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003An-Chek-2025-0030-M Excusa Asistencia_16-07-25, Sesion 012 2025-2027 Justicia y Estructura del Estado en el que se pone en conocimiento, discusion y aprobacion del informe no vinculante respecto a la objecion parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Organica Reformatoria de la Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia

009_An-Ncjf-2025-0029-M_Justificacion Inasistencia_17-07-25, Sesion 012 2025-2027 Justicia y Estructura del Estado en el que se pone en conocimiento, discusion y aprobacion del informe no vinculante respecto a la objecion parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Organica Reformatoria de la Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia

ACTA_026-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día un proyecto de resolución de apoyo y solidaridad con la República de Haití, propuesto por Fernando Bustamante, tras el terremoto que afectó a ese país. Posteriormente, se realizó el segundo debate del proyecto de reforma penal para la tipificación y juzgamiento de los delitos cometidos en el servicio policial y militar, orientado a eliminar los fueros especiales y consolidar la unidad jurisdiccional, de modo que los delitos de función sean conocidos por jueces especializados de la Función Judicial y los delitos comunes por la justicia ordinaria. María Paula Romo y Mauro Andino defendieron la necesidad de adecuar la normativa a la Constitución, diferenciar los delitos de función de las infracciones disciplinarias, regular la obediencia debida, establecer tipos penales aplicables a militares y policías e incorporar normas de Derecho Internacional Humanitario; mientras Paco Moncayo, Fausto Cobo y Vicente Taiano formularon observaciones sobre las diferencias constitucionales, operativas y doctrinarias entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la inclusión de personal movilizado y reservistas, el tratamiento de la deserción, la sedición, las operaciones militares y policiales, la obediencia a autoridades civiles y los conceptos relacionados con estados de excepción y conflicto armado. Fernando Bustamante planteó precisar la intencionalidad en delitos como la alteración de evidencias, la traición a la patria y las acciones hostiles, así como incorporar agravantes por actos motivados por odio o discriminación; Juan Carlos Cassinelli solicitó evitar duplicidades entre insubordinación y sedición, revisar la proporcionalidad de las sanciones por abuso de facultades y proteger expresamente a las personas asiladas; y César Rodríguez propuso aclarar el alcance del juzgamiento de civiles que participen en delitos de función y eliminar disposiciones que pudieran mantener centros de detención especiales como privilegio para militares o policías. Finalmente, María Paula Romo solicitó suspender el debate para integrar las observaciones y remitir un texto revisado para votación posterior, por lo que el proyecto no fue aprobado en esta sesión. Asimismo, se aprobó por unanimidad la resolución de solidaridad con Haití, mediante la cual se expresó respaldo al pueblo haitiano y a las víctimas del terremoto, se exhortó a la ciudadanía y a la Función Legislativa a contribuir con ayuda humanitaria y se reconoció la labor de los efectivos ecuatorianos de la Misión de las Naciones Unidas y de la Fuerza Interinstitucional de Rescate que se trasladaría a Puerto Príncipe. En este tema intervinieron Fernando Bustamante, Pamela Falconí, Linda Machuca, Paco Moncayo, Ramiro Terán, Leonardo Viteri, Gioconda Saltos, Rodolfo Baquerizo, Fausto Cobo, Abdalá Bucaram, Elvis Maldonado, Guillermina Cruz y Lídice Larrea, quienes plantearon donaciones voluntarias, provisión de alimentos y equipos para los rescatistas, campañas de donación de sangre, asistencia médica y apoyo a las personas ecuatorianas que residían en Haití.

ACTA_115-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se desarrolló el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, enfocado en fortalecer las facultades de legislación y fiscalización de la Asamblea, trasladar al Pleno la decisión sobre la continuación o archivo de los juicios políticos, permitir la presentación y votación de textos alternativos, regular la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades, revisar la conformación de las comisiones y analizar la creación de empresas públicas de comunicación legislativa y la asignación de asesores. Durante el debate existieron acuerdos sobre la necesidad de mejorar la fiscalización, pero también cuestionamientos respecto del incremento de comisiones, personal y gastos, así como sobre el procedimiento de consulta prelegislativa. El tratamiento del proyecto fue suspendido sin votación para designar al representante de la Función Legislativa ante el Consejo de la Judicatura de Transición. María Vela propuso a Tania Arias como delegada principal y a Carlos Delgado como alterno, mientras Alfredo Ortiz planteó las candidaturas de Juan Vizuete y Ramón Saltos; María Romo cuestionó que la selección devolviera a los sectores políticos la influencia sobre la justicia. Finalmente, se aprobó la designación de Tania Arias y Carlos Delgado, la rectificación confirmó el resultado y la posterior reconsideración fue negada. Intervinieron Vicente Taiano, María Romo, Fernando Bustamante, Rafael Dávila, Nívea Vélez, Luis Almeida, Alfredo Ortiz, Ramiro Terán, María Vela y Leonardo Viteri.

001_An-Cjee-2025-0148-M_Convocatoria_14-07-25, Sesion 012 2025-2027 Justicia y Estructura del Estado en el que se pone en conocimiento, discusion y aprobacion del informe no vinculante respecto a la objecion parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Organica Reformatoria de la Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia

005_Informe No Vinculante Codigo De La Democracia_16-07-25, Sesion 012 2025-2027 Justicia y Estructura del Estado en el que se pone en conocimiento, discusion y aprobacion del informe no vinculante respecto a la objecion parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Organica Reformatoria de la Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia

007_S-D_Video_16-07-25, Sesion 012 2025-2027 Justicia y Estructura del Estado en el que se pone en conocimiento, discusion y aprobacion del informe no vinculante respecto a la objecion parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Organica Reformatoria de la Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia

010_An-Cjee-2025-0153-M_Votaciones_18-07-25, Sesion 012 2025-2027 Justicia y Estructura del Estado en el que se pone en conocimiento, discusion y aprobacion del informe no vinculante respecto a la objecion parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Organica Reformatoria de la Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia

Sesion 012 2025-2027 Justicia y Estructura del Estado en el que se pone en conocimiento, discusion y aprobacion del informe no vinculante respecto a la objecion parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Organica Reformatoria de la Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia

