripersonal, distribuir dicho fondo con base en la participación y resultados electorales de 2009 mientras las organizaciones culminaban su inscripción o reinscripción; y precisó el período de vicealcaldes y de integrantes de comisiones legislativas municipales y parroquiales. María Paula Romo, Fausto Cobo, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Luis Almeida, Vicente Taiano y Fernando Cordero defendieron la reforma como un mecanismo para viabilizar un mandato constitucional, fortalecer las organizaciones políticas y evitar su dependencia de aportes privados, mientras César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo cuestionaron su constitucionalidad, un posible conflicto de intereses y que se convierta en una distribución de recursos públicos a agrupaciones no inscritas; Jorge Escala apoyó la entrega únicamente a organizaciones que cumplieran los requisitos constitucionales, Rocío Valarezo solicitó incluir a movimientos provinciales y regionales, y Magaly Orellana objetó la incorporación de reformas adicionales al texto inicial. La ley fue aprobada, tras rectificación, con setenta y nueve votos afirmativos, seis negativos, cinco blancos y dieciocho abstenciones, y la reconsideración fue negada. Asimismo, en primer debate se trató la Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 sobre asignaciones provenientes de la venta de energía de las hidroeléctricas Paute, Pisayambo y Agoyán, que planteó mantener las rentas destinadas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, reasignar los recursos antes administrados por el extinto CREA a los gobiernos provinciales, en coordinación con municipios y juntas parroquiales, y destinarlos principalmente a protección de cuencas, páramos, reforestación y gestión ambiental. Virgilio Hernández defendió el informe; Gioconda Saltos solicitó que el cálculo se realice sobre la venta efectiva de energía, ampliar los usos a vialidad y obra social y cancelar valores pendientes; Luis Morales, Betty Carrillo y Juan Carlos López defendieron los recursos para Tungurahua como compensación por los impactos ambientales y turísticos de las centrales; Paco Fierro, Mauro Andino, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema y Armando Aguilar pidieron incorporar a Chimborazo y a otras provincias aportantes de recursos hídricos; María Molina planteó ajustes por la supresión del CREA y cuestionó considerar al agua como recurso no renovable; Guillermina Cruz solicitó una ley general que incluya a todas las provincias con proyectos hidroeléctricos, y Fernando Cordero propuso avanzar directamente hacia una norma nacional que distribuya recursos sin disminuir los ya existentes. El debate quedó cerrado para que la Comisión recoja las observaciones antes del segundo debate.

ACTA_080-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la nueva Proforma Presupuestaria 2011 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011-2014, luego de que la Función Ejecutiva acogiera las observaciones formuladas por la Asamblea; la moción presentada por Francisco Velasco obtuvo, tras rectificación, cincuenta y tres votos afirmativos, veintinueve negativos, cuatro blancos y once abstenciones. En primer debate se trató la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que propuso restablecer períodos de vacancia judicial, regular la atención de garantías constitucionales durante dichos períodos, sancionar a jueces, fiscales y defensores por acciones u omisiones que ocasionen la caducidad de la prisión preventiva, establecer reglas para la designación del fiscal subrogante, fortalecer la atención a víctimas y ampliar el patrocinio de la Defensoría Pública; María Paula Romo defendió el informe, mientras Línder Altafuya cuestionó que una auditoría a la Función Judicial pudiera ser realizada por el Ministerio de Justicia, Luis Morales solicitó revisar la inclusión de juzgados de Niñez y Adolescencia en la vacancia judicial, Kléver García apoyó el retorno a este régimen, Luis Almeida pidió incrementar el número de jueces y limitar las designaciones temporales, Mauro Andino respaldó reformas sobre reparación integral y responsabilidad disciplinaria, y Andrés Páez propuso regular el alcance de las garantías constitucionales y redireccionar la Defensoría Pública hacia trabajadores, familias y grupos vulnerables; el debate se cerró sin votación final para que la Comisión incorpore observaciones. También se aprobó la resolución presentada por Luis Morales para exhortar a SENAGUA a dejar sin efecto los valores pendientes por tasas de uso de agua aplicadas a actividades piscícolas y turísticas, y reclasificar a la piscicultura del sector hidroeléctrico al agroalimentario, con ochenta y dos votos afirmativos. Posteriormente, el Pleno se allanó a la objeción parcial al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, planteada sobre normas relativas a las ZEDE, delegación de inversiones en sectores estratégicos, correcciones técnicas aduaneras y promoción de exportaciones e inversiones; Francisco Velasco defendió el allanamiento, aprobado con cincuenta y ocho votos afirmativos. Se aprobó además el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 46 entre Ecuador y Cuba, orientado a facilitar el comercio bilateral, otorgar preferencias arancelarias y estimular inversiones conjuntas; Scheznarda Fernández, Linda Machuca, Guillermina Cruz y Gabriel Rivera intervinieron en respaldo del instrumento, que obtuvo sesenta y siete votos afirmativos. Finalmente, se debatió el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela: Eduardo Zambrano destacó la transferencia tecnológica, la capacitación y la integración regional, mientras Fausto Cobo, Francisco Ulloa, Paco Moncayo y César Montúfar expresaron reparos sobre su orientación, la independencia política de las Fuerzas Armadas, el riesgo de militarización y la necesidad de una política nacional de defensa clara; el tratamiento concluyó sin votación antes de la clausura.

ACTA_080-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En comisión general, Gerardo Morán, el padre Robert García y un representante del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle expusieron la situación de niñas, niños y adolescentes en condición de calle, solicitaron respaldo solidario y destacaron la necesidad de atender las causas estructurales de pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Posteriormente, se aprobó el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela, orientado a la cooperación en capacitación, investigación, intercambio académico, tecnología, inteligencia, operaciones de paz, apoyo logístico y gestión de riesgos; María Augusta Calle, Francisco Velasco, Fernando Bustamante, Gabriel Rivera, Armando Aguilar, Virgilio Hernández, Hólger Chávez, Carlos Velasco y Guillermina Cruz defendieron el instrumento como una expresión de integración latinoamericana, cooperación horizontal, fortalecimiento de la soberanía y diversificación de las relaciones internacionales, mientras Paco Moncayo aclaró su oposición histórica al convenio de la Base de Manta, y Fernando Aguirre, Línder Altafuya, Luis Almeida, Edwin Vaca, Enrique Herrería, Wladimir Vargas y Paco Fierro cuestionaron los posibles efectos del acuerdo sobre la profesionalización e independencia de las Fuerzas Armadas, la cooperación en inteligencia, el contexto político venezolano, la oportunidad diplomática frente al restablecimiento de relaciones con Colombia y la conveniencia de canalizar estos asuntos mediante el marco regional de UNASUR. El acuerdo fue aprobado, tras rectificación, con sesenta y tres votos afirmativos, treinta y cuatro negativos y once abstenciones. Finalmente, se aprobó el Acuerdo entre Ecuador y Brasil sobre Cooperación en el Dominio de la Defensa, destinado a promover investigación, desarrollo, capacitación, entrenamiento, apoyo logístico, transferencia tecnológica y adquisición de productos y servicios de defensa; Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Linda Machuca resaltaron la capacidad tecnológica, industrial y estratégica de Brasil, la relación histórica entre ambos países, la transparencia en el gasto de defensa y los beneficios de una cooperación ordenada en igualdad de condiciones. La aprobación obtuvo setenta y nueve votos afirmativos, uno negativo, tres blancos y diecinueve abstenciones.

