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ACTA_132-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el primer debate del proyecto destinado a garantizar la igualdad, inclusión y defensa de las personas con discapacidad, respecto del cual existió un respaldo general, aunque se presentaron numerosas observaciones para asegurar que los derechos reconocidos pudieran cumplirse efectivamente y no quedaran como declaraciones sin financiamiento, plazos, responsables, controles ni sanciones. La discusión abordó la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana de discapacidades, regular con criterios éticos los programas de genética humana, ampliar la atención médica y la rehabilitación integral, garantizar medicamentos y ayudas técnicas gratuitas, facilitar el acceso a seguros de vida y salud y establecer una seguridad social financiada o respaldada por el Estado. En materia educativa se propuso impulsar una verdadera educación inclusiva, con equipos multidisciplinarios, docentes capacitados, adaptaciones curriculares, sistema Braille, lengua de señas, infraestructura accesible y centros especializados únicamente cuando fueran indispensables; mientras que en el ámbito laboral se analizaron los porcentajes de contratación, la evaluación de capacidades y destrezas, la eliminación de restricciones generales basadas en supuestos riesgos, la adecuada asignación de funciones y la protección económica de quienes cuidan permanentemente a personas con discapacidad severa. También se plantearon mejoras en la accesibilidad de edificios, viviendas, calles, transporte público, taxis, medios de comunicación y señalética; la actualización periódica de los montos permitidos para importar vehículos; la aplicación real de tarifas preferenciales y exoneraciones; y la participación de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, se solicitó incorporar las realidades de las zonas rurales, fronterizas y amazónicas, garantizar un enfoque intercultural y lingüístico para pueblos y nacionalidades, fortalecer el Seguro Social Campesino, incluir a los ecuatorianos con discapacidad residentes en el exterior, ampliar la protección a familiares y representantes legales, y desarrollar campañas para eliminar la discriminación y cambiar la percepción social sobre la discapacidad. También se debatió la denominación más adecuada para las personas beneficiarias, aunque se defendió el uso de “personas con discapacidad” por ser el término reconocido constitucionalmente. El primer debate concluyó sin votación, a fin de que la comisión analizara e incorporara las observaciones para preparar el texto del segundo debate. Intervinieron Luis Almeida, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Carlos Velasco, Armando Aguilar, César Gracia, Mao Moreno, Kléver García, Gioconda Saltos, Fernando Flores, Gerónimo Yantalema, Gastón Gagliardo, Rolando Panchana, Betty Amores, Galo Lara, Grace Almeida, María Molina, César Rodríguez, Dora Aguirre, Tamara Chico, Edwin Vaca, Guillermina Cruz y María Cristina Kronfle.

ACTA_127-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma a la normativa del servicio público, orientado a corregir la prohibición general que impedía a servidores públicos y a sus familiares contratar con cualquier institución estatal; durante la discusión se buscó equilibrar la libertad de trabajo y contratación con la prevención del nepotismo, el tráfico de influencias y la corrupción, planteándose limitar las prohibiciones según la institución donde labora el funcionario, el grado de parentesco, la jerarquía del cargo, la participación efectiva en empresas y la existencia de conflictos de intereses, además de formular observaciones sobre la autonomía administrativa de la Asamblea, las renuncias obligatorias y los regímenes aplicables a docentes universitarios y profesionales. Posteriormente, se analizó el convenio entre Ecuador y China para el otorgamiento de una línea de crédito preferencial, debatiéndose sus condiciones financieras, la política de endeudamiento, la soberanía nacional, la transparencia de los acuerdos petroleros, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con China; sin embargo, ante las dudas sobre la correspondencia entre el instrumento sometido al Pleno y el dictamen de la Corte Constitucional, se suspendió su tratamiento y se dispuso que regresara a la comisión para aclarar su denominación y sustento jurídico antes de una futura votación. Finalmente, se designó a Karen Pamela Tapia Tapia y Manuel Eduardo Taipe Calle como delegados para integrar la comisión ciudadana encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, y a Myriam Elisa Brito Estrada y Fausto Javier Holguín Ochoa para la selección de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral; ambas designaciones fueron aprobadas y sus reconsideraciones resultaron negadas. Intervinieron Raúl Abad, Alfredo Ortiz, Fernando Bustamante, Galo Vaca, María Soledad Vela, Luis Almeida, Gastón Gagliardo, Enrique Herrería, Luis Morales, Ángel Vilema, Nívea Vélez, Andrés Roche, Jorge Escala, Pedro de la Cruz, Paco Fierro, Rolando Panchana, Kléver García, Fernando Cordero, Tito Nilton Mendoza, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, José Portugal, Juan Fernández, Paco Moncayo, Francisco Ulloa, Cléver Jiménez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Fernando Aguirre, Eduardo Zambrano, Francisco Velasco, Betty Amores, Galo Lara, Armando Aguilar, César Rodríguez, María Augusta Calle y Dora Aguirre.

ACTA_125-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión 125 del Pleno, realizada el 20 de septiembre de 2011, se desarrolló inicialmente un acto conmemorativo por los 180 años de la primera sesión del Congreso Nacional del Ecuador, durante el cual ingresó al salón la primera Constitución ecuatoriana, se interpretó el Himno Nacional en idioma shuar y se entregó oficialmente la Constitución de la República traducida al shuar chicham, trabajo destinado a facilitar a esta nacionalidad el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones; intervinieron el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el lingüista Pedro Andicha Chayuqui y la asambleísta Diana Atamaint, quienes destacaron la importancia de la memoria histórica, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la conservación de las lenguas ancestrales y la inclusión de los pueblos indígenas. Posteriormente, se inició un extenso y polarizado debate sobre el proyecto de resolución relacionado con los hechos del 30 de septiembre de 2010: María Augusta Calle y otros legisladores sostuvieron que existió un intento de golpe de Estado, el secuestro del Presidente de la República y una acción coordinada destinada a quebrantar el orden constitucional, por lo que solicitaron investigar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales y evitar la impunidad; en contraste, varios asambleístas de oposición negaron que hubiera existido golpe de Estado o magnicidio, atribuyeron los acontecimientos a una protesta policial originada por la Ley de Servicio Público, cuestionaron la actuación del Ejecutivo y de las fuerzas que participaron en el operativo de rescate, denunciaron una posible utilización política de la justicia y propusieron conformar una investigación independiente, desclasificar los documentos reservados o acudir a organismos internacionales para determinar responsabilidades. El debate fue suspendido al mediodía y reinstalado con setenta y cinco legisladores, pero, luego de nuevas intervenciones, la sesión volvió a suspenderse a las 16h20 sin que el proyecto de resolución fuera sometido a votación y sin que se trataran los segundos debates de los proyectos de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Intervinieron María Augusta Calle, Lenín Chica, Ramiro Terán, Cléver Jiménez, Irina Cabezas, Vicente Taiano, Gilmar Gutiérrez, Pedro de la Cruz, Cynthia Viteri, Fernando Flores, Viviana Bonilla, Paco Moncayo, Gabriel Rivera, Enrique Herrería, Paola Pabón, Fausto Cobo, Gastón Gagliardo, Virgilio Hernández, Jorge Escala, Mao Moreno, Xavier Tomalá, Marco Murillo y Fernando Aguirre.

ACTA_133-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Enrique Herrería para incorporar al orden del día una resolución que condenara las actuaciones de Patricio Pazmiño y Tania Arias, por considerar que su participación en una delegación gubernamental comprometía la independencia e imparcialidad que debían mantener frente a la Función Ejecutiva. Posteriormente, se analizó y aprobó el acuerdo de cooperación en defensa entre Ecuador e Italia, destinado a fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y experiencias en políticas de seguridad y defensa, logística y adquisición de equipos, educación, entrenamiento y adiestramiento militar, operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, protección ambiental, servicio médico, historia y deporte militar; se aclaró que el instrumento no constituía una alianza política o militar ni comprometía la planificación estratégica nacional, y su aprobación se mantuvo luego de la rectificación y de que fuera negada la reconsideración. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados en procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, orientado a que el CONSEP dejara de actuar únicamente como depositario y asumiera facultades para custodiar, conservar y administrar los bienes mientras se resolvieran los procesos judiciales. Durante la discusión se plantearon observaciones sobre la venta inmediata de bienes perecibles y semovientes, el mantenimiento y avalúo de propiedades, empresas, vehículos y haciendas, la creación de cuentas especiales para conservar el dinero obtenido y devolverlo con sus intereses cuando existiera una sentencia absolutoria, la transferencia definitiva de los bienes al Estado cuando hubiera condena, la obligación de rendir informes a los jueces, la identificación de la institución pública que asumiría los bienes, la protección de la presunción de inocencia, la prevención de abusos y corrupción dentro del CONSEP y la posibilidad de destinar parte de los recursos a la prevención del consumo de drogas y a la rehabilitación de personas con adicciones. El primer debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Enrique Herrería, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli, Linda Machuca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Galo Lara, Paco Moncayo, Luis Morales, Luis Almeida, Guillermina Cruz, María Paula Romo, Vicente Taiano y Francisco Cisneros.

ACTA_118-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión solemne del 10 de agosto de 2011, el Pleno conoció el informe presentado por el presidente Rafael Correa Delgado sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos gubernamentales para el año siguiente. El Mandatario centró su intervención inicial en la relación entre libertad, justicia y equidad, defendió la responsabilidad posterior en el ejercicio de la libertad de expresión, cuestionó la actuación política y económica de ciertos medios de comunicación y se refirió al debate de la Ley de Comunicación. Posteriormente, las autoridades del Ejecutivo expusieron los avances y retos en sus respectivas áreas: Jorge Glas abordó la recuperación de los sectores estratégicos, las inversiones en energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, recursos hídricos y minería; Guillermo Solórzano informó sobre la transformación de la educación, la investigación científica, las becas y la meritocracia; Mauricio Peña trató la producción, el empleo, las exportaciones, las MIPYMES y la seguridad social; y el vicepresidente Lenín Moreno presentó los resultados de la Misión Solidaria Manuela Espejo y las políticas de inclusión de las personas con discapacidad. También intervinieron Jeaneth Sánchez sobre reducción de la pobreza, salud, vivienda y economía popular y solidaria; Homero Arellano sobre seguridad ciudadana, Policía, justicia y el sistema ECU-911; María Fernanda Espinosa sobre protección del patrimonio natural y cultural; Ricardo Patiño sobre política exterior, integración regional y soberanía; Katiuska King sobre estabilidad económica, banca pública, crédito y reducción de desigualdades; y Doris Soliz sobre participación ciudadana, descentralización y fortalecimiento de los gobiernos autónomos. Finalmente, Correa retomó la palabra para destacar los resultados generales del Gobierno y reafirmar la continuidad del proyecto político, tras lo cual se entonó el Himno a Quito y se suspendió la sesión.

ACTA_136-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Ramiro Terán para adelantar el tratamiento del proyecto de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, al que cuestionó por incorporar reformas tributarias y económicas que, a su criterio, no debían entrar en vigencia sin pronunciamiento legislativo; no obstante, se aprobaron las solicitudes de Lourdes Tibán para analizar la separación de servidores públicos mediante la compra obligatoria de renuncias y exigir explicaciones a las autoridades responsables, y de Fausto Cobo para debatir la situación y el futuro del referido proyecto económico, aunque estos asuntos quedaron pendientes. Posteriormente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación mediante la lectura de los informes de la comisión, en los que se abordaron la libertad de expresión y el derecho ciudadano a recibir información plural; la regulación de los medios públicos, privados y comunitarios; la democratización y distribución del espectro radioeléctrico; la creación, integración y atribuciones de un Consejo de Regulación; la responsabilidad ulterior y las sanciones administrativas; los derechos de rectificación y réplica; la protección de niños, adolescentes y grupos históricamente discriminados; la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos; las franjas horarias; la producción nacional; la reversión de frecuencias otorgadas irregularmente; y la separación entre los medios de comunicación, el sistema financiero y otras actividades económicas. Debido a la extensión de la lectura de los informes, no se realizaron intervenciones sobre el contenido del proyecto ni se efectuó votación, y la sesión fue suspendida para continuar posteriormente. Intervinieron Ramiro Terán, Lourdes Tibán y Fausto Cobo; Fernando Cordero Cueva dirigió la sesión y Andrés Segovia Salcedo actuó como secretario, mientras que Mauro Andino constó como ponente de los informes de la comisión.

ACTA_149-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la incorporación de una propuesta para pronunciarse sobre el hallazgo de cocaína en una valija diplomática, que planteaba acelerar las investigaciones, determinar responsabilidades, revisar la normativa aplicable, conformar una comisión multipartidista y solicitar la salida del ministro de Relaciones Exteriores; posteriormente, se rindió homenaje a los estudiantes Gerardo Francisco Pérez, Juan José Morales, Henry Xavier Paca, José Vicente Anilema y Manuel Ramiro Moreta, así como a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su rector Romeo Rodríguez y el decano Iván Menes, por el desarrollo de Skillbox, un programa informático reconocido internacionalmente que traduce el lenguaje oral a lengua de señas y permite transformar textos en audio, facilitando la comunicación, educación e inclusión de personas con discapacidad auditiva y del habla. A continuación, se debatió la emergencia ocasionada por la fuerte estación invernal, las inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, pérdidas de viviendas, cultivos, carreteras y medios de subsistencia, así como la aparición de enfermedades y las dificultades para abastecer y atender a las comunidades aisladas; aunque la propuesta inicial se refería al Guayas, se incorporaron Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y se solicitó al Ejecutivo declarar el estado de excepción, coordinar la intervención de las instituciones públicas, brindar auxilio a las poblaciones afectadas, entregar recursos para reconstruir viviendas y bienes y establecer un espacio de diálogo con una comisión legislativa. La resolución fue aprobada, ratificada en la rectificación y su reconsideración fue negada. También se desarrolló el primer debate del proyecto de protección para las personas con epilepsia, orientado a garantizar sus derechos, evitar la discriminación educativa y laboral, establecer programas integrales de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, asegurar medicamentos oportunos, permanentes y gratuitos, promover campañas informativas, investigación, docencia y estadísticas, y mejorar la coordinación entre la atención primaria, los especialistas, las familias y las instituciones públicas. Durante la discusión se reconocieron el impacto médico, psicológico, familiar, social y económico de la enfermedad y la necesidad de combatir los prejuicios; sin embargo, varios legisladores consideraron que el proyecto repetía derechos ya garantizados, carecía de suficiente precisión científica y jurídica, podía generar restricciones inconvenientes mediante peritajes y debía integrarse en un código general de salud, mientras otros defendieron la urgencia de contar con una regulación específica y propusieron precisar que el acceso al trabajo no comprendiera actividades que pudieran representar riesgos para la persona o terceros. La moción para archivar el proyecto y recomendar la elaboración del Código de la Salud fue negada, por lo que la iniciativa continuó su trámite. Posteriormente, se inició el primer debate de la reforma destinada a proteger a las personas adultas mayores, proponiéndose sustituir denominaciones consideradas despectivas, reconocer como beneficiarias a las personas desde los sesenta y cinco años, facilitar el ejercicio inmediato de sus derechos mediante la presentación del documento de identidad, garantizar atención médica especializada y gratuita, acceso a medicinas, trabajo acorde con sus capacidades, jubilación universal, descuentos en servicios públicos, exenciones tributarias y notariales y acceso a vivienda digna. También se plantearon servicios gratuitos y prioritarios, la entrega de ayudas económicas a quienes carecieran de jubilación, la posibilidad de exigir a los hijos una pensión vitalicia para sus padres mediante acción judicial incluso promovida por terceros, el cambio de denominación del fondo nacional correspondiente, sanciones civiles y penales por vulnerar sus derechos y la creación y fortalecimiento de hogares de protección bajo responsabilidad estatal y municipal, con atención médica, terapia ocupacional, cultura y actividad física; este debate quedó suspendido para continuar posteriormente. Finalmente, se aprobó una resolución que condenó la agresión de la Policía boliviana contra personas con discapacidad que reclamaban una ayuda económica, reconoció el diálogo como mecanismo de solución, exhortó al Gobierno de Bolivia a aceptar la mediación ofrecida por Lenín Moreno, sugirió respetar los instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias; la decisión fue ratificada con cincuenta y nueve votos afirmativos, uno negativo y cuatro abstenciones. Intervinieron Jorge Escala, María Cristina Kronfle, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Gioconda Saltos, Romeo Rodríguez, Pamela Falconí, Luis Almeida, Vicente Taiano, Xavier Tomalá, Jorge Fadul, Ramón Cedeño, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Vélez, Susana González, Carlos Velasco, Nívea Vélez, Pedro de la Cruz, Rocío Valarezo, Mao Moreno, Richard Guillén, Damacio Santos, Francisco Ulloa, Betty Carrillo, Luis Morales, Fernando González, Gina Godoy, Bolívar Subía, María Molina, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, María Augusta Calle, Paco Fierro y Rosa Ponce.

ACTA_148-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a actualizar la normativa estadística vigente desde 1976 y establecer un Sistema Estadístico Nacional que produjera información oficial, confiable, oportuna, integrada y útil para la planificación, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones. La propuesta contempló la creación de un Consejo Nacional de Estadística encargado de coordinar a las instituciones productoras de información, aprobar la política y el plan nacional en esta materia y expedir normas técnicas; el fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos como responsable de las estadísticas de base, los censos, encuestas y registros; la asignación al Banco Central de las estadísticas de síntesis macroeconómica; la formación de comités técnicos; la gratuidad del acceso a la información; la obligación de proporcionar datos veraces; y la protección de la información personal mediante la confidencialidad y el secreto estadístico, con sanciones administrativas, civiles y penales por su uso indebido. Durante el debate se propuso incorporar con mayor claridad los principios de objetividad, proporcionalidad, especialidad, calidad, transparencia y accesibilidad; armonizar las definiciones, metodologías y clasificaciones; evaluar periódicamente la calidad de las estadísticas; difundir los resultados y los métodos utilizados; garantizar que el acceso gratuito no se limitara únicamente a medios informáticos; precisar qué información podía solicitarse obligatoriamente; y coordinar la normativa con las disposiciones sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. También se planteó desagregar la información por sexo, género, orientación sexual, edad, condición migratoria, pertenencia étnica y territorio; crear comités especializados con enfoques de género, generacional, intercultural y plurinacional; reconocer las realidades de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; obtener estadísticas precisas sobre las personas migrantes y retornadas; y realizar censos o estudios periódicos adaptados a las condiciones particulares de Galápagos, la Amazonía, las zonas fronterizas y los gobiernos locales. Varios legisladores cuestionaron la conformación y necesidad del Consejo Nacional de Estadística, el aumento de la burocracia, la influencia de la Función Ejecutiva sobre el sistema y sobre la designación de la máxima autoridad del INEC, proponiendo que esta fuera seleccionada mediante concurso de méritos y oposición y que los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones sociales eligieran directamente a sus representantes. Asimismo, se expresaron temores de que las cifras pudieran ser manipuladas con fines políticos, se debatió si la ley debía abarcar también las estadísticas producidas por instituciones privadas, universidades, observatorios y organizaciones sociales, y se insistió en que la información oficial pudiera ser contrastada con fuentes independientes. También se formularon observaciones sobre la contratación temporal y la estabilidad de los servidores encargados de censos, la correcta redacción de varias disposiciones, la prohibición de formular preguntas no previstas en las boletas, la protección de los derechos laborales y la conveniencia de no denominar “secreto estadístico” a la información agregada que debía ser pública, sino reservar únicamente los datos personales protegidos. El debate concluyó sin votación para que la comisión analizara e incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Virgilio Hernández, Juan Carlos López, María Soledad Vela, Betty Amores, Carlos Velasco, María Molina, Luis Morales, Paola Pabón, Luis Almeida, Linda Machuca, Andrés Páez, Marisol Peñafiel, César Montúfar, Ángel Vilema, Jorge Escala, Gerónimo Yantalema, Edwin Vaca y Fernando Cordero.

ACTA_142-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se incorporaron al orden del día una propuesta para reconocer la importancia histórica de la Batalla de Camino Real y establecer una fecha de conmemoración nacional, asunto que no llegó a tratarse posteriormente, y una resolución de homenaje a los periodistas ecuatorianos, en cuyo debate se destacó el legado de Eugenio Espejo, la importancia del periodismo para la democracia, los riesgos que enfrentan quienes ejercen esta profesión, sus condiciones laborales, la libertad de expresión, la responsabilidad ética, la honra de las personas, la censura y autocensura en los medios y los procesos judiciales relacionados con publicaciones y opiniones; tras posiciones contrapuestas sobre la relación entre el Gobierno, la prensa y la Función Judicial, se aprobó una resolución que expresó respeto y solidaridad con los periodistas y la voluntad de vigilar el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión en todos los ámbitos comunicacionales. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma tributaria relacionada con la caución equivalente a un porcentaje de la obligación impugnada y con la facultad de los funcionarios encargados de la ejecución coactiva para disponer el arraigo o la prohibición de salida del país; algunos legisladores consideraron que estas medidas eran necesarias para evitar recursos dilatorios, fortalecer la cultura tributaria y garantizar el pago de las obligaciones, mientras otros sostuvieron que condicionaban el acceso gratuito a la justicia, discriminaban a quienes carecían de recursos, vulneraban la presunción de inocencia y debían eliminarse, planteándose también exonerar del afianzamiento a los reclamos de menor cuantía y solicitar nuevos pronunciamientos constitucionales; el primer debate concluyó sin votación y las observaciones fueron remitidas a la comisión. Finalmente, continuó el segundo debate de la reforma sobre las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, orientada a permitirles constituir capital propio, reconocer derechos económicos y de propiedad a sus socios mediante certificados de aportación, garantizar voz y voto independientemente del capital aportado, limitar la concentración de la propiedad, ampliar sus inversiones y servicios financieros e inmobiliarios, fortalecer su solvencia y facilitar la recuperación por vía coactiva de pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas; también se discutieron la responsabilidad de accionistas y administradores, la conveniencia de que todos respondieran por los perjuicios y no únicamente quienes superaran determinado porcentaje de participación, y el procedimiento para elegir al defensor del cliente, cuestionándose que su designación dependiera de la autoridad de control en lugar de los propios socios. Ante la necesidad de realizar ajustes técnicos y jurídicos, el proyecto regresó a la comisión y la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Mercedes Diminich, César Rodríguez, María Augusta Calle, María Paula Romo, César Montúfar, Lenín Chica, Stalin Subía, Paco Moncayo, Luis Morales, Francisco Velasco, César Gracia, Betty Amores, Jimmy Pinoargote, Vicente Taiano, Luis Almeida, Fausto Cobo, Juan Carlos Cassinelli, Salomón Fadul, Eduardo Encalada, Tito Nilton Mendoza, Rolando Panchana, José Portugal, Viviana Bonilla y Jorge Escala; Fernando Cordero dirigió la sesión, Pedro de la Cruz y Juan Carlos Cassinelli asumieron temporalmente su conducción y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_152-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se planteó, aunque no prosperó, incorporar el tratamiento de la situación de los servidores públicos desvinculados mediante la compra obligatoria de renuncias; se aprobó declarar héroe nacional al coronel Luis Vargas Torres, destacando su contribución a la Revolución Liberal, la defensa de las libertades, el laicismo, la democracia y su legado para la historia nacional; y se debatió la suspensión y revisión del proceso de acreditación de héroes y heroínas nacionales vinculados con los conflictos armados, ante denuncias sobre la inclusión de personas que no habrían participado directamente y la exclusión de militares, reservistas y civiles que sí intervinieron, analizándose los criterios para diferenciar a héroes, combatientes y personal que cumplió otras funciones, la transparencia de los listados y la necesidad de revisar la normativa. También se resolvió negar la autorización para iniciar una causa penal contra Enrique Herrería, al considerar que sus actuaciones estaban relacionadas con el ejercicio de la fiscalización legislativa, y se discutieron los alcances de la inmunidad parlamentaria, la libertad de expresión, la responsabilidad por las declaraciones y la prohibición de confundir inmunidad con impunidad. Asimismo, se desarrolló el primer debate de la reforma relacionada con la erradicación de la fiebre aftosa, abordando la sustitución de la comisión existente por una estructura de sanidad agropecuaria, las campañas de vacunación, el control y registro del ganado, la colocación de aretes, la participación de productores, la asignación de recursos, la situación laboral de los trabajadores y la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y mejorar la producción ganadera; finalmente, se inició el primer debate sobre la protección ambiental del ecosistema manglar, con exposiciones acerca de su conservación y restauración, los derechos de las comunidades ancestrales, la actividad camaronera, la productividad acuícola, la contaminación, la reducción de especies, las afectaciones económicas y sociales a concheros y cangrejeros, y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y las actividades productivas. Intervinieron Lourdes Tibán, Línder Altafuya, Cléver Jiménez, Gabriel Rivera, María Paula Romo, Denny Cevallos, César Gracia, Mary Verduga, Vicente Taiano, Enrique Herrería, Paola Pabón, Luis Morales, Elvis Maldonado, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Germán Páez, Kléver García, Linda Machuca, Fernando Aguirre, Paco Fierro, Rolando Panchana, Vethowen Chica, Irina Cabezas, María Molina, Betty Carrillo, Mercedes Diminich, Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, Stalin Subía, José Antonio Camposano y María Dolores Vera.