ACTA_051-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf La sesión continuó con el tratamiento del primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que numerosos asambleístas presentaron observaciones a los informes de mayoría y minoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado: Alfredo Ortiz insistió en fortalecer la fiscalización y la iniciativa legislativa frente al CAL y cuestionó el artículo sobre objeción parcial presidencial; Tito Nilton Mendoza calificó a la ley vigente de ineficaz y pidió la figura de la autoconvocatoria y la eliminación de filtros a la fiscalización; Juan Carlos Cassinelli propuso reformas sobre subrogación de funciones, tiempos de comparecencia y voto dirimente en comisiones; Leonardo Viteri planteó normar la destitución de autoridades del CAL, ampliar la Unidad de Control de Ejecución Presupuestaria y eliminar el voto en blanco electrónico; Aminta Buenaño defendió los avances de la ley frente al antiguo Congreso y sugirió uniformar la terminología sobre pueblos y nacionalidades y revisar el rol del ponente en segundo debate; Richard Guillén propuso reformas sobre sesiones ordinarias y extraordinarias, sanciones por inasistencia, integración equitativa de comisiones, votación por artículos y sanciones al Secretario por distorsionar resultados; César Rodríguez detalló un procedimiento ágil para la consulta prelegislativa y cuestionó la disposición transitoria sobre la Comisión de Fiscalización; Nivea Vélez criticó el rol del CAL como elemento de demora y la concentración de decisiones en presidentes de comisión; Juan Carlos López denunció la falta de independencia entre funciones del Estado y los juicios políticos archivados; Paola Pabón valoró el trabajo de la Comisión y propuso precisar las etapas de la consulta prelegislativa y el mecanismo de decisión sobre juicios políticos; Luis Morales cuestionó la proliferación de debates y pidió mayor apego a la ley; César Montúfar exigió una reforma integral orientada al fortalecimiento del Pleno frente a los "nueve filtros" que, según dijo, obstaculizan la fiscalización, y criticó la conducción del presidente Cordero; Jaime Abril desarrolló una propuesta detallada sobre las etapas de la consulta prelegislativa, la inclusión de las comunas y la participación de CODENPE, CODAE y CODEPMOC; María Cristina Kronfle aclaró su propuesta sobre el cambio del Orden del Día en sesiones ordinarias con mayoría simple; Marco Murillo insistió en que la consulta prelegislativa debe buscar consensos reales mediante asambleas comunitarias y no limitarse a un trámite; Línder Altafuya cuestionó la inacción de la Comisión de Fiscalización citando casos concretos y propuso que el Pleno decida con debate sobre el inicio de juicios políticos; Xavier Tomalá pidió precisar el quórum, los plazos para cambios de Orden del Día y la reconsideración de votaciones; Galo Lara citó casos de obras públicas cuestionadas y presentó reformas puntuales a los artículos sobre fiscalización y enjuiciamiento político; Enrique Herrería denunció que el proyecto carece de una reforma integral y señaló presuntas inconstitucionalidades, además de referirse a un incidente previo con Gilmar Gutiérrez sobre entrega de información; Saruka Rodríguez presentó seis observaciones puntuales sobre terminología y comisiones ocasionales; Fernando Bustamante advirtió contra la nostalgia de las prácticas del antiguo Congreso y defendió que la fiscalización no se agota en el juicio político; Fernando Aguirre cuestionó el servilismo de la Asamblea frente al Ejecutivo y pidió recuperar su independencia; y finalmente el presidente Fernando Cordero expuso su posición sobre el momento y alcance de la consulta prelegislativa y presentó cifras sobre solicitudes de información y resultados de fiscalización durante el año legislativo.

ACTA_045-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida inicialmente por Fernando Cordero Cueva y luego por el segundo vicepresidente Rolando Panchana Farra, se constató el quórum, se reinstaló la sesión y se continuó con el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en el que intervinieron sucesivamente diecinueve asambleístas presentando observaciones puntuales al articulado: entre los temas más recurrentes estuvieron el ámbito de aplicación de la ley y la rectoría del Ministerio de Relaciones Laborales frente a la autonomía de los GAD, la Función Judicial y la propia Función Legislativa (con planteamientos para excluir a estas últimas del ámbito de la norma y remitir su organización al CAL y al Código Orgánico de la Función Judicial); el régimen de ingreso al servicio público mediante concurso de méritos y oposición frente al acceso de extranjeros (con un intenso debate sobre xenofobia y reciprocidad); la disposición transitoria séptima sobre regularización de contratos de servicios ocasionales (con propuestas de extender el plazo de dos a tres o cuatro años); la exclusión del Magisterio Nacional bajo su propia Ley de Carrera Docente y Escalafón; jornadas especiales para personal de salud; licencia de maternidad; beneficios de jubilación y la controversia sobre la doble pensión de expresidentes militares; topes remunerativos, nepotismo, debido proceso en sumarios administrativos y estabilidad laboral; además se recogieron observaciones del CONASEP y la AME, y se incorporaron correcciones técnicas y de redacción a diversos artículos; finalmente, ante la magnitud de las observaciones planteadas —incluida una extensa intervención de Fernando Cordero sobre el riesgo de inconstitucionalidad por centralismo excesivo—, se resolvió suspender el tratamiento del proyecto para que la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social sistematice las propuestas antes de fijar fecha para la votación.

ACTA_058-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de César Montúfar para incorporar una resolución de rechazo a las presuntas amenazas de la entonces Ministra de Transporte y Obras Públicas contra periodistas vinculadas con la circulación del libro “El gran hermano”, al considerar que podían afectar la libertad de expresión. Posteriormente, se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, que planteaba eliminar 150 decretos supremos, decretos legislativos y una resolución legislativa que habían perdido vigencia, cumplido su finalidad o sido sustituidos por normas posteriores; María Paula Romo explicó que la Comisión de Justicia había revisado individualmente las normas y solicitó observaciones para el segundo debate, Vicente Taiano propuso crear una institución dependiente de la Función Legislativa que mantenga un registro actualizado de la normativa vigente, y Luis Morales pidió preservar las disposiciones relacionadas con la Escuela Normal de Agricultura Luis A. Martínez de Ambato y considerar su proyección como institución de educación superior. Además, se conoció el informe favorable para aprobar el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y España, destinado a garantizar la acumulación de aportes, acceso a jubilaciones, prestaciones de salud y protección social para trabajadores migrantes y sus familias; Linda Machuca destacó que el instrumento beneficiaría especialmente a los ecuatorianos residentes en España, permitiría recibir pensiones en el país de residencia y fortalecería la protección de las personas en movilidad humana. Finalmente, el tratamiento fue suspendido y luego clausurado debido al ingreso abrupto de integrantes de la UNE a la sala, por lo que no se concluyó el análisis del convenio ni se trató el segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

ACTA_094-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se incorporó al orden del día la intervención de Irina Cabezas con motivo del 8 de marzo, en la que reivindicó la lucha histórica de las mujeres, la equidad de género, la participación femenina en la vida pública y la necesidad de enfrentar la violencia contra las mujeres. También se entregó el Acuerdo Legislativo y la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito profesional” a Francisco Xavier Vergara Ortiz, exsecretario general de la Asamblea, en reconocimiento a su labor en la Asamblea Constituyente, la Comisión Legislativa y de Fiscalización y la Asamblea Nacional. En materia legislativa, se aprobaron por unanimidad la Ley Derogatoria No. 6, con noventa y tres votos afirmativos tras rectificación, y la Ley Derogatoria No. 7, con noventa y dos votos afirmativos, ambas orientadas a depurar el ordenamiento jurídico mediante la eliminación de decretos supremos, decretos legislativos y acuerdos legislativos obsoletos o ya cumplidos, especialmente relacionados con reorganizaciones de concejos cantonales, cortes, nombramientos y disposiciones administrativas antiguas. Posteriormente se debatió la denuncia del Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y el Reino de los Países Bajos: Vethowen Chica, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Fernando Bustamante, Juan Carlos Cassinelli y Linda Machuca defendieron la denuncia por considerar que el tratado cedía jurisdicción soberana a arbitrajes internacionales, contrariaba la Constitución y debía ser reemplazado por mecanismos regionales y normas internas de protección de inversiones; mientras Fausto Cobo, Gioconda Saltos y Luis Morales cuestionaron la denuncia total, advirtiendo riesgos para la seguridad jurídica, la confianza internacional y la inversión extranjera, y plantearon la posibilidad de enmienda o renegociación. Aunque la denuncia fue aprobada inicialmente, tras rectificación no alcanzó los votos necesarios, con sesenta y dos afirmativos, treinta y seis negativos, cero blancos y cinco abstenciones, por lo que quedó negada. Además, se designó como delegados de la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral a Diana Lucía Espinoza Valdez y Fausto Javier Holguín Ochoa, con cincuenta y seis votos afirmativos; para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública a Carlos Germán Vega Castellanos y María Angélica Campoverde Ortiz, con cincuenta y cinco votos afirmativos; y para la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo a Norman Raúl Gaona Salinas y María Gabriela López Sánchez, con cincuenta y siete votos afirmativos. Finalmente, se aprobó con noventa y nueve votos afirmativos la resolución propuesta por Enrique Herrería para exigir a la Contraloría General del Estado la derogatoria del artículo 8 del Acuerdo No. 011-CG y la publicación de las declaraciones patrimoniales juradas de todos los integrantes de la Asamblea Nacional y demás servidores públicos, bajo el principio de transparencia y control ciudadano.

