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ACTA_034-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Vicente Taiano para promover la enseñanza obligatoria sobre prevención de sismos y desastres naturales en los establecimientos educativos. Posteriormente, se debatió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la que se discutieron los alcances de la participación ciudadana, la iniciativa popular normativa, las consultas populares, las audiencias públicas, el control social, las veedurías, la rendición de cuentas, la transparencia y la posible inclusión de los medios de comunicación en estos mecanismos. Luis Morales planteó diferenciar los puntos en los que correspondía ratificarse en el texto original y aquellos en los que podía aceptarse la objeción; César Montúfar, Alfredo Ortiz, Juan Carlos López, Jimmy Pinoargote, Andrés Páez, Vicente Taiano, Marco Murillo y Lenín Chica cuestionaron disposiciones que, a su criterio, podían restringir la participación ciudadana o incorporar materias ajenas al proyecto, especialmente respecto de la rendición de cuentas de los medios de comunicación; Ramiro Terán formuló reparos sobre las limitaciones a consultas y mecanismos ciudadanos; Rolando Panchana defendió la transparencia del proceso constituyente; mientras Silvia Salgado, Tito Nilton Mendoza y María Soledad Vela solicitaron revisar con mayor profundidad las observaciones, por lo que se suspendió el debate y la votación para continuar el tratamiento en otra sesión. Asimismo, se conoció la solicitud de la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de una causa penal contra Galo Lara, presentada por Óscar Herrera Gilbert; Francisco Cisneros, Vicente Taiano, Línder Altafuya, Leonardo Viteri, Fernando Bustamante, Nivea Vélez, Mauro Andino, Roberto Rodríguez, Silvia Salgado, Hólger Chávez, Guillermina Cruz, Fernando Cordero, Enrique Herrería, Luis Morales y Galo Lara debatieron sobre la inmunidad parlamentaria, su relación con la fiscalización, la necesidad de evitar que se convierta en impunidad y la protección de las opiniones emitidas en el ejercicio de las funciones legislativas. Finalmente, se aprobó negar la autorización para iniciar la causa penal y exhortar a la Función Judicial, jueces, fiscales y tribunales a respetar las garantías vinculadas con la inmunidad parlamentaria. También se aprobó por unanimidad la resolución para exhortar al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación a incorporar capacitación sobre prevención, mitigación, gestión y manejo de riesgos naturales en todos los niveles educativos, promover actividades de prevención, utilizar horas cívicas para difundir estas acciones y reforzar la infraestructura escolar; intervinieron Vicente Taiano, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo y Gioconda Saltos, quienes propusieron incluir simulacros, mapas de evacuación, fortalecimiento de la infraestructura y un plan nacional de capacitación sobre riesgos y desastres.

ACTA_028-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Andrés Páez para incorporar el tratamiento de la terminación del encargo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, mientras que se aprobó incluir una resolución sobre la situación de sequía y actividad volcánica en la Sierra central. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, orientado a organizar, transparentar y optimizar el manejo de los inmuebles estatales mediante el Instituto de Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado, INMOBILIAR; César Gracia defendió la necesidad de contar con una institución especializada, mientras Paco Moncayo, Juan Carlos Cassinelli, Luis Almeida, César Rodríguez, Galo Vaca, Xavier Tomalá, Guillermina Cruz, Vanessa Fajardo, Edwin Vaca, Mauro Andino, Lenín Chica, Zobeida Gudiño, Gioconda Saltos y Betty Amores formularon observaciones sobre el alcance de la ley, la autonomía de las distintas entidades públicas, la administración de bienes en litigio o incautados, la situación de las instituciones financieras, los mecanismos de transferencia, avalúo, venta, control, rendición de cuentas, responsabilidad de los funcionarios y el uso social de los inmuebles para educación, salud y grupos de atención prioritaria; al concluir, se dispuso remitir observaciones por escrito para preparar el informe correspondiente. Asimismo, se aprobó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, presentada por Luis Morales, que regula mecanismos de democracia directa, iniciativa popular normativa, consulta popular, revocatoria del mandato, participación de organizaciones sociales, presupuestos participativos, audiencias públicas, silla vacía, veedurías, rendición de cuentas y acceso a la información pública, con ochenta y dos votos afirmativos, ocho negativos, cuatro votos en blanco y quince abstenciones. Finalmente, se aprobó la resolución impulsada por Marco Murillo y Luis Morales para exhortar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción en Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi ante los efectos de la sequía, las pérdidas agrícolas y ganaderas y el incremento de la actividad del volcán Tungurahua, solicitando medidas de reactivación económica, salud, atención a pequeños y medianos productores, así como obras viales y habitacionales en los cantones afectados; intervinieron Marco Murillo, Mauro Andino, Grace Almeida, Hólger Chávez, Gerónimo Yantalema y Juan Carlos López, y la resolución fue aprobada con ciento cinco votos afirmativos, sin votos negativos, tres blancos y cinco abstenciones.