ACTA_079-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó la Ley Derogatoria No. 5 para la Depuración de la Normativa Legal, que eliminó 150 decretos supremos, legislativos y resoluciones obsoletas, principalmente vinculados con reorganizaciones de concejos cantonales y medidas ya cumplidas; María Paula Romo presentó el informe y Kléver García respaldó su votación. En primer debate se trató la reforma al Código de la Democracia para regular transitoriamente la entrega del Fondo Partidario Permanente y de reposición del gasto electoral mientras las organizaciones políticas culminaban su reinscripción; María Paula Romo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Lourdes Tibán, Silvia Salgado y Rosendo Nurinkias defendieron la necesidad de fortalecer a partidos y movimientos, mientras Jorge Escala, Marco Murillo, Tomás Zevallos y César Montúfar cuestionaron su constitucionalidad, el posible beneficio a organizaciones no reinscritas y la exclusión de movimientos locales, por lo que la Comisión anunció que revisaría las observaciones y consultaría al Consejo Nacional Electoral antes del segundo debate. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, que modificó la integración del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, incorporó al Ministerio del Interior, reguló la libre designación y remoción de las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero y tipificó el financiamiento de delitos como infracción autónoma; Francisco Velasco defendió el allanamiento y María Paula Romo solicitó preservar la obligación de la Fiscalía de demostrar el origen ilícito de los activos. El tema principal fue el primer debate de las reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Ejecución de Penas, que propusieron agravar sanciones por sicariato, uso de niñas, niños y adolescentes para delinquir, delitos de odio, usura, comercialización ilícita de combustibles, minería ilegal y uso de vehículos sumergibles; ampliar las herramientas de investigación policial, acumular penas hasta treinta y cinco años, reforzar medidas cautelares, sancionar a fiscales por prevaricato y aumentar las medidas socioeducativas para adolescentes infractores. En comisión general, Sara Oviedo y Joffre Vélez solicitaron no reducir la edad de imputabilidad ni responder a la delincuencia juvenil únicamente con prisión, sino fortalecer prevención, justicia especializada y rehabilitación; Vicente Sarmiento y Enrique Alcívar, en representación de víctimas, exigieron una respuesta más firme contra la impunidad, mayor protección para víctimas y sanciones por negligencia médica. María Paula Romo, Vicente Taiano, Aminta Buenaño, Paco Moncayo, Viviana Bonilla, Mauro Andino y Gina Godoy sostuvieron que las reformas son necesarias pero insuficientes sin una transformación de la Fiscalía, judicaturas, Policía, rehabilitación social y políticas de prevención; Gilmar Gutiérrez, Cynthia Viteri, Luis Almeida, Tito Nilton Mendoza, Alfredo Ortiz y Enrique Herrería plantearon endurecer las penas, revisar la caducidad de la prisión preventiva, ampliar la capacidad judicial y adoptar medidas más severas para delitos graves y adolescentes infractores. El debate quedó suspendido sin votación final, al igual que la resolución incorporada a propuesta de Armando Aguilar para exhortar a la Función Judicial a agilitar los procesos, especialmente los vinculados con causas ambientales de Sucumbíos.

ACTA_077-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, centrado en la necesidad de ajustar la norma a la Constitución y al COOTAD, precisar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, regular la Agencia Nacional de Tránsito, revisar el rol de la Comisión de Tránsito del Guayas, controlar el transporte informal, mejorar el sistema de puntos y licencias, reformar el SOAT y FONSAT, fortalecer la seguridad vial, la educación vial, la capacitación de conductores, la afiliación a la seguridad social, la protección de usuarios, peatones, niños, estudiantes, personas con discapacidad, comunidades rurales y migrantes retornados. Intervinieron Richard Guillén, Mauro Andino, Rafael Dávila, Luis Morales, José Picoita, Consuelo Flores, Francisco Hagó, Elvis Maldonado, María Soledad Vela, Marco Murillo, Linda Machuca, Gioconda Saltos, Gabriel Rivera, Luis Almeida, César Gracia, Vicente Taiano, María Paula Romo, Nívea Vélez, Armando Aguilar, Kléver García, Hólger Chávez, Lourdes Tibán y Fernando Cordero, quienes plantearon observaciones sobre constitucionalidad, proporcionalidad de sanciones, juzgamiento en ausencia, transporte rural, informalidad, monopolios, seguridad infantil, jornadas de conducción, frecuencias, escuelas de conducción, competencias municipales y necesidad de que el texto vuelva a ser revisado por la Comisión antes de su votación. Cerrado este debate, se trató el proyecto de resolución sobre el asesinato de Jaime Hurtado González, Pablo Tapia y Wellington Borja; Línder Altafuya defendió la necesidad de condenar el fallo que declaró la prescripción de la acción penal a favor de Henry Wilberth Gil Ayerve, mientras María Paula Romo propuso ajustes para evitar una indebida interferencia en la Función Judicial, y Abdalá Bucaram y Betty Carrillo intervinieron resaltando la gravedad del caso, la impunidad y la trascendencia histórica de Jaime Hurtado. Finalmente, se aprobó por unanimidad la resolución que condenó el fallo de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y pidió a la Corte Nacional de Justicia y a la Fiscalía General del Estado adoptar las acciones legales correspondientes para sancionar a todos los responsables del crimen.