ACTA_144-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó la propuesta de Ramiro Terán para incorporar un homenaje a Eloy Alfaro con motivo del centenario de su asesinato y solicitar que se reabrieran las investigaciones correspondientes; asimismo, Rafael Dávila planteó obtener una certificación sobre el estado de las votaciones de las reformas a la normativa de la Función Legislativa, especialmente en materia de fiscalización y juicios políticos, pero retiró su solicitud después de que se dispusiera la entrega del informe respectivo. Posteriormente, se desarrolló el primer debate de una reforma a la normativa de salud relacionada con el control del tabaco, cuyo archivo fue aprobado por unanimidad debido a que pretendía modificar y derogar disposiciones que ya habían sido eliminadas por una ley posterior; durante este punto también se cuestionaron las demoras en la calificación de proyectos legislativos y la situación de los hospitales, la atención sanitaria, la formación de especialistas y la administración del sistema de salud. A continuación, se realizó el primer debate de la reforma sobre las empresas públicas, orientada a aclarar el régimen jurídico y laboral de sus servidores y obreros, precisar que los funcionarios de libre nombramiento y remoción mantienen una relación laboral, aunque no pertenezcan a la carrera administrativa, regular las remuneraciones variables por eficiencia y diferenciar las autoridades competentes para resolver controversias: la jurisdicción contencioso-administrativa para los servidores públicos y la laboral para los obreros. Mientras algunos legisladores defendieron la propuesta por considerar que corregía vacíos, evitaba interpretaciones contradictorias y protegía los recursos del Estado, otros advirtieron que someter al personal técnico de las empresas públicas al régimen general del servicio público podría reducir sus remuneraciones, provocar la salida de profesionales especializados y afectar la competitividad y calidad de los servicios; el debate concluyó sin votación para que la comisión incorporara las observaciones. Finalmente, se negó y se ratificó mediante rectificación la reconsideración solicitada por Abdalá Bucaram respecto de la decisión de aceptar varias observaciones presidenciales a las reformas electorales, por lo que se mantuvo firme el allanamiento relacionado con determinados aspectos del Código de la Democracia. Intervinieron Ramiro Terán, Rafael Dávila, Víctor Quirola, Francisco Ulloa, Fernando Vélez, Abdalá Bucaram, Irina Cabezas, Andrés Páez, Rolando Panchana y Alfredo Ortiz.

ACTA_158-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se negaron las propuestas para incorporar al orden del día una resolución destinada a garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos afectados por el cierre de varias universidades y otras iniciativas que exigían respeto a la autonomía, independencia y facultades de la Función Legislativa frente a las observaciones formuladas por el Ejecutivo. Posteriormente, Carlos Ramón Pólit Faggioni fue posesionado como Contralor General del Estado. También se desarrolló el primer debate del proyecto orientado a proteger la intimidad y los datos personales frente al uso indebido de archivos, registros y bases de datos; se analizaron los mecanismos de rectificación, reparación civil, sanción penal y hábeas data, así como la propuesta de crear una entidad administrativa especializada, pero la comisión consideró que estas materias ya estaban reguladas en la Constitución y en distintas normas vigentes, y recomendó su archivo; aunque el proponente respaldó esa decisión para evitar la dispersión normativa, la moción de archivo no fue aprobada. Finalmente, se debatieron las reformas a la normativa de inquilinato, centradas en garantizar viviendas dignas y cánones justos, equilibrar los derechos y obligaciones de arrendadores e inquilinos, actualizar disposiciones desfasadas, exigir condiciones adecuadas de habitabilidad y servicios básicos, regular la inscripción de inmuebles y contratos, la fijación de precios, las garantías y su devolución, las reparaciones, el pago de servicios, el abandono y restitución de los inmuebles, el desahucio, el traspaso de dominio y la solución ágil de controversias; además, se planteó evitar la discriminación contra familias con niños, controlar los abusos contractuales, fortalecer la intervención municipal y judicial, proteger especialmente a los sectores de menores ingresos y asegurar procedimientos proporcionales que respeten el debido proceso. Intervinieron Lourdes Tibán, Rafael Dávila, Abdalá Bucaram, Carlos Ramón Pólit Faggioni, Mauro Andino, Vethowen Chica, Línder Altafuya, Nívea Vélez, María Augusta Calle, Alfredo Ortiz, Betty Carrillo, Edwin Vaca, Bolívar Subía, Marco Murillo, Gioconda Saltos y María Molina.

ACTA_221-2011-2013_PLENO.pdf Se debatieron en primer debate el proyecto de Ley General de Cambio Climático, centrado en la gestión de riesgos, la mitigación y adaptación ambiental, cuyo texto regresó a comisión tras no aprobarse la moción planteada; y el proyecto de Código de Ética de la Función Legislativa, relativo a la conducta y sanciones de los asambleístas, que fue archivado y cuya reconsideración fue rechazada. Intervinieron Tito Nilton Mendoza, Juan Carlos López, María Molina, Paco Moncayo, Luis Almeida, María Paula Romo, Betty Amores, Fausto Cobo, César Rodríguez, Mauro Andino, Cynthia Viteri, Xavier Tomalá, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Nívea Vélez, Marisol Peñafiel, Gabriel Rivera y Eduardo Encalada.

ACTA_229-2011-2013_PLENO.pdf Se rechazaron las propuestas de pronunciarse sobre los actos de violencia en la Asamblea de Venezuela y de retomar la reforma a la Ley de la Función Legislativa; posteriormente, se debatieron las reformas al régimen de los gobiernos autónomos, relacionadas con la creación de circunscripciones, regularización de asentamientos, distribución de competencias, remoción de autoridades, tributación rural y administración territorial, pero la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Fernando Flores, César Montúfar, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Xavier Tomalá, Lourdes Tibán, Alfredo Ortiz, Kléver García, Línder Altafuya, Paco Fierro, Lenín Chica, Rolando Panchana y Gerónimo Yantalema.

ACTA_230-2011-2013_PLENO.pdf Se rechazaron las propuestas de pronunciarse sobre los actos de violencia en la Asamblea de Venezuela y de retomar la reforma a la Ley de la Función Legislativa; posteriormente, se debatieron las reformas al régimen de los gobiernos autónomos, relacionadas con la creación de circunscripciones, regularización de asentamientos, distribución de competencias, remoción de autoridades, tributación rural y administración territorial, pero la sesión fue suspendida sin votación. Intervinieron Fernando Flores, César Montúfar, Virgilio Hernández, César Rodríguez, Xavier Tomalá, Lourdes Tibán, Alfredo Ortiz, Kléver García, Línder Altafuya, Paco Fierro, Lenín Chica, Rolando Panchana y Gerónimo Yantalema.