ACTA_036-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negaron las propuestas de Henry Cuji para incorporar una resolución destinada a proteger los territorios y derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenani frente a actividades extractivas en el Yasuní, y de Línder Altafuya para exhortar al Gobierno Nacional a cancelar la deuda pendiente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; además, se aceptó postergar una iniciativa presentada por Saruka Rodríguez. Por otro lado, se aprobó incluir el tratamiento de una resolución sobre los hechos ocurridos en San José de Chimbo, propuesta por Hólger Chávez. Posteriormente, Fernando Flores y Luis Morales solicitaron reconsiderar la votación relacionada con la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de insistir en el texto aprobado originalmente por la Asamblea, pero la reconsideración fue negada incluso después de rectificarse la votación. Asimismo, se aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que permite a personas y colectivos acudir a mecanismos internacionales para reclamar vulneraciones de derechos como salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda y condiciones de vida adecuadas, una vez agotadas las instancias nacionales; defendieron su aprobación Fernando Bustamante, Francisco Ulloa, Linda Machuca y Rocío Valarezo. Finalmente, se debatió la resolución sobre el operativo policial realizado en Chimbo contra talleres de fabricación de armas, en el que Hólger Chávez, Juan Fernández, Gerardo Morán, Línder Altafuya, Francisco Cisneros, Vicente Taiano, Marco Murillo y otros legisladores denunciaron presuntos excesos de la fuerza pública, afectaciones a artesanos y la necesidad de investigar responsabilidades y generar alternativas laborales; mientras María Augusta Calle, Mao Moreno y otros asambleístas destacaron la necesidad de combatir la fabricación ilegal de armas y solicitar información completa sobre el operativo. La propuesta de suspender el debate para requerir un informe fue negada y, posteriormente, tampoco se aprobó la resolución planteada por Hólger Chávez.

ACTA_066-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó para tratamiento una propuesta de Alfredo Ortiz orientada a garantizar el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y la atención de las personas migrantes en Galápagos, incluyendo la solicitud de una oficina de la Defensoría del Pueblo en la provincia; sin embargo, el texto no llegó a resolverse durante la jornada. También se aprobó la resolución presentada por María Soledad Vela para declarar al cantón Pedernales, provincia de Manabí, como “Génesis del nombre del Ecuador”, en reconocimiento a Punta Palmar como punto de partida de la Misión Geodésica Francesa; intervinieron María Soledad Vela, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri y Lídice Larrea en respaldo de la iniciativa, mientras Vicente Taiano, Pedro de la Cruz, Marco Murillo y Tito Nilton Mendoza solicitaron reemplazar la denominación inicial de “Cuna de la Identidad Ecuatoriana” por una expresión que no desconozca la diversidad cultural y plurinacional del país. En el segundo debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se aprobó eliminar la referencia a comisiones ciudadanas de selección y establecer que el Consejo designe al Procurador General del Estado y a los superintendentes de las ternas remitidas por el Ejecutivo, luego de los procesos de veeduría e impugnación ciudadana, con alternabilidad de género e interculturalidad; Raúl Abad, Betty Amores, Hugo Quevedo y Juan Carlos Cassinelli defendieron la reforma por ajustarla al texto constitucional, mientras Luis Almeida, Vicente Taiano, Lourdes Tibán, Andrés Páez, Luis Morales y César Montúfar cuestionaron que se debilite la participación ciudadana y que el trámite no haya sido conocido por la comisión especializada correspondiente. Asimismo, se aprobó por unanimidad una resolución de solidaridad con las víctimas y familiares de la tragedia minera en el yacimiento Casa Negra de Portovelo, que exhortó a intensificar las labores de búsqueda, verificar las condiciones de seguridad de las minas, investigar los riesgos laborales y brindar apoyo social a las familias afectadas; intervinieron Fernando Bustamante, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Jorge Escala y María Paula Romo. Finalmente, se debatió la denuncia del Convenio de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y China; Fernando Bustamante y Juan Carlos Cassinelli respaldaron la denuncia por las cláusulas de arbitraje internacional contrarias a la soberanía y al marco constitucional, mientras intervinieron Alfredo Ortiz, Paco Moncayo, Luis Almeida, Eduardo Encalada, Jorge Escala, Enrique Herrería, Fernando Aguirre y Zobeida Gudiño sobre sus efectos jurídicos, económicos y de inversión. Aunque inicialmente se registró la aprobación del informe, en la rectificación se consignó que no fue aprobado, quedando solicitada su reconsideración para una sesión posterior