ACTA_076-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el debate sobre la Proforma Presupuestaria 2011 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011-2014. Silvia Salgado planteó reforzar los recursos para la Función Judicial, gobiernos autónomos descentralizados, Conferencia de Soberanía Alimentaria, proyecto montubio y programas antes vinculados al CODENPE; Guillermina Cruz solicitó mayor inversión en vialidad, justicia, Defensoría del Pueblo y obras para Napo y la Amazonía; y Gerónimo Yantalema cuestionó la falta de participación ciudadana y la reducción de recursos para salud indígena, educación intercultural bilingüe, CODENPE, FODEPI, justicia indígena y circunscripciones territoriales indígenas. Vanesa Fajardo, Juan Carlos Cassinelli y Francisco Velasco defendieron la proforma, al señalar que priorizaba inversión social, productiva, energética y de seguridad, que cumplía con los incrementos constitucionales para educación y salud, y que el déficit se originaba principalmente en inversión pública. María Paula Romo sostuvo que la Función Judicial debía mejorar su ejecución presupuestaria antes de exigir mayores asignaciones, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Fernando González, Galo Lara, Tito Nilton Mendoza, Gido Vargas, Rodolfo Baquerizo, Sylvia Kon y Mery Zamora cuestionaron las proyecciones de crecimiento, el déficit, las fuentes de financiamiento, el gasto corriente, la publicidad gubernamental, la insuficiencia de recursos para educación, salud, justicia, gobiernos locales y Amazonía, así como la falta de claridad sobre indemnizaciones y ejecución de inversiones. Finalmente, se aprobó la resolución que acogió los informes de la Comisión respecto de la Proforma Presupuestaria 2011 y la programación cuatrianual, incorporando observaciones sobre la distribución de transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y la asignación complementaria de recursos para la Asamblea Nacional; la decisión obtuvo sesenta y cuatro votos afirmativos, cuarenta y ocho negativos, un voto en blanco y dos abstenciones tras rectificación, y la reconsideración fue negada.

ACTA_072-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó por unanimidad el Acuerdo entre Ecuador y Perú para crear la Comisión Binacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, destinada a impulsar la integración fronteriza, el manejo sostenible del agua, el control de inundaciones, el riego y el desarrollo agrícola en zonas de El Oro y Tumbes; Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Edwin Vaca, Rocío Valarezo, Zobeida Gudiño, Linda Machuca, Fausto Cobo, Vethowen Chica, Luis Morales, Eduardo Zambrano, Luis Almeida, Carlos Zambrano, Mao Moreno, Mauro Andino, Rafael Dávila, Rosa Santos, Pedro de la Cruz y Víctor Quirola respaldaron la iniciativa, mientras Gerónimo Yantalema solicitó incorporar de forma efectiva a campesinos, montubios, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como medidas de protección de zonas de recarga hídrica, biodiversidad y soberanía alimentaria. Posteriormente, se trató la objeción parcial a la Ley Orgánica de Servicio Público; Nívea Vélez propuso ratificar artículos relacionados con la autonomía de las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados, derechos de trabajadores, jornada especial de salud, maternidad y lactancia, evaluación, estabilidad, jubilación y debido proceso. En comisión general, Héctor Terán, Eduardo Valdez, Miguel García Falconí y Noemí Marcillo, en representación de organizaciones de servidores públicos y trabajadores, cuestionaron la renuncia obligatoria, los pagos mediante bonos, la afectación a la estabilidad, la evaluación como causal de desvinculación, la reducción de derechos laborales y la concentración de atribuciones en el Ministerio de Relaciones Laborales. Francisco Cisneros, María Augusta Calle, Línder Altafuya, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Tito Nilton Mendoza, Galo Lara, Galo Vaca y Dora Aguirre intervinieron en el debate con posiciones sobre la defensa de derechos laborales, la autonomía institucional, el control de la corrupción, la jubilación y la aplicación del veto. En las votaciones se ratificaron algunos textos originales, entre ellos el artículo 25 y los artículos 130, 134 y 135, además de la disposición general vigésima primera; no prosperaron varias ratificaciones vinculadas con autonomía, evaluación, estabilidad, jubilación y disposiciones transitorias, y se aprobó el allanamiento a un amplio grupo de observaciones del Ejecutivo. Finalmente, quedaron solicitadas reconsideraciones de varias mociones para una sesión posterior.

ACTA_071-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se realizó el primer debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, orientado a reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías y militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz, mediante un procedimiento con veeduría e impugnación ciudadana, pensiones, becas, compensaciones económicas, beneficios para familiares y medidas de inclusión laboral; Linda Machuca, Fausto Cobo, Guillermina Cruz, Washington Quiñónez, Luis Morales, Enrique Herrería, Rosana Alvarado, Kléver García, José Portugal, Fernando Aguirre, Zobeida Gudiño y Wladimir Vargas respaldaron la iniciativa, aunque plantearon ampliar la definición de heroísmo a bomberos, rescatistas, reservistas y ciudadanos civiles, incorporar una mayor protección para familiares, precisar los criterios de calificación, fortalecer el reconocimiento a las mujeres y elevar la pensión prevista. También se aprobó por unanimidad la resolución que declaró héroe nacional a Fernando Daquilema y heroína nacional a Manuela León, en reconocimiento a su lucha por la justicia, la libertad y los derechos de los pueblos originarios. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, cuya denominación pasó a ser Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; la norma fortaleció las facultades de la Unidad de Análisis Financiero, amplió los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales —incluidos instituciones financieras, aseguradoras, casas de valores, cooperativas, fundaciones, inmobiliarias, casinos, notarios y registradores—, reguló el control de ingreso y salida de efectivo, la cooperación en zonas fronterizas, la administración temporal de bienes incautados y el decomiso de activos ilícitos, procurando respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Francisco Velasco, Leonardo Viteri, Sylvia Kon, Ramiro Terán, Juan Carlos Cassinelli, Rodolfo Baquerizo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Enrique Herrería, Edwin Vaca, Rosana Alvarado y María Augusta Calle intervinieron con observaciones sobre casinos, control de transacciones, financiamiento de delitos, derechos constitucionales, gestión de bienes incautados, seguridad fronteriza y precisión institucional; luego de incorporar ajustes sobre la Secretaría Nacional de Inteligencia, cooperación territorial y designación de autoridades, la reforma fue aprobada con ciento un votos afirmativos, sin votos negativos, cuatro abstenciones y ningún voto en blanco

ACTA_070-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Fernando Flores para incorporar la creación de una comisión multipartidista que investigue los hechos del 30 de septiembre de 2010 y garantice la presunción de inocencia. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que planteaba transformar el modelo primario exportador mediante incentivos tributarios para nuevas inversiones, reducción progresiva del impuesto a la renta, apoyo a las MIPYMES, economía popular y solidaria, innovación, producción limpia, zonas especiales de desarrollo, crédito, comercio exterior, modernización aduanera y la regulación del salario digno; Francisco Velasco defendió el informe y señaló la necesidad de complementarlo con una Ley de Economía Popular y Solidaria y una Ley de Competencia. Guillermina Cruz, Gido Vargas, Vethowen Chica, Omar Juez, Galo Vaca, Gerónimo Yantalema y Edwin Vaca solicitaron mayor atención a la agricultura, la Amazonía, las provincias pobres, las zonas fronterizas, la producción bananera, los pequeños productores y los incentivos territoriales; Betty Amores, Christian Viteri y Virgilio Hernández respaldaron el enfoque de transformación productiva, pero propusieron fortalecer la economía solidaria, el control de monopolios, la equidad fiscal, la protección ambiental y la participación de los gobiernos locales. Francisco Ulloa, Juan Carlos López, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Vicente Taiano, Nívea Vélez, Andrés Páez, Marco Murillo, Mauro Andino, Kléver García, Enrique Herrería y Luis Almeida cuestionaron el trámite como ley económica urgente, la amplitud y constitucionalidad del Código, la falta de seguridad jurídica, el impuesto a la salida de divisas, el anticipo al impuesto a la renta, la fórmula del salario digno, las cargas sobre contratos laborales, la falta de apoyo efectivo al sector agrícola y la discrecionalidad en materia aduanera y sancionatoria. El debate concluyó sin votación, quedando las observaciones pendientes para la elaboración del informe de segundo debate.