004_An-Oamp-2025-0029-M_Mocion_16-07-25 , Sesion 012 2025-2027 Justicia y Estructura del Estado en el que se pone en conocimiento, discusion y aprobacion del informe no vinculante respecto a la objecion parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Organica Reformatoria de la Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia

ACTA_040-AN-2009-2011_PLENO.pdf En la sesión se aprobó incorporar al orden del día la propuesta de Enrique Herrería para impulsar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el fin de corregir vacíos relacionados con los procesos de fiscalización y juicio político; sin embargo, este tema no llegó a tratarse. Previamente, en comisión general, Carlos Pazmiño, Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Luis Andrango y José Gualichico, en representación de organizaciones de regantes, pueblos indígenas y sistemas comunitarios de agua, solicitaron una normativa que garantice la gestión pública y comunitaria, la participación vinculante, la desprivatización, redistribución y protección de las fuentes de agua, así como el respeto a los sistemas comunitarios y a la soberanía alimentaria. También se conoció la renuncia de Betty Amores a la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentada tras las controversias surgidas durante el trámite del enjuiciamiento político al fiscal general; Mao Moreno propuso no aceptar la renuncia, mientras Luis Morales planteó aceptarla y designar a Vicente Taiano en su reemplazo, pero ambas mociones fueron negadas luego de las respectivas rectificaciones, por lo que el asunto quedó pendiente. Posteriormente, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, defendido por Jaime Abril, Jimmy Pinoargote y Lídice Larrea como una norma orientada a reconocer el agua como derecho humano, prohibir su privatización, establecer una cantidad vital, regular tarifas, priorizar el consumo humano, la soberanía alimentaria y la conservación ecológica, fortalecer la gestión pública y comunitaria, crear una institucionalidad integrada por la Secretaría Nacional del Agua, el Consejo Intercultural y Plurinacional y la Agencia de Regulación y Control, y regular el aprovechamiento productivo en actividades como minería, envasado, aguas termales, turismo y acuacultura. Pedro de la Cruz, Gerónimo Yantalema, Ramiro Terán, Gilmar Gutiérrez, Paola Pabón, Stalin Subía, Rocío Valarezo, Paco Moncayo, Irina Cabezas, Gerardo Morán, Susana González, Richard Guillén, Armando Aguilar, Vicente Taiano, Omar Juez, Scheznarda Fernández, Mercedes Diminich, Galo Vaca, Virgilio Hernández, Marco Murillo, Yandri Brunner, Guillermina Cruz, Mariángel Muñoz, Paco Fierro, Fernando González, César Montúfar, Edwin Vaca, Marisol Peñafiel, Luis Morales, Kléver García, Francisco Velasco, Línder Altafuya y César Rodríguez presentaron observaciones sobre la redistribución del agua, la protección de páramos, manglares y fuentes hídricas, el papel de los gobiernos autónomos descentralizados, la autonomía de las juntas comunitarias, la situación de INTERAGUA, las tarifas, las concesiones, la minería, el agua embotellada y la necesidad de que la autoridad del agua tenga una integración más participativa y vinculante. Al no concluir el debate ni producirse una votación final, la sesión fue suspendida para continuar posteriormente, en medio de llamados al diálogo, preocupaciones por movilizaciones sociales y denuncias sobre la criminalización de la protesta.

ACTA_051-AN-2009-2011_PLENO.pdf Segundo debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial 971 de 1996 y a la Ley 2003-5, orientado a la regularización y venta directa de predios a los posesionarios de los barrios de Atucucho, San Jacinto, Nuevos Horizontes y Rumiloma sin subasta pública, debate en el que intervinieron los asambleístas Virgilio Hernández (ponente), Alfredo Ortiz, Carlos Samaniego, Cléver Jiménez, Rolando Panchana y César Rodríguez, además de una Comisión General en la que se escuchó al presidente del barrio Atucucho, Luis Robles, aprobándose finalmente el proyecto por unanimidad; seguidamente, bajo la conducción del segundo vicepresidente Rolando Panchana Farra, se instaló el primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa a partir de los informes de mayoría (presentado por María Paula Romo) y de minoría, con intervenciones de Cynthia Viteri, María Soledad Vela, Andrés Páez, Betty Amores, Gilmar Gutiérrez, Vicente Taiano, Silvia Salgado y otros asambleístas sobre temas como la consulta prelegislativa, la fiscalización y una disposición transitoria relativa a la muerte cruzada, debate que fue interrumpido para un receso y luego reasumido por el presidente Cordero, hasta que se decidió suspender su tratamiento y remitirlo a una sesión posterior; en el interín se conoció, con la reasunción de la dirección por parte de Panchana, la objeción parcial del señor Presidente de la República al proyecto de Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, expuesta por el asambleísta Abdalá Bucaram, presidente de la Comisión respectiva, resolviéndose allanarse a la objeción con excepción del literal k) del artículo 14, en el cual el Pleno se ratificó en el texto originalmente enviado al Ejecutivo; finalmente, se retomó el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria N.° 2 para la Depuración de la Normativa Legal, sustentado por María Paula Romo, que fue aprobado por unanimidad tras no recibir observaciones adicionales.

ACTA_046-D-AN-2009-2011_PLENO.pdf En esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Fernando Cordero Cueva, se constató el quórum y se reinstaló la sesión para continuar con el segundo debate y votación del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), tras lo cual se generó un intenso debate procedimental sobre la validez de una solicitud de reconsideración planteada por el asambleísta Andrés Páez respecto a la votación de la Ley Orgánica del Banco del Estado, lo que llevó a varias suspensiones breves por desorden en la sala y a discusiones entre distintos asambleístas (entre ellos Leonardo Viteri, Virgilio Hernández, Tito Nilton Mendoza, Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Jorge Escala y Cléver Jiménez) sobre cuál era la "siguiente sesión" válida conforme al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para ejercer ese derecho, dado que las sesiones 48 y 49 ya habían sido clausuradas; el Presidente reconoció públicamente un malentendido previo relacionado con un incidente con el asambleísta Herrería y propuso tratar el tema de la reconsideración con mayor serenidad entre las bancadas antes de proceder a la votación de la ley. Posteriormente, intervino el asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, quien aclaró que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación tendría un rol de coordinación y no de rectoría, detallando los artículos del proyecto en los que ya no constaba dicha Secretaría conforme a los acuerdos alcanzados con la Academia, y solicitó un plazo adicional para codificar el adendum en el texto definitivo de la ley antes de proceder a su votación; en respuesta, el Presidente dispuso un receso hasta las quince horas para permitir dicha codificación, quedando pendiente la reinstalación de la sesión y la votación final de la ley.

ACTA_115-C-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vicente Taiano informó que, después de varias reuniones y de la participación de los bloques legislativos, se alcanzaron consensos sobre gran parte del texto y se retiraron propuestas que implicaban crear nuevas comisiones o aumentar la burocracia. Señaló que aún persistían desacuerdos respecto de si el Pleno o la Comisión de Fiscalización debía decidir sobre la continuación de los juicios políticos y sobre el número de votos necesarios para negar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Debido a que todavía debían corregirse y consolidarse algunas disposiciones del proyecto, solicitó un plazo adicional para concluir el texto antes de someterlo a votación. La solicitud fue aceptada y la sesión fue suspendida sin que se votara la reforma. Intervino Vicente Taiano.