ACTA_187-A-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retomó el proyecto de resolución relacionado con la titulación o legalización de predios municipales no inscritos, ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana, y se desarrolló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social. Al inicio, Rolando Panchana solicitó que la resolución sobre los predios fuera enviada a la Comisión de Gobiernos Autónomos para recopilar información y presentar un criterio al Pleno, mientras Paco Moncayo expuso las medidas aplicadas durante su gestión municipal en Quito para agilizar la regularización de asentamientos, combatir el tráfico de tierras y dotar de servicios básicos a los barrios, señalando que se legalizaron doscientos trece barrios y quedaron ciento cincuenta en proceso. Posteriormente, Mauro Andino presentó el proyecto de Ley de la Función de Transparencia y Control Social, orientado a regular la estructura, funcionamiento e instancia de coordinación del Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las superintendencias, desarrollar sus atribuciones y obligaciones, facilitar el intercambio de información y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la protección de derechos y la prevención y combate de la corrupción. Durante el debate se respaldó la necesidad de contar con una instancia que coordinara, diera seguimiento y verificara el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los organismos de control, aunque se propuso precisar que la nueva estructura correspondía únicamente a la instancia de coordinación, asignarle un equipo y presupuesto mínimos y evitar que interfiriera en las competencias de cada institución; en contraste, se sostuvo que el proyecto repetía disposiciones constitucionales, duplicaba atribuciones ya ejercidas por otros organismos, podía aumentar innecesariamente la burocracia y el gasto público, generar conflictos entre normas y concentrar el control en instituciones vinculadas al Ejecutivo, además de cuestionarse la legitimidad de la Función, la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, los procedimientos de designación de autoridades, el uso de contratos ocasionales sin concursos y las limitaciones existentes para la fiscalización y la participación ciudadana. Andrés Roche aprovechó su intervención para presentar formalmente su renuncia como asambleísta, debido a que pasaría a colaborar con el Municipio de Guayaquil en la transferencia de la competencia de tránsito. La moción de Luis Morales para archivar el proyecto fue negada con treinta y tres votos afirmativos, cuarenta negativos y catorce abstenciones, y su rectificación también fue rechazada con treinta y cinco votos afirmativos, treinta y ocho negativos y trece abstenciones, por lo que el proyecto continuó su trámite legislativo. Finalmente, la moción de Rolando Panchana para remitir el asunto de los predios a la Comisión de Gobiernos Autónomos no alcanzó la mayoría requerida, pese a obtener cincuenta y seis votos afirmativos; después se votó la resolución presentada por Marco Murillo para instar a los municipios a dictar normas que permitieran legalizar predios urbanos, de expansión urbana, costeros y de riberas ocupados por personas y familias, pero fue negada con diecisiete votos afirmativos, cinco negativos, un blanco y sesenta y nueve abstenciones, tras lo cual la sesión fue suspendida. Intervinieron Rolando Panchana, Paco Moncayo, Mauro Andino, Andrés Roche, María Paula Romo, César Montúfar, Andrés Páez, Nívea Vélez, Luis Almeida, César Rodríguez, Luis Morales, Galo Vaca, Gina Godoy y Francisco Velasco.

ACTA_033-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la propuesta de Fernando Aguirre para suspender la posesión de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e investigar las denuncias sobre su proceso de designación; posteriormente, fueron posesionados como consejeros principales Patricia Ordeñana, David Rosero, Juana Miranda, Luis Pachala, Mónica Vanegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera, y como suplentes William Arias, Evans Herrera, Óscar Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera, Linda Vidal y Franklin Moreno. Asimismo, se trató la objeción parcial del Ejecutivo a la reforma penal y procesal penal, respecto de la cual María Paula Romo propuso acogerse a las correcciones relacionadas con penas, contravenciones, procedimientos de archivo y garantías para los denunciantes, pero mantener el texto aprobado sobre la restitución de determinados delitos como de acción pública y la protección de los procesos previamente archivados; la propuesta fue aprobada. También se aprobó el allanamiento a la objeción parcial sobre la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, luego de que Betty Amores defendiera las precisiones sobre rectoría, interconexión, financiamiento y plazos de implementación; Paco Moncayo cuestionó errores de forma y redacción en los proyectos legislativos, mientras Alfredo Ortiz planteó mantener ciertos plazos y garantizar que la información de entidades como la Superintendencia de Compañías se integre al sistema. De igual manera, se aprobó la reforma penal para regular los delitos cometidos en el servicio militar y policial, impulsada por María Paula Romo, orientada a consolidar la unidad jurisdiccional, eliminar los fueros especiales, establecer delitos de función, incorporar garantías del debido proceso y normas de Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, se aprobó la resolución para declarar el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y exhortar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía a desarrollar acciones permanentes contra el racismo; Fernando Bustamante destacó la necesidad de combatir toda forma de exclusión, Rodolfo Baquerizo solicitó la votación inmediata, María Cristina Kronfle propuso reforzar el carácter progresivo de las medidas, Viviana Bonilla planteó ajustes de redacción institucional, Pedro de la Cruz resaltó la persistencia de prácticas discriminatorias, Gabriel Rivera defendió la interculturalidad y Fausto Cobo expresó su respaldo a la resolución, que incorporó las observaciones presentadas.