ACTA_136-C-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, en el que existió coincidencia sobre la necesidad de expedir una normativa que cumpliera el mandato constitucional y ciudadano, pero se mantuvieron posiciones contrapuestas respecto de la libertad de expresión y de información, la veracidad y contextualización de las noticias, la responsabilidad ulterior, los derechos de rectificación y réplica, la posible censura y el riesgo de que la regulación fuera utilizada para controlar o perseguir a medios y periodistas. También se discutieron la integración e independencia del Consejo de Regulación; la concentración de la propiedad de los medios; la distribución, reversión y adjudicación de frecuencias entre los sectores público, privado y comunitario; el funcionamiento, financiamiento y destino de los medios públicos e incautados; la distribución de la publicidad estatal; la autonomía editorial; los derechos laborales, la profesionalización, la reserva de la fuente y la cláusula de conciencia de los comunicadores; la participación de pueblos, nacionalidades y sectores sociales; la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos; y la conveniencia de armonizar esta normativa con las leyes de Telecomunicaciones y Penal, así como aprobarla por artículos o capítulos para facilitar acuerdos. En comisión general, Jorge Luis Serrano, representante del Consejo Nacional de Cinematografía, destacó la necesidad de establecer cuotas de pantalla, fomentar la producción audiovisual ecuatoriana y evitar que los contenidos extranjeros de bajo costo desplazaran al cine y a la televisión nacional. El debate fue suspendido sin votación para continuar recibiendo e incorporando observaciones, por lo que quedó pendiente el tratamiento de la propuesta relacionada con el reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos. Intervinieron Paco Moncayo, Juan Carlos López, Juan Carlos Cassinelli, Luis Morales, Pedro de la Cruz, César Rodríguez, Cléver Jiménez, Rolando Panchana, Paola Pabón, Silvia Salgado, Scheznarda Fernández, Eduardo Zambrano, Nívea Vélez, Mercedes Diminich, Jorge Escala, César Gracia, Mauro Andino, Rocío Valarezo, Fernando Aguirre, Jorge Luis Serrano, Edwin Vaca, Gioconda Saltos, Enrique Herrería, María Alejandra Vicuña, Andrés Páez, Emilia Jaramillo, Fernando González, Armando Aguilar, Tomás Zevallos, Manuel Portugal, Viviana Bonilla, Kléver García, Jaime Abril, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Marco Murillo, Gilberto Cisneros y Bolívar Subía.

ACTA_162-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó incorporar al orden del día una propuesta para solicitar un plan de contingencia especial que permitiera continuar sus estudios a los universitarios de la Región Amazónica afectados por el cierre de instituciones educativas, considerando la falta de universidades presenciales y las dificultades económicas y territoriales para trasladarse a otras provincias. Posteriormente, se debatió y aprobó el archivo del proyecto que pretendía regular las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en caso de destitución de la máxima autoridad del Ejecutivo o disolución de la Asamblea, al reconocerse la existencia de vacíos sobre el padrón electoral, las organizaciones políticas participantes y los efectos de estas elecciones, pero señalarse que la propuesta fue tramitada tardíamente y que ya no era posible reformar la normativa electoral dentro del año previo a los comicios. Asimismo, se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a garantizar los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, con una exposición sobre su aporte histórico, cultural, económico, social, político y deportivo al país, así como sobre la esclavitud, el racismo estructural, la discriminación, los estereotipos y las profundas desigualdades que todavía enfrenta en educación, empleo, ingresos, vivienda, salud, servicios básicos, acceso a la tierra, seguridad social y participación pública. Se analizaron la necesidad de acciones afirmativas, reparación histórica, consulta previa, reconocimiento de sus organizaciones, protección de su identidad y territorios, acceso equitativo al empleo público y a cargos de dirección, coordinación entre sistemas de justicia y creación de mecanismos concretos y recursos que permitieran hacer efectivos los derechos reconocidos; también se discutió si debía expedirse una ley exclusiva para el pueblo afroecuatoriano o una normativa conjunta para indígenas, afroecuatorianos y montubios, evitando duplicidades y disposiciones meramente declarativas. José Chalá expuso ante el Pleno casos de discriminación y violencia institucional sufridos por personas afroecuatorianas y solicitó que la propuesta continuara su trámite; finalmente, la sesión fue suspendida sin concluir el debate. Intervinieron Guido Vargas, Mariángel Muñoz, César Gracia, Jimmy Pinoargote, José Chalá, Lourdes Tibán, Paco Moncayo, Pedro de la Cruz, Línder Altafuya, Lenin Chica, Betty Carrillo, Armando Aguilar, Marco Murillo, Zobeida Gudiño y Gerónimo Yantalema.

ACTA_170-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el segundo debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para resolver los conflictos de límites territoriales internos, resaltándose que la indefinición histórica entre provincias, cantones, parroquias y comunidades ha provocado confrontaciones, inseguridad jurídica, falta de planificación y desatención de servicios básicos en numerosas poblaciones. Se valoró que la propuesta sustituyera el proyecto inicial, que pretendía fijar directamente los límites, por mecanismos de negociación, mediación territorial, arbitraje, resolución institucional y consulta popular, con participación de los gobiernos autónomos descentralizados y de las comunidades involucradas; sin embargo, se formularon observaciones sobre la necesidad de establecer plazos claros, diferenciar correctamente la mediación del arbitraje, determinar el carácter vinculante de los informes técnicos y jurídicos, incorporar criterios históricos, culturales, ancestrales, sociales, ambientales y cartográficos, reconocer las competencias de las juntas parroquiales y autoridades comunitarias, y garantizar la participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. También se cuestionaron las actuaciones de la institución encargada anteriormente de los límites, por haber generado o agravado controversias, así como la composición y dependencia del nuevo Comité Nacional de Límites, el grado de intervención del Ejecutivo y la posible afectación de las competencias legislativas; además, se expusieron conflictos específicos de Esmeraldas, Imbabura, Chimborazo, Cañar, Tungurahua, Bolívar, Los Ríos, Guayas, Manabí, Azuay, Napo, Pichincha y Cotopaxi, y se propuso revisar las parroquias creadas sin cumplir los requisitos legales. Ante la cantidad de observaciones presentadas, se planteó que el texto regresara a la comisión para ser depurado y la sesión fue suspendida sin someterlo a votación. Intervinieron Gabriel Rivera, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Mauro Andino, Marco Murillo, Kléver García, Línder Altafuya, Mercedes Diminich, Paco Fierro, Eduardo Encalada, César Gracia, Luis Morales, Guillermina Cruz, Ramiro Terán, Betty Carrillo, Gioconda Saltos, Rosa Cerda, Hólger Chávez, Ángel Vilema, Damasio Santos y Mary Verduga.

ACTA_168-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se aprobó incorporar al orden del día una propuesta de solidaridad con el proceso democrático de Bolivia, motivada por declaraciones consideradas amenazantes contra Evo Morales, resaltándose la necesidad de respaldar la institucionalidad democrática, rechazar expresiones de violencia política y defender la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio del poder; sin embargo, dicho proyecto no llegó a ser tratado. Posteriormente, Fernando Bustamante solicitó reconsiderar la votación mediante la cual se había aprobado la lista de nueve candidaturas presentadas por la Función Legislativa para integrar la primera Corte Constitucional, por lo que se aclararon las diferencias entre la reconsideración y la rectificación de una votación, así como los requisitos de mayoría y presencia establecidos para cada procedimiento. Al iniciarse el registro para votar la reconsideración, no se alcanzó el quórum necesario pese a los llamados para que los asambleístas se registraran, por lo que la sesión fue clausurada sin que se proclamaran resultados y quedó vigente la decisión adoptada anteriormente sobre las candidaturas. Intervinieron Pedro de la Cruz y Fernando Bustamante.

ACTA_154-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se informó que estaban pendientes de tratamiento el proyecto destinado a garantizar la repatriación de los restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior y la propuesta reformatoria a la normativa de extranjería; sin embargo, no se desarrolló el debate de estos temas, debido a que era necesario clausurar formalmente la sesión para permitir que la comisión competente continuara la elaboración del informe para segundo debate de la reforma relacionada con el reconocimiento de héroes y heroínas nacionales, considerada de urgente atención social. En consecuencia, se anunció que los proyectos pendientes serían convocados nuevamente en otra oportunidad y no se registraron intervenciones de asambleístas distintos de quienes dirigieron la sesión.

ACTA_189-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordaron el segundo debate del proyecto de Ley de Estadística y una propuesta para investigar las operaciones realizadas por el Banco COFIEC. Al inicio, Marco Murillo solicitó incorporar una investigación sobre el crédito de ochocientos mil dólares concedido en pocos días al ciudadano argentino Gastón Duzac, incluyendo la comparecencia de directivos de COFIEC y la conformación de una comisión multipartidista; su propuesta fue negada con cincuenta votos afirmativos y volvió a ser rechazada en la rectificación. Posteriormente, Paola Pabón propuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político investigara los hechos, modificación del orden del día que fue aprobada con noventa y cuatro votos afirmativos. En el debate de la Ley de Estadística se planteó actualizar la normativa vigente desde 1976 y organizar un sistema público, integrado y coordinado que proporcionara información confiable para la planificación y las políticas públicas; el proyecto regulaba las funciones del Consejo Nacional de Estadística, el INEC y el Banco Central, el Plan Nacional de Estadística, la generación de datos sobre ecuatorianos residentes en el exterior, el acceso libre y gratuito a la información oficial, la obligación de entregar datos veraces y oportunos y la protección de la intimidad mediante el secreto estadístico. También se discutieron la necesidad de incluir adecuadamente a pueblos, nacionalidades, migrantes, mujeres, personas con discapacidad y territorios rurales; la calidad, objetividad e independencia de las estadísticas; la coordinación con los gobiernos autónomos y los registros administrativos de educación y salud; la diferencia entre estadísticas oficiales y encuestas privadas; la duración y financiamiento del Plan Nacional; el riesgo de centralizar o manipular la información; y el uso de los datos para distribuir recursos, evaluar desigualdades y adoptar decisiones públicas. Debido a las numerosas observaciones, Virgilio Hernández solicitó procesarlas en la Comisión y presentar un texto definitivo, por lo que la votación de la ley quedó pendiente para otra sesión. En el tratamiento del caso COFIEC se analizaron la legalidad y las garantías del crédito concedido a Duzac, el posible uso de bienes pertenecientes a empresas incautadas como respaldo, la naturaleza pública o privada del banco, la negativa de autoridades y directivos a entregar información, el sigilo bancario, la responsabilidad de Pedro Delgado, Germánico Maya y otros funcionarios, la separación de la presidenta ejecutiva de la entidad, la competencia constitucional de la Asamblea para fiscalizar y la necesidad de diferenciar la investigación política de los procesos administrativos, civiles y penales; mientras varios legisladores denunciaron posibles irregularidades, vínculos políticos y falta de transparencia, otros pidieron evitar acusaciones basadas únicamente en publicaciones periodísticas, respetar el debido proceso y concentrar la investigación en preguntas y documentos verificables. Finalmente, Paola Pabón retiró la moción al considerar que el debate se había alejado de una investigación rigurosa y se había convertido en una confrontación política; en consecuencia, no hubo votación sobre la resolución y la sesión fue clausurada. Intervinieron Marco Murillo, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema, Linda Machuca, Edwin Vaca, Luis Morales, Francisco Velasco, Damasio Santos, Rosa Cerda, Xavier Tomalá, Fausto Cobo, Francisco Cevallos, Cléver Jiménez, María Augusta Calle, Fernando Flores, Betty Amores, Silvia Salgado, Enrique Herrería, Nívea Vélez, Alfredo Ortiz, César Montúfar, César Rodríguez, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Lenin Chica, Paco Fierro y Betty Carrillo.

ACTA_186-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Edwin Vaca solicitó incorporar una resolución para exigir al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y a la Agencia Nacional de Regulación y Control Hidrocarburífero que garantizaran el abastecimiento normal de combustibles en la frontera norte, especialmente en Carchi, cuestionando los límites de venta, las extensas filas y las dificultades que enfrentaban los transportistas y ciudadanos; sin embargo, su propuesta de modificar el orden del día fue negada con cincuenta y cuatro votos afirmativos, dos negativos, un blanco y cuarenta y cinco abstenciones. Posteriormente se aprobó, con cien votos afirmativos y una abstención, la propuesta de Jorge Escala para incorporar el análisis de una resolución contra el Real Decreto Ley 16-2012 de España, que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud; además, se informó que Fernando Flores daba por terminada su alianza con el PRIAN y pasaba a actuar como asambleísta independiente. A continuación, Pedro Francisco Páez fue legalmente posesionado como Superintendente de Control del Poder de Mercado, luego de prestar el juramento correspondiente. También se efectuó un homenaje a los treinta y seis deportistas que representaron al Ecuador en los Juegos Olímpicos de Londres, reconociendo su esfuerzo, disciplina y sacrificio, así como el trabajo de sus entrenadores; Ramiro Terán destacó especialmente el desempeño de Alex Quiñónez y Lucy Jaramillo, mientras José Francisco Cevallos informó sobre los recursos destinados a la preparación de los atletas, resaltó la histórica participación ecuatoriana y comprometió mayor apoyo para el siguiente ciclo olímpico, tras lo cual se entregaron acuerdos de reconocimiento a los deportistas y al equipo técnico. Finalmente se debatió ampliamente la resolución de rechazo a la medida adoptada por el Gobierno del Reino de España, señalándose que la exclusión de los migrantes de la atención pública de salud vulneraba los derechos humanos y el carácter universal del derecho a la salud, desconocía las contribuciones laborales, tributarias y económicas realizadas por los ecuatorianos y trasladaba a los sectores más vulnerables las consecuencias de la crisis y de las políticas de austeridad; se propuso corregir la terminología del documento para hablar de personas en situación irregular y del Reino de España, respaldar las gestiones de la Cancillería para alcanzar un convenio bilateral basado en la reciprocidad, involucrar a la Secretaría Nacional del Migrante y a la Defensoría del Pueblo, brindar asistencia urgente mediante la Embajada y desarrollar políticas efectivas para proteger y facilitar el retorno de los ecuatorianos en el exterior. También se discutió si el Estado ecuatoriano debía financiar directamente la atención médica, advirtiéndose que aquello podía legitimar la decisión española, y se cuestionó la actuación de las instituciones ecuatorianas frente a la crisis migratoria, la falta de preparación para el retorno de los compatriotas, las dificultades relacionadas con las hipotecas, la seguridad social y la ausencia de una política integral para los migrantes. Intervinieron Edwin Vaca, Jorge Escala, Pedro Francisco Páez, Ramiro Terán, José Francisco Cevallos, Gerónimo Yantalema, Linda Machuca, Fausto Cobo, Dora Aguirre, Consuelo Flores, Virgilio Hernández, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Guillermina Cruz, Paola Pabón, Luis Morales, Blanca Ortiz, Betty Amores y Washington Cruz; aunque el ponente incorporó varias de las observaciones y el proyecto estaba listo para votación, la sesión fue suspendida antes de que se registraran los votos, por lo que la resolución y los demás asuntos pendientes debían continuar en una nueva convocatoria.

ACTA_183-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se trató la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades y el segundo debate del proyecto destinado a proteger al cóndor andino y a otras especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de extinción. En el análisis del veto a la Ley de Discapacidades se discutieron los incentivos tributarios para los empleadores que superaran el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, la ampliación de determinados beneficios tributarios a familiares, cuidadores y sustitutos, la definición del porcentaje requerido para acceder a los derechos previstos en la ley, la gratuidad y disponibilidad de medicamentos e insumos, la responsabilidad estatal de garantizar —y no únicamente procurar— la educación regular y especializada, la adaptación curricular, el personal docente especializado, las becas, la inclusión laboral y la jubilación especial; asimismo, se cuestionó la propuesta de recalificar en un año a todas las personas que poseían carné de discapacidad, pues se sostuvo que ya existían mecanismos para revisar únicamente los documentos obtenidos irregularmente y que una evaluación general afectaría especialmente a las personas en situación de pobreza o con dificultades para trasladarse. La moción para mantener el texto aprobado por la Asamblea sobre la disposición transitoria relacionada con la recalificación no alcanzó los ochenta y tres votos requeridos, al obtener cincuenta y seis votos afirmativos; posteriormente se aprobó el allanamiento al resto de las objeciones del Ejecutivo con cincuenta y cuatro votos afirmativos, resultado que fue confirmado en la rectificación con cincuenta y tres votos afirmativos. Intervinieron María Cristina Kronfle, Francisco Ulloa, Fernando Flores, Nívea Vélez, Kléver García y Gioconda Saltos, mientras Fernando Bustamante participó en la solicitud de rectificación de la votación. A continuación se debatió el proyecto de protección del cóndor andino y de las especies silvestres nativas amenazadas, cuyo propósito era transformar los programas de conservación en una política permanente del Estado, actualizar la normativa ambiental, coordinar las competencias del Ministerio del Ambiente, los gobiernos autónomos descentralizados, las instituciones científicas, las universidades, las comunidades, pueblos y nacionalidades, regular la reproducción y tenencia de ejemplares en cautiverio, permitir capturas únicamente con fines científicos o de conservación, prohibir la cacería, comercialización y uso de sustancias tóxicas que afectaran a las especies y sus hábitats, y establecer infracciones, procedimientos administrativos y sanciones proporcionales a la gravedad de los daños. Durante el debate se planteó revisar el nombre del proyecto para reflejar que su alcance comprendía todas las especies amenazadas y no solamente al cóndor; precisar la prohibición de cazar o mantener ejemplares en peligro de extinción; diferenciar las especies que podían regularizarse de aquellas que debían ser recuperadas por el Estado; facilitar la reinserción en la naturaleza de animales reproducidos en cautiverio; otorgar mayor participación a las universidades especializadas en la investigación; incorporar a especies no nativas que ya formaban parte de los ecosistemas nacionales; establecer responsabilidades concretas para los gobiernos locales; emplear un enfoque integral que protegiera los hábitats y ecosistemas relacionados; y considerar que esta normativa formara posteriormente parte de un Código Orgánico Ambiental. También se propuso reconocer al cóndor como símbolo natural, patrimonio cultural e histórico del Ecuador y elemento de integración andina y suramericana. Intervinieron Rolando Panchana, Alfredo Ortiz, Guido Vargas, Xavier Tomalá, Luis Morales, Leonardo Viteri, María Soledad Vela y Silvia Salgado; finalmente, el debate quedó pendiente y la sesión fue suspendida ante el riesgo de perder el quórum, cuando todavía restaban seis intervenciones, disponiéndose su continuación en una nueva convocatoria.

ACTA_184-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conformó una comisión multipartidista para analizar el informe presentado por el Ejecutivo, luego de debatirse la falta de revisión de los informes de años anteriores, la necesidad de garantizar la representación de las distintas fuerzas políticas y la conveniencia de evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; la comisión quedó integrada por Xavier Tomalá, Blanca Ortiz, Mary Verduga, Hólger Chávez, Stalin Subía, Francisco Ulloa, Francisco Cisneros, Fernando Flores, Marco Murillo, Magali Orellana y Galo Vaca, y su conformación fue aprobada con ochenta votos afirmativos. Posteriormente se desarrolló el segundo debate del proyecto destinado a derogar la Ley de Burós de Información Crediticia y reformar varias normas relacionadas con los registros públicos y el sistema financiero; la propuesta buscaba sustituir el manejo privado de la información por un registro público que consolidara los datos remitidos por las entidades de control, garantizar al ciudadano acceso gratuito a su historial, exigir su autorización para la consulta individual, establecer mecanismos para corregir información equivocada y sancionar el uso inadecuado de datos personales, además de limitar el tiempo de permanencia de los antecedentes crediticios, proteger a los garantes y atender las obligaciones menores de los deudores de la banca cerrada. Durante el debate se respaldó la eliminación de abusos, cobros indebidos, discriminación y vulneraciones a la intimidad causadas por los burós privados, pero también se advirtió que la desaparición inmediata de estas entidades podía producir información incompleta, elevar la morosidad y afectar la concesión de créditos, por lo que se propuso que el sistema público y el privado funcionaran paralelamente durante un período de transición; además, se plantearon beneficios para agricultores con préstamos pequeños y mejoras en el flujo y actualización de los datos. La votación de este proyecto quedó aplazada a solicitud del ponente para recoger las observaciones y mejorar el texto. También se efectuó el segundo debate del proyecto que derogaba la ley de creación de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, mediante el cual se trasladaban sus competencias a AGROCALIDAD, se disponía su incorporación inmediata en la estructura administrativa de esa entidad y se establecía un período de ciento ochenta días para liquidar al personal, obligaciones y compromisos pendientes; se reconocieron los avances alcanzados por la CONEFA en la cobertura de vacunación, pero se sostuvo que la sanidad animal y la soberanía alimentaria debían estar bajo la rectoría de una institución pública, evitando interrupciones en la vacunación, movilización y atención a los productores ganaderos. El proyecto fue aprobado con setenta y cinco votos afirmativos y su reconsideración y posterior rectificación fueron negadas. Intervinieron Ángel Vilema, Eduardo Encalada, Fernando Flores, Vicente Taiano, Luis Morales, Edwin Vaca, Francisco Velasco, Ramiro Terán, María Elena Pontón, Stalin Subía, Fernando Vélez, Gerónimo Yantalema, Zobeida Gudiño, Luis Almeida, Irina Cabezas, Kléver García y Rolando Panchana.

ACTA_187-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el proyecto de resolución relacionado con la titulación o legalización de predios municipales no inscritos, ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana, y se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social. Al inicio, Rolando Panchana solicitó que la resolución sobre los predios fuera enviada a la Comisión de Gobiernos Autónomos para recopilar información y presentar un criterio al Pleno, mientras Paco Moncayo expuso las medidas aplicadas durante su gestión municipal en Quito para agilizar la regularización de asentamientos, combatir el tráfico de tierras y dotar de servicios básicos a los barrios, señalando que se legalizaron doscientos trece barrios y quedaron ciento cincuenta en proceso. Posteriormente, Mauro Andino presentó el proyecto de Ley de la Función de Transparencia y Control Social, orientado a regular la estructura, funcionamiento e instancia de coordinación del Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las superintendencias, desarrollar sus atribuciones y obligaciones, facilitar el intercambio de información y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la protección de derechos y la prevención y combate de la corrupción. Durante el debate se respaldó la necesidad de contar con una instancia que coordinara, diera seguimiento y verificara el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los organismos de control, aunque se propuso precisar que la nueva estructura correspondía únicamente a la instancia de coordinación, asignarle un equipo y presupuesto mínimos y evitar que interfiriera en las competencias de cada institución; en contraste, se sostuvo que el proyecto repetía disposiciones constitucionales, duplicaba atribuciones ya ejercidas por otros organismos, podía aumentar innecesariamente la burocracia y el gasto público, generar conflictos entre normas y concentrar el control en instituciones vinculadas al Ejecutivo, además de cuestionarse la legitimidad de la Función, la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, los procedimientos de designación de autoridades, el uso de contratos ocasionales sin concursos y las limitaciones existentes para la fiscalización y la participación ciudadana. Andrés Roche aprovechó su intervención para presentar formalmente su renuncia como asambleísta, debido a que pasaría a colaborar con el Municipio de Guayaquil en la transferencia de la competencia de tránsito. La moción de Luis Morales para archivar el proyecto fue negada con treinta y tres votos afirmativos, cuarenta negativos y catorce abstenciones, y su rectificación también fue rechazada con treinta y cinco votos afirmativos, treinta y ocho negativos y trece abstenciones, por lo que el proyecto continuó su trámite legislativo. Finalmente, la moción de Rolando Panchana para remitir el asunto de los predios a la Comisión de Gobiernos Autónomos no alcanzó la mayoría requerida, pese a obtener cincuenta y seis votos afirmativos; después se votó la resolución presentada por Marco Murillo para instar a los municipios a dictar normas que permitieran legalizar predios urbanos, de expansión urbana, costeros y de riberas ocupados por personas y familias, pero fue negada con diecisiete votos afirmativos, cinco negativos, un blanco y sesenta y nueve abstenciones, tras lo cual la sesión fue suspendida. Intervinieron Rolando Panchana, Paco Moncayo, Mauro Andino, Andrés Roche, María Paula Romo, César Montúfar, Andrés Páez, Nívea Vélez, Luis Almeida, César Rodríguez, Luis Morales, Galo Vaca, Gina Godoy y Francisco Velasco.

ACTA_179-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, orientado a fortalecer el cobro de las obligaciones patronales y tributarias mediante acciones coactivas contra los responsables establecidos por la ley, adoptar medidas motivadas sobre bienes registrados a nombre de terceros cuando existieran indicios de ocultamiento, sancionar el abuso de la personalidad jurídica y evitar que las tercerías paralizaran injustificadamente las ejecuciones; además, se dispuso que el Servicio de Rentas Internas informara a las autoridades laborales sobre la determinación de utilidades, se reconocieron a los trabajadores domésticos jornadas de cuarenta horas y descansos equivalentes a los demás trabajadores, se amplió a doce meses la jornada reducida por lactancia, se garantizó el acceso concurrente a lactancia y guardería, y se estableció que el Estado pagara excepcionalmente las indemnizaciones de los extrabajadores de casinos después de iniciar el embargo y remate de los bienes, subrogándose posteriormente en sus derechos para recuperar los valores y ejercer la repetición contra los funcionarios responsables. También se permitió temporalmente que los empleadores regularizaran afiliaciones omitidas ante el IESS y se garantizó que los afiliados recibieran sus prestaciones aunque existiera mora patronal. En comisión general, Manuel Placencia denunció despidos, falta de afiliación, extensas jornadas, impago de beneficios y condiciones precarias en una hacienda bananera, mientras Esperanza Andrango solicitó hacer efectivos los títulos de crédito emitidos contra el Ministerio de Educación por los años trabajados sin afiliación ni beneficios por los educadores comunitarios. Durante el debate se respaldó la protección de trabajadores, madres lactantes y empleados domésticos, pero también se cuestionaron la constitucionalidad del proyecto, su calificación como urgente en materia económica, la inclusión de varias materias en una sola ley, la seguridad jurídica, el debido proceso, la posible afectación de terceros y el riesgo de otorgar facultades excesivas a los funcionarios encargados de las coactivas. Intervinieron Manuel Placencia, Esperanza Andrango, Francisco Velasco, Paco Moncayo, Fernando Bustamante, Ramiro Terán, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, Patricio Quevedo, Marco Murillo, Enrique Herrería, Andrés Páez, Luis Morales, Richard Guillén, Salomón Fadúl, Christian Viteri, Línder Altafuya, Fernando González, Jorge Escala, Hólger Chávez, Rafael Dávila, Guillermina Cruz, Zobeida Gudiño, César Gracia y César Rodríguez; finalmente, el proyecto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos y la reconsideración de esa decisión fue negada.