ACTA_138-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se aprobaron la incorporación de una propuesta para atender las enfermedades tropicales que afectaban a las comunidades indígenas amazónicas y se negaron los pedidos para votar inmediatamente la reforma de la normativa de la Función Legislativa y para expresar solidaridad con las juezas María Leonor Jiménez y Vanesa Cevallos ante sus destituciones; posteriormente, se posesionó a las consejeras y consejeros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. El tema central fue el primer debate de la reforma al Código de la Democracia, en el que se analizaron la realización simultánea de las elecciones presidenciales y legislativas; la posibilidad de que votaran quienes se encontraran dentro de los recintos electorales al momento del cierre; la paridad entre hombres y mujeres en los organismos electorales; la incorporación y definición del acoso y la violencia política; el fortalecimiento de los partidos y movimientos; la sustitución del método de adjudicación de escaños vigente por el método D’Hondt; la creación de un registro pasivo de electores; la organización y funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral; el juzgamiento de infracciones; la publicidad estatal durante las campañas; el control del gasto electoral; la regulación de encuestas y sondeos; la seguridad de las papeletas; y la igualdad de condiciones entre las organizaciones políticas. Mientras algunos legisladores defendieron las reformas como mecanismos para simplificar los procesos, reducir la fragmentación política, fortalecer la gobernabilidad y garantizar la participación de las mujeres, otros advirtieron que el método D’Hondt favorecería a las organizaciones mayoritarias, limitaría la representación de las minorías y podría facilitar la concentración del poder, además de cuestionar la independencia de las autoridades electorales y el uso de recursos públicos con fines políticos; el debate concluyó sin votación y se concedió un plazo para presentar observaciones. También se aprobó por unanimidad el reconocimiento de Jumandy como héroe nacional y símbolo de la resistencia anticolonial, resaltando su liderazgo en la rebelión del pueblo Quijos, la defensa de los territorios, la identidad, los recursos naturales y la libertad de los pueblos amazónicos, así como la necesidad de recuperar la memoria histórica, fortalecer el patrimonio cultural y reconocer las luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Asimismo, se aprobó por unanimidad exhortar al Ministerio de Salud a implementar un programa especial contra las enfermedades tropicales en las comunidades amazónicas y ejecutar acciones inmediatas de prevención, vacunación, control, mapeo de zonas de riesgo, entrega de toldos y capacitación frente a los casos de rabia registrados en Morona Santiago. Finalmente, se inició el análisis de la objeción presidencial a la reforma sobre la gestión de la cuenca del río Paute y la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en Esmeraldas, Atacames y Río Verde; se debatieron la autonomía del organismo de gestión hídrica, la conformación de una mancomunidad, la creación de una empresa pública, la transferencia de competencias, el plazo para que los municipios asumieran los servicios y la obligación de constituir un fideicomiso para pagar los créditos de la empresa San Mateo, pero, ante la falta de legisladores suficientes para ratificar el texto aprobado previamente, el tratamiento quedó suspendido. Intervinieron Diana Atamaint, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Rosa Cerda, Pedro de la Cruz, Zobeida Gudiño, Lourdes Tibán, Gilmar Gutiérrez, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema, Marcos Tanguila, Erika Sylva Charvet, una representante del grupo cultural Jumandy Jatari, José Luis Acacho, Inés Siguango, Mauro Andino, César Montúfar, Paco Moncayo, Marisol Peñafiel, César Gracia, Nívea Vélez, Richard Guillén, Fernando Cordero, Rafael Dávila, Silvia Salgado, Luis Almeida, Francisco Ulloa, Rolando Panchana, Paco Fierro, Luis Morales y Línder Altafuya.

ACTA_141-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negó, luego de una rectificación, la propuesta de Edwin Vaca para suspender el orden previsto y retomar inmediatamente la votación de las reformas a la normativa de la Función Legislativa; en cambio, se incorporaron el análisis de una amnistía para siete dirigentes y comuneros de Cochapata, en el cantón Nabón, y una resolución sobre la emergencia provocada por deslizamientos en varias comunidades del Azuay. Posteriormente, se aprobó la amnistía para Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez, quienes habían sido condenados por sabotaje tras participar en una movilización contra una actividad minera que afectaba las fuentes de agua; se consideró que su actuación respondía a la defensa de la naturaleza, los derechos comunitarios y la protesta social, que ya habían sido beneficiarios de una amnistía anterior que no fue aplicada correctamente y que la persecución había deteriorado gravemente su salud y la convivencia de sus familias, por lo que se dispuso archivar definitivamente el proceso y dejar sin efecto la sentencia. A continuación, se realizó el primer debate de la propuesta sobre práctica intercultural y acompañamiento durante el parto, en el que la comisión recomendó inicialmente su archivo por considerar que la legislación, los protocolos sanitarios y las normas técnicas vigentes ya reconocían el parto culturalmente adecuado, el acompañamiento familiar, la participación de parteras y el respeto a los saberes ancestrales; sin embargo, otros legisladores defendieron la necesidad de fortalecer su aplicación, reconocer y formar a parteras y comadronas, disminuir la mortalidad materna, garantizar estos servicios en zonas rurales e indígenas y ampliar el enfoque hacia un parto humanizado para toda la población, por lo que se retiró la propuesta de archivo y el proyecto regresó a la comisión para ser reformulado. También se resolvió la objeción parcial a la reforma destinada a atender las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas: el Pleno aceptó varias observaciones relacionadas con las obligaciones de la autoridad sanitaria y la definición de las enfermedades catastróficas, pero ratificó su texto sobre la definición de las enfermedades raras o huérfanas; la normativa reconoció estas patologías como asunto de interés nacional y contempló protocolos de atención, investigación, diagnóstico y tratamiento, medicamentos e insumos, registro de pacientes, capacitación médica, regulación de seguros y apoyo social para las familias. Posteriormente, continuó el segundo debate de las reformas electorales, abordándose la paridad de género en los organismos electorales, la prevención y sanción del acoso político, las licencias de las autoridades que buscaran la reelección, la utilización de bienes y publicidad estatal durante las campañas, el control del gasto electoral, las encuestas, las impugnaciones, el conteo de votos y los métodos de distribución de escaños; mientras algunos defendieron las reformas como necesarias para ampliar la participación y proteger a las mujeres, otros cuestionaron que se cambiaran las reglas cerca de las elecciones, advirtieron posibles ventajas para el oficialismo y solicitaron archivar el proyecto, cuyo debate quedó suspendido sin votación. Finalmente, se aprobó por unanimidad, luego de la rectificación, una resolución para exhortar al Ejecutivo a declarar en emergencia a las comunidades y parroquias del Azuay afectadas por las lluvias y los deslizamientos, coordinar la atención de las familias damnificadas, asignar recursos para reconstruir viviendas, garantizar servicios de salud, asistencia social y agua potable, realizar estudios geológicos y disponer acciones conjuntas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y los gobiernos municipales; la reconsideración de esta decisión fue negada. Intervinieron Edwin Vaca, Fernando Aguirre, Marisol Peñafiel, Rosana Alvarado, Lourdes Tibán, Luis Morales, Marco Murillo, César Gracia, César Rodríguez, Jorge Escala, Luis Almeida, Pedro de la Cruz, Víctor Quirola, Rolando Panchana, Gerónimo Yantalema, Carlos Velasco, Scheznarda Fernández, Leonardo Viteri, Paco Moncayo, Mauro Andino, Mariángel Muñoz, Fernando Cordero, Kléver García, María Soledad Vela, Vicente Taiano, Gioconda Saltos y Eduardo Encalada; Juan Carlos Cassinelli asumió temporalmente la dirección de la sesión y Andrés Segovia actuó en la Secretaría.