ACTA_060-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la incorporación de una resolución propuesta por Magali Orellana para respaldar la declaratoria del cantón Loreto, en Orellana, como espacio ecológico y proteger sus fuentes de agua, bosques y biodiversidad frente a actividades extractivas. También se discutieron los efectos de la pérdida de quórum de la jornada anterior, especialmente respecto del tratamiento de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Educación Superior y la continuación del debate del Código de Planificación y Finanzas Públicas; Enrique Herrería, Armando Aguilar, Luis Almeida, Vicente Taiano y Abdalá Bucaram expusieron posiciones distintas sobre la posibilidad de retomar dichos temas. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que proponía eliminar la obligación de conformar comisiones ciudadanas de selección para los procesos de veeduría, escrutinio e impugnación de las ternas enviadas por el Ejecutivo para designar al Procurador General del Estado y a los superintendentes. Raúl Abad defendió la reforma por considerar que buscaba ajustar la ley al texto constitucional; mientras Paco Moncayo, Luis Morales, César Montúfar, Gerónimo Yantalema, Vicente Taiano, Marco Murillo, Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, Gioconda Saltos, Alfredo Ortiz, Kléver García y Carlos Samaniego advirtieron que la propuesta podía debilitar la participación ciudadana y facilitar una designación indirecta de autoridades de control por parte del Ejecutivo, por lo que plantearon mantener y desarrollar expresamente los mecanismos de impugnación y veeduría. Rolando Panchana apoyó la necesidad de reformar la norma para agilizar la designación de autoridades titulares, Fernando Cordero propuso eliminar únicamente la referencia al escrutinio pero conservar la impugnación y veeduría ciudadana, Hólger Chávez sostuvo que la Constitución podía suplir cualquier vacío legal y Rosa Santos pidió revisar la aplicación de los principios de paridad y alternabilidad en las ternas. Finalmente, se aprobó por unanimidad el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y España, destinado a permitir la acumulación de aportes realizados en ambos países y garantizar prestaciones de salud, maternidad, invalidez, jubilación, supervivencia y otros beneficios para trabajadores migrantes y sus familias; Linda Machuca, Gabriel Rivera, Dora Aguirre, Luis Morales y Fernando Aguirre destacaron su importancia para los ecuatorianos residentes en España, mientras Fausto Cobo expresó su respaldo y Enrique Herrería y Luis Almeida solicitaron mayor acceso al texto original y claridad sobre su aplicación y financiamiento