ACTA_185-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizaron y aprobaron tres instrumentos internacionales relacionados con la cooperación y la integración del Ecuador con Perú y Rusia. En primer lugar, se debatió el acuerdo de cooperación diplomática entre Ecuador y Perú, mediante el cual ambos países podrían representarse recíprocamente ante terceros Estados en los que uno de ellos no tuviera una misión propia, con el propósito de reducir costos, mejorar la atención de sus ciudadanos en el exterior, fortalecer sus intereses políticos y comerciales y consolidar la confianza y la integración después de los antiguos conflictos fronterizos; aunque existió un amplio respaldo, también se plantearon inquietudes sobre la falta de claridad de los mecanismos operativos, los límites de la representación y la posibilidad de que ambos países no coincidieran en determinados intereses internacionales. Este acuerdo fue aprobado con noventa y tres votos afirmativos y una abstención. Posteriormente se aprobó el instrumento complementario para la cooperación entre las administraciones tributarias de Ecuador y Perú, orientado a intercambiar información reservada sobre operaciones y rentas, conocer recíprocamente las legislaciones y métodos de control, mejorar la determinación y recaudación de impuestos, combatir la evasión y elusión fiscal, investigar delitos tributarios, verificar transacciones económicas internacionales y fortalecer la lucha contra el contrabando y el crimen organizado, garantizando a la vez que los datos se emplearan dentro de los límites establecidos por las legislaciones de ambos países; este instrumento recibió noventa votos afirmativos y una abstención. Finalmente se trató el acuerdo con Rusia para suprimir las visas en viajes recíprocos, permitiendo visitas de hasta noventa días dentro de cada período de ciento ochenta días, principalmente con fines turísticos, académicos o de negocios, mientras las estadías prolongadas y las actividades laborales o comerciales continuarían sujetas a visado; además, se mantuvo la potestad de ambos Estados para negar el ingreso o suspender el acuerdo por motivos de seguridad y orden público, y se estableció que los visitantes quedaran sometidos a las leyes del país de destino. Se sostuvo que esta medida beneficiaría especialmente a estudiantes, turistas y empresarios ecuatorianos, fomentaría los intercambios económicos, científicos y culturales y avanzaría hacia la libre movilidad y la ciudadanía universal, aunque también se pidió aplicar principios similares a ciudadanos de otros países; el acuerdo fue aprobado con ochenta y siete votos afirmativos y siete abstenciones, resultado que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Víctor Quirola. Intervinieron Fernando Bustamante, Linda Machuca, Fausto Cobo, Paco Moncayo, César Rodríguez, César Montúfar, Gabriel Rivera, Gerónimo Yantalema, Guillermina Cruz, Luis Morales, Betty Amores, Wladimir Vargas, María Soledad Vela, Betty Carrillo y Víctor Quirola.

ACTA_174-E-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose principalmente el procedimiento penal, la ejecución de las penas y el sistema de rehabilitación social, así como la necesidad de equilibrar la protección de las víctimas, la seguridad ciudadana, la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos de las personas privadas de libertad. En comisión general, Rosa Elisa Balarezo, en representación de las organizaciones de mujeres de Loja, expuso la violencia de género, los embarazos forzados derivados de violaciones —incluidos los sufridos por niñas—, la impunidad de los delitos sexuales, la necesidad de tipificar el femicidio, respetar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, evitar su revictimización y considerar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Durante el debate legislativo se analizaron la despenalización del aborto en casos de violación y las posiciones favorables y contrarias a esta medida; la política sobre consumo y tráfico de drogas; la posible criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y los delitos cometidos mediante medios de comunicación; la regulación de la rebelión, el terrorismo y la delincuencia organizada; el régimen penal militar y policial; la jurisdicción indígena y su coordinación con la justicia ordinaria; la protección de víctimas y testigos; la prescripción de las acciones penales; las pruebas en infracciones de tránsito; el juzgamiento de la violencia intrafamiliar mediante procedimientos especiales y expeditos; y el uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, informantes y dispositivos electrónicos como alternativas a la prisión preventiva. También se discutieron la proporcionalidad y el incremento de las penas, la sexualidad adolescente y la redacción del delito de violación, la diferencia entre personas acusadas y sentenciadas, los límites de la prisión preventiva, el hacinamiento carcelario, la responsabilidad estatal por la seguridad de quienes permanecen bajo su custodia, la organización institucional del sistema penitenciario y la necesidad de que la rehabilitación no se sustente en prejuicios sociales sobre quiénes cometen delitos. Intervinieron Rosa Elisa Balarezo, Stalin Bolívar Subía, Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Eduardo Encalada, Lídice Larrea, Mauro Andino, César Montúfar, Marco Murillo, Gina Godoy, Consuelo Flores, Rosana Alvarado, Luis Morales, María Augusta Calle, María Paula Romo y Tito Nilton Mendoza. Finalmente, el debate fue suspendido y se dispuso su continuación al día siguiente.

ACTA_174-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, examinándose la necesidad de modernizar la legislación y garantizar un equilibrio entre seguridad ciudadana, derechos humanos, debido proceso e independencia judicial; se debatieron la proporcionalidad y eficacia de las penas, la precisión técnica de los tipos penales, el riesgo de criminalizar la huelga, la protesta, la resistencia y otras expresiones políticas o sociales, así como la regulación del terrorismo, rebelión, sabotaje, corrupción, peculado, enriquecimiento injustificado, responsabilidad de las personas jurídicas, delitos ambientales, infracciones relacionadas con la pesca, accidentes de tránsito, mala práctica profesional, violencia en espectáculos públicos, delitos propios de las zonas fronterizas y falta de pago de precios oficiales a productores agrícolas. También se discutieron ampliamente el aborto no punible cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o pusiera en riesgo la vida o salud de la mujer, la violencia contra la mujer y la familia, la continuidad de las medidas de protección previstas en la Ley 103 y la necesidad de procedimientos rápidos que eviten la revictimización; además, se analizaron la justicia indígena, el tratamiento especializado de adolescentes en conflicto con la ley, la política de drogas desde una perspectiva de salud pública, la rehabilitación de personas dependientes y la conveniencia de no basar la lucha contra la delincuencia únicamente en el endurecimiento de las penas. En comisión general, Miguel Zambrano, representante de los Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia, defendió la protección especial de sus derechos y rechazó que los adolescentes fueran juzgados como adultos, destacando que requieren una legislación y procedimientos especializados. Intervinieron Edwin Vaca, Soledad Vela, Juan Carlos López, Lourdes Tibán, Wladimir Vargas, María Alejandra Vicuña, Lenín Chica, Miguel Zambrano, Fernando Bustamante, Jimmy Pinoargote, César Gracia, Betty Carrillo, Carlos Velasco, Cristian Viteri, María Paula Romo, Vicente Taiano, Rolando Panchana, Betty Amores, Virgilio Hernández, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Paco Moncayo y Luis Morales; finalmente, la sesión fue suspendida para continuar al día siguiente con las intervenciones pendientes y cerrar el debate del primer bloque del proyecto.

ACTA_196-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se realizó una comisión general para rendir homenaje al educador y escritor Gustavo Alfredo Jácome Jácome por el centenario de su nacimiento y por su trayectoria dedicada a la enseñanza, la literatura, la defensa de la identidad indígena y la difusión de la cultura ecuatoriana; debido a sus condiciones de salud, la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural y Educativo fue recibida por sus familiares, y uno de sus hijos agradeció el reconocimiento concedido a la vida y obra de su padre. Posteriormente continuó el debate sobre el laudo arbitral del CIADI favorable a la empresa Occidental, que obligaba al Ecuador a pagar aproximadamente mil setecientos sesenta y nueve millones de dólares, cifra que, con intereses, superaba los dos mil doscientos millones; existió coincidencia en rechazar el fallo, respaldar el pedido de nulidad y defender la soberanía y los recursos públicos, al sostenerse que la empresa había incumplido el contrato y la legislación ecuatoriana al transferir derechos sin autorización y que el tribunal había subestimado dichas infracciones. Durante las intervenciones también se discutieron las responsabilidades de gobiernos, legisladores, procuradores, ministros y abogados que aprobaron los tratados, aceptaron el arbitraje o participaron en la defensa del Estado; algunos legisladores condicionaron su respaldo a que se investigaran las actuaciones de los funcionarios y se aplicara el derecho de repetición, mientras otros consideraron que aquello podía debilitar la posición del país y defendieron una acción política y jurídica unificada frente a la empresa y los organismos internacionales. La resolución aprobada declaró política de Estado la defensa del Ecuador y el reclamo de nulidad, convocó a las funciones estatales y a la ciudadanía a permanecer unidas y movilizadas, rechazó el laudo, dispuso que la Asamblea realizara seguimiento al proceso, urgió el pronunciamiento necesario para denunciar el Tratado Bilateral de Inversiones, promovió la condena internacional —especialmente entre los países latinoamericanos y caribeños— y pidió a los actores públicos, privados y medios de comunicación actuar de manera consecuente con la dignidad y la soberanía nacional. El texto fue aprobado con setenta y dos votos afirmativos, dieciséis blancos y seis abstenciones; la reconsideración solicitada por Pedro de la Cruz y Luis Almeida fue negada, y su rectificación, pedida por Jaime Abril, también fue rechazada, con lo cual la resolución quedó ratificada. Finalmente se desarrolló el primer debate de los proyectos para garantizar la seguridad en los eventos deportivos y prevenir y controlar la violencia en los escenarios deportivos, iniciativas que buscaban erradicar las conductas violentas, promover una cultura de paz, regular la actuación de organizadores, clubes, autoridades, deportistas, árbitros y aficionados, y prohibir o restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. La Comisión recomendó archivar ambas propuestas porque consideró que la violencia no se limitaba a los estadios ni al consumo de alcohol, que ya existían leyes, reglamentos, ordenanzas y competencias municipales aplicables, que las infracciones debían concentrarse en la legislación penal y que la creación de una nueva entidad nacional duplicaría funciones y aumentaría el gasto público; en su lugar, propuso reformar la Ley del Deporte, fortalecer las competencias de los gobiernos locales, categorizar los escenarios según su tamaño y nivel de riesgo, establecer protocolos y certificados de seguridad, regular los eventos masivos y debatir la prohibición de bebidas alcohólicas y de su publicidad. En oposición al archivo se sostuvo que la Comisión debía corregir, enriquecer y unificar los proyectos, en lugar de desecharlos; se pidió considerar no solo el fútbol profesional, sino también el deporte aficionado, barrial y otras disciplinas, así como la conducta de dirigentes, árbitros, jugadores, medios de comunicación y barras organizadas. Otros legisladores apoyaron el archivo, pero coincidieron en la necesidad de prohibir el alcohol y su publicidad, reforzar el control municipal, organizar y autorregular las hinchadas, mejorar la seguridad de los recintos, diferenciar los estadios grandes de los escenarios pequeños e incorporar las reformas necesarias en las leyes ya existentes. La moción de archivo obtuvo inicialmente cincuenta y ocho votos afirmativos y, en la rectificación, sesenta votos afirmativos, pero en ambos casos no alcanzó la mayoría requerida, por lo que no fue aprobada y la sesión fue clausurada. Intervinieron Armando Aguilar, Galo Vaca, Betty Carrillo, Marco Murillo, María Soledad Vela, César Rodríguez, Zobeida Gudiño, Blanca Ortiz, Rafael Dávila, Xavier Tomalá, Virgilio Hernández, Cléver Jiménez, Rocío Valarezo, Ramiro Terán, Susana González, Luis Morales, Kléver García, Wladimir Vargas, Fernando Bustamante y Fernando Flores; Pedro de la Cruz, Luis Almeida y Jaime Abril participaron mediante solicitudes relacionadas con la reconsideración y rectificación de la votación.

ACTA_194-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron tres solicitudes para modificar el orden del día: Virgilio Hernández propuso debatir una resolución que declarara asunto de Estado la defensa del Ecuador frente al laudo arbitral favorable a la petrolera OXY, al advertir que obligaría al país a pagar más de dos mil millones de dólares pese al incumplimiento contractual de la empresa, pero la propuesta y su rectificación fueron negadas con sesenta y un votos afirmativos; César Rodríguez planteó que el Pleno respondiera a las declaraciones del Ejecutivo sobre las facultades de fiscalización de la Asamblea y reafirmara la independencia de las funciones del Estado, moción que tampoco fue aprobada al obtener cincuenta y tres votos afirmativos; y Pedro de la Cruz solicitó tratar una resolución por el Día Mundial de la Alimentación, orientada a combatir el hambre, defender el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y la agricultura familiar campesina, propuesta que inicialmente recibió sesenta y cuatro votos afirmativos, pero quedó sin aprobación después de la rectificación solicitada por Fernando Flores. Posteriormente se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a derogar la Ley Especial del Sector Cafetalero, mediante el cual se propuso eliminar al Consejo Cafetalero Nacional —COFENAC— como entidad privada financiada con una contribución equivalente al dos por ciento de las exportaciones de café y trasladar la rectoría de las políticas, recursos y programas del sector al Ministerio de Agricultura, particularmente a la unidad encargada de reactivar los cultivos de café y cacao; la Comisión sostuvo que el proyecto sustitutivo originalmente presentado no podía aprobarse porque creaba organismos, fondos, becas, incentivos y otras obligaciones que aumentaban el gasto público y correspondían a la iniciativa del Ejecutivo, pero recomendó conservar la derogatoria, garantizar la participación de los productores y solicitar a la Contraloría un examen especial sobre el manejo de los recursos administrados por el COFENAC. Irina Cabezas explicó que el sector atravesaba una baja productividad, envejecimiento de las plantaciones, dependencia de importaciones y pérdida de competitividad, y señaló que el Estado planteaba renovar los cafetales, aumentar la producción, coordinar investigación, crédito, control de calidad, asociatividad y comercialización mediante el Ministerio de Agricultura, el INIAP, AGROCALIDAD, el Banco Nacional de Fomento y otras instituciones, sin dejar desprotegidas a las familias productoras. En oposición, Gilmar Gutiérrez difundió testimonios de Enrique Sabando y de varios productores de Manabí, Loja, Zamora, Sucumbíos, Bolívar y Orellana, quienes afirmaron que el COFENAC les había proporcionado asistencia técnica, capacitación, plantas, organización y apoyo para reactivar los cultivos, mientras el Ministerio y la banca pública no llegaban adecuadamente a sus territorios, por lo que solicitaron aplazar la derogatoria hasta contar con una alternativa efectiva. Gerónimo Yantalema manifestó que la derogatoria era constitucionalmente necesaria, pero advirtió que debía garantizar la continuidad de los derechos y beneficios existentes, como la investigación, los créditos preferenciales, la renovación de plantaciones y la asistencia a los pequeños productores, mediante una transición clara y una normativa alternativa; Virgilio Hernández defendió la derogatoria al considerar que el COFENAC respondía a un modelo que entregaba funciones públicas a entidades privadas y beneficiaba principalmente a comerciantes y exportadores, por lo que pidió que el Ministerio asumiera las competencias bajo vigilancia de la Asamblea; Jorge Escala rechazó la eliminación del organismo sin mecanismos que aseguraran créditos, precios justos y protección a los caficultores; Fausto Cobo formuló observaciones sobre la redacción y la incorrecta ubicación de disposiciones administrativas dentro del proyecto; y Luis Almeida sostuvo que el problema central era la falta de producción, financiamiento barato, asistencia técnica y renovación de cultivos, advirtiendo contra el incremento de la burocracia y el retorno de prácticas irregulares relacionadas con los cupos de exportación. Finalmente, el proyecto no fue sometido a votación por encontrarse en primer debate; se dispuso que continuara su trámite hacia el segundo debate después de incorporar las correcciones y observaciones presentadas, y la sesión fue clausurada ante el riesgo de perder el quórum. Intervinieron Virgilio Hernández, César Rodríguez, Pedro de la Cruz, Fernando Flores, Irina Cabezas, Gilmar Gutiérrez, Enrique Sabando, Gerónimo Yantalema, Jorge Escala, Fausto Cobo y Luis Almeida.

ACTA_203-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Rafael Dávila propuso financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano reduciendo gastos estatales en publicidad, espectáculos y viáticos, pero el cambio del orden del día fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, cuarenta y uno negativos y trece abstenciones. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que eliminó beneficios tributarios de la banca, modificó el anticipo del impuesto a la renta, gravó los servicios financieros, aumentó el impuesto sobre fondos e inversiones en el exterior, facilitó al SRI el acceso reservado a información financiera y prohibió trasladar las nuevas cargas tributarias a los usuarios. Sus defensores señalaron que permitiría financiar políticas sociales mediante una mayor contribución del sector financiero, mientras sus críticos cuestionaron su finalidad electoral, constitucionalidad, efectos sobre el crédito y la liquidez, posible traslado de costos a los consumidores y falta de una asignación exclusiva de los recursos al bono. La ley fue aprobada y ratificada con setenta y nueve votos afirmativos, cinco negativos y diez abstenciones; posteriormente se negó su reconsideración y la rectificación de esta última votación. Intervinieron Rafael Dávila, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Enrique Herrería, Eduardo Encalada, Luis Almeida, Vicente Taiano, Juan Carlos Cassinelli, Cléver Jiménez, Christian Viteri, César Rodríguez, Silvia Salgado, María Paula Romo, Paco Fierro, Zobeida Gudiño, Marco Murillo, Gilmar Gutiérrez, Susana González, María Augusta Calle, Tito Nilton Mendoza, Edwin Vaca, Fernando González, Mauro Andino, Galo Vaca, Juan Carlos López, Nívea Vélez, Luis Morales, César Montúfar, Guillermina Cruz, Gerónimo Yantalema y Francisco Cisneros.

ACTA_212-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y se votó la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. Esta última incorporó a los gobiernos parroquiales rurales como accionistas y miembros del Directorio del Banco del Estado, reguló la representación de los gobiernos autónomos descentralizados y permitió que sus acciones fueran transferidas únicamente entre entidades públicas; además, se eliminó la obligación de priorizar exclusivamente créditos para agua potable, alcantarillado y recolección de basura, respetando la autonomía de los gobiernos locales para definir sus proyectos. La reforma fue aprobada con noventa y cuatro votos afirmativos y cinco abstenciones; su reconsideración fue negada con cinco votos afirmativos y noventa y tres negativos, y la rectificación confirmó el resultado con cuatro votos afirmativos, noventa y tres negativos y cuatro abstenciones. En cuanto a la reforma judicial, se debatió la redistribución de la carga procesal entre las salas de la Corte Nacional, el restablecimiento de períodos comunes de vacancia judicial, la especialización de jueces y salas, el tratamiento de delitos tributarios y aduaneros, y la permanencia de los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario. Algunos legisladores respaldaron las reformas por considerar que mejorarían la celeridad y eficiencia de la justicia, mientras otros solicitaron separar las materias de familia, niñez y adolescentes infractores, descentralizar los tribunales para acercarlos a las provincias, fortalecer la protección de mujeres y víctimas de violencia, capacitar a los jueces constitucionales y garantizar la independencia judicial. El primer debate concluyó sin votación, quedando las observaciones para conocimiento de la Comisión, y posteriormente se clausuró la sesión. Intervinieron Soledad Vela, María Molina, Rolando Panchana, Luis Morales, Francisco Velasco, Marisol Peñafiel, Tito Nilton Mendoza, Christian Viteri, Margarita Carranco, Rosana Alvarado, Yolanda Martínez, Rider Proaño, Richard Guillén, Paola Pabón, Jaime Abril, Paúl Jácome y Diego Falconí.

ACTA_210-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó, con treinta y seis votos afirmativos, trece negativos y veinte abstenciones, la solicitud de Francisco Cisneros para exigir el cumplimiento de la norma que permitía la venta de gas licuado de petróleo a pequeños comerciantes inscritos en el RISE. Posteriormente se rindieron homenajes y se entregaron condecoraciones al embajador Luis Valencia Rodríguez, por su trayectoria diplomática, defensa de la soberanía, los derechos humanos y la tesis de las doscientas millas marítimas, y al pintor, escultor y poeta Ivo Uquillas Bermeo, por su contribución al arte, la cultura y la identidad ecuatoriana. El tema principal fue el primer debate del proyecto interpretativo de la Ley de Jubilación Especial para los Trabajadores de la Industria del Cemento, que buscaba aclarar que el aporte de dos centavos por cada kilo de cemento debía entenderse en sucres hasta enero de 2000 y, desde entonces, en dólares, para que las empresas entregaran al IESS los valores retenidos y se financiaran las pensiones especiales de quienes laboraron expuestos a enfermedades y riesgos profesionales. En comisión general, Oswaldo Maldonado, José Herrera, Jaime Mendoza, Iván Villavicencio y Luis Valle denunciaron el incumplimiento de la ley, la falta de auditorías y pagos, el deterioro de la salud de los trabajadores y la exclusión de quienes fueron tercerizados, despedidos antes de completar las trescientas aportaciones o laboraron menos de veinticinco años, por lo que solicitaron pagos proporcionales y la inclusión de todos los afectados. Durante el debate existió respaldo a la interpretación y se propuso incorporar veedurías de los jubilados, auditorías a las cementeras, sanciones a las empresas y autoridades del IESS que incumplieran, y mecanismos para beneficiar proporcionalmente a ex trabajadores y tercerizados; Fausto Cobo precisó que una ley interpretativa únicamente podía aclarar el tipo de moneda y no reformar otros requisitos, mientras Línder Altafuya sostuvo que la interpretación tendría efecto desde la vigencia de la ley original. La sesión fue suspendida sin concluir el primer debate ni realizar votación, quedando el proyecto pendiente para una sesión posterior. Intervinieron Francisco Cisneros, Luis Valencia Rodríguez, Scheznarda Fernández, Oswaldo Maldonado, José Herrera, Jaime Mendoza, Iván Villavicencio, Luis Valle, Stalin Subía, Línder Altafuya, Fausto Cobo, Silvia Salgado y Marco Murillo.

ACTA_209-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, orientada a corregir dificultades detectadas durante sus dos primeros años de aplicación. El proyecto abordó la creación de nuevas circunscripciones territoriales mediante informes técnicos y control constitucional previo; la regularización y expropiación de asentamientos humanos consolidados; la delimitación de competencias concurrentes entre los distintos niveles de gobierno; la eliminación del ganado y otros semovientes del cálculo del impuesto predial rural; y varias reformas administrativas, presupuestarias y relativas a áreas verdes, recursos, prestación de servicios y subrogación de autoridades. En comisión general, Jorge Martínez, representante de los municipios del país, respaldó las reformas para mejorar la gestión local, regularizar barrios y facilitar obras públicas, pero solicitó garantizar el debido proceso en la remoción de alcaldes y demás autoridades elegidas popularmente. Durante el debate se propuso fortalecer la transparencia y fiscalización de los presupuestos municipales, garantizar recursos para las competencias y la vialidad rural, proteger a campesinos y comunidades frente a cargas tributarias, revisar la intervención de la Corte Constitucional en las circunscripciones indígenas, asegurar la paridad de género en las vicealcaldías, definir la competencia y las tasas del alumbrado público, limitar la delegación privada de servicios y proteger los bienes comunales; también se formularon cuestionamientos sobre la constitucionalidad de ciertas reformas tributarias y la necesidad de precisar varios artículos. El primer debate no concluyó ni fue sometido a votación, pues todavía permanecían once solicitudes de intervención y la sesión fue suspendida para continuar posteriormente. Intervinieron Jorge Martínez, Virgilio Hernández, Paco Fierro, Gerónimo Yantalema, Pedro de la Cruz, Fernando González, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Lourdes Tibán, Mary Verduga, Jimmy Pinoargote, Kléver García y Francisco Ulloa.

ACTA_211-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se solicitó atender a los maestros jubilados y tramitar la Ley del Adulto Mayor, y posteriormente continuó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. El análisis se concentró en la necesidad de unificar los proyectos similares tramitados por distintas comisiones y regular la consulta prelegislativa y administrativa, respetando las organizaciones, autoridades, procedimientos propios y derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. En comisión general, Humberto Cholango, Delfín Tenesaca, Franco Viteri y Carlos Pérez exigieron que la consulta fuera previa, libre, informada y vinculante, que buscara el consentimiento de las comunidades y que no se sustituyera por simples procesos de socialización, especialmente frente a proyectos mineros, petroleros y otras actividades que afectaran sus territorios y recursos naturales. Durante el debate, algunos legisladores defendieron el carácter vinculante con base en los instrumentos internacionales y la profundización de la democracia, mientras otros señalaron que la Constitución no lo establecía expresamente, advirtieron sobre posibles paralizaciones de obras y pidieron definir plazos, requisitos, sujetos consultados y procedimientos claros. La sesión fue clausurada por encontrarse al límite del quórum, sin votación ni moción escrita, y las observaciones quedaron para conocimiento de la Comisión. Intervinieron Lourdes Tibán, Edwin Vaca, Humberto Cholango, Delfín Tenesaca, Franco Viteri, Carlos Pérez, Gerónimo Yantalema, María Augusta Calle, César Montúfar, César Rodríguez, Xavier Tomalá, María Molina, Yolanda Martínez, Francisco Cevallos, Damasio Santos y Luis Morales.