ACTA_159-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se retiró una propuesta para debatir el respeto a la independencia y facultades de la Función Legislativa; posteriormente, se aprobó el indulto por razones humanitarias a favor de José Díaz Balboa, ciudadano español privado de libertad que padecía enfermedades graves en etapa terminal, analizándose su precario estado de salud, las condiciones inadecuadas de atención médica dentro del centro penitenciario, el derecho a una vida y muerte dignas, la responsabilidad del Ministerio de Justicia en la tramitación oportuna de estos casos y la coordinación con las autoridades españolas para que, una vez liberado, retornara a su país de origen. Asimismo, se aprobó el proyecto relacionado con la administración de los bienes incautados dentro de procesos por lavado de activos, financiamiento de delitos y narcotráfico, mediante el cual se otorgaron al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas facultades de custodia, conservación, administración y venta de bienes perecibles; se debatieron la devolución de bienes o valores cuando exista sobreseimiento o sentencia absolutoria, su transferencia definitiva al Estado cuando haya condena, la administración de los recursos generados, la rendición periódica de cuentas, la protección del derecho de propiedad y la necesidad de evitar que determinadas instituciones se beneficien directamente de los bienes incautados. Finalmente, se desarrolló el primer debate del proyecto urgente destinado a regular los créditos para vivienda, orientado a impedir que, luego de entregar o rematar el inmueble hipotecado, las entidades financieras persiguieran otros bienes del deudor o de sus garantes; se analizaron la dación en pago, la extinción de las obligaciones con la entrega de la vivienda, la protección de las familias afectadas por desempleo, enfermedad o reducción de ingresos, la corresponsabilidad de las instituciones financieras en la valoración del riesgo, la prohibición de cláusulas abusivas, el ámbito de aplicación respecto de la vivienda única, la construcción y remodelación, los límites económicos, los créditos concedidos antes de la vigencia de la ley, la posible inclusión de préstamos vehiculares y productivos, y los efectos que estas medidas podrían tener sobre las tasas de interés, las garantías y el acceso futuro al crédito. Intervinieron Rafael Dávila, Mauro Andino, Luis Morales, María Molina, Enrique Herrería, César Gracia, Rolando Panchana, Jimmy Pinoargote, Leonardo Viteri, Andrés Roche, Francisco Velasco, Betty Carrillo, Cléver Jiménez, Juan Carlos Cassinelli, Fernando Bustamante, José Portugal, Ramiro Terán, Zobeida Gudiño, Silvia Kon, Paco Moncayo, Fernando González, César Montúfar, Betty Amores, Gerónimo Yantalema, Marco Murillo, Salomón Fadúl, Bolívar Subía, Eduardo Encalada, Gabriel Rivera, Alfredo Ortiz, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Flores, Marllely Vásconez y Ángel Vilema.

ACTA_175-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión se conoció la solicitud de la Comisión Calificadora para reemplazar a María Meibot Hernández Losa como candidata de la Función Legislativa al proceso de selección de la Primera Corte Constitucional, debido a que no presentó un certificado que acreditara la inexistencia de impedimentos para ejercer un cargo público. Guillermina Cruz propuso a Davidsa Cumandá Altamirano Escobar de Granja y expuso su trayectoria profesional; Andrés Páez advirtió una confusión en la presentación de la candidatura, que inicialmente fue aprobada, pero María Augusta Calle solicitó reconsiderarla al señalar que la postulante era hermana del asambleísta alterno de Fausto Cobo, quien confirmó el parentesco y respaldó la corrección del procedimiento; aprobada la reconsideración, Silvia Salgado presentó a Fanny Fabiola Correa Defaz, cuya candidatura fue finalmente aceptada para participar en el proceso de designación de la Corte Constitucional. También se debatió y aprobó una resolución para reconocer al cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, como pionero en el cultivo de camarón en cautiverio en el Ecuador; Rocío Valarezo destacó el origen y la importancia económica de esta actividad y la contribución de Jorge Káiser Nickels, Luis Morales pidió mayor apoyo estatal al sector camaronero, Leonardo Viteri solicitó precisar técnicamente que se trataba del camarón Vannamei, Betty Amores formuló observaciones de redacción y sobre el impacto ambiental de las piscinas camaroneras, y César Gracia cuestionó que se declarara a Santa Rosa pionera mundial sin suficiente sustento, por lo que el texto final limitó el reconocimiento al ámbito nacional, incorporó un homenaje póstumo a Jorge Káiser Nickels y resaltó la Feria Nacional del Langostino; la resolución fue aprobada con ochenta y un votos afirmativos.

002_S-D_Asistencia-16-07-25, Sesion 012 2025-2027 Justicia y Estructura del Estado en el que se pone en conocimiento, discusion y aprobacion del informe no vinculante respecto a la objecion parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Organica Reformatoria de la Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia

006_S-D_Audio _16-07-25, Sesion 012 2025-2027 Justicia y Estructura del Estado en el que se pone en conocimiento, discusion y aprobacion del informe no vinculante respecto a la objecion parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Organica Reformatoria de la Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia

008_Acta 012-2025_16-07-25, Sesion 012 2025-2027 Justicia y Estructura del Estado en el que se pone en conocimiento, discusion y aprobacion del informe no vinculante respecto a la objecion parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Organica Reformatoria de la Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia

ACTA_042-AN-2009-2011_PLENO.pdf El Acta 042 documenta la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional realizada el 20 de mayo de 2010, instalada por el Segundo Vicepresidente Rolando Panchana Farra (en reemplazo del presidente Fernando Cordero, ausente por un duelo familiar) y con Francisco Vergara Ortiz como Secretario General; tras constatar el quórum y leer el Orden del Día, se rechazó una moción de cambio presentada por Ramiro Terán sobre reestructuración de la Comisión de Fiscalización, se retiró una moción de Henry Cuji sobre jubilados del Ingenio San Carlos, y se tomó nota de un pedido de Gilmar Gutiérrez. Tras el Himno Nacional, se desarrolló el segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado (ponente María Paula Romo) con intervenciones de Vicente Taiano y Luis Almeida, ley que fue finalmente aprobada por amplia mayoría tras rectificación de la votación. A continuación se trató el conocimiento de la solicitud del Consejo de Administración Legislativa para encargar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la elaboración de un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que incorpore el procedimiento normativo de consulta prelegislativa (numeral 17 del artículo 57 de la Constitución), punto que generó un extenso debate con las intervenciones de Virgilio Hernández, Enrique Herrería, Vicente Taiano, María Paula Romo y Jorge Escala. La sesión se interrumpió para una Comisión General en homenaje a la recepción de los restos simbólicos de la Generala Manuela Sáenz, con un acto conmemorativo, proyección audiovisual e intervención de María Augusta Calle; reinstalada la sesión, continuó el debate sobre la reforma legislativa con las participaciones de Paco Moncayo, Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Luis Almeida, Gerónimo Yantalema (parte de su intervención en kichwa), Cynthia Viteri, Betty Carrillo y Silvia Salgado. Finalmente, sin llegar a una votación formal sobre el proyecto de resolución, el Presidente encargado, recogiendo el consenso expresado por los asambleístas, dispuso que el Consejo de Administración Legislativa reciba todos los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionados con la consulta prelegislativa, y clausuró la sesión.

ACTA_069-A-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se designó a Libia Rivas y Andrés Segovia como delegados de la Función Legislativa para integrar la comisión ciudadana de selección de los miembros del Consejo de la Judicatura, y a Lorena Cáceres y Juan Pablo Pozo para la comisión encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Aminta Buenaño presentó y defendió estas nominaciones, destacando la experiencia y trayectoria profesional de los postulados; Mauro Andino sostuvo que la designación debía resolverse por mayoría simple y respaldó a los candidatos por su perfil técnico y su calidad de funcionarios legislativos. Alfredo Ortiz propuso como alternativa a Cristóbal Napoleón Balanzategui, Gisela Torres, Luz María Otavalo y Abel Zarango, argumentando que los delegados debían ser independientes de la Función Legislativa e incorporar representación indígena; esta postura fue respaldada por Jorge Escala y Francisco Cisneros, quienes solicitaron transparencia, revisión de hojas de vida y garantías de autonomía de las entidades de justicia. Cynthia Viteri cuestionó la falta de verificación pública de los requisitos y documentos de respaldo de los candidatos, mientras Andrés Páez, Magaly Orellana y Luis Almeida plantearon observaciones sobre las excusas y reemplazos de legisladores ausentes. La designación propuesta por Buenaño fue aprobada y la reconsideración solicitada posteriormente fue negada. También se debatió una resolución presentada por Alfredo Ortiz para garantizar los derechos humanos y el debido proceso de las personas en situación migratoria irregular en Galápagos, promover la participación de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y exhortar a la Defensoría del Pueblo a establecer una estructura institucional en la provincia; Ortiz defendió que la regulación migratoria no podía derivar en expulsiones arbitrarias, mientras Ángel Vilema sostuvo que el control y la regularización eran necesarios para proteger el ecosistema de Galápagos y cuestionó que existieran vulneraciones de derechos, y Luis Almeida defendió la libertad de circulación de los ecuatorianos dentro del territorio nacional. La resolución no obtuvo los votos necesarios, incluso después de su rectificación.