ACTA_069-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, orientado a actualizar la normativa vigente, promover la donación, fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, regular la obtención, conservación, transporte y utilización clínica de órganos, tejidos y células, garantizar la gratuidad, confidencialidad, calidad y acceso equitativo a los procedimientos, y prevenir el tráfico y turismo de órganos. Carlos Velasco explicó que la propuesta incorpora el consentimiento presuntivo —por el cual toda persona sería potencial donante salvo manifestación contraria—, la inclusión de esta decisión en la cédula de identidad, una lista nacional única de espera basada en criterios médicos y de vulnerabilidad, y el fortalecimiento de la autoridad sanitaria; Leonardo Viteri, Pamela Falconí, Paco Fierro, María Alejandra Vicuña, Martha Bazurto, Jorge Fadul y Celso Maldonado respaldaron la iniciativa, destacando la necesidad de crear una cultura de donación, ampliar el número de donantes, asegurar la intervención de instituciones y profesionales autorizados, proteger a donantes y receptores, y establecer sanciones severas contra la comercialización y las redes de tráfico. Henry Cuji, María Molina, Jaime Abril y Fernando Flores propusieron precisiones sobre las atribuciones de la autoridad sanitaria, la conservación de órganos, el tratamiento preferente y postrasplante de donantes y receptores, la incorporación del Registro Civil, la protección de menores y personas con discapacidad, la cooperación internacional y la inclusión de ecuatorianos residentes en el exterior en la lista de espera; mientras Rolando Panchana solicitó garantizar recursos permanentes para campañas de difusión, Kléver García pidió eliminar disposiciones que pudieran facilitar cualquier forma de comercio de órganos, Mauro Andino planteó revisar el procedimiento administrativo y la proporcionalidad de las sanciones, Luis Almeida insistió en tipificar con mayor fuerza los delitos de secuestro, robo y asesinato vinculados a la extracción de órganos, y Rafael Dávila, Luis Morales y Lídice Larrea expresaron reparos sobre el consentimiento presuntivo, defendiendo que la donación debe respetar la voluntad individual, las creencias y la decisión expresa de cada persona. Fernando Bustamante cuestionó que donantes y receptores sean considerados automáticamente como personas con discapacidad y propuso revisar los criterios de prioridad en favor de padres o madres responsables de menores, mientras Bolívar Subía alertó sobre el riesgo de lucro de clínicas, laboratorios, transportistas y otros actores vinculados con la actividad trasplantológica. Además, se negó la propuesta de César Montúfar para modificar el orden de tratamiento de la designación de delegados legislativos a comisiones ciudadanas de selección, y se aprobó un acuerdo de condolencia por el fallecimiento de Néstor Kirchner, con una observación de Fausto Cobo para mantener un texto sobrio y centrado en el reconocimiento de su legado democrático, ético y político

ACTA_069-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se designó a Libia Rivas y Andrés Segovia como delegados de la Función Legislativa para integrar la comisión ciudadana de selección de los miembros del Consejo de la Judicatura, y a Lorena Cáceres y Juan Pablo Pozo para la comisión encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Aminta Buenaño presentó y defendió estas nominaciones, destacando la experiencia y trayectoria profesional de los postulados; Mauro Andino sostuvo que la designación debía resolverse por mayoría simple y respaldó a los candidatos por su perfil técnico y su calidad de funcionarios legislativos. Alfredo Ortiz propuso como alternativa a Cristóbal Napoleón Balanzategui, Gisela Torres, Luz María Otavalo y Abel Zarango, argumentando que los delegados debían ser independientes de la Función Legislativa e incorporar representación indígena; esta postura fue respaldada por Jorge Escala y Francisco Cisneros, quienes solicitaron transparencia, revisión de hojas de vida y garantías de autonomía de las entidades de justicia. Cynthia Viteri cuestionó la falta de verificación pública de los requisitos y documentos de respaldo de los candidatos, mientras Andrés Páez, Magaly Orellana y Luis Almeida plantearon observaciones sobre las excusas y reemplazos de legisladores ausentes. La designación propuesta por Buenaño fue aprobada y la reconsideración solicitada posteriormente fue negada. También se debatió una resolución presentada por Alfredo Ortiz para garantizar los derechos humanos y el debido proceso de las personas en situación migratoria irregular en Galápagos, promover la participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y exhortar a la Defensoría del Pueblo a establecer una estructura institucional en la provincia; Ortiz defendió que la regulación migratoria no podía derivar en expulsiones arbitrarias, mientras Ángel Vilema sostuvo que el control y la regularización eran necesarios para proteger el ecosistema de Galápagos y cuestionó que existieran vulneraciones de derechos, y Luis Almeida defendió la libertad de circulación de los ecuatorianos dentro del territorio nacional. La resolución no obtuvo los votos necesarios, incluso después de su rectificación.

ACTA_066-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento una propuesta de Alfredo Ortiz orientada a garantizar el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y la atención de las personas migrantes en Galápagos, incluyendo la solicitud de una oficina de la Defensoría del Pueblo en la provincia; sin embargo, el texto no llegó a resolverse durante la jornada. También se aprobó la resolución presentada por María Soledad Vela para declarar al cantón Pedernales, provincia de Manabí, como “Génesis del nombre del Ecuador”, en reconocimiento a Punta Palmar como punto de partida de la Misión Geodésica Francesa; intervinieron María Soledad Vela, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri y Lídice Larrea en respaldo de la iniciativa, mientras Vicente Taiano, Pedro de la Cruz, Marco Murillo y Tito Nilton Mendoza solicitaron reemplazar la denominación inicial de “Cuna de la Identidad Ecuatoriana” por una expresión que no desconozca la diversidad cultural y plurinacional del país. En el segundo debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se aprobó eliminar la referencia a comisiones ciudadanas de selección y establecer que el Consejo designe al Procurador General del Estado y a los superintendentes de las ternas remitidas por el Ejecutivo, luego de los procesos de veeduría e impugnación ciudadana, con alternabilidad de género e interculturalidad; Raúl Abad, Betty Amores, Hugo Quevedo y Juan Carlos Cassinelli defendieron la reforma por ajustarla al texto constitucional, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Luis Morales y César Montúfar cuestionaron que se debilite la participación ciudadana y que el trámite no haya sido conocido por la comisión especializada correspondiente. Asimismo, se aprobó por unanimidad una resolución de solidaridad con las víctimas y familiares de la tragedia minera en el yacimiento Casa Negra de Portovelo, que exhortó a intensificar las labores de búsqueda, verificar las condiciones de seguridad de las minas, investigar los riesgos laborales y brindar apoyo social a las familias afectadas; intervinieron Fernando Bustamante, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Jorge Escala y María Paula Romo. Finalmente, se debatió la denuncia del Convenio de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y China; Fernando Bustamante y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la denuncia por las cláusulas de arbitraje internacional contrarias a la soberanía y al marco constitucional, mientras intervinieron Alfredo Ortiz, Paco Moncayo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Jorge Escala, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Zobeida Gudiño sobre sus efectos jurídicos, económicos y de inversión. Aunque inicialmente se registró la aprobación del informe, en la rectificación se consignó que no fue aprobado, quedando solicitada su reconsideración para una sesión posterior