ACTA_208-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate de la reforma a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Las intervenciones se concentraron en la modernización y digitalización del Registro Civil, la coordinación con consulados y países fronterizos para inscribir y cedular a ecuatorianos nacidos o residentes en el exterior, y la necesidad de uniformar y precisar la redacción del proyecto. También se debatió la posibilidad de que los padres decidieran el orden de los apellidos de sus hijos, proponiéndose incluso utilizar el orden alfabético cuando no existiera acuerdo; el uso voluntario del apellido del cónyuge; la inclusión en la cédula de la condición de donante; y la diferencia entre sexo e identidad de género, respecto de la cual se solicitaron reglas más claras y mayores garantías jurídicas. Algunos legisladores defendieron las reformas como mecanismos de igualdad y modernización, mientras otros pidieron una mayor socialización y expresaron reparos relacionados con las tradiciones familiares, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la sustitución del dato “sexo” por “género” en la cédula. Finalmente, el debate fue suspendido sin votación y el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones; posteriormente se clausuró la sesión, sin tratarse la reforma sobre la revocatoria del mandato. Intervinieron Edwin Vaca, Rolando Panchana, María Elena Pontón, Juan Carlos Cassinelli, Eduardo Encalada y Jimmy Pinoargote.

ACTA_201-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se debatieron dos proyectos relacionados con la movilidad humana. El primero buscaba garantizar la repatriación de los restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior, especialmente cuando sus familias carecieran de recursos; algunos legisladores defendieron la necesidad de una ley específica, mientras otros consideraron que el procedimiento ya era responsabilidad de la SENAMI, generaba gasto público y debía incorporarse a una normativa integral de movilidad humana. La propuesta de archivo fue negada con treinta y cinco votos afirmativos, dieciséis negativos y veintinueve abstenciones. Posteriormente se analizó una reforma a la Ley de Extranjería que pretendía exigir visa a las personas extranjeras que ingresaran al país, con excepciones previstas en acuerdos internacionales; sus defensores alegaron razones de seguridad y control migratorio, mientras la Comisión sostuvo que contenía expresiones discriminatorias y contrarias al derecho constitucional a migrar. Su archivo también fue negado con treinta y nueve votos afirmativos, dieciocho negativos y diecinueve abstenciones, tras lo cual se clausuró la sesión. Intervinieron Luis Almeida, Fernando Vélez, Blanca Ortiz, Fausto Cobo, Washington Cruz, Fernando Bustamante, Linda Machuca, Rolando Panchana, Fernando Flores, Edwin Vaca, Luis Morales y Guido Vargas.

ACTA_220-2011-2013_PLENO.pdf Se trataron solicitudes sobre la emergencia invernal en Esmeraldas y la inseguridad en Sucumbíos; la reforma a la Ley de la Contraloría, cuyo debate fue suspendido; la designación unánime del Archivo-Biblioteca como “Juan León Mera Martínez”; el indulto humanitario concedido a Rosa María Ruiz de la Cruz; y la Ley de Derechos de las Personas Usuarias y Consumidoras, cuyo debate también quedó suspendido. Intervinieron Línder Altafuya, Guido Vargas, Luis Morales, Mauro Andino, Paco Fierro, Vicente Taiano, Francisco Ulloa, Marisol Peñafiel, Fausto Cobo, María Molina, Fernando Vélez, Christian Viteri, Paco Moncayo y Blanca Ortiz.

ACTA_223-2011-2013_PLENO.pdf Se trató la objeción parcial a la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, relacionada con el plazo y las consecuencias para las autoridades locales que no resuelvan los conflictos limítrofes, aprobándose el allanamiento; además, continuó el segundo debate de la Ley Orgánica de Comunas y Comunidades, sobre derechos colectivos, territorios comunitarios, organización y consulta prelegislativa, cuyo tratamiento quedó suspendido sin votación. Intervinieron Virgilio Hernández, Francisco Ulloa, Carlos Manzano, Rafael Dávila, Marco Murillo, César Rodríguez, Lourdes Tibán, Humberto Cholango, Pedro de la Cruz y Vanesa Fajardo.

ACTA_224-A-2011-2013_PLENO.pdf Se concluyó el primer debate de la interpretación del Mandato Constituyente sobre intermediación, tercerización, servicios técnicos especializados y protección de los derechos laborales; además, se debatió la reforma sobre daño moral, enfocada en los criterios y límites para determinar las indemnizaciones, y la moción para archivar el proyecto no fue aprobada. Intervinieron María Molina, Andrés Páez, Armando Aguilar, Mauro Andino, Paco Moncayo, Paco Fierro, Eduardo Carriel, Luis Morales, María Augusta Calle, Francisco Cevallos, César Rodríguez y Cléver García.

ACTA_225-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el primer debate del proyecto sobre consulta prelegislativa, discutiéndose su alcance, la diferencia entre consulta y consentimiento, su posible carácter vinculante, la representación de los pueblos, las atribuciones de la Asamblea y del Consejo Nacional Electoral y la propuesta de unificar los proyectos existentes; el debate se cerró sin votación. También se leyó el informe del proyecto para fomentar la pesca y la acuicultura, que recomendaba su archivo por deficiencias técnicas, legales y presupuestarias, pero el debate no pudo iniciarse por ausencia de la ponente y la sesión fue suspendida. Intervinieron Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, Lourdes Tibán, Paco Moncayo, Kléver García, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, César Rodríguez, Guido Vargas, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, Stalin Subía, María Molina, Luis Morales, Rodrigo Collahuazo y Leonardo Viteri.

ACTA_226-2011-2013_PLENO.pdf Se debatieron las reformas para regular la revocatoria del mandato, abordando sus causales, requisitos, porcentajes de firmas, garantías del debido proceso, diferencias con la remoción y prevención de su uso como persecución política; su tratamiento quedó suspendido. También se discutió el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, coincidiendo en la necesidad de adecuarlo a la Constitución e incorporarlo dentro de una reforma integral a la legislación militar; aunque se recomendó archivar el proyecto, la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Marisol Peñafiel, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Línder Altafuya, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Jimmy Pinoargote, Stalin Subía, María Soledad Vela, José Picoita, César Rodríguez, Gabriel Rivera y Fausto Cobo.

ACTA_136-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para el cual se recibieron en comisión general los criterios de representantes de medios públicos, privados, incautados, comunitarios, organizaciones periodísticas, estudiantes y colectivos ciudadanos; las posiciones coincidieron en la necesidad de contar con una nueva normativa, pero mantuvieron profundas diferencias sobre la independencia y conformación del Consejo de Regulación, la posibilidad de censura o control gubernamental, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión y opinión, la regulación de contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos, los derechos laborales y profesionales de periodistas y comunicadores, la reserva de la fuente, la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, el acceso y financiamiento de los medios comunitarios, la autonomía editorial y económica de los medios públicos, la concentración y propiedad de los medios, la publicidad oficial, la producción musical y audiovisual nacional, la protección de niñas, niños y adolescentes, la participación de pueblos indígenas, afros y montubios, la interculturalidad y la relación entre los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. El debate quedó suspendido sin votación para continuar incorporando observaciones. Posteriormente, se analizó la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ante el riesgo de que entrara en vigencia por el transcurso del plazo sin decisión legislativa; se discutió la autonomía y capacidad de la Asamblea para aprobar, modificar o negar proyectos económicos urgentes, la validez del procedimiento aplicado por la comisión, la constitucionalidad de tramitar reformas tributarias por esta vía, la creación o incremento de impuestos ambientales y a determinados consumos, sus posibles efectos sobre la ciudadanía y los sectores productivos, así como la necesidad de financiar políticas públicas y promover cambios favorables al ambiente y la salud. Se plantearon alternativas como negar el proyecto, suspender su trámite, dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo que lo calificó o solicitar una interpretación constitucional, pero ninguna propuesta fue votada y la sesión se suspendió para que las bancadas buscaran una salida consensuada. Intervinieron Orlando Pérez, Nidia Piedra, Marcelo Larrea, Álvaro Rosero, Kléver Chica, Vicente Ordóñez, Franklin Falconí, Juan Carlos Zapata, Enrique Arosemena, Paúl Mena, José Ignacio López, César Ricaurte, Pilar Núñez, Giselle Dávila, Verónica Calvopiña y Humberto Cholango; además de Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Betty Carrillo, Lourdes Tibán, Cynthia Viteri, Jimmy Pinoargote, Carlos Velasco, Lenín Chica, Ángel Vilema, María Paula Romo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Virgilio Hernández, Luis Almeida, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Enrique Herrería, Viviana Bonilla, Tito Nilton Mendoza, Salomón Fadul, Marco Murillo, Gabriel Rivera, Gilmar Gutiérrez, Francisco Velasco, Luis Morales, Fernando Cordero, Paco Moncayo, Ramiro Terán, César Rodríguez, Betty Amores, Juan Carlos López, Cléver Jiménez, Guillermina Cruz y Vethowen Chica.

ACTA_129-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron las solicitudes para incorporar al orden del día el reconocimiento de Manuel Inocencio Parrales y Guale como precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, así como la propuesta para declarar el 12 de octubre como Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, Montubios, Afros y Sectores Populares, aunque esta última no llegó a resolverse antes de la clausura; en cambio, fue negado el pedido de declarar la emergencia sanitaria en Pastaza ante la presencia de casos de sarampión en territorio huaorani. El tema central fue el primer debate de la reforma sobre la jubilación especial para las mujeres, que proponía permitirles jubilarse voluntariamente, sin límite de edad, después de veinticinco años de aportaciones, calculando la pensión con base en el promedio de sus cinco mejores remuneraciones. La mayoría de las intervenciones respaldó la iniciativa como una medida de justicia social y reconocimiento al doble o triple trabajo que realizan las mujeres en el ámbito laboral, doméstico, familiar y comunitario, así como a la discriminación histórica, el desgaste físico y mental, las dificultades de inserción laboral y la responsabilidad de cuidar a hijos, nietos, personas enfermas y adultos mayores. También se planteó ampliar la seguridad social a amas de casa, trabajadoras informales, campesinas, indígenas y mujeres sin relación de dependencia; considerar los períodos de maternidad y enfermedad; garantizar que la jubilación sea opcional; revisar el coeficiente utilizado para calcular las pensiones; y asegurar una prestación digna. No obstante, varios legisladores advirtieron que era indispensable contar con estudios actuariales, precisar el número de posibles beneficiarias, establecer una fuente de financiamiento sostenible, analizar la participación económica del Estado y del IESS, corregir aspectos de técnica legislativa y evitar que la reforma reforzara la idea de que las tareas domésticas son responsabilidad exclusiva de las mujeres. Fernando Cordero sostuvo que la iniciativa podía enfrentar impedimentos constitucionales por comprometer recursos estatales y pidió coordinar una propuesta viable con el Ejecutivo y el IESS; tras la respuesta de Nívea Vélez, quien defendió el carácter optativo y la legitimidad de utilizar los recursos de los afiliados para esta prestación, se cerró el primer debate sin votación y se remitieron las observaciones a la comisión. Finalmente, se aprobó la resolución que declaró a Manuel Inocencio Parrales y Guale precursor de la reforma agraria y defensor de los indígenas de la Costa, reconociendo su lucha contra los abusos coloniales y a favor de las tierras comunitarias. Intervinieron Soraya Viteri, Francisco Cisneros, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Clara Salazar, Mariana Pallasco, Edwin Vaca, Kléver García, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Diana Atamaint, Mery Zamora, Marisol Peñafiel, Andrés Páez, Vicente Taiano, Rocío Valarezo, Mercedes Villacrés, César Gracia, María Soledad Vela, Guillermina Cruz, Lourdes Tibán, Scheznarda Fernández, Fernando Bustamante, Consuelo Flores, Richard Guillén, Línder Altafuya, Rolando Panchana, Betty Amores, Silvia Kon, Paola Pabón, María Molina, Betty Carrillo, Marco Murillo, Eduardo Encalada, Susana González, César Rodríguez, Luis Morales, Luis Almeida, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos, Guido Vargas y Fernando Cordero.

ACTA_137-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se analizó la proforma del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2012 y la programación presupuestaria para los años 2012-2015, instrumentos que contemplaban ingresos y egresos superiores a veintiséis mil millones de dólares y priorizaban la inversión en educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura vial, energía, programas sociales, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y subsidios. Quienes respaldaron la propuesta destacaron el incremento de recursos para la incorporación y mejora salarial de docentes, la ampliación del personal médico y policial, la designación de nuevos jueces, la construcción de carreteras y proyectos hidroeléctricos, el fortalecimiento de los servicios públicos, la reducción de la pobreza y el mantenimiento del endeudamiento dentro de niveles considerados sostenibles; en contraste, otros legisladores cuestionaron el déficit presupuestario y la falta de claridad sobre sus fuentes de financiamiento, el crecimiento del gasto corriente y de la burocracia, la dependencia de créditos y ventas anticipadas de petróleo, la carga tributaria, el elevado monto destinado a publicidad, consultorías, viáticos y contratos ocasionales, así como las asignaciones previstas para la compra obligatoria de renuncias. También se debatió el cumplimiento de los incrementos constitucionales para educación y salud, la reducción o insuficiencia de recursos para universidades, agricultura, vivienda, ambiente, turismo, cultura y economía popular y solidaria; la distribución de fondos entre el Gobierno central y los gobiernos locales; la atención a las zonas rurales, amazónicas y fronterizas; la inversión destinada a pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; la educación intercultural bilingüe, la seguridad social campesina, la soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la territorialización del gasto y la necesidad de transparentar la ejecución presupuestaria. Finalmente, se aprobó el informe de mayoría y la programación cuatrianual con recomendaciones para garantizar recursos al pueblo montubio y a la Universidad Amazónica, controlar el gasto estatal en publicidad, respetar el límite del endeudamiento público, identificar territorialmente las inversiones, transparentar los recursos dirigidos a la participación ciudadana, agricultura, fondo de tierras y economía popular y solidaria, informar sobre los ingresos provenientes de la normativa ambiental y remitir el presupuesto global asignado a cada universidad; la propuesta obtuvo sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y cinco negativos, uno blanco y una abstención, resultado que se mantuvo en la rectificación, mientras que la reconsideración fue negada. Intervinieron Fernando Vélez, Francisco Ulloa, Richard Guillén, Juan Carlos Cassinelli, Paco Moncayo, Leonardo Viteri, Luis Morales, Rafael Dávila, Zobeida Gudiño, Galo Lara, Salomón Fadul, Viviana Bonilla, Gerónimo Yantalema, Francisco Velasco, Marco Murillo, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Lídice Larrea, César Gracia, Jimmy Pinoargote, María Augusta Calle, Edwin Vaca, Nívea Vélez, Mao Moreno, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Betty Carrillo, Fernando Aguirre, Tomás Zevallos, Francisco Cevallos, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Tito Nilton Mendoza, Lenín Chica, Fernando Cordero, Xavier Tomalá y Vanesa Fajardo.

ACTA_122-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó la resolución que dispuso a la Unidad de Técnica Legislativa elaborar el proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y asignó su posterior trámite a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, con ochenta y ocho votos afirmativos, siete blancos y diecisiete abstenciones. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, centrado en garantizar la autonomía administrativa, laboral y presupuestaria de la Función Legislativa frente al Ministerio de Relaciones Laborales; durante el análisis se propuso precisar la aplicación de la normativa para asambleístas y servidores legislativos, ampliar la autonomía a otras funciones del Estado y considerar los regímenes especiales del sistema educativo y de educación superior, tras lo cual se cerró el debate sin votación. También se aprobó la resolución que exhortó al Ministerio de Educación a reconstruir, mediante contratación de emergencia, la escuela Belisario Quevedo de Ambato, afectada por un incendio, y al Municipio de Ambato y demás gobiernos seccionales a legalizar los terrenos donde funcionan instituciones educativas; en la rectificación se registraron ochenta y tres votos afirmativos y siete blancos. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y un votos afirmativos y dos blancos, una resolución sobre la crisis bananera que exhortó al Ministerio de Agricultura a aplicar efectivamente la normativa vigente, establecer políticas claras de precios y comercialización, combatir los monopolios y la intermediación injusta, fortalecer las compras públicas de producción nacional, atender prioritariamente a los pequeños y medianos productores, promover la diversificación de cultivos y estudiar la conformación de una exportadora de economía mixta. Intervinieron Gioconda Saltos, Gerónimo Yantalema, Viviana Bonilla, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Rolando Panchana, Fausto Cobo, María Soledad Vela, Andrés Roche, Luis Morales, Línder Altafuya, Kléver García, Tito Nilton Mendoza, Andrés Páez, Edwin Vaca, Fernando Cordero, Nívea Vélez, César Gracia, María Alejandra Vicuña, Katty Vélez, Dalton Burgos, Rocío Barriga y Víctor Quirola.

ACTA_136-E-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se retomó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación y se presentaron varias modificaciones destinadas a incorporar la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias en el organismo de regulación; priorizar al sector comunitario en la distribución de frecuencias hasta alcanzar una asignación equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios; regular la suspensión de publicidad engañosa; precisar los derechos de rectificación y réplica; establecer requisitos de profesionalización para las actividades periodísticas permanentes; fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes; promover la educomunicación; definir normas deontológicas; y disponer la reversión, previo debido proceso, de las frecuencias obtenidas ilegalmente, incluyendo la reparación de los daños ocasionados al Estado. Posteriormente, se negó la propuesta de César Montúfar para archivar el proyecto y reiniciar la elaboración de una nueva normativa, decisión que se mantuvo tras la rectificación; en cambio, se aprobó la moción de Tomás Zevallos para que el texto fuera votado artículo por artículo, también ratificada en la rectificación. Esta decisión generó cuestionamientos sobre el procedimiento y Abdalá Bucaram apeló la actuación de la Presidencia, argumentando que se había alterado el orden de las mociones; Fernando Cordero defendió que las propuestas fueron tramitadas conforme al momento de su presentación, y la apelación fue negada, manteniéndose el resultado luego de la rectificación. Finalmente, se suspendió la sesión para que Mauro Andino identificara los artículos sobre los cuales pudiera alcanzarse consenso antes de continuar las votaciones, por lo que no se inició el tratamiento de la propuesta relacionada con el reintegro de los servidores públicos separados de sus cargos. Intervinieron Mauro Andino, Abdalá Bucaram y Fernando Cordero; asimismo, César Montúfar y Tomás Zevallos presentaron las mociones sometidas a votación, y Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión durante la apelación

ACTA_135-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Marco Murillo para incorporar al orden del día una resolución que exigiera al Ministerio de Educación cumplir con el pago completo de las compensaciones correspondientes a la jubilación de los docentes del sector público, señalándose que miles de maestros jubilados habrían recibido valores inferiores a los establecidos. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó la reforma destinada a garantizar la atención de las personas que padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, reconociéndolas como un asunto de interés nacional y estableciendo la obligación del Estado de brindar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, medicamentos e insumos de manera oportuna, permanente y gratuita. Durante el debate se planteó elaborar protocolos médicos, fortalecer la formación del personal de salud, crear un registro nacional de pacientes, promover investigaciones y convenios con instituciones nacionales e internacionales, agilizar la importación de medicamentos, regular el cumplimiento de las coberturas de seguros y medicina prepagada, apoyar psicológica y socialmente a las familias, atender los casos que no pudieran diagnosticarse en el país y extender la protección a los ecuatorianos residentes en el exterior. También se propuso precisar las definiciones y diferencias entre las enfermedades catastróficas y las raras o huérfanas, garantizar la doble vulnerabilidad de los pacientes, actualizar periódicamente el listado de enfermedades, incorporar el autismo, crear institutos especializados de investigación y asegurar los recursos presupuestarios necesarios para que la normativa pudiera aplicarse efectivamente. Luego de un receso se incorporaron varias observaciones y el proyecto fue aprobado inicialmente con noventa y nueve votos afirmativos y, tras la rectificación, por unanimidad con ciento un votos afirmativos y dos blancos. Intervinieron Marco Murillo, Víctor Quirola, Scheznarda Fernández, Carlos Velasco, Fausto Cobo, María Soledad Vela, María Molina, Fernando Flores, Gioconda Saltos, César Gracia y Tomás Zevallos.

ACTA_119-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se eligieron y posesionaron las dos vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Para la primera Vicepresidencia se presentaron las candidaturas de Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores y Abdalá Bucaram Pulley, en medio de planteamientos sobre el fortalecimiento institucional, la transparencia de las votaciones, la representación de las distintas fuerzas políticas, la equidad y la necesidad de reformar la normativa legislativa; finalmente, Juan Carlos Cassinelli fue elegido, ratificado tras la rectificación y la negativa de la reconsideración, y asumió el compromiso de impulsar la inclusión, la participación y la reducción de las desigualdades. Para la segunda Vicepresidencia se postularon Rocío Valarezo y Leandro Cadena, destacándose la participación de las mujeres, la equidad de género y las diferencias entre el oficialismo y la oposición; Rocío Valarezo resultó elegida, su designación fue confirmada mediante rectificación y se negó la reconsideración, tras lo cual se comprometió a ejercer sus funciones con transparencia, honestidad y equidad, promoviendo la unidad y el trabajo legislativo en beneficio de los sectores más pobres. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Andrés Segovia Salcedo, María Alejandra Vicuña, Vicente Taiano, Paco Moncayo, César Gracia, Juan Carlos Cassinelli, Lídice Larrea, Galo Lara y Rocío Valarezo; además, Juan Carlos López y Raúl Abad solicitaron actuaciones relacionadas con la rectificación y reconsideración de las votaciones.

ACTA_115-G-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se continuó con el segundo debate y la votación individual del proyecto de reforma a la normativa que regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional, concentrándose en los procedimientos de fiscalización y juicio político. Se aprobaron disposiciones para impedir que la comisión encargada de la fiscalización archive directamente los procesos, trasladando al Pleno la decisión de archivarlos o continuarlos; se estableció la presentación de informes motivados de mayoría y minoría, con las pruebas de cargo y descargo; y se reguló la difusión de dichos informes, su inclusión en el orden del día, la designación de ponentes, la votación nominativa y los plazos para efectuar el juicio político. También se intentó someter nuevamente a votación la posibilidad de que cada asambleísta contara con un analista legislativo para apoyar el manejo de sistemas electrónicos, pero se determinó que esta propuesta ya había sido votada y negada, por lo que no correspondía reconsiderarla. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, quien dirigió la sesión; Andrés Segovia Salcedo, secretario general; Vicente Taiano Álvarez, quien presentó y explicó la propuesta; María Augusta Calle, quien cuestionó que se intentara votar nuevamente un asunto ya resuelto; y Virgilio Hernández, quien sostuvo que repetir esa votación vulneraría el procedimiento legislativo y generaría mayor gasto público.

ACTA_147-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron cambios al orden del día para analizar la declaratoria de emergencia sanitaria en Manabí por el aumento de casos de dengue y para solicitar medidas excepcionales frente a los daños ocasionados por el invierno en Carchi y en el eje vial Palanda-Chinchipe, asuntos que finalmente quedaron pendientes; en cambio, se negaron las propuestas para debatir la explotación petrolera del Bloque 31, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, y su posible incorporación a la iniciativa de conservación Yasuní-ITT, así como para rechazar editoriales publicados por periódicos estadounidenses que fueron considerados atentatorios contra la soberanía nacional. En comisión general, representantes de los municipios, gobiernos provinciales y parroquias rurales expusieron sus criterios sobre la futura regulación de los límites territoriales, destacando la necesidad de respetar la tradición histórica, el sentido de pertenencia, la autonomía de los gobiernos locales y la decisión de las poblaciones involucradas. Posteriormente, se aprobó el reconocimiento de las festividades del Carnaval de Guamote como patrimonio cultural intangible, resaltándose su origen ancestral, la convivencia intercultural entre los pueblos indígenas y mestizos, sus personajes, música, gastronomía, rituales y prácticas comunitarias; además, se solicitó a las instituciones competentes proceder con su declaración y registro, incorporarlo al calendario nacional y destinar recursos para su promoción, preservación y salvaguarda. El tema central fue el primer debate del proyecto destinado a establecer procedimientos para fijar límites y solucionar los conflictos territoriales existentes entre parroquias, cantones y provincias, originados por la falta de delimitaciones jurídicas, la contradicción entre normas, los cambios geográficos, las decisiones políticas y las diferencias sobre la pertenencia e identidad de las comunidades. La propuesta planteó que, en lugar de definir directamente cada límite, se establecieran mecanismos amistosos como la negociación y la mediación territorial, y mecanismos institucionales como el arbitraje, la consulta popular y la resolución de las autoridades competentes; también contempló sustituir al organismo anterior por una nueva entidad nacional encargada de los límites internos. Durante la discusión se insistió en garantizar la participación ciudadana, definir quiénes podrían votar en las consultas y acreditar su residencia, respetar los acuerdos y delimitaciones legalmente consolidados, proteger la integridad de las comunidades indígenas y evitar que fueran divididas entre distintas jurisdicciones, establecer plazos obligatorios para resolver los conflictos y reconocer factores históricos, culturales, sociales, ambientales, geográficos, étnicos e hidrográficos. Asimismo, se cuestionó la actuación del organismo técnico que anteriormente manejaba los límites, la validez de mapas elaborados sin una ley definitiva, la posibilidad de que el Ejecutivo resolviera determinadas controversias, la centralización y politización de las decisiones y la falta de representación directa de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales en la nueva entidad; se propuso incorporar al Instituto Geográfico Militar como apoyo técnico y otorgar un papel más activo a la Asamblea y a los gobiernos autónomos descentralizados. También se aprobó reconsiderar una resolución adoptada previamente sobre Ernesto “Che” Guevara, después de señalarse errores históricos y de redacción que afectaban la imagen institucional. El debate sobre los límites territoriales quedó interrumpido y la sesión concluyó por falta de quórum, por lo que las observaciones debían ser remitidas a la comisión y varios asuntos incorporados al orden del día no llegaron a resolverse. Intervinieron Scheznarda Fernández, María Paula Romo, Marco Murillo, Stalin Subía, Edwin Vaca, Zobeida Gudiño, Paúl Granda, Jorge Olmedo, Néstor Chapa, Juan de Dios Roldán Arellano, Gerónimo Yantalema, Paola Pabón, Kléver García, Mauro Andino, Luis Morales, Pedro de la Cruz, Carlos Velasco, Paco Fierro, Hólger Chávez, Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Francisco Velasco, Línder Altafuya, Lenín Chica, Mary Verduga, Betty Amores, Tomás Zevallos, Enrique Herrería, César Gracia, Galo Vaca, Hugo Quevedo, María Molina, Betty Carrillo, Rosana Alvarado y Francisco Ulloa.