ACTA_105-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se negó la propuesta de Tomás Zevallos para convocar a la delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana encargada de seleccionar al Fiscal General, con el fin de explicar las presuntas irregularidades en la calificación de los postulantes. Posteriormente, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y a la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, en reconocimiento a su trabajo conjunto en investigación aeroespacial, desarrollo científico, formación tecnológica y construcción del primer satélite ecuatoriano; Leonardo Barreiro y Ronnie Nader agradecieron las distinciones y destacaron la importancia de fortalecer la capacidad aeroespacial y reducir la dependencia tecnológica del país. Se realizó el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, orientado a eliminar ciento cincuenta decretos, acuerdos, resoluciones y otras normas obsoletas que, aunque carecían de aplicación práctica, continuaban formalmente vigentes; las observaciones fueron remitidas a la comisión para preparar el informe correspondiente. También se desarrolló el primer debate del proyecto destinado a derogar las leyes de creación de varias empresas de agua potable y alcantarillado, fusionar organismos hídricos con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría Nacional del Agua, y extinguir determinadas concesiones. El análisis abordó las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, la transferencia directa de los servicios de agua y alcantarillado a los municipios, la administración de las cuencas hidrográficas, la posible centralización de atribuciones, el destino de los bienes, trabajadores, contratos y obligaciones de las entidades, el respeto al debido proceso para revisar concesiones y la conveniencia de archivar o reformular íntegramente el proyecto; el debate quedó pendiente. Intervinieron María Romo, Ramiro Terán, Paco Moncayo, Luis Morales, Andrés Roche, César Rodríguez, Fernando Cordero, Tito Mendoza, Lídice Larrea, Richard Guillén, Luis Almeida, Roberto Rodríguez, Fernando Aguirre, Eduardo Encalada, José Portugal, Víctor Quirola y Vicente Taiano. Finalmente, con las intervenciones de Gioconda Saltos, Elvis Maldonado, Luis Morales y Mauro Andino, se aprobó exhortar al Presidente de la República a declarar el estado de excepción en Tungurahua, Chimborazo y las demás zonas afectadas por la actividad del volcán Tungurahua, asignar espacios y alimento para los animales, otorgar créditos a los damnificados, reactivar el bono de emergencia e impulsar la recuperación económica y productiva.

ACTA_115-B-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientado a fortalecer la autonomía institucional, las atribuciones del Pleno y las capacidades de legislación, fiscalización y control político. Las intervenciones analizaron la regulación de la consulta prelegislativa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, su convocatoria, representatividad, duración, financiamiento y mecanismos de participación; también se propuso garantizar la comparecencia de funcionarios públicos, exigir respuestas respaldadas documentalmente, revisar el procedimiento de los juicios políticos y evitar que una minoría de la Comisión de Fiscalización pudiera archivarlos. Se debatieron además las facultades del Consejo de Administración Legislativa, la Presidencia, las comisiones y los ponentes, la presentación de textos alternativos, la inmunidad parlamentaria, los plazos para tramitar proyectos, el número de comisiones y asesores y el riesgo de aumentar la burocracia y el gasto público. Existieron posiciones contrapuestas sobre si la reforma fortalecería la fiscalización o permitiría recuperar prácticas políticas del antiguo Congreso, aunque hubo coincidencias en la necesidad de equilibrar las atribuciones internas y mejorar el funcionamiento de la Asamblea. Intervinieron Fausto Cobo, Elvis Maldonado, Gastón Gagliardo, Tito Mendoza, Gabriel Rivera, Lourdes Tibán, César Gracia, Silvia Salgado, María Vela, Leonardo Viteri, Enrique Herrería, Rolando Panchana, Edwin Vaca, Rosendo Nurinkias, Mauro Andino, Marco Murillo, Armando Aguilar, Abdalá Bucaram, Eduardo Paredes, Jorge Escala, Marisol Peñafiel, Betty Amores, César Montúfar, Mariángel Muñoz, Galo Vaca, Marllely Vásconez, Jimmy Pinoargote, Nívea Vélez, Vethowen Chica, Richard Guillén, Fernando Cordero, Guillermina Cruz, Fernando González, Mary Verduga, Andrés Páez, Tomás Zevallos, César Rodríguez, Rosana Alvarado, Fernando Bustamante, Ramiro Terán y Vicente Taiano. Debido a la cantidad de observaciones, el proyecto no fue sometido a votación y se dispuso preparar y distribuir un nuevo texto antes de continuar su tratamiento.

ACTA_115-D-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó la votación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo texto general, correspondiente a los asuntos consensuados entre las bancadas, fue aprobado con excepción de varios artículos y secciones reservados para votación individual. Vicente Taiano explicó que la reforma buscaba fortalecer la autonomía e independencia de la Asamblea, ampliar los plazos para el tratamiento de proyectos, crear la Comisión de Asuntos Migratorios y regular de mejor manera la legislación y la fiscalización. María Calle informó que se había consensuado un texto sobre la consulta prelegislativa con representantes de varios sectores políticos, aunque esta sección no pudo incorporarse a la votación general por haber sido previamente separada para su tratamiento individual. Se aprobaron disposiciones relacionadas con el ámbito de aplicación de la ley, la posibilidad de sesionar fuera de Quito, las mayorías necesarias para adoptar decisiones, las atribuciones de la Presidencia, la conformación de la Comisión de Fiscalización, la calificación de proyectos de ley, el trámite de proyectos económicos urgentes, la modificación de informes por las comisiones y la revisión individual de artículos; en cambio, se negaron propuestas sobre determinadas facultades de las comisiones, la creación de una comisión ocasional multipartidista y criterios vinculados con el padrón electoral. La sesión fue suspendida antes de votar todos los artículos y secciones pendientes, por lo que no concluyó la aprobación integral del proyecto. Intervinieron Vicente Taiano y María Calle.

ACTA_115-E-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se continuó la votación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se negó, incluso después de la rectificación, el artículo que permitía remitir a la Corte Constitucional una objeción parcial del Ejecutivo cuando un asambleísta fundamentara la posible inconstitucionalidad del proyecto. Posteriormente, se inició el tratamiento del artículo destinado a regular la comparecencia de autoridades y funcionarios públicos ante el Pleno y las comisiones especializadas, estableciendo requisitos para solicitarla, formular preguntas y repreguntas, apelar las decisiones del Consejo de Administración Legislativa, exigir la presencia personal de los convocados y aplicar sanciones o iniciar un juicio político en caso de inasistencia injustificada. Vicente Taiano defendió esta disposición como un mecanismo para fortalecer la fiscalización y solicitó aplazar la votación debido a la ausencia de varios legisladores y a la existencia de una medida cautelar relacionada con la publicación de la ley. Fernando Cordero acogió el pedido, manifestó que se defenderían las atribuciones de la Asamblea y suspendió la sesión sin someter el artículo a votación. Intervinieron Vicente Taiano y Fernando Cordero.

ACTA_115-AN-2009-2011_PLENO.pdf Se aprobó modificar el orden del día para incorporar el segundo debate y la votación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, orientado a fortalecer las facultades de legislación y fiscalización del Pleno y evitar que una minoría de la Comisión de Fiscalización pudiera archivar juicios políticos. La propuesta presentada por Vicente Taiano fue inicialmente negada, pero una rectificación de la votación permitió su aprobación. Posteriormente, surgió una controversia sobre el orden en que debían tratarse los puntos, pues la Presidencia dispuso continuar primero con la designación del delegado de la Función Legislativa al Consejo de la Judicatura de Transición, mientras varios legisladores sostuvieron que debía respetarse el orden aprobado por el Pleno. Gilmar Gutiérrez afirmó que el Pleno era la máxima autoridad de la Asamblea y Abdalá Bucaram solicitó que continuara la sesión. Ante los desacuerdos y las protestas, la sesión fue suspendida sin debatir la reforma legislativa ni designar al delegado para el Consejo de la Judicatura de Transición. Intervinieron Vicente Taiano, Abdalá Bucaram y Gilmar Gutiérrez.