ACTA_089-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobaron cambios al orden del día para incorporar proyectos de resolución orientados a exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice el trabajo de las veedurías ciudadanas, exhortar al Ejecutivo a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en la emergencia sanitaria y requerir la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas; en cambio, fue negada la propuesta de Galo Lara para solicitar la renuncia inmediata de los integrantes de la Corte Constitucional. En primer debate se trató la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que buscaba habilitar el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas, sin descuidar la defensa externa, en circunstancias de evidente necesidad o inminente alteración del orden público, mediante planificación previa, coordinación institucional y asesoría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Fernando Bustamante, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Eduardo Zambrano, Víctor Quirola y Marllely Vásconez defendieron la propuesta como una herramienta excepcional para apoyar a la Policía Nacional frente a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad ciudadana; mientras Fausto Cobo, Francisco Ulloa, Paco Moncayo, Galo Vaca, María Augusta Calle, Nívea Vélez, Tomás Zevallos, César Montúfar, Cléver Jiménez y Jorge Escala cuestionaron su constitucionalidad, advirtieron sobre el riesgo de militarización, uso represivo de la fuerza y desnaturalización de las funciones de defensa nacional, y solicitaron construir una política integral de seguridad que priorice prevención, empleo, desarrollo, profesionalización policial, justicia y atención a las zonas fronterizas. El debate quedó cerrado para que la Comisión incorpore las observaciones, sin votación definitiva. Posteriormente, en primer debate se analizó la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana para regular la revocatoria del mandato, estableciendo requisitos de identificación y motivación de la solicitud, causales relacionadas con incumplimiento injustificado del plan de trabajo, obligaciones legales y normas de participación ciudadana; porcentajes y plazos diferenciados para recolectar firmas según el tamaño de la circunscripción; reglas para la verificación de respaldos; límites de gasto electoral y prohibición de utilizar recursos públicos en campañas. Virgilio Hernández defendió la propuesta como una forma de garantizar la participación directa sin convertir la revocatoria en un instrumento de presión política; Rocío Valarezo pidió reforzar el debido proceso y añadir actos de corrupción comprobados como causal; María Soledad Vela, Luis Morales y Guillermina Cruz plantearon precisiones sobre el lenguaje, respaldos, residencia de los electores y protección del derecho ciudadano a controlar a sus autoridades. La sesión fue suspendida sin resolución final sobre esta reforma

ACTA_089-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la continuación del primer debate de la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana sobre revocatoria del mandato, se analizaron los requisitos, porcentajes, plazos y límites necesarios para evitar que este mecanismo de democracia directa sea utilizado con fines de revancha política, sin desnaturalizar el derecho ciudadano a retirar la confianza a las autoridades electas. Armando Aguilar, Rafael Dávila, Henry Cuji, Luis Almeida, Leandro Cadena y Juan Carlos López coincidieron en la necesidad de motivar las solicitudes, elevar porcentajes de respaldo, impedir la intervención de personas ajenas a la circunscripción y evitar que candidatos derrotados, alternos o autoridades con conflicto de intereses promuevan procesos revocatorios; Dávila advirtió que existían seiscientas sesenta y tres solicitudes de revocatoria y propuso porcentajes más altos según el tamaño de la jurisdicción. Paola Pabón defendió que la reforma debía equilibrar el derecho de participación con garantías para las autoridades cuestionadas, aclaró el rol del Consejo Nacional Electoral y planteó revisar el tratamiento de procesos ya iniciados; mientras Ramiro Terán, Mercedes Diminich y Mauro Andino cuestionaron que el proyecto pudiera restringir derechos constitucionales, elevar indebidamente los porcentajes previstos en la Constitución o transformar la revocatoria en un trámite excesivamente condicionado. Fernando Bustamante advirtió problemas en la obligación impuesta a medios privados y comunitarios para realizar debates y propuso precisar el procedimiento de calificación de causales por parte del Consejo Nacional Electoral. El debate fue cerrado para que las observaciones se remitan por escrito a la Comisión. Posteriormente, se trató el proyecto de resolución para exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantice las veedurías ciudadanas y proteja a los veedores; Marco Murillo defendió la importancia del control social y César Rodríguez solicitó revisar el texto, por lo que el punto quedó suspendido. Finalmente, se aprobó por unanimidad, con setenta votos afirmativos, la resolución propuesta por Víctor Quirola para exhortar al Presidente de la República a incluir al Hospital Teófilo Dávila de Machala en el decreto de estado de excepción sanitaria, a fin de intervenir su infraestructura, equipamiento, administración, gestión técnica, medicamentos e insumos ante el riesgo de colapso por alta demanda de atención. El proyecto sobre publicación de declaraciones patrimoniales juradas de los asambleístas no llegó a tratarse por falta de quórum.