ACTA_157-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día un exhorto dirigido a las autoridades competentes con el fin de convocar concursos para cargos directivos del sistema educativo y regular sus remuneraciones; la fijación de un precio especial para el gas de uso doméstico destinado a pequeños prestadores de servicios turísticos de la Amazonía; y la comparecencia de varias autoridades para informar sobre el financiamiento, los estudios, la ejecución y la transparencia del proyecto Refinería del Pacífico. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a proteger los derechos de las personas usuarias y consumidoras, abordándose la necesidad de reemplazar la normativa vigente por un sistema más ágil y eficaz de prevención, control, reparación, restitución, indemnización y sanción frente a bienes o servicios deficientes; se analizaron la publicidad engañosa, los contratos de adhesión y sus cláusulas abusivas, los servicios bancarios y financieros, la clonación de tarjetas y delitos informáticos, la medicina prepagada, la vivienda, la educación, el transporte, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, los servicios públicos y profesionales, la protección de datos personales, la calidad de los alimentos, la intermediación comercial, la responsabilidad de proveedores e instituciones estatales, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, la participación de las organizaciones ciudadanas y de los gobiernos autónomos descentralizados, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad, interculturalidad, plurinacionalidad y atención a comunidades, pueblos y nacionalidades. Finalmente, se debatió el proyecto sobre el servicio cívico militar voluntario y las reservas de las Fuerzas Armadas, analizando su concordancia con la Constitución, la objeción de conciencia, las atribuciones del Ejecutivo, la organización militar y la necesidad de contar con una normativa para regular el servicio voluntario; aunque la comisión recomendó archivarlo por considerarlo improcedente y contrario a competencias presidenciales, se defendió su devolución para un análisis más profundo y la moción de archivo no fue aprobada. Intervinieron Gioconda Saltos, Francisco Cisneros, Leonardo Viteri, Fernando Vélez, Betty Amores, María Soledad Vela, Gerónimo Yantalema, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Nívea Vélez, Betty Carrillo, Marco Murillo, Edwin Vaca, Fernando Bustamante y Henry Cuji.

ACTA_144-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Ramiro Terán para incorporar un homenaje a Eloy Alfaro con motivo del centenario de su asesinato y solicitar que se reabrieran las investigaciones correspondientes; asimismo, Rafael Dávila planteó obtener una certificación sobre el estado de las votaciones de las reformas a la normativa de la Función Legislativa, especialmente en materia de fiscalización y juicios políticos, pero retiró su solicitud después de que se dispusiera la entrega del informe respectivo. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma a la normativa de salud relacionada con el control del tabaco, cuyo archivo fue aprobado por unanimidad debido a que pretendía modificar y derogar disposiciones que ya habían sido eliminadas por una ley posterior; durante este punto también se cuestionaron las demoras en la calificación de proyectos legislativos y la situación de los hospitales, la atención sanitaria, la formación de especialistas y la administración del sistema de salud. A continuación, se realizó el primer debate de la reforma sobre las empresas públicas, orientada a aclarar el régimen jurídico y laboral de sus servidores y obreros, precisar que los funcionarios de libre nombramiento y remoción mantienen una relación laboral, aunque no pertenezcan a la carrera administrativa, regular las remuneraciones variables por eficiencia y diferenciar las autoridades competentes para resolver controversias: la jurisdicción contencioso-administrativa para los servidores públicos y la laboral para los obreros. Mientras algunos legisladores defendieron la propuesta por considerar que corregía vacíos, evitaba interpretaciones contradictorias y protegía los recursos del Estado, otros advirtieron que someter al personal técnico de las empresas públicas al régimen general del servicio público podría reducir sus remuneraciones, provocar la salida de profesionales especializados y afectar la competitividad y calidad de los servicios; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Finalmente, se negó y se ratificó mediante rectificación la reconsideración solicitada por Abdalá Bucaram respecto de la decisión de aceptar varias observaciones presidenciales a las reformas electorales, por lo que se mantuvo firme el allanamiento relacionado con determinados aspectos del Código de la Democracia. Intervinieron Ramiro Terán, Rafael Dávila, Víctor Quirola, Francisco Ulloa, Fernando Vélez, Abdalá Bucaram, Irina Cabezas, Andrés Páez, Rolando Panchana y Alfredo Ortiz.

ACTA_158-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día una resolución destinada a garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos afectados por el cierre de varias universidades y otras iniciativas que exigían respeto a la autonomía, independencia y facultades de la Función Legislativa frente a las observaciones formuladas por el Ejecutivo. Posteriormente, Carlos Ramón Pólit Faggioni fue posesionado como Contralor General del Estado. También se desarrolló el primer debate del proyecto orientado a proteger la intimidad y los datos personales frente al uso indebido de archivos, registros y bases de datos; se analizaron los mecanismos de rectificación, reparación civil, sanción penal y hábeas data, así como la propuesta de crear una entidad administrativa especializada, pero la comisión consideró que estas materias ya estaban reguladas en la Constitución y en distintas normas vigentes, y recomendó su archivo; aunque el proponente respaldó esa decisión para evitar la dispersión normativa, la moción de archivo no fue aprobada. Finalmente, se debatieron las reformas a la normativa de inquilinato, centradas en garantizar viviendas dignas y cánones justos, equilibrar los derechos y obligaciones de arrendadores e inquilinos, actualizar disposiciones desfasadas, exigir condiciones adecuadas de habitabilidad y servicios básicos, regular la inscripción de inmuebles y contratos, la fijación de precios, las garantías y su devolución, las reparaciones, el pago de servicios, el abandono y restitución de los inmuebles, el desahucio, el traspaso de dominio y la solución ágil de controversias; además, se planteó evitar la discriminación contra familias con niños, controlar los abusos contractuales, fortalecer la intervención municipal y judicial, proteger especialmente a los sectores de menores ingresos y asegurar procedimientos proporcionales que respeten el debido proceso. Intervinieron Lourdes Tibán, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Carlos Ramón Pólit Faggioni, Mauro Andino, Vethowen Chica, Línder Altafuya, Nívea Vélez, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Bolívar Subía, Marco Murillo, Gioconda Saltos y María Molina.

ACTA_141-A-2011-2013_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron el momento de las elecciones presidenciales y legislativas, la separación de los comicios locales, la fórmula para asignar escaños, la representación de las minorías, la gobernabilidad y el riesgo de modificar las reglas electorales en función de intereses políticos. También se debatieron la licencia de las autoridades que busquen la reelección, la igualdad de condiciones entre los candidatos, la prohibición de utilizar recursos e infraestructura estatal y propaganda gubernamental durante la campaña, el silencio electoral, la publicación de resultados y actas, el conteo manual de votos y los procedimientos de impugnación y apelación. Se incorporaron disposiciones sobre paridad, alternancia y secuencialidad entre hombres y mujeres, así como sanciones económicas por actos de presión, hostigamiento o amenazas destinados a impedir que una mujer acceda a un cargo de elección popular o ejerza sus funciones. El texto aprobado estableció que las elecciones presidenciales, legislativas y del Parlamento Andino se realicen el mismo día; adoptó para la asignación de escaños una fórmula basada en divisores impares; reguló las juntas electorales, los plazos de la justicia electoral, la publicidad pública autorizada excepcionalmente por el Consejo Nacional Electoral y las obligaciones de los movimientos políticos. La reforma fue aprobada, la rectificación confirmó el resultado y la reconsideración fue negada. Intervinieron Jorge Escala, Rocío Valarezo, Fernando Bustamante, Fernando González, María Romo, Andrés Roche, Marisol Peñafiel, Fernando Flores, Xavier Tomalá, Silvia Salgado, Elvis Maldonado, Virgilio Hernández, César Montúfar, Andrés Páez, Galo Lara, Jimmy Pinoargote, Gina Godoy, Magaly Orellana, Tito Mendoza, Bolívar Subía, Betty Amores, Mariángel Muñoz, Alfredo Ortiz, Marco Murillo, María Calle, Lenin Chica, Betty Carrillo y Mauro Andino.

ACTA_151-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se analizó una propuesta para reconocer la trayectoria histórica y el aporte del coronel Luis Vargas Torres a la Revolución Liberal; posteriormente, se rindió homenaje y se otorgó una condecoración a Luis Alfonso Chango Pacha, fundador y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, destacando su historia de superación, su lucha contra la discriminación, el impulso al cooperativismo indígena, la inclusión financiera, la educación, el emprendimiento, la identidad cultural y el deporte. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, centrado en la regulación del transporte comunitario e intercultural en las zonas rurales y de difícil acceso, el uso de camionetas, camiones, mototaxis y otros medios alternativos, las condiciones técnicas y de seguridad para el traslado de personas y productos, la legalización de los servicios diferenciados, la capacitación y entrega de licencias de conducir, el funcionamiento y control de las escuelas de conducción, las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito y de los gobiernos autónomos descentralizados, la revisión de rutas y frecuencias, la prevención de accidentes, el SOAT, el sistema de puntos de las licencias, el uso de taxímetros en la Amazonía y la necesidad de evitar privilegios, monopolios, actos de corrupción y discrecionalidad en la administración del transporte. Intervinieron Línder Altafuya, Pedro de la Cruz, Luis Alfonso Chango Pacha, Fernando Vélez, Mauro Andino, Galo Vaca, María Molina, Virgilio Hernández, Consuelo Flores, Guido Vargas, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Nívea Vélez, María del Pilar Almeida, Marco Murillo, María Soledad Vela, Tomás Zevallos, Carlos Velasco, Luis Almeida, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Mao Moreno, Edwin Vaca y Guillermina Cruz.

ACTA_142-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el segundo debate y se aprobó la reforma destinada a establecer un marco jurídico para las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, permitiéndoles constituir un capital social variable e ilimitado mediante certificados de aportación, reconocer a sus socios derechos económicos, de propiedad, voz y un voto independientemente del número de aportaciones, limitar la participación individual para evitar la concentración del capital y autorizar inversiones relacionadas con proyectos de vivienda, construcción y servicios auxiliares del sistema financiero. El texto consensuado también dispuso que cada institución financiera pública y privada contara con una defensora o defensor del cliente, principal y suplente, elegido democráticamente entre sus propios clientes mediante un proceso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin vínculos con accionistas, socios o administradores y con la función de proteger los derechos e intereses de los usuarios. Asimismo, se otorgó a la Superintendencia de Bancos y Seguros la facultad de cobrar por vía coactiva las pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas, dirigiendo los procesos contra los accionistas que poseían una participación significativa, el principal administrador y representante legal, así como contra administradores temporales y liquidadores cuya responsabilidad fuera determinada por los organismos de control; además, se establecieron plazos para expedir los reglamentos, adecuar el capital de las mutualistas y realizar la elección de los defensores del cliente. El proyecto fue aprobado con noventa votos afirmativos, resultado que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Henry Cuji, mientras que la reconsideración fue negada, quedando firme la decisión. Intervino Francisco Velasco, quien presentó y explicó el texto definitivo

ACTA_138-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el tratamiento de la objeción parcial formulada al proyecto relacionado con la gestión de las aguas de la cuenca del Paute y la reorganización de las entidades encargadas de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en varios cantones. Durante la sesión se votaron por separado las propuestas de ratificación y allanamiento presentadas por Mauro Andino: la Asamblea ratificó el texto previamente aprobado sobre las atribuciones del organismo encargado de la gestión hídrica y otro artículo del proyecto; sin embargo, no alcanzó los votos necesarios para mantener la disposición que facultaba a los municipios de Esmeraldas, Atacames y Río Verde a conformar una mancomunidad y que cuestionaba la obligación de crear una empresa pública, ni para excluir la exigencia de constituir un fideicomiso destinado a garantizar proporcionalmente el pago de las obligaciones crediticias de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo. Asimismo, el Pleno aceptó la observación presidencial para eliminar una expresión del texto, decisión que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Fausto Cobo; en cambio, no aprobó la propuesta de establecer el plazo de un año para que los municipios señalados asumieran las competencias de dicha empresa, resultado que tampoco cambió tras la rectificación solicitada por Vicente Taiano y Fernando Flores. No se desarrollaron nuevas intervenciones de fondo, pues la sesión se concentró exclusivamente en las votaciones; participaron Mauro Andino, como proponente de los textos sometidos a decisión; Fernando Cordero, quien dirigió la sesión; Andrés Segovia, quien dio lectura a las propuestas y proclamó los resultados; y Fausto Cobo, Vicente Taiano y Fernando Flores, quienes solicitaron las respectivas rectificaciones.

ACTA_151-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentaron los resultados de una encuesta nacional sobre la violencia de género contra las mujeres, en la que se evidenció la elevada incidencia de agresiones psicológicas, físicas, patrimoniales y sexuales, principalmente dentro del entorno familiar y por parte de la pareja, así como su presencia en todos los niveles educativos, económicos, territoriales y grupos sociales; se destacó la necesidad de tratar este fenómeno como un problema de seguridad ciudadana, salud pública, igualdad y transformación cultural, mediante leyes, políticas públicas, fiscalización institucional y acciones contra el machismo y la discriminación. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de las reformas a la normativa de la Contraloría General del Estado, centrado en la eliminación de la asignación presupuestaria proveniente de los ingresos de las instituciones sujetas a control, por considerarse contraria al régimen constitucional de preasignaciones; la protección de la autonomía e independencia del organismo de control; la desconcentración de sus funciones; la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales; la publicidad y valor probatorio de los informes de auditoría; los plazos de los procedimientos y recursos; y la posibilidad de que la Fiscalía investigue y adopte medidas cautelares en casos de presuntos delitos contra la administración pública sin depender exclusivamente de un informe previo de la Contraloría, con el propósito de fortalecer la lucha contra la corrupción. Intervinieron Byron Villacís, Ana Lucía Herrera, Mauro Andino, Luis Almeida, Fausto Cobo y Paco Fierro.

ACTA_173-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Edwin Vaca propuso incorporar al orden del día una resolución para revisar el sistema de “tarjeta inteligente” utilizado en la distribución de gas licuado de petróleo en la provincia del Carchi y restituir los cupos anteriores de cilindros, al considerar que el mecanismo ocasionaba largos períodos de espera y afectaba a la población fronteriza; sin embargo, su propuesta fue negada. Posteriormente se debatió la objeción parcial al proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, principalmente sobre la eliminación del porcentaje fijo que las instituciones financieras debían destinar a operaciones hipotecarias, la facultad del organismo regulador para determinarlo anualmente y la protección de los deudores mediante la extinción de la deuda con la entrega o ejecución del bien dado en garantía; Francisco Velasco respaldó el allanamiento a la objeción, Ramiro Terán cuestionó que el porcentaje quedara sujeto a una autoridad gubernamental, Dora Aguirre defendió la protección de las familias y migrantes afectados por deudas hipotecarias, Fernando Flores sostuvo que debía mantenerse la obligación para ampliar el acceso al crédito, César Rodríguez criticó tanto la ley como la política económica gubernamental y Rafael Dávila consideró inadecuado imponer el mismo porcentaje a todas las entidades, aunque reconoció deficiencias en la objeción; finalmente, el allanamiento fue aprobado y la reconsideración solicitada fue negada. Además, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades: Ximena Cabrera y Vinicio Baquero expusieron las necesidades de las personas sordas y solicitaron fortalecer la lengua de señas, la educación bilingüe y bicultural, la formación de docentes, la disponibilidad de intérpretes y la accesibilidad a la comunicación; María Cristina Kronfle explicó que la propuesta buscaba prevenir y detectar oportunamente las discapacidades, garantizar la salud, educación, rehabilitación, inclusión y eliminación de la discriminación, establecer un sistema de calificación y registro, y organizar la protección integral mediante el Consejo Nacional de Igualdad, la Defensoría del Pueblo y las instituciones ejecutoras; Fernando Aguirre destacó la igualdad de oportunidades y la responsabilidad de las entidades públicas y privadas; María Molina abordó la calificación voluntaria, gratuita y personalizada, el registro en la cédula, la aplicación directa de los derechos y la cooperación internacional; Víctor Quirola analizó la atención sanitaria, prevención, rehabilitación, rebajas tributarias y la inclusión de entidades semipúblicas; Scheznarda Fernández se refirió a la estabilidad e inclusión laboral, los permisos para tratamiento y cuidado, la capacitación de servidores públicos y el acceso preferente a créditos; y Carlos Velasco defendió la educación inclusiva, la cobertura de seguros de salud, la protección laboral de quienes cuidan a personas con discapacidad, la ampliación de la licencia de maternidad en determinados casos y el tamizaje neonatal, tras lo cual el debate quedó suspendido para continuar en una nueva convocatoria debido a la posible pérdida del quórum.

ACTA_186-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se intentó continuar con la votación de la resolución que rechazaba la medida del Gobierno del Reino de España que restringía el acceso de los migrantes en situación irregular a la salud pública; Fausto Cobo observó que el texto debía precisar que la afectación recaía específicamente sobre los migrantes en situación irregular y corregir definitivamente la denominación de España, pero la votación no pudo efectuarse porque Jorge Escala, como proponente, no se encontraba presente y era el único autorizado para modificar formalmente el documento, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente se debatió y aprobó el Protocolo internacional contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, destinado a fortalecer la cooperación entre los Estados para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional mediante la penalización de estas actividades, el decomiso de armas, el mantenimiento de registros, su marcación y desactivación, la regulación de las importaciones, exportaciones y tránsito, el intercambio de información, la asistencia técnica y la actualización de la legislación nacional. Durante el debate se destacó que el acceso y comercio ilegal de armas incrementaban los homicidios, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y otras formas de violencia; se defendió la necesidad de controles más rigurosos, políticas preventivas, reformas al sistema de justicia y rehabilitación social, atención a las víctimas, oportunidades educativas y laborales y un plan integral de seguridad ciudadana que no se limitara a medidas represivas. También se analizaron la especial vulnerabilidad de las zonas fronterizas, el tráfico de armamento hacia grupos irregulares de Colombia, la situación de Carchi, los secuestros y desplazamientos, las deficiencias en el control portuario y fronterizo y la necesidad de acompañar los compromisos internacionales con recursos, infraestructura y políticas nacionales efectivas. El Protocolo fue aprobado por unanimidad con noventa y siete votos afirmativos. Finalmente se debatió y aprobó el convenio entre Ecuador y Uruguay para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, el cual regula, entre otros aspectos, los impuestos aplicables a personas y empresas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, pensiones, patrimonio, intercambio de información y asistencia en la recaudación; se sostuvo que facilitaría el comercio y la inversión, evitaría que una misma renta fuera gravada en el país donde se generó y en el país de residencia, fortalecería la cooperación tributaria y favorecería sectores como la investigación farmacéutica, la producción eléctrica y el calzado. El convenio fue aprobado con ciento dos votos afirmativos y dos abstenciones, tras lo cual la sesión fue clausurada. Intervinieron Fausto Cobo, Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Silvia Salgado, Paco Moncayo, Betty Carrillo, Linda Machuca, Edwin Vaca, María Soledad Vela, Luis Morales, Grace Almeida, Gabriel Rivera y Eduardo Zambrano.

ACTA_174-D-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, con énfasis en el procedimiento penal y en la búsqueda de un equilibrio entre seguridad ciudadana, protección de las víctimas, garantías constitucionales, eficacia judicial y rehabilitación de las personas procesadas. En comisión general, Blanca Argüello y Augusto Barrera expusieron las demandas ciudadanas frente a la delincuencia y plantearon procedimientos judiciales más ágiles, una regulación efectiva de la receptación de bienes robados, el incumplimiento de clausuras, el vandalismo, el microtráfico, la prisión preventiva y la defensa pública de las víctimas; Ramiro Rivadeneira destacó los avances sobre femicidio y discriminación, solicitó corregir la tipificación de la desaparición forzada y ampliar la mala práctica médica a los casos de lesiones, y defendió un debate basado en la realidad nacional sobre el aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación; Alberto Narváez pidió diferenciar la mala práctica, el error médico y los efectos adversos, considerar la responsabilidad de las instituciones sanitarias y contar con fiscales, jueces y peritos especializados; Mario Monteverde, Flavio Arosemena y Amparo Medina defendieron la vida desde la concepción y rechazaron el aborto incluso en casos de violación; José Cruz solicitó incorporar adecuadamente la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales para atender a las víctimas de la ex Base de Manta; una representante de las Organizaciones de Mujeres de El Oro defendió el carácter laico del Estado, la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, la atención diferenciada a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar y la continuidad inmediata de las medidas de protección; y Vicente Arias abordó las lesiones ocasionadas por mala práctica médica, la protección de las víctimas, la titularidad de la acción penal y la prescripción. Posteriormente, Cynthia Viteri, María Romo, Rosana Alvarado, Tito Mendoza, César Gracia, Fernando González, Guillermina Cruz, Soledad Vela, Andrés Roche, Paco Moncayo, Enrique Herrería, Marisol Peñafiel y Luis Morales analizaron la participación y reparación integral de las víctimas, las atribuciones de la Fiscalía, los métodos especiales de investigación, la cadena de custodia, la suspensión condicional y los procedimientos abreviados, simplificados y expeditos, la caducidad y sustitución de la prisión preventiva, la política sobre drogas, la responsabilidad de adolescentes, la proporcionalidad y acumulación de las penas, el riesgo del populismo penal, la necesidad de procedimientos especiales para la violencia contra la mujer y la familia, y la improcedencia de convertir la acción penal cuando el delito haya causado la muerte de la víctima; finalmente, el debate quedó pendiente y la sesión fue suspendida para continuar con las intervenciones restantes.

ACTA_177-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrollaron dos primeros debates. En el primero se analizó la reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, orientada a que la retención del cuarenta por ciento del aporte estatal a la pensión militar se aplicara únicamente cuando el pensionista volviera a trabajar en el sector público y no en el privado, a actualizar anualmente el valor de la canasta básica y a excluir del descuento las décimas tercera y cuarta pensiones; Roberto Freire y Fausto Cobo defendieron la reforma al considerar que facilitaría la reinserción laboral de los militares retirados, María Paula Romo pidió incorporar protección social para las esposas de militares que quedaban desamparadas después del divorcio, Betty Carrillo cuestionó que el beneficio se limitara al trabajo privado y sostuvo que los principios de solidaridad debían aplicarse de manera general, Hugo Quevedo respaldó la propuesta y Fernando Flores planteó emitir un saludo al pueblo venezolano por el natalicio de Simón Bolívar, tras lo cual el debate fue cerrado y el proyecto regresó a la Comisión correspondiente. Posteriormente se debatió la reforma al régimen especial de Galápagos, destinada a fortalecer la conservación y el desarrollo sustentable mediante una nueva organización y mayores competencias del Consejo de Gobierno, regulación de la migración y la residencia, auditorías a las residencias y permisos turísticos, sanciones ambientales y migratorias, control de embarcaciones y especies invasoras, regulación de la pesca artesanal, creación de una agencia de bioseguridad, establecimiento de un servicio de ambulancia aérea, redistribución de los ingresos turísticos y recuperación estatal de las concesiones para democratizar la actividad turística y favorecer a residentes y organizaciones de la economía popular y solidaria. Ángel Placencia solicitó reconocer la residencia permanente de las personas que habían establecido su proyecto de vida en las islas antes de septiembre de 2007; Marcela Aguiñaga expuso el crecimiento poblacional, la falta de servicios básicos, los problemas de migración, bioseguridad y concentración de permisos turísticos; Virgilio Hernández explicó el contenido consensuado de la reforma y los asuntos aún pendientes; y Ángel Vilema, Grace Almeida, Alfredo Ortiz, Gerónimo Yantalema, Betty Carrillo, Francisco Ulloa, Fernando González y María Paula Romo presentaron observaciones sobre la participación ciudadana y de los pueblos y nacionalidades, la representación científica, las competencias del Consejo de Gobierno, la democratización del turismo, la protección de los residentes, el control poblacional, la preservación ambiental, las urbanizaciones, las concesiones y los posibles incentivos contrarios a los objetivos de conservación; finalmente, la sesión fue clausurada ante la posibilidad de perder el quórum, quedando pendientes varias intervenciones y la continuación del tratamiento.