ACTA_065-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas, destinado a articular la planificación nacional y territorial con el presupuesto, la inversión pública, la programación fiscal plurianual, la gestión de liquidez, el endeudamiento, la transparencia y el control de los recursos públicos, además de derogar varias normas financieras dispersas. Francisco Velasco presentó los cambios incorporados luego del diálogo con gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones territoriales, destacando el respeto a sus planes de desarrollo, la separación entre planificación y ordenamiento territorial, la protección de recursos de la seguridad social y la reducción del límite de endeudamiento al 40 % del PIB; Viviana Bonilla, Virgilio Hernández, Betty Amores y Fernando Cordero defendieron el texto por considerar que fortalecía la planificación participativa, la articulación entre niveles de gobierno y el control fiscal. En contraste, Sylvia Kon, Andrés Roche, Rafael Dávila, Francisco Ulloa, Andrés Páez, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Vicente Taiano, César Montúfar, Paco Fierro, Edwin Vaca, Luis Almeida, Ramiro Terán, Nivea Vélez, Jorge Escala y Juan Carlos López cuestionaron el trámite urgente, el posible centralismo de la planificación, las facultades para modificar el presupuesto, el endeudamiento, el uso de la Cuenta Única del Tesoro, los recursos del IESS y de los gobiernos locales, el encaje bancario en instrumentos estatales, el arbitraje internacional, la participación de pueblos y nacionalidades y la prioridad de inversión para zonas fronterizas, amazónicas y Galápagos. Tras incorporar varias observaciones, el Código fue aprobado con setenta y tres votos afirmativos, treinta y uno negativos, un voto en blanco y once abstenciones, manteniéndose la decisión luego de la reconsideración. También se aprobó una resolución presentada por Luis Morales, con aportes de Fernando Bustamante y César Rodríguez, para expresar beneplácito por el rescate de los 33 mineros chilenos, reconocer al Gobierno de Chile, al equipo técnico y de salvamento, y resaltar los valores de solidaridad, protección de la vida y seguridad laboral; se eliminó del texto la propuesta inicial de postular a Sebastián Piñera al Premio Nobel de la Paz

ACTA_063-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se analizó ampliamente lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, con posiciones contrapuestas: Paco Moncayo, Cynthia Viteri, Fernando Aguirre, Jorge Escala, Cléver Jiménez, Vicente Taiano, Leonardo Viteri, Gilmar Gutiérrez, Andrés Páez, César Montúfar, Línder Altafuya, Jimmy Pinoargote y Luis Almeida condenaron la violencia e insubordinación, pero cuestionaron el manejo de la crisis, la suspensión de actividades legislativas, el veto a la Ley de Servicio Público, el operativo en el Hospital de la Policía y solicitaron una investigación independiente, internacional o multipartidista, así como medidas de diálogo y reconciliación nacional; mientras Francisco Velasco, César Rodríguez, Marisol Peñafiel, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Irina Cabezas, María Alejandra Vicuña, Eduardo Encalada, Guillermina Cruz, Eduardo Zambrano, Hólger Chávez, Juan Carlos López, Lenin Chica y Aminta Buenaño sostuvieron que existió una tentativa de golpe de Estado, secuestro y acciones de desestabilización, demandando sanciones para los responsables y la defensa del orden constitucional. Abdalá Bucaram planteó que se investigue a todos los responsables y se promueva una política de paz. El tratamiento concluyó con un proyecto de resolución consensuado presentado por César Rodríguez, pero la votación quedó pendiente. Además, se recibió a Wladimir Paspuel, Juan Carlos Piedra, Rosana Sanabria, Bernarda Jiménez y Carlos Jiménez, representantes de organizaciones migrantes, quienes expusieron sobre los derechos de las personas en movilidad humana; a propuesta de Dora Aguirre se aprobó una resolución de bienvenida, reconocimiento y felicitación a los participantes del IV Foro Social Mundial de las Migraciones. Finalmente, Fernando Bustamante, Linda Machuca, Guillermina Cruz, Víctor Quirola y Eduardo Zambrano intervinieron en el análisis del Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano, destinado a regularizar y proteger la situación de trabajadores migrantes de ambos países, facilitar su permanencia y evitar condiciones de explotación, instrumento que fue aprobado con ciento seis votos afirmativos.

ACTA_060-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la incorporación de una resolución propuesta por Magali Orellana para respaldar la declaratoria del cantón Loreto, en Orellana, como espacio ecológico y proteger sus fuentes de agua, bosques y biodiversidad frente a actividades extractivas. También se discutieron los efectos de la pérdida de quórum de la jornada anterior, especialmente respecto del tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior y la continuación del debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas; Enrique Herrería, Armando Aguilar, Luis Almeida, Vicente Taiano y Abdalá Bucaram expusieron posiciones distintas sobre la posibilidad de retomar dichos temas. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que proponía eliminar la obligación de conformar comisiones ciudadanas de selección para los procesos de veeduría, escrutinio e impugnación de las ternas enviadas por el Ejecutivo para designar al Procurador General del Estado y a los superintendentes. Raúl Abad defendió la reforma por considerar que buscaba ajustar la ley al texto constitucional; mientras Paco Moncayo, Luis Morales, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Vicente Taiano, Marco Murillo, Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, Gioconda Saltos, Alfredo Ortiz, Kléver García y Carlos Samaniego advirtieron que la propuesta podía debilitar la participación ciudadana y facilitar una designación indirecta de autoridades de control por parte del Ejecutivo, por lo que plantearon mantener y desarrollar expresamente los mecanismos de impugnación y veeduría. Rolando Panchana apoyó la necesidad de reformar la norma para agilizar la designación de autoridades titulares, Fernando Cordero propuso eliminar únicamente la referencia al escrutinio pero conservar la impugnación y veeduría ciudadana, Hólger Chávez sostuvo que la Constitución podía suplir cualquier vacío legal y Rosa Santos pidió revisar la aplicación de los principios de paridad y alternabilidad en las ternas. Finalmente, se aprobó por unanimidad el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y España, destinado a permitir la acumulación de aportes realizados en ambos países y garantizar prestaciones de salud, maternidad, invalidez, jubilación, supervivencia y otros beneficios para trabajadores migrantes y sus familias; Linda Machuca, Gabriel Rivera, Dora Aguirre, Luis Morales y Fernando Aguirre destacaron su importancia para los ecuatorianos residentes en España, mientras Fausto Cobo expresó su respaldo y Enrique Herrería y Luis Almeida solicitaron mayor acceso al texto original y claridad sobre su aplicación y financiamiento