ACTA_083-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se posesionó a Suad Raquel Manssur Villagrán como Superintendenta de Compañías. En el tratamiento del orden del día no prosperó la propuesta de Jorge Escala para incorporar una resolución sobre programas de vivienda popular y reubicación de familias afectadas por desalojos, ni la iniciativa de Sylvia Kon relacionada con la sanción a la Cooperativa de Transporte Reina del Camino, aunque esta última destacó la necesidad de investigar a los responsables del accidente y evitar una medida que afectara a trabajadores y usuarios. Se aprobó la resolución propuesta por Omar Juez para respaldar el planteamiento de los alcaldes ecuatorianos de regular la revocatoria del mandato, con el fin de impedir usos arbitrarios o desestabilizadores de este mecanismo, preservar la gobernabilidad local y tramitar reformas al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana; la resolución obtuvo noventa y cuatro votos afirmativos. El tema principal fue la aprobación unánime de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, que establece un procedimiento de calificación con veeduría e impugnación ciudadana para reconocer actos excepcionales de valor, solidaridad y entrega realizados por civiles, policías o militares, tanto en conflictos armados como en situaciones de paz. Fernando Bustamante, Fernando Aguirre, Luis Morales, Linda Machuca, Francisco Ulloa, Mary Verduga, Fausto Cobo, Diana Atamaint, Gabriel Rivera y Nívea Vélez intervinieron para respaldar la norma y plantear precisiones sobre la inclusión de convivientes en unión de hecho, excombatientes de 1981 y 1995, personal civil de apoyo, pueblo Shuar, personas afectadas por desminado o explosivos y sanciones a autoridades que incumplan los beneficios. La ley reconoce pensión mensual, becas completas, puntaje adicional en concursos públicos, vivienda gratuita, atención médica preferente, medicamentos, prótesis, indemnizaciones y protección para familiares, excombatientes y personas con discapacidad derivada de actos heroicos; fue aprobada con ciento diecisiete votos afirmativos y la reconsideración posterior fue negada. Nelson Castillo, en representación de los veteranos de guerra, agradeció la aprobación de la norma y solicitó la publicación oficial de la nómina de héroes y heroínas de los conflictos de 1981 y 1995

ACTA_142-A-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se continuó el segundo debate y se aprobó la reforma destinada a establecer un marco jurídico para las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, permitiéndoles constituir un capital social variable e ilimitado mediante certificados de aportación, reconocer a sus socios derechos económicos, de propiedad, voz y un voto independientemente del número de aportaciones, limitar la participación individual para evitar la concentración del capital y autorizar inversiones relacionadas con proyectos de vivienda, construcción y servicios auxiliares del sistema financiero. El texto consensuado también dispuso que cada institución financiera pública y privada contara con una defensora o defensor del cliente, principal y suplente, elegido democráticamente entre sus propios clientes mediante un proceso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin vínculos con accionistas, socios o administradores y con la función de proteger los derechos e intereses de los usuarios. Asimismo, se otorgó a la Superintendencia de Bancos y Seguros la facultad de cobrar por vía coactiva las pérdidas patrimoniales de instituciones financieras liquidadas, dirigiendo los procesos contra los accionistas que poseían una participación significativa, el principal administrador y representante legal, así como contra administradores temporales y liquidadores cuya responsabilidad fuera determinada por los organismos de control; además, se establecieron plazos para expedir los reglamentos, adecuar el capital de las mutualistas y realizar la elección de los defensores del cliente. El proyecto fue aprobado con noventa votos afirmativos, resultado que se mantuvo después de la rectificación solicitada por Henry Cuji, mientras que la reconsideración fue negada, quedando firme la decisión. Intervino Francisco Velasco, quien presentó y explicó el texto definitivo

ACTA_030-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobaron cambios al orden del día para tratar una resolución de solidaridad con Chile tras el terremoto y una resolución sobre los descuentos de transporte para residentes de Galápagos; en cambio, se negaron las propuestas de Gilmar Gutiérrez para suspender y auditar el proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de Víctor Quirola para debatir una resolución frente a la inclusión del Ecuador en una lista internacional relacionada con prevención de lavado de activos. Posteriormente, se realizó el primer debate de la propuesta orientada a regularizar la situación migratoria de las ciudadanas y ciudadanos haitianos en el Ecuador, exonerarlos de multas y facilitar la reunificación familiar a raíz del terremoto ocurrido en Haití. Gabriel Rivera, Linda Machuca, Francisco Ulloa, Eduardo Zambrano y Fernando Bustamante defendieron el carácter humanitario de la medida, la ciudadanía universal, la protección de derechos y la necesidad de eliminar sanciones que afectaban principalmente a personas en condición de vulnerabilidad; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo, Luis Almeida, Leandro Cadena, Vicente Taiano, Gastón Gagliardo, Cléver Jiménez, Fernando Aguirre, Silvia Kon, Luis Morales, Henry Cuji, Grace Almeida, Gioconda Saltos y Armando Aguilar cuestionaron la denominación de amnistía, la calificación de urgencia económica, la derogatoria general de la norma migratoria y sus posibles efectos sobre personas de otras nacionalidades, proponiendo que la ayuda se limite a una exoneración específica para ciudadanos haitianos. Patricio Rodríguez planteó ajustes de redacción, la sustitución de expresiones por acción afirmativa y la necesidad de elaborar una normativa integral sobre movilidad humana. El debate quedó abierto para que la Comisión incorpore las observaciones y prepare el informe para segundo debate. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución propuesta por Fernando Bustamante, mediante la cual se expresó solidaridad, condolencia y apoyo humanitario al pueblo de Chile. Finalmente, se aprobó la resolución promovida por Alfredo Ortiz para exigir el cumplimiento del beneficio de descuento en el transporte aéreo y marítimo para residentes permanentes y temporales de Galápagos, cuestionando las restricciones establecidas mediante decreto; en este punto intervinieron Ángel Vilema, Geovany Veintimilla y María Augusta Calle.