ACTA_140-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se negaron tres solicitudes para modificar el orden del día y retomar inmediatamente la votación de la reforma a la normativa de la Función Legislativa; durante estas intervenciones se discutieron la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar el procedimiento de elaboración de las leyes, regular la consulta prelegislativa, definir las mayorías para levantar la inmunidad y destituir autoridades legislativas, eliminar la posibilidad de fiscalizar a alcaldes y prefectos y retirar la propuesta de crear una veeduría electoral, señalándose que debía elaborarse un texto adicional que recogiera los acuerdos alcanzados antes de someter la reforma a votación. Posteriormente, Ramiro Alfredo Rivadeneira Silva fue posesionado como Defensor del Pueblo. En comisión general, la Fundación Brass Band del Ecuador realizó una presentación musical y recibió un reconocimiento por su trabajo social, cultural y educativo en favor de niñas, niños y jóvenes, destacándose la música como herramienta de formación, disciplina e integración social. A continuación, se aprobó el indulto de Blanca Marina Villegas Paredes, adulta mayor sentenciada a ocho años de prisión por la tenencia de una pequeña cantidad de marihuana y cocaína, tomando en consideración su avanzada edad, sus problemas de salud, su conducta ejemplar durante la reclusión, el tiempo cumplido de la condena y la falta de proporcionalidad entre la cantidad incautada y la sanción impuesta; en consecuencia, su pena fue reducida al tiempo ya cumplido y la reconsideración de esta decisión fue negada. Finalmente, se inició el segundo debate del proyecto de Ley de Repetición, orientado a permitir que el Estado recupere los recursos pagados para reparar daños ocasionados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores y exservidores públicos, proteger el patrimonio estatal y evitar que este mecanismo se convierta en un instrumento de persecución; durante la lectura del informe se explicó que la acción debía proceder después de que el Estado realizara el pago, garantizar el debido proceso, aplicarse a funcionarios de cualquier jerarquía y complementar las normas existentes sobre responsabilidad estatal, pero la sesión fue suspendida antes de concluir la lectura y sin realizarse el debate ni la votación. Intervinieron Vicente Taiano, Marco Murillo, Abdalá Bucaram, Jorge Escala, Ramiro Alfredo Rivadeneira, Linda Machuca, Jorge Pachacama, Gabriel Rivera, Mauro Andino, Fernando Cordero y Andrés Segovia; además, Gilmar Gutiérrez y Juan Fernández solicitaron la rectificación y reconsideración de determinadas votaciones.

ACTA_148-2011-2013_PLENO.pdf En el Pleno se desarrolló el segundo debate y se aprobó la interpretación de la normativa de servicio público aplicable al personal de la Función Legislativa, con el propósito de eliminar la existencia de dos regímenes laborales distintos dentro de la Asamblea y garantizar su independencia administrativa frente a la Función Ejecutiva. El texto estableció que las y los asambleístas y todos los servidores legislativos, tanto de nombramiento como de contrato, debían regirse por la normativa propia de la Función Legislativa y por los reglamentos y resoluciones expedidos por su órgano de administración, aunque las remuneraciones no podrían superar los límites máximos fijados para el sector público. Quienes respaldaron la propuesta señalaron que permitiría fortalecer la autonomía administrativa y financiera de la Asamblea, unificar las reglas para la gestión del personal y solucionar los problemas surgidos desde la entrada en vigencia de la normativa general de servicio público; también se destacó que la iniciativa había nacido de un acuerdo multipartidista. Por otra parte, se cuestionaron los errores existentes en dicha normativa, la excesiva intervención del Ministerio de Relaciones Laborales sobre instituciones autónomas y gobiernos descentralizados y la conveniencia de realizar una revisión integral, en lugar de aplicar únicamente reformas parciales. El proyecto fue aprobado inicialmente con ciento tres votos afirmativos y, en la rectificación, con ciento cinco votos afirmativos y tres abstenciones; la reconsideración fue negada, por lo que la decisión quedó firme. Debido a problemas técnicos en el sistema electrónico de votación, se suspendió la sesión y no se inició el primer debate del proyecto relacionado con la actividad estadística; antes de la suspensión se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Nicolás Lapentti. Intervinieron Mauro Andino, Fausto Cobo, Andrés Roche, Rolando Panchana y Nicolás Lapentti

ACTA_191-2011-2013_PLENO.pdf Durante la sesión, Línder Altafuya retiró para una próxima convocatoria su propuesta de condenar las expresiones racistas atribuidas a la primera autoridad municipal de La Concordia, con el propósito de priorizar el tratamiento de la solicitud remitida por la Corte Nacional de Justicia para autorizar el inicio de una causa penal por presuntas injurias contra Diana Atamaint, presentada por Marcela Aguiñaga. Paco Moncayo defendió la inmunidad parlamentaria como garantía de la independencia de la Función Legislativa y propuso negar la autorización, señalando que las opiniones emitidas en el ejercicio de las funciones estaban protegidas dentro y fuera de la Asamblea; la moción fue aprobada con sesenta y seis votos afirmativos, treinta y seis negativos, un blanco y once abstenciones, mientras que su reconsideración y la posterior rectificación fueron negadas, por lo que quedó ratificada la decisión de impedir el inicio de la causa penal. Posteriormente se intentó elegir las autoridades de la comisión encargada de analizar el informe anual sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; Xavier Tomalá explicó que las convocatorias anteriores no habían logrado reunir el quórum necesario, Mary Verduga propuso a Hólger Chávez como presidente y a Xavier Tomalá como vicepresidente, y Fernando Flores cuestionó la forma en que se realizaron las convocatorias y pidió que el análisis del informe presidencial fuera independiente y transparente, pero la elección fue aplazada ante la reducida asistencia y no llegó a votarse. Finalmente se desarrolló el primer debate de la reforma a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, orientada a incorporar a las juntas parroquiales rurales y a los futuros gobiernos regionales como accionistas y participantes del Directorio y de la Comisión Ejecutiva del Banco del Estado, para que intervinieran directamente en las decisiones de financiamiento de obras, servicios y proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados. Existió consenso sobre la inclusión de las juntas parroquiales, pero se debatió la eliminación del representante de las centrales sindicales, proponiéndose mantener la participación de los trabajadores, incorporar a pueblos y nacionalidades, gobiernos regionales, circunscripciones indígenas y regímenes especiales, establecer alternos para todos los miembros del Directorio y permitir provisionalmente que el representante vigente de las juntas parroquiales actuara con voz y voto; además, se reclamaron créditos más equitativos, mayores recursos para las parroquias, planificación territorial para evitar endeudamientos o inversiones inadecuadas y criterios claros para distribuir el financiamiento entre los distintos niveles de gobierno. También se planteó corregir la denominación del Ministerio de Finanzas y garantizar que la reforma no se limitara a conceder representación, sino que generara acceso efectivo a recursos y oportunidades de desarrollo para las zonas rurales; el debate quedó pendiente y la sesión fue suspendida ante el riesgo de perder el quórum. Intervinieron Línder Altafuya, Paco Moncayo, Xavier Tomalá, Mary Verduga, Fernando Flores, Francisco Velasco, Ramiro Terán, Salomón Fadúl, Armando Aguilar, César Rodríguez, Hólger Chávez, Gerónimo Yantalema, Rocío Valarezo y Marco Murillo.