ACTA_057-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Paco Moncayo para exhortar a que el Código Orgánico de la Producción sea tramitado por la vía ordinaria y no como ley económica urgente, debido a la necesidad de garantizar consulta prelegislativa y participación ciudadana. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, orientada a definir la estructura, integración y atribuciones del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional, crear una Secretaría Coordinadora Técnica y convertir la Conferencia Nacional en una instancia permanente, plurinacional e intercultural de deliberación, veeduría y formulación de propuestas. María Molina, Gido Vargas y Rosana Alvarado respaldaron la reforma para viabilizar el funcionamiento de estos organismos; Pedro de la Cruz, Paco Moncayo, Silvia Salgado, Marco Murillo y Carlos Velasco cuestionaron la adscripción de la Conferencia y de la Secretaría Técnica al Ministerio de Agricultura, solicitaron mayor autonomía, representación territorial y social, plazos más breves y menos trámites para presentar propuestas legislativas; Jaime Abril propuso precisiones sobre tecnificación, representación de los gobiernos autónomos, rectoría de políticas públicas y selección de la Secretaría Técnica. Al existir numerosas observaciones, se difirió la votación para incorporar los aportes. También se trató la objeción parcial al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Virgilio Hernández propuso allanarse a la mayoría de observaciones de forma y ratificarse en artículos considerados esenciales para la autonomía y financiamiento de los gobiernos autónomos. Andrés Roche, Diana Atamaint, Paco Moncayo, Paco Fierro, Alfredo Ortiz, César Montúfar, Jorge Escala, Edwin Vaca, Guillermina Cruz, Vicente Taiano, Paola Pabón, Luis Almeida y Marco Murillo debatieron sobre la fórmula de distribución de recursos, las competencias de los gobiernos locales, la representación de las circunscripciones territoriales indígenas, los límites para la conformación de regiones, la situación de Santo Domingo de los Tsáchilas, la designación del Secretario del Consejo Nacional de Competencias y el riesgo de recentralización. Finalmente, se aprobaron los allanamientos a las observaciones planteadas, incluidos los artículos relacionados con regiones y circunscripciones territoriales indígenas; además, se ratificaron los textos originales sobre sectores estratégicos, planificación, amnistías tributarias, normativa propia de los gobiernos autónomos, comodatos y ponderación para cantones fronterizos, mientras no prosperó la ratificación de otros artículos y disposiciones transitorias

ACTA_056-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje póstumo al filósofo Bolívar Echeverría Andrade, destacándose su aporte al pensamiento crítico latinoamericano, su teoría del ethos histórico y barroco, su trayectoria académica y su compromiso con una modernidad no capitalista; intervinieron Fernando Tinajero, quien propuso preservar y difundir su legado mediante una cátedra, la publicación de sus obras completas y una beca de investigación, y Raquel Serur, quien resaltó su rigor intelectual, su libertad de pensamiento y su vínculo permanente con Ecuador. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la Ley Derogatoria No. 3 para la Depuración de la Normativa Legal, destinada a eliminar 195 leyes, decretos legislativos, decretos supremos y acuerdos que habían perdido vigencia, cumplido su finalidad o sido sustituidos por normas posteriores; Mauro Andino defendió la necesidad de actualizar el ordenamiento jurídico y fortalecer la seguridad jurídica, Luis Almeida propuso crear un mecanismo institucional permanente que controle la vigencia de las normas, y Luis Morales solicitó revisar especialmente la derogatoria de beneficios para artesanos y ciertas autorizaciones relacionadas con obras en Ambato. También se trató el primer debate de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, orientada a proteger los campos petroleros operados por empresas públicas, asegurar que los campos revertidos al Estado sean explotados por compañías públicas, establecer condiciones para la delegación excepcional a empresas privadas, crear mecanismos técnicos de regulación y control, exigir responsabilidades administrativas, civiles y ambientales, y fortalecer la participación estatal en la contratación petrolera. Francisco Velasco explicó el alcance de la propuesta; Luis Noboa cuestionó la contratación directa con empresas públicas extranjeras, los acuerdos con Petrochina y PDVSA, la reducción de utilidades de trabajadores petroleros y los riesgos para la inversión; Francisco Ulloa intentó vincular el debate con hechos ocurridos en Paquisha, por lo que su intervención fue interrumpida, mientras Paco Moncayo desistió de intervenir en protesta; Pedro de la Cruz respaldó la inclusión de garantías ambientales y pidió precisar la entidad responsable de los informes técnicos y mantener contratos de prestación de servicios; Guillermina Cruz propuso priorizar la contratación de mano de obra amazónica, incorporar beneficios para las zonas de influencia y eliminar excepciones a la licitación; y Línder Altafuya cuestionó la interrupción de la intervención de Francisco Ulloa. El tratamiento de la reforma quedó inconcluso por falta de quórum

ACTA_055-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se trató el informe sobre la denuncia del Convenio de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo principal punto de debate fue la incompatibilidad de sus cláusulas de arbitraje internacional con la Constitución, particularmente por permitir que controversias entre el Estado e inversionistas privados se sometan a instancias externas a la jurisdicción ecuatoriana. Fernando Bustamante, Betty Amores, Soledad Buendía, Gabriel Rivera, Eduardo Zambrano, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca respaldaron la denuncia, al considerar que el convenio vulneraba la soberanía nacional, respondía a un modelo de protección privilegiada para inversionistas extranjeros, no había generado un impacto significativo en la inversión y debía sustituirse por un marco jurídico nacional que otorgue seguridad equitativa a inversionistas nacionales y extranjeros. En contraste, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Paco Moncayo, Luis Almeida, Enrique Herrería, Rafael Dávila y Luis Morales cuestionaron la denuncia total por los posibles efectos negativos sobre la seguridad jurídica, la inversión extranjera, el empleo, las relaciones comerciales y la imagen internacional del país, por lo que plantearon renegociar las disposiciones incompatibles con la Constitución, especialmente las relacionadas con el arbitraje. Wladimir Vargas presentó formalmente una moción para recomendar la renegociación del convenio, apoyada por varios legisladores; sin embargo, no se realizó la votación ni se adoptó una resolución final, quedando el tratamiento pendiente.