ACTA_163-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se posesionó a Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo como primera autoridad de la Defensoría Pública, luego de haber sido designado mediante concurso público de méritos y oposición. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate y se aprobó el proyecto destinado a regular los créditos para vivienda y vehículos, orientado a proteger a las familias y evitar que, ante la imposibilidad de pagar un préstamo, las instituciones financieras pudieran perseguir otros bienes del deudor, de su cónyuge, herederos, fiadores o garantes, una vez entregado, embargado o rematado el inmueble o vehículo que garantizaba la obligación. Se analizaron la extinción de la deuda con la entrega del bien, la prohibición de garantías y pagarés adicionales, el cese del cálculo de intereses desde el embargo, el traslado de créditos hacia instituciones que ofrecieran mejores condiciones, el levantamiento del patrimonio familiar para financiar la construcción de la vivienda y la prohibición de ejecutar en Ecuador sentencias extranjeras derivadas de créditos hipotecarios que contravinieran el ordenamiento nacional, especialmente para proteger a migrantes afectados por la crisis inmobiliaria en España. También se debatieron los límites económicos y el carácter no retroactivo de la normativa, la valoración y depreciación de viviendas y automotores, la inclusión o exclusión de motocicletas y tricimotos, la protección de los depositantes, los posibles efectos sobre las tasas, los plazos y el acceso futuro al crédito, la situación de la industria automotriz, la contaminación, la balanza de pagos, el riesgo de incentivar el incumplimiento de obligaciones y la constitucionalidad de la propuesta; finalmente, se incorporaron varias reformas y disposiciones derogatorias, el proyecto fue aprobado y la solicitud para reconsiderar esa decisión fue negada. Intervinieron Ernesto Sócrates Willimper Pazmiño Granizo, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Andrés Roche, Juan Carlos Cassinelli, Betty Amores, Paco Moncayo, Rolando Panchana, Luis Morales, Virgilio Hernández, Eduardo Encalada, Galo Vaca, Enrique Herrería, Gerónimo Yantalema, Mauro Andino, Fernando González, Alfredo Ortiz, Rafael Dávila, Juan Carlos López, Rosana Alvarado, Marco Murillo, Cristian Viteri, Fernando Flores, Dora Aguirre, María Paula Romo y Silvia Salgado.

ACTA_174-G-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó y cerró el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, centrado principalmente en la ejecución de las penas y la transformación del sistema de rehabilitación social, analizando la creación de jueces de garantías penitenciarias, la protección de los derechos de las víctimas y de las personas privadas de libertad, la separación y clasificación de los internos según su situación jurídica, edad, sexo, peligrosidad y tipo de infracción, los regímenes cerrado, semiabierto y abierto, las sanciones alternativas y el uso de dispositivos de localización. También se debatieron las condiciones precarias y el hacinamiento de las cárceles, la atención diferenciada para mujeres con hijos, personas adultas mayores, con discapacidad o enfermedades graves, la capacitación y situación laboral de los guías penitenciarios, y la implementación de programas obligatorios de educación, trabajo remunerado, salud, cultura, deporte, seguridad social, fortalecimiento familiar, ahorro y emprendimientos productivos que permitan la reinserción y reduzcan la reincidencia. Se examinó además la coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria, su carácter restaurativo, sus competencias territoriales y los límites derivados de la Constitución y los derechos humanos; la protección especializada de adolescentes en conflicto con la ley y de niños en situaciones de explotación o calle; las sanciones por usura, narcotráfico y delitos graves; los delitos cometidos mediante redes sociales; las causas económicas y sociales de la delincuencia; y la necesidad de que una reforma penal integral no se limite a endurecer las penas. En comisión general, Soledad Realpe solicitó que la Ley 103 no fuera eliminada, sino reformada y ampliada para proteger a las mujeres frente a la violencia y discriminación tanto familiar como social; al inicio también se guardaron minutos de silencio en memoria de Jaime Orlando Quiñónez Rodríguez, Wagner Castillo, Lenín Chiriboga Delgado y Doris Eneida Souza Moreira. Intervinieron Gabriel Rivera, Soledad Realpe, César Gracia, Marco Murillo, Soledad Vela, Vicente Taiano, Betty Carrillo, Paco Moncayo, Silvia Salgado, Gerónimo Yantalema, Ángel Vilema, Guillermina Cruz, Mercedes Diminich, Zobeida Gudiño y Mauro Andino; finalmente, se solicitaron nuevas observaciones para preparar el informe de segundo debate y se cerró la discusión después de haberse registrado ciento cuarenta y dos intervenciones acumuladas.

ACTA_172-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a los científicos Ignacio Amable Ramírez Aguirre y Donald Silberberg, en reconocimiento a sus aportes a la medicina, la neurología, la salud pública y la investigación; Guillermina Cruz destacó sus trayectorias, mientras Ignacio Ramírez agradeció el homenaje y expuso los avances alcanzados en la prevención del bocio y la deficiencia de yodo, la yodización de la sal, la salud dental y el desarrollo del sistema nacional de trasplantes. También fueron posesionados como miembros principales del Tribunal Contencioso Electoral Guillermo González Orquera, María Catalina Castro Llerena, Lenin Patricio Baca Mancheno, Patricia Adelina del Carmen Zambrano Villacrés y Miguel Ángel Pérez Astudillo, y como suplentes Angelina del Carmen Veloz Bonilla, Arturo Fabián Cabrera Peñaherrera, Sandra Elizabeth Maldonado Puente, Oscar Williams Altamirano y Mérida Elena Nájera Moreira. Posteriormente se trató la objeción parcial al proyecto relacionado con la administración de bienes incautados en procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y sustancias sujetas a fiscalización; Francisco Velasco explicó que las observaciones aclaraban la devolución de los bienes, sus rentas o productos, así como el tratamiento de bienes perecibles, y propuso aceptar la objeción, moción que fue aprobada. Finalmente, se debatió y aprobó la Convención para Reducir los Casos de Apatridia; Eduardo Zambrano, Soledad Vela, Edwin Vaca, Betty Carrillo, Fausto Cobo, Fernando Bustamante y Silvia Salgado resaltaron el derecho de toda persona a una nacionalidad, la protección de niños, migrantes y refugiados, los problemas de inscripción y pérdida de identidad existentes especialmente en las zonas fronterizas, la necesidad de eliminar vacíos legales y garantizar el acceso a derechos como educación, salud, trabajo e identidad, aprobándose el instrumento internacional con noventa y cuatro votos afirmativos.

ACTA_161-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negó incorporar al orden del día una propuesta para exigir un plan de contingencia especial que permitiera continuar sus estudios a los alumnos de universidades cerradas ubicadas en la Región Amazónica, considerando sus dificultades económicas, familiares, laborales y de movilidad territorial. El primer debate del proyecto orientado a rehabilitar a productores agropecuarios, artesanos y pescadores artesanales fue diferido por la ausencia de la ponente, aunque el informe recomendaba archivarlo porque la condonación de obligaciones con una institución financiera pública podría afectar el gasto estatal y correspondía a una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Posteriormente, se debatió el proyecto destinado a prevenir el discrimen, el acoso y la violencia política por razones de género, analizándose las agresiones, amenazas, hostigamientos, exclusiones y obstáculos que enfrentan las mujeres en partidos, organizaciones y cargos públicos, especialmente en gobiernos locales y comunidades indígenas; se discutió la necesidad de contar con una normativa específica, preventiva y reparadora que hiciera efectiva la igualdad real, frente a la posición de quienes consideraban que estos derechos y conductas ya estaban regulados en la Constitución, el Código de la Democracia, las garantías jurisdiccionales y la futura legislación penal, y que el proyecto contenía definiciones demasiado amplias y carecía de sanciones precisas. También se planteó ampliar la protección a otros grupos afectados por discriminación política, perfeccionar el texto y unificarlo con otras propuestas sobre igualdad. Finalmente, la moción para archivar el proyecto no obtuvo los votos necesarios y fue nuevamente negada luego de la rectificación, por lo que la propuesta continuó su trámite legislativo. Intervinieron Jorge Escala, Mauro Andino, Rosa Ponce, Lourdes Tibán, Margarita Carranco, Gina Godoy, Luis Almeida, Mariángel Muñoz y Gerónimo Yantalema.

ACTA_169-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el tratamiento del indulto solicitado a favor de Víctor Manuel Díaz Almeida, ciudadano de ochenta y cuatro años condenado a dos años de prisión por falsedad ideológica relacionada con un contrato de arrendamiento celebrado entre padre e hijo. Se analizaron su avanzada edad, los problemas de salud que padecía, las dificultades que el arresto domiciliario le ocasionaba para acceder a atención médica, el tiempo ya cumplido de la condena, la ausencia de peligrosidad social y las vulneraciones de derechos previamente reconocidas por la Corte Constitucional, que había dispuesto medidas sustitutivas y reparación integral. También se reflexionó sobre el uso proporcional del poder punitivo del Estado, las limitaciones del sistema de rehabilitación social para atender a personas adultas mayores y la necesidad de que, en futuros casos de indulto sustentados en condiciones médicas, exista coordinación entre las comisiones de Justicia y de Salud. Finalmente, el indulto fue concedido por unanimidad con ciento seis votos favorables. Intervinieron Rosana Alvarado y Leonardo Viteri.

ACTA_192-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Línder Altafuya solicitó modificar el orden del día para debatir una resolución que condenara las expresiones y representaciones consideradas racistas atribuidas a la autoridad municipal de La Concordia, denunciando tanto declaraciones contra la población afrodescendiente como la instalación de un monumento en el que tres mujeres negras sostenían sobre sus cabezas a una mujer blanca; la propuesta obtuvo inicialmente sesenta y un votos afirmativos y, en la rectificación, cincuenta y ocho, sin alcanzar la mayoría necesaria, por lo que fue negada. Posteriormente se desarrolló el segundo debate de la reforma a la Ley de Inquilinato, cuyo propósito era equilibrar los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos, exigir el registro de los inmuebles y contratos ante las oficinas municipales de arrendamiento, regular la fijación de los cánones, disponer que las garantías económicas fueran depositadas en cuentas administradas por los municipios, establecer inspecciones para determinar posibles daños, simplificar la devolución de las cauciones, sustituir los procesos verbales sumarios por procedimientos más ágiles y orales, facilitar el desahucio y actualizar la terminología judicial. Durante el debate se planteó conceder plazos diferenciados para que los municipios crearan las oficinas y trasladaran los registros existentes; devolver las garantías con los intereses generados; precisar las condiciones mínimas de habitabilidad, los avalúos y la distinción entre zonas urbanas y rurales; conservar la figura del subarrendamiento; mantener una sanción por la falta de registro para evitar la nulidad de los contratos; aceptar facturas o declaraciones juramentadas como prueba de los acuerdos verbales; prohibir la discriminación contra familias con hijos y el corte de servicios básicos como mecanismo de presión; ampliar los plazos para desalojar inmuebles vendidos; regular los arrendamientos temporales; y establecer que los recursos depositados fueran utilizados únicamente para cubrir daños comprobados. También se discutió si la garantía debía equivaler a uno o dos meses, permanecer en poder del propietario, depositarse ante el municipio o ser administrada judicialmente; se advirtió que la regulación debía proteger a los arrendatarios de bajos recursos, mujeres jefas de hogar, estudiantes y familias jóvenes, pero también a propietarios —incluidas personas adultas mayores— frente al impago de pensiones, daños y deudas de servicios; además, se propuso que las oficinas municipales actuaran como instancias de mediación antes de recurrir a los jueces y que el procedimiento sumarísimo se aplicara a todas las controversias de inquilinato. Mauro Andino solicitó aplazar la votación para incorporar las numerosas observaciones, por lo que el proyecto quedó pendiente. Finalmente se trató el segundo debate de la Ley de Protección a la Intimidad y a los Datos Personales; la Comisión recomendó archivarla porque consideró que regulaba materias ya contempladas en la Constitución y en las normas sobre garantías jurisdiccionales, transparencia, registros públicos, comercio electrónico y responsabilidad civil y penal, además de crear innecesariamente una nueva entidad burocrática, repetir la acción de hábeas data e incluir disposiciones penales contrarias al principio de unidad de materia. La moción de archivo fue aprobada por unanimidad con setenta y seis votos afirmativos; la reconsideración solicitada por Kléver García fue negada con setenta y cinco votos negativos y su rectificación volvió a ser rechazada con setenta y siete votos negativos, tras lo cual la sesión fue suspendida debido a que permanecía pendiente la votación de la reforma a la Ley de Inquilinato. Intervinieron Línder Altafuya, Mauro Andino, Paco Moncayo, Christian Viteri, Francisco Ulloa, Betty Amores, Marisol Peñafiel, Francisco Cevallos, Alfredo Ortiz, Luis Morales, Virgilio Hernández y Kléver García.

ACTA_199-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Francisco Cisneros propuso exigir que la comisión encargada de analizar el informe presidencial sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo se reuniera y presentara sus conclusiones, mientras Gilmar Gutiérrez pidió conformar una comisión multipartidista para vigilar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta las elecciones de febrero de 2013; las propuestas fueron rechazadas, incluso después de rectificarse la primera votación. Posteriormente se posesionó constitucional y legalmente a las juezas y jueces principales y suplentes que conformarían la primera Corte Constitucional, luego de conocer los resultados del proceso de selección y de que prestaran el juramento correspondiente. El tema central fue el segundo debate de la reforma destinada a incorporar al cantón La Concordia a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cumplimiento de la consulta popular en la que el 64,92 % de los votantes respaldó esa pertenencia; el proyecto también regulaba la transferencia de recursos, instituciones, servidores públicos y servicios, sin reducir las asignaciones de Esmeraldas. En comisión general, Lucía Sosa y Rosaura Bastidas defendieron la pertenencia histórica y jurídica de La Concordia a Esmeraldas y denunciaron abandono, discriminación y posibles irregularidades administrativas; Geovanny Benítez y Walter Ocampo sostuvieron que debía respetarse la decisión mayoritaria de los concordenses y afirmaron que el cambio permitiría superar décadas de indefinición y falta de servicios. Durante el debate legislativo, unos defendieron el carácter obligatorio y vinculante de la consulta y pidieron aprobar inmediatamente la reforma; otros cuestionaron la constitucionalidad del proceso, la ausencia de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, presuntos cambios irregulares de domicilio electoral y el riesgo de profundizar el enfrentamiento entre provincias hermanas. Ante las dudas jurídicas y las mociones para postergar la votación o consultar sus consecuencias, el tratamiento fue suspendido y se dispuso solicitar un informe jurídico, por lo que la ley no fue votada. Finalmente se aprobó por unanimidad, con ochenta y tres votos afirmativos, una resolución que declaró al general Julio Andrade Prócer e Insigne Luchador, reconoció su aporte al alfarismo y a la vida republicana, solicitó incluir el estudio de su vida en la educación y saludó a la parroquia que lleva su nombre por su aniversario; la denominación inicial de Héroe Nacional fue modificada debido a las observaciones sobre el procedimiento establecido en la ley vigente. Intervinieron Francisco Cisneros, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Lucía Sosa, Rosaura Bastidas, Geovanny Benítez, Walter Ocampo, Virgilio Hernández, Línder Altafuya, Carlos Samaniego, Luis Morales, César Gracia, María Augusta Calle, Mary Verduga, Lenín Chica, Gabriel Rivera, Fernando Vélez, Tito Nilton Mendoza, Fausto Cobo y Carlos Velasco; Fernando Flores participó solicitando la rectificación de una votación.

ACTA_207-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se rindió homenaje a San Francisco de Quito por su aniversario de fundación, mediante la presentación de un video histórico, la intervención de Karina Panamá Quishpe —quien destacó la identidad, cultura, memoria y espíritu libertario de la ciudad— y la lectura de un acuerdo de saludo y reconocimiento a sus autoridades y habitantes. Posteriormente se aceptó la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que reemplazó la referencia directa al MIES por la del ministerio rector y precisó que en las zonas fronterizas y amazónicas se priorizaría el Bono de Desarrollo Humano para adultos mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza o vulnerabilidad; aunque se cuestionaron expresiones consideradas ambiguas, la falta de una garantía expresa para esos territorios, el uso electoral del bono y el cobro de servicios bancarios a las remesas, el allanamiento fue aprobado inicialmente con ochenta y un votos afirmativos y ratificado en la rectificación con ochenta y un votos afirmativos, tres negativos y veinte abstenciones. También se aprobó el Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Guatemala, dirigido a conceder preferencias arancelarias, eliminar obstáculos al comercio, ampliar las exportaciones, favorecer a las pequeñas y medianas unidades productivas y fortalecer la integración latinoamericana; debido al dictamen condicionado de la Corte Constitucional, se incorporó una declaración interpretativa para asegurar su aplicación conforme a la soberanía alimentaria y a la protección de la producción nacional. El acuerdo obtuvo noventa votos afirmativos y un blanco, mientras su reconsideración y la rectificación posterior fueron negadas. Finalmente se debatió el proyecto de rehabilitación de productores agropecuarios, artesanos y pescadores artesanales, que proponía reestructurar créditos y reducir o condonar intereses de deudas mantenidas con el Banco Nacional de Fomento; la Comisión recomendó archivarlo por considerar que implicaba recursos públicos reservados a la iniciativa del Ejecutivo, podía afectar la liquidez de la banca pública y contenía contradicciones técnicas, mientras sus defensores afirmaron que no se perdonaba el capital, sino que se buscaba recuperar una cartera castigada y permitir que pequeños productores afectados por fenómenos climáticos y exclusión crediticia volvieran a producir y acceder a financiamiento. La moción de archivo fue negada con treinta y un votos afirmativos, treinta y siete negativos y cinco abstenciones, resultado ratificado en la rectificación, por lo que el proyecto continuó su trámite y la sesión fue clausurada. Intervinieron Karina Panamá Quishpe, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Luis Almeida, Nívea Vélez, Edwin Vaca, Fernando Flores, Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Fausto Cobo, Irina Cabezas, Silvia Salgado, Kléver García, Alfredo Ortiz, María Augusta Calle y Rider Proaño.

ACTA_191-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto reformatorio de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y se intentó elegir a las autoridades de la comisión encargada de analizar el informe anual del Presidente de la República. En el debate legislativo existió un respaldo general a la incorporación de los gobiernos parroquiales rurales como accionistas y miembros del Directorio y de la Comisión Ejecutiva del Banco del Estado, al considerarse que constituían el nivel de gobierno más cercano a las comunidades y necesitaban participar directamente en las decisiones relacionadas con el financiamiento de obras, servicios básicos, vialidad, agua potable, alcantarillado, producción y desarrollo rural; sin embargo, se advirtió que la sola representación no garantizaba el acceso efectivo a los recursos, por lo que se propuso reservar porcentajes de crédito para las parroquias, brindarles asistencia técnica para preparar estudios y proyectos, distribuir equitativamente los recursos petroleros, priorizar las zonas fronterizas y amazónicas, evitar que una misma persona representara a varios niveles de gobierno y asegurar que todos los integrantes del Directorio contaran con alternos. También se planteó incluir en el Directorio a los gobiernos regionales, distritos metropolitanos y regímenes especiales, equilibrar la representación de los gobiernos autónomos frente al Gobierno central, mantener o justificar adecuadamente la exclusión del representante de los trabajadores, corregir la denominación del Ministerio de Finanzas y establecer que los préstamos se destinaran prioritariamente a infraestructura y servicios esenciales, evitando inversiones que no respondieran a las necesidades urgentes de la población; concluido el primer debate, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones presentadas. Posteriormente, Mary Verduga propuso a Hólger Chávez como presidente y a Xavier Tomalá como vicepresidente de la comisión que debía examinar el informe presidencial, pero la moción fue negada con cincuenta votos afirmativos, treinta y ocho negativos y seis abstenciones; Marco Murillo presentó otra fórmula integrada por Magaly Orellana y Francisco Cisneros, que tampoco fue aprobada, al obtener cuarenta y ocho votos afirmativos, cuarenta y siete negativos, un blanco y tres abstenciones. Richard Guillén propuso después a Mary Verduga y Francisco Cisneros, pero Verduga no aceptó la candidatura; Eduardo Encalada planteó finalmente a Hólger Chávez y Francisco Cisneros, fórmula que tampoco llegó a votarse porque Chávez rechazó participar junto al representante de Sociedad Patriótica y desistió de presidir la comisión, por lo que las autoridades no fueron elegidas y la sesión fue clausurada, quedando los integrantes obligados a preparar el informe correspondiente. Intervinieron Marisol Peñafiel, Jimmy Pinoargote, Luis Morales, Edwin Vaca, Xavier Tomalá, Paco Moncayo, José Picoita, Guillermina Cruz, Eduardo Encalada, Gioconda Saltos, Carlos Samaniego, Hólger Chávez, Mary Verduga, Marco Murillo y Richard Guillén.

ACTA_198-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Gilmar Gutiérrez retiró su solicitud para conformar una comisión multipartidista que vigilara las actuaciones del Consejo Nacional Electoral hasta la proclamación de los resultados de las siguientes elecciones, debido a la ausencia de varios legisladores. Posteriormente se trató la selección de la terna que la Asamblea debía remitir para la designación de su representante ante el Consejo de la Judicatura. Ángel Vilema propuso a Ana Karina Peralta Velásquez, Carlos Teodoro Delgado Alonso y Zaida Patricia Romero Flores, destacando su formación y experiencia jurídica; María Paula Romo cuestionó que la integración del organismo dependiera nuevamente de delegados de las funciones políticas, advirtió sobre una posible designación previamente acordada y pidió que se entregaran las hojas de vida antes de votar. La terna fue aprobada con cincuenta y seis votos afirmativos, treinta y cinco negativos y cinco abstenciones. Finalmente se desarrolló el primer debate de la reforma al Código de la Policía Marítima. La Comisión recomendó archivarla porque, aunque reconoció la urgente necesidad de actualizar la normativa vigente desde 1960, consideró que el proyecto era incompleto, mantenía disposiciones contrarias a los derechos constitucionales y no incorporaba los cambios derivados de la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que propuso elaborar un Código de Legislación Marítima integral. Vethowen Chica respaldó el archivo por considerar necesaria una reforma estructural; en cambio, Paco Moncayo y Alfredo Ortiz sostuvieron que la Asamblea debía corregir y ampliar el proyecto, no desecharlo, debido a que la normativa todavía permitía detener personas por supuesta vagancia, imponer prisión y cauciones desde las capitanías, aplicar multas establecidas en sucres y mantener conflictos de competencias con los municipios. Línder Altafuya coincidió en la necesidad de actualizar el Código, pero centró su intervención en rechazar la adhesión a la Convención por considerar que afectaba la soberanía marítima y perjudicaba a los pescadores. La moción de archivo obtuvo cincuenta y dos votos afirmativos, veintiún negativos y veintitrés abstenciones, por lo que no fue aprobada y el proyecto regresó a la Comisión para continuar su trámite. Intervinieron Gilmar Gutiérrez, Ángel Vilema, María Paula Romo, Vethowen Chica, Paco Moncayo, Alfredo Ortiz y Línder Altafuya.

ACTA_189-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se reinstaló el segundo debate del proyecto de Ley de Estadística únicamente para conocer el texto definitivo y someterlo a votación. Virgilio Hernández explicó que la Comisión incorporó las observaciones formuladas durante el debate, entre ellas la obligación de recopilar información relevante sobre los ecuatorianos residentes en el exterior, la integración del sistema estadístico y geográfico como subsistema del Sistema Nacional de Información, la inclusión de los principios de objetividad e independencia, la precisión de que el Sistema Estadístico Nacional estaría compuesto por instituciones públicas y no regularía a las empresas encuestadoras privadas, el fortalecimiento de las funciones y estructura del INEC, la organización de los comités técnicos, el reconocimiento del Consejo de Gobierno de Galápagos como generador de estadísticas y una regulación más clara del secreto estadístico. La ley aprobada modernizó la normativa vigente desde 1976 y estableció que la producción de información pública debía ser pertinente, veraz, oportuna, coordinada, participativa, accesible, inclusiva, intercultural y técnicamente comparable; organizó el Sistema Estadístico Nacional alrededor del Consejo Nacional de Estadística, el INEC, el Banco Central y las demás instituciones públicas competentes; reguló el Plan Nacional de Estadísticas, los censos, encuestas y registros administrativos; dispuso la certificación de las estadísticas oficiales, el acceso libre y gratuito a la información, su difusión en lenguas de relación intercultural y en formatos apropiados para personas con discapacidad, la protección de los datos individuales mediante la confidencialidad y el secreto estadístico, la obligación de suministrar información veraz y las sanciones por incumplimiento o utilización indebida de datos. El proyecto fue aprobado inicialmente con setenta y un votos afirmativos y veintiuna abstenciones; después de la rectificación solicitada por Fernando Aguirre y Juan Fernández, quedó ratificado con setenta y tres votos afirmativos, uno negativo y dieciocho abstenciones, tras lo cual la sesión fue clausurada. Intervino Virgilio Hernández, mientras Fernando Aguirre y Juan Fernández participaron mediante la solicitud de rectificación de la votación.

ACTA_209-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el primer debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Antes de abordar el proyecto, se expresó solidaridad con las poblaciones afectadas por la erupción del volcán Tungurahua y se exhortó a las instituciones estatales a coordinar la atención de la emergencia. En el debate se propuso ampliar las competencias de los municipios para atender la vialidad rural, garantizar que las competencias transferidas a los gobiernos autónomos estén acompañadas de recursos, agilizar la legalización de asentamientos sin beneficiar a traficantes de tierras y respetar la exención tributaria de los territorios indígenas y comunitarios. También se respaldó la eliminación del ganado y otros semovientes del cálculo del impuesto predial rural, pero se solicitaron precisiones sobre la maquinaria agrícola, los trámites de escrituración, las diferencias de superficie de los predios, las áreas verdes y la protección de terrenos destinados a la producción y la soberanía alimentaria. Se planteó fortalecer la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos locales, controlar el incremento de tasas e impuestos, asegurar la participación ciudadana en la planificación y elaboración de presupuestos, mejorar el procedimiento de remoción y reemplazo de autoridades, establecer reglas especiales para la creación de cantones y parroquias en la Amazonía, zonas fronterizas y Galápagos, y evitar que se creen circunscripciones sin cumplir los requisitos legales. Finalmente, se cerró el primer debate sin votación, las observaciones quedaron para conocimiento de la Comisión y la sesión fue clausurada. Intervinieron Marco Murillo, Luis Morales, Rolando Panchana, Cecilia Jaramillo, Cléver Jiménez, Alfredo Ortiz, Guido Vargas y Stalin Subía.