ACTA_045-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se reinstaló el pleno bajo la presidencia de Fernando Cordero Cueva, con la actuación en Secretaría del Dr. Francisco Vergara Ortiz, y tras constatar quórum y dar lectura a la convocatoria se continuó con el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) en su fase de votación; la asambleísta Nívea Vélez, presidenta de la Comisión, presentó el informe destacando que el texto fue suscrito por los once miembros de la Comisión y que se acogieron observaciones de asambleístas, organizaciones y jefes de bloque, explicando los principales acuerdos incorporados: la inclusión en el art. 5 de un inciso sobre extranjeros residentes que podrán prestar servicios públicos tras cinco años de permanencia legal, la limitación de los contratos de servicios ocasionales a doce meses con una sola renovación, el reconocimiento de nombramiento tras cuatro años de contrato en la séptima transitoria, la incorporación del enfoque de interculturalidad en varios artículos, la referencia al IAEN en materia de capacitación, ajustes a la disposición general segunda sobre horas suplementarias del personal de la Función Electoral, la corrección de la disposición décimo segunda sobre compensación por renuncia voluntaria y la precisión sobre remuneración básica mensual unificada; acto seguido se dio lectura íntegra al texto del proyecto de LOSEP, que regula el ámbito, ingreso, nepotismo, régimen disciplinario, cesación de funciones, carrera del servicio público, remuneraciones, organismos de gestión del talento humano (MRL, Ministerio de Finanzas, CGE y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) y disposiciones generales, transitorias y derogatorias, incluida la derogatoria de la anterior LOSCCA; sometido a votación el proyecto fue aprobado con 106 votos afirmativos, 2 negativos, 2 en blanco y 9 abstenciones, y posteriormente, ante una moción de reconsideración solicitada por el asambleísta Ramiro Terán, esta fue rechazada con 8 votos a favor, 99 en contra, 9 en blanco y 2 abstenciones.

ACTA_089-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf n la continuación del primer debate de la reforma al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana sobre revocatoria del mandato, se discutieron medidas para evitar que este mecanismo sea utilizado como instrumento de revancha política o desestabilización institucional, sin restringir el derecho ciudadano de controlar a las autoridades electas. Alfredo Ortiz y José Picoita respaldaron el aumento de porcentajes y plazos para recolectar firmas, especialmente en circunscripciones pequeñas, y propusieron que los promotores de una revocatoria hayan votado en la elección correspondiente, que se realicen debates públicos entre proponentes y autoridades cuestionadas, y que se precise el procedimiento aplicable a concejales urbanos y rurales. Andrés Roche señaló que varios procesos estaban siendo impulsados por candidatos derrotados o intereses particulares, por lo que defendió la exigencia de motivaciones claras y causas justificadas para iniciar una revocatoria. Tomás Zevallos objetó la reforma por considerar que imponía restricciones incompatibles con los artículos constitucionales que garantizan el derecho a revocar el mandato y advirtió un posible conflicto de interés de los propios legisladores al regular este mecanismo. Gabriel Rivera cuestionó la prohibición de que autoridades electas promuevan revocatorias, al sostener que también conservan su calidad de ciudadanos; solicitó que los trámites se realicen en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral y pidió aclarar el tratamiento de los procesos ya iniciados o en fase de recolección de firmas para evitar que queden sin efecto. El debate fue suspendido sin votación final, a fin de continuarlo en una sesión posterior.