ACTA_055-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se rindió homenaje póstumo al asambleísta Humberto Alvarado Prado y, posteriormente, se trató la denuncia del Tratado de Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital suscrito entre Ecuador y Alemania. Fernando Bustamante, Eduardo Zambrano, Línder Altafuya, Linda Machuca y Vethowen Chica respaldaron la denuncia al sostener que las cláusulas de arbitraje internacional vulneraban la soberanía y el artículo 422 de la Constitución, que el tratado respondía a un modelo desigual de protección al capital extranjero y que debía reemplazarse por un marco nacional que otorgue reglas claras para la inversión; mientras Luis Almeida, Paco Moncayo, Edwin Vaca, Wladimir Vargas, Hugo Quevedo y María Paula Romo expresaron reparos o solicitaron una reflexión más profunda, señalando riesgos para la seguridad jurídica, la inversión, el empleo y las relaciones comerciales, y planteando la renegociación de las disposiciones incompatibles antes de una denuncia total. También se retomó la propuesta de Wladimir Vargas para devolver al Ejecutivo el convenio con el Reino Unido y recomendar la renegociación de sus artículos 8 y 9, la cual fue negada tras su rectificación; luego se aprobó la denuncia del convenio con el Reino Unido con sesenta y cinco votos afirmativos y la denuncia del tratado con Alemania con sesenta y seis votos afirmativos. Finalmente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público; María Paula Romo explicó que la propuesta inicial permitía concentrar en una entidad adscrita al Ejecutivo la administración de bienes de diversas instituciones autónomas, incluidos el IESS, ISSFA, ISSPOL, universidades y gobiernos autónomos descentralizados, por lo que la Comisión recomendó su archivo para elaborar una normativa integral que garantice transparencia, acceso público a la información y respeto a la autonomía institucional. Luis Almeida apoyó el informe y cuestionó la concentración de atribuciones prevista en el proyecto; posteriormente, el Pleno aprobó por unanimidad el archivo de la iniciativa.

ACTA_053-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se trató primero la lectura de la convocatoria y orden del día, con intervenciones de los asambleístas Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca y Fernando Bustamante, guardándose además un minuto de silencio por los ecuatorianos fallecidos en México y por el padre político de la asambleísta Betty Carrillo; a continuación se conoció el informe de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre la ratificación del Estatuto a la Agencia Internacional para las Energías Renovables (IRENA), con intervenciones de Fernando Bustamante, Luis Almeida, Gabriel Rivera, Ramiro Terán, Grace Almeida, Linda Machuca, Juan Carlos López y Marisol Peñafiel, aprobándose el proyecto de resolución respectivo; luego se trató el informe de la misma Comisión sobre la ratificación del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, con intervenciones de Gabriel Rivera y Francisco Ulloa, aprobándose igualmente la resolución; después se debatió la designación de la Comisión Especializada para analizar el informe presentado por el Presidente de la República el 10 de agosto de 2010, interviniendo Juan Carlos Cassinelli, Jorge Escala, Grace Almeida, Luis Almeida, Alfredo Ortiz, Abdalá Bucaram, Scheznarda Fernández, Línder Altafuya, Mauro Andino, Ramiro Terán, César Rodríguez, Guillermina Cruz y Fausto Cobo; posteriormente se conoció el proyecto de resolución que demanda y condena la violación de los derechos humanos de los 72 migrantes asesinados en México, con intervenciones de Linda Machuca, Alfredo Ortiz, Francisco Ulloa, Luis Almeida, Fernando Flores, Eduardo Zambrano, Cinthya Viteri y María Augusta Calle; enseguida se trató el proyecto de resolución de solidaridad y respaldo del pueblo ecuatoriano a los 33 mineros atrapados en una mina de Copiapó, Chile, con intervenciones de Fernando Bustamante, Fausto Cobo y Grace Almeida, aprobándose el texto de la resolución; y finalmente se retomó y votó el proyecto de resolución sobre los 72 migrantes asesinados en México, procediéndose a su lectura y votación antes de la clausura de la sesión.

ACTA_048-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva con la Secretaría a cargo de Francisco Vergara Ortiz, se constató el quórum con setenta y ocho asambleístas y se instaló la sesión, guardándose previamente un minuto de silencio a pedido de Vicente Taiano por el fallecimiento del padre del asambleísta Luis Morales; tras el Himno Nacional, se conoció el oficio de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia que solicitaba autorización para iniciar causa penal contra el Presidente Rafael Correa Delgado por una querella de injurias presentada por Gil Leonardo López Monsalve, petición que fue negada en votación (once afirmativos, cincuenta y nueve negativos). A continuación se trató el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, con el informe de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, e intervinieron Paco Moncayo, Enrique Herrería, Juan Carlos Cassinelli, Francisco Ulloa, Rafael Dávila, Rosana Alvarado, Rodolfo Baquerizo, Francisco Velasco y Nivea Vélez debatiendo principalmente el porcentaje (10%, 25% o 50%) que el Banco Central podría invertir con cargo al Sistema del Resto de Operaciones y Cuentas Patrimoniales excluyendo los depósitos del IESS, ISSFA, ISSPOL, gobiernos autónomos y universidades; el tema quedó suspendido para redacción final sin llegar a votarse. Posteriormente, la Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, expuso extensas denuncias documentadas contra el Consejo de la Judicatura (nombramientos a dedo de notarios y jueces, homologación salarial irregular, falta de sanción a jueces por caducidad de prisión preventiva, un incidente de agresión física entre un vocal y un juez, y casos de presunta intervención judicial indebida), generando un amplio debate con intervenciones de Línder Altafuya, Mauro Andino, Luis Almeida, Andrés Páez, Marisol Peñafiel, Lourdes Tibán, Jorge Escala, César Rodríguez y Marco Murillo; durante una comisión general el Rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo Romero, expuso sobre la judicialización excesiva de los concursos de oposición y méritos universitarios, tras lo cual la sesión se suspendió hasta las 15h30. Al reanudarse, mientras presidía Irina Cabezas Rodríguez y luego Lourdes Tibán, continuaron las intervenciones sobre el Consejo de la Judicatura, incluyendo la propuesta del propio Presidente Cordero de recoger firmas para un eventual juicio político a sus vocales, iniciativa respaldada por Marco Murillo, quien planteó extenderla también a la Corte Constitucional; el tema se cerró sin votación, acordándose convocar a una reunión de jefes de bloque. Finalmente, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de resolución presentado por Saruka Rodríguez para exhortar al cumplimiento del Acuerdo Interministerial sobre el cacao nacional fino de aroma, y se aprobó la resolución que declara el 20 de octubre como Día de la Estadística Nacional y el 2010 como Año de los Censos Nacionales, con intervención de Marcelo García; la sesión se suspendió a las diecisiete horas veinticuatro minutos, pendiente de continuar en otra sesión que sería oportunamente convocada, ante la falta de acuerdo sobre el porcentaje de inversión del Banco Central.