ACTA_205-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron dos solicitudes para modificar el orden del día: Nívea Vélez propuso detener el cobro y embargo de supuestas deudas atribuidas a exservidores públicos de Loja, mientras Edwin Vaca pidió priorizar proyectos relacionados con la hora pedagógica, la jubilación docente y otras reformas educativas; las propuestas obtuvieron cuarenta y cinco y cincuenta votos afirmativos, respectivamente. Posteriormente se condecoró al pintor Jorge Perugachy por su trayectoria artística, educativa y su aporte a la cultura andina y ecuatoriana. También se debatió y aprobó una resolución sobre la Franja de Gaza, mediante la cual se condenó el uso de la fuerza y los ataques contra civiles, se respaldó el alto al fuego, se exigió la apertura de los pasos fronterizos y se defendió una solución basada en la existencia de los Estados de Israel y Palestina; tras varias observaciones para equilibrar y corregir el texto, fue aprobada con sesenta y tres votos afirmativos, dieciséis negativos y seis abstenciones. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con ochenta y cinco votos, el Convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades y trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, destinado a evitar la discriminación laboral y facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar; la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del convenio de servicios aéreos entre Ecuador y Singapur. Intervinieron Nívea Vélez, Edwin Vaca, Celso Maldonado, Jorge Perugachy, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Fernando Bustamante, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Luis Almeida, Gabriel Rivera, César Rodríguez, María Paula Romo, César Montúfar, Betty Carrillo, Luis Morales y Silvia Salgado.

ACTA_204-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se continuó el primer debate del proyecto para crear una unidad gratuita de defensa pública destinada a las víctimas de la delincuencia. Sus defensores sostuvieron que las personas de escasos recursos quedaban desprotegidas frente a los procesos penales y necesitaban asesoría jurídica inmediata, por lo que propusieron que el proyecto regresara a la Comisión para definir si la atención debía prestarse mediante la Fiscalía o la Defensoría Pública; quienes respaldaron el archivo señalaron que la iniciativa confundía las competencias constitucionales de ambas instituciones, creaba una estructura paralela y que la protección, reparación y asistencia a víctimas y testigos ya estaban contempladas en la normativa vigente y en el proyecto del Código Integral Penal. También se realizaron varias intervenciones de despedida por tratarse de la última jornada del período legislativo. La moción de archivo fue negada inicialmente con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos, un blanco y dieciséis abstenciones, y la rectificación solicitada por Nívea Vélez volvió a negarla con cuarenta y ocho votos afirmativos, veinticuatro negativos y diecisiete abstenciones, por lo que el proyecto no fue archivado y la sesión fue clausurada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Jimmy Pinoargote, Luis Almeida, Betty Carrillo, Luis Morales, Silvia Salgado, Xavier Tomalá, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Marisol Peñafiel, Vicente Taiano, César Rodríguez, Andrés Páez y Nívea Vélez.

ACTA_217-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó y concluyó el segundo debate de la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, centrado en fortalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes y corregir problemas relacionados con las pensiones alimenticias, el régimen de visitas, la filiación y la responsabilidad familiar. Se propuso que las visitas fueran determinadas según las condiciones particulares de cada familia, mediante evaluaciones sociales y psicológicas, escuchando la opinión de los menores y estableciendo visitas supervisadas cuando existieran antecedentes de violencia; además, se pidió mejorar la coordinación para cobrar alimentos a progenitores residentes en el exterior. El debate también abordó la protección de los abuelos y otros obligados subsidiarios, existiendo posiciones divididas entre quienes solicitaron eliminar su apremio personal —especialmente para mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas o escasos recursos— y quienes advirtieron que una eliminación general podía debilitar la protección alimentaria, por lo que propusieron estudios socioeconómicos individuales. Asimismo, se discutió la posibilidad de mantener las pensiones para estudiantes hasta los veinticuatro años, la aplicación de las tablas según la realidad económica familiar, la devolución de valores pagados por personas cuya paternidad fuera descartada mediante ADN, la realización de pruebas prenatales, las inhabilidades impuestas a los deudores y la necesidad de armonizar las reformas con el Código Civil y las competencias de los jueces de Familia. Concluidas las intervenciones, no se realizó votación y el proyecto regresó a la Comisión para que se reelaborara un texto consensuado. Posteriormente se aprobó, con setenta y cinco votos afirmativos y ocho abstenciones, una resolución para que la Unidad de Técnica Legislativa elaborara la codificación de la Ley de Hidrocarburos y la remitiera a la Comisión de Régimen Económico y Tributario; la sesión fue suspendida debido a que la reforma sobre niñez y adolescencia permanecía pendiente. Intervinieron Soledad Vela, Fernando Vélez, Gabriel Rivera, Galo Vaca, Fernando Bustamante, Luis Almeida, Dora Aguirre, Paco Moncayo, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Rosana Alvarado, Paola Pabón, Enriqueta Pulla, Damasio Santos, Francisco Velasco, Blanca Ortiz, Marllely Vásconez, Mercedes Diminich y Armando Aguilar.

ACTA_211-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló y cerró el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Turismo, orientado a declarar esta actividad como política prioritaria del Estado, crear el Sistema Nacional de Turismo, coordinar a las instituciones públicas y privadas, promover nuevas modalidades turísticas, generar empleo, proteger la naturaleza y establecer derechos, obligaciones, incentivos y sanciones para turistas y prestadores de servicios. Aunque existió respaldo general al proyecto, se propuso mantener y revisar los incentivos económicos, definir con mayor claridad la integración del sistema y las infracciones, descentralizar la protección al turista, fortalecer la participación de los gobiernos autónomos, simplificar los permisos mediante un registro único, promover créditos e inversión, mejorar la seguridad y difusión turística —especialmente en zonas fronterizas— y garantizar accesibilidad universal para las personas con discapacidad. También se pidió reconocer al turismo comunitario como parte de la economía popular y solidaria, incluir a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios en la toma de decisiones, proteger sus saberes y patrimonio, regular adecuadamente a los guías y compensar a los territorios turísticos afectados por proyectos que causen daños ambientales. Concluido el debate sin votación, el proyecto regresó a la Comisión para incorporar las observaciones. Posteriormente se leyó el informe del proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, destinado a regular la consulta previa antes de aprobar medidas legislativas o administrativas que afecten derechos colectivos, estableciendo principios, fases, órganos responsables y veedurías, con fundamento en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales; la Comisión recomendó que, luego del primer debate y antes del segundo, el texto fuera sometido a consulta prelegislativa. Este debate no llegó a iniciarse porque se esperaba recibir en comisión general a las organizaciones interesadas, por lo que la sesión fue suspendida y quedó pendiente su continuación. Intervinieron Fernando Vélez, Paco Moncayo, Gerónimo Yantalema, María Cristina Kronfle, Francisco Ulloa, Marco Murillo, Jimmy Pinoargote, Blanca Ortiz, Edwin Vaca, César Rodríguez y Luis Morales.

ACTA_213-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se informó sobre la remodelación del salón plenario para ampliar su capacidad, mejorar la tecnología, facilitar la evacuación y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad ante el incremento del número de asambleístas. Posteriormente continuó el primer debate de las reformas al Código del Trabajo y del proyecto de Ley Orgánica de Igualdad Laboral, cuyo tratamiento se había dificultado porque el informe de la Comisión contenía varias resoluciones sobre iniciativas diferentes. Ramiro Terán sostuvo que las propuestas no debían archivarse, sino regresar a la Comisión para ser corregidas y mejoradas, mientras Scheznarda Fernández explicó que los informes recomendaban su archivo por contener disposiciones repetitivas o improcedentes y porque se preparaba un nuevo Código del Trabajo; sin embargo, propuso devolver el informe y las observaciones a la Comisión para cumplir la resolución del Consejo de Administración Legislativa y continuar el trámite. La moción fue aprobada con setenta y siete votos afirmativos y una abstención, por lo que los proyectos regresaron a la Comisión y la sesión fue clausurada. Intervinieron Ramiro Terán y Scheznarda Fernández.

ACTA_221-2011-2013_PLENO.pdf Se debatieron en primer debate el proyecto de Ley General de Cambio Climático, centrado en la gestión de riesgos, la mitigación y adaptación ambiental, cuyo texto regresó a comisión tras no aprobarse la moción planteada; y el proyecto de Código de Ética de la Función Legislativa, relativo a la conducta y sanciones de los asambleístas, que fue archivado y cuya reconsideración fue rechazada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, María Molina, Paco Moncayo, Luis Almeida, María Paula Romo, Betty Amores, Fausto Cobo, César Rodríguez, Mauro Andino, Cynthia Viteri, Xavier Tomalá, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Nívea Vélez, Marisol Peñafiel, Gabriel Rivera y Eduardo Encalada.

ACTA_SOLEMNE-10 DE AGOSTO-2011-2013_PLENO.pdf Se presentó el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y las metas gubernamentales para el siguiente año, destacando avances y desafíos en reducción de la pobreza y desigualdad, inversión social, salud, educación, vivienda, inclusión de personas con discapacidad, seguridad, talento humano, patrimonio, política exterior, sectores estratégicos, participación política, producción, empleo y economía. Intervinieron Rafael Correa, Richard Espinosa, Homero Arellano, Augusto Espinosa, María Fernanda Espinosa, Ricardo Patiño, Lenín Moreno, Jorge Glas, Betty Tola, Santiago León y Jeannette Sánchez; al tratarse de una sesión solemne de rendición de cuentas, no hubo debate ni votación.

ACTA_229-2011-2013_PLENO.pdf Se rechazaron las propuestas de pronunciarse sobre los actos de violencia en la Asamblea de Venezuela y de retomar la reforma a la Ley de la Función Legislativa; posteriormente, se debatieron las reformas al régimen de los gobiernos autónomos, relacionadas con la creación de circunscripciones, regularización de asentamientos, distribución de competencias, remoción de autoridades, tributación rural y administración territorial, pero la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Fernando Flores, César Montúfar, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Xavier Tomalá, Lourdes Tibán, Alfredo Ortiz, Kléver García, Línder Altafuya, Paco Fierro, Lenín Chica, Rolando Panchana y Gerónimo Yantalema.

ACTA_230-2011-2013_PLENO.pdf Se rechazaron las propuestas de pronunciarse sobre los actos de violencia en la Asamblea de Venezuela y de retomar la reforma a la Ley de la Función Legislativa; posteriormente, se debatieron las reformas al régimen de los gobiernos autónomos, relacionadas con la creación de circunscripciones, regularización de asentamientos, distribución de competencias, remoción de autoridades, tributación rural y administración territorial, pero la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Fernando Flores, César Montúfar, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Xavier Tomalá, Lourdes Tibán, Alfredo Ortiz, Kléver García, Línder Altafuya, Paco Fierro, Lenín Chica, Rolando Panchana y Gerónimo Yantalema.

ACTA_231-2011-2013_PLENO.pdf Se presentó la rendición de cuentas del período legislativo 2009-2013, destacando los resultados en legislación, fiscalización, participación ciudadana, modernización tecnológica y fortalecimiento institucional, y se entregaron reconocimientos a los asambleístas por la culminación de sus funciones. Previamente, no fue aprobada, ni tras rectificarse la votación, la propuesta de tratar una resolución de apoyo e investigación por el incendio que afectó a comerciantes de Guaranda. Intervino Kléver García.

ACTA_118-A-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se verificó la presencia de ciento diecinueve asambleístas y se trató la reconsideración solicitada por Abdalá Bucaram respecto de la votación mediante la cual Fernando Cordero Cueva fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. La propuesta fue sometida directamente a votación, sin debate, y resultó negada con cincuenta y ocho votos afirmativos, sesenta negativos y una abstención; posteriormente, se dispuso la rectificación de la votación, que también fue rechazada con cincuenta y ocho votos afirmativos, sesenta negativos y un voto en blanco, por lo que se mantuvo la elección de Fernando Cordero. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, quien dirigió el procedimiento y clausuró la sesión; Andrés Segovia Salcedo, quien constató el quórum, condujo las votaciones y proclamó sus resultados; y Abdalá Bucaram, en calidad de proponente de la reconsideración

ACTA_138-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron la incorporación de una propuesta para atender las enfermedades tropicales que afectaban a las comunidades indígenas amazónicas y se negaron los pedidos para votar inmediatamente la reforma de la normativa de la Función Legislativa y para expresar solidaridad con las juezas María Leonor Jiménez y Vanesa Cevallos ante sus destituciones; posteriormente, se posesionó a las consejeras y consejeros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. El tema central fue el primer debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron la realización simultánea de las elecciones presidenciales y legislativas; la posibilidad de que votaran quienes se encontraran dentro de los recintos electorales al momento del cierre; la paridad entre hombres y mujeres en los organismos electorales; la incorporación y definición del acoso y la violencia política; el fortalecimiento de los partidos y movimientos; la sustitución del método de adjudicación de escaños vigente por el método D’Hondt; la creación de un registro pasivo de electores; la organización y funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral; el juzgamiento de infracciones; la publicidad estatal durante las campañas; el control del gasto electoral; la regulación de encuestas y sondeos; la seguridad de las papeletas; y la igualdad de condiciones entre las organizaciones políticas. Mientras algunos legisladores defendieron las reformas como mecanismos para simplificar los procesos, reducir la fragmentación política, fortalecer la gobernabilidad y garantizar la participación de las mujeres, otros advirtieron que el método D’Hondt favorecería a las organizaciones mayoritarias, limitaría la representación de las minorías y podría facilitar la concentración del poder, además de cuestionar la independencia de las autoridades electorales y el uso de recursos públicos con fines políticos; el debate concluyó sin votación y se concedió un plazo para presentar observaciones. También se aprobó por unanimidad el reconocimiento de Jumandy como héroe nacional y símbolo de la resistencia anticolonial, resaltando su liderazgo en la rebelión del pueblo Quijos, la defensa de los territorios, la identidad, los recursos naturales y la libertad de los pueblos amazónicos, así como la necesidad de recuperar la memoria histórica, fortalecer el patrimonio cultural y reconocer las luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Asimismo, se aprobó por unanimidad exhortar al Ministerio de Salud a implementar un programa especial contra las enfermedades tropicales en las comunidades amazónicas y ejecutar acciones inmediatas de prevención, vacunación, control, mapeo de zonas de riesgo, entrega de toldos y capacitación frente a los casos de rabia registrados en Morona Santiago. Finalmente, se inició el análisis de la objeción presidencial a la reforma sobre la gestión de la cuenca del río Paute y la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en Esmeraldas, Atacames y Río Verde; se debatieron la autonomía del organismo de gestión hídrica, la conformación de una mancomunidad, la creación de una empresa pública, la transferencia de competencias, el plazo para que los municipios asumieran los servicios y la obligación de constituir un fideicomiso para pagar los créditos de la empresa San Mateo, pero, ante la falta de legisladores suficientes para ratificar el texto aprobado previamente, el tratamiento quedó suspendido. Intervinieron Diana Atamaint, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Rosa Cerda, Pedro de la Cruz, Zobeida Gudiño, Lourdes Tibán, Gilmar Gutiérrez, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema, Marcos Tanguila, Erika Sylva Charvet, una representante del grupo cultural Jumandy Jatari, José Luis Acacho, Inés Siguango, Mauro Andino, César Montúfar, Paco Moncayo, Marisol Peñafiel, César Gracia, Nívea Vélez, Richard Guillén, Fernando Cordero, Rafael Dávila, Silvia Salgado, Luis Almeida, Francisco Ulloa, Rolando Panchana, Paco Fierro, Luis Morales y Línder Altafuya.

ACTA_124-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión del Pleno se trataron tres solicitudes de modificación del orden del día: la propuesta de Ramiro Terán sobre los derechos laborales y la jornada de los docentes no fue aprobada, mientras que se incorporaron las resoluciones planteadas por Paco Fierro para atender el déficit económico de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer —SOLCA— y por Mao Moreno sobre la regulación de la jornada pedagógica del magisterio. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, orientado a regular las prácticas preprofesionales de los estudiantes de los dos últimos años y egresados de Derecho o Ciencias Jurídicas, estableciendo un año lectivo de servicio legal a la ciudadanía en instituciones públicas, gobiernos autónomos descentralizados, consultorios jurídicos y comunidades indígenas; durante el debate se formularon observaciones sobre la coordinación con el Consejo de Educación Superior, el plazo para expedir el reglamento, la compensación económica, la inexistencia de relación laboral, las entidades en las que podrían realizarse las prácticas y la aplicación de la norma sin efecto retroactivo. El proyecto fue aprobado inicialmente con noventa y siete votos afirmativos, uno negativo y tres blancos, y en la rectificación obtuvo noventa y seis votos afirmativos, cero negativos y tres blancos. Respecto de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal, el Pleno se allanó totalmente al veto, que establecía la aprobación del setenta y cinco por ciento de los copropietarios para realizar modificaciones estructurales o aumentos de edificación y del sesenta por ciento para modificar fachadas sin afectar la estructura; la moción obtuvo ochenta y tres votos afirmativos, nueve negativos, siete blancos y cuatro abstenciones, y los posteriores pedidos de reconsideración y rectificación fueron negados. Asimismo, se aprobó la resolución que exhortó al Presidente de la República y a los ministros de Finanzas y Salud Pública a acelerar el pago de las facturas adeudadas a SOLCA, a fin de evitar la suspensión de sus servicios de atención oncológica, alcanzando en la rectificación setenta votos afirmativos, uno negativo, tres blancos y veintidós abstenciones. Finalmente, se aprobó con ochenta y nueve votos afirmativos y dos blancos la resolución que exhortó al Ministerio de Educación a reglamentar las seis horas pedagógicas diarias, determinando períodos de clase de cuarenta a cuarenta y cinco minutos, horarios flexibles para las actividades complementarias y un tratamiento especial para los establecimientos nocturnos y la educación a distancia; su reconsideración fue negada por unanimidad de los ochenta y nueve asambleístas presentes. Intervinieron Ramiro Terán, Paco Fierro, Mao Moreno, Mauro Andino, Silvia Salgado, María Molina, Xavier Tomalá, Vicente Taiano, María Soledad Vela, Alfredo Ortiz, Juan Carlos Cassinelli, Gerónimo Yantalema, Rolando Panchana, Tito Nilton Mendoza, Carlos Samaniego, Mariángel Muñoz, Francisco Ulloa, Bolívar Subía, Juan Carlos López y Rafael Dávila.

ACTA_139-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó por unanimidad incorporar al orden del día una propuesta para exhortar al Ejecutivo a mantener el subsidio del combustible destinado al transporte aéreo hacia Galápagos, argumentándose que el avión constituía el principal medio de conexión de la provincia y que la eliminación de esta ayuda incrementaría considerablemente el precio de los pasajes, el transporte de alimentos, medicinas y demás productos esenciales; sin embargo, este asunto no llegó a resolverse antes de la suspensión. El tema central fue el análisis de dos solicitudes de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de causas penales contra Tito Galo Lara Yépez, originadas en querellas presentadas por Rafael Correa y Ximena Ponce por expresiones consideradas injuriosas. La discusión se concentró en determinar si dichas declaraciones correspondían al ejercicio de las funciones de fiscalización y, por tanto, estaban protegidas por la inmunidad parlamentaria, o si constituían acusaciones que afectaban la honra y debían ser examinadas por la justicia ordinaria; también se debatieron la diferencia entre inmunidad e impunidad, la libertad de expresión, la responsabilidad de los legisladores, la independencia de la Función Judicial, la protección institucional de la Asamblea, el riesgo de judicializar la actividad política y el número de votos requerido para autorizar un proceso penal. La propuesta de Virgilio Hernández para que estas decisiones necesitaran la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea fue negada y ratificada su negativa en la rectificación, por lo que se aplicó la mayoría simple. Finalmente, se rechazó autorizar la causa promovida por Rafael Correa, con cincuenta y un votos afirmativos, setenta y un negativos y dos abstenciones, y también se negó la solicitud relacionada con Ximena Ponce, con treinta y cinco votos afirmativos, setenta y siete negativos, cuatro blancos y ocho abstenciones; las reconsideraciones de ambas votaciones fueron igualmente negadas, por lo que se mantuvo la inmunidad del legislador y quedaron pendientes el proyecto relacionado con la protección del cóndor andino y la resolución sobre el subsidio aéreo para Galápagos. Intervinieron Alfredo Ortiz, Ángel Vilema, Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Fausto Cobo, Tomás Zevallos, Jorge Escala, César Rodríguez, Cynthia Viteri, Vicente Taiano, Andrés Páez, María Paula Romo, Cléver Jiménez, Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza, Francisco Cisneros, Enrique Herrería, Betty Amores, César Gracia, Hólger Chávez, Guillermina Cruz, Pedro de la Cruz, Zobeida Gudiño, Fernando Cordero, Richard Guillén, Abdalá Bucaram, Roberto Rodríguez, César Montúfar, Dora Aguirre y Eduardo Zambrano.

ACTA_140-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se rindió homenaje a la Fundación Vista para Todos por su labor social y humanitaria en favor de personas de escasos recursos, adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, destacándose sus servicios oftalmológicos, la entrega gratuita de lentes y sillas de ruedas y su cobertura nacional, por lo que recibió la condecoración al mérito social; posteriormente, continuó el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados por indemnizaciones ocasionadas por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, concesionarios, delegatarios y otras personas que ejercen potestades públicas. La discusión abordó la necesidad de proteger el patrimonio público y los recursos de los contribuyentes, evitar la impunidad, establecer un procedimiento rápido con derecho a la defensa y determinar judicialmente el dolo o la culpa grave; también se analizaron la competencia de los órganos contencioso-administrativos, las funciones de la Procuraduría y la Contraloría, el plazo de prescripción, la legitimación para presentar las demandas, el llamamiento en garantía, las medidas cautelares, el cálculo de intereses, la cuantificación de las indemnizaciones, la posibilidad de conciliación, los recursos de apelación y casación y la responsabilidad de funcionarios de cualquier jerarquía. Varios legisladores respaldaron la iniciativa como un mecanismo para recuperar valores pagados por casos de violaciones de derechos, errores administrativos, daños ambientales, incumplimientos contractuales y decisiones de organismos internacionales; otros cuestionaron su necesidad, posibles contradicciones con normas existentes, vacíos en la técnica jurídica, el riesgo de persecución política, la discrecionalidad de las autoridades, la posibilidad de sancionar dos veces por los mismos hechos y la falta de claridad sobre los actos de gobierno, el fuero de determinadas autoridades y la responsabilidad de superiores que hayan ejercido presión o coerción sobre funcionarios subordinados. También se debatió el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal por casos históricos de desapariciones, torturas y detenciones ilegales, y la necesidad de diferenciar los errores cometidos de buena fe de las conductas deliberadamente dañinas. Debido a la cantidad y complejidad de las observaciones, se suspendió la votación para que la comisión preparara y distribuyera un nuevo texto. Intervinieron Rocío Valarezo, Diego Benítez, Mauro Andino, Francisco Ulloa, Enrique Herrería, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Andrés Páez, Rolando Panchana, María Paula Romo, Fausto Cobo, Luis Morales, Eduardo Encalada, Paco Moncayo, Stalin Subía, Andrés Roche y María Augusta Calle; Fernando Cordero dirigió la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_128-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se presentó una solicitud de Lourdes Tibán para incorporar al orden del día una resolución que exhortara a declarar la emergencia sanitaria y ambiental en la cuenca alta del río Cutuchi, debido a la contaminación producida por aguas residuales, desechos industriales, hospitalarios y agrícolas que afectaban los sistemas de riego, los cultivos, los animales y la salud de las poblaciones de Cotopaxi y Tungurahua; sin embargo, la propuesta no alcanzó los votos necesarios. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto de reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública, orientado a fortalecer la transparencia, eficiencia, control y democratización de las compras estatales, cambiar la denominación del organismo rector por Servicio Nacional de Contratación Pública, regular los procedimientos de menor e ínfima cuantía, las ferias inclusivas, la participación local, las contrataciones internacionales y de régimen especial, la publicación de información en el portal, las garantías, las ofertas con documentos falsos y las inhabilidades para contratar. Durante el debate se formularon observaciones sobre la necesidad de evitar contratos dirigidos, plazos excesivamente cortos, precios referenciales inflados, información privilegiada, concentración de obras en pocas empresas, cobro de comisiones, corrupción y abuso de las declaratorias de emergencia; también se planteó proteger la autonomía de los gobiernos locales, mantener la responsabilidad de las máximas autoridades aun cuando deleguen funciones, facilitar la participación de profesionales jóvenes, artesanos, pequeños productores, microempresas y organizaciones de la economía popular y solidaria, promover la contratación de mano de obra y proveedores locales, incorporar veedurías ciudadanas y criterios ambientales, mejorar el pago de planillas y la ejecución de garantías, y revisar las prohibiciones que afectaban a familiares de servidores públicos sin participación directa en los procesos contractuales. El debate concluyó sin votación, a fin de que la comisión analizara e incorporara las observaciones presentadas. Intervinieron Lourdes Tibán, Virgilio Hernández, Paco Fierro, Andrés Roche, Jimmy Pinoargote, Rocío Valarezo, Richard Guillén, Yandri Bruner, Silvia Salgado, Gerónimo Yantalema, Luis Morales, Alfredo Ortiz, Eduardo Encalada, Juan Carlos López, César Rodríguez, María Soledad Vela, Edwin Vaca, Rolando Panchana, Jorge Escala, Vethowen Chica, César Gracia y Rosendo Nurinkias.