ACTA_025-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se negó la incorporación al orden del día de la propuesta presentada por Tomás Zevallos para tratar la revocatoria del encargo del Superintendente de Telecomunicaciones y la situación de Radio La Voz de Arútam, mientras que se aprobó incluir el proyecto de resolución sobre la iniciativa Yasuní-ITT planteado por Jorge Escala. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, orientado a regular la participación individual y colectiva en la gestión pública, la democracia directa, la iniciativa popular normativa, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las organizaciones sociales, el voluntariado, la participación en los distintos niveles de gobierno, la planificación y los presupuestos participativos, la silla vacía, las veedurías, el control social, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. El principal debate se centró en la inclusión efectiva de comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; el carácter vinculante de la consulta previa; la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados; la representación en los consejos de planificación; la participación de las personas ecuatorianas en el exterior; y la posibilidad de que la silla vacía intervenga con voz y voto, aspecto respaldado por Luis Morales, Pedro de la Cruz, Paola Pabón, Guillermina Cruz y Juan Carlos Cassinelli, pero cuestionado por Leandro Cadena, Juan Carlos López, Fernando Bustamante y otros legisladores por considerar que podía afectar la representatividad o generar conflictos en los gobiernos locales. María Soledad Vela, Lourdes Tibán, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Eduardo Zambrano, Virgilio Hernández y Hólger Chávez insistieron en fortalecer el enfoque intercultural, plurinacional y colectivo de la norma, así como en garantizar mecanismos propios de representación para pueblos y nacionalidades; mientras Paco Moncayo, César Montúfar, Richard Guillén, Zobeida Gudiño, Rodolfo Baquerizo, Mercedes Diminich, Ramiro Terán, José Picoita, Armando Aguilar, Lenín Chica, María Augusta Calle, Gioconda Saltos, Dora Aguirre y otros asambleístas formularon observaciones sobre la aplicación práctica de los mecanismos de participación, los porcentajes requeridos para consultas y revocatorias, la rendición de cuentas, el control constitucional y la necesidad de evitar la politización o cooptación de la participación ciudadana. Al finalizar este punto, Fernando Cordero cerró el debate y dispuso que no se votara el proyecto en esa sesión, a fin de que la Comisión procese las observaciones presentadas. Asimismo, se aprobó la resolución propuesta por Scheznarda Fernández para exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Manabí, incrementar los efectivos policiales y movilizar recursos y personal de las Fuerzas Armadas ante la inseguridad, los robos, el sicariato y la presunta presencia de actividades vinculadas con grupos irregulares; en este tema intervinieron, entre otros, Saruka Rodríguez, Leandro Cadena, Gabriel Rivera, Leonardo Viteri, Gido Vargas, Sylvia Kon, Lenín Chica, María Soledad Vela, Richard Guillén, Fernando Bustamante y Andrés Roche. Finalmente, se aprobó una resolución de respaldo a la iniciativa Yasuní-ITT, mediante la cual se ratificó la defensa de mantener bajo tierra las reservas del campo ITT y se exhortó al Gobierno Nacional a continuar una negociación soberana que permita proteger la naturaleza y la biodiversidad; participaron Jorge Escala, Tomás Zevallos, Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Vicente Taiano, Rosana Alvarado, Francisco Cisneros, Ramiro Terán y María Paula Romo.

ACTA_154-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se presentó el informe sobre el proceso de registro y acreditación relacionado con el reconocimiento de héroes y heroínas nacionales, explicándose las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la elaboración de los listados por parte del Ministerio de Defensa, la conformación de la comisión verificadora y las dificultades surgidas por la inclusión y exclusión de participantes en los conflictos armados. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una propuesta reformatoria, en el que se discutió la diferencia entre héroes y excombatientes, señalándose que el heroísmo exige un acto individual, extraordinario y superior al cumplimiento del deber, mientras que la participación en una guerra constituye un esfuerzo colectivo que merece reconocimiento y beneficios propios; también se cuestionaron la confiabilidad de los listados, la utilización de los partes de guerra, los encomios y condecoraciones como criterios de calificación, la posible discriminación de conscriptos, reservistas, civiles y miembros de comunidades indígenas, el incremento del gasto público y la necesidad de revisar tanto la ley como su reglamento. Ante las discrepancias entre archivar la propuesta o corregirla, se retiró la moción de archivo y el proyecto regresó a la comisión para profundizar su análisis. Asimismo, se inició el primer debate del proyecto destinado a garantizar la repatriación de los restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior, abordándose el derecho de las familias migrantes a recibir apoyo estatal, los procedimientos y estudios socioeconómicos aplicados para determinar la vulnerabilidad, los costos de traslado desde América y Europa, la coordinación entre las instituciones diplomáticas y migratorias, la cobertura de gastos funerarios y ayudas para los familiares, así como la conveniencia de expedir una ley o mantener el procedimiento administrativo vigente, considerando que la propuesta podía incrementar el gasto público. Intervinieron Marcela Miranda, Luis Almeida, Fausto Cobo, Paco Moncayo, María Paula Romo, Cléver Jiménez, Edwin Vaca, Kléver García, Vethowen Chica, Jorge Escala, Eduardo Zambrano, Fernando Vélez, Nívea Vélez, Betty Carrillo y Francisco Ulloa.