ACTA_046-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, orientado a reorganizar el sistema universitario y tecnológico mediante normas sobre autonomía responsable, cogobierno, gratuidad, financiamiento, igualdad de oportunidades, becas, nivelación y admisión, evaluación y acreditación, investigación, carrera docente, funcionamiento de institutos técnicos y tecnológicos, creación de nuevas instituciones, rendición de cuentas, sanciones y régimen de transición. Durante la comisión general, Galo Mindiola, Carlos Torres y Abraham Bedrán, en representación estudiantil, solicitaron mayor participación con voz y voto en los organismos del sistema, respeto a la autonomía universitaria, fortalecimiento del cogobierno, garantías para las organizaciones estudiantiles, becas y una revisión de las disposiciones transitorias; Yolanda Albán advirtió que ciertas obligaciones financieras y regulatorias podían afectar la subsistencia de los institutos técnicos y tecnológicos; mientras Gustavo Vega y Enrique Ayala Mora señalaron que existían importantes consensos, pero pidieron completar el diálogo sobre los temas pendientes, especialmente la integración y designación de las autoridades de los organismos de regulación y acreditación, el alcance de la Secretaría Nacional de Educación Superior, el financiamiento, las titulaciones y el régimen de transición. Raúl Abad, Mao Moreno, Eduardo Encalada, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Mary Verduga, Jaime Abril, Juan Fernández, Lídice Larrea, Rocío Valarezo y Zobeida Gudiño defendieron la necesidad de aprobar una normativa que eleve la calidad académica, democratice las universidades, fortalezca la evaluación, la investigación, la rendición de cuentas, la participación estudiantil y la vinculación de la educación superior con el desarrollo nacional; en tanto que Marco Murillo propuso suspender el tratamiento para ampliar el diálogo, y Jorge Escala, Gilmar Gutiérrez, Paco Moncayo, Magali Orellana, Luis Almeida, Salomón Fadúl, César Montúfar y Gioconda Saltos expresaron preocupaciones sobre una posible afectación a la autonomía universitaria, la concentración de atribuciones en organismos vinculados al Ejecutivo, la creación de universidades sin los procedimientos previos, el financiamiento, la situación de las provincias amazónicas y la necesidad de incorporar las observaciones de la comunidad universitaria. También intervinieron Betty Amores y Gerónimo Yantalema; finalmente, al quedar numerosos legisladores inscritos y varios temas pendientes, se suspendió el debate sin que se produjera la votación del proyecto.

ACTA_043-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Gilmar Gutiérrez para incorporar una resolución de amonestación a Fernando Cordero por actuaciones relacionadas con la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas; además, se guardó un minuto de silencio en homenaje a Jéssica Núquez, esposa del asambleísta Carlos Zambrano. Posteriormente, se aprobó el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, presentado por Fernando Bustamante como una herramienta de integración regional, financiamiento del desarrollo, recuperación del ahorro suramericano y toma de decisiones bajo el principio de un país, un voto; Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Francisco Ulloa, Vethowen Chica, Linda Machuca, Marco Murillo, María Augusta Calle, Eduardo Zambrano y Silvia Salgado respaldaron la iniciativa, mientras Paco Fierro, Rafael Dávila y Marco Murillo plantearon observaciones sobre el capital, las condiciones de financiamiento, la transparencia, el alcance de las inmunidades y la necesidad de reglas claras para evitar nuevas dependencias. Asimismo, se aprobó el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE, concebido como una unidad electrónica de cuenta entre bancos centrales para facilitar el comercio regional, reducir costos de transacción y minimizar el uso de divisas; Fernando Bustamante, Pedro de la Cruz, Rosana Alvarado, Rocío Valarezo, Linda Machuca, Luis Almeida, Nívea Vélez, Juan Carlos López y María Augusta Calle defendieron sus beneficios para exportadores, pequeñas y medianas empresas y la integración económica, mientras Wladimir Vargas, Salomón Fadúl, Fernando Aguirre y Rafael Dávila expresaron inquietudes sobre su vinculación con el ALBA, sus efectos sobre la dolarización, la solidez económica de los países participantes y sus riesgos financieros. También se aprobó la resolución impulsada por Rolando Panchana y enriquecida con aportes de Fausto Cobo, Andrés Roche y Silvia Salgado, mediante la cual se reafirmó el compromiso estatal y legislativo con la protección integral, el interés superior y los derechos de niñas y niños. Finalmente, se debatió la propuesta de Gioconda Saltos para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Tungurahua y Chimborazo ante la actividad eruptiva del volcán Tungurahua y las afectaciones a la producción agrícola, ganadera y avícola; intervinieron Gioconda Saltos, Hólger Chávez, Kléver García, Juan Carlos López, Marco Murillo y Luis Almeida, pero la sesión fue suspendida antes de que la resolución fuera sometida a votación.

ACTA_042-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 042 documenta la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional realizada el 20 de mayo de 2010, instalada por el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra (en reemplazo del presidente Fernando Cordero, ausente por un duelo familiar) y con Francisco Vergara Ortiz como Secretario General; tras constatar el quórum y leer el Orden del Día, se rechazó una moción de cambio presentada por Ramiro Terán sobre reestructuración de la Comisión de Fiscalización, se retiró una moción de Henry Cuji sobre jubilados del Ingenio San Carlos, y se tomó nota de un pedido de Gilmar Gutiérrez. Tras el Himno Nacional, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado (ponente María Paula Romo) con intervenciones de Vicente Taiano y Luis Almeida, ley que fue finalmente aprobada por amplia mayoría tras rectificación de la votación. A continuación se trató el conocimiento de la solicitud del Consejo de Administración Legislativa para encargar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la elaboración de un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que incorpore el procedimiento normativo de consulta prelegislativa (numeral 17 del artículo 57 de la Constitución), punto que generó un extenso debate con las intervenciones de Virgilio Hernández, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Paula Romo y Jorge Escala. La sesión se interrumpió para una Comisión General en homenaje a la recepción de los restos simbólicos de la Generala Manuela Sáenz, con un acto conmemorativo, proyección audiovisual e intervención de María Augusta Calle; reinstalada la sesión, continuó el debate sobre la reforma legislativa con las participaciones de Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema (parte de su intervención en kichwa), Cynthia Viteri, Betty Carrillo y Silvia Salgado. Finalmente, sin llegar a una votación formal sobre el proyecto de resolución, el Presidente encargado, recogiendo el consenso expresado por los asambleístas, dispuso que el Consejo de Administración Legislativa reciba todos los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionados con la consulta prelegislativa, y clausuró la sesión.