ACTA_121-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ley Derogatoria No. 8 para la Depuración de la Normativa Legal, mediante el cual se eliminaron expresamente 150 normas obsoletas o ya cumplidas, entre decretos y acuerdos supremos, resoluciones legislativas y decretos leyes de emergencia, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica; tras la rectificación, el proyecto obtuvo noventa y un votos afirmativos, cinco blancos y diez abstenciones. Posteriormente, se debatió y aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos, destacándose que este instrumento puso fin a la denominada “guerra del banano”, redujo progresivamente los aranceles europeos y mejoró las condiciones de acceso del producto ecuatoriano, aunque también se plantearon inquietudes sobre la competitividad frente a Colombia y Perú, la protección de pequeños productores, el cumplimiento del precio oficial y la necesidad de políticas complementarias para el sector; la rectificación registró ciento diez votos afirmativos. Finalmente, se discutió qué comisión debía analizar el informe anual de labores del Presidente de la República: las propuestas para remitirlo a las comisiones de Derechos Colectivos y de Soberanía no fueron aprobadas luego de sus respectivas rectificaciones, mientras que también se planteó encargarlo a Fiscalización, conformar una comisión multipartidista o distribuir el análisis entre todas las comisiones; al no existir una propuesta concreta y consensuada, la sesión fue suspendida. Intervinieron María Paula Romo, Rafael Dávila, Luis Almeida, Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Gabriel Rivera, Vicente Taiano, Gerónimo Yantalema, María Soledad Vela, Rocío Valarezo, Víctor Quirola, Emilia Jaramillo, Nicolás Lapentti, Omar Juez, Línder Altafuya, Dora Aguirre, María Augusta Calle y Fernando Flores.

ACTA_134-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron tres solicitudes para modificar el orden del día y debatir los despidos masivos de servidores públicos realizados mediante la figura de la compra obligatoria de renuncias, así como para exhortar a la derogatoria del decreto que sustentaba estas separaciones, ordenar el reintegro de los funcionarios afectados y solicitar un pronunciamiento de la Corte Constitucional; durante estas intervenciones se cuestionó la falta de evaluaciones previas, la afectación a médicos, enfermeras, trabajadores próximos a jubilarse, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, y el impacto económico y familiar de la pérdida de sus empleos. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma a la normativa que regula las instituciones del sistema financiero, orientada a actualizar el régimen de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, permitirles constituir capital propio, mejorar su solvencia y ampliar sus servicios financieros e inmobiliarios, reconocer derechos económicos y de propiedad a sus socios, facilitar el ingreso de nuevos miembros mediante certificados de aportación y garantizar que cada socio tenga voz y voto. También se planteó establecer un capital mínimo progresivo, limitar la participación individual para evitar la concentración de la propiedad, regular los créditos destinados a directivos y personas vinculadas, autorizar inversiones en servicios auxiliares e inmobiliarios y otorgar carácter orgánico a la normativa financiera. Durante el debate se destacó la importancia social de las mutualistas para el ahorro y el acceso a vivienda, se propusieron ajustes sobre los porcentajes máximos de participación y se solicitó ampliar determinados beneficios a otras entidades financieras; además, Elvis Maldonado pidió investigar una presunta negligencia médica ocurrida en el Seguro Social de Riobamba. El debate concluyó sin votación, para que la comisión incorporara las observaciones antes de continuar el trámite. Intervinieron Jorge Escala, Nívea Vélez, Fernando Aguirre, Francisco Velasco, Ramiro Terán y Elvis Maldonado.

ACTA_120-2011-2013_PLENO.pdf En la sesión se debatió y resolvió la integración de las comisiones especializadas permanentes y de la Comisión de Fiscalización y Control Político para el nuevo período legislativo. Dora Aguirre presentó la nómina de integrantes y sostuvo que se procuró atender las preferencias de los asambleístas; sin embargo, varios legisladores cuestionaron la distribución por considerar que no respetaba la proporcionalidad política, los perfiles profesionales, las especialidades ni las solicitudes formuladas, y denunciaron falta de diálogo, exclusión de sectores de oposición y una concentración de mayorías en determinadas comisiones. Ante estas observaciones se efectuó un receso y se incorporaron varios cambios en la propuesta inicial; posteriormente, el Pleno aprobó la conformación de las doce comisiones permanentes y de la Comisión de Fiscalización y Control Político, decisiones que se mantuvieron luego de las rectificaciones y de que fueran negadas las reconsideraciones. Intervinieron Fernando Cordero Cueva, Andrés Segovia Salcedo, Dora Aguirre, Vicente Taiano, Edwin Vaca, Fernando Flores, Rafael Dávila, Jorge Escala, Juan Carlos Cassinelli, César Rodríguez, Francisco Cisneros, Marco Murillo y Andrés Roche; además, Virgilio Hernández y Ramiro Terán solicitaron actuaciones relacionadas con la reconsideración y rectificación de las votaciones.

ACTA_136-B-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el análisis de la situación del proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, remitido por el Ejecutivo con carácter económico urgente, y se sometió a votación la propuesta de Gilmar Gutiérrez para negar íntegramente la iniciativa. Luego de una votación anulada por inconvenientes en el registro electrónico y de una confusión inicial al proclamar los resultados, la moción fue aceptada con cincuenta y tres votos afirmativos y cuarenta y siete negativos; posteriormente, la reconsideración fue rechazada con sesenta y siete votos negativos y cuarenta y seis abstenciones, resultado que se mantuvo tras la rectificación solicitada. En consecuencia, quedó firme la decisión del Pleno de negar el proyecto, tras lo cual Fernando Cordero suspendió la sesión y señaló que el debate de la Ley de Comunicación se retomaría posteriormente, cuando existieran condiciones adecuadas para alcanzar una normativa que garantizara la libertad y respetara la Constitución. Intervinieron Gilmar Gutiérrez, como proponente de la moción; Fernando Cordero Cueva, quien dirigió el procedimiento; Andrés Segovia Salcedo, quien condujo las votaciones y proclamó sus resultados; y Rolando Panchana y Pedro de la Cruz, quienes solicitaron la rectificación de la reconsideración.

ACTA_145-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el primer debate de la reforma sobre la organización y régimen de las comunas, en el que se reconoció la necesidad de sustituir una normativa antigua por un marco integral acorde con el carácter intercultural y plurinacional del Estado y con las diferentes realidades de las comunas rurales, urbanas, costeras, serranas y amazónicas. La discusión abordó la protección de las tierras comunitarias frente a invasiones, desalojos y ventas irregulares; la diferencia entre la propiedad colectiva de la comuna y la posesión ejercida por cada comunero; los requisitos para adquirir o perder la calidad de comunero; la distinción entre comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y recinto; la autonomía y jurisdicción de los gobiernos comunitarios; la participación de mujeres, jóvenes y demás integrantes en las decisiones; el reconocimiento de las actas comunales; la articulación con los gobiernos locales, la planificación territorial, la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria; y la necesidad de garantizar crédito, inversión pública, infraestructura, salud, educación y proyectos productivos. Varias intervenciones cuestionaron que las comunas pudieran transformarse o disolverse para constituir cooperativas de producción, al considerar que esta posibilidad podría facilitar la privatización, parcelación y pérdida del carácter inalienable, inembargable, imprescriptible e indivisible de sus tierras; también se denunciaron los intentos de desalojo en Montañita y otros conflictos territoriales, la discriminación contra determinados comuneros y las limitaciones de participación de las mujeres. Ante la cantidad de observaciones, se solicitó una amplia socialización y consulta prelegislativa con las comunidades, y el proyecto regresó a la comisión para elaborar una nueva normativa integral. Posteriormente, se desarrolló el primer debate del proyecto sobre libertad e igualdad religiosa, orientado a garantizar el derecho de las personas a conservar, cambiar, profesar y difundir sus creencias, celebrar cultos y festividades, recibir asistencia religiosa, acceder a educación conforme a sus convicciones, proteger el patrimonio de las confesiones, reconocer la personalidad jurídica y autonomía de las organizaciones religiosas y establecer un registro nacional. En comisión general, monseñor Luis Cabrera, en representación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, formuló observaciones sobre la autonomía de la Iglesia católica, su estructura territorial, el régimen de sus autoridades y la creación de un organismo estatal de regulación, mientras Luis Fernando Muñoz, representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, defendió la libertad de conciencia, la posibilidad de adoptar o cambiar de religión y el respeto a las prácticas y días de descanso de cada confesión. Durante el debate se cuestionaron las definiciones imprecisas, la posible injerencia estatal en la organización interna de las iglesias, la creación de un Consejo Nacional cuyas funciones podían duplicar las del Ministerio competente, el tratamiento de los bienes religiosos, los requisitos para ministros extranjeros, la rendición de cuentas, la educación religiosa y la compatibilidad del proyecto con el carácter laico del Estado; finalmente, se aprobó la moción de Kléver García para archivar el proyecto, decisión que se mantuvo después de la rectificación y de negarse su reconsideración. Finalmente, se debatió y aprobó la resolución para solicitar que los doctorados en Ciencias de la Educación, en sus distintas menciones, iniciados y obtenidos antes del cambio del sistema académico fueran reconocidos y registrados como títulos de cuarto nivel, destacándose que miles de docentes habían cursado estos estudios después de obtener su licenciatura, pero no podían utilizarlos para su recategorización y mejora salarial por diferencias en la denominación de las facultades que los emitieron. También se planteó extender el reconocimiento a otras profesiones y especialidades, impulsar programas de graduación y evitar cualquier discriminación entre títulos de igual naturaleza y rigor académico; tras incorporarse varias observaciones, la resolución fue aprobada con setenta y ocho votos afirmativos en la rectificación y su reconsideración fue negada. Intervinieron Jimmy Pinoargote, Virgilio Hernández, Luis Morales, Fernando Bustamante, Marco Murillo, Guido Vargas, Gerónimo Yantalema, Yoly Rodríguez, Betty Carrillo, María Augusta Calle, Armando Aguilar, Paola Pabón, Hólger Chávez, Pedro de la Cruz, Lourdes Tibán, monseñor Luis Cabrera, Luis Fernando Muñoz, Karen Vélez, Luis Almeida, César Montúfar, María Paula Romo, Kléver García, Rolando Panchana, Gioconda Saltos, Silvia Salgado, Mao Moreno, Mery Zamora, Edwin Vaca, Juan Fernández, Consuelo Flores y Francisco Cisneros.

ACTA_141-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó, luego de una rectificación, la propuesta de Edwin Vaca para suspender el orden previsto y retomar inmediatamente la votación de las reformas a la normativa de la Función Legislativa; en cambio, se incorporaron el análisis de una amnistía para siete dirigentes y comuneros de Cochapata, en el cantón Nabón, y una resolución sobre la emergencia provocada por deslizamientos en varias comunidades del Azuay. Posteriormente, se aprobó la amnistía para Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez, quienes habían sido condenados por sabotaje tras participar en una movilización contra una actividad minera que afectaba las fuentes de agua; se consideró que su actuación respondía a la defensa de la naturaleza, los derechos comunitarios y la protesta social, que ya habían sido beneficiarios de una amnistía anterior que no fue aplicada correctamente y que la persecución había deteriorado gravemente su salud y la convivencia de sus familias, por lo que se dispuso archivar definitivamente el proceso y dejar sin efecto la sentencia. A continuación, se realizó el primer debate de la propuesta sobre práctica intercultural y acompañamiento durante el parto, en el que la comisión recomendó inicialmente su archivo por considerar que la legislación, los protocolos sanitarios y las normas técnicas vigentes ya reconocían el parto culturalmente adecuado, el acompañamiento familiar, la participación de parteras y el respeto a los saberes ancestrales; sin embargo, otros legisladores defendieron la necesidad de fortalecer su aplicación, reconocer y formar a parteras y comadronas, disminuir la mortalidad materna, garantizar estos servicios en zonas rurales e indígenas y ampliar el enfoque hacia un parto humanizado para toda la población, por lo que se retiró la propuesta de archivo y el proyecto regresó a la comisión para ser reformulado. También se resolvió la objeción parcial a la reforma destinada a atender las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas: el Pleno aceptó varias observaciones relacionadas con las obligaciones de la autoridad sanitaria y la definición de las enfermedades catastróficas, pero ratificó su texto sobre la definición de las enfermedades raras o huérfanas; la normativa reconoció estas patologías como asunto de interés nacional y contempló protocolos de atención, investigación, diagnóstico y tratamiento, medicamentos e insumos, registro de pacientes, capacitación médica, regulación de seguros y apoyo social para las familias. Posteriormente, continuó el segundo debate de las reformas electorales, abordándose la paridad de género en los organismos electorales, la prevención y sanción del acoso político, las licencias de las autoridades que buscaran la reelección, la utilización de bienes y publicidad estatal durante las campañas, el control del gasto electoral, las encuestas, las impugnaciones, el conteo de votos y los métodos de distribución de escaños; mientras algunos defendieron las reformas como necesarias para ampliar la participación y proteger a las mujeres, otros cuestionaron que se cambiaran las reglas cerca de las elecciones, advirtieron posibles ventajas para el oficialismo y solicitaron archivar el proyecto, cuyo debate quedó suspendido sin votación. Finalmente, se aprobó por unanimidad, luego de la rectificación, una resolución para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las comunidades y parroquias del Azuay afectadas por las lluvias y los deslizamientos, coordinar la atención de las familias damnificadas, asignar recursos para reconstruir viviendas, garantizar servicios de salud, asistencia social y agua potable, realizar estudios geológicos y disponer acciones conjuntas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y los gobiernos municipales; la reconsideración de esta decisión fue negada. Intervinieron Edwin Vaca, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Rosana Alvarado, Lourdes Tibán, Luis Morales, Marco Murillo, César Gracia, César Rodríguez, Jorge Escala, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Víctor Quirola, Rolando Panchana, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri, Paco Moncayo, Mauro Andino, Mariángel Muñoz, Fernando Cordero, Kléver García, María Soledad Vela, Vicente Taiano, Gioconda Saltos y Eduardo Encalada; Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_159-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retiró una propuesta para debatir el respeto a la independencia y facultades de la Función Legislativa; posteriormente, se aprobó el indulto por razones humanitarias a favor de José Díaz Balboa, ciudadano español privado de libertad que padecía enfermedades graves en etapa terminal, analizándose su precario estado de salud, las condiciones inadecuadas de atención médica dentro del centro penitenciario, el derecho a una vida y muerte dignas, la responsabilidad del Ministerio de Justicia en la tramitación oportuna de estos casos y la coordinación con las autoridades españolas para que, una vez liberado, retornara a su país de origen. Asimismo, se aprobó el proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados dentro de procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, mediante el cual se otorgaron al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas facultades de custodia, conservación, administración y venta de bienes perecibles; se debatieron la devolución de bienes o valores cuando exista sobreseimiento o sentencia absolutoria, su transferencia definitiva al Estado cuando haya condena, la administración de los recursos generados, la rendición periódica de cuentas, la protección del derecho de propiedad y la necesidad de evitar que determinadas instituciones se beneficien directamente de los bienes incautados. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente destinado a regular los créditos para vivienda, orientado a impedir que, luego de entregar o rematar el inmueble hipotecado, las entidades financieras persiguieran otros bienes del deudor o de sus garantes; se analizaron la dación en pago, la extinción de las obligaciones con la entrega de la vivienda, la protección de las familias afectadas por desempleo, enfermedad o reducción de ingresos, la corresponsabilidad de las instituciones financieras en la valoración del riesgo, la prohibición de cláusulas abusivas, el ámbito de aplicación respecto de la vivienda única, la construcción y remodelación, los límites económicos, los créditos concedidos antes de la vigencia de la ley, la posible inclusión de préstamos vehiculares y productivos, y los efectos que estas medidas podrían tener sobre las tasas de interés, las garantías y el acceso futuro al crédito. Intervinieron Rafael Dávila, Mauro Andino, Luis Morales, María Molina, Enrique Herrería, César Gracia, Rolando Panchana, Jimmy Pinoargote, Leonardo Viteri, Andrés Roche, Francisco Velasco, Betty Carrillo, Cléver Jiménez, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Bustamante, José Portugal, Ramiro Terán, Zobeida Gudiño, Silvia Kon, Paco Moncayo, Fernando González, César Montúfar, Betty Amores, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Salomón Fadúl, Bolívar Subía, Eduardo Encalada, Gabriel Rivera, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Flores, Marllely Vásconez y Ángel Vilema.

ACTA_146-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno continuó el segundo debate de la reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública, centrado en fortalecer la transparencia, agilizar la ejecución de obras y evitar el direccionamiento de contratos, la manipulación de pliegos, los plazos insuficientes para presentar ofertas, la adjudicación a empresas sin capacidad técnica, el contubernio entre proveedores y funcionarios y el incumplimiento o falta de cobro de garantías. Se propuso priorizar la contratación de mano de obra, profesionales, artesanos y proveedores de cada localidad; establecer medidas obligatorias de inclusión para micro, pequeñas y medianas empresas, comunas, comunidades y organizaciones de la economía popular y solidaria; fortalecer las ferias inclusivas y limitar la concentración de contratos en grandes compañías. También se debatieron los montos y procedimientos de menor e ínfima cuantía; la modificación de documentos precontractuales; las subastas inversas, especialmente para la adquisición de medicamentos; la intervención preventiva, concurrente y posterior de los organismos de control; las causales de descalificación de oferentes; la participación de empresas domiciliadas en paraísos fiscales; las prohibiciones aplicables a familiares de autoridades; y la necesidad de transparentar la identidad de socios y accionistas. Asimismo, se cuestionó el uso excesivo del régimen especial y de la figura del giro específico del negocio por parte de empresas públicas, se planteó verificar, actualizar y depurar periódicamente el Registro Único de Proveedores, incluir todas las contrataciones en los planes anuales, regular las compras de publicidad, controlar las obras declaradas emergentes y otorgar al organismo rector capacidad para suspender procesos cuando detectara irregularidades. Aunque se reconocieron avances en el proyecto, se consideró necesario incorporar las numerosas observaciones antes de proceder a la votación, por lo que se cerró el debate y el texto regresó a la comisión para preparar una versión definitiva; en consecuencia, quedaron pendientes las resoluciones sobre el reglamento de donación y trasplante de órganos, el transporte marítimo hacia Galápagos y la comparecencia relacionada con la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Intervinieron Edwin Vaca, Yandry Brunner, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Fernando Cordero, Paola Pabón, Fernando González, Jorge Escala, Fausto Cobo, Francisco Velasco, Luis Morales, Nivea Vélez y Luis Almeida.

ACTA_150-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se abordó la situación del ciudadano ecuatoriano Jesús Vélez Loor y la actuación de las autoridades diplomáticas para garantizar sus derechos; la emergencia ocasionada por el temporal invernal, la inseguridad y las necesidades sociales de la provincia de Los Ríos; y se aprobó una resolución de respaldo a la postulación de Lenín Moreno Garcés al Premio Nobel de la Paz, destacando su labor en favor de las personas con discapacidad mediante los programas Ecuador Sin Barreras, Misión Solidaria Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. Asimismo, se desarrolló el primer debate de las reformas relacionadas con la distribución de las utilidades y excedentes derivados de la actividad hidrocarburífera, la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y a las comunidades afectadas, la compensación por daños ambientales, la equidad territorial, la consulta previa y la conveniencia de archivar o continuar el tratamiento de las propuestas; también se resolvió sobre la objeción parcial formulada al proyecto reformatorio del sistema financiero y del ordenamiento tributario-financiero, y se inició el análisis del proyecto destinado a regular la comercialización, el transporte, la fundición, el reciclaje, la exportación y la importación de chatarra ferrosa, con énfasis en el control de esta actividad, la prevención del robo de bienes públicos, la protección ambiental y el impulso al reciclaje. Intervinieron Fernando Flores, Mercedes Villacrés, César Rodríguez, Irina Cabezas, Pedro de la Cruz, Guillermina Cruz, Gabriel Rivera, Francisco Cisneros, Francisco Velasco, Juan Carlos Cassinelli, Gilmar Gutiérrez, Edwin Vaca, Eduardo Encalada, Gerónimo Yantalema, Jimmy Pinoargote, Jorge Escala, Gioconda Saltos, Guido Vargas, Luis Morales, Cléver Jiménez, María Almeida, Rolando Panchana, Paco Moncayo, Francisco Ulloa y Luis Almeida.

ACTA_165-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, reconociendo el pluralismo jurídico, la autonomía de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, sin que exista subordinación entre ambos sistemas de justicia. Se analizaron la identificación y legitimidad de las autoridades indígenas, la competencia territorial, personal y material, la declinación de competencia, la prohibición del doble juzgamiento, el cumplimiento obligatorio de las decisiones comunitarias, la resolución de conflictos entre autoridades y la posibilidad de que la Corte Constitucional controle las decisiones que pudieran vulnerar derechos. También se discutió la necesidad de establecer procedimientos claros, garantías de imparcialidad, derecho a la defensa y mecanismos de revisión o apelación, respetando las particularidades de cada comunidad y evitando imponer la estructura de la justicia ordinaria sobre el sistema indígena. Especial atención recibieron los límites derivados de la Constitución, los derechos humanos y los instrumentos internacionales, particularmente respecto de la violencia contra las mujeres, los delitos sexuales, la trata y el tráfico de personas, los derechos de niñas, niños y adolescentes y los delitos que afectan la seguridad del Estado, ante el riesgo de que determinadas conductas quedaran sin una sanción adecuada. Asimismo, se destacó que la justicia indígena busca restaurar la armonía comunitaria y reintegrar a las personas, en lugar de fundamentarse principalmente en la privación de libertad, y se cuestionó su identificación con linchamientos, violencia o justicia por mano propia. Finalmente, se coincidió en que el proyecto debía someterse a consulta prelegislativa con la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades, incluidas especialmente las mujeres indígenas, para construir una normativa intercultural que respetara los derechos colectivos, evitara intromisiones y garantizara una verdadera coordinación entre los dos sistemas de justicia. Intervinieron Mauro Andino, Marco Murillo, Margarita Carranco, Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Silvia Salgado, Rodrigo Collahuazo, Francisco Cevallos, Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Betty Amores, Christian Viteri y Luis Morales.

ACTA_160-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el segundo debate del proyecto destinado a derogar las normas que permitían el funcionamiento de casinos, salas de juego y otros negocios de azar, en cumplimiento de la decisión adoptada mediante consulta popular; se analizó la eliminación de estas actividades de la normativa turística, las responsabilidades de las autoridades que habrían permitido durante años el funcionamiento de establecimientos irregulares, la situación laboral y el pago de liquidaciones a los trabajadores, las obligaciones tributarias y de seguridad social de las empresas, así como la necesidad de diferenciar entre casinos legalmente autorizados dentro de hoteles y salas de máquinas que operaban de manera ilegal. Fausto Flores, representante de empresarios turísticos de hoteles de lujo y primera categoría, expuso que los establecimientos legalmente constituidos habían realizado importantes inversiones, cumplido obligaciones y entregado anticipadamente las liquidaciones de sus trabajadores, por lo que solicitó conocer los resultados de la evaluación realizada por una comisión interministerial y considerar un plazo que permitiera recuperar las inversiones; frente a ello, se señalaron casos de empresas con obligaciones tributarias pendientes y numerosos recursos judiciales que habrían retrasado durante años los procesos de cobro. También se discutió la posible duplicidad con una nueva normativa turística, el respeto a la seguridad jurídica, el debido proceso y las inversiones realizadas, sin desconocer la obligación de cumplir el mandato popular de prohibir los juegos de azar. Finalmente, ante las observaciones formuladas y la falta de información sobre la evaluación interministerial, se decidió suspender el tratamiento para procesar las propuestas y someter el proyecto a votación en una próxima convocatoria. Intervinieron Luis Morales, Alfredo Ortiz, Fausto Flores, Francisco Velasco, Scheznarda Fernández, Mauro Andino y Vicente Taiano.

ACTA_152-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión continuó el primer debate del proyecto destinado a proteger ambientalmente el ecosistema manglar, analizando su importancia para la biodiversidad, la conservación de las especies marinas, la protección de las costas, la soberanía alimentaria y la subsistencia económica y cultural de las comunidades ancestrales; se expusieron las consecuencias de la destrucción y reducción de los manglares por la expansión de la actividad camaronera, los desplazamientos y afectaciones sufridos por pescadores, recolectores, cangrejeros y demás trabajadores tradicionales, así como la necesidad de recuperar las áreas degradadas y establecer responsabilidades por la ocupación y explotación ilegal. También se debatieron el carácter orgánico de la propuesta, los derechos de la naturaleza, la participación de las comunidades en la administración, gestión y conservación de estos espacios, las competencias del Ministerio del Ambiente, la posibilidad de concesiones, la definición de zonas de amortiguamiento y transición, las prohibiciones para nuevas piscinas camaroneras y la tala del mangle, la forestación y reforestación, el establecimiento de vedas, la creación de una línea base para medir las áreas forestadas y deforestadas, la investigación científica, los principios de precaución, restauración y responsabilidad ambiental, la carga de la prueba por daños ecológicos y la necesidad de contar con un régimen de infracciones y sanciones proporcional y articulado con el resto de la legislación. Intervinieron Lucio Cacao, Rolando Panchana, Línder Altafuya, Richard Guillén, Paco Moncayo, Virgilio Hernández y Gerónimo Yantalema.

ACTA_160-B-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el tratamiento del proyecto destinado a derogar las disposiciones que permitían el funcionamiento de casinos y salas de juego, incorporando en el texto final varias observaciones presentadas durante los debates anteriores y señalando que su aprobación permitiría cumplir la decisión popular de eliminar estos establecimientos y los negocios dedicados a los juegos de azar. La propuesta fue sometida a votación, pero inicialmente obtuvo cincuenta y tres votos afirmativos y cuarenta abstenciones, por lo que no alcanzó la mayoría necesaria; posteriormente se solicitó la rectificación de la votación, en la que recibió cincuenta y un votos afirmativos, un voto en blanco y cuarenta y una abstenciones, resultado con el cual tampoco fue aprobada y el Pleno no emitió un pronunciamiento favorable sobre el proyecto. Intervinieron Silvia Salgado y Mauro Andino.